Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 22 de Diciembre de 2014

Fecha de Resolución:22 de Diciembre de 2014
Emisor:Primera de lo Civil
 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

La firma forense BARRANCOS & HENRÍQUEZ, S.P.C. en representación de NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL, y la firma forense RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS, en su condición de apoderado judicial de RICARDO ERNESTO CUCALÓN ICAZA, RICARDO ERNESTO CUCALÓN URIBE e ISLA VIVEROS, S.A., han interpuesto ambos recurso extraordinario de casación en contra de la Sentencia de 19 de diciembre de 2011, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario propuesto por NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL contra ISLA VIVEROS,S.A., RICARDO ERNESTO CUCALÓN ICAZA, RICARDO ERNESTO CUCALÓN URIBE, VIVEROS DEVELOPMENT, S.A. y RICARDO LASSO GUEVARA.

La sentencia recurrida en casación, reforma la Sentencia No.1 de fecha 19 de enero de 2009, dictada por la Juez Tercera de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido:

"PRIMERO: SE ACCEDE parcialmente a la pretensión de NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL, por lo que SE DECLARA la Nulidad Absoluta de:

  1.       Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. celebrada el día 28 de febrero de 2002, protocolizada mediante Escritura Pública No. 720 de 28 de febrero de 2002 de la Notaria Novena del Circuito de Panamá;

  2.       Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. celebrada el día 1 de octubre de 2002, protocolizada mediante Escritura Pública No. 3888 de 8 de octubre de 2002;

  3.       Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. celebrada el día 19 de marzo de 2003, protocolizada mediante Escritura Pública No. 2171 de 23 de mayo de 2003;

  4.       Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A., celebrada el día 28 de noviembre de 2003, protocolizada mediante Escritura Pública No. 7693 de 2 de diciembre de 2003.

SE ABSUELVE a los señores RAFAEL FERNANDEZ LARA y RAÚL ADAMES FRANCESCHI.

SE NIEGA el resto de las declaraciones solicitadas por la parte actora.

La imperativa condena en costas a cargo de ISLA VIVEROS, S.A., RICARDO CUCALÓN ICAZA y RICARDO CUCALÓN URIBE, y en favor de la parte actora, se fija en la suma de QUINCE MIL BALBOAS (B/.15,000.00)

SEGUNDO

SE NIEGA la demanda de reconvención interpuesta por RICARDO CUCALÓN ICAZA e ISLA VIVEROS, S.A., contra NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL.

Las costas a cargo de los demandantes en reconvención RICARDO CUCALÓN ICAZA e ISLA VIVEROS, S.A.,y a favor de NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL, se fijan en CIENTO CINCUENTA MIL BALBOAS (B/. 151,000.00) (sic)

Sin condena en costas en esta segunda instancia a la recurrente-demandante NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL, por considerar su actuar de buena fe."(fs. 1104-1106)

Contra esta resolución parcialmente reproducida es que se presentan los recursos de casación en la forma y en el fondo, que la Sala pasa a decidir.

RECURSO DE CASACIÓN DE NORMA CAMPILLO BELL O NORMA BELL

El recurso de casación interpuesto por NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL se funda en una causal de forma y tres causales de fondo.

La causal de forma es " por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda porque se deja de resolver alguno de los puntos que han sido objeto de la controversia, consagrada en el literal b numeral 7 del artículo 1170 del Código Judicial. Dicha causal se funda en los motivos siguientes:

" PRIMERO: No obstante que aparece de manifiesto en el libelo de demanda que, además de la petición de declaratoria de nulidad absoluta de una pluralidad de actas que contienen supuestas reuniones extraordinarias de accionistas de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. y del contrato de compraventa celebrado por dicha sociedad ISLA VIVEROS, S.A. con la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, S.A., la pretensión de la demandante NORMA BELL consistía en la devolución de la suma de Cuatro Millones Cuatrocientos Mil Ochocientos Balboas (B/. 4,400.800.00) por parte de VIVEROS DEVELOPMENT, S.A. a favor de ISLA VIVEROS, S.A. producto de sendos contratos de Préstamos con Garantía Hipotecaria y de Arrendamiento con Opción de Compra, el Primer Tribunal Superior de Justicia decretó que el Juzgado Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Civil de Panamá había incurrido en su Sentencia en una incongruencia extra petita al condenar a los demandados a pagar la suma de Un Millón Ochocientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Sesenta Balboas (B/. 1,833,660.00) a favor de la señora NORMA BELL y, por tanto a consecuencia de lo cual, dejó de revisar y resolver este punto claramente establecido en la demanda y en la pretensión de la demandante, circunscribiendo la reclamación o pretensión de la parte actora únicamente a la declaratoria de nulidad de determinados actos o contratos, lo cual es incorrecto e impreciso.

SEGUNDO

Pese a que en los Hechos Cuadragésimo y Cuadragésimo Primero de la demanda (foja 30), se estableció como una de las pretensiones de la demandante NORMA BELL, que la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, S.A. le devolviera a la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. de la cual es accionista en un 41.66%, la suma de B/:4,400.800.00 producto de los contratos de arrendamiento con opción de compra y de préstamo con garantía hipotecaria, para así ser distribuida entre los socios de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. en la proporción accionaria de cada uno de ellos, el Primer Tribunal Superior de Justicia dejó de resolver este punto al considerar equivocadamente que la demandante NORMA BELL no había dirigido su reclamación dineraria en contra de los demandados. Conforme a esta desacertada tesis del Juez Ad Quem omitió entrar a considerar la procedencia y validez de una pretensión que se dejó consignada desde la presentación de la demanda, pretensión que además, podía ser implícita, deducida o deducible (fs. 1120-1121)

Producto de estos desaciertos considera infringidos los artículos 469, 475, 991 todos del Código Judicial.

DECISIÓN DE LA SALA

La casacionista acusa al Tribunal Ad quem de haber incurrido en la causal contemplada en el numeral 7, literal b, del artículo 1170 del Código Judicial, porque la sentencia recurridadejó de resolver la pretensión de la demandante NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELLconsistente en que la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, S.A. le devolviera a ISLA VIVEROS, S.A., de la cual es accionista en un 41.66 %, la suma de Cuatro Millones Cuatrocientos Mil Ochocientos Balboas (B/. 4,400.800.00) producto de los contratos de préstamos con garantía hipotecaria y de arrendamiento con opción de compra, para ser distribuidos entre los socios de ISLA VIVEROS, S.A., al considerar que el A quo había incurrido en una incongruencia extra petita por condenar a los demandados a pagar B/. 1,833,660.00 a favor de NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL, circunscribiéndose de esta manera la reclamación o pretensión de la parte actora únicamente a la declaratoria de nulidad de determinadas actas o contratos.

Toda vez que dicha causal guarda relación con el principio de congruencia (sin rebasarlo) y de la exhaustividad del fallo ( sin dejar cuestiones por resolver), el cual se regula fundamentalmente en los artículos 475 y 991 del Código Judicial, normas procesales que se consideran infringidas por el casacionista, la Sala no encuentra ocioso manifestar que la incongruencia como causal de casación tiene que buscarse necesariamente confrontando la parte resolutiva de la sentencia, que es la que contiene la decisión del conflicto sometido a la jurisdicción, con las pretensiones aducidas en la demanda.

En este sentido, observa la Sala que la demandante pretende que se decrete la nulidad absoluta, y por consiguiente la invalidez e ineficacia de los siguientes actos, actuaciones, contratos y convenios:

" 1.NULIDAD ABSOLUTA de la Escritura Pública No. 720 de 28 de febrero de 2002 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá, mediante la cual la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. celebra Contrato de Arrendamiento con Opción de Compra y Limitación de Dominio con la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC. , la cual se encuentra inscrita en el Registro Público a la Finca No. 4813, Documento 328332, Asiento 3 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, del día 19 de marzo de 2002.

  1. NULIDAD ABSOLUTA, por ausencia de consentimiento y causa, del Contrato de Arrendamiento con Opción de Compra y Limitación de Dominio celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC. consagrado en la Escritura Pública No. 720 de 28 de febrero de 2002 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá.

  2. NULIDAD ABSOLUTA, por carencia de consentimiento, causa y formalidades legales, del ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ISLA VIVEROS, S.A., presuntamente realizada el día 28 de febrero de 2002, acta contenida en la Escritura Pública No. 720 de 28 de febrero de 2002 de la Notaria Novena del Circuito de Panamá.

  3. NULIDAD ABSOLUTA de la Escritura Pública No. 3888 de 8 de octubre de 2002 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá, mediante la cual se modifica el Contrato de Arrendamiento con Opción de Compra y Limitación de Dominio suscrito entre las sociedades ISLA VIVERO S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., la cual se encuentra inscrita en el Registro Público a la Finca No. 4813, Código 8101, Documento 408650,Asiento 4 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, del día 14 de noviembre de 2002.

  4. NULIDAD ABSOLUTA, por falta de consentimiento y causa, del Contrato de Arrendamiento con Opción de Compra y Limitación de Dominio comprendido en la Escritura No. 3888 de 8 de octubre de 2002 de la Notaria Novena del Circuito de Panamá.

  5. NULIDAD ABSOLUTA, por carencia de consentimiento, causa y formalidades legales, del ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ISLA VIVEROS, S.A., presuntamente realizada el 1 de octubre de 2002, acta contenida en la Escritura Pública No. 3888 de 8 de octubre de 2002 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá.

  6. NULIDAD ABSOLUTA de la Escritura Pública No. 2171 de 23 de mayo de 2003 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá, mediante la cual se protocoliza Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A., inscrita en el Registro Público a la Ficha 450622, Documento 594245, de la Sección Mercantil, el día 22 de marzo de 2004.

  7. NULIDAD ABSOLUTA, por falta de causa, consentimiento y formalidades legales, de la Reunión y del Acta que recoge dicha Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A., contenida en Escritura Pública No. 2171 de 23 de mayo de 2003 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá.

  8. NULIDAD ABSOLUTA de la Escritura Pública No. 7694 de 2 de diciembre de 2003 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá, mediante la cual la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC, en su condición de Arrendatario de la finca No. 4813, da su consentimiento para que la sociedad ISLA VIVEROS, S.A., realice segregación de un globo de terreno para que se forme finca aparta (sic), la cual se encuentra inscrita conjuntamente con la Escritura Pública No. 7693 de 2 de diciembre de 2003 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá.

