Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 17 de Julio de 2013

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución17 de Julio de 2013
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS: Cursa en esta S. de la Corte Suprema de Justicia, el cuadernillo que contiene el Incidente de Cobro de Honorarios presentado por el LIC. R.C.R., dentro del Proceso Ordinario propuesto por ADMINISTRACIÓN DE RECAUDO, S.A. contra SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC), en virtud del recurso de Casación interpuesto por el LIC. R.A.-CHORRES, apoderado judicial de la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC), contra la resolución de 23 de noviembre de 2011, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. La resolución impugnada, apreciable a fojas 124-140, reformó el Auto No.2013 de 9 de diciembre de 2010, dictado por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido que su parte resolutiva se lea así: "DECLARA NO PROBADAS la Excepción de petición antes de tiempo y la Excepción de Pago; y FIJA en la suma de SETENTA Y DOS MIL BALBOAS CON 00/100 CENTESIMOS (B/.72,000.00) los honorarios profesionales adeudados por la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.) al Licenciado R.A.C.R., en razón de la cláusula cuarta del contrato de servicios profesionales de 26 de mayo de 2008. Las costas de primera instancia a favor del Incidentista, y a cargo de la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.), se fijan en la suma de B/.500.00. Por razón del recurso de apelación, se condena en costas a la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.), las que se fijan en la suma de B/.100.00". (fs. 139-140) El recurso extraordinario ensayado fue admitido mediante resolución de 18 de mayo de 2012, y posteriormente fue concedido el término de alegatos a que hace referencia el artículo 1185 del Código Judicial, el cual fue aprovechado por la parte recurrente. CAUSALES Y MOTIVOS Dicho lo anterior, le corresponde a la S. dilucidar el remedio intra-procesal interpuesto, teniendo presente que la parte recurrente invocó dos conceptos de la causal de fondo, siendo la primera modalidad, la Infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. En el único motivo que sustenta este concepto de la causal de fondo, se indica: "El Tribunal Superior para reformar la resolución que fija el monto de los honorarios profesionales al incidentista, estimó que el acontecimiento que constituye la condición descrita en la cláusula cuarta, que contiene el bono de éxito que obliga al pago de setenta y dos mil balboas (B/.72,000.00) en el Contrato de Servicios Profesionales, celebrado entre el abogado R.A.C. y la demandada, la Sociedad Panameña de Autores y Compositores, se cumplió porque la resolución favorable era la sentencia de primera instancia y se equivocó, porque desconoció que el Contrato de Servicios Profesionales se revocó con la designación de un nuevo apoderado judicial, antes que quedará firme el fallo de primera instancia, de modo que se infringe la regla de derecho por la cual, no se puede exigir el cumplimiento de una cláusula que contiene una condición suspensiva, inserta en un contrato que no produce efecto, por haber sido revocado y de esta forma el error influyó en la parte resolutiva de la resolución recurrida en casación". (f.160) Cita la recurrente como normas infringidas los artículos 644 y 995 del Código Judicial, más los artículos 1137, 1423 y 999 del Código Civil. Respecto al cargo que sustenta el concepto de violación directa, el Tribunal Superior manifestó, en la resolución impugnada, lo siguiente: "Valga aclarar, que del contenido del Incidente de Cobro de Honorarios presentado por el Licenciado R.A.C.R., se advierte que éste reclama únicamente el reconocimiento de los honorarios pactados en la cláusula cuarta del contrato, y no los comprendidos en la cláusula tercera. El artículo 999 del Código Civil señala que en las obligaciones sujetas a condición, como lo es la contenida en la cláusula cuarta del contrato, la adquisición de derechos depende del acontecimiento que constituye la condición. Según lo acordado en la referida cláusula cuarta, el acontecimiento o evento futuro e incierto, de cuya concurrencia depende la prestación a cargo de la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.) de pagar B/.72,000.00 al incidentista, consiste en