Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 21 de Enero de 2014

Ponente:Harley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución:21 de Enero de 2014
Emisor:Primera de lo Civil
 
CONTENIDO

VISTOS: La firma forense SERVICIOS LEGALES Y ASOCIADOS actuando en nombre y representación de AUTÓDROMO DE LAS AMÉRICAS, S.A. y AUTÓDROMO INTERCONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A., promovió recurso extraordinario de casación contra la resolución de 20 de agosto de 2012, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro de la Medida Conservatoria o de Protección en General propuesta por AUTÓDROMO DE LAS AMÉRICAS, S.A. y AUTÓDROMO INTERCONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. contra A.V.C. DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., DIMERCO, S.A. y F.E.A.G.. En su origen, el recurso de casación se sustentó en la causal de forma y la causal de fondo, siendo solamente admitida la segunda, mediante resolución de la S., de 2 de abril de 2013. (véase fojas 222-223). Habiéndose surtido todos los trámites intermedios que acceden a este recurso extraordinario, procede la S. a pronunciarse sobre el fondo del mismo, para lo cual se exponen sucintamente los antecedentes que condujeron a la formulación del recurso. ANTECEDENTES Dentro del proceso ordinario de mayor cuantía promovido por AUTÓDROMO DE LAS AMÉRICAS, S.A. y AUTÓDROMO INTERCONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A.contra A.V.C. DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., DIMERCO,S.A. y F.E.A.G., la firma de abogados SERVICIOS LEGALES Y ASOCIADOS, apoderados de las sociedades demandantes solicitaron Medida Conservatoria o de Protección en General contra los demandados, consistente en que se ordene a las sociedades demandadas, abstenerse de iniciar acción judicial alguna, hasta tanto se resuelva el fondo del proceso ordinario que en su contra han promovido, se les comunique la medida conservatoria decretada y se le oficie a los distintos Juzgados Civiles de Circuito de Panamá y a las entidades competentes ( fs. 12-18). ElJuzgado Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, conoció del proceso antes indicado y, profirió el Auto N. 716 de 17 de junio de 2010, que admite la medida conservatoria o de protección general propuesta por AUTÓDROMO DE LAS AMÉRICAS, S.A. y AUTÓDROMO INTERCONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A., por considerar demostrado los requisitos que embargan este tipo de medidas, y en ese sentido, ordena a DIMERCO, S.A., A.V.C. DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. y al señor F.E.A.G., abstenerse de iniciar acción judicial alguna, hasta tanto se resuelva el fondo del proceso y ordena oficiar a los demandados, a los distintos Juzgados Civiles de Circuito de Panamá, así como a las entidades competentes la medida decretada (fs. 19-21). Mediante Auto 932 de 9 de agosto de 2010, el J. Séptimo, adiciona el Auto No. 716 de 17 de junio de 2010, por medio del cual se decretó medida Conservatoria o de Protección en General en favor de la sociedades AUTÓDROMO DE LAS AMÉRICAS, S.A. y AUTÓDROMO INTERCONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A., en su parte resolutiva, en su punto 1, y ordena a las sociedades demandadas de abstenerse de iniciar acción judicial alguna, en relación con la finca 19,1107, inscrita al documento 361221, de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá; hasta que se resuelva el fondo del proceso (fs. 66-67). Ambas decisiones de primera instancia fueron apeladas y mediante resolución de 20 de agosto de 2012, elPrimer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, REVOCA los Autos No. 716 de fecha 17 de junio de 2010 y Auto No. 932 del 9 de agosto de 2010, proferidos por el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y en su lugar, LEVANTA la medida conservatoria decretada por el Auto No. 716 de fecha 17 de junio de 2010 y la adición decretada por Auto No. 932 del 9 de agosto de 2010. Es contra esta última decisión que se interpone el recurso de casación, que hoy ocupa