Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 21 de Junio de 2013

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:21 de Junio de 2013
Emisor:Primera de lo Civil
 

VISTOS: La firma forense Morgan & Morgan, en representación del curador de la quiebra y de un número plural de acreedores de The Providence Corporation, ha presentado a la Sala dos (2) recursos de casación contra la Sentencia de 28 de diciembre de 2006[81] , emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso de quiebra de la citada corporación, llevado en el Juzgado Decimosexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil. Ambos recursos se apoyan en la causal de fondo. Por cuestión de orden, la Sala hará una síntesis de la decisión recurrida, para luego conocer los motivos que sustentan cada impugnación. Antecedentes: Con ocasión de la solicitud urgente formulada por el curador de la quiebra de The Providence Corporation el 20 de diciembre de 2004, para que se declaren pagos hechos dentro del período de retroacción declarado mediante Auto No. 1855, de 19 de diciembre de 2002 y que se ordene la entrega de las sumas correspondientes a estos pagos, según lo dispuesto en el artículo 1579 del Código de Comercio, fue emitido el 23 de marzo de 2005, por el Juzgado Decimosexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, el Auto No. 303. En este pronunciamiento, que se extiende de la foja 4903 a la foja 4923 del Tomo XI la juzgadora hizo una disquisición de la situación de The Providence Corp. a fin de determinar si los desembolsos fueron hechos durante el período de retroacción y si tales sumas eran susceptibles de ser devueltas, de conformidad con lo ordenado por el artículo 1579 del Código de Comercio. A partir de ese análisis, la juzgadora concluye que determinados actos de dominio y administración se hicieron dentro del período de quiebra de la fallida, por lo cual los consideró nulos de pleno de derecho, fundado en lo establecido en este artículo 1579, y estimó procedente la restitución de las sumas cobradas. En este sentido explicó que, al imprimirles el carácter de nulos de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria especial, los efectos jurídicos de los actos ocurridos luego de la primera fecha de caracterización de la quiebra, son iguales a los ocurridos después de la fecha de retroacción. Bajo este marco jurídico, manifestó la jueza que antes de dictar el Auto No. 1855, de 19 de diciembre de 2002, que retrotrajo la fecha de la quiebra y sus efectos, no hubo contradictorio anterior, ya que el Auto No. 441, de 1 de marzo de 2001 estaba ejecutoriado según lo dispuesto en el artículo 1549 del Código de Comercio y de los autos No. 18 de 4 de enero de 2002 y No. 43 de 8 de enero de 2002, que resuelven la demanda de reposición presentada por el fallido; éste se allanó mediante escrito de 11 de enero de 2002. Luego de confirmar estos hechos determinantes, aclaró que el criterio para la fijación de la fecha de declaratoria de quiebra coincide con el inicio de la cesación generalizada de pagos por el quebrado, entre cuyos efectos destaca la regulación especial por normas de orden público y la paridad de condiciones de los acreedores. Tras dilucidar estos aspectos, se circunscribió la juzgadora al análisis de la deuda entre Banco DISA, S.A. con The Providence Corp., aparte de confirmar la nulidad de pleno de derecho de los actos de domino o administración de The Providence Corp. con Banco DISA durante el período de retroacción, explicó que ésta también es procedente atendiendo a la confirmación derivada del Auto 1855, en relación con el artículo 1551 del Código de Comercio, de los que se desprende que Banco DISA, como acreedor, manejaba información privilegiada sobre la situación de The Providence Corp. de la cual abusó durante la fase de cesación o suspensión de pagos, al tener todas las cuentas de la fallida en su poder, de donde debitó una serie de créditos, en perjuicio del resto de los acreedores. Aunado a lo anterior, la jueza señaló que el agente corredor de bolsa E-Trade le pasó a Grupo DISA todos los activos de la fallida a una cuenta el 31 de agosto de 2000. Por tanto, teniendo estos hechos por acreditados como premisa, la señora jueza resolvió que las solicitudes formuladas por el curador para la devolución de los pagos realizados entre el 31 de agosto y octubre de 2000, eran viables, por ser posteriores al 12 de julio de 2000. De allí que ordenara la restitución de B/.40,577,437.32 a la masa de la quiebra. Como consecuencia, los apoderados especiales de Banco DISA (en liquidación forzosa admnistrativa) apelaron de la decisión y anunciaron pruebas en segunda instancia (fs. 4940). Decisión del Tribunal Superior: Mediante resolución de 28 de diciembre