  9. NULIDAD ABSOLUTA de la Escritura Pública No. 7693 de 2 de diciembre de 2003 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá, mediante la cual la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. segrega un globo de terreno de su Finca No. 4813 para que forme finca aparte, la cual quedó inscrita como sigue:

  10.       Finca No. 231421, Código de Ubicación No. 8101, Documento Redi 568485, Asiento 1, Segregación para sí, Lote A, Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá.

  11.       Finca No. 231422, Código de Ubicación No. 8101, Documento Redi 568485, Asiento 1, Segregación para sí, Lote B, Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá.

  12.       Finca No. 231423, Código de Ubicación No. 8101, Documento Redi 568485, Asiento 1, Segregación para sí, Lote B-1, Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá.

  13.       Finca No. 231424, Código de Ubicación No. 8101, Documento Redi 568485, Asiento 1, Segregación para sí, Lote D, Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá

  14. NULIDAD ABSOLUTA, por falta de causa, consentimiento y formalidades legales, de la Reunión y del Acta que recoge dicha Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ISLA VIVEROS,S.A., contenida en Escritura Pública No. 7693 de 2 de diciembre de 2003 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá que supuestamente autoriza al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA para proceder a la segregación para sí de la finca No. 4813.

  15. NULIDAD ABSOLUTA de la Escritura Pública No. 1641 de 10 marzo de 2004 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá mediante la cual la sociedad ISLA VIVEROS,S.A. vende las fincas números 4813, 231421, 231422,231423 y 231424 de su propiedad a la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC, la cual quedó inscrita como sigue:

  16.       Finca 4813, Código de Ubicación No. 8101, Operación: Venta, Documento Redi 596018, Asiento 6, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá.

  17.       Finca 231421, Código de Ubicación No. 8101, Operación: Venta, Documento Redi 596018, Asiento 2, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá.

  18.       Finca 231422, Código de Ubicación No. 8101 Operación: Venta, Documento Redi 596018, Asiento 2, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá.

  19.       Finca 231423, Código de Ubicación No. 8101 Operación: Venta, Documento Redi 596018, Asiento 2, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá.

  20.       Finca 231424, Código de Ubicación No. 8101 Operación: Venta, Documento Redi 596018, Asiento 2, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá.

  21. NULIDAD ABSOLUTA, por falta de consentimiento, causa y formalidades legales del Contrato de Compraventa celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., sobre las fincas 4813, 231421,231422,231423 y 231424, contenido en la Escritura Pública No. 1641 de 10 de marzo de 2004 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá.

  22. NULIDAD ABSOLUTA, por falta de causa, consentimiento y de formalidades legales del Contrato de Préstamo garantizado con Primera Hipoteca y Anticresis celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC. el cual se encuentra reflejado en la Escritura No. 1641 de 10 de marzo de 2004 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá, e inscrito en el Registro Público, Sección de Propiedad, a la Ficha 303077, Sigla No. Hip., Documento Redi No. 596018, Hipoteca.

  23. NULIDAD ABSOLUTA, por ausencia de causa, consentimiento y de formalidades legales de la Reunión y del Acta que recoge la Reunión Extraordinaria de los Accionistas de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. contenida en la Escritura Pública No. 1641 de 10 de marzo 2004 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá.

  24. NULIDAD ABSOLUTA de cualquiera otros actos, contratos, convenios, escrituras, inscripciones o transacciones que se hayan llevado a cabo entre las sociedades ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., concernientes a la Finca 4813 y sus posteriores segregaciones.

  25. Que una vez se haya declarado la NULIDAD ABSOLUTA de las actuaciones, contratos, convenciones e instrumentos mencionados anteriormente, se remita Oficio al Registro Público a fin de que proceda con la Cancelación de todas las Inscripciones que dicen relación con dichos actos.

  26. Que al declararse la NULIDAD Absoluta de todos los actos que se dejan arriba señalados, los contratantes se restituyan recíprocamente las cosas que han sido materia del o de los contratos, con sus frutos y el precio con los intereses, tal como se consagra en el Artículo 1154 del Código Civil." (fs. 10-14)

En tanto que, en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, el Ad quem reforma la Sentencia No.1 de 19 de enero de 2009, dictada por la Juez Tercera de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y en lugar resuelve:

PRIMERO

SE ACCEDE parcialmente a la pretensión de NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL, por lo que SE DECLARA la Nulidad Absoluta de:

1-Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. celebrada el día 28 de febrero de 2002, protocolizada mediante Escritura Pública No. 720 de 28 de febrero de 2002 de la Notaria Novena del Circuito de Panamá;

2-Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. celebrada el día 1 de octubre de 2002, protocolizada mediante Escritura Pública No. 3888 de 8 de octubre de 2002;

3-Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. celebrada el día 19 de marzo de 2003, protocolizada mediante Escritura Pública No. 2171 de 23 de mayo de 2003;

4-Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A., celebrada el día 28 de noviembre de 2003, protocolizada mediante Escritura Pública No. 7693 de 2 de diciembre de 2003.

SE ABSUELVE a los señores RAFAEL FERNÁNDEZ LARA y RAÚL ADAMES FRANCESCHI.

SE NIEGA el resto de las declaraciones solicitadas por la parte actora.

La imperativa condena en costas a cargo de ISLA VIVEROS, S.A., RICARDO CUCALÓN ICAZA y RICARDO CUCALÓN URIBE, y en favor de la parte actora, se fija en la suma de QUINCE MIL BALBOAS (B/. 15,000.00)

SEGUNDO

SE NIEGA la demanda de reconvención interpuesta por RICARDO CUCALÓN ICAZA e ISLA VIVEROS, S.A., contra NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL.

Las costas a cargo de los demandantes en reconvención RICARDO CUCALÓN ICAZA e ISLA VIVEROS, S.A.,y a favor de NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL, se fijan en CIENTO CINCUENTA MIL BALBOAS (B/. 151,000.00) (sic)

Sin condena en costas en esta segunda instancia a la recurrente-demandante NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL, por considerar su actuar de buena fe."(fs. 1104-1106)

De lo que viene expuesto se colige que el Tribunal Ad quem ACCEDE parcialmente a la pretensión de NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL en cuanto a declarar la Nulidad Absoluta de las Actas de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S. A. protocolizada mediante Escritura Pública No.720, Escritura Pública No.3888, Escritura Pública No. 2171 y Escritura Pública No.7693, y NIEGA del resto de las declaraciones solicitadas por la parte actora.

Dicha decisión lleva a esta Sala a concluir que la pretensión de la demandante NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL en cuanto que se le devolviera la suma Cuatro Millones Cuatrocientos Mil Ochocientos Balboas (B/. 4,400.800.00) por parte de VIVEROS DEVELOPMENT, S.A. a favor de ISLA VIVEROS, S.A. producto del Contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria y de Anticresis celebrado mediante Escritura No.1641 de 10 de marzo de 2004, de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá, y que consistía en la suma de Cuatro Millones Cuatrocientos Mil Ochocientos Balboas (B/. 4,400.800.00), en concepto de préstamo, fue negada, por cuanto que entre el resto de las declaraciones aducidas en el libelo de la demanda se encuentran las solicitudes siguientes:

"14. NULIDAD ABSOLUTA, por falta de causa, consentimiento y de formalidades legales del Contrato de Préstamo garantizado con Primera Hipoteca y Anticresis celebrado entre ISLA VIVEROS,S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC. el cual se encuentra reflejado en la Escritura No. 1641 de 10 de marzo de 2004 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá, e inscrito en el Registro Público, Sección de Propiedad, a la Ficha 303077, Sigla No. Hip., Documento Redi No. 596018, Hipoteca.

...

  1. Que al declararse la NULIDAD Absoluta de todos los actos que se dejan arriba señalados, los contratantes se restituyan recíprocamente las cosas que han sido materia del o de los contratos, con sus frutos y el precio con los intereses, tal como se consagra en el Artículo 1154 del Código Civil."

Y dado que la suma de Cuatro Millones Cuatrocientos Mil Ochocientos Balboas (B/. 4,400.800.00) en concepto de préstamo por ISLA VIVEROS, S.A. a favor de VIVEROS DEVELOPMENT, INC. es una de las cosas que ha sido materia de uno de los contratos celebrados entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., y que pide NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL se restituya en el libelo de su demanda, y le fue negado, a juicio de esta Corporación no existe incongruencia entre lo pedido y fallado por el Tribunal Superior, ya que decidió todos los puntos objeto de controversia, y en consecuencia, no se ha configurado la violación del principio de congruencia y del principio de la exhaustividad del fallo contenido en los artículos 475 (470) y el artículo 991(978) del Código Judicial a los que alude la recurrente. Por tanto, la causal será desestimada.

Desestimada la causal de forma, pasa la Sala a resolver las causales de fondo. No sin antes manifestar que al tratarse el caso subjúdice, sobre la interpretación de contratos, específicamente la Nulidad Absoluta del Contrato de Compraventa y Préstamo Hipotecario celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC [1]., por falta de uno de los elementos esenciales para la validez, existencia y formación de los contratos, la interpretación de dichos contratos son, de naturaleza sustantiva, razón por la cual la interpretación que hace el juzgador sobre la voluntad de las partes inserta en un contrato nada tiene que ver con la apreciación que se hace del documento que lo contiene.

Por tanto, a esta Sala le esta vedado pronunciarse respecto a la causal probatoria de "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba" invocada, ya que la parte recurrente acusa al Tribunal Superior de que no valoró correctamente el poder inscrito en Registro Público, no obstante, se refiere y ahonda sobre el verdadero sentido y alcance, así como la interpretación

correcta, sobre el referido poder, que contiene el apoderamiento otorgado a RICARDO CUCALÓN para la negociación y venta de las fincas Nos. 4813, 231421, 231422, 231423 y 231424 de propiedad de ISLA VIVEROS, S.A., y que fuere mal interpretado en la sentencia impugnada en casación, lo que en todo caso, puede ser impugnado a través de la violación directa de las normas sustantivas que rigen el asunto.

