Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 24 de Septiembre de 2014

PonenteOydén Ortega Durán
Fecha de Resolución24 de Septiembre de 2014
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS: La firma forense WATSON & ASSOCIATES, apoderados judiciales de la parte demandada CARINTHIA, S.A., interpusieron Recursos de Casación contra dos Resoluciones emitidas el 2 de diciembre de 2008, por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Incidente de rescisión de secuestro por exceso en el depósito propuesto por CARINTHIA, S.A., así como en el propuesto por L.A.P. en el Proceso Especial de Rendición de Cuentas que FUNDACIÓN POSSE y ANA VICTORIA POSSE MARTINZ le sigue a CARINTHIA, S.A. y L.A.P.. Esta S. Civil de la Corte Suprema, mediante Resolución de 6 de diciembre de 2010 (fs. 366 a 368), admitió los Recursos de Casación en el fondo presentados por CARINTHIA, S.A. contra los Autos de 2 de diciembre de 2008 dictados por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá. Finalizada la fase de alegatos de fondo, la cual fue aprovechada por los apoderados judiciales de ambas partes, en escritos visibles a fs. 372 a 375 y fs. 380 a 384, procede la S. a decidir los Recursos. En consideración a que se trata de dos Resoluciones recurribles dentro de una medida cautelar decretada en un mismo Proceso, por razones de economía procesal y en base a lo normado por el Artículo 1143 del Código Judicial, ambos Recursos serán resueltos en esta única Resolución. RECURSO DE CASACIÓN presentado por CARINTHIA, S.A. en el Incidente de Levantamiento de Secuestro por exceso en el depósito propuesto por CARINTHIA, S.A. El Recurso de Casación presentado por CARINTHIA, S.A., es en el fondo y consta de una Causal consistente en la "infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de violación directa, que ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo". Los Motivos que le sirven de fundamento son los que se transcriben a continuación: "Primero: No obstante que la resolución recurrida reconoce, comprueba y acepta que en las diligencias judiciales de inventario de bienes y de depósito judicial del secuestro practicado en este proceso, se cautelaron bienes cuyos valores en total exceden la cuantía total de la demanda y de la cuantía total de la demanda y de la cuantía total del secuestro solicitado por la contraparte, no se procede al levantamiento parcial del secuestro sobre los bienes cautelados en exceso, sino el por contrario, se mantiene la medida cautelar de secuestro practicada en exceso, imponiéndose a la parte secuestrante la obligación de aumentar el monto de la caución de daños y perjuicios consignada para garantizar los posibles daños y perjuicios del secuestro, decisión que viola directamente el principio normativo que señala que el depósito judicial no se ordenará nunca de oficio de parte del Juzgado, con lo cual se ha infringido normas de derecho y que ha influido en lo dispositivo del fallo recurrido. Segundo: La decisión recurrida, al mantener la medida cautelar de secuestro sobre los bienes depositados en exceso al monto total de la cuantía de la demanda y de la cuantía de la propia petición de secuestro de la contraparte, viola de forma directa el deber jurídico del juez de procurar en todo momento de evitar daños y molestias innecesarias en la ejecución de la medida cautelar de secuestro a la parte demandada, con lo cual se ha infringido normas de derecho y que ha influido en lo dispositivo del fallo recurrido." Como consecuencia del hecho descrito, el Recurrente alega la violación de los Artículos 540, 543 y 531 del Código Judicial, así como el Artículo 337 del Código Civil. Plantea el Casacionista, respecto a la violación del Artículo 540 del Código Judicial que si la parte secuestrante no solicitó el secuestro de bienes adicionales, porque con la primera diligencia se llegó a cautelar bienes por el monto del secuestro, ello significa sin duda alguna, que fue una actuación de oficio del Tribunal. Por su parte, en cuanto al Artículo 543 expone el Recurrente que el mismo ha sido violado directamente por omisión, pues el Tribunal Superior pese a admitir y comprobar que hay una diferencia o exceso en el depósito de bienes secuestrados por más de DOS MILLONES DE DOLARES, desconoce el derecho en ella consagrado consistente en la reforma de la Resolución, en el sentido que se levante el depósito de los bienes secuestrados en exceso, con lo cual también se viola lo dispuesto en el Artículo 531 de evitar causar daños o molestias innecesarias al demandado al ejecutar la medida en cuestión. Finalmente, sostiene el Recurrente que al mantenerse un depósito judicial decretado de oficio sobre bienes propiedad del secuestrado en exceso a la cuantía de la Demanda y de la propia medida cautelar de secuestro, se viola directamente el derecho de propiedad del Recurrente sobre tales bienes. CRITERIO DEL TRIBUNAL Esta Superioridad desea señalar que la infracción de normas de derecho en concepto de violación directa se produce, según el doctor J.F., "cuando se contraviene o contraría o desconoce el texto de una norma o se deja de aplicar a un caso que requiere de su aplicación independientemente de toda cuestión de hecho. Para ello, necesita examinar los hechos conforme aparecen