Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 3 de Diciembre de 2013

Fecha de Resolución: 3 de Diciembre de 2013
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS: La Sala Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia, actuando como Tribunal de Casación decide en el fondo el recurso de casación presentado por la oficina de abogados CAMARENA, MORALES & VEGA como apoderados judiciales especiales sustitutos de INTERCOASTAL MARINE, INC., contra la resolución de 30 de julio de 2012, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial, en el proceso sumario incoado por INVERSIONES DUCAS, S.A. contra INTERCOASTAL MARINE, INC. ANTECEDENTES INVERSIONES DUCAS, S.A., sociedad anónima inscrita a ficha 421924, documento 382796, de la sección mercantil ha demandado a INTERCOASTAL MARINE, INC., inscrita a ficha 301143, rollo 45720, imagen 46, de la sección mercantil del Registro Público, a pagarle la suma de $44,873.95, en concepto de capital, más intereses legales, costas y gastos del proceso. El libelo de demanda corregido indica que INVERSIONES DUCAS, S.A. y CONSTRUCCIONES R.A., S.A. han suscrito contrato de cesión de crédito sobre la factura No. 70, por la suma de $ 16,155.45 y la factura No. 71 por la suma de $28,718.50, que han sido incumplidos al no realizarse los pagos de los créditos cedidos; por tanto, pretende que el juzgador de la causa declare que INTERCOASTAL MARINE, INC.como deudoraha incumplido con los contratos de cesión de crédito a favor de INVERSIONES DUCAS, S.A. y, en virtud del incumplimiento INTERCOASTAL MARINE, INC., sea condenada a pagar la suma de $44,873.95, más los intereses, costas y gastos del proceso (Cfr. fojas 15-18). El Juzgado Duodécimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante Auto # 1636 de 18 de diciembre de 2008, admitió la demanda sumaria y corrió su traslado al demandando por el término legal fijado (Cfr. foja 19). INTERCOASTAL MARINE, INC. mediante apoderado judicial, Licenciada Teyra A. Ehlers B., se notificó (Cfr. vuelta foja 19) y contestó la demandada negando todos los hechos que la fundamentan; así como, el derecho aplicable y las pruebas presentando sus pruebas de descargo (Cfr. fojas 22-24). De igual manera, invocó excepción de inexistencia de la obligación en donde manifiesta que la aceptación de los contratos de cesión fue suscrita por I.G. trabajador de confianza de la empresa pero sin autorización de la junta directiva o de sus accionistas para comprometerla por lo que el endoso es invalido (hecho Quinto) (Cfr. fojas 38-39). Finalizada la fase admisoria se continuó con la probatoria, es decir, mediante Auto #232 de 20 de febrero de 2009, se admitió las pruebas documentales presentadas con el libelo de demanda, de contestación y exceptivo (Cfr. fojas 55-56). Vencido el término probatorio se procedió a los alegatos de fondo escritos (Cfr. fojas 62-65;70-71) dictándose la Sentencia #57 de 2 de diciembre de 2009, por medio de la cual se declaró que INTERCOASTAL MARINE, INC., incumplió los pagos cedidos a favor de INVERSIONES DUCAS, S.A., obligándola a pagar la suma de $44,873.95, en concepto de capital más $4,487.39, en concepto de intereses legales comerciales computados desde la fecha de interposición de la demanda hasta el cumplimiento de la condena; de igual manera, declaró no probada la excepción de inexistencia de la obligación interpuesta y condenó en costas por la suma de $9,974.79. (Cfr. fojas 78-87). DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE LA SEGUNDA INSTANCIA El razonamiento probatorio del tribunal de la segunda instancia se basó en que aún cuando la parte demandante afirmará el incumplimiento de los contratos de cesión de créditos la confrontación de los hechos esbozados en el libelo introductorio de demanda y las pruebas producidas en el proceso apuntan a que la obligación reclamada surge de la Factura No. 070 de 4 de diciembre de 2007, por la suma de B/.21,540.60 y la Factura No. 071 de 13 de diciembre de 2007, por la suma de B/.30,765.42, emitidas por CONSTRUCCIONES R.A., S.A. a favor de INTERCOSTAL MARINE, INC., junto a los contratos de cesión. Por su parte, señala que INVERSIONES DUCAS, S.A., se encuentra legitimada para el cobro del saldo adeudado de las facturas, por la celebración de contrato de cesión de créditos con CONSTRUCCIONES R.A., S.A., advirtiéndose que el reclamo de cumplimiento de la obligación contractual reclamada a INTERCOASTAL MARINE, INC., proviene del impago de las facturas mas no de los contratos de cesión de créditos acordados solamente por