de 2006 el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá se pronunció sobre la alzada. En principio destacaron los magistrados en esta resolución que el debate recae tanto sobre el proceso de quiebra surtido ante la jurisdicción civil ordinaria, como sobre el proceso de liquidación forzosa, cuyas decisiones son impugnables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Explican los magistrados que el quid de la controversia se centraría en determinar si lo que para la juzgadora es un pago, constituye en efecto un acto de dominio o de administración, pues a entender de los dos (2) magistrados firmantes, no cualquier actividad realizada por el quebrado luego de la declaratoria de quiebra es un acto de dominio o de administración. Partiendo de este punto, los magistrados revisaron el artículo 1579 del Código de Comercio en relación con los artículos 120, 121, 122, 123 y 124 del Decreto Ley No. 9, de 26 de febrero de 1998, sobre el Régimen Bancario y la Superintendencia de Bancos. Este último sustrajo a los bancos de las normas aplicables a los procesos de quiebra y sólo hace aplicable de manera supletoria las normas del Código Civil, del Código de Comercio y del Código Judicial, que no le sean incompatibles. Sobre este conjunto normativo el Tribunal Superior señala que el artículo 1579 del Código de Comercio en nada choca con las normas que desarrollan el proceso de liquidación forzosa de los bancos. Para el Tribunal Superior de esta regulación se desprende que en caso que haya duda respecto de si se trata de un pago o de un acto de dominio o de administración, en los procesos de quiebra, corresponderá al juez de conocimiento de la quiebra, en proceso separado, con el curador de la controversia, decidir si el supuesto deudor considera que no tiene ninguna obligación para con la quiebra. Por otro lado, si se trata de declarar la legitimidad de una acreencia en la liquidación forzosa de un banco el mecanismo es que el representante de la quiebra accione dentro de los términos del Decreto Ley No. 9, y será el liquidador, quien decidirá y esa decisión es recurrible ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Tras este estudio concluye el ad quem lo siguiente: "Si la acreencia la reclama la quiebra a un banco en liquidación, no correponde al Juez donde está el proceso de quiebra determinar la validez del reclamo dado que esa decisión le es atribuida de manera específica al liquidador, cuya decisión es impugnable ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. De aquí, pues, y en ello se está de acuerdo con lo señalado por el curador de THE PROVIDENCE CORPORATION, que para la Sala Tercera la declaratoria de la falta de evidencia de que THE PROVIDENCE CORPORATION tenga un crédito legítimo contra BANCO DISA, S.A., en liquidación, 'es congruente con la pretensión y naturaleza de esta causa incidental, y que de manera alguna invade el ámbito de competencia del Juzgado Civil'. .." Este análisis llevó al Tribunal a revocar la decisión impugnada y a negar la solicitud formulada por el curador de la quiebra de THE PROVIDENCE CORP. (fs. 5384 a 5414). Recurso de casación de un número plural de acreedores de la quiebra de The Providence Corporation: Como fue expuesto, el recurso tiene como base la infracción de normas sustantivas de derecho, en tres (3) de sus modalidades, la violación directa, la indebida aplicación y el error de derecho en la apreciación de la prueba; éstas serán examinadas por separado. Violación directa: Entre los motivos que dan forma a este concepto de la causal de fondo explica quien recurre que, con la revocatoria del Auto No. 303, de 23 de marzo de 2005, que ordenó al liquidador del BANCO DISA, S.A., en liquidación forzosa, restituir a THE PROVIDENCE CORPORATION, una suma superior a los CUARENTA MILLONES DE DÓLARES, cuando ya la empresa que hizo tal pago estaba en bancarrota mercantil, el Tribunal Superior pasó por alto la norma que prevé que los pagos y cualesquiera otros actos jurídicos de dominio que transfieren bienes o activos a persona natural o jurídica, hechos cuando se encuentre en estado de insolvencia, característico de la quiebra mercantil, son nulos de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria especial. Estima la recurrente que al desestimar las pretensiones del curador sobre el dinero pagado por The Providence Corp. contra Banco DISA, el ad quem perdió de vista que la quiebra mercantil tiene efectos universales y afecta los actos jurídicos y el patrimonio del fallido, frente a terceros. Explica en el tercer motivo que la revocación a la orden de devolver el dinero entregado por The Providence Corp. a Banco DISA, bajo el argumento que la norma del Código de Comercio utilizada no es aplicable al