que aquella, en cualquiera de las instancias del proceso (primera y segunda instancia o casación), obtuviera una resolución favorable. Las constancias del expediente principal contentivo del proceso ordinario incoado por ADMINISTRACION Y RECAUDOS, S.A. contra SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.) reflejan lo siguiente: mediante Sentencia N°70 de 11 de agosto de 2008, el Juez de conocimiento declaró probadas las Excepciones de contrato No Cumplido y Prescripción de la Acción en beneficio de la demandada, y en consecuencia desestimó la pretensión (fs. 155-163); mediante sentencia de 16 de diciembre de 2009 proferida por esta Superioridad, se reforma la sentencia de primer grado, tan sólo en el sentido de reducir las costas a cargo de la parte actora en la suma de B/.222,950.00, confirmando la resolución en lo demás (fs. 214-228), y mediante resolución de 23 de julio de 2010, la S. Civil de la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso de casación interpuesto por la demandante (fs. 258-263). De lo antes anotado se aprecia que la resolución favorable a los intereses de la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.) es la sentencia de primera instancia, en la cual se desestimó la pretensión a causa del reconocimiento de las excepciones de Contrato No Cumplido y Prescripción de la Acción, debido a que en segunda instancia solamente se reformó la sentencia de primer grado para efecto de reducir el monto de las costas, y el proceso no llegó a casación. Cabe señalar que, si bien encontrándose el proceso en fase de saneamiento en la segunda instancia, le fue revocado el poder conferido al Licenciado R.A.C.R. (fs. 169-170), lo cierto es que la condición pactada por las partes, cuyo acontecimiento está sujeto (sic) la efectividad de la prestación de pagar B/.72,000.00, es una resolución favorable en cualquiera de las instancias. Y siendo que la resolución favorable a la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.) dentro del proceso ordinario que en su contra le interpuso ADMINISTRACION Y RECAUDOS, S.A. lo es la sentencia de primera instancia, es palmario que el acontecimiento que constituye la condición descrita en la cláusula cuarta del contrato se cumplió, de allí que emerja el derecho del incidentista a que le sea reconocido lo que las partes contratantes libremente acordaron. Valga indicar que la revocatoria de poder al Licenciado R.A.C.R. se dio con posterioridad a la sentencia de primera instancia, exactamente cuando el expediente se encontraba en saneamiento en la segunda instancia". (fs.134-136) Explicado lo anterior, la S. debe iniciar su examen destacando que tanto la doctrina más autorizada, como la jurisprudencia patria, han señalado que la infracción de normas sustantivas en concepto de violación directa se produce cuando el Tribunal deja de aplicar una disposición jurídica, clara y específica, a un caso en concreto; o cuando aplicada la norma, se desconoce el derecho que consagra. De la misma manera, se ha puntualizado que en esta modalidad de la causal de fondo, se debe prescindir de cualquier análisis o ponderación probatoria, porque la supuesta infracción discutida es estrictamente de derecho y no guarda relación con valoración de pruebas. Esta estimación encuentra cabida en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1169 del Código Judicial que expresa que "En la causal de violación directa y en la de interpretación errónea, no pueden invocarse errores de hecho o derecho en cuanto a la prueba". Con lo anterior debe entenderse que cuando se acusa a una resolución de infringir normas sustantivas por violación directa, lo que se censura es el desconocimiento del derecho que el ordenamiento jurídico consagra. Por tal razón, en el fallo impugnado debe haberse dejado por sentado, de manera clara, que el hecho del cual deviene el derecho que se reclama o que se considera infringido, está plenamente probado. Dada esta aclaración conceptual, esta S. estima que el recurso de Casación formulado en el fondo, bajo la modalidad de violación directa, obliga a efectuar un análisis profundo de la cláusula cuarta del Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre el incidentista, en su calidad de abogado, y la recurrente, en su condición de cliente, cláusula que a la letra expresa: "CLAUSULA CUARTA: Declaran las partes, EL CLIENTE Y EL ABOGADO, que