INVERSIONES DUCAS, S.A. y CONSTRUCCIONES R.A., S.A., al concebirse según lo dispuesto en el artículo 1279 del Código Civil aplicable de acuerdo al contenido del artículo 786 del Código de Comercio que el deudor no es parte del contrato, al requerirse solamente su notificación. Ahora bien, en su discurso o argumentación fáctica probatoria el tribunal de la segunda instancia le concedió valor probatorio a las facturas por tenerla como aceptadas considerando que la firma aparecida según la práctica comercial no siempre es la del gerente o represente legal de la empresa sino de la persona o el conductor que busca la mercancía o bien el colaborador que está en el establecimiento al momento de la entrega, lo que sucedió en el presente caso. En cuanto a su objeción por la parte demandada señala el tribunal de la segunda instancia que solamente se refutó su falta de presentación en original más no la suscripción de la misma por su falsedad de acuerdo a lo previsto en los artículos 861 y 879 del Código Judicial, respectivamente. De otro, respecto a la notificación de los contratos de cesión de créditos sostiene que la parte demandada considera se tiene desde el traslado de la demandada y, toda vez que la excepción de inexistencia de la obligación dirigió su ataque contra la notificación de la cesión por I.G. sin acreditar el cumplimiento de la obligación por el pago total o bien, la existencia de la obligación contenida en las facturas presentadas; es dable confirmar la resolución venida en apelación (Cfr. fojas 119-140). Notificadas las partes, la parte demandada anunció (Cfr. foja 146) y mediante apoderado judicial sustituto (Cfr. foja 149), formalizó recurso de casación (Cfr. fojas 151-160); de ahí, que mediante resolución de 5 de octubre de 2012, se enviara a la Sala Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia (Cfr. fojas 162-163, 164), el cual surtido el trámite de sorteo, reparto (Cfr. fojas 166, 167) y alegaciones escritas de admisibilidad, mediante resolución judicial de 3 de enero de 2013, es admitido (Cfr. fojas 171-174, 176), concediéndose el término de alegatos de fondo (Cfr. fojas 177,178) presentado, únicamente, por el recurrente (Cfr. fojas 179-185) estando pendiente su resolución de fondo. LIBELO DE RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO PRIMERA CAUSAL La primera causal invocada es la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida y los motivos que la fundamentan son a saber: "PRIMERO: Al condenar a mi representada al cumplimiento de los contratos de cesión suscritos únicamente por CONSTRUCCIONES RA., S.A. e INVERSIONES DUCAS, S.A. los días 5 y 13 de diciembre de 2007, la resolución de segunda instancia violó por omisión el canon legal que establece que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley y son obligatorias para las partes contratantes, debido a que le impuso a mi clienta la obligación de cumplir unos contratos de cesión de los cuales no formó parte. De no haber incurrido en esta violación, el Tribunal Superior habría reconocido que no existe vínculo obligacional que le imponga a mi clienta el cumplimiento de unos contratos de cesión de los cuales no es parte contractual, y hubiese declarado probada la excepción de inexistencia de la obligación invocada. SEGUNDO: Al condenar a mi representada al cumplimiento de los efectos de los contratos de cesión suscritos únicamente por CONSTRUCCIONES R.A., S.A. e INVERSIONES DUCAS, S.A. los días 5 y 13 de diciembre de 2007, la resolución de segunda instancia violó por omisión el canon legal que establece que los contratos sólo producen efectos jurídicos entre las partes contratantes, ya que le impuso a mi clienta la obligación de cumplir los efectos de unos contratos de cesión de los cuales no formó parte. De no haber incurrido en esta violación, el Tribunal Superior hubiese reconocido que no existe vinculo obligacional que le imponga a mi clienta el cumplimiento de los efectos de unos contratos de cesión de los cuales no es parte contractual, y hubiese declarado probada la excepción de inexistencia de la obligación invocada." Las normas de derecho sustancial inaplicadas son los artículos 976 y 1108 del Código Civil, respectivamente. DECISIÓN DE LA SALA DE LO CIVIL La fuerza normativa de todo contrato como regla establecida en el artículo 976 del Código Civil es general y absoluta y rige para todos los contratos, cuyo efecto cardinal o existencial es su vinculatoriedad, atadura u obligación legal de cumplirlo a quienes lo celebran ya sea de manera espontánea o forzada. Así, el