caso, implica el desconocimiento por parte del Tribunal Superior del precepto bancario que postula que las disposiciones comerciales son aplicables aún cuando intervenga en la relación un banco en liquidación forzosa. Teniendo como premisa estos cargos, la casacionista cita como normas infringidas los artículos 1579 del Código de Comercio y 135 del Decreto Ley 9 de 1998. Sostiene la inconforme que el Tribunal se apartó de cumplir el artículo 1579 del Código de Comercio, que prevé que los pagos y cualesquiera actos jurídicos de dominio o de administración ejecutados por el fallido con posterioridad a la declaratoria de quiebra, serán nulos de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria especial; igual que los pagos hechos al fallido luego de la declaratoria de quiebra. A su parecer el pago hecho por The Providence Corp., en su condición de deudor insolvente, a Banco DISA, todavía operativo, es un acto nulo de pleno derecho. Por lo cual no considera la restitución del dinero recibido por el Banco, como un reconocimiento de un crédito por el liquidador, como tampoco una obligación bancaria de aquellas que quedan sujetas al régimen de liquidación de todo banco. En la explicación de la infracción la apoderada plantea que la declaratoria de quiebra de The Providence Corp. afectó a todos los acreedores que se hubiesen beneficiado con actos de disposición patrimonial de la fallida, a partir de la insolvencia de ésta. Por su parte, el artículo 135 del Decreto Ley No. 9 de 1998 prevé que no podrá solicitarse la declaratoria de quiebra de los Bancos. Sin embargo, en la liquidación forzosa se aplicarán con carácter supletorio las normas del Código Civil, de Comercio y Judicial, en aquello que no sean incompatibles con las directrices del Decreto Ley. Según la censura, esta disposición también fue desatendida, al no tomar en cuenta las normas del Código de Comercio que advierten sobre la nulidad de los actos del quebrado que favorezcan a un acreedor en detrimento de los restantes. Decisión de la Sala: La modalidad bajo la cual se invoca la causal de fondo supone que el fallo contradice el texto claro de una norma, sin que ello implique cuestionar elementos de orden fáctico. En resumen la impugnación versa en que el ad quem desconoció derechos contenidos en las normas citadas, en base a los cuales sería obligante reconocer la nulidad del pago quid de la controversia. Conviene destacar en principio que, de la lectura del fallo, se desprende que el Tribunal Superior aplicó la norma del Código de Comercio que quien recurre estima desatendida y reconoce que no es incompatible, sino de supletoria aplicación en relación con el Decreto aludido, por mandato del artículo 135. De hecho, en la resolución cuestionada el ad quem ratifica que el artículo 1579 del Código de Comercio en nada choca con el proceso de liquidación forzosa de los bancos. Es con sustento en esta normativa que el ad quem concluye que la petición formulada por el curador de la quiebra de The Providence Corporation no era un tema que correspondía dilucidar a la juzgadora que atiende la quiebra. Vale aclarar que con la modificación de este artículo 135, por el Decreto Ley 2, de 22 de febrero de 2008, se suprimió esta remisión. Es opinión de la Sala que el Tribunal Superior no ha desatendido las disposiciones examinadas. Esto, porque la primera de estas normas estipula que serán nulos de pleno derecho, todo pago y actos jurídico de dominio o de administración ejecutados por el fallido luego de ser declarada la quiebra y sobre este tema explicó el ad quem que no cualquier acto del quebrado podía considerarse como tal. El Tribunal Superior no entró a debatir que el dinero reclamado entrara en una de las dos (2) categorías, sino que determinó que la validez del reclamo, en un caso como éste, donde dentro de un proceso por la quiebra se reclama una acreencia a un banco en liquidación, la decisión recae sobre el liquidador, no sobre el juez que tiene a su cargo el destino del proceso de quiebra. La resolución de marras resalta que el curador de la quiebra había accionado previamente por la vía del contencioso administrativo con el mismo objetivo, y que inclusive en la vía civil ya su reclamo había sido negado, con fundamento en lo previsto en el artículo 1032 del Código Judicial y que tal negativa fue confirmada por el Tribunal Superior . En estas circunstancias, no se puede afirmar que el Tribunal Superior desconoció el texto de las normas invocadas. Queda claro que, precisamente observando ambas normativas, los magistrados no descartaron la petición del curador de la quiebra, calificando si el dinero fue desembolsado o no dentro del período de retroacción, sino que consideraron, de acuerdo a estas normas, que la