Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 20 de Marzo de 2014

Fecha de Resolución:20 de Marzo de 2014
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS:

Mediante resolución de 8 de febrero de 2013 se ordenó la corrección del recurso de casación presentado en contra de la resolución de 29 de agosto de 2012, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario interpuesto por N.E.A.A. contra PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S. Y A.E. DE LEÓN GUERRA, para lo cual se concedió el término de cinco días como lo establece el artículo 1181 del Código Judicial.

Toda vez que se hicieron las correcciones ordenadas por esta S., a través de resolución de 2 de abril de 2013, se declaró admisible el recurso, y mediante providencia de 16 de abril de 2013 se concedió término a las partes para que presentaran sus alegatos de fondo, el que fue utilizado por ambas partes, por tanto, se procede a dictar el fallo de fondo respectivo.

Las causales anunciadas en el recurso de casación en el fondo que nos ocupa, corresponden a "INFRACCIÓN DE LAS NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO, POR CONCEPTO DE INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMA DE DERECHO, LO CUAL HA INFLUIDO DE MODO SUSTANCIAL EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO RECURRIDO", e "INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO, POR CONCEPTO DE ERROR DE HECHO SOBRE LA EXISTENCIA DE LA PRUEBA, LO CUAL HA INFLUIDO DE MODO SUSTANCIAL EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO RECURRIDO", por lo que se procederá a fallarlas tomando en cuenta la forma como fueron presentadas.

"INFRACCIÓN DE LAS NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO, POR CONCEPTO DE INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMA DE DERECHO, LO CUAL HA INFLUIDO DE MODO SUSTANCIAL EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO RECURRIDO", se encuentra fundamentada por un solo motivo, el cual se pasa a transcribir:

"Primer Motivo: El Tribunal de la Alzada, al confirmar la sentencia de Primera Instancia aplicó indebidamente la norma sustantiva de derecho que regula la prescripción de un (1) año a las acciones derivadas de los contratos de seguro, consagrada en el Código de Comercio, a una situación distinta a la regulada por ella, al sostener que la acción de la demandante (N.E.A.A. de Cruz), había prescrito, por lo que, al aplicar indebidamente dicha norma, la misma obviamente influyó sustancialmente en la parte dispositiva del fallo recurrido, ya que le cercena el derecho a la demandante de reclamar como beneficiaria designada de la póliza de vida No.4910-340 el pago del premio de la misma, además, que la acción no ha prescrito, y ello es así, porque el demandante presentó al mes de fallecida la asegurada (L.G.A.A. - q.e.p.d. - su hermana) el reclamo correspondiente de la póliza de vida contratada, lo que indica que la acción no prescribió, debido a que se presentó el reclamo en tiempo (antes del año - al mes del (sic) ocurrir la muerte de la asegurada); por otro lado, la propia demandada (Pan American Life Insurance de Panamá, S. - Palic) procedió a pagar el premio de la póliza un día antes de cumplirse el año de fallecida la asegurada, ( es decir el 26 de septiembre de 2007), lo que indica que la acción tampoco prescribió, debido a que la obligación de pagar fue reconocida por la demandada antes de cumplirse el año del siniestro -muerte, pagó (sic) que fue realizado indebidamente a favor del menor A.E. De León Ayala, ya que el mismo había sido revocado y eliminado como beneficiario antes del fallecimiento de la asegurada, situación está (sic) (pago indebido o mal pago) lo que motivó a la demandante en este proceso a reclamar el mal pago del premio de la póliza, debido a que la demandada (Pan American Life Insurance de Panamá, S. -Palic) le pagó a una persona que no tenía derecho al beneficiario de la póliza, en virtud de que había sido revocada su condición de beneficiario, por lo que el pago debió haberse hecho a ella (demandante) por ser la nueva beneficiaria de la póliza, ya que el pago debe realizarse según nuestro derecho sustantivo a la persona que tuviese constituido a su favor la obligación."

Como artículos infringidos indica el 1651 del Código de Comercio; y 1049 y 1701 del Código Civil.

En cuanto al artículo 1651 del Código de Comercio según criterio del recurrente fue infringido por el fallo de segunda instancia, toda vez que se aplicó de manera indebida a una situación que es diferente a lo que regula, porque se declaró prescrita la acción que ejerció la demandante por considerar que había prescrito, lo que influyó en la parte dispositiva de la resolución dictada por el Ad-quem, razón por la cual se le violentó el derecho que le asistía para reclamar el mal pago o pago de lo indebido que realizó la sociedad demandada de la póliza de vida No. 4910-340, ya que se le pagó a una persona que no le correspondía, porque había sido eliminada como beneficiaria de la mencionada póliza de vida.

Respecto al artículo 1049 del Código Civil fue vulnerado a juicio del casacionista, al declarar prescrita la acción de manera indebida ya que a pesar que había sido eliminado el beneficiario A.E.D.L.A. se le realizó el pago del premio de la póliza de vida No.4910-340, lo que trae como consecuencia que su representada no pueda reclamar el pago de la misma.

El artículo 1701 del Código Civil considera el apoderado judicial de la demandante que ha sido vulnerado por el fallo del tribunal de segunda instancia, cuando declara prescrita la acción de la demandante, a pesar que de la norma se desprende que se prescribe en siete años las acciones personales.

POSICIÓN DE LA SALA

Como se desprende de los párrafos que anteceden, la controversia radica en la prescripción que se declaró para reclamar la póliza de vida No.4910-340, porque a juicio del casacionista se aplicó indebidamente por el Ad-quem para respaldar su fallo dictado en contra de su representada, ya que, se presentó el reclamo al mes de fallecida la señora (L.G.A.A. - q.e.p.d.), por lo que a su criterio la acción no estaba prescrita, razón por la cual se le vulnera el derecho de poder reclamar el premio de la mencionada póliza.

Con relación a dicho aspecto, el Ad-quem se refirió que los hechos que indicó el recurrente a su parecer no interrumpen el término de la prescripción, dentro de los que se encuentra el reclamo a la aseguradora.