contrato es ley para las partes considerando su intangibilidad que evita todo poder de interpretación tendiente a modificar las estipulaciones libremente convenidas por las partes, pues el contrato a partir de su existencia genera efectos vinculantes para las partes, excluyendo, en principio a terceras personas ajenas a dicho contrato de acuerdo a lo normado en el artículo 1108 del Código Civil. Cabe precisar que en el presente caso la fuerza vinculante que emerge del contrato (pacta sunt servanda), particularmente de la cesión de créditos proponen inicialmente la convergencia de voluntades entre D.A.S.M. quien en nombre y representación de CONSTRUCCIONES R.A., S.A. (en adelante, la cedente) transfiere a la otra parte, J.D.R. quien en nombre y representación de INVERSIONES DUCAS, S.A. (en adelante la cesionaria) le transfiere unos créditos que tienen como base la factura # 70 de 4 de diciembre de 2007, por la suma de $16,155.45 y la factura # 71 de 13 de diciembre de 2007, por la suma de $28,718.50, para una gran total de $44,873.95, a favor de INTERCOASTAL MARINE, INC. tal como consta a fojas 5 y 7 del expediente. Ahora bien, el recurrente alega la inaplicación de las normas de derecho sustancial invocadas por considerar que INTERCOASTAL MARINE, INC. no se erige como parte en las cesiones de créditos convenidas pero, ha sido compelida a cumplir la obligación emanada. Pues bien, al examinar la resolución recurrida sin mayor atisbo no se distingue cómo se produce el quebrantamiento de las normas legales aducidas, pues, efectivamente no ha sido objeto de debate ni la existencia de la cesión de créditos y, por ende su integración por INVERSIONES DUCAS, S.A. y CONSTRUCCIONES R.A., S.A. como partes contratantes, salvo lo referente que al momento de la presentación de la demanda el contratante cedido, INTERCOASTAL MARINE, INC. se encontraba insoluto en sus pagos que; además, tal como ha sido expresamente manifestado en la resolución recurrida no conforma parte de este contrato pero sí un tercero estrechamente vinculado por ser el deudor de la obligación cedida quien desde su perfeccionamiento tiene un nuevo acreedor a quien tiene que cumplirle. Así, veamos el fragmento de la resolución recurrida que contempla lo dicho: "Y decimos que las sumas reclamadas no derivan de los contratos de cesión, ya que las partes en dichos contratos son solamente CONSTRUCCIONES R.A., S.A., como cedente de los créditos, e INVERSIONES DUCAS, S.A. como cesionaria de los créditos, pero la demandada, INTERCOASTAL MARINE, INC., no es parte en dicho contrato de cesión. ... Valga aclarar que aún cuando la pretensión de la actora establezca que la obligación reclamada deriva de los contratos de cesión de créditos presentados, ello no es óbice para que el Juzgador acceda a la pretensión, ya que, conforme el principio antiformalista consagrado en el artículo 474 del Código Judicial "Cualquier error o defecto en la identificación, denominación o calificación de la acción, excepción, pretensión, incidente o recurso o del actor de la relación del negocio d (sic) que se trate, no es óbice para que el juez acceda a lo pedido, de acuerdo con los hechos invocados y la prueba practicada, si la intención de la parte es clara." De todo lo expuesto, es fácil colegir que la obligación reclamada es contractual, pues deriva de las facturas, que dijimos equivale a un contrato de compraventa, en conjunto con las cesiones, por lo que la obligación reclamada es contractual..." Como vemos, indefectiblemente, la actividad dialéctica del tribunal de la segunda instancia se llevo a cabo necesaria y exclusivamente en torno a las normas de derecho sustancial, advirtiéndose que éstas no constituyen la base fundamental de la resolución recurrida o que hayan debido serlo puesto que la orientación de la resolución recurrida se dio más que nada en la existencia y sobretodo, el incumplimiento de la obligación cedida, lo que giro en torno a cuestiones probatorias, alejándose de lo esperado en la violación directa esto es un embate dirigido a establecer la violación de la norma de derecho sustancial en sí misma sin consideraciones a errores probatorios. En consecuencia, al no quedar demostrado cómo se produjo la inaplicación de las normas de derecho enlistadas y su influencia en la resolución recurrida, el cargo de ilegalidad se desestima. SEGUNDA CAUSAL La segunda causal es la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida y su único motivo ha sido establecido de la siguiente manera: "La resolución de segunda instancia incurrió