Sobre este tema, ha dicho la Sala de manera reiterativa lo siguiente ( S. de 30 de junio de 1992):

" La idea esencial en que funda este criterio, se deriva de la visión que ha de dársele al documento contentivo de un contrato. Desde un punto de vista general, el documento en el cual consta un contrato debe apreciarse según las reglas de la sana crítica (normas procesales) en lo respecta a su valor probatorio como documento, a su validez, a su autenticidad, etc. Sin embargo, lo referente a la interpretación jurídica de las estipulaciones contractuales, debe ser regido por las disposiciones que en nuestro Código Civil (normas sustantivas) se incluyen para regular la interpretación de los contratos(Art. 1132 y ss.). Las estipulaciones de un contrato constituyen ley para las partes vinculadas y las normas que conducen al juzgador en la interpretación de esta ley contractual son, lógicamente, de naturaleza sustantiva, en consecuencia, la operación de interpretación de un contrato involucra un análisis jurídico que es independiente de toda cuestión de hecho. Por lo tanto, no puede impugnarse la interpretación de los contratos, a través de los conceptos probatorios de la causal de fondo, ya que dichos conceptos se refieren a factores propios de los hechos de la causa.

Por tanto, la causal probatoria será desestimada. En consecuencia, procede la Sala a pronunciarse respecto a las causales de violación directa y aplicación indebida de manera conjunta.

En cuanto a la causal de "infracción de las normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa, que ha influido de modo sustancial en lo dispositivo de la resolución recurrida", los motivos que le sirven de fundamento a la causal, son los siguientes:

"PRIMERO: El Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá en la Sentencia de 19 de diciembre de 2011 dejó de declarar la Nulidad Absoluta del Contrato de Compraventa (fojas 165-177) celebrado entre la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, S.A. a pesar de haber reconocido y decretado la Nulidad Absoluta de todas las Actas de reuniones extraordinarias de accionistas de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. mediante las cuales se le confería Poder especial y autorizaciones al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA (fs. 1098 y 1099) para vender, en nombre y representación de dicha sociedad las Fincas 4813,231421,231422,231423 y 231424 todas inscritas en la sección de propiedad de la Provincia de Panamá. Al omitir esta declaración de Nulidad Contractual, le otorgó validez a los Contratos de Compraventa celebrados entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, S.A. a pesar de que los mismos carecían de uno de elementos esenciales para la validez, existencia y formación, el cual es el Consentimiento de la partes contrayentes, influyendo con este enjuiciamiento en lo dispositivo del fallo.

SEGUNDO

El Tribunal Ad quem, a pesar de haber reconocido que el señor RICARDO CUCALÓN ICAZA no estaba facultado por las accionistas de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. para celebrar el contrato de compraventa de la fincas de propiedad de ésta al haber declarado la Nulidad de las Actas de reuniones extraordinarias de accionistas que le otorgaban esa autorización (fojas 1098,1099 y 1105), le reconoció validez y eficacia al contrato de compraventa celebrado en virtud de dichas autorizaciones o facultades declaradas Nula de Nulidad Absoluta, lo cual conllevó que se violara por omisión el precepto de derecho que consiste en que para que toda sociedad anónima pueda vender o traspasar legal y válidamente sus bienes, requiere el consentimiento de la mayoría de los accionistas de dicha sociedad.

TERCERO

A pesar que la decisión recurrida reconoció la existencia de un vicio Nulidad Absoluta en el contrato de compraventa de las Fincas No. 4813,231421,231422,231423 y 231424 de la Provincia de Panamá, celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, S.A. el cual consistía en la falta de autorización de los accionistas de la sociedad vendedora para realizar dicho negocio y por tanto la ausencia de Consentimiento de una de las partes, no solamente No accedió a Declarar la Nulidad Absoluta de dichos actos celebrados con la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT ,S.A. sino que además, se negó a Declarar la Nulidad Absoluta de las posteriores ventas que de las fincas Nos. 4813,231421,231422,231423 y 231424 hizo la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, S.A., aduciendo que dichos inmuebles pertenecían a terceras personas ajenas al proceso (foja 1104), omitiendo considerar -a su vez- que las ventas que hizo la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, S.A. de las fincas precitadas, fueron hechas con posterioridad no sólo a la interposición de la demanda, sino a la notificación que de la misma le hizo el juzgado de la causa a esta sociedad (fojas 1123-1124)

Las normas legales que estima la censura infringidas por el fallo recurrido son las contenidas en los artículos 5,1110,1112,1129,1141,1143,1154,1227 todos del Código Civil, y el artículo 68 de la Ley No.32 de 26 de febrero de 1927.

A fin de determinar si el juzgador incurrió en las acusaciones que le imputan, la Sala pasa a examinar los hechos conforme aparecen consagrados en la sentencia impugnada:

" Los recurrentes RICARDO CUCALÓN ICAZA, RICARDO CUCALÓN URIBE e ISLA VIVEROS, S.A. también muestran disconformidad con la decisión de decretar la nulidad absoluta de las escrituras públicas que contienen u a serie de actos y contratos, por no haberse notificado a la demandante NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL de la celebración de cuatro (4) reuniones de accionistas de ISLA VIVEROS, S.A.

Al respecto, se advierte que por conducto de cuatro (4) de las escrituras enlistadas en párrafos precedentes, se protocolizaron las Reuniones Extraordinarias de los Accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. celebradas los días 28 de febrero de 2002, 1 de octubre de 2002, 19 de marzo de 2003 y 28 de noviembre de 2003, en las cuales se autorizó al presidente de la sociedad, el demandando RICARDO ERNESTO CUCALÓN ICAZA a que en nombre de la sociedad efectuara los siguientes contratos y actos: suscribir contrato de Arrendamiento con Opción de Compra y Limitación de Dominio con VIVEROS DEVELOPMENT INC; suscribir una modificación al contrato de Arrendamiento con Opción de Compra y Limitación de Dominio; la venta de la finca No. 4813; y la segregación de varias fincas de la finca No. 4813.

A consecuencia de las autorizaciones otorgadas al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA por los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A., además de la celebración del Contrato de de Arrendamiento con Opción de Compra y Limitación de Dominio, y de una addenda a lo mismo, se dio la segregación de varias fincas de la finca 4813, naciendo las fincas 231421,231422,231423 y 231424; asimismo, ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC. celebraron contrato de compraventa, por el cual la primera vendió las fincas 4813, No. 231421,231422,231423 y 231424 por la suma de B/. 400,000.00, y contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria, en el cual VIVEROS DEVELOPMENT, INC, constituye hipoteca a favor de ISLA VIVEROS, S.A. sobre las fincas No. 4813, 231421 y 231424.

Todos estos actos y contratos, así como las escrituras públicas en las que se protocolizaron, fueron declaradas nulas por nulidad absoluta en la sentencia de primera instancia, por estimarse que las cuatro (4) reuniones de la Asamblea de Accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. no son válidas por no contar con el consentimiento de la mayoría de los accionistas.

Tal conclusión se sustenta en que pesar de indicarse en las actas la participación de todos los accionistas, o que éstos estaban debidamente representados, en el expediente no consta que la accionista NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL fuera convocada, ni que haya renunciado a la convocatoria, o que asistiera a las reuniones o haya dado autorización a alguien para que la representara.

Al no tener validez las autorizaciones conferidas a RICARDO CUCALÓN ICAZA, estas son nulas, al igual que los actos y contratos realizados en nombre de ISLA VIVEROS, S.A., por existir un vicio en el consentimiento.

Frente a tal razonamiento por parte de la Juez de la causa, los demandados RICARDO CUCALÓN ICAZA, RICARDO CUCALÓN URIBE e ISLA VIVEROS, S.A. arguyen que no hay nulidad absoluta por falta de consentimiento, ya que NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL estuvo representada en las reuniones de accionistas por el señor RICARDO CUCALÓN ICAZA, quien fue autorizado mediante correo electrónico de fecha 3 de febrero de 2001 allegado al expediente, el cual consideran válido al tenor del artículo 47 de la Ley de Sociedades Anónimas (Ley 32 de 26 de febrero de 1927).

Igualmente, manifiestan que en diligencia verificada ante la Fiscalía Undécima de Circuito de Panamá, la demandante aceptó haber enviado el citado correo electrónico al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA.

Al momento de ponderar el valor probatorio del referido correo electrónico, consultable a foja 284 del expediente, la Juez de conocimiento le restó valor por tratarse de un documento no firmado que no cumplía con los requerimientos descritos en el artículo 862 del Código Judicial, es decir, no fue reconocido expresamente por la demandante, ni se acreditó su autoría mediante otros medios de prueba.

Ahora bien, tal como afirma la apoderada judicial de RICARDO CUCALÓN ICAZA, RICARDO CUCALÓN URIBE e ISLA VIVEROS, S.A. dentro de las contrapruebas documentales aportadas en segunda instancia, está la Declaración Jurada rendida por NORMA BELL el día 5 de mayo de 2006 ante la Fiscalía Undécima de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá (fs. 954-959)

En dicha diligencia, la demandante reconoció el correo electrónico, así como haberlo redactado (f. 955), con la cual, al tenor del artículo 862 del Código Judicial, esta Superioridad pondera el documento privado como auténtico.

Además, al ser evacuada con audiencia de la parte contra quien se aduce la prueba, NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL, se da cumplimiento con el requisito de admisibilidad que para la prueba trasladada exige el artículo 795 del Código Judicial.

No obstante a lo arriba expresado, es importante determinar si el correo electrónico remitido por la demandante al señor ENRIQUE CUCALÓN ICAZA constituye un poder amplio sin límite de tiempo o gestión para que la representara en cualquiera transacción, acto o contrato concerniente a la venta de la finca No. 4813, incluyendo las reuniones de los Accionistas de ISLA VIVEROS, S.A.

Para ello, resulta necesario transcribir el contenido del correo electrónico en comento:

" Querido Ricardo:

El mensaje presente tiene por objeto confirmar nuestra conversación telefónica de ayer, 3 de febrero de 2001, con objeto de darte, por este medio, la autorización para la negociación con el Grupo Fernández para la venta de la Isla Viveros, S.A., Hotel Princesa, S.A., Grupo Las Perlas, S.A. y para firmar cualquier documento que sea necesario para llevar a cabo esta transacción en los mejores términos posibles. Atentamente, Norma Bell."

Del tenor literal del correo electrónico trascrito, a juicio del Tribunal no se desprende que NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL haya autorizado a RICARDO ERNESTO CUCALÓN ICAZA a que asumiera su representación en las reuniones extraordinarias de Accionistas de ISLA VIVEROS, S.A., celebradas los días 28 de febrero de 2002, 1 de octubre de 2002, 19 de marzo de 2003 y 28 de noviembre de 2003.