A juicio del Tribunal de Segunda instancia lo anterior es así, toda vez que el Código Judicial dispone los mecanismos que deben ser aplicados para interrumpir la prescripción de las acciones, situación que se desprende igualmente del artículo 1649 del Código de Comercio.

Asimismo considera el juzgador de segunda instancia, que para interrumpir la prescripción debe el demandado probar que la aseguradora reconoció la deuda o la obligación que reclama o confirmar "cualquiera de los otros eventos que impidieran proseguir el término de prescripción".

Esta Corporación de Justicia no comparte el criterio esgrimido por el Tribunal de Segunda instancia, y así se ha manifestado en fallo reciente.

Ello es así, toda vez que no resulta lógico que de haberse presentado el reclamo y la aseguradora no haya resuelto el mismo, esté corriendo el término de la prescripción, pues puede ocurrir que acepte la reclamación, y no tenga razón de ser la demanda que haya sido interpuesta en los tribunales ordinarios, lo que trae como consecuencia que la parte incurra en gastos cuando no tiene necesidad de ello.

En ese sentido, para poder demostrar que la aseguradora haya reconocido la deuda o la obligación que se reclama como indicó el Ad-quem, resulta imperante conocer la decisión de la misma, porque sin ella, no tiene razón de ser recurrir a los tribunales, sin tener la certeza que pueda o no reconocerle el derecho que considera le asiste al reclamante.

En el caso que se le acepte la reclamación, pues es obvio que el reclamante no tenga necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, y en el caso que no sea aceptada, tiene la posibilidad de acudir a la misma, y es a partir de dicho momento que inicia el término de la prescripción, toda vez que ya se tiene certeza de la declinación de la reclamación.

Tal posición, como ya se señaló, ha sido así establecida en fallo de 15 de marzo de 2013 en el proceso ordinario interpuesto por Avícola Grecia S. Y V.A.P. en contra de Compañía Internacional de Seguros S.:

"Del artículo antes transcrito se desprende, que iniciará el término de la prescripción, a partir del día en que la obligación se hizo exigible, motivo por el cual, y siendo que el artículo 1651, numeral 5 del Código de Comercio, dispone que prescriben en un año las acciones que se deriven del contrato de seguro, independientemente de su naturaleza, corresponde dilucidar si efectivamente, como lo señala el casacionista, en el presente caso debe iniciar el término en el momento en que la aseguradora declina el reclamo.

Es de importancia para el caso que nos ocupa, dejar establecido cuándo debe entenderse que la obligación es exigible, toda vez que es a partir de dicho momento que comienza a correr el término de la prescripción de la acción, derivada del contrato de seguro.

Por todos es conocido, que al suscitarse un acontecimiento del cual se produzcan daños y perjuicios, y se haya suscrito un contrato de seguros para hacerle frente a dicha situación, lo primero que debe hacer el asegurado es presentar el reclamo a la aseguradora, para que ésta se encargue de realizar las investigaciones pertinentes con la finalidad de corroborar que efectivamente se dio el incidente, que se produjo un daño a raíz del mismo, y que dicha circunstancia se encuentra enmarcada dentro de las obligaciones por parte de la aseguradora, para los efectos de poder hacerle frente a la misma.

Tales aspectos, requieren de un determinado trámite y término por parte de la aseguradora, para luego pronunciarse respecto del reclamo, y señalar si va a acceder o no al pago del mismo.

Se hace referencia a lo antes indicado, ya que, considera esta Corporación de Justicia, que si la aseguradora no se ha pronunciado sobre un reclamo presentado por parte del asegurado, en la que tiene dos vías: acceder al reclamo, o rechazarlo; hasta qué punto puede afirmarse que el término de la prescripción inicia una vez se tenga conocimiento del hecho, si puede ocurrir que se acceda al reclamo, y no tendría razón de ser que el asegurado concurra a los tribunales.

En base a dicha posición, es valedera la interrogante, respecto a que la obligación en materia de seguro, su exigibilidad estaría condicionada a la posición que tome la aseguradora ante el reclamo, y en caso que sea declinada o rechazada, debe entenderse entonces, que es a partir de dicho momento que se hace exigible la obligación, y comienza a correr el término de la prescripción.

Y es que, no tendría razón de ser, que inicie a correr el término de la prescripción, si la acción no es exigible, porque como se indicó anteriormente, si es acogida por la aseguradora el reclamo no hay exigibilidad alguna que demandar; y se reitera, a criterio de esta Corporación de Justicia, la acción no puede ser exigible al no existir pronunciamiento por parte de la aseguradora, pese a que fue presentado el reclamo respectivo."

Como se dejó establecido en el fallo antes mencionado, no tendría razón de ser que se presente la demanda en los tribunales si no ha sido resuelta la reclamación por parte de la aseguradora, motivo por el cual, se hace necesario conocer su pronunciamiento, ya que de acceder a la misma no tendría necesidad, el que considere tener algún derecho sobre la póliza dirigirse a los tribunales.

Asimismo y como se dejó establecido en la resolución antes indicada, la labor del juzgador es velar para que se haga justicia, razón por la cual es de suma importancia la interpretación que se realice de las normas, ya que debe ser la más justa posible, para no dejar en indefensión a la parte que acude a los tribunales para obtener un pronunciamiento sobre el derecho que considera le asiste.

En ese sentido, se hace necesario e imperativo conocer de la conclusión por parte de la aseguradora respecto al reclamo presentado, ya que, en caso de que sea declinada la reclamación, entonces es a partir de dicho momento que debe entenderse inicia el término de prescripción.

En esa vía y a pesar que se ha demostrado el cargo de injuridicidad endilgado al fallo de segunda instancia con la primera causal del recurso de marras, esta S. procederá al estudio sucesivo de la otra causal anunciada por el recurrente como lo dispone el artículo 1195 del Código Judicial, toda vez que guarda relación con otra parte de la resolución impugnada mediante el recurso que nos ocupa, motivo por el cual se hace imperante que esta S. conozca de la misma.