en la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, al pasar por alto la Certificación emitida por INTERCOASTAL MARINE, INC., de 21 de enero de 2009, visible a foja 37 del expediente, la cual demuestra que ningún ente administrativo de esta sociedad ha autorizado endoso de aceptación alguno sobre los contratos de cesión suscritos únicamente por CONSTRUCCIONES R.A., S.A. e INVERSIONES DUCAS, S.A., los días 5 y 13 de diciembre de 2007, así como corrobora que no existen poderes especiales, ni generales que faculten al señor I.G. a comprometer a mi cliente de alguna forma con dichos contratos de cesión. El haber ignorado la prueba a foja 37, influyó sustancialmente en la parte resolutiva del fallo impugnado, ya que de haberla valorado, el Tribunal Superior se habría percatado que no existió endoso de aceptación alguno por parte de mi representada sobre los contratos de cesión suscritos únicamente por CONSTRUCCIONES R.A., S.A., e INVERSIONES DUCAS, S.A., los días 5 y 13 de diciembre de 2007, razón por la cual no existe vínculo obligacional que imponga a mi clienta el cumplimiento de los efectos de unos contratos de cesión de los cuales no formó parte, y hubiese declarado probada la excepción de inexistencia de la obligación invocada." El artículo 780 del Código Judicial es la norma probatoria violentada; así como, normas de derecho sustancial los artículos 976 y 1108 del Código Civil, respectivamente. DECISIÓN DE LA SALA DE LO CIVIL El error de hecho tiene que concretarse a establecer que el tribunal de la segunda instancia ha supuesto una prueba que no obra en el expediente o ha ignorado la presencia de la que sí está, hipótesis que comprenden la desfiguración del medio probatorio bien por adición o por cercenamiento, pero es preciso que la conclusión a que llegó el tribunal de la segunda instancia por causa de dicho yerro sea determinante, esto es, contraria a la realidad fáctica establecida por la prueba. Se dice de la preterición de la certificación expedida por el secretario de la Junta Directiva de INTERCOASTAL MARINE, INC., que de su contenido se extrae que ni la junta directiva ni la de accionistas de la sociedad han autorizado los endosos de aceptación de ningún contrato de cesión firmado entre INVERSIONES DUCAS, S.A. y CONSTRUCTORA R.A., S.A. De igual manera, indica que para diciembre de 2007, el señor I.G. no se le había otorgado poder especial o general para comprometer a la empresa. Sin embargo, aunque este documento privado auténtico no haya sido contemplado objetivamente por el tribunal de la segunda instancia no resulta suficiente para desvincular al recurrente de la obligación cedida, pues, si bien el ordenamiento jurídico consagra como medida de protección al deudor de buena fe lo previsto en el artículo 1279 del Código Civil que dice "todo deudor que antes de tener conocimiento de la cesión satisfaga a su acreedor primario, quedará liberado de la obligación; no debe perderse de vista que la doctrina y la jurisprudencia dominante son claras al establecer que para la eficacia del contrato de cesión de crédito no se requiere de la intervención del deudor (Cfr. D.A.C. en Contratos Civiles, Tomo I, p. 229), salvo cuando el crédito cedido establezca una prohibición de transferirlo o cuando la obligación haga no cedible el crédito al comprenderse que solamente se precisa que se le haya puesto en conocimiento efectivo de la cesión realizada, pues el pago previo realizado al su acreedor originario (el cedente), es válido. De igual manera, en asuntos mercantiles como es el caso que nos ocupa el artículo 789 del Código de Comercio se consagra que la cesión solamente producirá efectos legales con respecto al deudor desde que le sea notificada ante dos testigos, o en cualquier otra forma autentica. El deudor que rehusare reconocer por acreedor al cesionario y quiera oponer excepciones que no resulten del título cedido, deberá manifestar su inconformidad en el acto de notificación o dentro de veinticuatro horas a más tardar. Vencido este término se tendrá por aceptada la cesión para todos los efectos legales. Sin embargo, la realidad que surge de los autos es que INTERCOASTAL MARINE, INC. sí tuvo conocimiento o lo que es equiparable notificación de la cesión sin expresar reserva alguna en cualquier forma auténtica, entendida tal, ya sea en el acto de notificación de la demanda o en su libelo contestatario o dentro de las veinticuatro horas siguientes a más tardar, fijándose que el medio exceptivo invocado sólo enfrentó la aceptación indebida de la cesión por