Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 28 de Mayo de 2014

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución28 de Mayo de 2014
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS: Contra la resolución de 30 de mayo de 2012, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el licenciado D.E.E.C., en su propio nombre y representación, formalizó recurso de Casación dentro del Proceso Ordinario de prescripción adquisitiva de dominio propuesto en su contra por E.D.D. e I.D.D. Ordenada la corrección del recurso, mediante resolución de 28 de mayo de 2013 (fs.344), se declaró la admisibilidad del mismo, quedando ubicado de fojas 330 a 339, por lo que, cumplida con esta etapa de admisibilidad, se avoca la Sala a resolver el recurso presentado, previo a lo cual considera oportuno dejar establecidos los antecedentes del recurso. SÍNTESIS DEL CASO La controversia surge cuando los señores E.D.D. e I.D., promueven proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio sobre la finca 99122, inscrita al Rollo 4044, Asiento 1, Documento 2, de la Sección de la Propiedad del Registro Público a nombre del señor D.E.C. illo. En la demanda primigenia, los demandantes, representados por el Licenciado L.B.Q., establecen sus pretensiones: "1. Que se declare que los señores E.D.D., varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad N°8-150-707, e INOCENTE DUARTE, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N°9-17-147, ha ocupado y poseído en forma pacífica, pública, ininterrumpida y con ánimo de dueño por más de veinte (20) años, la finca 99122, inscrita al rollo 4044, asiento 1, documento 2, codigo de ubicación 8715, de la sección de la propiedad de la Provincia de Panamá. 2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se declare que los señores E.D.D., varón, panameño, mayor de edad, N°8-150-707, e INOCENTE DUARTE, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N°9-17-147, han adquirido por prescripción la propiedad de la finca 99122, inscrita al rollo 4044, asiento 1, documento 2, código de ubicación 8715, de la sección de la propiedad de la Provincia de Panamá, y en consecuencia tienen derecho a inscribir el correspondiente título de propiedad. 3. Que se declare que el acto jurídico de adquisición por compra de la finca 99122, inscrita al rolllo 4044, asiento 1, documento 2, código de ubicación 8715, de la sección de la propiedad de la Provincia de Panamá, y la ocupación de dicha propiedad por parte del señor D.E.E. CASTILLO fueron posteriores al cumplimiento del plazo de 15 años en base al cual E.D.D. e INOCENTE DUARTE han adquirido por prescripción dicha propiedad; y que dichos actos no impiden que nuestros mandantes adquieran por prescripción la propiedad de la finca. 4. Que en caso de oposición del señor D.E.E. CASTILLO a las pretensiones de nuestros mandantes, se le condene al pago de las costas y gastos del proceso."(fs.3-7) En contestación a la demanda, el señor E.C., niega los hechos de la demanda, con excepción al que se refiere a su identidad. En resúmen, anota el oponente, que los presuntos prescribientes, tienen solamente de 4 a 5 años de haber construido una casita en la finca y que no es cierto que Inocente D. haya residido en ese lugar. Agrega que en el año 2005, la Corregiduría de Las Cumbres ordenó el desalojo por intruso al señor D.D., resolución que fuera confirmada en 2006 por la Alcaldía de Panamá, por ende, la ocupación no ha sido pacífica e ininterrumpida, como se alega. Menciona el Sr. E.C. que los demandantes tampoco manifestaron desde qué fecha supuestamente ocupan esta propiedad, lo cual es necesario para demostrar la posesión que reclaman. Ante tales supuestos, luego de transcurridos los términos de rigor, el Juzgado Décimosexto del Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de Panamá, emite la sentencia N°21, fechada 3 de mayo de 2010, negando la pretensión de los demandantes y ordenando la cancelación de la inscripción provisional de la demanda que pesa sobre la finca N°99122. Inconforme con tal decisión, el licenciado L.B., representante judicial de los demandantes, al ser notificado de dicha resolución, anunció apelación y pruebas en segunda instancia. En su alegato, enfáticamente sostiene que las pruebas periciales indican que la ocupación por parte de los actores refleja construcción de vivienda que data entre los 10 a 15 años, que las demás pruebas incorporadas reflejan la ocupación de los demandantes del globo de terreno que es motivo del litigio por prescripción; agrega que la interposición del proceso de lanzamiento por intruso, se surtió en tiempo posterior a los 15 años de la posesión pacífica ejercida sobre el