A pesar de que los recurrentes-demandadas aseguran que se trata de un poder amplio para representar a la actora "en cualquier transacción, acto o contrato relacionado con la venta de las sociedades o de la ISLA VIVEROS (es decir, la Finca No. 4813)", ni tampoco que RICARDO CUCALÓN ICAZA estaba facultado para representar a NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL en las reuniones extraordinarias de accionistas.

Nótese que en la misiva se da autorización para la negociación con " Grupo Fernández" para la venta de tres sociedades, Isla Viveros, S.A., Hotel Princesa, S.A., Grupo Las Perlas, S.A., mas no se hace referencia a la finca No. 4813 de propiedad de ISLA VIVEROS, S.A.

En ese mismo orden de ideas, cobra especial relevancia la explicación dada por la propia demandante en la diligencia de declaración jurada rendida ante el Ministerio Público (f. 955):

" PREGUNTADO: Diga la declarante, si el documento por usted redacto (DIC), que se le ha puesto de presente autorizaba la venta de la Finca No. 4813 tomo 111, folio 444, de la Provincia de Panamá, que era propiedad de ISLA VIVEROS, S.A. CONTESTO: Señora Fiscal, de ninguna manera, el objeto de este mail era para (SIC) se comenzaran a realizar negociaciones para ver que quería el Grupo Fernández, para ver si querían comprar nuestras acciones o mis acciones. En resumen, para iniciar negociaciones...............................................................................................................

........................ ".

Siendo que del contenido del correo electrónico en comento no se desprende que la señora NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL haya delegado al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA su derecho de participación y de voto en las reuniones de accionistas de ISLA VIVEROS, S.A., y que la demandante no fue citada a las reuniones, carecen de validez las actas de las reuniones de la asamblea extraordinaria de accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. por el incumplimiento de formalidades legales (artículo 40 y 42 de la Ley 32 de 1927); por ende, también adolecen de validez las decisiones adoptadas, esto es, las autorizaciones otorgadas al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA.

Valga indicar que la no participación de NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL significa que tampoco existió quórum, otra condición indispensable para la celebración de una asamblea de accionistas (artículo 44 de la Ley 32 de 1927), lo que si sólo da lugar a la nulidad de las actas y los acuerdos en ellas adoptados, máxime, cuando las autorizaciones conferidas a RICARDO CUCALÓN ICAZA tenían como objeto el arrendamiento y venta de bienes pertenecientes a la sociedad, asunto para el cual se requería la autorización de la mayoría de la acciones con derecho a voto, es decir, el cincuenta y un por ciento de las acciones con derecho a voto y en circulación ( artículo 68 de la Ley 32 de 1927)

Es importante indicar que tanto la demandante como los demandados RICARDO CUCALÓN ICAZA, RICARDO CUCALÓN URIBE e ISLA VIVEROS, S.A., afirman que de las cuatro mil (4,000) acciones emitidas con derecho a voto, el cincuenta por ciento (50%) a NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL.

Lo anterior refleja en las copias autenticadas por Notario Público de los certificados de Acción de Clase "A" N° 5, 6, 7 y 8, representativo cada uno de 500 acciones de propiedad de NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL, en cuyos contenidos se indica que el capital social de ISLA VIVEROS, S.A. es de 4,000 Acciones Comunes Clase "A" (fs. 47-50)

Igualmente, en las copia simples del pacto social aportado al proceso por ambas partes (fs. 197-204 y 324-326), en la cláusula Decimosegundo se lee lo siguiente: " El consentimiento o autorización de los Accionistas será otorgado válidamente mediante resolución aprobada en Asamblea General de Accionistas, bien ordinaria, bien extraordinaria, en que consignen los votos favorables de los tenedores, de por lo menos la mitad más una de las acciones en circulación de la Sociedad ".

Así las cosas, resulta indiscutible la nulidad absoluta de las actas de las reuniones de las Asambleas de Accionistas de ISLA VIVEROS, S.A., así como lo acordado en ellas, por incumplirse con las formalidades que dispone la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 para la citación y celebración de las asamblea de accionistas.

En otro orden de ideas, la también demandada primigenia VIVEROS DEVELOPMENT, INC., en su escrito de sustentación de apelación, manifiesta su desacuerdo con lo resuelto por la Juez de primera instancia, exponiendo que adquirió de buena fe la propiedad de las fincas, cumpliendo para ello con las formalidades legales e ignorando "alguna irregularidad o vicio por parte de los administradores de la Sociedad ISLA VIVEROS, S.A.

Asegura estar amparada por el principio de la buena fe registral, y que al momento de suscribir los contratos en el Registro Público constaba poder general otorgado por ISLA VIVEROS, S.A. en favor de RICARDO CUCALÓ (SIC) ICAZA.

En ese sentido, el Tribunal es del criterio que al desconocer VIVEROS DEVELOPMENT, INC. los vicios de las autorizaciones que en favor de RICARDO CUCALÓN ICAZA se otorgaron en las reuniones de accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. celebradas los días 28 de febrero de 2002, 1 de octubre de 2002, 19 de marzo de 2003 y 28 de noviembre de 2003, cuya nulidad es materia del presente negocio, no se pueden anular los contratos suscritos con terceros por quien aparecía con facultad para ello." ( fs 1093-1100)

Del contenido de la sentencia impugnada se colige que el Tribunal de segunda instancia declaró la Nulidad Absoluta de las actas de reuniones extraordinaria de accionistas de ISLA VIVEROS S.A. de los días 28 de febrero de 2002, 1 de octubre de 2002, 19 de marzo de 2003 y 28 de noviembre de 2003, por adolecer del consentimiento de los accionistas, no obstante, dejó de declarar la nulidad del acta de reunión extraordinaria de accionistas de ISLA VIVEROS S.A. del 10 de marzo de 2004, contenida en la Escritura Pública No. 1641 de 10 de marzo de 2004, mediante el cual ISLA VIVEROS, S.A. vende las Fincas No. 4813, 231421, 231423, 231424 a la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC. y celebra contrato de préstamo hipotecario por la suma B/.4,000,800.00 a favor de VIVEROS DEVELOPMENT, INC.

Por tanto, le asiste la razón a la recurrente, en cuanto a que, el Tribunal Ad quem dejó de decretar la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC, para la venta de las Fincas No. 4813, 231421, 231422, 231423, 231424 a la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC. y del contrato de préstamo hipotecario garantizado con primera hipoteca y anticresis celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., contenido en la Escritura No. 1641 de 10 de marzo de 2004, expedida por la Notaría Undécima del Circuito de Panamá.

Y es que las actas de las reuniones extraordinarias de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. celebrada el día 28 de febrero de 2002, 1 de octubre de 2002, 19 de marzo de 2003 y 28 de noviembre de 2003, conferían poder y autorizan al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA, a celebrar contratos de arrendamiento con opción a compra y limitación de dominio, a la venta de la finca 4813 o cualquier parcela de la misma y a la segregación de 4 lotes que forman parte de la finca 4813 para que formen finca aparte, del cual nacen las fincas 231421, 231422, 231423, 231424.

Por tanto, al declararse la nulidad de las precitadas actas, el Tribunal Ad quem omitió declarar la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC, para la venta de las Fincas No. 4813, 231421, 231422, 231423, 231424 a la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC. y del contrato de préstamo hipotecario garantizado con primera hipoteca y anticresis celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., contenido en la Escritura No.1641 de 10 de marzo de 2004, porque declarada nula el Acta del 19 de marzo de 2003, protocolizada mediante Escritura Pública No.2171 de 23 de mayo de 2003, que autoriza la venta de la Finca No. 4813 o cualesquiera parcela de la misma, el señor RICARDO CUCALÓN ICAZA,no estaba autorizado a realizar la venta de las fincas ni el préstamo hipotecario.

Además, de que no consta el Acta de reunión extraordinaria de accionistas de ISLA VIVEROS S.A. del 10 de marzo de 2004, en donde se autoriza al señor Ricardo Cucalón a vender las fincas, ya que en la Escritura Pública 1641 de 10 de marzo de 2004, solo existe el Acta de una reunión extraordinaria de los accionistas de la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC, para la compra de las fincas 4813, 231421, 231422, 231423, 231424 propiedad de ISLA VIVEROS, S.A. y de autorización para que se den en garantía hipotecaria la finca 4813. (fs.159-177)

En conclusión, no solo no consta el Acta que otorgue poder y autorice al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA a vender las citadas fincas, sino que el poder que lo autoriza a hacerlo fue declarado nulo de nulidad absoluta al declararse la nulidad absoluta del Acta del 19 de marzo de 2003, protocolizada mediante Escritura Pública No. 2171 de 23 de mayo de 2003, mediante la cual se autoriza la venta de la Finca No. 4813 o cualesquiera parcela de la misma.

Así las cosas, la Sala concuerda con la casacionista en cuanto a que, el señor RICARDO CUCALÓN ICAZA no estaba autorizado para celebrar el contrato de compraventa de las fincas, por falta del requisito esencial para la validez, existencia y formación de los contratos, como lo es, el consentimiento de los contratantes, y por tanto, al omitir esta declaración de nulidad contractual, el Tribunal Ad quem omitió aplicar las normas sustantivas contenidas en el Código Civil que regulan la interpretación de los contratos, en virtud de la cual, a falta de uno de los requisitos para su validez, procede la declaratoria de nulidad absoluta, razón por la cual declara que se encuentra configurada la causal de violación directa por omisión de los artículos 5, 1110,1112,1129,1141,1143 del Código Civil.

En consecuencia, esta Corporación a fin de enmendar parte de los agravios producidos a la demandante/recurrente NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL, Casa la sentencia recurrida, y en su lugar, declara nulidad absoluta del Contrato de Compraventa celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., mediante el cual ISLA VIVEROS, S.A. vende las Fincas No. 4813, 231421, 231423, 231424 a la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC. y celebra contrato de préstamo hipotecario por la suma B/.4,000,800.00 a favor de VIVEROS DEVELOPMENT, INC, así mismo se declara la nulidad absoluta de todos contratos y escrituras públicas, que guarden relación con las actas que fueron declaradas nulas por el Tribunal Ad quem, ya que la nulidad de dichas actas produce también la nulidad de absoluta de los actos, contratos y escrituras celebrados entre las partes contratantes.