un trabajador no autorizado; sin embargo, no ha refutado la relación jurídica en el estado en que se encontraba al momento de la cesión, esto es la inexistencia de la compraventa, ni su pago liberatorio o demás excepciones oponibles a ella, como por ejemplo la compensación frente al acreedor primario (el cedente). En fin, aún cuando ha sido demostrado que la prueba no fue contemplada físicamente, el error de hecho aducido no es trascendental e influyente sin que haya determinado la decisión final, al punto que de no haber existido, la sentencia habría sido distinta, ya que lo demostrado en este documento no destruye la producción real y cierta del conocimiento del deudor de la cesión llevada a cabo, por consiguiente, el cargo de ilegalidad es descartado. TERCERA CAUSAL La tercera causal es la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida y los tres (3) motivos que la apoyan se mencionan así: "PRIMERO: La resolución de segunda instancia comete un yerro de apreciación probatoria al examinar la copia simple de la factura No. 070 de 4 de diciembre de 2007, visible a foja 6 del expediente, y la copia simple de la factura No. 071 de 13 de diciembre de 2007, visible a foja 8 del expediente. Si el Tribunal hubiese apreciado correctamente los documentos a fojas 6 y 8 del expediente, hubiese concluido que son documentos privados que carecen de valor probatorio al ser copias simples de facturas que provienen de una sociedad que no es parte del proceso y de los cuales no consta en el proceso su reconocimiento por su emisor, ni por su supuesto aceptante, habiendo sido objetados por nuestra representada. El error de valoración probatoria de los documentos a fojas 6 y 8 del expediente es de fundamental trascendencia en la decisión que se recurre, toda vez que al no apreciar correctamente estos documentos, el Tribunal Superior consideró que existía un vínculo obligacional que le impone a mi clienta el pago de una suma emanada de estos documentos que carecen de eficacia probatoria. De haber apreciado correctamente los documentos a fojas 6 y 8, el Ad quem se habría percatado que no estaba acreditada la relación comercial alguna entre la actora y mi cliente, y mucho menos que mi representada le adeudara suma de dinero alguna a la demandante, con lo cual hubiese revocado la decisión apelada y en su lugar, hubiese denegado las pretensiones de la demandante, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación invocada. SEGUNDO: La sentencia de segunda instancia comete el grave yerro de apreciación probatoria al valorar los contratos de cesión suscritos únicamente por CONSTRUCCIONES R.A., S.A. e INVERSIONES DUCAS, S.A., los días 5 y 13 de diciembre de 2007, apreciables a fojas 5 y 7 del expediente respectivamente, otorgándole un valor probatorio que por Ley no le corresponde, por cuanto los endosos de aceptación a sus reversos no fueron reconocidos en el proceso, con lo cual carecen de validez probatoria. Si el Tribunal hubiese apreciado correctamente los documentos a fojas 5 y 7 del expediente, se hubiese percatado que los endosos de aceptación que aparecen en estos documentos no fueron reconocidos en el proceso, habiendo sido objetos estos documentos por nuestra representada, situación que les restaba valor probatorio e impedía su análisis para la toma de decisiones. El error de concederle valor probatorio a los documentos a fojas 5 y 7 del expediente, cuando por ley no los tienen, influyó sustancialmente en lo decidido en el fallo impugnado, porque de su análisis se dedujo equivocadamente como conclusión que sí existieron los endosos de aceptación por parte de mi representada en los contratos de cesión suscritos únicamente por CONSTRUCCIONES R.A., S.A. e INVERSIONES DUCAS, S.A., los días 5 y 13 de diciembre de 2007, razón por la cual estableció erradamente que existía un vínculo obligacional que le imponía a mi clienta el cumplimiento de los efectos de unos contratos de cesión de los cuales no formó parte. De haber apreciado correctamente los documentos a fojas 5 y 7, el Ad quem se habría percatado que no había endosos de aceptación reconocidos, razón por la cual no existe vínculo obligaciones entre mi representada y la parte actora, con lo cual hubiese revocado la decisión apelada y en su lugar, hubiese denegado las pretensiones de la demandante, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación invocada. TERCERO: La sentencia de segunda instancia comete el grave yerro de apreciación probatoria al examinar los documentos privados que rolan a fojas 10-13 del expediente