Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Septiembre de 2014

PonenteOydén Ortega Durán
Fecha de Resolución 3 de Septiembre de 2014
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS: La firma forense WATSON & ASSOCIATES, en su condición de apoderada judicial de la sociedad THE GROUP INVESTMENT CORP., ha interpuesto Recurso de Casación contra la Sentencia de veintiséis (26) de junio de dos mil siete (2007), proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que revocó la decisión del inferior dictada dentro del Proceso Ordinario propuesto por ALFONSO SHABETAY y MIRAGE GROUP INC., S.A. contra su representada. Esta S. Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución de veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009) (fs.723-730), ordenó la corrección del Recurso presentado, lo cual fue atendido por la apoderada judicial de la Sociedad demandada, por lo que mediante Resolución de catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009), se admitió el Recurso de Casación que consta de fojas 732 a 746 del expediente. Así las cosas, se abrió el proceso a la fase de alegatos de fondo, la que fue aprovechada por el apoderado judicial de la parte demandante, que figura de fojas 759 a 769 del expediente. Corresponde, entonces, decidir el Recurso impetrado, para lo cual se adelantan las siguientes consideraciones. La firma forense CARRILLO BRUX Y ASOCIADOS, actuando en su condición de apoderada judicial de ALFONSO SHABETAY como representante legal de la sociedad MIRAGE GROUP INC., S.A. presentó Demanda ordinaria declarativa de mayor cuantía ante el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, contra la sociedad THE GROUP INVESTMENT CORP., con el objeto que se hicieran las siguientes declaraciones: "PRIMERO: Que son válidos y, por lo tanto, obligatorios entre las partes, los contratos de promesa de venta suscritos por THE CROUP INVESTMENT CORP. como promitente vendedora y ALFONSO SHABETAY como promitente comprador sobre las (sic) Finca No. 48824 inscrita en el documento registrado No. 85213, sección de la Propiedad Horizontal, provincia de Panamá consistente en los locales 19-20 y 21 del nivel 33.50 del centro comercial denominado LA GRAN ESTACIÓN, y los locales 170 (Finca No. 48738 inscrita a documento 75213 asiento 1 de la sección de propiedad horizontal, Provincia de Panamá) 171-172 (FincaNo. 48739, inscrita al documento digitalizado No. 75213 de la sección de propiedad horizontal de la Provincia de Panamá) y 217 (Finca No. 48797 inscrita al documento 75213 de la sección de propiedad horizontal de la Provincia de Panamá) ubicados en el nivel 30.00 del mismo centro comercial. SEGUNDO: Que se declare la resolución de los contratos de promesa de venta suscritos el 28 de abril de 1998 y el de 20 de septiembre de 1998 por haber incumplido el promitente vendedor con la obligación de celebrar el contrato de compraventa definitivo dentro del plazo convenido en la cláusula octava de dichos contratos. TERCERO: Que se declare como consecuencia de la resolución de los Contratos, que el promitente vendedor sea condenado a pagar al promitente comprador la indemnización correspondiente a la devolución de las sumas abonadas, es decir, US $267,108.81 (Doscientos sesenta y siete mil ciento ocho dólares con 81/100), más los intereses legales así como los daños y perjuicios ocasionados al promitente comprador que se calculan en la suma de US $160.500.00 (Ciento sesenta mil quinientos dólares) o lo que resulte de una justa tasación judicial. CUARTO: Que la demandada sea condenada al pago de los intereses legales, costas y gastos de la acción, además de los US $427,608.81 que debe pagar a la demandante." (fs. 2-3) Una vez admitida la Demanda mediante el Auto No. 530 de dos (2) de abril de dos mil dos (2002), se corrió en traslado a la contraparte por el término de diez (10) días, requerimiento que fue cumplido oportunamente por la Sociedad demandada a través de la firma forense WATSON & ASSOCIATES, quien presentó el escrito de contestación visible de fojas 104 a 115 del expediente, por medio del cual negó y rechazó cada una de las declaraciones solicitadas, considerando que no se ajustan a la realidad fáctica de la relación comercial que existió entre las partes, así como también negó las pruebas presentadas, la cuantía y el derecho invocado, por tanto, solicitó que las mismas fuesen desestimadas y adujo en su defensa la Excepción de ilegitimidad de la personería activa en la causa de la demandante MIRAGE GROUP INC., S.A. Luego de cumplidas las etapas procesales correspondientes al presente Proceso ordinario, el Juez Primero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó la Sentencia No. 43 de veintinueve (29) de diciembre de dos mil tres (2003), mediante la cual negó las declaraciones solicitadas por la parte A. y declaró probada la Excepción de ilegitimidad de personería activa en la Causa de la demandante MIRAGE GROUP INC., S.A., exonerando de costas a la parte A. por estimar que actuó de buena fe. (fs. 515-516). Contra esa decisión interpusieron sendos Recursos de apelación los apoderados judiciales de la demandante y de la demandada, THE GROUP INVESTMENT CORP., que fueron resueltos por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial mediante la Sentencia que ahora se impugna en Casación de veintiséis (26) de junio de dos mil siete (2007), la cual revocó en todas sus partes la Resolución de Primera instancia y en consecuencia, concedió las declaraciones solicitadas. (fs. 661-662) Inconforme con el dictamen del Superior, la firma forense WATSON & ASSOCIATES, en representación de la parte demandada, ha formalizado Recurso de Casación en la forma y en el fondo, el cual la S. procede a resolver. