Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 19 de Marzo de 2015

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:19 de Marzo de 2015
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS: El Licenciado C.E.C., en su condición de apoderado judicial de S.A., formalizó recurso de casación contra la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de fecha 11 de febrero de 2014, que confirma el Auto Nº 1174/MC.69-11 de 29 de junio de 2011, proferido por el Juzgado Cuarto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en el cuaderno contentivo de la Medida Conservatoria o de Protección en General propuesta en contra de ARIANNE DEL CARMEN MIRÓ VARELA, COLIMBOS S.A. y SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A.. Conforme la decisión adoptada, conozcamos el contenido de la parte resolutiva del fallo recurrido, cuyo texto es del tenor siguiente: "En mérito de lo expuesto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el Auto No. 1174/MC.69-11 de 29 de junio de 2011, emitido por el Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro de la MEDIDA CONSERVATORIA O DE PROTECCIÓN GENERAL propuesta por SPYRIDION ATHANASOPOULOS contra ARIANNE DEL CARMEN MIRÓ VARELA, COLIMBOS S.A. y SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A. N. Y DEVUÉLVASE." (fs. 226) Atendiendo al fallo proferido por el Tribunal Ad-quem, y antes de pronunciarnos con relación a los cargos objeto del recurso, corresponde verificar los antecedentes al recurso. Así pues, la medida conservatoria en cuestión, pretende que se le reconozca al señor S.A., la condición de propietario de las acciones de la sociedad SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., toda vez que fue él quien solicitase la constitución de la sociedad por medio de la firma forense ADAMES, CORDOVEZ & ASOCIADOS (ahora ADAMES, DURÁN & ALFARO), gestionadas por ARIANNE MIRO VARELA. En dicho orden, una vez constituida la sociedad, la misma tenía como propósito realizar la compra de la finca Nº 82809, documento digitalizado 1261125 de la sección de la propiedad horizontal, que corresponde a la unidad departamental Nº 24 del P.H.B.M., ubicado en Punta Pacífica, propiedad de REGENT VEINTIUNO (21) S.A.. Una vez realizada la compra, la junta directiva de SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., debía emitir y entregar las acciones al señor S.A., en virtud de las instrucciones que había girado y ser quien aportaría el dinero para la compra del bien inmueble por intermedio de la sociedad JR GROUP INC. por el orden de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.535,000.00), mediante cheque Nº 902558 de 21 de enero de 2008, y la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/. 757,500.00), a través de carta promesa de pago Nº 3059-2008 de fecha 7 de octubre de 2008, ambos instrumentos emitidos por BANVIVIENDA, a favor de REGENT VEINTIUNO (21) S.A.. Con posterioridad a ello, se suscribió la Escritura Pública Nº 19812 de 8 de octubre de 2008, ante la Notaria Segunda de Circuito de Panamá, por medio de la cual se protocolizó el contrato de hipoteca y anticresis con la sociedad COLIMBOS INC. sobre la finca Nº 82809, por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BALBOAS CON (B/. 757, 500.00), contrato que a su criterio está viciado de causa, fraude y dolo, al haberse constituido en perjuicio del señor S.A.. Sin embargo, a pesar de haber solicitado la emisión y entrega de las acciones, no se ha formalizado la transferencia de las mismas a su propietario y titular, es decir, el señor S.A.. Agregó, que previo a la suscripción del contrato, se produjo la emisión y anulación de certificados de acciones, como sigue: el certificado Nº 001 con fecha 4 de junio de 2008, por 100 acciones, a favor de A.M.V.; la anulación del certificado Nº 001 y la emisión del certificado Nº 002 por 100 acciones al portador, con fecha 5 de junio de 2008 y la anulación del certificado Nº 002 y la emisión del certificado Nº 003 por 100 acciones a favor de ARIANNE MIRO VARELA, con fecha 6 de junio de 2009, siendo estas acciones fraudulentas productoras de daños y perjuicios. De conformidad con los hechos descritos y las pruebas aportadas, el juzgado sustanciador, mediante Auto Nº 1174/MC.69-11 de fecha 29 de junio de 2011(fs. 207 y 208), decidió no admitir la medida conservatoria o de protección general, ante la falta de pruebas que demuestren el interés legítimo y los posibles daños y perjuicios. Ante tal decisión, se interpuso recurso de apelación (fs. 222 a 226), el cual confirmó la resolución recurrida, al