definición de este punto no era competencia de la jueza de la quiebra y, además, que el tema ya había sido dilucidado en la jurisdicción correspondiente, la del contencioso administrativo. Tomando en cuenta estos elementos deben desestimarse los cargos formulados contra la resolución impugnada y pasar a examinar los siguientes. Aplicación indebida: La apoderada judicial de los varios acreedores de la quiebra de The Providence Corporation afirma que el Tribunal Superior aplicó indebidamente una serie de normas del Decreto Ley No. 9, ya discutido. Bajo un único motivo se expone este cargo en los siguientes términos: "Poniendo de lado que el caso de la controversia se refiere a la nulidad de pleno derecho de un acto jurídico de pago o disposición de activos, ejecutado por una empresa en condiciones de bancarrota, como lo era The Providence Corp. al momento en que pagó decenas de millones de dólares al Banco Disa, S.A., entonces operativo, disponiendo así de sus únicos activos de valor en perjuicio de cientos de sus acreedores, el Tribunal Superior trajo a colación y aplicó indebidamente normas de derecho bancario que se aplican al proceso de liquidación de los bancos que operan en nuestro país en lo que se refiere a las transacciones y obligaciones del Banco respectivo, frente a sus depositantes y el pago de sus obligaciones producto de esas operaciones bancarias, sin tener esas disposiciones la capacidad de desvirtuar, derogar o desmantelar la normativa jurídica sustancial mercantil que determina los efectos generales de la quiebra comercial, que tiene alcances jurídicos y financieros frente a todos los acreedores de la empresa fallida, sin que estén los bancos acreedores de ella al momento de la bancarrota, exonerados o inmune de los efectos que tales declaratoria de quiebra tienen sobre los actos jurídicos de disposición patrimonial o pagos que haga tal fallido para favorecer a cualesquiera de ellos en detrimento de sus demás acreedores. (sic)" La contravención a las normas sustantivas de derecho se produce, según la censura, porque el Tribunal en el fallo aplica indebidamente los artículos 120, 121, 122 y 124 del Decreto Ley No. 9, de 26 de febrero de 1998, sobre el régimen bancario de la República de Panamá. El artículo 120 del Decreto Ley No. 9, de 26 de febrero de 1998, regulaba la comparencia de los depositantes y otros acreedores a la liquidación. Según esta disposición, la resolución que decreta la liquidación requerirá la comparecencia de los depositantes y demás acreedores a presentar sus acreencias, hasta que el liquidador dicte el informe preliminar, término que no será menor de treinta (30) días calendario. Agrega que la falta de comparecencia no afectará los créditos que consten en los registros del Banco. Para la apoderada este artículo no era aplicable al caso. Por su parte el artículo 121 del mismo Decreto Ley detallaba la información que contendrá el informe preliminar que deberá elaborar el liquidador y los términos aplicables, tanto para su publicación, como para que los acreedores soliciten las aclaraciones o formulen sus objeciones. La censura explica que esta norma es "inatinente", porque estamos ante un pago nulo de pleno derecho por estipularlo así la Ley y esta situación no está comprendida dentro de los casos y requerimientos de esta disposición. Se trata de un pago nulo recibido por un Banco, lo que considera ajeno a esta regulación. El artículo 122 del Decreto Ley No. 9, que también es citado como infringido, explicaba que el trámite a seguir en caso de objeciones a la resolución en la que el liquidador detalla los bienes que integran la masa, los créditos aceptados y rechazados, su cuantía y el orden de prelación de pagos. Además, prevé que esta resolución será recurrible ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, vía incidente o recurso de apelación. Consagra esta disposición que el liquidador podrá cancelar los créditos que no hubieren sido objetados, siempre que deja a salvo los créditos objetados. Consideran los proponentes de la presente acción que este artículo no era aplicable al caso. Sostienen que el reclamo de The Providence Corporation no está subordinado ni a éste ni a ninguna otra norma de este Decreto Ley, sino a lo que disponga para las quiebras mercantiles el Código de Comercio. La última de las normas que tachan los recurrentes de indebidamente aplicada es el artículo 124 del Decreto Ley No. 9 que postulaba la continuación del proceso liquidatorio, en caso que una vez finalizado, se conozca de bienes o derechos de propiedad del Banco en liquidación. Contempla también la posibilidad de impugnar esta decisión vía recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Bancos o vía incidente ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Según lo expresado en el recurso esta norma no era de observancia para este proceso, ya que no estamos ante la situación que ésta plantea, pues no consiste en el reclamo de bienes o derechos de un Banco en liquidación, sino de la restitución a favor de la quiebra de The Providence Corp. de dinero que Banco DISA recibió a través de un acto, tenido por la Ley como nulo de pleno derecho y que, por tanto, daba lugar a su devolución inmediata. Afirman que la norma nada tiene que ver con la situación expuesta por The Providence Corp. Decisión de la Sala: La modalidad invocada bajo la causal de fondo implica que se ha aplicado una norma a hechos probados que no son compatibles con el escenario tutelado por esa disposición. Supone entonces que no existe confusión en el entendimiento de la norma, como tampoco se cuestionan temas fácticos. G. modo lo que plantea la censura es que las disposiciones ya listadas no son aplicables, porque estamos ante un proceso de quiebra donde fue planteada la solicitud de devolución, y no en el proceso de liquidación de un banco, para el cual serían de aplicación las normas censuradas. Conviene señalar que la excerta invocada fue modificada por el Decreto Ley 2, de 22 de febrero de 2008. Con la aprobación del texto único del Decreto Ley 9, de 1998, por el Decreto Ejecutivo No. 52, de 30 de abril de 2008, cambió la numeración. El artículo 120 corresponde actualmente al artículo 162 y así sucesivamente. De las normas invocadas como infringidas, el artículo 124 fue derogado y las anteriores fueron modificadas. De cara al presente recurso las normas deben ser ponderadas con el texto original introducido con el Decreto Ley 9 de 1998, vigente al momento de proferida la resolución cuestionada. La solicitud para que Banco DISA devolviera los B/.40,577,437.32 a la masa de la quiebra de The Providence Corp. fue formulada dentro del propio proceso de quiebra de The Providence Corp., pero no hay que desconocer que, si bien los efectos generales de la quiebra recaen sobre todos los acreedores y que se rige por el principio de universalidad, no estamos ante un reclamo dirigido contra un banco cualquiera, sino contra un banco intervenido, y el proceso de liquidación forzosa, a través del Decreto Ley No. 9, pasa a ser competencia de la esfera administrativa. Este proceso administrativo de liquidación forzosa a cargo del Estado, a través de la Superintendencia bancaria es de orden público. Esa especial condición del banco objeto del reclamo pone de relieve que la expectativa de los inconformes supondría darle prioridad al proceso de quiebra frente al proceso de liquidación forzosa del Banco. No debe perderse de vista que si bien es cierto una de las características del proceso de quiebra es el fuero de atracción, éste se refiere a los demás procesos civiles, no a un proceso administrativo, como es el caso de la liquidación forzosa del Banco DISA. "b) Fuero de atracción. El proceso de quiebra es universal y a él se acumularán todos los procesos civiles que el quebrado tenga pendientes en cualquier juzgado al momento de la declaratoria de quiebra y que se hayan iniciado dentro de los cuatro años anteriores." (F.P., J.. Procesos Civiles, 2nda ed., E.. Jurídica Panameña, Panamá 2002, pág. 635). Permitir que prevalezcan las aspiraciones de los acreedores del comercio en quiebra sobre las pretensiones de los propios acreedores del Banco en liquidación, obviando el procedimiento para reconocer las acreencias del Banco intervenido, sí representaría una infracción al ordenamiento jurídico. No seguir este procedimiento atentaría contra el principio de igualdad de acreedores que caracteriza tanto a los procesos de quiebra como a los de liquidación. "b. Igualdad En virtud del principio de igualdad (par conditio creditorum) todos los acreedores del quebrado, de igual naturaleza, participan de igual modo (salvo los derechos de prelación de créditos) frente al deudor común. La Par Conditio Creditorum no entraña absoluta igualdad de todos los acreedores o de todos los créditos, sino que los de similar naturaleza quedan en un pie de igualdad y cada acreedor asume la posición jurídica que le corresponde, según la prelación de su crédito. Ciertas reclamaciones se surten al margen del procedimiento de quiebra (v.gr.; proceso ejecutivo hipotecario, prendario.)