Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Septiembre de 2014

PonenteOydén Ortega Durán
Fecha de Resolución29 de Septiembre de 2014
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

La firma RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS, en su condición de apoderada especial de la sociedad EMPACADORA AVÍCOLA, S., ha interpuesto Recurso de Casación contra la Resolución de 30 de julio de 2010, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual Reforma la Sentencia No. 49-2008/451-03 de 15 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado Decimotercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía propuesto por J.M. PINO contra el señor H.F.P. y la sociedad EMPACADORA AVÍCOLA, S. (MELO)

Esta S. Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución de 25 de agosto de 2011, admitió el Recurso de Casación corregido, interpuesto por la firma RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDASen su condición de apoderada especial de la sociedad EMPACADORA AVÍCOLA, S. (MELO) (fs. 1253 a 1256)

Finalizada la fase de alegatos de fondo, la cual fue aprovechada solo por la parte Recurrente (fs. 1260 a 1269), corresponde entonces decidir el Recurso impetrado, para lo cual se adelantan las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES

La firma ATENCIO MORENO & ASOCIADOS apoderada judicial del señor J.M.P., propuso Proceso Ordinario de Mayor Cuantía contra el señor H.F.P. y la sociedad EMPACADORA AVÍCOLA, S., (MELO)

La Demanda respectiva se fundamentó en los siguientes hechos:

PRIMERO

Que los señores J.M. Y HENRY FRENCH, colisionaron los automóviles por ellos operados, el día 16 de noviembre de 1998, en la Avenida J.A.A., frente al estadio R.F., en las afuera de la ciudad.

SEGUNDO

Que el vehículo con placa No. 108639, conducido por H.F.P., se dio a la fuga después de impactar el vehículo operado por nuestro representado.

TERCERO

Debido al impacto ocasionado por el vehículo del señor H.F. en contra del vehículo de nuestro representado, éste último estuvo hospitalizado aproximadamente 22 días en el Hospital Santo Thomas.

CUARTO

Una vez, que nuestro mandante se recuperó se apersonó a la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre y presento Denuncia por Colisión y Fuga, en contra del vehículo con placa No. 108639, conducido el día de los hechos por el señor H.F.P., propiedad de la empresa Empacadora Avícola S,A, (MELO)

QUINTO

Que el día 6 de enero del año 2000, se realizo la reconstrucción de los hechos a través de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte, específicamente la Cabo Bárbara Jones con No. de Placa 8178, y el testigo que estuvo presente el día de los hechos, el señor A.H.L., y nuestro representado, donde se levanto el parte policivo No. 278956; razón por la cual varían las fechas del parte policivo con la del día del accidente.

SEXTO

La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, declinó competencia a la Personería de Turno del Ministerio Público, toda vez que a el señor J.M. le diagnosticara el médico forense del Ministerio Público, incapacidad provisional de trescientos cuarenta y cinco días (345) desde el momento del accidente.

...

DÉCIMO PRIMERO

La parte Querellante presentó el 26 de abril del 2002 Incidente de Daños y perjuicios en contra de H.F.P., y Empacadora Avícola, S. (Empresas Melo); por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.550.000.00), por los daños y perjuicios causados al señor J.M..

...

DÉCIMO SEPTIMO

Que la Empresa Empacadora Avícola S. (MELO), es la propietaria del vehículo marca Isuzu, placa 108639, tipo camión, color blanco y amarillo, del año 1994, modelo 0030 FSR, modelo Camión, Color blanco, conducido por el señor H.F.P., el día de los hechos y al tenor del ordenamiento jurídico vigente ambos son solidariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados.

DÉCIMO OCTAVO

El señor J.M.P. sufrió graves lesiones, las mismas constan en las evaluaciones realizadas por el ortopeda del Instituto de Medicina legal del Ministerio Público que dictaminó que el señor M. había sufrido fractura del cúbito y osteomilitis, hubo luxo-fractura expuesta de radio y del cúbito izquierda, señalando que se trató inicialmente con clavo intramedular, y que necesitaría de nuevas intervenciones quirúrgicas para lograr la consolidación de la fractura.