no haberse comprobado la existencia de derechos del solicitante y el peligro en la demora, elemento fundamental en este tipo de medidas. En este estado, se formalizó el recurso extraordinario de casación y al ser de aquellas resoluciones susceptibles del medio impugnativo, se concedió y fue remitido a esta Corporación para su examen. RECURSO DE CASACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA SALA Conforme los antecedentes expuestos, se dispone la Sala a resolver el recurso de casación en el fondo, y que fuere interpuesto contra la resolución de segunda instancia, luego de haber superado la etapa de los alegatos de admisibilidad y ser admitido mediante Resolución de fecha 11 de agosto de 2014. (fs. 262 a 264) En tal sentido, el casacionista alegó las modalidades probatorias, es decir, error de derecho en la apreciación de la prueba y error de hecho en la existencia de la prueba de la causal de fondo. Veamos cada una de ellas separadamente, tal cual lo exige el artículo 1192 del Código Judicial. la técnica del recurso, seguidamente. Para el primer concepto, presentó tres motivos a saber: "PRIMERO: En la resolución impugnada el Ad-quem valoró en forma contraria a derecho la nota suscrita por la Firma Forense ADAMES, CORDOVEZ & ASOCIADOS, fechada 5 de junio de 2009, (Fj.37 y 53) al considerar que la misma no constituía prueba de la existencia de una relación jurídico-sustancial en virtud de la cual S.A. entablaría un proceso civil a futuro en contra de ARIANNE MIRO VARELA y OTROS como resultado de la creación y la emisión de las acciones de la Sociedad Anónima denominada SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A.. Al realizar esta consideración, el Ad-quem incurrió en el error jurídico de negarle el valor probatorio a esta pieza, la cual ostenta pleno valor probatorio frente a la acción judicial solicitada ante el tribunal y con ello incurrió en la infracción del principio de derecho que obliga a valorar todas las pruebas en conjunto, de acuerdo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia común, ya que este documento demuestra que SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A. fue creada por orden expresa de S.A. y que éste sería el beneficiario de las acciones. El error de valoración que cometió el Ad-quem incidió en lo dispositivo de la resolución impugnada debido a que en virtud de éste llegó a la conclusión de negar la medida conservatoria solicitada, cuestión que no hubiese dado de no haber incurrido en dicho error. SEGUNDO: El Ad-quem consideró contrario a derecho que no existía pruebas de la existencia de una relación jurídico sustancial en virtud de la cual S.A. entablaría un proceso civil a futuro en contra de A.M.V. y OTROS como resultado de la creación y la emisión de las acciones de la Sociedad Anónima denominada SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., producto de una valoración errónea de la certificación emitida por el Registro Público en donde consta la existencia de la sociedad SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., (Fj. 13) El error jurídico en que incurrió el tribunal consiste en haberle restado valor probatorio a la pieza antes mencionada, aún cuando este es un documento original emitido por autoridad competente para ello, el cual prueba la existencia de la sociedad que fue creada para por instrucciones de S.A., y de cuyas acciones éste debía ser el titular conforme las constancias probatorias que obra en el expediente, por lo que es un documento que constituye plena prueba con respecto a la acción judicial solicitada, que no fue valorado conforme al principio de la sana crítica. El error jurídico en que incurrió el tribunal influyó en lo dispositivo de la sentencia ya que al no darle valor probatorio que la ley le otorga a dicho documento fue negada la medida conservatoria solicitada. TERCERO: Al valorar la Escritura Pública Nº 7711 del 27 de marzo de 2008, mediante la cual se constituyó la Sociedad Anónima denominada SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., (Fs. 100-104), el Ad-quem consideró contrario a derecho que no existía pruebas de la existencia de una relación jurídico sustancial en virtud de la cual S.A., entablaría un proceso civil a futuro en contra de A.M.V. y OTROS como resultado de la creación y la emisión de las acciones de dicha sociedad. El error jurídico en que incurrió el tribunal consiste en haberle restado valor probatorio a un documento que tiene el carácter de plena prueba al alejarse de las reglas de la sana crítica que imponen la valoración