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN El Recurso de Casación corregido interpuesto por la parte Recurrente está constituido por una (1) Causal en la forma y una (1) Causal en el fondo. De acuerdo al artículo 1168 del Código Judicial se procederá a resolver en primer lugar el Recurso de Casación en la forma. RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA La Causal en la forma invocada en el presente Recurso es "Por no estar la sentencia en consonancia con las excepciones del demandado, porque se omite fallar sobre alguna de las excepciones alegadas", la cual se encuentra incluida en el texto del literal d, del numeral 7 del artículo 1170 del Código Judicial. Dicha Causal se sustenta en un solo Motivo que la Recurrente expone de la siguiente manera: "Primero: El Primer Tribunal Superior de Justicia en la resolución impugnada, revocó la sentencia de primera instancia dicidiendo a favor de las pretensiones de los demandantes, bajo el criterio de que las mismas tenían fundamento en y na relación contractual válida y efizcamente convenida y perfeccionada, sin haber resuelto previamente en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, la excepción de ilegitimidad de la personería activa en la causa en cuanto a uno de los demandantes que fue oportunamente aducida por nuestra parte en la primera instancia de este proceso, lo cual debía hacerse necesariamente, situación que desconoció expresamente la regla de derecho que obliga al Juzgador a resolver en la sentencia de la instancia las excepciones aducidas por el demandado en su defensa y que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo." (f. 733) Las disposiciones legales presuntamente infringidas, según el cargo de injuridicidad contenido en el Motivo transcrito, son los artículos 688, 694, 991 y 994 del Código Judicial. CRITERIO DE LA SALA A través del único Motivo que sustenta la Causal de forma expuesta en párrafos precedentes, la Recurrente acusa al Primer Tribunal Superior de Justicia de no haber resuelto previamente en la parte resolutiva de la Sentencia impugnada, la Excepción de ilegitimidad de la personería activa en la causa en cuanto a uno de los demandantes que fue oportunamente aducida en la Primera instancia del Proceso, lo que a su juicio, debía hacerse necesariamente, pues desconoció expresamente la regla de derecho que obliga al Juzgador a resolver en la Sentencia, las excepciones aducidas por el demandado en su defensa, violentando con ello lo dispuesto en los artículos 688 y 694 del Código Judicial, relativos a la interposición y reconocimiento de las Excepciones en los Procesos de conocimiento, así como el artículo 991 del mismo Código, que consagra el principio de la debida congruencia y de la exhaustividad que debe guardar la Sentencia y el artículo 994 del texto legal antes citado. La S. observa que en la parte motiva de la Resolución impugnada, el Tribunal Ad quem se pronunció con relación a la referida excepción, en los términos siguientes: "Finalmente, esta Superioridad encuentra justificada la participación como litisconsorte activo a la sociedad MIRAGE GROUP INC., S.A., toda vez que de la diligencia exhibitoria realizada a los libros de contabilidad de el (sic) Banco de Iberoamérica, S,A. se advierte que el respectivo préstamo hipotecario comercial para el pago total del precio acordado en la promesa se realizaría con dicha sociedad anónima, a la que también se extiende los efectos jurídicos de la Sentencia, ya que a través de ella se realizaría la compraventa prometida incumplida." (fs. 660-661) Como se puede apreciar del extracto de la Sentencia recurrida antes transcrita, el Primer Tribunal Superior sí atendió en la parte motiva de la misma la Excepción propuesta por la parte demandada, señalando la participación como litis consorte activo a la sociedad demandante MIRAGE GROUP INC., S.A., la cual había sido alegada en la Primera instancia y reconocida por el Tribunal A quo. Ciertamente y como arguye la Recurrente, el Tribunal de Segunda instancia no señaló expresamente en la parte resolutiva de la Sentencia impugnada que declaraba no probada la Excepción alegada por la demandada; no obstante ello, la S. advierte, que el solo hecho de haber revocado la decisión emitida por el Juez primario y en su lugar, reconocer las declaraciones pedidas en la Demanda, no hace deducir que el Ad quem