DÉCIMO NOVENO

En la actualidad nuestro representado ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en reiteradas ocasiones sin haber obtenido el resultado esperando tanto por los médicos, como por él; por lo que ha caído en estado de desesperación, imposibilidad, decaimiento, estado depresivo, porque no ha podido recuperarse totalmente pese a todas la operaciones que le han realizado, y más aún cuando debido a esta discapacidad en su brazo izquierdo no ha podido desempeñarse en sus tareas diarias que realizaba como mecánico y conductor de transporte colectivo, del cual es propietario de dos buses, frente a este estado ha tenido que contratar los servicios de otras personas para que le manejen los mencionados buses, lo que ha reflejado una merma en sus ingresos, y muchos problemas, porque no es lo mismo el hecho que el lo hiciera que cuidaba sus bienes a poner a extraños que los han chocados, deteriorado, menoscabando de esta manera sus ingresos económicos , y por ende familiar. El daño que le han causado a nuestro representado el señor J.M.P. ha sido irreparable, primero por las condiciones físicas que se desprenden del accidente de tránsito, segundo que ha tenido que luchar aproximadamente 5 años ante la jurisdicción penal para que le hicieran justicia por las lesiones que habían sufrido por el accidente perpetrado por H.F.P.; y tercero, porque le ha menoscabado sus ingresos económicos y familiares." (fs. 3 a 10).

A través del Auto No. 1695 de 24 de noviembre de 2003, proferido por el Juzgado Decimotercero del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, se admitió la Demanda Ordinaria propuesta por J.M. PINO contra H.F.P. y EMPACADORA AVÍCOLA, S. (MELO) (f. 349).

Luego de cumplidas las etapas procesales correspondientes, el Juzgado de primera instancia, mediante Sentencia No. 49-2008/451-03 de 15 de mayo de 2008, resuelve lo siguiente:

"...

  1. CONDENAR solidariamente a H.F.P. con cédula de identidad personal No. 8-521-148 y a EMPACADORA AVÍCOLA, S. sociedad debidamente inscrita a la Ficha 14098, rollo 632 e Imagen 396 de la Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público, a pagarle a J.M.P., con cédula de identidad personal No. 8-117-527, la cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE DÓLARES CON 42/100 (B/.20,217.42), que desglosados representan CATORCE MIL SESENTA Y DOS DÓLARES CON 42/100 CENTÉSIMOS (B/.14,062.42) en concepto de daño emergente, TRES MIL DÓLARES (B/.3,000.00) en concepto de daño moral, TRES MIL DÓLARES (B/.3,000.00) por lesiones corporales permanentes, CIENTO CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON 00/100 CENTÉSIMOS (B/.155.00) en gastos médicos.

  2. CONDENAR a los demandados, H.F.P. y EMPACADORA AVÍCOLA, S.A, al pago de las costas por trabajo en derecho, las cuales se fijan en la suma de CINCO MIL CIENCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON 35/100 CENTÉCIMOS (B/.5,054.35) de manera solidaria.

..."

La parte demandada recurrió a través de Recurso de Apelación contra la decisión del A quo, resolviendo la alzada el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el cual mediante Resolución de 30 de julio de 2010, R. la decisión del Ad quo, expresando lo siguiente:

"...REFORMA la sentencia apelada, CONDENANDO solidariamente a los co-demandados al pago de la suma de DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.18,155.00); de los cuales DOCE MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.12,000.00), corresponden al mal llamado daño emergente, y que fuese reconocido por sus apoderados judiciales en la sustentación de la apelación, y, como consecuencia de ello, REDUCE las costas calculadas en la sentencia, las cuales se FIJAN en la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO BALBOAS CON 75/100 (B/.4,538.75), y en lo demás se CONFIRMA."

Inconforme con el dictamen del Superior, la firma RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS, apoderada judicial de la parte demandada, formalizó el Recurso de Casación, el cual esta S. procede a resolver.

EL RECURSO DE CASACIÓN

El Recurso de Casación es en el fondo y consta de una Causal, la cual corresponde a la de "INFRACCIONES DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO EN CONCEPTO DE ERROR DE DERECHO EN CUANTO A LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, QUE HA INFLUIDO SUSTANCIALMENTE EN LO DISPOSITIVO DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA", según lo contemplado en el artículo 1169 del Código Judicial.