-"INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO, POR CONCEPTO DE ERROR DE HECHO SOBRE LA EXISTENCIA DE LA PRUEBA, LO CUAL HA INFLUIDO DE MODO SUSTANCIAL EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO RECURRIDO", fundamentado en siete motivos, de los cuales el primero de ellos según el recurrente el Tribunal de segunda instancia no tomó en cuenta la solicitud de cambio de beneficiario de la Póliza de Vida No. 4910-340, (fs.15, 133, 227, 305, 371), que presentó la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.) el día 22 de septiembre del 2006 antes de que falleciera, y en donde designaba a su hermana N.E.A.A. de Cruz, como su nueva beneficiaria.

Por tal motivo explica el recurrente, el Ad-quem pagó el premio de la póliza de vida No.4910-340 al señor A.E. De León Guerra en representación del menor A.E. De León Ayala, y consideró que era legal dicho pago, error que considera el casacionista influyó en lo dispositivo de la resolución recurrida en casación, porque se desconoció el derecho que tiene su representada de reclamar el mal pago que hizo la aseguradora respecto del premio de la póliza, así como de exigir el pago al que tiene derecho.

Del cargo de injuridicidad antes señalado, se puede constatar que se hace referencia a la parte del fallo que guarda relación con la demanda de co-parte, en la que el Ad-quem se refirió que la demandante y apelante original no estaba legitimada para reclamar las decisiones adoptadas, ya que carece de la acción procesal para reclamar el derecho objeto de la controversia.

Si bien es cierto se ha allegado a los autos la solicitud de cambio de beneficiarios a la que ha indicado el casacionista no fue tomado en cuenta por el juzgador de segunda instancia, razón por la cual declaró legal el pago del beneficio de la póliza, es necesario señalar que la misma no cumple con el requisito que se desprende de la cláusula 25, el que consiste en que, para poder hacer el cambio de beneficiario irrevocable la solicitud debía ser suscrita por el mismo, lo que no consta en el documento que alega el casacionista no fue valorado por el Ad-quem.

En ese sentido y tal como lo señaló el juzgador de segunda instancia, no se encuentra legitimada para poder reclamar beneficio alguno sobre la póliza que originó la presente controversia.

Lo anterior es así, ya que el beneficiario irrevocable a diferencia del revocable, para que pueda ser cambiado requiere que se le notifique, toda vez que la asegurada se acogió a dicho derecho.

El autor J.G. se refiere al tomador del seguro como la persona dueña del contrato "durante toda su vigencia (dominus negotii); puede revocar el beneficiario, atribuirlo a otra persona, puede pignorar el derecho, reducir la póliza etc." (Curso de Derecho Mercantil Tomo IV, fs. 354).

Igualmente explica dicho autor, que "La cesión o pignoración de la póliza implica la sustitución del beneficiario del seguro y, por ello no se admite cuando el beneficiario ha sido designado con carácter irrevocable" (Op.cit., pág 363).

J.S.P. coincide también en señalar que:

"Por regla general el beneficiario es revocable, pero en ciertos casos puede ser irrevocable...En estas circunstancias, es menester el consentimiento del beneficiario para poder cambiarlo..." Lo subrayado es de la S.. (El Contrato de Seguro pág. 68)

En virtud de lo antes señalado y siendo que en el presente caso, la asegurada nombró beneficiario irrevocable, no podía ser cambiada a menos que se cumpliera con lo exigido en la póliza, lo que no sucedió, motivo por el cual, no se puede tener como nueva beneficiaria a la demandante.

Las anteriores consideraciones lleva a esta S. a descartar el cargo endilgado a la resolución de segunda instancia.

También considera el recurrente, que al no tomarse en cuenta las pruebas consistentes en Memorando que adjuntó el perito del tribunal (fs.133) donde se desprende que la aseguradora procesó la solicitud de cambio de beneficiario presentado por L.G.A.A. (q.e.p.d.); la carta de fecha 26 de septiembre de 2006 (fs. 16 y 17, 31 y 33, 132 y 134, 228 y 229, 370 y 372) por medio de la cual la demandada le comunica la aceptación y aprobación del cambio de beneficiario solicitado; los boletines escolares del menor (fs.710, 711, 712, 713) que según el casacionista demuestran que la asegurada y la abuela eran las acudientes del menor e indican que ellas ejercían la patria potestad del menor en ausencia de su padre, motivo por el cual no se requería del consentimiento del mismo para poder realizar el cambio de beneficiario de la póliza de vida No. 4910-340); el certificado de nacimiento de la asegurada (fs.714) donde se puede constatar que la señora E.A. era la madre de la asegurada y abuela del menor A.E. De León Guerra, y aparecía y fungía como acudiente del mismo, motivo por el cual no se requería el consentimiento del padre para que la asegurada cambiara el beneficiario de la póliza de vida No.4910-340; que se declara legal el pago realizado al señor A.E. De León Guerra en representación del menor A.E. De León Ayala a pesar que no existe prueba en el expediente que compruebe que la solicitud de cambio de beneficiario presentada por la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.), aceptada y aprobada por la aseguradora a través del respectivo endoso de cambio de beneficiario con fecha 26 de septiembre de 2006 sea nula o ilegal; no se tomó en cuenta los informes que rindieran los colegios S.M. y el Primer Ciclo Santa Librada (fs.742-744) donde se desprende que tanto la asegurada L.G.A.A. y la abuela materna (E.A.) eran las acudientes del menor desde 1999 a 2006, demostrándose que ellas ejercían la patria potestad del menor, en ausencia del padre, motivo por el cual no se requería el consentimiento del padre para cambiar el beneficiario de la póliza de vida No. 4910-340.

Ya esta S. al estudiar el cargo indicado en el primer motivo señaló, que era necesario cumplir con la notificación al beneficiario para que se pudiera proceder a cambiarlo, lo que no se desprende del documento de la solicitud de cambio de beneficiario, toda vez que por tratarse de un menor de edad, se encuentra representado por ambos padres, a menos que solo fuera ejercida la patria potestad por mandato judicial por uno de ellos, motivo por el cual se requería que ambos estuvieran notificados de tal situación.