al condenar, en la parte resolutiva, tácitamente ha desestimado la Excepción alegada. Ahora bien, si la demandada y ahora Recurrente en Casación se vio afectada por la falta de declaratoria en la parte resolutiva sobre la Excepción de ilegitimidad de la personería en la causa que fue considerada en la Sentencia de Primera instancia, advierte la S. que dicha parte tenía a su alcance los medios procesales que la Ley pone a su disposición para enmendar o subsanar el error advertido mediante la solicitud de Aclaración de Sentencia como perfectamente lo permite el artículo 999 del Código Judicial. Así las cosas, la S. no encuentra incongruencia alguna en la Resolución impugnada, ya que el Primer Tribunal Superior se pronunció con respecto a todas y cada una de las declaraciones solicitadas y sobre la Excepción alegada, revocando la Sentencia de Primera instancia. Por lo antes expuesto, la S. estima que se ajusta a derecho la decisión proferida por el Primer Tribunal Superior en la Sentencia de veintiséis (26) de junio de dos mil siete (2007), debiendo resolver que no se han configurado los cargos de injuridicidad ni las violaciones a las normas del Código Judicial endilgadas por la apoderada judicial de la demandada a la Resolución recurrida, siendo lo procedente desestimar por infundada la Causal de forma "por no estar la Sentencia en consonancia con las excepciones del demandado". RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO La Causal de Casación en el fondo invocada por la apoderada judicial de la demandada consiste en la "Infraccion de normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de derecho sobre la apreciación de la prueba, que ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo", la cual se encuentra incluida en el texto del primer párrafo del artículo 1169 del Código Judicial. Esta Causal se fundamenta en los Motivos que se transcriben a continuación: "Primero: La sentencia recurrida consideró para revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de los demandantes, que las pruebas traídas al proceso demuestran el incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por nuestra parte dentro del plazo acordado y derivadas del contrato de promesa de compraventa de bien inmueble habido con uno de los demandantes, cuando la correcta valoración de las pruebas de informes que militan a fojas 372 y s.s., y 582 y s.s., demuestran que nuestra representada realizó todos los actos tendientes a cumplir con sus obligaciones derivadas de la relación contractual dentro del plazo acordado, no obstante las mismas no pudieron cumplirse dentro del mismo, dado el hecho de que la autoridad pública correspondiente demoró en conceder la aprobación oficial previa y necesaria para perfeccionar la compraventa pactada, situación que constituye una perfecta causa de fuerza mayor como eximente de responsabilidad, y que su desconocimiento influyó directa y sustancialmente en lo dispositivo del fallo censurado, infringiendose directamente la regla de derecho que indica que nadie responde de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables. Segundo: La Sentencia recurrida dejó de valorar dentro de los correctos parámetros de la ssana crítica la prueba documental que corre a fojas 175 (que se repite a fojas 251) del expediente, en conjunto con las pruebas documentales que corren a fojas, 57, 165 (que se repite a foja 259), 166 (que se repite a fojas 258),y 167 del expediente, y el informe de prueba pericial que corre de fojas 418-425 del expediente, las cuales constatan y demuestran que, de hecho y tácitamente, las partes aceptaron la prórroga o extensión del plazo originalmente convenido para la firma de la compraventa pactada; este error en la valoración de las señaladas pruebas documentales, infringe la regla de derecho que indica que para juzgar la intención de los contratantes, deberá atenderse principlamente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato, situación que ha influido en lo dispositivo de la sentencia recurrida. Tercero: La Sentencia recurrida dejó de valorar dentro de los correctos parámetros de la sana crítica la prueba documental que corre a foja 58 del expediente, en conjunto con las pruebas documentales que corren a fojas 165 (que se repite a foja 259), 166 (que se repite a fojas 258), y 167 del expediente, en cuanto a que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de promesa de compraventa se debe a causas únicamente imputables a la parte demandante; este error en la valoración de las señaladas pruebas documentales, infringe la regla de derecho que indica que son responsables de los daños causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo, contravinieren al tenor de aquéllas, situación que ha influido en lo dispositivo de la sentencia recurrida. Cuarto: La Sentencia recurrida, para revocar la sentencia de primera instancia, valoró de forma incorrecta la prueba pericial que corre desde la foja 418-425 del expediente, la cual demuestra la cuantificación de los daños materiales causados a nuestro