Ahora bien, en materia contractual, la regla general es que declarada la nulidad del contrato, debe declararse la obligación recíproca de restitución, entre las partes, con la única excepción, que si el contrato fue anulado porque su causa u objeto devenía en ilícito por ser delito, entonces, no se causa la obligación de restitución, pero como en este presente caso el contrato fue anulado por el consentimiento, entonces, priva la obligación de restitución.

En este sentido, la casacionista solicita la restitución de las fincas en poder de VIVEROS DEVELOPMENT, S.A. y sus litisconsortes INMOBILIARIA DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO, S.A. , AGUAS CLARAS DE LAS PERLAS, S.A. y DESARROLLO DE LAS PERLAS, S.A. y del contrato de préstamo con garantía hipotecaria a favor de VIVEROS DEVELOPMENT, S.A. por la suma de B/.4,000.800.00 [2]

Con respecto a este punto, el Tribunal Ad quem decidió no anular los contratos suscritos con VIVEROS DEVELOPMENT, INC. amparándose por el principio de buena fe registral, en donde el tercero adquiriente de buena fe que contrata con quien aparece en el Registro Público con derecho a ello, no es afectado en su derecho en el supuesto de que se invalide el título de quien lo adquirió, siempre y cuando el tercero no haya actuado de mala fe.

A esta decisión se opuso la casacionista alegando que el Ad quem omitió considerar que las ventas que hizo la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC. de las precitadas fincas fueron hechas con posterioridad no sólo a la interposición de la demanda, sino a la notificación que de la misma le hizo el juzgado de la causa a esta sociedad.

Además, sostiene que VIVEROS DEVELOPMENT, INC., no es un tercero adquiriente de buena fe, sino la persona jurídica con la cual ISLA VIVEROS, S.A. celebró directamente el Contrato de Compraventa relativo a las fincas, por tanto, a su juicio el Ad quem aplicó indebidamente normas legales de protección al tercero de buena fe en las cuales es presupuesto indispensable que en el contrato se haya cumplido y llenado todos los requisitos de existencia y formación del mismo

A fin de determinar si el Ad quem aplicó indebidamente las normas legales de protección al tercero de buena fe, debemos remitirnos a las reglas que regulan el principio de la buena fe registral contenidas en el Código Civil de Panamá. En este sentido, el artículo 1761 es del tenor literal siguiente:

Artículo 1761. El tercero es aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción del título en el Registro Público.

De conformidad con la precitada norma el tercero es aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción del título en el Registro Público. No obstante, nuestro Código Civil en su artículo 582, señala que la figura del tercero también se encuentra en la segunda parte del artículo 1762 y en la primera parte del artículo 1763, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Artículo 1762. La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho a ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o de causas implícitas o de causas que aunque explícitas no consten en el Registro".

"Art 1763. Las acciones de rescisión o resolución no perjudicarán a tercero que haya inscrito su derecho.

Exceptuándose:

  1. Las acciones de rescisión o resolución que deban su origen a causas que, habiendo sido estipuladas expresamente por las partes, consten en el Registro;

  2. Las acciones rescisorias de enajenaciones en fraude de acreedores en los casos siguientes:

    1. Cuando la segunda enajenación ha sido hecha por título lucrativo; y

    2. Cuando el tercero haya tenido conocimiento del fraude del deudor".

    Por su parte, la doctrina y la jurisprudencia nacional han dejado sentado que para calificar una persona como tercero registral deben cumplirse los requisitos siguientes:

  3.        Que se trate de un adquirente del dominio de un inmueble,

  4.        Que exista la buena fe del tercero adquiriente,

  5.        El negocio adquisitivo ha de ser un título que aparezca inscrito en el Registro Público, y que el transmitente aparezca con facultades para realizar la transferencia, y

  6.        El tercer adquiriente debe, a su vez, inscribir su adquisición.

    Este concepto ha sido aclarado recientemente por el especialista en derecho inmobiliario registral panameño, Mario J. Galindo, en su obra titulada "Cuatro Lecciones de Derecho Inmobiliario Registral Panameño, quien explica lo siguiente:

    " .... en el ámbito del Derecho inmobiliario registral panameño, al igual que en el español, el tercero registral -que, en verdad, como queda dicho,debiera denominarse, simplemente,adquiriente - es la persona que contrata con quien, de acuerdo con las constancias registrales, tiene facultad para transmitir o constituir un derecho de que se trate.

    Ello, a ojos vistas, pone de manifiesto que con la voz tercero utilizada en los artículos 1761,1762 y 1763 del Código Civil se mienta y alude a dicho adquiriente y a nadie más." (fs. 177-178)

    Así las cosas, para la Sala queda claro que a pesar que VIVEROS DEVELOPMENT, INC., celebró el contrato de compraventa con la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. relativo a la venta de las citadas fincas [3], es un tercero adquiriente. No obstante, ello no es óbice para que esta Sala ordene la restitución de las cosas objeto del contrato, ya que existen una serie de actos que puedan revestir el carácter de fraudulentos. Así por ejemplo, mediante Escritura 750 de 31 de enero de 2005, fue cancelado el contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado entre ISLA VIVIEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC. Y llama la atención de esta Sala que en la cláusula CUARTA la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. declara lo siguiente:

    CUARTO: Que LA SOCIEDAD ISLA VIVEROS, S.A. no ha girado ningún dinero a favor de VIVEROS DEVELOPMENT, INC. como lo ha establecido en las referidas Escrituras Pública Número Mil seiscientos cuarenta y uno (1641) de generales antes mencionadas y la Escritura Pública Número seis mil quinientos cincuenta y seis (6556) de dieciocho (18) de octubre de dos mil cuatro (2004), extendida en la Notaria Segunda del Circuito de Panamá por la cual la sociedad ISAL VIVEROS, S.A. sustituye la finca cuatro ocho uno tres (4813) dada en garantía por la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC. por la finca dos tres nueve cero ocho cero (239080)

    El dinero al cual hace referencia la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. es la suma de US$ 4,000,800.00 que declara el garante hipotecario haber recibido a satisfacción, suma ésta que se obliga a pagar en la cláusula décima primera, décima segunda y décima cuarta del Contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria, contenida en la Escritura Pública No.1641 de 10 de marzo de 2004, que para un mayor entendimiento se reproduce:

    ---------------------PRÉSTAMO HIPTECARIO--------------

    DÉCIMA PRIMERA: Declara EL GARANTE HIPOTECARIO que acepta haber recibido a su entera satisfacción de parte de EL ACREEDOR HIPOTECARIO, en concepto de préstamo, la suma de cuatro millones ochocientos dólares (US$4,000,800.00), suma ésta que EL GARANTE HIPOTECARIO se obliga a pagar al ACREEDOR HIPOTECARIO , o a quien éste indique, en la forma que se señala más adelante en el presente contrato.

    DÉCIMA SEGUNDA: Declara EL GARANTE HIPOTECARIO se obliga a pagar a EL ACREEDOR HIPOTECARIO la suma de cuatro millones ochocientos dólares (US$4,000,800.00) de la siguiente manera:...

    DÉCIMA CUARTA: Para garantizar el pago de dos millones de dólares (US$2,000,000.00), sus intereses y las costas y gastos de cobranzas si a ello hubiere lugar, ya sean éstos judiciales o extrajudiciales, declara EL GARANTE HIPOTECARIO que por este medio constituye primera hipoteca y anticresis sobre la finca número cuatro mil ochocientos trece (4813) inscrita al Tomo ciento once (111), Folio cuatrocientos cuarenta y cuatro (444) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, y sobre las fincas número doscientos treinta y un mil cuatrocientos veintiuno (231421) y doscientos treinta y un mil cuatrocientos veinticuatro (231424, ambas inscritas al documento quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco (568485), Asiento uno (1) de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, propiedad de EL GARANTE HIPOTECARIO.

    Ante tales hechos, no cabe duda que el contrato de préstamo hipotecario en un contrato de carácter oneroso[4], puesto que, una parte acepta haber recibido una suma de dinero y a cambio garantiza el pago con la hipoteca y anticresis sobre las referidas fincas, hipoteca que se constituye al momento de recibir el préstamo.

    Por tanto, la verdadera intención de las contratantes era la de recibir una contraprestación y no un simple contrato de donación como pretenden simular al momento de cancelar el contrato hipoteca. Consecuentemente, esta Sala arriba a la conclusión que el contrato de préstamo hipotecario celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC. es un contrato simulado.

    En cuanto a este tema, ha dicho Herrera Lara, lo siguiente:

    "Tratándose de simulación de contratos en que rara vez, por no decir nunca, es posible producir prueba directa de los hechos constitutivos de la simulación en estos casos, hay que recurrir necesariamente a la prueba circunstancial o de los indicios, y a las conjeturas que emanan de la correlación de ciertos hechos ejecutados por las partes con el fin visible de librarse del cumplimiento de obligaciones legítimas " (Herrera Lara, No.479, Tomo 2°, p.96)

    Siendo que en la presente causa concurren ciertos indicios que emanan de los hechos ejecutados por las partes en la formación del acto jurídico de traspaso de bienes inmuebles, a juicio de esta Corporación no puede prevalecer

    un título posterior surgido al amparo en acciones de carácter doloso y fraudulento. De allí que, no puede VIVEROS DEVELOPMENT, INC. como tercero adquiriente beneficiarse del principio de la buena fe registral para evadir la restitución de los bienes objeto del contrato o de las prestaciones recibidas.

    Así las cosas, esta Sala como garante de la seguridad jurídica debe dar cumplimiento a lo normado en el artículo 1154 del Código Civil, en cuanto a ordenar la restitución de las fincas y de los fondos dados en empréstitos para que sean distribuidos entre sus socios en la proporción accionaría de casa uno, ya que por la serie de actos que hemos señalado a ISLA VIVEROS, S.A. y a VIVEROS DEVELOPMENT, INC. no les ampara el principio de la buena fe registral.

    Ahora bien, esta Sala observa que VIVEROS DEVELOPMENT, INC. con posterioridad a la interposición de la demanda realizó venta de las precitadas fincas a favor de INMOBILIARIA DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO, S.A., AGUAS CLARAS DE LAS PERLAS, S.A. y DESARROLLO DE LAS PERLAS, sociedades que no fueron demandadas, que son terceros respecto a las partes que intervienen en este proceso, y que en principio les ampara la buena fe registral.