a esta S. y que pasamos a resolver. RECURSO DE CASACIÓN El recurso de casación es en el fondo, y se invoca una sola causal, la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Dicha causal esta fundamenta en dos motivos a saber: " PRIMERO: La resolución impugnada fue proferida sin que se hubieren considerado las nueve (9) pruebas documentales que fueron presentadas con la demanda y aducidas en la solicitud de medida conservatoria y de protección de los casacionistas (folios 3 al 9 del expediente). La omisión produjo que el pronunciamiento objetado revocara los autos 716 del 17 de junio y 932 del 9 de agosto, ambos del 2010 y levantado la medida conservatoria y de protección dictada en el proceso, por considerar que los casacionistas no habían presentado prueba sumaria del derecho a asegurar o cautelar, es decir, de la existencia de una situación jurídica o fumus boni iuris (apariencia del buen derecho) que se habría de debatir en el juicio. La decisión fue proferida sin el expediente principal y sólo con el cuadernillo de la medida cautelar, a pesar que la solicitud y las decisiones revocadas estaban sustentadas en pruebas documentales que fueron presentadas con la demanda. El error en cuanto a la existencia de estas pruebas incidió de forma directa en la parte dispositiva de la resolución impugnada, determinando la revocatoria de los autos 716 y 932 referidos y que se levantara la medida conservatoria y de protección dictada en el procedimiento a favor de los casacionistas. De haber considerado las pruebas que fueron aducidas (folios 3 al 9 del expediente) y que obraban en el expediente principal, el pronunciamiento objeto hubiere negado las apelaciones propuestas y mantenido la medida conservatoria y de protección dictada. SEGUNDO: El pronunciamiento objetado no consideró la sentencia del 28 de febrero de 2011 (folio 105 del expediente), confirmada mediante sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 9 de junio de 2011 (folio 113 del expediente) y en aclaración del 21 de septiembre de 2011, del propio Pleno (folio 120 del expediente) , que en al (sic) resolver el recurso de amparo de garantías constitucionales propuesto por F.A.G. contra el J. de Instancia y la orden verbal de no recibir los escritos de apelación contra el Auto 716 del 17 de junio de 2010 y caducidad presentados en el curso del proceso ordinario seguido por Autódromo de las Américas, S.A. y Autódromo Intercontinental de Panamá, S.A. en su contra y en contra de AVC de la Construcción,S.A. y Dimerco,S.A., dictaminó que no existía violación alguna del debido proceso y no concedió el recurso de amparo demandado. El error en cuanto a la existencia de estas pruebas incidió de forma directa en la parte dispositiva de la resolución impugnada, determinando que se revocaran los autos 716 y 932 referidos y que se levantara la medida conservatoria y de protección dictada en el procedimiento a favor de los casacionistas. De haber considerado esta prueba, el pronunciamiento objetado hubiere negado las apelaciones propuestas y mantenido la medida conservatoria y de protección dictada. " ( fs. 215) Producto de estos desaciertos la casacionista considera infringidos los artículos 569, 801, 1032, 464 y 780 todos del Código Judicial; y el artículo 974 del Código Civil, así como el artículo 249 del Código de Comercio. DECISIÓN DE LA SALA De lo que viene expuesto, se desprende que la casacionista alega que la resolución impugnada fue proferida sin que se hubieren considerado las nueve (9) pruebas documentales que fueron presentadas con la demanda y aducidas en la solicitud de medida conservatoria y de protección en general, que según la casacionista son consultables a folios 3 al 9 del expediente principal. Ahora bien, como la casacionista en su solicitud de medida conservatoria adujo las pruebas presentadas con la demanda[1], bajo el expediente número 29,926-2010, debe aclarar la S. que las pruebas aducidas como presentadas con la demanda, son consultables a folios 8 a 65 del expediente principal y aparecen detalladas como pruebas 1 a 