El Código de la Familia en el artículo 320 dispone que la patria potestad se ejerce de manera conjunta por ambos padres, o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro; y en caso de ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de ellos, la patria potestad o relación parental se ejercerá de manara exclusiva por el otro.

Por otro lado, para perder la patria potestad o para que sea suspendida, debe así ser declarada judicialmente como lo disponen los artículos 342 y 343 del Código de la Familia, y para que pueda ser ejercida por otra persona distinta al padre o a la madre, debe ser a través de la figura de la tutela como lo dispone el artículo 345 lex cit., lo que no se desprende sea así por parte de la abuela materna, la señora E.A..

Es por lo anterior, que esta S. no comparte el cargo de injuridicidad que le endilga el casasionista a la resolución de segunda instancia, respecto a que por no haberse valorado por parte del Ad-quem las pruebas consistentes en el certificado de nacimiento de la asegurada (fs.714) donde se comprueba que la señora E.A. era la madre de la asegurada y abuela del menor A.E. De León Ayala, razón por la cual aparecía y fungía como acudiente del mismo, y por tal razón no era necesaria la notificación del cambio de beneficiario al padre de dicho menor, toda vez que para tal fin se requería la declaración judicial para poder representarlo.

Igual posición mantiene esta Corporación de Justicia respecto a la prueba consistente en los boletines del menor A.E. De León Ayala (fs.710, 711, 712, 713), y los informes que rindieran los colegios S.M. y el Primer Ciclo Santa Librada (fs.742-744) donde se desprende que tanto la asegurada L.G.A.A. y la abuela materna (E.A.) eran las acudientes del menor desde 1999 a 2006, demostrándose que ellas ejercían la patria potestad del menor, en ausencia del padre, por lo que no se requería del consentimiento del mismo para poder realizar el cambio de beneficiario de la póliza de vida No. 4910-340, toda vez que como ya se indicó, la patria potestad solo puede ser ejercida por los padres; para que se pierda debe ser así declarada judicialmente, y para que pueda ejercerse la tutela por parte de la abuela, era necesaria la declaratoria judicial (art. 394) e inscribirla en el Registro Civil tal como se puede constatar del artículo 395 del Código de la Familia.

Respecto a que se declara legal el pago que se realizó al señor A.E. De León Guerra en representación del menor A.E. De León Ayala cuando no existe prueba en el expediente que pueda comprobar que la solicitud de cambio de beneficiario presentada por la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.), la que fue aceptada y aprobada por la aseguradora a través del respectivo endoso de cambio de beneficiario con fecha 26 de septiembre de 2006 sea nula o ilegal, debe esta S. reiterar, que la solicitud de cambio de beneficiario no fue realizada tal cual se desprende de las cláusulas que componen la póliza de vida, al no hacerse la notificación por parte de uno de los representantes del beneficiario, razón por la cual no puede surtir efecto legal.

Lo anterior se confirma, al declarar legal el Ad-quem el pago realizado por la aseguradora al señor A.E. De León Guerra en representación del menor A.E. De León Ayala, ya que, no produjo efectos jurídicos la solicitud de cambio de beneficiario irrevocable, por no haberse realizado de la forma estipulada en la póliza de seguro.

En esa línea, siendo que no surgió a la vida jurídica la solicitud de cambio de beneficiario, por no haberse cumplido con la condición establecida en la póliza de seguro, era procedente, como así lo hizo el tribunal de segunda instancia, declarar legal el pago realizado por parte de la aseguradora.

Por las consideraciones antes esbozadas, lo procedente es no casar en cuanto al aspecto que nos ocupa, el fallo de segunda instancia.

FALLO DE LA SALA COMO TRIBUNAL DE INSTANCIA

Como quedó establecido en párrafos precedentes, esta S. consideró casar parte de la resolución de segunda instancia respecto a la demanda principal, la cual fue declarada prescrita por considerar que había transcurrido el término legal para su presentación, ya que no se tomaron los mecanismos establecidos por ley para interrumpir la misma, situación que desechó esta Corporación de Justicia bajo los parámetros ya explicados.

En ese sentido, corresponde emitir las consideraciones del recurso de apelación respecto a la demanda principal, a fin de establecer si le asiste razón a la demandante, y si fue cumplida la labor que le correspondía como se desprende del artículo 784 del Código Judicial.

En primera instancia, esta S. convertida en Tribunal de instancia, considera necesario hacer referencia a los hechos que fundamentan la demanda, para posteriormente entrar a revisar los cargos que se establecen en el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte demandante.

Según se desprende de autos, la señora L.G.A. (q.e.p.d.), suscribió con Aseguradora Pan-American Life Insurance Company- sucursal de Panamá, el 10 de marzo de 2004 póliza de vida por la suma de B/.100,000.00, motivo por el cual se emitió la póliza N°4910-340, estableciéndose como beneficiario primario su menor hijo A.E. De León, en un 100%, y como beneficiaria secundaria su hermana N.E.A. de Cruz en un 100%.

Se explica que para el 22 de septiembre de 2006, la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.) solicitó cambio de beneficiario de la póliza N° 4910-340 a la aseguradora Pan American Life Insurance Company- sucursal de Panamá, indicando como beneficiario principal a la señora N.E.A.A. de Cruz con cédula No.8-276-115 en un 100%, y como beneficiario secundario al señor O.T.A. con cédula 8-162-2187, motivo por el cual, la aseguradora emitió el endoso correspondiente realizando los cambios solicitados por la asegurada.

Que a raíz de la muerte de la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.), se procedió a la presentación del reclamo respectivo, no obstante ello, se realizó el pago del premio de la póliza de seguro N° 4910-340 de manera indebida al señor A.E. De León Guerra, "sin causa ni justificación alguna", lo que ha causado a la demandante daños y perjuicios.