de pruebas en conjunto, toda vez que este documento demuestra que las instrucciones dadas por S.A. se tradujeron en la creación de la sociedad TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., y cuya creación y emisión de las acciones es el nexo jurídico causal para la presentación de una futura demanda y por lo que es procedente la admisión de la medida cautelar especial solicitada. Este error jurado influyó en lo dispositivo de la sentencia toda vez que de no haberse cometido el mismo el Ad-quem hubiese determinado la existencia de un interés jurídico probado por parte de S.A. y hubiese declarado viable la medida. " (fs. 230 - 232) En cuanto a las normas infringidas, invocó los artículos 569, 781, 836, 858 del Código Judicial y el artículo 337 del Código Civil. En apoyo a su recurso señala, que de haber aplicado el juzgador ad-quem el principio de la sana crítica, habría concluido que las pruebas aportadas acreditaban que la sociedad SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., fue creada bajo las instrucciones del señor S.A., para la adquisición de la unidad departamental, cuyas acciones no han sido transferidas a su persona y además, de constituir el vínculo jurídico para la futura presentación de la demanda. No obstante, se produjo un fallo equívoco que condujo a negar la medida cautelar. Con relación a los motivos, el primero de ellos señala la errada valoración de la nota visible a foja 37 y repetida en página 53, rubricada por la firma forense ADAMES, CORDOVEZ & ASOCIADOS de fecha 5 de junio de 2009, la cual señala el casacionista, acredita la relación jurídico sustancial entre el recurrente y la señora A.M.V. y otros, y la futura presentación de una demanda civil. Al respecto, el Primer Tribunal Superior de Justicia, en fojas 225, al referirse a la prueba cuestionada, indica: "no constituye más que un indicio muy débil respecto de las demás probanzas contenidas en el dossier, conforme lo disponen los artículos 982 y 985 del Código Judicial". Conforme lo señalado, el sentenciador ad-quem le resta a la nota el carácter de prueba sumaria, elemento indispensable para que se produzca la admisión de la medida conservatoria. En tal sentido, se han establecido para la admisibilidad de la medida conservatoria o de protección en general, tres requisitos a saber; la prueba sumaria del derecho a asegurar (relación jurídico sustancial); el peligro en la demora (motivo justificado de que pueda sufrir algún peligro inmediato o irreparable y la obligación de constituir fianza para los posibles daños y perjuicios que se pudiesen causar, en caso de ser admitida. Así pues, observamos que la prueba que se estima indebidamente valorada, lo constituye la nota ACD-2305-09-zv de fecha 5 de junio de 2009, firmada por M.A., de la firma forense ADAMES, CORDOVEZ & ASOCIADOS, y remitida a EFG Bank con relación a la sociedad SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., la cual certifica que el señor S.A., es el beneficiario de las acciones de la sociedad antes señalada; no obstante, el contenido del citado documento no acredita que el recurrente en el futuro promovería una demanda civil en contra de las demandadas en la medida conservatoria, ni se demuestra que haya girado instrucciones para la creación de la sociedad, y que posteriormente, por actos fraudulentos no se transfirieron. Aunado a ello, y de acuerdo a la sana crítica (reglas de la lógica y la experiencia), la Sala estima que del citado documento y el restante caudal probatorio, tal como lo señaló el juzgador Ad-quem al referirse a las restantes pruebas que conforman el cuadernillo, no existe evidencia que confirmen lo indicado por la firma forense, y que contribuya a formar sumaria y la referida relación jurídica entre el peticionario y los futuros demandados. Por otro lado, en materia de indicios, hay que valorar la relación de la prueba con el restante material probatorio, y atendiendo a ello, establecer la validez de la petición, lo que para el caso que analizamos no se cumple. Ahora bien, de acuerdo al motivo, indica el casacionista que la prueba a foja 37, acredita la existencia jurídico sustancial entre S.A. y la sociedad SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A.; sin embargo, de una atenta lectura del contenido es indudable para la Sala que el supuesto vínculo entre las partes, es inexistente, toda vez que no se desprende de ella la solicitud para la creación de una sociedad y la correspondiente emisión de acciones, como fundamento para la constitución de SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., y