de obtenerse una resolución a favor de EL CLIENTE en cualesquiera de las instancias del proceso como lo son la sentencia o excepciones de primera instancia, apelación en segunda instancia, casación o cualquier otro recurso judicial, o acuerdo extrajudicial, EL CLIENTE pagará a EL ABOGADO la suma de SETENTA Y DOS MIL BALBOAS (B/.72,000.00), en el término de veinticuatro meses (dos años), contados a partir de la ejecutoria de la resolución aludida o acuerdo extrajudicial, en abonos mensuales de TRES MIL BALBOAS (B/.3,000.00)". (foja 6) De la lectura de la cláusula cuarta previamente transcrita, la S. interpreta que tanto el tenor de las palabras utilizadas como la intención de los contratantes era claro al establecer un premio o "bono de éxito", como lo señala la casacionista, que se lograría al obtenerse una resolución a favor de EL CLIENTE en cualesquiera de las instancias del proceso, es decir, que la condición establecida guardaba relación con la obtención de la resolución favorable a la recurrente, siendo exigible el pago del premio o bono de éxito, una vez se encontrara ejecutoriada esta decisión. La S. considera que el hecho que la casacionista en su condición de cliente, hubiese revocado el poder al abogado incidentista después de proferida la decisión de primera instancia, no enerva los efectos jurídicos del contrato de servicios profesionales suscrito, y menos de la condición suspensiva impuesta, toda vez que las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes, conforme lo impone el artículo 976 del Código Civil. En este sentido, esta Superioridad no puede avalar el criterio que soporta el motivo en estudio, habida cuenta que de apoyar este razonamiento se estaría permitiendo que la validez y el cumplimiento del contrato de servicios profesionales bajo análisis, quedase al arbitrio de una de las partes, lo cual contraría lo conceptuado en el artículo 1107 del Código Civil que expresa que "La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes". Al respecto, el jurista J.P.B., citado por los Dres. A.V.M. y V.T.L., sostiene que "es evidente que el hecho incierto del que dependa la eficacia de la obligación ha de producirse, o dejar de producirse, con independencia de la voluntad de una de las partes. De lo contrario no se trataría de una condición, sino de que uno de los contratantes se había reservado decidir sobre la eficacia del contrato". (VALENCIA MORENO, A. y T.L., V.. Manual de Obligaciones. Tomo I, 1 edición, Panamá, Junio 2011, pág. 250) En el expediente está acreditado, y no ha sido materia de discusión en este negocio, que en primera instancia se profirió la Sentencia N°70 de 11 de agosto de 2008, en la cual se declaró probadas las Excepciones de Contrato No Cumplido y Prescripción de la Acción en beneficio de la demandada-recurrente en Casación, y en consecuencia desestimó la pretensión, imponiendo el pago de costas a favor de la recurrente en la suma de B/.318,500.00. (fs. 155-163 del expediente principal). Asimismo, consta la sentencia de 16 de diciembre de 2009, proferida por el Primer Tribunal Superior, que reformó la sentencia de primer grado, tan sólo en el sentido de reducir las costas a favor de la casacionista en la suma de B/.222,950.00, confirmando la resolución en lo demás. (fs. 214-228 del expediente principal). Por último, se aprecia la resolución de 23 de julio de 2010, de esta S. Civil que no admitió el recurso de casación interpuesto por la demandante. (fs. 258-263 del expediente principal) Lo reseñado en los párrafos precedentes revela que, en efecto, sí se cumplió la condición pactada en la cláusula cuarta del Contrato de Servicios Profesionales en estudio, habida cuenta que se logró una decisión favorable al cliente en primera instancia, la cual se encuentra en firme y ejecutoriada. A juicio de esta S., si se hubiere revocado el poder previo al proferimiento de la sentencia de primer grado, o si la resolución de primera instancia hubiese sido revocada de manera adversa a los intereses del cliente-casacionista, en segunda instancia o al promoverse el Recurso de Casación, sólo frente a estos escenarios, no se cumpliría la condición pactada para la obtención del "bono de éxito". Como se ha dicho, la condición pactada en la cláusula cuarta del Contrato de Servicios Profesionales se cumplió cuando el Juez de primera instancia profirió la Sentencia N°70 de 11 