Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 9 de Septiembre de 2015

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución: 9 de Septiembre de 2015
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS: Corresponde a esta S. Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia, resolver el recurso de casación formalizado por la demandante, contra la resolución de 9 de septiembre 2014 (fs.215-219), proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario de Oposición a Título instaurado por FUNDACIÓN IDA contra D.C. SANTAMARÍA. ANTECEDENTES. La Dirección Nacional de Reforma Agraria, a través de la Unidad Técnica Operativa (UTO-PRONAT), comunicó al señor D.C.S., la realización de la mensura del terreno que supone éste ocupa, ello con el objetivo de levantar el catastro rural del área, identificando el expediente como GUA 2005, y ubicando el predio en la comunidad La M., Corregimiento de Guarumal, Distrito de Alanje, Provincia de Chiriquí, cuya superficie es de 43 has + 4,037.23 mts2. Frente al referido acto, la señora IDA E.R. DE CASTILLO, a título personal y en su condición de presidenta y representante legal de FUNDACIÓN IDA, presentó oposición al trámite, manifestando que la tierra forma parte de una finca de su propiedad, lo que motivó que el conflicto fuera remitido a la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), para que las partes delimitaran sus reclamaciones, oficina que dispuso el envío del expediente al Juzgado Primero Agrario, de la Provincia de Chiriquí, que ordenó la formalización de la demanda. En el libelo correspondiente, la apoderada judicial de la parte opositora indica que su representada es la propietaria de 3 fincas tituladas, que están ubicadas en la misma cabida superficiaria del globo de terreno comprendido en la ficha catastral No.3641219000008, objeto de titulación por parte del señor D.C.S.. Además, acota que en adición a las fincas, posee un terreno adyacente a éstas, que es una superficie aproximada de 5 hectáreas, y está "afectado por el canal de riego que sirve a otros predios que se encuentran en las inmediaciones." En los hechos de la demanda, explica que la ocupación de la tierra por parte del señor D.C.S., obedece a que tiene un usufructo vitalicio, respecto a ciertos predios, lo que no lo faculta a peticionar una nueva titulación, desconociendo la fe pública registral y el derecho de dominio. Siguiendo esa línea de pensamiento, denota que en la parcela de 5 hectáreas contigua a las fincas, desde hace años cultiva diferentes productos agrícolas, situación que se ha visto perturbada por el actuar del demandado, lo que ha sido puesto en conocimiento de las autoridades de policía. De igual forma, asevera que dentro de la parcela aludida, existe un camino que favorece el acceso al resto de los predios que conforman las fincas de su propiedad. Evacuados los trámites inherentes al proceso, el Juzgador de la causa resolvió la controversia a través de la Sentencia N°13 de 2 de abril de 2014, visible a fojas 185-192 del expediente, cuya parte resolutiva indica: "... DECLARA PROBADA la Oposición a Título promovida por FUNDACIÓN IDA, cuyo R.L. es I.E.R. DE CASTILLO, en contra de la solicitud de adjudicación que a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) se tramita a favor de D.C. SANTAMARÍA respecto al globo de terreno ubicado en el lugar conocido como La M., corregimiento de Guarumal, distrito de Alanje, descrito en la ficha catastral No.3641-2-19-00-0008. No hay condena en costas por las razones que se dejaron expuestas en la fase motiva de esta resolución y se condena a la demandada (sic) a pagar únicamente los gastos del proceso, los que se liquidarán por secretaría." Contra el citado fallo interpuso recurso de apelación el apoderado judicial del demandado, medio de impugnación resuelto a través de la sentencia de 9 de septiembre de 2014 (fs.215-219), por la cual el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial modificó la decisión de primera instancia, sólo en el sentido de que "reconoce mejor derecho de posesión a D.C.S., representado por su tutora E. de Castillo, sobre el terreno en derechos posesorios, cuya superficie es de 3 has + 6249 mts2, con linderos: Norte: Carretera asfaltada, orillas de ríos; Canal Remigio Rojas de por medio; Sur, Fincas 79, 5377 y 3892, de propiedad de Fundación Ida; Este: terrenos nacionales ocupados por G.F.G., y Oeste: terrenos nacionales ocupados por L.M.Q.." DEL RECURSO DE CASACIÓN Y DECISIÓN DE LA SALA. Como se expresara en párrafos precedentes, la parte demandante promovió recurso de casación en el fondo contra la decisión proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, invocando como causal la infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa, fundada en cuatro motivos, cuyo tenor es el siguiente: "PRIMERO: El Tribunal Superior aplica una norma para conceder la posesión de un área de terreno con una superficie de 3 has + 6249 mts2, que constituye una servidumbre de entrada a las fincas 5377, tomo 535, folio 328; 3892, tomo 156, folio 62; y 3891, tomo 156, folio 56, todas de propiedad de Fundación Ida, al demandado quien es usufructuario de las