." (Ibid., págs. 637 y 638). "En el proceso de liquidación se debe preservar la igualdad entre los acreedores, sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos. . . . De acuerdo con el principio de igualdad de los acreedores, todas las personas deben recibir el mismo trato; por ende, está proscrito todo tipo de preferencia que se dé a alguno o algunos en detrimento de los derechos de los demás." (ALMONACID SIERRA, J.J. y D.C., S.. Liquidación Forzosa Administrativa y Toma de Posesión de Instituciones Financieras, 1ra ed., L.E., Colombia 2000, págs. 94 y 95). Se trata de dos (2) procesos cuya trascendencia no puede anteponerse al otro. Los efectos generales de la declaratoria de quiebra no implican que puedan desconocerse los principios y procedimientos que rigen para quienes se consideren acreedores de un banco en liquidación, puesto que, con total independencia de la calificación que se atribuya al dinero reclamado, éste no deja de ser una acreencia. El hecho de pedir la devolución o pago del dinero que tienen como indebidamente pagado, convierte a los acreedores de la quiebra de The Providence Corp. también en acreedores de Banco DISA, en liquidación, lo que los obliga a observar el procedimiento que, con tal propósito consigna el Decreto Ley No. 9. Para el presente caso, como los acreedores de The Providence Corp. consideran que también tienen una acreencia a su favor contra el Banco DISA, en liquidación forzosa, de tener validez el reclamo al amparo del artículo 1579 del Código de Comercio, deben cumplir, como acreedores del Banco, con el procedimiento estatuido en las normas citadas como infringidas. Esta exigencia, en medida alguna, puede verse como una exoneración al Banco de los efectos de la declaratoria de quiebra, como lo plantea la censura. En este sentido no puede estimarse que la observancia de estas normas, en conjunto con el artículo 1579 del Código de Comercio, supone la desatención de este último artículo, sino todo lo contrario, es con base en esta norma que se presenta para su valoración la acreencia. Este escenario jurídico permite establecer que las normas revisadas son de aplicación en este caso. Como consecuencia, no se configura el cargo de infracción de normas sustantivas de derecho por indebida aplicación de la normativa examinada. Error de derecho en la apreciación de la prueba: El motivo que da forma a este concepto de la causal de fondo plantea que el Tribunal Superior no justipreció la sentencia de 11 de abril de 2005 (fs. 5170 ss.), proveniente de la Sala Tercera, de lo contencioso administrativo, al desconocer que de su contenido sólo se desprende que el liquidador de un banco en liquidación forzosa no puede reconocer crédito alguno "por el sólo hecho de haberse presentado en su contra una demanda civil por responsabilidad extracontractual"; expresión que, para los recurrentes, no incide sobre lo dispuesto en el Código de Comercio. Por ello, a criterio de los afectados persiste la obligación de restituir el dinero indebidamente recibido. Bajo este supuesto la representante de los inconformes alega que la resolución atenta contra los artículos 781 y 786 del Código Judicial y, como consecuencia, se conculca el artículo 1579 del Código de Comercio. Al explicar el artículo 781 del Código Judicial la firma recurrente enfatiza que el Tribunal Superior no analizó objetivamente la sentencia, en la que considera se debate una situación distinta al presente proceso; pues a su entender, en el fallo, la Sala se limita a esclarecer que la simple demanda contra un banco en liquidación no implica el reconocimiento del crédito. Según el razonamiento de quien recurre, lo analizado en el caso subjúdice son "las consecuencias jurídicas de pleno derecho que tiene la declaratoria de quiebra respecto de los pagos hechos por un deudor en circunstancias en que al hacerlos ya estaba dentro de la situación de insolvencia característicos de la quiebra mercantil." En cuanto al artículo 786 del Código Judicial que le confiere el carácter de plena prueba, en cuanto a su existencia y contenido, a los documentos detallados que hubiesen sido publicado en los medios oficiales reconocidos por este artículo y que presume, por este hecho, que el juez los conoce; esgrimen los casacionistas que el Tribunal Superior apreció equivocadamente la decisión de la Sala Tercera, al deducir erróneamente que ésta impedía aplicar a Banco DISA, en liquidación forzosa, la nulidad de pleno derecho del desembolso cuestionado, conforme al Código de Comercio. De acuerdo a lo expuesto en el recurso, el ya examinado artículo 1579 del Código de Comercio fue infringido, al desconocer la nulidad de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria especial, que prevé esta norma, sobre los pagos u otros actos de dominio o administración del fallido, luego de la declaratoria de quiebra, como consecuencia de la mala apreciación del fallo de 11 de abril de 2005 por parte del Primer Tribunal Superior. Decisión de la Sala: El fallo proveniente de la Sala Tercera, de 11 de abril de 2005, es la prueba que sostienen los opositores ha sido mal valorada y que tal error