En virtud de lo antes señalado, considera el apoderado judicial de la parte demandante, que la aseguradora está obligada a pagarle a su representada el premio de la Póliza No.4910-340, por ser la única beneficiaria, más los intereses, costas y gastos judiciales.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la demandante, al sustentar el recurso de apelación, explica que el presente proceso tiene su génesis en la calidad de beneficiaria que tiene la señora N.E.A.A. de la póliza de vida No.4910-340, a la que se le negó el pago por sostener la aseguradora que no tenía derecho a recibir el mismo, toda vez que el cambio de beneficiario no se había realizado correctamente como lo indica el contrato de seguro, razón por la cual el beneficiario al momento que fallece la asegurada es el menor A.E. De León Ayala, por haber sido designado como beneficiario irrevocable.

Se refiere también el apoderado judicial de la señora N.E.A.A., que es sabido por todos que los contratos pueden ser modificados a través de las llamadas adendas o endosos, donde manifiestan las partes el deseo de modificar el contrato de manera voluntaria, lo que se da en los contratos de seguros a través de los endosos.

Considera la representación judicial de la demandante, que las declaraciones solicitadas en la demanda principal han quedado demostradas, como lo es el hecho que la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.) contrató un seguro de vida identificado con el No.4910-340, designando como beneficiario primario a su menor hijo A.E. De León Ayala.

Asimismo se refiere que se demostró y se aceptó por la demandada, al igual que los peritos que participaron en la presente demanda, y con la documentación que se allegó al expediente que la asegurada antes de que falleciera "tenía la intención" de cambiar el contrato de seguro que contrató, y el cual consistía en nombrar un nuevo beneficiario en reemplazo del original, para lo cual llenó el formulario denominado "Solicitud para Cambio de Beneficiario", el que llenó como requería la aseguradora, y fue presentada el 22 de septiembre de 2006.

Considera también el recurrente en apelación que, se demostró y se ha aceptado por la demandada cuando contestó la demanda, en su demanda de reconvención y en la demanda de co-parte que presentó en contra del señor A.E. De León Guerra, y aceptado por los peritos que han participado en el proceso, así como la documentación allegada al proceso, que la solicitud de cambio de beneficiario que formuló y peticionó la asegurada L.G.A.A. (q.e.p.d.) a la aseguradora Pan American Life Insurance de Panamá, S. el día 22 de septiembre de 2006, se tramitó, se aprobó y se aceptó por la aseguradora el 26 de septiembre de 2006, al comunicarle ese mismo día a la asegurada a través de nota de esa misma fecha, que se había realizado el cambio de beneficiario, y que a partir de esa fecha, la nueva beneficiaria primaria de la póliza No.4910-340, era la señora N.E.A.A. de Cruz, quedando sin efecto la designación del beneficiario original.

Es de la opinión también el apelante, que se demostró, y se aceptó por la demandada, como por los peritos que participaron en el proceso, y por la documentación que fue allegada a los autos, que la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.) falleció el 27 de septiembre de 2006, un día después que la aseguradora hizo entrega del respectivo endoso de cambio de beneficiario, "ello en virtud de la aceptación y aprobación del cambio de beneficiario (26 de septiembre de 2006)", por lo que, cuando fallece la asegurada, la beneficiaria de la póliza No.4910-340 lo era la señora N.E.A.A. de Cruz.

El apelante también considera que se probó en autos, se aceptó por la demandada, por los peritos, y con los documentos allegados al proceso, que al poner en conocimiento a la aseguradora de la muerte de la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.), al presentar personalmente la señora N.E.A.A. de Cruz el 28 de octubre de 2006 el formulario denominado "Prueba de muerte-Declaración del Reclamante" en las oficinas de la empresa aseguradora, el que se recibió por el señor A.P., quien laboraba para esa fecha en dicha empresa, a pesar de ello se niega por la demandada la existencia de dicho documento, y no ha podido demostrar que fue el señor A.E. De León Guerra la persona que presentó dicho formulario para la fecha del 23 de marzo de 2007, como a su juicio se quiere hacer ver en la prueba de informe.

Asimismo se refiere el apoderado judicial de la parte demandante que, a pesar que la nueva beneficiaria de la póliza No.4910-340 era la señora N.E.A.A. de Cruz, fue la que presentó el reclamo por la muerte de la asegurada el 28 de octubre de 2006, se realiza el pago del premio al menor A.E. De León Ayala a través de su padre el señor A.E. De León Guerra, sosteniendo que el cambio de beneficiario que fue admitido y que fue comunicado de dicha situación el día 26 de septiembre de 2006, se realizó erróneamente, porque a juicio de la aseguradora no se cumplió con ciertos requisitos para dicho cambio.

Se hace referencia también, que la aseguradora alega que al contratar la asegurada la póliza de vida, designó como beneficiario a su menor hijo A.E. De León Ayala de manera irrevocable, y tal designación no permitía el cambio de beneficiario sin que se diera cumplimiento con cierto requisito, y que correspondía al consentimiento que debía realizar el beneficiario irrevocable.

En esa línea sostiene que ese punto alegado por la aseguradora, así como por ciertos peritos, entre ellos por el del Tribunal de primer grado, era necesario para que se diera el cambio, que el beneficiario irrevocable diera su consentimiento, por lo que considera el recurrente en primer lugar, que los contratos de seguro de vida tienen semejanza a la figura del testamento, donde el asegurado (el testador) decide que cuando fallezca, se cumplan con ciertas peticiones que imponga, establezca o señale.

En segundo lugar, considera el recurrente que la voluntad del asegurado (testador) debe respetarse por ser el titular de sus propios actos, y es quien tiene potestad de indicar lo que debe hacerse cuando falte.

En tercer lugar a criterio del apelante, los contratos de seguros son aleatorios, sinalagmáticos y adhesivos, entre otras cosas, cuya finalidad es la de proteger los intereses del asegurado, sus deseos, y pretensiones, por lo que el seguro de vida, que es el caso que nos atañe, es interés de la asegurada que se cumpla con la persona designada como beneficiaria, y reciba el premio de la póliza que contrató, cuando fallezca.