mismas, desconociendo el derecho que tiene el propietario sobre ellas, quien posee título legítimo, e influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, porque de haberse reconocido el derecho del propietario, se tenía que concluir que la posesión del área concedida corresponde al recurrente. SEGUNDO: El adquen (sic) desconoce el derecho establecido en la ley que tiene el propietario para accesar al área concedida, e influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, porque de haberse reconocido este derecho al propietario, tenía que conceder el área a quien es propietaria de las fincas mencionadas. TERCERO: El adquen (sic) reconoce la posesión al usufructuario, desconociendo el derecho de dominio del propietario y la posesión de los bienes inmuebles, porque la facultad del usufructuario son de mera y obligada tolerancia debiendo conservar la cosa en su forma y sustancia, e influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues de haberse reconocido este derecho, y la obligación del usufructuario, se tenía que concluir en confirmar la sentencia y reconocer la posesión al propietario de las fincas. CUARTO: Que como consecuencia de la infracción de la ley, el adquen (sic) lesiona el derecho del propietario a la accesión natural o artificial de las fincas." (fs.229) A consecuencia de lo anterior, sostiene la casacionista que el Tribunal Superior infringió por omisión el artículo 431 del Código Civil, y por comisión el artículo 364 del mismo texto legal. Ahora bien, antes de proseguir, es conveniente destacar que la modalidad de casación en el fondo invocada, infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa, se produce cuando el Tribunal deja de aplicar una disposición jurídica, clara y específica, a un caso en particular, o cuando aplicada la norma, desconoce el derecho que consagra. Cabe señalar que en esta modalidad debe prescindirse de cualquier análisis o ponderación probatoria, habida cuenta que la infracción esgrimida es estrictamente de derecho y no guarda relación con valoración de pruebas, conforme a lo preceptuado en el artículo 1169 del Código Judicial. Además, no puede soslayarse que lo censurado es el desconocimiento del derecho consagrado en el ordenamiento jurídico, de allí que en la decisión impugnada debe haberse dejado por sentado, de manera clara, que el hecho del cual deviene el derecho que se reclama o que se considera infringido, está plenamente probado. En el negocio objeto de examen, la S. advierte que los cargos que se endilgan a la sentencia de segunda instancia, guardan relación con el reconocimiento al demandado, que la censura identifica como usufructuario, de derechos posesorios sobre una superficie de 3 has + 6249 mts2, que según asevera la recurrente es un área de servidumbre de entrada a las fincas 5377, 3892 y 3891, negándole así su derecho de accesión. Al respecto, se observa que al decidir la alzada interpuesta por el apoderado judicial del demandado, el Tribunal Superior estimó: "El juzgador del conocimiento declaró probada la pretensión de la actora al considerar que efectivamente el globo de terreno descrito en la ficha catastral No.3641-2-19-00-0008, localizado en la comunidad de La M., Corregimiento de Guarumal, distrito de Alanje, con superficie de aproximadamente 43 has + 4037.23 mts2, comprende dentro de sus linderos la totalidad de las fincas 5377, 3892 y 3891, todas de propiedad de Fundación Ida, y que además dentro de esa misma solicitud se ha incluido un área de aproximadamente 3 Has + 6429.19 mts2, cuyos derechos posesorios le corresponden también a la demandante. Ahora bien, en relación a los argumentos planteados por el apelante, es claro que en la diligencia de inspección judicial, los peritos participantes señalaron en sus informes que fuera del área de las fincas tituladas se encontró un excedente que corresponde a derechos posesorios. En relación a estos derechos posesorios, los testimonios de los testigos de ambas partes indicaron que este terreno lo da en alquiler la señora E.C., y que actualmente lo mantiene alquilado al señor H.T., señalando además los testigos, que es a través de estos derechos posesorios que se accede a la finca 5377, tomando en cuenta que el callejón que existía se cerró. En el presente caso, contrario al criterio del a quo, todo parece indicar que el señor D.C.S., junto a E.C., mantiene a su favor la posesión del terreno, con ánimo de dueño, como lo exige la ley, tomando en cuenta que es la señora E. la que lo alquila, por razón del interdicto del señor D.C.S., siendo ella su tutora legalmente. De igual manera, debe tomar en cuenta el Tribunal que los testigos afirmaron que fue D.C. hijo el que con ayuda de la empresa Odebrech emparejó y arregló el terreno en derechos posesorios; sin embargo, en la sucesión intestada de éste no se inventarió este terreno como parte del caudal hereditario, por lo que su heredera, la señora Ida R. de Castillo, no ha ejercido sobre este terreno actos positivos de los que da derecho a la posesión, y al respecto el Código Civil en su artículo 601 establece que: 'La acción posesoria prescribe en un año cuando el que perdió la posesión carece de título inscrito'. De