10, consistentes en: 1- Original de Certificado de Registro Público que acredita la existencia y representación legal de AUTÓDROMO DE LAS AMÉRICAS; 2- Original de Certificado de Registro Público que acredita la existencia y representación legal de AUTÓDROMO INTERCONTINENTAL DE PANAMÁ,S.A. 3- Original de Certificado de Registro Público que acredita la existencia y representación legal de la Sociedad demandada DIMERCO,S.A.; 4- Original de Certificado de existencia y representación legal de la Sociedad demandada A.V.C. DE LA CONSTRUCCIÓN; 5- Cotejo, fiel copia de su original, de Acuerdo de "Intención de Explotación Comercial; 6- Cotejo, fiel copia de su original, de Acta de Reunión Extraordinaria de los Accionistas de la Sociedad Autódromo Intercontinental de Panamá, S.A.; 7- Original de Certificación No. 63-DS-10 de fecha 12 de marzo de 2010, emitida por el Alcalde Municipal del Distrito de Capira; 8- Original de Informe de Inspección de Proyecto Autódromo de las Américas, elaborado por E.A.Z.A. y el ingeniero civil R.A.B.T.; 9- Original de Acta Notarial de fecha 7 de abril 2010, con sus respectivas vistas fotográficas 10- Copia simple de Escritura No. 6628 de 20 de marzo de 2006, de la Notaría Primera del Circuito, por la cual se celebra contrato de préstamo hipotecario con la sociedad DIMERCO,S.A.; Adicionalmente, alega la casacionista que la resolución impugnada no consideró, las pruebas visibles a fojas 105,113 y 120 del cuadernillo de la medida conservatoria, consistentes en: 11- Sentencia del 28 de febrero de 2011, emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que no concede amparo de garantías constitucionales propuesto por propuesto por F.A.G. contra el J. de Instancia por la orden verbal de no recibir los escritos de apelación contra el Auto 716 del 17 de junio de 2010 y caducidad presentados en el curso del proceso ordinario seguido por Autódromo de las Américas, S.A. y Autódromo Intercontinental de Panamá, S.A. en su contra y en contra de AVC de la Construcción,S.A. y Dimerco,S.A.; 12- Resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 9 de junio de 2011, que confirma la resolución de fecha 28 de febrero de 2011, emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. 13- Resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que rechaza de plano la solicitud de aclaración de la sentencia de fecha 9 de junio de 2011 con ocasión del recurso de amparo de garantías constitucionales antes descrito. A fin de determinar si se configura el error probatorio que se le imputa al Ad quem, la S. pasa a examinar lo que en este sentido dictaminó la resolución impugnada: " ... Dicho lo anterior, si bien el J. es quien determina la admisibilidad de la medida sometida a su consideración, no menos cierto es que la prueba sumaria de la existencia del derecho que se desea garantizar, mejor conocido como apariencia del buen derecho, es necesaria para que el J. establezca prima facie con base en la solicitud y con la prueba preconstituída que el peticionario necesita la tutela o protección, por lo que en el caso in examine, la parte solicitante no aportó junto con su solicitud de medida conservatoria corregida las pruebas preconstituidas, ya que sólo se basa en meras alegaciones que hace la parte actora y que se sustenta en un acuerdo de Intención de Explotación Comercial el cual figura en el proceso ordinario y no así en este cuaderno que nos ocupa. Aunado a lo anterior, el J. a-quo hace mención a la existencia del referido acuerdo como prueba prima facie para decretar la medida en comento, empero del mismo documento no se desprende vinculación alguna para con los demandados, lo que hace que las demandantes no hayan cumplido con el primer requisito de prueba sumaria. Siguiendo ese mismo orden de ideas vemos que al incumplirse uno sólo de los requisitos indispensables para decretar la medida conservatoria, tal situación le impedía al juzgador decretarla y adicionarla y menos aún, en la forma excesiva como la hizo. Es por ello, que al estar reducidos los presupuestos para decretar la medida conservatoria, la