la futura adquisición de una unidad departamental, a favor de S.A., en el edificio P.H.B.M., y en esos mismos términos se manifestó el Primer Tribunal Superior de Justicia, criterio que comparte esta Judicatura. Siendo así, no prospera el cargo aludido en el primer motivo. Para el segundo motivo, expuso la errónea valoración de la prueba, consistente en la certificación emitida por la Dirección del Registro Público (fs. 13), el cual es un documento público que acredita la existencia de la relación jurídico sustancial entre las partes y la futura presentación de un proceso civil contra A.M.V. y otros. En atención de ello, el sentenciador ad-quem no se pronunció de forma directa en la decisión recurrida con relación a dicha prueba; no obstante, no pasó por alto la misma, y así de manera genérica, lo expresó en la foja 225, al señalar lo siguiente: "Así las cosas, respecto de la existencia de la prueba sumaria, difiere este Tribunal con el planteamiento esbozado por el recurrente, ya que no se observa prueba alguna que acredite el interés de éste respecto de la sociedad SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., o sobre las acciones relacionadas con la misma". De lo expuesto por el Primer Tribunal Superior de Justicia, infiere la Sala que las pruebas obrantes en el cuadernillo fueron apreciadas en la resolución que revisamos en casación, por lo que la causal enunciada resulta inviable. En ese orden de ideas, esta Corporación coincide con lo planteado por el Ad-quem, con relación a la ausencia de relación jurídico sustancial entre las partes que presuponga la interposición de una demanda futura, y el peligro que conllevaría para la parte actora-casacionista, razones que sustenten la medida cautelar que peticiona. Decimos lo anterior, toda vez que la certificación emitida por la Dirección del Registro Público, y visible en foja 13, sólo sirve para acreditar la existencia y quien ejerce la representación legal de la sociedad SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., ello al tenor de lo establecido en el artículo 593 del Código Judicial. Así pues, no estima la Sala que se haya producido la errónea valoración de la referida certificación y la violación del artículo 836 del Código Judicial, al haberse considerado el restante caudal probatorio para adoptar tal decisión, y como quedó plasmado en líneas que anteceden, no se aportó documentación que apoye lo argumentado por el casacionista. En esos términos, esta Judicatura considera que no se configura el cargo expuesto en el segundo motivo. Para finalizar con el estudio del primer concepto de la causal de fondo, corresponde analizar el último de los motivos que sirvió de fundamento, en el cual se planteó, al igual que los anteriores, el yerro cometido por el juzgador de segunda instancia al no considerar la existencia de la relación jurídico sustancial entre las partes, restándole valor probatorio a la Escritura Pública Nº 7711(ver fs. 100 -104), de 27 de mayo de 2008, por medio de la cual se protocoliza el certificado de constitución de la sociedad anónima denominada SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., la cual demuestra las instrucciones que tradujeron la creación de la sociedad en cuestión. Así pues, luego de una minuciosa lectura del instrumento público, advierte la Sala que de dicho documento no se extrae lo que asevera el casacionista con relación a la existencia de una relación jurídico sustancial, que resulta ser el punto neurálgico del recurso instaurado, considerando los requerimientos de la medida conservatoria o de protección general, donde a su criterio, se giraron instrucciones para la creación de la sociedad tantas veces citada, así como la emisión de las acciones que la respaldan. Por el contrario, se observa que la prueba que alude el recurrente consiste en el denominado Pacto Social de la Sociedad Anónima SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., o también conocido como acta de constitución, lo cual se da en función de lo contemplado en la Ley 32 de 1927 sobre las sociedades anónimas, y en el que deben constar datos tales como, objetivo, actividades que desarrollará, monto del capital social, reuniones de la junta directiva, junta de accionistas, facultades de los dignatarios, entre otras. No obstante, el casacionista indicó que este documento acredita las instrucciones o directrices provenientes del legítimo propietario de las acciones, lo cual no se comprueba de la prueba cuestionada en el motivo, en consecuencia, lo que procede es