predio y que el proceso administrativo de lanzamiento fue posterior "ya que el término de 15 años de ocupación pacífica ejercida sobre el predio cuya prescripción se tramita ya se había cumplido en demasía y ese derecho no puede ser desconocido". Añade, además, que la posesión pacífica e ininterrumpida corre desde el mismo momento que la Dirección Nacional de Reforma Agraria otorgara el título de propiedad al señor J.M.R. quien permitió, sin reclamo alguno, la ocupación pues sabía que ellos (los señores D.) ocupaban el bien desde antes de dicho acto. (fs.263, 264) Por su parte, en su alegato de oposición, el licenciado E.C. sostiene que los demandantes han presentado una demanda temeraria que le ha causado graves perjuicios, pues no aportaron al proceso las pruebas que acreditaran su pretensión ejerciendo abusivamente el derecho de gestión ante los tribunales. En general, la apelación del oponente, gira en torno a la mala fe demostrada por los actores, por lo cual solicita mantener en todas sus partes la resolución apelada. La resolución impugnada Para decidir la controversia, el juzgador de segundo grado se avoca al estudio del caudal probatorio aportado para demostrar la posesión o no del predio que se pretende usucapir, como son los informes periciales de fojas 121, signada por el Ingeniero Civil, A.P. y el informe del perito asignado por el Tribunal, J.A.B.H., visible a fojas 137, de los que extrajo que los demandantes ocupaban solamente una parte dentro del globo de terreno de 2 hectáreas. De la misma manera, examina las declaraciones de J.J.A. (fs.79-84), S.C.G. (fs. 173-175) y de J.M. (fs. 187-190 confrontándolas con las de D.N.E.C. (fs. 98-100), P.R.V. (fs. 103-107) y D.M.A.L. (fs. 73-77) . En la sentencia atacada, el juzgador advierte que si bien es cierto, los peritajes no son coincidentes en dictaminar los años que tiene la construcción de la vivienda encontrada en el lugar, esa circunstancia no presta méritos suficientes para desestimar los testimonios practicados en el proceso y el conjunto de actos materiales de dominio como es la posesión y la siembra de árboles y productos para su propio sustento. Luego del acucioso examen de las piezas probatorias y de revisar la jurisprudencia de la Sala, el Tribunal Superior decide que los presupuestos legales de la prescripción se encuentran debidamente acreditados y dicta resolución fechada 30 de mayo de 2012, apreciable de fojas 270 a 295 en la que, Revoca la sentencia proferida por el Juzgado Décimosexto de lo Civil del Primer Circuito Judicial y accede parcialmente a la pretensión de la actora en el sentido de declarar la prescripción adquisitiva de un globo de terreno de 1,022.85 metros cuadrados, y no la totalidad de la finca, según lo pretendido por los actores. RECURSO DE CASACIÓN Ante este escenario, el licenciado E.C., en su propio nombre y representación, anuncia y formaliza recurso de casación contra el fallo del Tribunal Superior, mismo que se ordenara corregir mediante resolución de 11 de diciembre de 2012, y posteriormente admitido en resolución de 28 de mayo de 2013. (fs.344) De allí que corresponde a la Sala examinar la presente impugnación, teniendo presente que el concepto de fondo invocado es "la infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". La parte casacionista ha fundamentado la causal en dos motivos, que transcribimos para mejor análisis: "PRIMER MOTIVO: El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, yerra al determinar el valor probatorio de las pruebas testimoniales que constan en el expediente de foja 79 a 84, de foja 173 a 175; de foja 187 a 190. De igual forma, el tribunal de Alzada también valora erradamente los documentos públicos visibles de foja 212, 213, 215, 218, 221 y 222. Al evaluar erradamente los testimonios y los documentos públicos antes referidos el Tribunal de Alzada concluye equivocadamente que los demandantes tienen más de quince (15) años de habitar en el inmueble a usucapir, así como también les atribuye de forma errada el sembrado de los árboles presentes en el inmueble identificado como Finca N°99122. Esta desfiguración de los testimonios y documentos públicos (cercenamiento) influyó de manera determinante y sustancialmente en lo dispositivo del Fallo recurrido, toda vez que los testimonios visibles de de(sic) foja 79 a 84, de foja 173 a 175, de foja 187 a 190, le restan valor probatorio a las declaraciones testimoniales visibles de foja 73 a 77, de foja 98 a 100, de foja 103 a 107. Por sí solos los testimonios visibles de fojas 73 a 77, de foja 98 a 100, de foja 103 a 107, no acreditan de manera indubitable el cumplimiento del plazo exigido por nuestra legislación para que los