Esta Causal de fondo es sustentada a través de cinco (5) Motivos que exponen lo siguiente:

"PRIMERO: La resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del primer Distrito Judicial de Panamá fechada 30 de julio de 2010 objeto de este recurso, indebidamente restó valor probatorio a los reportes periciales presentados por las peritos Dra. E.L. (fojas 576 a 587) y L.. G. de La Guardia (fojas 572 a 575), al señalar que las mismas carecían de idoneidad para determinar la existencia del presunto daño moral sufrido por el señor J.M.P. (Q.E.P.D.), cuando por el contrario la ley establece que el juez debe estimar el valor del dictamen en atención al aspecto técnico y la competencia de los peritos, y tratándose de una psiquiatra y una psicóloga que poseen idoneidad suficiente para establecer la existencia y naturaleza de este tipo de daños, se incurre en el yerro de ignorar tal idoneidad para determinar la competencia de dichos peritajes del dictamen, consecuentemente.

SEGUNDO

Al valorar indebidamente el Primer Tribunal Superior de Justicia el reporte pericial rendido por la Dra. E.L. (fojas 576 a 587) y la L.. G. de La Guardia (fojas 572ª 575) para determinar el daño moral, ha vulnerado de esta manera las disposiciones legales vigentes en materia de valoración probatoria precisamente porque no le ha reconocido al dictamen pericial el valor técnico y de competencia que tiene por la especialidad de los peritos conforme lo esta establece la ley, decidiendo la causa con un error de derecho en la apreciación probatoria que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

TERCERO

la resolución de fecha 30 de julio de 2010 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia declaró como únicamente idónea, para los efectos de probar o demostrar la existencia de un daño moral, las constancias médicas que establecen el alcance y visibilidad de las lesiones físicas sufridas por el demandante, consultables a fojas 226-251 del expediente, omitiendo señalar el razonamiento y examen que lo motivó a considerar dicho caudal probatorio como únicamente idóneo para comprobar el daño moral, lo que representa una violación del principio de la sana crítica en lo que respecta a la sustentación de su examen y mérito de los elementos probatorios.

CUARTO

En la resolución objeto de censura, el Primer Tribunal Superior de Justicia le ha otogado (sic) a las constancias médicas observables a fojas 226 a 251 del expediente, un valor exclusivo para la determinación del daño moral, cuando la ley no le ha otorgado o asignado a las constancias médicas, tales como certificaciones y piezas de un expediente médico, el valor absoluto para comprobar o corrobora la existencia del denominado daño moral.

QUINTO

Al haber declarado el primer Tribunal Superior de Justicia como únicamente idóneas para identificar la existencia del daño moral, las constancias médicas observables a fojas 226 a 251 del expediente, dándoles este valor que no le es conferido por la ley a este tipo de prueba documental, y omitiendo señalar como le era legalmente obligatorio el razonamiento o juicio que le motivó a considerar éstas como las únicas pruebas válidas para la determinación de dicho daño, ha decidido la causa con un error de derecho en la apreciación probatoria que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Las disposiciones legales presuntamente infringidas, según los cargos de injuridicidad contenidos en los Motivos transcritos, son los artículos 781, 980 del Código Judicial y el artículo 1644a del Código Civil.

Según afirma la Recurrente, el artículo 781 del Código Judicial ha sido infringido, porque "...En el caso bajo examen, es nuestro criterio el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá erró en la aplicación de esta norma, precisamente porque en su juicio silogístico señaló que la prueba pericial no era apta o idónea para determinar la existencia de un daño moral; pero más aún, señaló que el daño moral sólo podría ser comprobado por el análisis de una serie de documentos que comprendían el expediente médico del reclamante sin que expusiera de manera detallada, en qué consistía el análisis de dichos documentos y cómo se llegaba a esa conclusión."

Continúa señalando la Recurrente que "Por otro lado, el error de no señalar en qué consiste el mérito de los documentos visibles desde la foja 226 a 251 del expediente para identificar la existencia del denominado daño moral, viene a significar una violación del principio de la sana crítica por cuanto que el Tribunal no señala o sustenta la razón por la cual sólo dichos documentos pueden ser considerados como válidos para estimar el daño moral, prescindiendo del análisis del resto del caudal probatorio, incluyendo la prueba pericial practicada, para la determinación de dicho daño moral."

En relación al artículo 980 del Código Judicial, se expresa que el Fallo de segunda instancia infringió dicha norma, cuando "...el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, no sólo se viola el principio contenido en el artículo 980 del Código Judicial que impone al Tribunal realizar una valoración comprensiva de la prueba pericial en conjunto con otros elementos que reposen en el expediente, sino que además, se priva a las partes y a la resolución de un análisis necesario sobre la verdadera condición del demandante evaluado versus el daño moral que alega haber sufrido. Pero además, la falta de ese análisis impide conocer el sustento, forma o manera como el Primer Tribunal Superior de Justicia concluye compartir con el Juez de primera instancia la tasación de los daños morales." También, la Casacionista siguió indicando que "En el presente caso, el Primer Tribunal Superior de Justicia no se refiere siquiera en su examen a los dictámenes periciales, los cuales considera inadecuado para demostrar el daño moral."