misma tiene que ser negada, ya que faltó el requisito del "fumus boni iuris " o " apariencia de buen derecho ", el cual claro está no tiene que estar probado plenamente pues en el procedimiento cautelar no se está decidiendo la causa, sino es un juicio de probabilidades que realiza el juzgador sobre " un derecho verosímil o aparente, que al menos justifique " prima facie" la conveniencia de adoptar y ejecutar la medida. Dicho en otras palabras, debe tratarse de una posibilidad de que el derecho exista bajo una credibilidad objetiva y seria, y no de meras especulaciones, que se suelen traducir en pretensiones manifiestamente infundadas, temerarias o muy subjetivas. Es decir, no basta la simple petición para que se conceda la medida conservatoria, es indispensable que el derecho que se pretende cautelar aparezca como probable. Bajo estas aristas y las escasas pruebas obrantes en autos, infiere esta Colegiatura, que lo peticionado por la recurrente, se ajusta a derecho, toda vez, que los demandantes no acreditaron fehacientemente con pruebas preconstituidas, el fomus boni iuris ni el periculum in mora, siendo estas exigencias legales imprescindibles para acceder a la medida cautelar solicitada. " (fs. 168-170) Al adentrarnos al análisis de la sentencia impugnada, advierte esta S. que le asiste la razón a la recurrente en cuanto que en el fallo atacado no se entró a considerar el valor probatorio de las pruebas documentales obrantes a folios 3 al 9 del expediente principal[2] y que fueron presentadas con la demanda, pese a haber sido aducidas con la solicitud de medida conservatoria y de protección corregida, como tampoco entro a valorar las pruebas obrantes a fojas 105, 113 y 120 de la medida conservatoria y de protección general. Y tomando en consideración que la causal de error de hecho en las existencia de la prueba en este caso se configura por el desconocimiento del medio o elemento probatorio, esto es, el ignorarlo, es deber de esta S. entrar a examinar si las pruebas que fueron ignoradas por el ad quem, influyen en lo dispositivo del fallo, como para invalidar la resolución impugnada. R., señalaba el ad quem que los demandantes no acreditaron fehacientemente con pruebas preconstituidas, el fomus boni iuris ni el periculum in mora, ya que el A quo se baso en meras alegaciones que hace la parte actora, el cual sustenta en un acuerdo de Intención de Explotación Comercial que figura en el proceso ordinario y no así en este cuaderno que nos ocupa, y decía que el J. a-quo hace mención a la existencia del referido acuerdo como prueba prima facie para decretar la medida en comento, empero del mismo documento no se desprende vinculación alguna para con los demandados. Pues bien, una lectura del referido Acuerdo de "Intención de Explotación Comercial " da cuenta que los señores J.E.P., H.E.P.T., MERJESH EDING PALIS TOMY Y ELIAS KAFROUNI, denominados LOS PROPIETARIOS, y J.J.M.Y.P.L.G., denominados LOS PROMOTORES, celebraron un acuerdo por medio del cual se obligan a constituir una sociedad anónima panameña a través de la cual y en conjunto realizarían las actividades de estudio de factibilidad, construcción, promoción, desarrollo y explotación de un parque o centro comercial recreacional, el cual estará dotado de un autódromo y otras facilidades conexas al automovilismo, hotelería y turismo. A su vez declaran los PROPIETARIOS que a fin de participar en calidad de socios de la sociedad panameña, se obligan a ceder a favor de la sociedad anónima panameña a constituir, un globo de terreno de cincuenta (50) hectáreas, el cual será escogido y determinado de común acuerdo con los promotores. Y LOS PROMOTORES se obligan a aportar los conocimientos técnicos, financieros, y de mercadeo que permita la construcción, promoción, desarrollo y explotación de las instalaciones físicas y actividades comprendidas en la cláusula primera del acuerdo. (prueba 5) Para la S., si bien este acuerdo no vincula directamente a los demandados, ya que quienes suscriben dicho acuerdo son los propietarios de la finca y los promotores de la obra, existen