- Considera el apoderado judicial de la demandante que si bien es cierto una de las condiciones que se requería para que se pudiera cambiar el beneficiario irrevocable, era que prestara su consentimiento, considera necesario sobre dicho punto, indicar que:el beneficiario irrevocable era un menor de edad, el hijo de la asegurada.

- La asegurada decidió cambiar a su menor hijo como beneficiario y nombrar a su hermana como nueva beneficiara, solicitando para dicho fin el formulario denominado "Solicitud para cambio de Beneficiario", documento que se llenó con lo exigido por la aseguradora el 26 de septiembre de 2006, y recibido por ella ese mismo día.

- Fue procesado el formulario de solicitud para cambio de beneficiario, analizado, aprobado y aceptado por la aseguradora el 26 de septiembre de 2006, y prueba de dicha aceptación y aprobación lo constituye el hecho que fue emitido el endoso de cambio de beneficiario el mismo día que se aprobó y aceptó.

- Que para hacer el cambio de beneficiario, es obvio que la aseguradora tuvo que haber recibido los documentos necesarios para proceder con lo solicitado.

- Que es sabido que las aseguradoras llevan un control estricto de todos los trámites que requieren, y de todos los procedimientos que deben realizarse por su personal.

- Que no acepta lo señalado por la aseguradora y la sentencia, respaldada por comentarios de ciertos peritos, que el cambio de beneficiario no es válido porque no se cumple con uno de los requisitos para proceder con el cambio, y que corresponde al consentimiento por parte del beneficiario irrevocable pactado originalmente.

- Que en el presente caso, debe "aclarar, señalar, y recalcar que el beneficiario irrevocable que se designó originalmente por la asegurada era su hijo menor de edad, representado por su madre en todo momento, porque mantenía y ejercía la patria potestad, y a su criterio se demuestra con los boletines escolares del menor, donde se aprecia que su madre, incluso su abuela materna ejercían esa función. También a su juicio se demuestra que la patria potestad fue acreditada y probada también con los informes que rindieron la Escuela de S.M. y el Centro Educativo Santa Librada al indicar que la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.) era la acudiente de su hijo menor de edad, y que también la abuela materna representaba al menor como acudiente los años 2005 a 2007, lo que refleja que el señor A.E. De León Guerra no ejercía la patria potestad como lo dispone el artículo 316 del Código de la Familia.

- En cuanto a lo indicado por uno de los peritos, respecto a que el cambio que se realizó a favor de la señora N.E.A.A. de Cruz era incorrecto porque no se cumplió con el requisito del consentimiento por parte del beneficiario irrevocable por medio de su padre, atenta con lo establecido en el Código de la Familia y del Menor, por no ser cierto que se requería el consentimiento del padre, ya que la patria potestad puede ser ejercida conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo de ellos, con el consentimiento expreso o tácito del otro, por lo que, los actos que realicen uno de ellos serán válidos, y los que sean realizados frente a terceros de buena fe, que debe entenderse en cuanto a la aseguradora que el progenitor actuaba ejerciendo la patria potestad con el consentimiento del otro progenitor, por lo que a su juicio no se requería el consentimiento, y por tanto no comparte el criterio vertido por uno de los peritos, que considera sí debió tener el consentimiento del padre del menor.

- Se refiere también el recurrente al criterio vertido por otro de los peritos cuando dejó establecido que se requería autorización por parte de un Juez o Tribunal de Familia o de Menor para realizar el cambio, ya que por ser un bien que le pertenecía al menor requería autorización judicial, lo que a su juicio no tiene asidero legal, ya que el derecho del menor no surge con la designación de beneficiario, sino a partir de que se produce el deceso de la asegurada, por lo que no surge el derecho si no fallece la asegurada, por tanto no se requería ningún consentimiento de ningún tribunal.

OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

Por su parte el apoderado judicial de la parte demandada se opone al recurso de apelación presentado por la parte demandante toda vez que quedó demostrado que la aseguradora realizó el pago de la póliza No.4910-340 de acuerdo a lo que se acordó en la misma, con el carácter de irrevocable, y por tanto considera que no existe ningún error en el pago, y por tanto no se debe devolver suma alguna, ya que le correspondía a quien recibió el pago, que es al hijo de la causante, por haberlo designado como beneficiario irrevocable de la mencionada póliza.

A juicio de la representación judicial de la parte demandada, el hecho de ser beneficiario el hijo de la asegurada, fue la razón por la cual convino la designación del beneficiario irrevocable, en ese sentido el pago que se realizó por parte de la aseguradora fue en debida forma, y de existir algún error como lo indica la parte demandante la devolución de lo que se pagó de manera indebida le corresponde a quien lo recibió, que es el hijo menor de la señora L.G.A. (q.e.p.d.), representado por su padre.

Reitera la defensa judicial de la aseguradora Pan American Life Insurance de Panamá, S., que se demostró que se honró la obligación que se desprende de la póliza No.4910-340 contratada por la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.), en donde aparecía como beneficiario su menor hijo, por tanto se cumplió con el pago a favor de quien tenía el derecho de recibirlo, y por tal razón no hay legitimación para exigirle a PALIC la devolución del dinero que se recibió de manera legal por el beneficiario, conforme lo dispuso la asegurada.

Explica que se demostró en el proceso, que la póliza que contrató la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.) era de carácter irrevocable como se desprende de la documentación que respalda la contratación, y así ha sido confirmado por todos los peritos que participaron en el proceso que nos ocupa.

Se refiere a lo estipulado en la cláusula 25 de las condiciones generales de la póliza No.4910-340 contratada por la señora L.G.A. (q.e.p.d.), indicando que no puede haber surtido efecto ningún cambio de beneficiario, toda vez que en todo momento el beneficiario fue el menor A.E. De León, que por ser de carácter irrevocable, no firmó él directamente o su representante legítimo, el endoso que trata dicha cláusula.