otorgándoles un valor probatorio que por Ley no les corresponde, por cuanto no fueron reconocidos en proceso, con lo cual carecen de validez probatoria. Si el Tribunal hubiese apreciado correctamente los documentos a fojas 10-13 del expediente, se hubiese percatado que estos documentos no fueron reconocidos en el proceso habiendo sido objetados por nuestra representada, situación que les restaba valor probatorio e impedía su análisis para la toma de decisiones. El error de concederle valor probatorio a los documentos a fojas 10-13 del expediente, cuando por ley no los tienen, influyó sustancialmente en lo decidido en el fallo impugnado, porque de su análisis dedujo que entre demandante y mi representada existió una relación comercial, razón por la cual estableció erradamente que existía un vinculo obligacional que le imponía a mi clienta el cumplimiento de los efectos de unos contratos de cesión de los cuales no formó parte. De haber apreciado correctamente los documentos a fojas 10-13, se habría percatado la carencia de elemento probatorio eficaz que demostrara la existencia de una relación comercial entre la parte actora y mi clienta, con lo (sic) hubiese revocado la decisión apelada y en su lugar, hubiese denegado las pretensiones de la demandante, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación invocada." Los artículos 781,871 del Código Judicial, el artículo 244, numeral 4 del Código de Comercio son las normas probatorias violentadas. De igual manera, los artículos 976 y 1108 del Código Civil son las enlistadas como normas de derecho sustancial infringidas. DECISIÓN DE LA SALA DE LO CIVIL Se tiene por sentado que el error de derecho se presenta precisamente cuando a la hora de desentrañar el valor de las pruebas, esto es, cuando a pesar de la correcta apreciación de las pruebas en cuanto a su existencia, el tribunal de la segunda instancia se equivoca al momento de fijarle eficacia demostrativa bien porque atribuye un mérito que la ley no les concede o bien negándoles el que ella les asigna. Al mismo tiempo, para demostrar el error de derecho el recurrente deberá confrontar la realidad que resulta de la prueba con la errada valoración probatoria efectuada por el tribunal de la segunda instancia. Por último, su existencia no es suficiente para desvirtuar la resolución recurrida, sino que es necesario que el error sea trascendental y determinante de la decisión final, al punto que no haber existido, tendría sentido distinto. Las primeras pruebas documentales presuntamente valoradas indebidamente consisten en la factura No. 070 de 4 de diciembre de 2007, a foja 6 y la factura No. 071 de 13 de diciembre de 2007, que corre a foja 8 del expediente por tratarse, según el recurrente, de copias simples proveniente de un tercero que no han sido reconocidas por su emisor ni por su aceptando por su objeción en tiempo debido. Por su parte, la resolución recurrida respecto a la valoración probatoria de las facturas exteriorizo lo siguiente: "Ahora bien, la parte demandada alega que dichas facturas no son documentos válidos por cuanto las mismas no son originales sino una copia al carbón y porque la firma que aparece en la misma no es de persona autorizada o el representante legal de INTERCOASTAL MARINE, INC. Sobre el particular, este Tribunal estima valorar dichas copias al carbón, de acuerdo con la sana crítica, y en conjunto con las otras pruebas, tal como lo permiten los artículos 833,857,862,873,875 del Código Judicial por las siguientes razones. Hemos dichos (sic) que valoraremos las copias al carbón de las facturas, primero porque en la práctica, los comerciantes cuando hacen una factura generalmente entregan el original al comprador y conservan una copia para sus archivos y si la mercancía ha sido pagada al original que entregan al comprador le estampan un sello de pagado. Es decir, que lo más seguro es que el comprador conserve el original de dichas facturas. En segundo lugar, tenemos que este Tribunal reiteradamente ha sostenida (sic) que la firma que aparece en las facturas no tiene que ser del Gerente o del R.L. de la empresa que recibe la mercancía, porque en la práctica ninguna de estos agentes son los que reciben la mercancía, sino la persona o conductor que busca la mercancía o la persona que esté en el negocio del comprador en el momento que entregan la mercancía. En tercer lugar, también se advierte que la parte demandada al contestar la demanda, si bien objetó las pruebas presentadas, sólo las objetó por ser copias simples mas no adujo que eran falsas