desechar el cargo. Finalizado el examen del primer concepto del recurso de casación en el fondo, analicemos la segunda modalidad invocada, a saber, la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, la cual se configura cuando se ignora la prueba, como si no existiese, o se da por probado un hecho sin que exista prueba en el expediente. En dicho orden, veamos seguidamente el único motivo que lo sustenta: "PRIMERO: El ad-quem, no le dio valor probatorio alguno e ignoró la nota suscrita por J.E. en nombre y representación de JR.GROUP INC. (Fs. 49-50) la cual prueba la relación-jurídico sustancial y el interés jurídico de S.A. con respecto a la creación y emisión de las acciones de la sociedad SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., ya que de ella se desprende que J.E. (sic) fue quien, ordenó a BANVIVIENDA el pago de B/. 757,5000.00 (sic) para la compra de la Finca 82809, Doc.1261125, de la sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, Apartamento 24, del Edificio Bellmare (sic), que es el único bien que ostenta la sociedad SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., y sobre la cual versa el interés jurídico de nuestro representado en cuanto a la reclamación en proceso de la titularidad de las acciones emitidas de ésta. El ad quem al excluir la valoración de dicha prueba incurre en el error de derecho en cuanto a la existencia de la prueba, lo cual influyó en la parte dispositiva del fallo y dio como resultado el haber negado la medida conservatoria solicitada." (fs.238) Como normas infringidas, citó los artículos 569 y 780 del Código Judicial y 337 del Código Civil. En esta modalidad, el casacionista advierte que el juzgador ad quem ignoró la prueba visible en foja 49 y 50 del infolio, la cual evidencia, a su juicio, la relación jurídico-sustancial de S.A. en la creación y emisión de acciones para la sociedad SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., para la adquisición de la unidad departamental y una futura demanda. La prueba ignorada consiste en una nota distinguida con el número DT2 No. 3059-2008 de fecha 7 de octubre de 2008, dirigida a REGENT VEINTIUNO (21) S.A., por medio de la cual BANVIVIENDA, le informa las instrucciones provenientes de JR GROUP INC., representada de J.E. para el pago de la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES (B/. 757, 500.00) y las condiciones a cumplir para el pago de la carta de crédito. Al respecto, se observa que la resolución recurrida no emitió un pronunciamiento directo en referencia a la prueba; sin embargo, hizo alusión en términos generales del caudal probatorio existente en autos, por lo que puede inferir la Sala que la nota en cuestión fue apreciada, lo que desvirtúa la causal de fondo alegada. No obstante, en correspondencia al motivo que examinamos, esta Corporación estima que el documento que considera el recurrente fue ignorado, no acredita la reiterada relación jurídico sustancial existente entre el casacionista y los futuros demandados, ya que solo constituye la orden que recibió la entidad bancaria por el intermediario (JR. GROUP INC) en la compra del bien inmueble y el correspondiente pago de la carta de crédito, sin que de su contenido se desprenda instrucción alguna provenientes de S.A. y de esa forma acreditar lo señalado en el motivo. Conforme lo expuesto, consideramos que no se configura el cargo en el motivo objeto de estudio, ya que la prueba que se dice ignorada, no influyó en lo dispositivo del fallo, y de igual manera, no se produce la infracción de las normas alegadas, por lo tanto, se mantendrá la decisión del Tribunal ad-quem. Ante todo lo expuesto, considera la Sala que la resolución recurrida si bien ignoró la prueba señalada por el recurrente, sin embargo, ello no influyó en la parte dispositiva de la decisión impugnada, ni se produjo la infracción de las normas citadas, siendo así, lo que procede será no casar la resolución, y a ello procedemos a continuación. En cuanto a la condena en costas por el recurso, estima la Sala que la misma no corresponde al no constar gestión de la parte demandada, que conlleve sean impuestas. En mérito de lo antes expuesto, la SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución de fecha 11 de febrero de 2014, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en el cuadernillo contentivo de la medida conservatoria o de protección en general instaurada por S.A. contra SANTA TERESITA DEL NIÑO DE J.S.A., A.M.V. y COLIMBOS INC. Sin lugar a costas. N., HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)