igual manera el artículo 1682 de ese mismo cuerpo de ley, establece que 'Se interrumpe naturalmente la posesión cuando, por cualquier causa, se cesa en ella por más de un año.' Todo lo anterior lleva al Tribunal a considerar que tiene razón el apelante al afirmar que quien ejerce la posesión del terreno es el señor D.C.S., y lo hace a través de su tutora la señora E. de Castillo, su esposa, por lo que a juicio de esta S., la Sentencia apelada debe modificarse en el sentido de establecer que el demandado tiene mejor derecho sobre el terreno de 3 has + 6429 mts2, y a ello nos avocamos." Con base en lo expresado, procede esta Corporación a analizar los argumentos de violación directa, modalidad de fondo del recurso de casación bajo estudio, siendo la primera disposición denunciada como vulnerada el artículo 431 del Código Civil, que reza así: "Artículo 431. La posesión, como hecho, no puede reconocerse en dos personas distintas, fuera de los casos de indivisión. Si surgiere contienda sobre el hecho de la posesión, se considerará como mejor posesión la que se funde en título legítimo; a falta de éste o en presencia de títulos iguales, la posesión más antigua; siendo de igual fecha, la actual, y si ambas fueren dudosas, será puesta la cosa en depósito mientras se decide a quien pertenece." Sostiene la casacionista que la norma reproducida fue quebrantada por omisión, ya que se reconoce la posesión al usufructuario, que no tiene título legítimo. Sobre el particular, es menester denotar que la regla de derecho que contiene el canon citado, es la prohibición de reconocer en dos personas distintas la posesión de un predio, salvo tratándose de indivisión, y establece las pautas para determinar quién tiene mejor derecho, lo que definitivamente se hace partiendo de la premisa que ambas personas alegan estar ocupando el terreno, por ende, se deben verificar los actos de dominio ejecutados, para lo cual se emplea como referencia lo preceptuado en los artículos 423 y 606 del Código Civil, que denotan los presupuestos para adquirir y probar la posesión de un terreno. Así, pues, advierte la S. que en el análisis que lleva a cabo el Ad quem, la decisión de reconocer al demandado los derechos posesorios se fundó en el acervo probatorio que da cuenta de quién ha ejercido acciones sobre el área, como lo es alquilar el predio, por lo tanto, ante la disyuntiva de a quién correspondían, el Tribunal estaba en la obligación de declarar el derecho a favor de quien demostró tenerlo, dada la actuación con ánimo de dueño desplegada por el demandado. Huelga decir que de conformidad con el artículo 434 del mismo texto legal, "el poseedor tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título, y no se le puede obligar a exhibirlo", en consecuencia, la disposición identificada como quebrantada no era aplicable a la controversia, puesto que para el Ad quem la parte actora no ejerció actos positivos, que hicieran dudar al juzgador sobre la persona a quien concernía atribuir los derechos posesorios, de allí que mal podía ser violado directamente por omisión, el aludido artículo 431. En relación a la segunda norma señalada como infringida, en esta oportunidad por comisión, explica la censura que se desconoció su derecho de accesión, como propietaria de las fincas 5377, 3891 y 3892, en virtud de que el área concedida es parte de la finca 5377, y sirve de servidumbre de entrada a las otras. Veamos el tenor de la disposición: "Artículo 364. La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente." Antes de analizar el texto reproducido, es menester aclarar que la violación directa por comisión, conlleva que se aplique la norma, pero se desconozca el derecho en ella consagrado. En el caso objeto de análisis, el artículo establece la accesión como un modo de adquirir, permitiendo que un propietario haga suyos los frutos o productos de una cosa, sean o no ajenas, que se adhieran al bien que le pertenece, independientemente que ello obedezca a la naturaleza o actos del hombre. En la resolución impugnada en casación, se observa que contrario a lo manifestado por la censura, el Tribunal no desconoció el derecho en referencia, habiendo empleado la norma para decidir la alzada, sino que indicó que el dominio sobre las de 3 has + 6429 mts2, lo ejerce la parte demandada, es decir, en ningún momento fue tema de debate que se configurará o no el derecho de accesión. Como consecuencia de lo señalado, estima la S. que los cargos endilgados a la sentencia de segunda instancia, carecen de soporte, porque del análisis de su contenido no se desprende que fueran vulnerados los artículos 431 y 364 del Código Civil, resultando imperativo mantener la decisión impugnada. En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema, S. de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 9 de septiembre de 2014, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario de Oposición a Título instaurado por FUNDACIÓN IDA contra D.C. SANTAMARÍA. Las obligantes costas a cargo de la demandante recurrente y a favor del demandado, se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00). N.. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)