fue determinante para lo resuelto. Para la firma recurrente este fallo se limita a establecer que el solo hecho que se presente una demanda contra un banco en liquidación no da derecho a reconocer un crédito, lo que entiende como una situación distinta a la que ha sido sometida a consideración de la jueza de la quiebra y que tal pronunciamiento no tiene el alcance para incidir sobre lo otro. Lo señalado por la firma recurrente es parcialmente correcto, pues, en efecto, el fallo proferido por la Sala Tercera, a que se refiere la decisión recurrida, mantiene que el sólo hecho que el banco en liquidación sea parte demandada en un proceso no implica que automáticamente su liquidador deba incluir esa reclamación como un crédito contra el banco en liquidación (cfr. fs. 11 del fallo de 11 de abril de 2005). Sobre este punto, vale comentar, que la Sala Tercera respaldó la decisión de los liquidadores bancarios de Banco DISA, quienes señalaron que carecen de sustento jurídico las objeciones formuladas por la quiebra de The Providence Corporation al informe preliminar de Banco DISA, porque se les negó la calidad de acreedor legítimo, obviando la demanda civil que hoy nos ocupa. Ello denota que los recurrentes, es decir, la quiebra de The Providence Corporation, siguieron, a su vez, el procedimiento establecido en las normas del Decreto Ley No. 9, las mismas que fueron invocadas como infringidas bajo el concepto anteriormente revisado y descartado. Retomando la idea original que la Sala Tercera reconoció que la sola interposición de una demanda contra un banco en liquidación no entraña su inclusión como crédito contra el Banco, la lectura del fallo revela claramente que no fue ese el único punto objeto de análisis y pronunciamiento por el tribunal de lo contencioso administrativo en la resolución que se cita como mal valorada. Así, luego de definir lo anterior, la Sala Tercera expuso: "Por otra parte, al profundizar en los hechos alegados y las pruebas presentadas en el curso de esta causal incidental con el objeto de acreditar que la Quiebra de THE PROVIDENCE CORPORATION sí era acreedora de BANCO DISA, S.A., puesto que tenía cuentas bancarias en dicha entidad, este Tribunal ha podido constatar que dichas piezas probatorias no tuvieron la virtud de acreditar tal extremo." De seguido explicaron los magistrados en el fallo que estiman los recurrentes mal valorado, que lo que mantenían The Providence Corporation con "Disa Bank B.V.I. Limited" era un contrato de administración e inversión discrecional de cartera sobre los fondos que Disa Bank B.V.I. Limited invertiría a través de The Providence Corporation. De estas apreciaciones de los magistrados de la Sala Tercera se advierte un razonado examen de la reclamación. Así quedó consignado en el propio fallo, "Cabe añadir, que contrario a los argumentos esbozados por el incidentista, la documentación que sustenta de dicho contrato ha sido debidamente analizada, y cumple con los requisitos legales que acreditan su autenticidad." De este escrutinio determinó la Sala Tercera que las cuentas bancarias para ejecutar el contrato no pertenecían a The Providence Corporation, concluyendo ineludiblemente que no existe crédito que The Providence Corporation pueda reclamar a Banco DISA, S.A. No conforme con haber descartado que la quiebra de The Providence Corporation tuviese un crédito legítimo a su favor, también aclaró el tribunal de lo contencioso administrativo que el crédito reclamado no se ubica entre las categorías 1 a 4, que son aquellos a los cuales el texto artículo 127 del Decreto Ley No. 9 de 1998, previo a su reforma, les asigna prioridad en el pago. Veamos: "1. Créditos de carácter laboral. 2. Créditos de la Caja de Seguro Social en concepto de cuotas obrero patronales de los empleados del Banco. 3. Créditos de carácter tributario con el Tesorero Nacional o los Municipios, así como tasas por servicios públicos que preste el Estado. 4. Los depósitos de que trata el artículo 131 de este Decreto-Ley. 5. Los demás depósitos y otros créditos." Tras esta atenta lectura del fallo de 11 de abril de 2005, emitido por la Sala Tercera, es indiscutible que el yerro atribuido al Tribunal Superior en su valoración no se configura, toda vez que el alcance limitado que le atribuye la censura no se apega al contenido de esta prueba. Resulta claro que el tribunal de lo contencioso administrativo, además de manifestar que la sola interposición de una demanda contra el banco en liquidación no implica automáticamente la inclusión de ésta como crédito contra el Banco, también analizó la legitimidad del crédito reclamado por la quiebra de The Providence Corporation contra Banco DISA. Con fundamento en la disquisición hecha por la Sala Tercera del