de agosto de 2008, en la cual se declaró probadas las Excepciones de Contrato No Cumplido y Prescripción de la Acción en beneficio de la demandada-recurrente en Casación, y en consecuencia desestimó la pretensión, condición que se mantuvo en suspenso hasta que se ejecutorió la decisión de no admitir el recurso de Casación contra la resolución de segunda instancia que reformó, únicamente en cuanto al monto de las costas, la decisión del A quo. Sobre el particular, los autores patrios A.V.M. y V.T.L., nos señalan: "Una condición suspensiva no afecta la existencia del acto que la constituyó, porque este acto tiene existencia desde que se constituyó. Un caso práctico lo representa el testamento. Desde el momento que una persona realiza un testamento tiene existencia jurídica y validez, siempre y cuando cumpla con los requisitos que exige la norma. No obstante, su efecto y vida jurídica se produce al fallecer el testador o autor. De una cosa hay que estar claro, mientras está pendiente la condición suspensiva, el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación, porque no ha nacido ese derecho de exigir cumplimiento". (VALENCIA MORENO, A. y T.L., V.. Ob. Cit. pág. 243) En virtud de lo antes expuesto, esta Corporación descarta el cargo que soporta el único motivo invocado bajo el concepto de violación directa, así como las presuntas infracciones de los artículos 644 y 995 del Código Judicial, más los artículos 1137, 1423 y 999 del Código Civil. El segundo concepto de la causal de fondo es la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, el cual se sustenta en un único motivo que expresa lo siguiente: "PRIMERO: El Tribunal Superior, para condenar al pago de los honorarios profesionales a la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.), a favor del abogado incidentista R.A.C.R., al valorar la prueba documental de folio 19 consistente en la Certificación Contable del Contador Público Autorizado, A.N., de 1° de septiembre de 2010, sobre pagos de honorarios recibidos, a través de cheques, estimó que no valía como prueba documental, porque debió solicitarse oportunamente como prueba de inspección ocular y por ello concluyó, que no se demostraba, la excepción de pago parcial de la obligación hecha por la sociedad recurrente; y se equivocó, cuando a la prueba documental contable le negó el valor probatorio que la ley le atribuye a las (sic) certificación de Contador Público Autorizado, que de haberle dado el valor probatorio de sana crítica, en conjunto con las demás, con las copias cotejadas de cheques pagados, hubiera deducido que los pagos recibidos estaban debidamente acreditados e indican que se referían directamente al proceso ordinario a que accede el incidente y de esta forma, el error influyó de manera directa en lo dispositivo de la resolución recurrida". (f.164) La parte impugnadora cita y explica como disposición infringida el artículo 781 del Código Judicial, el artículo 1 de la L. 57 de 1 de septiembre de 1978 y el artículo 1043 del Código Civil. Respecto al cargo que se expone en el único motivo, la sentencia de segunda instancia expresó: "En cuanto a los motivos de disconformidad expuestos por el Licenciado R.A.C.R. contra la resolución de primera instancia, el Tribunal observa que dicho apoderado judicial no comulga con la decisión del Juez A-quo de reconocer parcialmente la excepción de pago alegada por la sociedad incidentada, y afirma que ésta adeuda de manera íntegra la obligación contenida en la cláusula de B/.72,000.00. Ahora bien, luego de examinar el material probatorio que llevó al Juez de la causa concluir que la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.) pagó la suma de B/.45,000.00 en concepto de la obligación condicionada descrita en la cláusula cuarta del contrato de servicios profesionales, esta Superioridad es de la opinión que tal hecho no está debidamente acreditado. Ello es así debido a que si bien en el presente incidente reposan varias copias cotejadas por Notario Público de cheques girados por la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.) a favor del Licenciado R.A.C.R. (fs. 20-25), de tales documentos no se infiere que los pagos se verificaran en razón de los servicios profesionales prestados dentro del proceso ordinario interpuesto por ADMINISTRACION Y RECAUDOS, S.A. contra la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.) Es