otras pruebas tendientes a demostrar la presunción de buen derecho, que vinculan a los demandados, y que acreditan: 1) las obligaciones y compromisos existentes entre los hoy demandantes y demandados en cuanto al financiamiento, construcción y terminación de la obra consistente en un parque o centro recreacional dotado con un autodromo; 2) que la obra no fue culminada, y esta en abandono, y 3) la existencia de un préstamo hipotecario y anticrético otorgado por DIMERCO,S.A. a favor de AUTODROMO DE LAS AMÉRICAS, S.A., con garantía sobre la finca 191107 hipotecada, y sobre la cual se solicita se declare la medida de protección a fin de que los demandados DIMERCO, S.A., A.V.C. DE LA CONSTRUCCIÓN,S.A. y F.E.A.G., se abstengan de iniciar acción judicial alguna, en relación a dicha finca. Nos referimos al resto de las pruebas que fueron presentadas con la demanda en el expediente principal y aducidas por la peticionaria de la medida conservatoria y de protección general corregida. Así por ejemplo, a fojas 8, 9, 10 y 11 ( pruebas 1, 2, 3, 4) del expediente principal, constan Certificados de Registro Público que acreditan la existencia y representación legal de las Sociedades demandantes AUTÓDROMO DE LAS AMÉRICAS, S.A. y AUTÓDROMO INTERCONTINENTAL DE PANAMÁ,S.A., cuyo representante legal es O.L.C. y de las sociedades demandadas DIMERCO,S.A., cuyo representante legal es precisamente uno de los demandados el señor F.E.A.G., y de A.V.C. DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., cuyo representante legal es H.H.C.Z.. A fojas 16, consta prueba 6, consistente en Acta de Reunión Extraordinaria de los Accionistas de la Sociedad Autódromo Intercontinental de Panamá, S.A. (AIPSA), que da cuenta que los accionistas de la sociedad AUTÓDROMO INTERCONTINENTAL DE PANAMÁ,S.A. celebraron y acordaron en presencia de los representantes legales de la demandada DIMERCO,S.A., la venta de la finca 191107, ubicada en Sajalices, Distrito de Capira, a una nueva sociedad ( la cual se denomina posteriormente AUTÓDROMO DE LAS AMÉRICAS, S.A.) entre cuyos accionistas figura el señor F.E.A.G., que como mencionamos es el presidente y representante legal de la sociedad DIMERCO,S.A., para la construcción del proyecto sobre la finca, entre otras cosas, que vincula a los demandados con los compromisos adquiridos. En cuanto al incumplimiento de los demandados con los acuerdos suscritos, consta a fojas 18, Certificación No. 63-DS-10 de fecha 12 de marzo de 2010, emitida por el Alcalde Municipal del Distrito de Capira, el señor I.U.S., que certifica que la construcción del autódromo, ubicado en el Corregimiento de Campana, loma campana, fue suspendida porque no cumplió con los tramites pertinentes, por lo que adeuda pagos en concepto de permisos de construcción y movimiento de tierra. (prueba 7) A fojas 19 del expediente, consta Informe de Inspección de Proyecto Autódromo de las Américas, elaborado por E.A.Z.A. y el Ingeniero civil R.A.B.T. ( prueba 9), que confirma la obra en la Finca 191107 de propiedad de Autódromo de las Américas, S.A. tiene un avance de 40% del total del proyecto y pendiente de ejecución 60%, la cual esta en total abandono, con síntomas de deterioro, y que dicho proyecto se podrá concluir en un período de 8 meses a partir de la orden de proceder, que acredita que la obra no fue terminada.(prueba 8) En igual sentido, consta Acta Notarial de Diligencia de Verificación del estado de las instalaciones que alojan el proyecto del autódromo, ubicada en el corregimiento de campana, distrito de Capira, loma campana de fecha 7 de abril de 2010 (fs. 37-38), que certifica que el sitio donde se localiza el proyecto "Autódromo de las Américas", cuya área es de 50 hectáreas existen dos estructuras en completo abandono, hay crecimiento de arbustos y animales pastando en libertad y no hay nadie que vigile dichas instalaciones. ( prueba 9 ) Por último, a fojas 58 y ss. consta copia simple de Escritura No. 6628 de 20 de marzo de 2006, de la Notaría Primera del Circuito, por la cual Multicredit Bank declara cancelado el fideicomiso