    Pero pese a esta realidad jurídica existente en el dossier no puede esta Colegiatura avalar que se comentan fraudes amparados por una norma legal de tercera de buena fe o de la fe pública registral, ya que nuestro deber como operadores judiciales es frenar los abusos que cometen los particulares, so pretexto del ejercicio de un derecho o cualquier tentativa de fraude procesal, para obtener fines prohibidos por la Ley, así como garantizar el orden y la seguridad jurídica principios condicionantes de la justicia y de los principios de propiedad privada, de la buena fe o moralización de las relaciones económicas.

    Esta Colegiatura como garante del orden y la seguridad jurídica[5] que debe prevalecer frente el actuar descomedido de los asociados, al sentirse amparados por una norma legal y en acatamiento de lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico, en su artículo 199 numeral 9, en el sentido que "son deberes en general de los Magistrados y Jueces, prevenir, remediar y sancionar todo acto contrario a la dignidad, lealtad de la justicia, probidad y buena fe, lo mismo que cualquier tentativa de fraude procesal, de obtener fines prohibidos por la Ley o de realizar actos procesales irregulares" y de lo dispuesto en la Constitución Nacional, en su artículo 215 numeral 2 que reza "las leyes procesales se inspiraran, entre otras cosas, en el principio de que objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley sustancial", y en el artículo 17 que dispone expresamente "Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley", debemos frenar el comportamiento procesal y registral de las sociedades INMOBILIARIA DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO, S.A., AGUAS CLARAS DE LAS PERLAS, S.A. y DESARROLLO DE LAS PERLAS, S.A. en conjunto con la sociedad VIVIEROS DEVELOPMENT, INC., quienes han realizado una serie de acciones fraudulentas tendientes a traspasar las fincas a manos de terceros adquirientes y evadir de esta manera la restitución de los bienes que salieron del patrimonio de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. y que también son de propiedad de la señora NORMA BEL o NORMA CAMPILLO BELL. Veamos el comportamiento procesal y registral de estas sociedades.

    A fojas 257 consta poder general que la sociedad VIVEROS

    DEVELOPMENT, INC.; le confiere al señor Andre Beladina el día 24 de diciembre de 2004, quien a su vez otorga poder especial para contestar la demanda de nulidad presentada por la señora NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL.

    Consta una certificación del registro Público sobre la existencia, vigencia y conformación de la Junta Directiva, Dignatarios, Suscriptores y Agente Residente de la sociedad INMOBILIARIA DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO, S.A., cuyos directores y dignatarios son los siguientes:

    Elaine Kersale / director - presidente

    Andre Beladina / director - tesorero

    Edita Mata de Caval / director - secretario.

    También consta certificación de Registro Público sobre la existencia, vigencia y conformación de la Junta Directiva, Dignatarios, Suscriptores y Agente Residente de la sociedad AGUAS CLARAS DE LAS PERLAS, S.A. y que tiene como director - presidente y representante legal a Andre Beladina. (f.822)

    A fojas 854 consta certificación de Registro Público sobre la existencia, vigencia y conformación de la Junta Directiva, Dignatarios, Suscriptores y Agente Residente de la sociedad DESARROLLO DE LAS PERLAS, S.A., cuyo directo - tesorero es Andre Beladina. Y a fojas 868-872 consta poder general al señor Andre Beladina otorgado por dicha sociedad.

    Obsérvese que ANDRE DELADINA es a la vez el apoderado general de la sociedad vendedora VIVEROS DEVELOPMENT, INC. y director- tesorero de la sociedad compradora INMOBILIARIA DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO, S.A. director - presidente y representante legal de AGUAS CLARAS DE LAS

    PERLAS, S.A. y director - tesorero de DESARROLLO DE LAS PERLAS, S.A.

    A su vez, VIVEROS DEVELOPMENT, INC. realizó las ventas de las fincas No.4813, 231422 y 231423 a INMOBILIARIA ISLAS DEL PACÍFICO, S.A. y de las fincas No.231421 y 231424 a DESARROLLO DE LAS PERLAS, S.A. con posterioridad a la demanda de nulidad que la señora NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL interpuso en contra de ISLA VIVIEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, S.A.

    Para la Sala esta conducta es un indicio de que VIVEROS DEVELOPMENT, INC. y su apoderado general tenían conocimiento que había una disputa judicial sobre las referidas fincas, ya que las mismas fueron vendidas el 28 de enero de 2005 con posterioridad a la presentación y notificación de la demanda de nulidad el 15 de septiembre de 2004, pero ello no fue óbice para traspasar las fincas objeto de disputa judicial.

    Huelga aclarar que al momento de celebrarse la compraventa de las referidas fincas a INMOBILIARIA DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO, S.A. y DESARROLLO DE LAS PERLAS, S.A., no constaba inscrita la demanda de nulidad del derecho del vendedor, pese a que la demandante NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL solicitó la correspondiente inscripción de la demanda en el Registro Público según constan a fojas 32.

    Luego entonces, cabe preguntarse ¿si al no existir una advertencia en el Registro Público que el bien se encuentra en una situación de disputa judicial los terceros adquirientes INMOBILIARIA DE LAS ISALAS DEL PACÍFICO, S.A. y DESARROLLO DE LAS PERLAS, S.A. pueden beneficiarse de la buena fe registral? La Sala es del criterio que no y explicamos porque.

    _________________________

    Pero esta conducta procesal de los terceros adquirientes no termina allí, en el escenario aparece la sociedad GRUPO VIVEROS, S.A. CONSTITUIDA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2005 (FS855) quien promovió proceso ejecutivo de mayor cuantía en contra de las sociedades INMOBILIARIA DE LAS ISALAS DEL PACÍFICO, S.A., AGUAS CLARAS DE LAS PERLAS, S.A. y DESARROLLO DE LAS PERLAS, S.A. para que se haga efectivo el pago de la suma de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE BALBOAS CON 96/100 (B/.15, 239,420.00) y se decrete embargo a favor de GRUPO VIVEROS, S.A. y en contra de INMOBILIARIA DE LAS ISALAS DEL PACÍFICO, S.A., AGUAS CLARAS DE LAS PERLAS, S.A. y DESARROLLO DE LAS PERLAS, S.A. SOBRE LA FINCA No.4813, 231422 y 231423 propiedades de INMOBILIARIA ISLAS DEL PACÍFICO, S.A. y las fincas 231421 y 231424 propiedades de DESARROLLO DE LAS PERLAS, S.A. embargo que es decretado por el Juzgado Quinto de Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Auto 380 de 31 de marzo de 2008 (fs.889-893).}

    Pues resulta que en certificaciones del Registro Público visible a fojas 816, 854 y 855, Eliane Kersale aparece como Director/Presidente de las sociedades DESARROLLO DE LAS PERLAS , S.A. y de INMOBILIARIA DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO, S.A. y a la vez es secretaria y presidente ad hoc de GRUPOS VIVIEROS, S.A. sociedad demandante.

    Es decir, que quienes demandan y son demandados son los mismos. Y esto lo conocemos en el mundo jurídico como juicio amarillo.

    Comulgamos con el pensamiento del doctor Mario Galindo en cuanto a que es inadmisible que se proteja al tercero adquiriente porque en el Registro Público no consta inscrita la causal de la nulidad o invalidación del contrato.

    Y dice el doctor Mario Galindo lo siguiente:

    "En nuestro concepto, si en el juicio en el que se ventile el tema se demuestra que el adquiriente actuó de mala fe, es decir, consciente de la nulidad o inexistencia extraregistrales del título de su transmitente, no puede aquél ampararse en la fé pública registral. Parece inadmisible que, en tales circunstancias, se proteja al adquiriente de marras tan solo porque en el Registro Público no constaban las causas de la nulidad o rescindibilidad que a él sí le eran conocidas. El Registro no fue creado para cohonestar actuaciones reñidas con la moral, sino para proteger la seguridad del tráfico inmobiliario, seguridad que en nada se perjudicaría o menoscabaría sí, en la hipótesis aquí planteada, se le niega la protección registral al adquiriente de mala fe. Este adquiriente, a lo sumo debe quedar colocado en la misma situación jurídica que tenía el transmitente y no en una mejor, como lo sería la que se le reconocería si se le reputase amparado por la fe pública registral.

    A mayor abundamiento, si a todo adquiriente se le imputa el conocimiento de causas obrantes en el Registro que afectan el título de su transmitente, aunque de hecho lo desconozca, y si, en virtud de tal ficción, se le niega a aquél la condición de beneficiario de la fe pública registral, no puede entonces entenderse por qué razón al adquiriente que de hecho conozca tal causas, aunque no consten en el Registro, habrá de reconocérsele la privilegiada condición del tercero registral. En nuestro sentir, la posición del adquiriente de mala fe es, en el mejor de los casos para él, equiparable a la del adquiriente al que se le imputa el conocimiento de lo que de hecho ignora y, por tanto, ambos deben quedar colocados en pie de igualdad, esto es, excluidos del amparo de la fé pública registral.

    Opinamos, pues que la mala fe, una vez comprobada impide la operatividad de la fe pública registral. El Estado no tiene por qué garantizarle al adquiriente de mala fe que el título de su transmitente no está viciado cuando a dicho adquiriente le consta que sí lo está" (Galindo, Mario, El problema dela usucapión extraordinaria y el Registro de la Propiedad en el Derecho Panameño, Revista de Derecho, publicada por la Asociación de Profesionales de la Nueva Generación Jurídica, 1997, págs, 80-82)

    Y esto es precisamente lo que sucede con VIVEROS DEVELOPMENT, INC., INMOBILIARIA DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO, S.A. y DESARROLLO DE LAS PERLAS, S.A. quienes realizaron la compra y venta de las referidas fincas y conocían de hecho a través del señor ANDRE BELADINA de la existencia de la demanda de nulidad y de que el título de los terceros adquirientes se vería afectado con la nulidad o invalidación de los actos y contratos.

    Al quedar excluidas las sociedades INMOBILIARIAS DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO, S.A., AGUAS CLARAS DE LAS PERLAS, S.A. y DESARROLLO DE LAS PERLAS, S.A. como terceros adquirientes de la regla del tercero registro de buena fe, no le resta más a esta Sala que ordena la inmediata restitución de las fincas 4813, 231421, 231422, 231423 y 231424 al patrimonio de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. y en ese sentido nos pronunciamos.