Es por lo anterior, que a criterio de la representación judicial de la demandada, no existe ningún vínculo legal entre la demandante y PANAMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMA, S., motivo por el cual, la misma debe ser absuelta de las pretensiones solicitadas en la demanda, en virtud que se desprende de los documentos allegados al expediente el carácter del menor A.E. De León como beneficiario irrevocable respecto a la póliza contratada por la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.).

Por lo anterior, no permitía que se sustituyera sin su consentimiento previo, por lo que carece de toda validez cualquier otro acto que no diera cumplimiento a lo que convinieron las partes de manera expresa en el contrato de seguro; y por tal razón la demandada no tiene legitimación pasiva frente a la demandante para devolver el pago del premio de la póliza No.4910-340 realizada al beneficiario irrevocable.

Igualmente indica, que de ser necesario se haga referencia a la excepción de estipulación a favor de un tercero que fue convenida en la póliza 4910-340 el cual alegó de manera oportuna, y a la que no se refirió el A-quo tomando como base lo señalado en el artículo 994 del Código Judicial, ya que por medio del examen de la póliza 4910-340, ha quedado establecido que la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.) designó como beneficiario irrevocable a su hijo A.E. De León, y por tanto, recibió, representado por su padre, el pago que le correspondía por el riesgo que aseguró la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.).

Se hace énfasis, que la estipulación a favor del menor A.E. De León se realizó manera efectiva como fue convenida por la asegurada, por haberlo designado como beneficiario irrevocable de los beneficios de la póliza No.4910-340; y al no existir revocación del beneficiario irrevocable de conformidad con los requisitos que se exigían en las cláusulas, fue legítimo el pago que se hizo al beneficiario A.E. De León representado por su padre, y por tanto no debe ser revocado como lo pretende la señora N.E.A.A. de Cruz, en razón de que se dio cumplimiento a lo estipulado en la póliza como lo exige el artículo 997 del Código de Comercio.

También solicita, que de ser necesario, se haga referencia a la excepción de inexistencia de la obligación que fue oportunamente alegada, y que no se consideró por el A-quo en virtud de lo establecido en el artículo 994 del Código Judicial, porque PALIC no mantiene con la señora N.E.A.A. de Cruz obligación de pagar suma alguna como consecuencia del beneficio derivado de la póliza contratada por la señora L.G.A.A. (q.e.p.d.), ya que la obligación derivada de la misma fue pagada al menor A.E. De León, hijo de la asegurada G.A.A.(.q.e.p.d.), quien fue nombrado por la misma como beneficiario irrevocable.

Y acota, luego de las consideraciones anteriores, que no existe ningún acto culpable o negligente que le pueda ser endilgado a PALIC, con el fin de resarcirle daños y perjuicios, ya que no se desprende de la demanda ni de las pruebas allegadas al expediente, qué perjuicios se le causaron y de los cuales solicita que se le resarzan, y mucho menos a cuánto ascienden los mismos, motivo por el cual solicita se reconozca la excepción de inexistencia de la obligación, por no estar la demandada obligada con la señora N.E.A.A. de Cruz a pagar suma alguna en razón del contrato No.4910-340, y menos por los daños y perjuicios causados que no han sido demostrados en el proceso, además que la suma asegurada era por $100,00.00, y no la suma que de manera antojadiza indica la demandante en $250,000.00.

POSICIÓN DE LA SALA

CONVERTIDA EN TRIBUNAL DE INSTANCIA

Visto lo anterior, corresponde a esta S. convertida en Tribunal de instancia, emitir el fallo correspondiente, y siendo que la controversia gira en torno a la figura del beneficiario, es necesario señalar, que en materia de seguro, existen dos clases de beneficiarios a saber:

°Beneficiario irrevocable: Se necesitaría el permiso del asegurado para quitarle de la póliza. A. de que realmente el beneficiario que usted ha estipulado es el que desea tener así durante toda la vida de la póliza.

° Beneficiario revocable: Es un tipo de beneficiario al cual se puede modificar con el permiso o deseo del asegurado. Por ejemplo, si usted nombra a su cónyuge como su heredero, pero sucede algo como un divorcio, puede eliminarle de la pólizahttp://www.seguro-vida.com

Por su parte, J.S.P. en el Libro "El Contrato de Seguro" explica que "Por regla general el beneficiario es revocable, pero en ciertos casos puede ser irrevocable...En estas circunstancias, es menester el consentimiento del beneficiario para poder cambiarlo..." (pág. 68)

Como puede corroborarse de lo antes transcrito, existen dos clases de beneficiarios en el contrato de seguro, el revocable que puede cambiarse cuando así lo considere el asegurado sin tener que cumplir requisito alguno; y el beneficiario irrevocable, que debe cumplir con ciertos requisitos para que pueda ser cambiado por el tomador del seguro.

La figura del beneficiario irrevocable tiene como finalidad asegurar o garantizar que el beneficiario por las razones que crea conveniente el asegurado (por tratarse de su hijo menor de edad, de su esposa, de sus padres de la tercera edad o con discapacidad), reciba el premio al momento que éste fallezca; es tener la seguridad que al momento de faltar no exista duda que a la persona que haya sido nombrada para recibir el beneficio seguirá por decirlo así, siendo protegida y mantenida a pesar de que falte.

Igualmente, es utilizada esta figura para garantizar las obligaciones comerciales, ya que en caso de faltar el asegurado, se cubre con la póliza de vida la obligación que haya contraído el mismo, motivo por el cual se hace imperativo que de solicitar el cambio deba tenerse la anuencia del beneficiario irrevocable, ya que la finalidad es que el beneficiario acreedor haga efectivo su crédito mediante el capital asegurado.