caudal probatorio del incidente, determinó la carencia de legitimidad del crédito reclamado. Por ello, mal se puede afirmar que el Primer Tribunal Superior extrajo conclusiones que no se desprenden del contenido de esta prueba y ello trajo como consecuencia que descartara la pretensión con sustento en estos juicios equivocados; cuando en el documento se advierten razonamientos que inciden directamente sobre la reclamación formulada en el proceso de quiebra ante la vía civil. En conclusión, la censura no alcanzó a demostrar que el Primer Tribunal Superior fallara en la ponderación de esta prueba. Por tanto, no se configuran las imputaciones del cargo endilgado contra la sentencia impugnada bajo este concepto de la causal de fondo. Visto que ninguno de los reparos formulados bajo las tres (3) modalidades invocadas en este recurso prosperó, procede el examen del siguiente recurso presentado por el curador de la quiebra The Providence Corp. Recurso de casación del curador de la quiebra de The Providence Corporation: Tiene como único concepto de la causal de fondo la violación directa. Resalta la firma recurrente, que al revocar el Auto No. 303, de 23 de marzo de 2005, desatendió el precepto legal que tiene como nulos de pleno derecho los pagos o actos de dominio o de administración hechos por el fallido durante su fase de insolvencia. De este modo estima que la sentencia omite el precepto legal que le da a la quiebra mercantil alcances universales. Para la censura, al revocar la decisión de primera instancia el Tribunal Superior con sustento en que la disposición del Código de Comercio que la ampara no es aplicable al caso, infringió por omisión la norma del régimen bancario que estipula que son de aplicación las normas comerciales aún a relaciones jurídicas donde intervenga un banco en liquidación. Bajo este enfoque cita como infringidos los artículos 1579 del Código de Comercio y el artículo 135 del Decreto Ley 9 de 1998. Sobre el artículo 1579 del Código de Comercio, ya conocido al estudiar el recurso anterior, sostiene quien recurre que al apartar al Banco Disa, en liquidación, de los efectos de la quiebra de The Providence Corp., infringe esta disposición, porque no entiende la restitución del dinero reclamado como el reconocimiento de un crédito por parte del liquidador, ni como el pago de una obligación bancaria propiamente, de aquellas que quedan sujetas al régimen de liquidación de todo banco, sino que los efectos de la declaratoria de quiebra The Providence Corp., recaen sobre el acto ejecutado ya en condiciones de insolvencia, y que afectan a todos los acreedores. Respecto al artículo 135 del Decreto Ley 9 de 1998, también conocido al revisar el recurso anterior, manifiesta la censura que su contenido fue desatendido por el Tribunal Superior en la resolución censurada, ya que este precepto establece que en la liquidación forzosa de un banco son de aplicación las normas del Código de Comercio, entre las que se cuentan aquellas que rigen la quiebra y sus efectos. Decisión de la Sala: Esta vez la repulsa gira en torno al mismo tema ya analizado bajo este mismo concepto de la causal en el recurso anterior. Al pronunciarse sobre la presunta violación de las disposiciones citadas en líneas que anteceden, la Sala entendió que el Tribunal Superior no las desatendió; todo lo contrario, sino que a tenor de éstas y de las restantes normas aplicables, el ad quem dispuso que la decisión sobre el reconocimiento de las sumas reclamadas no era potestad del juez de la quiebra, sino del liquidador, por tanto, recurrible ante lo contencioso administrativo. En este sentido, el estudio del recurso anterior permitió a la Sala concluir que la suma reclamada no constituye un crédito, y para reclamar el pago de una acreencia contra un banco en liquidación debe tenerse la condición de acreedor, condición que sólo puede reconocer el liquidador a cargo de la liquidación del Banco. De allí que, para esta Superioridad sería infructuoso adentrarse nuevamente al estudio de este cargo, porque arribaría ineludiblemente a la misma conclusión. Así las cosas, deben tenerse como no probados los cargos atribuidos a la resolución censurada. En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala Primera, de lo civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución de 28 de diciembre de 2006, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso de quiebra The Providence Corporation. Se imponen las obligantes costas por la suma de QUINIENTOS BALBOAS(B/.500.00) a cada recurrente. N., HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D. - WILFREDO SAENZ FERNANDEZ SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria) [81] Verificar la fecha, en unos ponen 2006 y en otros 2008. ¿?