    En cuanto al segundo de los recursos, propuesto por RICARDO ERNESTO CUCALÓN ICAZA, ISLA VIVEROS, S.A., RICARDO ERNESTO LASSO GUEVARA Y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., se invoca la causal de fondo "infracción normas sustantivas de derecho, por concepto de violación directa de la Ley, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

    Los motivos en que se funda dicha causal son las siguientes:

    PRIMERO: El Tribunal de Segunda Instancia en la resolución atacada por medio de este Recurso de Casación, de manera errónea dejo de aplicar las normas relativas a los mandatos mercantiles al apoderamiento que realizara la señora Norma Bella (sic) al señor Ricardo Ernesto Cucalón Icaza, hecho que motivo que la sentencia en comento se alejara de las postulados legales que rigen los poderes del entorno comercial.

    SEGUNDO: Al momento de decidir la causa, el Primer Tribunal Superior de Justicia de manera ilegítima dejó de considerar que en materia comercial, que toda limitación del alcance del poder que no conste en el mismo será ineficaz contra terceros, por lo cual mal podría afectar a terceros los limites o efectos existentes o no, respecto del poder otorgado por un comerciante a otro, cosa que ocurrió en el caso bajo estudio.

    TERCERO: De igual forma el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial desconoció el hecho de que en materia de mandatos mercantiles, los poderes otorgados para una gestión específica comprenden, además, todos los actos necesarios a su ejecución aún cuando el propio mandato no lo exprese, situación que ocurrió evidentemente en este caso por cuanto que la autorización o apoderamiento otorgado por la accionista Norma Bell al accionista Ricardo Cucalón Icaza era lo más amplia posible con la finalidad de obtener el fin último del traspaso y venta del único bien de la sociedad Isla Viveros, S.A., lo que permitió decidir la causa con un evidente error de derecho por violación directa de las normas legales que regulan la materia de los mandatos mercantiles.

    Producto de estos desaciertos, la recurrente estima infringidos los artículos 581y 583 del Código de Comercio.

    En cuanto a los cargos planteados por la casacionista, el Tribunal Ad quem al referirse al apoderamiento otorgado por NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA, expresó entre otras cosas, lo siguiente:

    "No obstante a lo arriba expresado, es importante determinar si el correo electrónico remitido por la demandante al señor ENRIQUE CUACALÓN ICAZA constituye un poder amplio sin límites de tiempo o gestión para quela representara en cualquiera transacción, acto o contrato concerniente a la venta de la finca No.4813, incluyendo las reuniones de los Accionistas de ISLA VIVEROS, S.A.

    Para ello, resulta necesario transcribir el contenido del correo electrónico en comento:

    "Querido Ricardo:

    El mensaje presente tiene por objeto confirmar nuestra conversación telefónica de ayer, 3 de febrero de 2001, con objeto de darte, por este medio, la autorización para la negociación con el Grupo Fernández para la venta de la Isla Viveros, S.A., Hotel Princesa, S.A., Grupo Las Perlas, S.A. y para firmar cualquier documento que sea necesario para llevar a cabo esta transacción en los mejores términos posibles. Atentamente, Norma Bell."

    Del tenor literal del correo electrónico trascrito, a juicio del Tribunal no se desprende que NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL haya autorizado a RICARDO ERNESTO CUCALÓN ICAZA a que asumiera su representación en las reuniones extraordinarias de Accionistas de ISLA VIVEROS,S.A., celebradas los días 28 de febrero de 2002, 1 de octubre de 2002, 19 de marzo de 2003 y 28 de noviembre de 2003.

    A pesar de que los recurrentes-demandadas aseguran que se trata de un poder amplio para representar a la actora "en cualquier transacción, acto o contrato relacionado con la venta de las sociedades o de la ISLA VIVEROS (es decir, la Finca No. 4813)", ni tampoco que RICARDO CUCALÓN ICAZA estaba facultado para representar a NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL en las reuniones extraordinarias de accionistas.

    Nótese que en la misiva se da autorización para la negociación con " Grupo Fernández" para la venta de tres sociedades, Isla Viveros, S.A., Hotel Princesa, S.A., Grupo Las Perlas, S.A., mas no se hace referencia a la finca No. 4813 de propiedad de ISLA VIVEROS, S.A.

    En ese mismo orden de ideas, cobra especial relevancia la explicación dada por la propia demandante en la diligencia de declaración jurada rendida ante el Ministerio Público (f. 955):

    " PREGUNTADO: Diga la declarante, si el documento por usted redacto (DIC), que se le ha puesto de presente autorizaba la venta de la Finca No. 4813 tomo 111, folio 444, de la Provincia de Panamá, que era propiedad de ISLA VIVEROS, S.A. CONTESTO: Señora Fiscal, de ninguna manera, el objeto de este mail era para (SIC) se comenzaran a realizar negociaciones para ver que quería el Grupo Fernández, para ver si querían comprar nuestras acciones o mis acciones. En resumen, para iniciar negociaciones...............................................................................................................

    ........................ ".

    Siendo que del contenido del correo electrónico en comento no se desprende que la señora NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL haya delegado al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA su derecho de participación y de voto en las reuniones de accionistas de ISLA VIVEROS, S.A., y que la demandante no fue citada a las reuniones, carecen de validez las actas de las reuniones de la asamblea extraordinaria de accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. por el incumplimiento de formalidades legales (artículo 40 y 42 de la Ley 32 de 1927); por ende, también adolecen de validez las decisiones adoptadas, esto es, las autorizaciones otorgadas al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA".

    La Sala comparte el criterio esbozado por el Tribunal Ad quem en cuanto a que del contenido del correo electrónico de fecha 3 de febrero de 2002 no se desprende que la accionista NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL haya delegado al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA su derecho de participación y de voto en las reuniones de accionistas de ISLA VIVEROS, S.A.

    Y es que a foja 203 del expediente consta la cláusula décimo segunda que textualmente señala "El consentimiento y autorización de los Accionistas será otorgada válidamente mediante resolución aprobada en Asamblea General de Accionistas, bien ordinaria, bien extraordinaria, en que consignen los votos favorables de los tenedores, de por lo menos la mitad más una de las acciones en circulación de la sociedad. De no lograrse el quorum necesario en la primera convocatoria, se hará una segunda convocatoria, en la cual la autorización de los Accionistas podrá otorgarse con simple mayoría de los tenedores de acciones con derecho a voto que se encuentren presentes en la respectiva sesión."

    No obstante lo anterior, en el presente caso, como ya mencionamos, no consta el Acta de reunión extraordinaria de accionistas de ISLA VIVEROS S.A. del 10 de marzo de 2004, pues, lo que realmente consta es el Acta de una reunión extraordinaria de los accionistas de la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC, para la compra de las fincas 4813, 231421, 231422, 231423, 231424 propiedad de ISLA VIVEROS, S.A. y de autorización para que se de en garantía hipotecaria la finca 4813.

    Con relación a las autorizaciones o mandatos por correo electrónico, la Sala no encuentra ocioso traer a colación lo expresado por Dr. Juan Pablo Fábrega en su obra titulada "Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas:

    " Recordemos, también, que, conforme a dicha norma, cuando se han celebrado las asambleas por teléfono, telefax o cualquier otro medio de comunicación electrónico, se deberá extender un acta en la que se detalla la fecha en que se llevó a efecto, los nombres de los participantes, la forma en que estuvieron en comunicación, así como también los acuerdos adoptados. En la práctica, esta modalidad se adopta previo acuerdo de las partes; se consultan la manera de sostener la comunicación y coordinar la hora y fecha de contacto. Luego de concluida la asamblea por cualquiera de los medios antes indicados, se procede a circular un proyecto de acta entre los accionistas que hayan participado para verificar su contenido y le impartan su aprobación. Después, el Secretario emitirá las certificaciones que sean necesarias para acreditar las circunstancias antes indicadas.

    ....

    Para toda asamblea de accionistas se levantará un acta, que deberá reposar en los registros de la sociedad. El artículo 7 del Código de Comercio dispone en su segundo párrafo, de manera amplia y escueta, tal cual quedó modificado por el Decreto Ley 5, que " las personas jurídicas podrán llevar los registros de actas y de acciones utilizando libros, medios electrónicos u otros mecanismos siempre que permitan determinar con claridad las operaciones mercantiles efectuadas y que los mismos puedan ser impresos." Antes de la modificación, la norma requería que las actas constaran transcritas a mano, en un libro foliado, que debía ser registrado ante un juzgado de circuito, quien debía sellar sus páginas y efectuar una anotación de apertura. "(fs. 287)

    Habida cuenta de lo anterior, antes o tal como quedó modificado por el Decreto Ley 5cuando se celebren las asambleas de accionistas de una sociedad, se deberá extender o levantar un Acta. Y al no constar en autos el Acta que otorgue poder y autorice al señor RICARDO CUCALÓN ICAZA a vender las citadas fincas, la Sala concluye que el señor RICARDO CUCALÓN ICAZA no estaba autorizado para celebrar el contrato de compraventa de las fincas ni mucho menos el contrato de préstamo.

    Como consecuencia de ello, no estima la Sala que se hayan infringido los artículos 581 y 583 del Código Comercio. Por ende, la Sala desestima la causal invocada, y en consecuencia, el recurso impetrado por RICARDO ERNESTO CUCALÓN ICAZA, RICARDO ERNESTO CUCALÓN URIBE e ISLA VIVEROS, S.A.

    En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

    1- NO CASA la Sentencia de 19 de diciembre de 2011, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, respecto al Recurso de Casación propuesto por RICARDO ERNESTO CUCALÓN ICAZA, RICARDO ERNESTO CUCALÓN URIBE e ISLA VIVEROS, S.A., dentro del proceso Ordinario propuesto por NORMA CAMPILLO BELL O NORMA BELL contra ISLA VIVEROS, S.A. RICARDO ERNESTO CUCALÓN ICAZA, RICARDO ERNESTO CUCALÓN URIBE, RICARDO LASSO GUEVARA y VIVEROS DEVELOPMENT, INC.

    __________________

    Mediante Decreto Ley No. 5 de 2 de julio de 1997, se introdujeron modificaciones a ciertas normas del Código de Comercio en materia que se aplican a las personas jurídicas en general por razón del ejercicio del comercio. Así por ejemplo el articulo 1 al 5, 9, 15, 31,33, 34, 38, 39, 41 y 43. Huelga aclarar, que como bien lo anota el Dr. Juan Pablo Fábrega, dicho decreto no modifica la ley de sociedades sino que la complementa.