o que la firma de la persona que las aceptaba fuera falsa, tal como lo exige el artículo 861 del Código Judicial, en relación con el artículo 879 ibídem. Ni tampoco alegó la parte demandada que hubiere cancelado el precio de la mercancía que le fue vendida o sea que hubiere cancelado el importe de las facturas. Y, en cuarto lugar, se advierte que un empleado de confianza de la empresa demandada, según señala la demanda al contestar el hecho quinto de la demanda, fue notificado de las cesiones de crédito, tal como consta a fojas 5 vuelta y a fojas 6 vuelta, y en dichas cesiones se hacia alusión a las Facturas Nos. 070 y 071." Es sabido que en el tráfico comercial las facturas son documentos que contemplan la compraventa de mercancías efectuadas. En ese sentido, el artículo 776 del Código de Comercio señala: "el comprador tendrá derecho a exigir del vendedor la formación y entrega de una factura de las mercaderías vendidas, y el recibo al pie de ella del precio total o de la parte que hubiere entregado. No reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de los ochos días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada." Si bien ciertamente, la sola emisión de la factura no crea prueba a favor de quien la expide, por ello, la factura aceptada constituye por sí un medio de prueba suficiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 244, que indica "las obligaciones mercantiles y sus excepciones se probarán", numeral 4, "con las facturas aceptadas." Como vemos, la aceptación puede darse expresa o de manera táctica. Es expresa cuando se encuentre autorizada por la firma de la persona a quien se opone o bien y tácita cuando la persona a quien se opone no reclama contra su contenido dentro de los ocho (8) días siguientes la entrega de la misma. Ahora bien, en el presente caso, indefectiblemente se evidencia que el tribunal de la segunda instancia cumplió con su labor de valorar estas pruebas correctamente porque es conocido que entre comerciantes es usual que el vendedor entregue al comprador un duplicado o copia al carbón de la factura por precisamente instrumentar la compraventa de las mercaderías realizadas. De ahí que no ha se discutida la aceptación de las facturas indicadas por aparecer estampada una firma que se presume es de un colaborador de la empresa quien recibe la mercancía que no ha sido contradicha de falsa; igualmente, no ha sido reclamado su contenido en el término legal previsto, porque las objeciones de la demandada -recurrente solamente recaen sobre la representación del acto, su existencia, sin combatir sus caracteres especiales como la veracidad del contenido y la autenticidad por no tacharse de falsa su firma. La segunda de las pruebas erróneamente valoradas recae en los contratos de cesión suscritos por CONSTRUCCIONES R.A.,S.A. e INVERSIONES DUCAS, S.A., los días 5 y 13 de diciembre de 2007, apreciables a fojas 5 y 7 del expediente, indicándose que los endosos de aceptación no fueron reconocidos en el proceso, careciendo de validez probatoria. Al contemplarse objetivamente las pruebas referidas se acredita que son documentos privados autenticados por su reconocimiento por Notario Público autorizado de acuerdo a lo previsto en el artículo 865 del Código Judicial. Además, este documento privado auténtico tiene el mismo valor que un documento público respecto de su contenido para quienes lo hubiesen suscritos, salvo de terceros tal como lo ordena el artículo 858 lex citae. En cuanto a esta prueba documental, la resolución recurrida expresó el siguiente discurso argumentativo probatorio: "Y con las cesiones de crédito que aparecen a fojas 5 y 7 se acredita que CONSTRUCCIONES R.A., S.A. cedió a INVERSIONES DUCAS, S.A. la suma de B/.16,155.45, crédito que tenía contra INTERCOASTAL MARINE, INC., por razón de la Factura No. 070, del 4 de diciembre de 2007; y se acredita que CONSTRUCCIONES R.A., S.A., cedió a INVERSIONES DUCAS, S.A. la suma de B/.28,718.50, crédito que tenía contra INTERCOASTAL MARINE, INC., por razón de la Factura No. 071, del 13 de diciembre de 207, respectivamente. Dichas cesiones de crédito se encuentran debidamente autenticadas ante Notario y dos testigos, por lo que tienen pleno valor probatorio. Además, dichas cesiones fueron notificadas a INTERCOASTAL MARINE, INC., desde que el señor I.G., empleado de dicha empresa aceptó las cesiones y su firma aparece autenticada ante Notario y dos testigos, a fojas 5 y 7 vuelta. Y valga aclarar que aún cuando consideramos que dicha notificación no es válida, por cuanto dicho señor