actores ganaran por usucapio el inmueble reclamado, ni mucho menos determina que los árboles presentes en la finca N°99122, estén allí porque hayan sido sembrados por los demandantes, como equivocadamente concluye el juzgador Ad-quem Por ende, si el Tribunal de Segundo Grado, hubiese valorado de manera adecuada los testimonios observados de fojas 73 a 77, de foja 98 a 100, de foja 103 a 107, de foja 173 a 175, de foja 187a 190, los documentos públicos visibles de fojas 212, 213, 215, 218, 221, y 222, siguiendo de manera diáfana las reglas de la sana crítica, no habría lesionado de manera ilegal mi derecho de propiedad sobre el globo de terreno de 1,033.85mts. El cual forma parte integral de mi finca N°99122. SEGUNDO: Que el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, al evaluar las pruebas de la sentencia impugnada, como los informes periciales rendidos por los señores A.P. (fs. 121 a 124), y JOSE A. BARRIENTOS H., (fs. 137 y 138), peritos del Tribunal A-quo cometió el error de derecho en su apreciación, pues a partir de dichos informes periciales, concluye que queda acreditado que los demandantes E.D.D. e INOCENTE DUARTE hayan adquirido por Prescripción Adquisitiva de Dominio de un globo de terreno con una superficie de1,022.85mts, que pertenece a la finca N°99122, inscrita al Rollo 4044, documento 2, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, a pesar que en dichas pruebas periciales son contradictorias al señalar el tiempo aproximado que tiene la vivienda advirtiendo uno de los peritos que tiene diez (10) años, y el otro perito quince (15) años, en estas pruebas no se desprende esa errada conclusión. En consecuencia de haberse valorado el forma correcta, los informes periciales elaborados por los peritos del Tribunal (fs. 121 a 124, 137 y 138), se hubiera concluido en que los demandantes no cumplieron con los requisitos establecidos por la ley para la adjudicación del terreno a través (sic) Prescripción Adquisitiva de Dominio, razón por lo que se da en violación directa de la ley sustantiva, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la Sentencia recurrida."(f.330-332) Veamos entonces si la causal invocada por el impugnante está o no justificada de conformidad con el alegado cargo de error de derecho y de las normas de derecho que ha citado. El examen de los motivos que sirven de fundamento a la causal probatoria revela que, el cargo de error de derecho, lo hace recaer en la supuesta errada valoración que el juzgador de grado realiza en los testimonios ubicados entre folios 79 a 84 (J.J.A.) y 173 a 175 (S.C.G.); así como a las declaraciones de D.N.E. (98-199) y de P.R. (103-197), que son los nombres de los declarantes que aparecen en los folios que indica la censura en los motivos. Además, sostiene que el error ocurrió por la desfiguración y cercenamiento de los testimonios a fojas 187 a 190 (J.M.) y de D.M. (73-77); y, por de los documentos públicos visibles a fojas 212, 213, 215, 218, 221 y 222 que se refieren a reportes de identificación de los señores Inocente D., J.M. y E.D., provenientes del Tribunal Electoral. Respecto a los cargos de valoración, tengamos presente que el error de derecho en la apreciación de la prueba se produce: 1. Cuando a un medio probatorio que se examina se le da un valor probatorio que la Ley no reconoce (v.gr.a un solo testimonio se le da el carácter de plena prueba).2º.Cuando se le reconoce valor probatorio a un elemento que no reúne los requisitos legales, o cuando se le examina pero se le niega valor probatorio, porque se expresa que discrepan en cuestiones que resultan accidentales).3º.Cuando la ley requiere un medio especial de prueba, v.gr: estado civil, y se le reconoce valor probatorio a un documento privado;4º.Cuando se le reconoce valor a una prueba que se ha practicado sin las formalidades legales. Por ejemplo: el fallo examina una copia fotostática, producida sin el lleno de los requisitos legales y expresa que, aunque carezca de autenticidad, tiene valor probatorio. 5º. Desfiguración del medio probatorio, por suposición o cercenamiento. El argumento es que la prueba fue valorada indebidamente y que por ello es susceptible de ser impugnada por error de derecho. El elemento que se destaca es la valoración." (Cfr.JORGE FABREGA. CASACION CIVIL Y PENAL. 