celebrado con la empresa AUTÓDROMO INTERCONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. sobre la finca 191107, y traspaso a la sociedad AUTÓDROMO DE LAS AMÉRICAS S.A. quien a su vez celebra contrato de préstamo hipotecario con la sociedad DIMERCO, S.A. sobre la finca 191107, sobre la cual se solicita se decrete la medida[3], que acredita la existencia del derecho que se quiere garantizar con la medida solicitada. (fs. 58) Y que viene a constituir el " periculim in mora " de sufrir un peligro inmediato o irreparable antes del reconocimiento del derecho, que ha sido reclamado en la demanda ordinaria declarativa[4], ante la posible ejecución de la hipoteca celebrada con los demandados. Al haber quedado acreditado prima facie el fomus boni iuris y el periculum in mora, la S. descarta el valor probatorio de las pruebas consultables a folios 105, 113 y 120 del cuadernillo de medida conservatoria a las cuales alude la casacionista y que fueran ignoradas por el ad quem, por considerar que a diferencia de las ya analizadas no constituyen pruebas idóneas tendientes a demostrar ni el fomus boni iuris ni el periculum in mora, en cuanto al derecho que se reclama. Así las cosas, y al cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 569 del Código Judicial, en cuanto al fomus boni iuris y el periculum in mora, no le resta a más a esta S. que invalidar la resolución impugnada, por las razones expresadas en la parte motiva de esta resolución, y en consecuencia, se casa la sentencia proferida por el Tribunal ad quem, y en esos términos nos pronunciaremos. En mérito de lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la resolución de 20 de agosto de 2012, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro de la Medida Conservatoria o de Protección en General propuesta por AUTÓDROMO DE LAS AMÉRICAS, S.A. y AUTÓDROMO INTERCONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A.contra A.V.C. DE LA CONSTRUCCIÓN,S.A., DIMERCO,S.A. y F.E.A.G., y convertida en Tribunal de instancia, RESUELVE: CONFIRMA el Auto No. 716 de 17 de junio de 2010 y el Auto No. 932 de 9 de agosto de 2010, proferidos por el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. Según lo dispone el artículo 1071 del Código Judicial, las obligantes costas en casación se fijan en la suma de DOSCIENTOS DÓLARES CON 00/100 ( US$ 200.00 ). N., HARLEY J. MITCHELL D. OYDÉN ORTEGA DURÁN -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria) [1] Como la peticionaria adujo como pruebas, las pruebas presentadas con la demanda, no es obligatorio presentarlas conjuntamente con la solicitud de la medida conservatoria y de protección general, porque fueron aducidas. [2] Como aclaramos, las pruebas a las cuales alude la casacionista son en realidad las pruebas que aparecen detalladas como pruebas 1 al 10 y que fueron aducidas como presentadas con la demanda, las cuales son consultables a folios 8 a 65 del expediente principal. [3] A fojas 7 del cuadernillo de medida conservatoria, las demandantes sustentan que con la medida cautelar se evitará el peligro inmediato e irreparable de la posible ejecución de la finca 191107, que actualmente se encuentra bajo la titularidad de AUTODROMO DE LAS AMERICAS y DIMERCO,S.A .como acreedor hipotecario, por falta de cumplimiento de los demandados lesionando los derechos de los demandantes y el daño irreparable que ocasionaría en detrimento de su patrimonio. [4] El derecho que nació con el Acuerdo de Intención de Explotación Comercial, para el financiamiento y terminación de la construcción de un parque o centro recreacional dotado de un autodromo, el cual según las demandantes fue incumplido por los demandados al no haberse culminado la obra, y por lo cual pretenden se declare el incumplimiento de los acuerdos suscritos con los demandados, así como la resolución del contrato denominado "Acuerdo de Intención de Explotación Comercial " y resolución del contrato de préstamo hipotecario a favor de los demandados, suscrito mediante Escritura 6628 del 20 de marzo de 2006, de la Notaria Primera del Circuito de Panamá.