decir, del contenido de los documentos en mención no se desprende de manera clara e inequívoca que los pagos se hayan realizado a la obligación descrita en la cláusula cuarta del contrato de servicios profesionales. Lo antes anotado cobra mayor relevancia cuando de las pruebas aportadas por la propia SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.) se desprende que el incidentista fue su apoderado judicial en otros procesos (fs. 26-24 (sic) del cuaderno), por lo que, existiendo varias obligaciones entre ambos, con mayor razón se requiere certeza de que los pagos efectuados mediante los cheques, cuyas copias cotejadas aporta la persona jurídica incidentada, son imputables a la obligación dimanante de la cláusula cuarta del contrato de servicios profesionales. En esa misma línea de pensamiento, el otro documento ponderado por el Juez de primera instancia, certificación consultable a foja 19, por provenir de un Contador Público externo de la propia SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.) dicha parte no lo puede hacer valer. En todo caso, si la intención de la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.) era demostrar el pago a través de lo que reflejan sus registros contables, ha debido solicitar oportunamente una inspección judicial, con asistencia de peritos, y no mediante una prueba documental. Ante la ausencia de pruebas que demuestren fehacientemente que la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.) haya realizado pagos a favor del incidentista en razón de la cláusula cuarta del contrato de servicios profesionales, esta Superioridad reformará el auto apelado, a fin de declarar no probado la excepción de pago parcial; y en consecuencia, se fijará el monto de los honorarios profesionales adeudados al incidentista en la suma de B/.72,000.00". (fs.137-139) Esta Superioridad desea señalar que la infracción de normas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, se produce cuando el sentenciador toma en cuenta el medio probatorio, lo analiza, sin embargo, le brinda un valor que por L. no le corresponde. Con lo anterior, queda de manifiesto que para que opere esta modalidad de la causal de fondo es necesario que la prueba haya sido ponderada en la sentencia que se impugna en Casación. Dicho lo anterior, esta Corporación disiente de los planteamientos vertidos en el fallo recurrido, para restarle el valor probatorio que por L. le corresponde a la certificación expedida por el Contador Público Autorizado, LIC. A.N., apreciable a foja 19 de este cuadernillo. La posición de esta S., reiterada y sostenidamente, ha sido la de brindarle valor probatorio a los actos ejercidos por Contador Público Autorizado, como lo son las certificaciones contables, de conformidad con lo expuesto en la L. 57 de 1978. Al respecto, esta Corporación ha externado: "La norma expuesta dice de la facultades de actuación otorgadas por esta ley a los Contadores Públicos Autorizados (C.P.A.) en el ejercicio de sus funciones, como las de dar fe pública de que la información por ellos vertida en los informes que emiten en virtud de las transacciones y actividades económicas y financieras, es fiel; en ellas se consideran como actos propios de dicha profesión, la intervención, comprobación, verificación o dictamen de fidelidad de dichas operaciones, dentro de la que se encuentra el Informe en comento. (f. 10) La Corte se ha manifestado anteriormente en cuanto al valor probatorio de estos elementos procesales, como en la sentencia de 25 de julio de 1997, en la que señaló que: 'No se pierda de vista que, en los actos propios de su profesión, los Contadores Públicos Autorizados, de acuerdo con la ley, dan fe pública respecto al registro sistemático de las transacciones económicas y financieras que realicen las personas naturales y jurídicas, sirviendo su intervención para comprobar, verificar, fiscalizar y certificar los registros de contabilidad, por lo que se debe presumir la veracidad y exactitud de sus dictámenes (art. 1, acápites a' y d' y art. 6 de la L. Nº 57 de 1978)'. (Negrilla de la S.) Por lo que se advierte, la Corte no desconoce el valor que en sí tiene como prueba el dictamen realizado por un Contador Público Autorizado, al igual que lo hizo el Primer Tribunal Superior, en este caso". (Resolución de 3 de agosto de 2004, proferida por esta S., dentro del Proceso Ordinario