1995. P.. 138-139) De manera que habría que analizar si en efecto ha habido desfiguración o cercenamiento de los medios probatorios, según ataca el censor. Encuentra la Sala que el juzgador ad-quem, en su sentencia, revisó cada uno de los testimonios que fueron aducidos en el expediente y centró su análisis sobre los dichos que sobresalen de ellos, y decidió que los testimonios de D.N.E.C., P.R.V., D.A.L. y P.J.A. permiten arribar a la conclusión de que la finca que es objeto del litigio, únicamente ha sido ocupada por los señores D.; además, no hay prueba en contra que demuestre que las construcciones que allí se encuentran no fueron realizadas por los presuntos prescribientes. La Sala también constata y avala lo externado por el Tribunal Superior, pues al revisar las declaraciones objetadas, encuentra que el señor P.R.V., menciona que conoció a los señores D. viviendo en El Chungal, desde que era "pelaito", y "cuando íbamos a la escuela". De seguido, al constestar la pregunta que hiciera el licenciado E., sobre "dónde ha residido en el transcurso de su vida?. "CONTESTÓ: "En la Cabima, desde la época del General T., ya tengo de 20 a 25 años de vivir ahí. Anteriormente residí en un terreno en el Chungal, en una casa de madera".(Fs.103-107) Esa respuesta claramente demuestra que los señores D., residían en el lote de El Chungal, por mucho más tiempo de 15 años. En el mismo sentido corren los testimonios de J.J. quien aún vive en El Chungal y destaca que conoce a los D. por más de 40 años, porque son vecinos y conoce la casa porque "pasamos por ahí"; también agrega en su declaración que la casa "primero era de madera y después de bloques. El tiempo de la casa puede ser de 20 años aproximadamente". (fs.79-84) Por su parte, D.M.A.L. presta sus declaraciones entre folios 73 a 77, afirmando "yo conozco la familia D. hace unos treinta y cinco años cuando yo compré la finca atrás de ellos en el Tecal. Yo los conozco porque al lado de la casa del Sr. D. era la entrada a mi casa y entraba por ahí todos los días. ...". responde, además que "cuando yo entré ya había una casa de madera, después tumbaron esa e hicieron una de concreto. La última que ellos hicieron tienen más de veintiséis años por ahí porque ya después la fueron arreglando". También resulta clara y contundente, esa afirmación, pues permite formar parámetros de tiempo en el lugar. El señor S.C., igualmente testifica que conoció a los señores D. "cuando yo llegaba por el Chungal en 1987, los conocí que estaba ahí, ellos trabajan con L.I." en el Chungal y que tienen "una casita que tiene ahora de bloques y tiene todo legalizado, tiene agua, hasta donde sé, eso es." (fs.173-175). El mismo señor J.M. afirma conocer a los demandantes "desde 1950" y que por diferentes motivos "E. (L.)D. se fue a vivir a D. por ocho años y después regresó y cuando vino de D. se metió en mi lote y como yo estoy viejo ni me hacía caso de salir, ahora quiere que yo le pague". Además agrega que en la casita que construyeron "vivía L. con la mujer que es de Curundú". Teniendo como cierto el dicho del Sr. M., E.D. estaba en esa finca desde aproximadamente 1958. La confrontación de todos esos testimonios le sirvieron de soporte al juzgador de la instancia para determinar que, en efecto, los señores D. ejercieron la posesión, pública, pacífica e ininterrumpida, con ánimo de dueño en el terreno de El Chungal durante más 15 años que fue la conclusión a la que arribó el Tribunal Superior, por lo cual considera la Sala que los mencionados testimonios no fueron desfigurados y mucho menos cercenados, pues todos ellos apuntan a demostrar la pretensión de los prescribientes. En cuanto a los informes periciales aportados por los señores P. (fs.121-124) y B. (fs. 137-138), encuentra la Sala que también fueron sometidos a la sana crítica, basada en la experiencia y la lógica del juzgador, pues los planos agregados al informe, arrojan que los prescribientes no utilizan toda la finca N°99122, sino que únicamente utilizan una parte del predio (ver informes y anexos de fojas 121 a 134 y de 137 a 142); por tanto, fue en base a esa valoración real otorgada tanto a los peritajes como a las declaraciones testimoniales, que el Tribunal de la causa revocó la resolución venida en casación, accediendo parcialmente a la pretensión de la parte actora. Como se dejó mencionado, la infracción de normas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, se produce cuando el sentenciador toma en cuenta el medio probatorio, lo analiza, sin embargo, le brinda un valor que por Ley no le corresponde. También, bajo esta causal se puede acusar al juzgador de no aplicar correctamente los juicios de la sana crítica con que debe tasar el caudal probatorio aportado al proceso, cuestión que no es lo ocurrido en el caso de marras. Continuando con el examen del negocio jurídico, corresponde verificar los artículos 781, 980, 834, 836, 917 y 921 del Código Judicial, que el censor cita como infringidos por la resolución del ad quem. Las normas mencionadas, se refieren a la fuerza del dictamen pericial