Por último, se estima violado el artículo 1644a del Código Civil, toda vez que "el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial aplicó erróneamente esta norma en el examen de la conducta, existencia y tasación de los supuestos daños morales, lo cual va contra la responsabilidad por parte del Tribunal Superior de valorar adecuadamente los documentos que reposan en el expediente conforme lo determinan las normas aplicables antes citadas. ..."

CRITERIO DE LA SALA

El Recurso de Casación es en el fondo y consta de una sola Causal que consiste en "Infracciones de Normas Sustantivas de Derecho en Concepto de Error de Derecho en Cuanto a la Apreciación de la Prueba, que ha Influido Sustancialmente en lo Dispositivo de la Resolución recurrida", Causal contenida en el artículo 1169 del Código Judicial.

La Causal invocada se configura "cuando el elemento probatorio se examina, se toma en cuenta, se le analiza, pero no se le atribuye el valor, la eficacia probatoria, los efectos que conforme a la Ley le corresponde." (FÁBREGA, PONCE, J. y DE V., GUERRA, A., "Casación y Revisión", Panamá, Sistemas Jurídicos, S., 2001, pág. 111).

A través de los cinco (5) Motivos que fundamentan la referida Causal, la Casacionista denunció el yerro probatorio cometido por el Tribunal Superior, el cual consistió en que le restó valor probatorio a los informes psicológicos periciales presentado por las peritos, Doctora E.L. (fs.576 a 587) y la L.enciada. G. de La Guardia (fs.572 a 575).

Asimismo, la Recurrente en Casación expresó que el Ad quem le dio un valor exclusivo a las constancias médicas consultables (fs. 226 a 251), las cuales establecen el alcance y visibilidad de las lesiones físicas sufridas por el señor J.M.P., pues el TribunalSuperior considero únicamente como prueba idónea, dicho medio probatorio para comprobar el daño moral del demandante.

Siguiendo el orden de ideas, el Tribunal Superior, señaló en su Sentencia lo siguiente:

"...

Igual suerte sufre, la apreciación que del daño moral llevó a cabo la Jueza a-quo, dando que, el sólo hecho de que el demandado haya sufrido como resultado del accidente de tránsito lesiones que le provocaron una incapacidad en su brazo izquierdo para conducir el vehículo de su propiedad, tal como se desprende de las propias alegaciones del recurrente cuando hace referencia a los peritajes practicados al demandante por la Dra. Lasso-perito designada por éste-y de la Doctora G. de la Guardia-perito del Tribunal-, consultables a fs. 1153 y 1154 del expediente, cuando en relación a este punto destacan que, si bien es cierto, el demandante no sufrió estrés post-traumático, tratando de aparentar mayor daño del que sufrió en el accidente, logrando adaptarse y aceptar el problema de su brazo izquierdo, y que se observa que Jacinto tiene capacidad de adaptación, capacidad de aceptar sus limitaciones y vivir con ellas, resignándose a la forma en que quedó su brazo, esta Superioridad es del criterio que dichos informes periciales, no son la forma adecuada para demostrar el daño moral que se reclama, ya que este último, queda plenamente acreditadocon las constancias médicas que establecen el alcance y visibilidad de las lesiones físicas sufridas por el demandante, consultables a fs. 226-251 del expediente,..." (lo resaltado es de la S.)

En atención a ello, aprecia la S. que la Sentencia de segunda instancia reconoció que los informes psicológicos periciales no son pruebas idóneas para demostrar el daño moral, pues el mismo queda plenamente acreditado con las constancias médicas que establecen el alcance y visibilidad de las lesiones sufridas por el señor J.M. PINO (demandante).

En este sentido, analizaremos las pruebas que han sido denunciadas por la Casacionista como incorrectamente valoradas por el Tribunal Superior:

Consta a fojas 572 a 575, informe psicológico pericial de la L.enciada. G. de La Guardia practicado al señor J.M.P., respecto al daño moral que sufrió el demandante en el accidente de tránsito, en el cual se expresó "... Jacinto puede estar en ocasiones irritado, resentido por lo sucedido o incluso en ocasiones un poco triste, o con miedo de que ante otro accidente pueda perder el brazo; ... .No obstante, se observa que Jacinto tiene capacidad de adaptación, capacidad de aceptar sus limitaciones y vivir con ellas, al decir por ejemplo: "hay que resignarse", "mi brazo va a quedar así, tengo que estar tranquilo."