La figura del beneficiario irrevocable, adquiere importancia en diferentes ámbitos, por lo siguiente:

"Un beneficiario irrevocable es una designación de beneficiario que no puede cambiarse sin el consentimiento del beneficiario. Muchas veces, cuando se produce una separación o divorcio, hay un pedido de apoyo. Requieren una gran cantidad de acuerdos de divorcio y separación, .con el seguro de vida se tiene la seguridad de los pagos de apoyo en caso de una muerte prematura. En ese caso, sería prudente tener un beneficiario irrevocable, para proteger a la persona que está recibiendo los pagos de apoyo. Los cambios a la póliza de seguro de vida sólo pueden ser ejecutados con el permiso del beneficiario.

En muchos casos, se realizan préstamos privados para empresas, hipotecas etc.. La persona o empresa que presta el dinero requiere ese seguro de vida se ponga en su lugar para cubrir la deuda pendiente. El prestamista quiere estar seguro de que el prestatario si muere, el seguro está en vigor para cubrir la deuda. Ser designado un beneficiario irrevocable asegura la persona o empresa que no pueden hacer cambios a la póliza de seguro de vida sin su consentimiento por escrito.

J.K., CLU http://insurancelooker.com/es/revocable-and-irrevocable-beneficiaries-whats-the- difference/35775/

Como puede constatarse de lo anterior, para que pueda cambiarse al beneficiario irrevocable es necesario el consentimiento del mismo, pues la finalidad que cumple tal designación es la seguridad de que el nombrado con dicha figura reciba los beneficios de la misma.

Como se refiere J.G., "el seguro sobre la vida a favor de tercera persona el contratante tiene también un interés propio en el seguro (el sostenimiento de los hijos, o de la mujer, o de la persona a quien desee recompensar sus servicios, etc.)." Curso de Derecho Mercantil, Tomo IV, pág. 352)

De ahí radica la diferencia entre un beneficiario revocable en el cual el asegurado puede durante la vigencia de la póliza de vida "revocar el beneficio, atribuirlo a otra persona...." (Op.cit., pág. 354); lo que no ocurre con el beneficiario irrevocable, como bien lo señala G., ya que para poder realizar la cesión de la póliza, requiere la sustitución del beneficiario, lo que "no se admite cuando el beneficiario ha sido designado con carácter irrevocable" (Op.cit., pág., 363).

Ahora bien, entre las pruebas que se allegaron al expediente se encuentra la solicitud de póliza (fs.128), donde se desprende que el beneficiario principal es el menor A.E. De León, hijo de la asegurada, con un beneficio del 100%; y como beneficiario secundario, la señora N.E.A. de Cruz.

Asimismo se puede constatar, que la asegurada se reservó el derecho de cambiar al beneficiario.

También, es visible a fojas 133 la solicitud de cambio de beneficiario, el endoso de cambio de beneficiario (fs.134), y nota de 26 de septiembre de 2006 de la aseguradora Pan American de Panamá S., donde comunica el cambio de beneficiario.

Con respecto a dichas pruebas, esta S., actuando como tribunal de casación, al referirse a la segunda causal del recurso de casación en el fondo, que corresponde a infracción de normas sustantivas de derecho, por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, hizo el señalamiento que compartía el criterio del tribunal superior, al referirse que fue legal el pago realizado por la aseguradora al señor A.E. De León Guerra en representación del menor A.E. De León Ayala, toda vez que no se cumplió con el requisito de notificarlo del cambio de beneficiario tal cual se había acordado por las partes que suscribieron la póliza No.4910-340, en la cláusula 25.

Como se desprende de dicha cláusula, para que tenga validez y surta efecto el cambio de beneficiario irrevocable, era necesario que se notificara de dicho cambio al mismo.

En el caso particular que nos ocupa, por tratarse de un menor de edad el beneficiario irrevocable, era necesario que la notificación se realizara a su padre, ya que su madre, señora L.G.A.A. (q.e.p.d.) como se desprende de autos, era la asegurada de la póliza que ha generado la presente controversia.

Igualmente, y como se dejó establecido en párrafos que anteceden, para que el menor pueda ser representado únicamente por su madre, u otra persona diferente al padre del menor, era necesario que la patria potestad la haya perdido mediante declaración judicial (art. 342 del Código de la Familia), y que la persona que lo pueda representar, en el caso que no recaiga en la madre, requiere que se le haya declarado tutora como se desprende de los artículos 389 y siguientes del texto legal antes citado, circunstancias que no emergen de las pruebas que constan en autos.

Al no cumplirse dichos aspectos, y no haberse notificado al padre del menor del cambio del beneficiario irrevocable, la solicitud que realizó la asegurada para que el mismo fuera cambiado, no surtió efecto como lo indica la cláusula 25 de la póliza, toda vez que no se cumplió con la formalidad de la notificación tantas veces señaladas.

Es por lo anterior, que a juicio de la S. convertida en tribunal de instancia, no puede exigirle la demandante a la demandada el cumplimiento de una obligación que nunca se perfeccionó por carecer de legitimación para tal fin, ya que no fue extendida con la formalidad que se requería para el cambio de beneficiario irrevocable como se desprende de la cláusula 25; toda vez que, por tratarse del hijo menor de la asegurada, debe entenderse que la intención de la misma al nombrarlo como beneficiario irrevocable, era el de tener la tranquilidad de poder seguir cubriendo las necesidades del mismo, a pesar de su falta física.

Por las anteriores consideraciones, se procede a modificar la resolución de primera instancia por configurarse la excepción de falta de legitimación activa de conformidad con lo establecido en el artículo 693 del Código Judicial, y como consecuencia de la misma, es que corresponde negar la pretensión solicitada dentro del presente proceso.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la resolución de 29 de agosto de 2012, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia; y convertida en Tribunal de Instancia, MODIFICA la Sentencia No.42 de 28 de junio de 2011 dictada por el Juzgado Duodécimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de RECONOCER la excepción de falta de legitimación activa, y en consecuencia, NIEGA LA PRETENSIÓN dentro del proceso ordinario interpuesto por N.E.A.A. contra PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S. y A.E. DE LEÓN GUERRA.

N.,

HARLEY J. MITCHELL D.

OYDÉN ORTEGA DURÁN -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)