representado, por el actuar negligente y culposo de los demandantes, y que son el resultado del incumplimiento de sus obligaciones derivadas de la relación contractual pactada entre las partes, situación que infringe la regla de derecho que indica que en las obligaciones con cláusula penal habrá derecho a exigir y ejecutar la pena, en todos los casos en que se hubiere estipulado la misma, situación que influyó directa en la (sic) dispositivo del fallo." (fs. 737-739) Las disposiciones legales presuntamente infringidas, según los cargos de injuridicidad contenidos en los Motivos transcritos, son los artículos 893, 885, 781, 980 del Código Judicial y los artículos 976, 986, 1039 y 988 del Código Civil. CRITERIO DE LA SALA Tal como viene expuesto, la Causal en el fondo invocada en el presente Recurso es la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que según la Recurrente, ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida. En ese sentido, la S. observa que en el apartado de los Motivos, específicamente en el primero y cuarto que sustentan la Causal de fondo antes descrita, la Recurrente acusa al Tribunal de Segunda instancia de no haberle concedido el correcto valor a unas pruebas de informes que constan a fojas 372, 582 y 418 a 425 del expediente, las cuales demuestran por un lado, que la demandada no pudo cumplir con sus obligaciones derivadas de la relación contractual dentro del plazo acordado, porque la autoridad pública demoró en conceder la aprobación oficial previa y necesaria para perfeccionar la compraventa pactada y, por el otro, demostraban la cuantificación de los daños materiales causados por el actuar negligente y culposo de los demandantes. Sobre esta Causal probatoria, esta Superioridad desea señalar que la misma se configura "cuando el elemento probatorio se examina, se toma en cuenta, se le analiza, pero no se le atribuye el valor, la eficacia probatoria, los efectos que conforme a la Ley le corresponde." (F., J. y Guerra de V., Aura E. "Casación y Revisión", Panamá: Sistemas Jurídicos, S.A., 2001, pág. 111). Con base en lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que para que opere esta modalidad de la Causal de fondo es necesario que la prueba haya sido ponderada en la Sentencia que se impugna en Casación. Dicho lo anterior, esta Corporación percibe, al examinar la Sentencia de Segunda instancia, que ninguna de las pruebas periciales antes mencionadas fueron apreciadas por el Primer Tribunal Superior, por lo que mal puede configurarse la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de las pruebas que se denuncian. Luego entonces, esta S. debe desechar los cargos expuestos en los Motivos primero y cuarto que soportan este concepto de la Causal de fondo, debido a que los medios probatorios (pruebas de informes) que se estiman como erradamente apreciados, no fueron tomados en cuenta por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial al proferir la Sentencia impugnada. Con relación a los Motivos segundo y tercero que sustentan la Causal probatoria en estudio, los cuales se refieren a la valoración incorrecta de pruebas documentales que constan a fojas 57, 58, 165, 166, 167 y 175 del expediente, se puede deducir claramente, que dichos Motivos adolecen de deficiencia similar a la advertida con relación al primero y cuarto Motivo; es decir, porque las mismas no fueron mencionadas en la decisión de Segunda instancia, lo que imposibilita que la S. formule un juicio en torno a la actividad de valoración probatoria adelantada por el Primer Tribunal Superior en los términos que permite la Causal de fondo alegada. Lo anterior obliga a esta Superioridad a desestimar también el cargo de injuridicidad contenido en los Motivos segundo y tercero, al no poder pronunciarse en cuanto a lo atinado o no de una valoración que no se dio. Siendo así las cosas, la S. arriba a la conclusión que la Sentencia de Segunda instancia recurrida fue dictada conforme a derecho, por lo que debe negarse la petición de la Recurrente en el sentido que se Case la misma, al no configurarse los cargos esgrimidos bajo la Causal de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, ni tampoco producirse la violación de los artículos del Código Judicial y Civil denunciados en el presente Recurso objeto de Casación. Por las consideraciones que preceden, LA CORTE SUPREMA, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de veintiséis (26) de junio de dos mil siete (2007), proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que revocó la decisión del inferior dictada dentro del Proceso Ordinario propuesto por ALFONSO SHABETAY y MIRAGE GROUP INC., S.A. contra THE GROUP INVESTMENT CORP. Las costas del Recurso de Casación, tal como dispone el artículo 1196 del Código Judicial, se fijan en la suma de TRECIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.300.00). Notifíquese Y DEVUÉLVASE, OYDÉN ORTEGA DURÁN JERÓNIMO MEJÍA E -- HARLEY J. MITCHELL D. SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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