y a los documentos públicos aportados como material probatorio, además sobre la apreciación de las pruebas y al valor otorgado a los dictaménes perciales, según las reglas de la sana crítica. En este punto, observa la Sala que el recurrente no identificó alguna norma sustantiva que considerara infringida con la resolución del juzgador, ni demuestra o explica el supuesto correspondiente. Aparte de mostrar el yerro probatorio en que, de acuerdo a los motivos, incurrió el juzgador al decidir el derecho de los prescribientes, el recurrente no cita la norma sustantiva congruente con la causal. Esta causal supone, necesariamente, demostrar el error en que incurrió el juzgador, la violación consiguiente de la ley sustantiva y, que el cargo incida en la parte resolutiva de la sentencia acusada. De lo expuesto se infiere que los cargos impuestos en los motivos resultan incompletos y por tanto la causal no está justificada. No se puede resolver un recurso si se deja de lado esta importante omisión, pues tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido que si no se menciona la norma sustantiva que se considera infringida, la Corte no puede entrar a analizar el vicio de ilegalidad que se indica. En diferentes fallos se ha establecido que: "También omite la parte casacionista citar las normas de carácter sustantivas que resultan infringidas como consecuencia del yerro probatorio que se impugna. Las violaciones a disposiciones legales referentes a la existencia de la prueba, ha dicho tantas veces la Corte, sólo constituyen una vía o un medio para el examen de una infracción de carácter sustancial, sin el cual el recurso quedaría en el umbral." (Productos del Mar y del Campo. 3 de enero de 2002) En esa misma línea, la Sala, explicando la importancia de citar la norma sustantiva, reprodujo la parte pertinente de un fallo de 1997, diciendo: "Sobre esta grave deficiencia del recurso, el Profesor J.F.P. en su obra sobre casación expresa lo siguiente: "La jurisprudencia ha resuelto que al invocarse esta causal es necesario citar como violadas además de la disposición enumerativa de los medios de prueba la de carácter sustantivo que resulta infringida como consecuencia del error probatorio, ya que la de esta última es la que determina la parte del fallo y los agravios sufridos por el recurrente. Si no citan --ha dicho la Corte- el recurrente se queda en el umbral"(Fs. 138). Vemos, entonces, que los errores probatorios del sentenciador por sí solos no configuran causal de casación, sino que son el medio por el cual puede arribarse al motivo principal que consiste justamente en la infracción de las normas sustantivas. Consecuentemente, esta grave omisión hace que el recurso de casación de fondo resulte incompleto e imposibilita su admisión". Lo antes expuesto, nos permite concluir que dentro del recurso que nos ocupa surgen graves defectos de forma que lo hacen inintelegible, por lo que, al tenor artículo 1182 del Código Judicial, el mismo debe ser inadmitido."(M.G. contra Coca Cola de Panamá. M.. E.S.. 18 de septiembre de 1997)." Es decir, que no puede sustentarse una causal de fondo en el recurso de casación, sin basarse en la violación de por lo menos una norma sustantiva que la justifique. De allí que, la reiterada jurisprudencia de la Sala ha sido enfática al sostener que la única forma como pueda entrarse a considerar el yerro probatorio que se acusa, es que del mismo se derive un perjuicio, esto es, una infracción a las normas sustantivas, que son las que consagran derechos y obligaciones. Y no debe verse ello como una exigencia antojadiza de la Sala, sino como una condición implícita en la misma causal invocada, "infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en la apreciación de la prueba", de donde viene, pues, que de la mala valoración de las pruebas ha de derivarse, necesariamente, una infracción a preceptos sustantivos. De no ser así, el recurrente queda en el umbral y la Corte impedida de entrar a considerar el vicio de ilegalidad que se indica. (Cfr. F.F.S.. 22 junio 1998). Al no prosperar los cargos de injuricidad que se imputan mediante el presente recurso de casación, la sentencia de segunda instancia debe mantenerse. En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución de 30 de mayo de 2012, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario de prescripción adquisitiva de dominio propuesto por E.D.D. e Inocente D. Díaz contra el licenciado D.E.E.C.. La condena en costas se fija en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/300.00) a cargo del recurrente. N.. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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