propuesto por INVERSIONES SAINT MALO, S.A. contra L.D.C. Y D.R.. PONENTE: J.A.T.. Expediente: 201-01) En el caso que ocupa la atención de esta Superioridad y frente a lo expuesto por el Tribunal Ad quem, esta S. es la de la opinión que si bien es cierto que de los documentos que rolan a fojas 20-25, no se puede inferir que "los pagos se verificaran en razón de los servicios profesionales prestados dentro del proceso ordinario interpuesto por ADMINISTRACION Y RECAUDOS, S.A. contra la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S.P.A.C.)" (f.138); tampoco es posible aseverar que los pagos se efectuaron para hacerle frente a honorarios profesionales adeudados que correspondían a otro u otros procesos. Ante este escenario de incertidumbre sobre cuál es la obligación que se pretende cancelar con estos pagos, cobra mayor relevancia probatoria la certificación contable visible a foja 19, documento suscrito por Contador Público Autorizado y reconocido ante Notario, el cual da fe pública que, según los registros contables de la recurrente, constan pagos realizados al incidentista en virtud del Contrato de Servicios Profesionales, que se relaciona con el proceso instaurado por ADMINISTRACIÓN Y RECAUDOS, S.A. contra la casacionista. Esta prueba a foja 19, examinada en concordancia con las copias autenticadas ante Notario de cheques visibles a fojas 20-25, y con el Contrato de Servicios Profesionales apreciable a fojas 5-6, revela, como lo advirtió el juzgador A quo, que se habían efectuado "pagos por la suma de B/.45,000.00, tendientes a cubrir el bono de éxito pactado por los contratantes en el instrumento suscrito el veintiséis (26) de mayo de dos mil ocho (2008), quedando como remanente la cantidad de B/.27,000.00, suma ésta que será utilizada para la fijación de los honorarios debidos por la sociedad demandada al abogado incidentista". (fs.73-74) Por ello, esta Corporación estima que existen méritos suficientes para otorgarle pleno valor probatorio a la certificación contable a foja 19, y reconocer el pago parcial alegado por la casacionista, como lo declaró el Juzgador de primera instancia. Como corolario de lo antes señalado, esta Corporación considera fundado el cargo que soporta el concepto de error de derecho en cuanto a la errada apreciación que efectuó el Ad quem respecto de la certificación contable a foja 19, así como estima fundamentadas las explicaciones de infracción al artículo 781 del Código Judicial, el artículo 1 de la L. 57 de 1 de septiembre de 1978 y el artículo 1043 del Código Civil, razón por la cual se casará la resolución recurrida. No obstante, la S. debe aclarar que el Juez de primera instancia no ha debido pronunciarse respecto a la Excepción de Petición Antes de Tiempo y la Excepción de Pago, toda vez que las excepciones constituyen un medio de defensa con que cuenta el demandado para impedir, extinguir o modificar la pretensión, es decir, es propio de los procesos, no de los incidentes, donde se resuelven controversias o cuestiones accidentales. Por ello, en reemplazo de la resolución de segunda instancia, esta Superioridad procederá a revocar la decisión del Juez A-quo, y en su lugar se declarará probado parcialmente el incidente de marras. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la L., CASA la resolución de 23 de noviembre de 2011, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y, en su lugar, REVOCA el Auto No.2013 de 9 de diciembre de 2010, dictado por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, proferido en el Incidente de Cobro de Honorarios presentado por el LIC. R.C.R., dentro del Proceso Ordinario propuesto por ADMINISTRACIÓN DE RECAUDO, S.A. contra SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC), y en su lugar, DECLARA PROBADO PARCIALMENTE el Incidente, y FIJA en VEINTISIETE MIL BALBOAS (B/.27,000.00) los honorarios profesionales adeudados por la sociedad demandada al abogado incidentista. Las costas de primera instancia a cargo de la sociedad demandada, se fijan en la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.6,400.00). La condena en costas de Segunda Instancia a favor de SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC) y contra el incidentista, se fijan en la suma de CUATROCIENTOS BALBOAS (B/.400.00). N., HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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