no es el R.L. de INTERCOASTAL MARINE, INC., ya hemos adelantado que el deudor cedido no requiere prestar su consentimiento sino que tiene que ser notificado de la cesión para que éste le afecte. Es cierto que conforme el artículo 789 del Código de Comercio, la notificación de la cesión de un crédito mercantil al deudor debe hacerse ante dos testigos, pero conforme a esa misma norma la misma puede hacerse en otra forma auténtica y, en ese sentido, debe entenderse que INTERCOASTAL MARINE, INC. quedó notificada de la cesión desde que recibió el traslado de la demanda o contestó la demanda, porque ello se da ante el Juez de la causa y debe reputarse de forma auténtica. Valga aclararse que, conforme el artículo 789 del Código de Comercio al no excepcionarse contra la cesión de crédito, en el término de veinticuatro se bonifica la cesión, es decir que la misma se tiene por aceptada por el deudor cedido sin que pueda proponer excepciones contra la misma. Debe aclararse que si bien la demandada interpuso una excepción de inexistencia de la obligación, la misma iba dirigida a tacar realmente la notificación o aceptación de la cesión por parte del señor I.G. pero no iban dirigidas a acreditar el pago de la obligación reclamada, ni a atacar la existencia de la obligación reclamada contenidas en las facturas. Es decir, pues, que CONSTRUCCIONES R.A., S.A. cedió a INVERSIONES DUCAS, S.A., créditos que tenía contra INTERCOASTAL MARINE, INC., por un monto total de B/.44,873.95 y dicha cesión fue notificada de manera auténtica a INTERCOASTAL MARINE, INC." De la misma forma, vemos que el tribunal de la segunda instancia valoró de forma adecuada las cesiones realizadas sin observarse un alejamiento de lo consignado en la ley, al efectuarse bajo el tamiz de la sana crítica ya que tal como expreso la resolución recurrida, el contratante cedido, esto es, el deudor no es participe de la cesión; exigiéndose únicamente para efectos del cumplimiento del pago al nuevo acreedor que sea notificado o comunicado efectivamente porque todo pago realizado a su acreedor original antes de tener conocimiento de la cesión es válido. En consecuencia, al quedar comprobado su comunicación o bien, su notificación en forma auténtica que en este caso se da en el traslado de la demanda sin contrarrestarse la inexistencia de la relación jurídica en el estado en que se encontraba antes, el pago liberatorio o excepciones oponibles como la compensación, entre otros, se distingue su eficacia demostrativa. Igual suerte corren las pruebas documentales complementarias insertas a folios 9 a 13, del dossier por que las mismas, sin lugar a dudas, confirman que el contratante cedido, esto es, el deudor, tenía conocimiento de la cesión convenida entre cedente y cesionario por haber pagado las sumas de dineros adeudas en la factura propuesta a su nueva acreedora, la cesionaria sin oposición alguna. Al respecto, la resolución recurrida destacó lo siguiente: "Además, de lo expuesto, también existen otras pruebas en el proceso, como lo son las copias y el talonario de un cheque que aparece de fojas 10 a 13, que dan cuenta que entre las partes se realizó operación igual anteriormente. Así tenemos que a fojas 11 consta una cesión por parte de CONSTRUCCIONES R.A., S.A. de un crédito contra INTERCOASTAL MARINE, S.A. (sic), a favor de INVERSIONES DUCAS, S.A., por la suma de B/.12,247.07, suma que fue pagada por INTERCOASTAL MARINE, S.A. (sic) según consta en la copia de cheque a fojas 12 y que si bien el cheque es una copia a fojas 13 consta el talonario de cheque, el cual puede ser valorado, en atención a la sana crítica y conforme el artículo 874 del Código Judicial." En fin, al no quedar demostrada la equivocada valoración probatoria de cada una de las pruebas y en su conjunto, al ajustarse a la sana crítica, es decir, a las reglas de la lógica, las máximas de las experiencia y el conocimiento científico consolidado, el cargo no es próspero. Ante la falta de comprobación de los errores de juicio incitados, la resolución recurrida no es casable. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones expuestas, LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución de 30 de julio de 2012, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial, en el proceso sumario incoado por INVERSIONES DUCAS, S.A. contra INTERCOASTAL MARINE, INC. Se impone costas por la suma de TRESCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.300.00). N., HARLEY J. MITCHELL D. OYDÉN ORTEGA DURÁN -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)