De igual manera, consta a fojas 576 a 587 del expediente, informe psicológico pericial de la Doctora E.L. practicado al señor J.M.P., que demuestra "...Trastorno de Adaptación Mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo."

En relación, a las pruebas señaladas (informes psicológicos periciales), debe señalar la S. que las mismas son pruebas que han sido realizadas por expertos en la materia; ya que son personas profesionales que tienen su idoneidad por los estudios adquiridos (Psiquiatra y Psicología), por lo tanto, tienen toda la facultad de haberle realizado al señor J.M. PINO las evaluaciones psicológicas para establecer su grado de afectación emocional en que se encuentra el demandanteproducto del accidente de tránsito ocurrido.

En cuanto a los informes psicológicos periciales, debe citarse lo establecido en el artículo 980 del Código Judicial, que a letra dispone:

Artículo 980. La fuerza del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración los principios en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones que ofrezca el proceso.

Al respecto del artículo antes referido, se aprecia que los informes psicológicos periciales fueron debidamente valorados por el Tribunal Superior, en el sentido que estas pruebas le ofrecieron al juzgador los elementos necesarios de convicción para determinar las conclusiones del examen psicológico realizado al señor J.M. PINO.

Aunado a lo anterior, las pruebas psicológicas periciales demuestran que el señor J.M. PINO sufrió un daño moral producto del accidente de tránsito, pues de las pruebas se desprenden que el demandante quedo emocionalmente afectado.

Con relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 1644a del Código Judicial, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 1644A. Dentro del daño causado se comprende tanto los materiales como los morales.

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, aspecto físico, obien en la consideración que de sí misma tienen los demás.

..."

Del artículo antes señalado se desprende que la persona que esté afectada en sus sentimientos, afecto, vida privada y aspecto físico etc., se dice que se le ha ocasionado un daño moral; por ello, las pruebas periciales descritas acreditan en este caso que el señor J.M.P. ha sufrido lesiones físicas y psicológicas producto del accidente de tránsito ocurrido el día 16 de noviembre de 1998 donde fue impactado por un vehículo, marca Isuzu, placa 108639, tipo camión, color blanco conducido por el señor H.F.P., propiedad de la empresa EMPACADORA AVÍCOLA, S. (MELO).

De lo antes expuestos resulta oportuno citar a los autores PÉREZ, A. y LAY-ISAZA, T., quienes en su obra, "El Daño Moral", definen al mismo de la siguiente manera:

"Daño moral es aquel perjuicio sufrido a la psiquis de una persona. El daño moral consiste en el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, y en general, los padecimientos inflingidos a la víctima por el evento dañoso, es la trasgresión a los derechos personalísimos de una persona a través de un agravio a la dignidad, honorabilidad, sosiego, integridad física, privacidad, o cualquier elemento que altere la normalidad facultativa mental o espiritual. (PÉREZ, A. y LAY -ISAZA, T., "El Daño Moral", Editorial Portobelo, año 2007, pág. 14)

..."

Cabe destacar que a fojas 226, se aprecia constancia médica expedida por el D.R.A.L.H., referente a la situación física del señor J.M.P., producto del accidente de tránsito, en la cual se expresa lo siguiente:

"Se revisa el expediente del servicio de ortopedia del Hospital Santo T., donde se anota que tuvo una fractura expuesta y compleja del hueso cubital y radio del 1/3 proximal del antebrazo izquierdo.

Con pérdida de tejido blando. Ha necesitado 30 operaciones ortopédicas del antebrazo izquierdo.

Actualmente está cicatrizando bien, pero cno (sic) marcada deformación.

Aún se encuentra con tratamiento ortopédico.

Se solicita una evaluación por médico ortopédico para conocer su situación actual y su pronóstico.

FECHA DEL EXAMEN: 10 de agosto de 1999

SE MANTIENE LA INCAPACIDAD PROVISIONAL DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS A PARTIR DEL DIA DEL ACCIDENTE.

Se observa a foja 251 del expediente, constancia médica de la Doctora Mercedes R. De Lasso, en la cual se practicó un examen médico legal al señor J.M.P., que indica:

"...Refiere que fue intervenido quirúrgicamente hace 8 días.