    Las imperativas costas de casación a cargo de ISLA VIVEROS, S.A., RICARDO CUCALÓN ICAZA y RICARDO CUCALÓN URIBE se fijan en la suma de CUATRO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 4,000.00)

    2- CASA la Sentencia de 19 de diciembre de 2011, respecto al Recurso de Casación propuesto por NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL dentro del proceso Ordinario propuesto por NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL contra ISLA VIVEROS, S.A. RICARDO ERNESTO CUCALÓN ICAZA, RICARDO ERNESTO CUCALÓN URIBE, RICARDO LASSO GUEVARA y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., en su lugar, RESUELVE:MODIFICA parcialmente la Sentencia No.1 de fecha 19 de enero de 2009, proferida por el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y queda así:

PRIMERO

SE ACCEDE parcialmente a la pretensión de NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL, por lo que se DECLARA la NULIDAD ABSOLUTA de los siguientes actos, contratos e instrumentos públicos:

" 1. Escritura Pública No. 720 de 28 de febrero de 2002, expedida por la Notaría Novena del Circuito de Panamá, mediante la cual la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. celebró Contrato de Arrendamiento con opción de compra y limitación de dominio sobre la Finca No. 4813, con la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC., inscrita en el Registro Público en el Documento 328332, Asiento 3 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá.

  1. Contrato de arrendamiento con opción de compra y limitación de dominio sobre la Finca 4813, inscrita en el Documento 328332, Asiento 3 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, celebrado con VIVEROS DEVELOPMENT, INC., contenido en la Escritura Pública No. 720 de 28 de febrero de 2002.

  2. Acta de reunión de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. realizada el 28 de febrero de 2002, contenida en la Escritura Pública No. 720 de 28 de febrero de 2002 de la Notaria Novena del Circuito de Panamá.

  3. Escritura Pública No. 388 de 8 de octubre de 2002, expedida por la Notaría Pública Novena del Circuito de Panamá, mediante la cual se modificó el contrato de arrendamiento con opción de compra y limitación de dominio sobre la Finca No. 4813, inscrita en el Documento 328332, Asiento 3 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá.

  4. Contrato de arrendamiento con opción de compra y limitación de dominio sobre la Finca No. 4813, inscrita en el Documento 328332, Asiento 3 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, celebrado con VIVEROS DEVELOPMENT, INC., contenido en la Escritura Pública No. 3888 de 8 de octubre de 2002.

  5. Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. realizada el 1 de octubre de 2002, contenido en la Escritura Pública No. 3888 de 8 de octubre de 2002.

  6. Escritura Pública No. 2171 de 23 de mayo de 2003, expedida por la Notaría Novena del Circuito de Panamá, mediante la cual se protocolizó acta de una reunión extraordinaria de accionistas de ISLA VIVEROS, S.A., celebrada el 22 de marzo de 2004.

  7. Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. realizada el 1 de octubre de 2002, contenido en la Escritura Pública No. 2171 de 23 de mayo de 2003.

  8. Escritura Pública No. 7694 de 2 de diciembre de 2003,expedida por la Notaría Undécima del Circuito de Panamá, mediante la cual la VIVEROS DEVELOPMENT, INC, en su condición de arrendatario de la Finca No. 4813, dio su consentimiento para que ISLA VIVEROS, S.A., realizará segregación de un globo de terreno, para que se forme finca aparta (sic), la cual se encuentra inscrita conjuntamente con la Escritura Pública No. 7693 de 2 de diciembre de 2003 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá.

  9. Escritura Pública No. 7693 de 2 de diciembre de 2003, expedida por la Notaría Novena del Circuito de Panamá, mediante la cual ISLA VIVEROS, S.A. segrega un globo de terreno de su Finca No. 4813, y forma nuevas fincas, identificadas como No. 231421, 231422, 231423 y 231424.

  10. Acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A. donde se autoriza a RICARDO CUCALÓN ICAZA para proceder a la segregación de la Finca 4813, contenida en la Escritura Pública No. 7693 de 2 de diciembre de 2003.

  11. Escritura Pública No. 1641 de 10 marzo de 2004, expedida por la Notaría Undécima del Circuito de Panamá, mediante la cual ISLA VIVEROS, S.A. vende las fincas números 4813, 231421, 231422, 231423 y 231424 a la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC.

  12. Contrato de compraventa celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC., sobre las fincas 4813, 231421, 231422, 231423 y 231424, contenido en la Escritura Pública No. 1641 de 10 de marzo de 2004, de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá.

  13. Contrato de préstamo garantizado con primera hipoteca y anticresis celebrado entre ISLA VIVEROS, S.A. y VIVEROS DEVELOPMENT, INC, contenido en la Escritura No. 1641 de 10 de marzo de 2004, de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá.

SEGUNDO

SE ORDENA LA RESTITUCIÓN de las siguientes Fincas a favor de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. todas inscritas en la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, del Registro Público de la República de Panamá:

  1.       Finca número 4813, inscrita al Tomo 111, Folio 444;

  2.       Finca número 231421, inscrita al Documento Redi 568485;

  3.       Finca número 231422, inscrita al Documento Redi 568485;

  4.       Finca número 231423, inscrita al Documento Redi 568485; y

  5.       Finca número 231424, inscrita al Documento Redi 568485.

SE ORDENA LA RESTITUCIÓN de la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS BALBOAS CON CERO CENTÉSIMOS (B/.4,000,800.00) en concepto de préstamo con garantía hipotecaria sobre dichas fincas, al patrimonio de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A., para que sean distribuidos o divididos entre sus socios en la proporción accionaria que cada uno de ellos posea, entre ellos la señora NORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL.

A consecuencia de la RESTITUCIÓN de las Fincas números 4813, 231421, 231422, 231423, y 231424, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá del Registro Público de la República de Panamá, a favor de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A., SE ORDENA AL REGISTRO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ QUE PROCEDA A LA CANCELACIÓN DE TODOS LOS ASIENTOS REGISTRALES, que hayan representado traspasos, enajenaciones, transacciones u operadores presentadas o inscritas en el Registro Público de la República de Panamá con posterioridad a la inscripción a nombre de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A. de las fincas antes mencionadas, de forma tal que éstas aparezcan en dicha institución a nombre y como de propiedad de la sociedad ISLA VIVEROS, S.A.

TERCERO

SE NIEGA la demanda de reconvención interpuesta por RICARDO CUCALÓN ICAZA e ISLA VIVEROS, S.A., contraNORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL.

CUARTO

ABSUELVE a los señores RAFAEL FERNÁNDEZ LARA y RAÚL ADAMES FRANCESCHI.

QUINTO

SE NIEGA el resto de las declaraciones solicitadas por la parte actora.

SEXTO

CONDENA en Costas a ISLAS VIVEROS, S.A., VIVEROS DEVELOPMENT, INC., RICARDO CUCALÓN ICAZA, RICARDO CUCALÓN URIBE Y RICARDO LASSO GUEVARA, por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA BALBOAS CON CERO CENTÉSIMOS (B/. 471,080.00), a favor deNORMA CAMPILLO BELL o NORMA BELL.

SÉPTIMO

Las costas a cargo de los demandantes en reconvención RICARDO CUCALÓN ICAZA e ISLA VIVEROS, S.A. y a favor de NORMA BELL o NORMA CAMPILLO BELL, se fijan en CIENTO CINCUENTA Y UN MIL BALBOAS (B/. 151,000.00).

Las imperativas costas de casación a cargo de ISLA VIVEROS, S.A., RICARDO CUCALÓN ICAZA y RICARDO CUCALÓN URIBE se fijan en la

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Como no existe el acta de reunión extraordinaria de los accionistas de ISLA VIVEROS, S.A., en la Escritura Pública No.1641 de 10 de marzo de 2004, no se puede declarar su nulidad.suma de CUATRO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 4,000.00)

Notifíquese,

 

HARLEY J. MITCHELL D.

OYDÉN ORTEGA DURÁN---HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

[1] Medianteeste contrato ISLA VIVEROS, S.A. vende las Fincas No. 4813, 231421, 231423,231424 a la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC. y celebra contrato de préstamo hipotecario por la suma B/. 4,000,800.00 a favor de VIVEROS DEVELOPMENT, INC.el cual es protocolizado mediante Escritura Pública No. 1641 de 10 de marzo de 2004.

 

[2] En su declaración No.18 la demandante/casacionista solicita "Que al declararse la Nulidad absoluta de todos los actos que se dejan arriba señalados, los contratantes se restituyen recíprocamente las cosas que han sido materia del o de los contratos, con su frutos y el precio con los intereses, tal como se consagra en el Artículo 1154 del Código Civil.

 

[3] Mediante Escritura Pública No. 1641 de 10 de marzo de 2004, ISLA VIVEROS, S.A. vende las Fincas No. 4813, 231421, 231423, 231424 a la sociedad VIVEROS DEVELOPMENT, INC. y celebra contrato de préstamo hipotecario por la suma B/.4,000,800.00 a favor de VIVEROS DEVELOPMENT, INC.

4 En este sentido, el profesor catedrático Dulio Arroyo en su obra titulada Del los contratos civiles en particular, señala "PUEDE SER GRATUITO U ONEROSO. Ofrece ciertas dificultades determinar si el contrato de hipoteca es gratuito u oneroso. Si atendemos a la utilidad o beneficio que reciben las partes, podría estimarse que tiene carácter oneroso cuando el propio deudor principal constituye la hipoteca al momento de recibir el crédito. En efecto, en este caso el acreedor hipotecario se beneficia porque obtiene la seguridad de que su crédito será satisfecho; el deudor principal , cuando al mismo tiempo es el deudor hipotecaria, también se beneficia porque mediante este contrato es posible obtener un crédito que posiblemente sin dicha garantía se le hubiese negado ": (Arroyo, Dulio, Contratos Civil, 1971, Pág. 826)

 

[5] Luis Legaz Lacambra destacó la función de seguridad como legitimación de legalidad en los siguientes términos "El derecho no ha nacido para rendir culto a la justicia sino para colmar la exigencia de seguridad, de certeza en la vida social... para hacer posible la vida humana, la vida de los demás." La justicia es un valor más algo que la seguridad y el orden y condicionante de esos valores, pero, al mismo tiempo, el orden y la seguridad son valores más consistentes y ontológicamente condicionantes de la justicia".