Aún vendaje en el antebrazo izquierdo. Mejor movilización de miembro superior izquierdo.

Se solicita resumen y pronóstico de Ortopeda tratante."

De las pruebas antes indicadas, esta S. Civil estima que se ha demostrado que el señor J.M. PINO resultó con una lesión en el antebrazo (fractura expuesta y compleja del hueso cubital y radio del 1/3 proximal del antebrazo izquierdo), producto del accidente de tránsito ocurrido. Por consiguiente, dicho accidente le causó daño moral y material al demandante.

Luego de examinado y estudiado cada uno de los cargos de ilegalidad expuestos dentro de los cinco Motivos que sustentan la Causal de fondo invocada, esta S. considera que las pruebas denunciadas por la Casacionista fueron debidamente valoradas por el Ad quem, en el sentido que, de los informes periciales psicológicos y las constancias médicas practicadas al señor J.M. PINO se puede acreditar el daño moral y material producto del accidente de tránsito ocurrido el 16 de noviembre de 1998 en la Avenida J.A.A., frente al E.R.F., en las afuera de la ciudad, donde el vehículo, con placa No. 108639, tipo camión, color blanco conducido por el señor H.F.P., propiedad de la empresa EMPACADORA AVÍCOLA, S., (MELO) colisionó el auto Pick up con placa No. 346607 conducido por el señor J.M.P. causándole lesiones en el antebrazo izquierdo (una fractura expuesta y compleja del hueso cubital y radio del 1/3 proximal del antebrazo izquierdo).

Es importante aclarar que, tanto las constancias médicas (fs. 226 a 251) como los informes psicológicos periciales (fs. 572 a 575, 576 a 587), son pruebas que resultan idóneas para acreditar el daño moral, es decir, tienen fuerza probatoria, pues el hecho que el señor J.M.P., le ocurriera el accidente de tránsito y haya tenido que someterse a múltiples operaciones quedando con una discapacidad en el antebrazo izquierdo y que producto del accidente no haya podido realizar sus labores diarias, tales como, manejar sus buses y ejercer la mecánica de los mismos etc., dicha situación repercute en la parte emocional del señor J.M. PINO), causándole daños y perjuicios (daño moral).

Sobre el particular, es oportuno traer a colación el fallo proferido por esta S. Primera de lo Civil de 11 de enero de 2010, en el cual sobre este tema dejó sentado el siguiente criterio:

..."

Sin embargo, la S. considera que los daños que deben ser indemnizados son sólo los daños materiales, toda vez que no se ha comprobado la existencia deldaño moral, en vista de que el demandante no presentó ninguna prueba idónea relacionada con el mismo, como sería un informe pericial preparado por un experto en estos asuntos (como por ejemplo, un médico psiquiatra) limitándose a alegar en el hecho quinto de la demanda, que la conducta del señor LEZCANO ha "afectado psicológicamente y profesionalmente A.M. FUENTES.(Lo resaltado es de la S.)

..."

Esta S. concluye que, a través de los informes periciales psicológicos y las constancias médicas se pudo confirmar que el señor J.M. PINO quedo afectado emocionalmente, por el hecho dañoso (lesión en el antebrazo), ya que el señor J.M. PINO se enfrenta a una condición en su vida que no tenía anteriormente, toda vez que, no puede realizar sus actividades cotidianas, producto del accidente de tránsito sufrido.

Siendo así las cosas, la S. puede concluir que la Sentencia impugnada no ha infringido los artículos 781 y 980 del Código Judicial y el artículo 1644a del Código Civil.

Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta S. debe resolver que no se han configurado los cargos de injuridicidad, ni las violaciones a la normas del Código Judicial y Civil endilgadas por la apoderada judicial de la Recurrente a la Resolución impugnada, por lo que procede desestimar por infundada la Causal (Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba), objeto del presente Recurso de Casación.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NOCASA la Resolución de 30 de julio de 2010, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual Reforma la Sentencia No. 49-2008/451-03 de 15 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado Decimotercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía propuesto por J.M. PINO contra el señor H.F.P. y la sociedad EMPACADORA AVÍCOLA, S. (MELO)

Se condena en costas a la parte Recurrente en la suma de B/.100.00.

N. y Devuélvase

OYDÉN ORTEGA DURÁN

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARLEY J. MITCHELL D.

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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