consagrados en la sentencia impugnada." (FÁBREGA, J., "Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral", Panamá: Sistemas Jurídicos, 2001, pág. 104). En este sentido, el Casacionista plantea como aspectos de disconformidad contra la Resolución recurrida en el primer y segundo Motivo los aspectos que se puntualizan a continuación: En tal sentido, la S. procede al examen de las consideraciones contenidas en el cuestionado fallo de segunda instancia, a fin de determinar si se justifica o no el cargo previamente indicado, para lo cual se transcribe un extracto de dicha Resolución (fs.258 a 260): "Posteriormente, el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí en vista de que una vez practicadas las diligencias de avalúo y depósito verificó que existía una diferencia de B/.2,147,557.00 estimó el aumento de la caución en atención a la cuantía originalmente establecida en la demanda, para evitar daños y perjuicios; de modo que fijó en la suma de B/. 975,000.00, la diferencia de caución de daños y perjuicios que debe caucionar la parte actora (fs. 456). El recuento de las piezas existentes en la medida cautelar practicada sobre bienes de L.A.P. y Carinthia, S.A. demuestra que en efecto, al practicarse la segunda diligencia de avalúo y depósito, se depositaron bienes que cubren en exceso la garantía ofrecida por la parte secuestrante, de modo que procede tal y como se dispuso en el Auto No. 30 de 14 de enero de 2008, el aumento de las cauciones en proporción al exceso en el depósito congruente con el valor de los bienes inventariados. El artículo 543 del Código Judicial, nos enseña que cualquier exceso en el depósito hace responsable al juez, quien deberá reformar la resolución luego de comprobado sumariamente el exceso, tal y como acontece en la medida cautelar en examen. Por otra parte, el artículo 571 del mismo texto, establece que si las cauciones ya constituidas no representan el valor que garantizan, el juez a su prudente arbitrio podrá ordenar a la parte que las sustituya o constituya otra y otras que representen el valor real que garantizaban. Así las cosas, si el a quo ha dispuesto el aumento de la caución en el referido Auto No. 30 de 14 de enero de 2008, mucho antes de la interposición del presente incidente de levantamiento de secuestro por un exceso en el depósito, es procedente confirmar la pieza venida en grado de apelación. No sin antes, manifestar, en torno a las alegaciones de los recurrentes, que muchas de ellas se refieren básicamente a las mismas objeciones formuladas en las sustentaciones de la apelación que contra el Auto No. 30 de 14 de enero de 2008; a las que se hizo referencia este Tribunal al confirmarse decisión mediante Auto Civil de 15 de octubre de 2008. Cabe destacar además, que si alguna de ellas se siente insatisfecha por el avalúo de los bienes inventariados, cualquiera de ellas puede solicitar al tribunal del conocimiento que practique avalúo real de la cosa mandada a secuestrar para establecer su valor y condición material."(destaca la S.) Conforme se explica en la Resolución recurrida en Casación, el Tribunal Ad quem confirmó la decisión del Juez primario de mantener el secuestro decretado sobre los bienes propiedad de la parte secuestrada, una vez practicada la segunda diligencia de inventario y avalúo y de verificar que existía un excedente en los bienes depositados por la suma de B/.2,147,557.00. Ello sustentado en que el Tribunal A quo dispuso oportunamente el aumento de la caución de daños y perjuicios a través del Auto N°30 de 14 de enero de 2008, es decir, mucho antes de la interposición del presente Incidente de Levantamiento de Secuestro por un Exceso en el Depósito. El primer cargo de ilegalidad, que plantea el Recurrente está íntimamente relacionado con la violación del Artículo 540 del Código Judicial, que dispone lo que se cita a continuación: "Artículo 540: El depósito no se ordenará nunca de oficio salvo los casos expresamente exceptuados en este Código. Cualquier incidencia relativa al depósito se llevará en cuaderno separado y, una vez concluido se agregará al expediente." La norma transcrita consagra la obligación del Juez de no ordenar el depósito de bienes de oficio, pues el mismo solo puede ser practicado por el Tribunal a petición de parte. Este principio, según expone el Recurrente fue desconocido por el Ad quem al confirmar la decisión del A quo, quien ordenó la práctica de una segunda Diligencia de depósito donde se secuestraron bienes adicionales propiedad de los secuestrados, sin que ello fuese solicitado por el secuestrante, es decir, ejecutándolo el Tribunal de oficio. Adicional a ello, plantea el Casacionista, que con esta segunda diligencia de depósito practicada los días 19 y 20 de diciembre de 2007, se configuró un exceso en el depósito por más de Dos Millones de D. en relación con la cuantía de la Demanda, por lo que se da una clara violación del principio de derecho consagrado en la norma transcrita. De los hechos reconocidos en la Resolución objeto de censura por el J. Ad quem, evidencia la S. que previa la consignación de la caución de daños y perjuicios fijada por el Tribunal primario de conformidad con lo establecido en el Artículo 531 del Código Judicial, se decretó medida cautelar de secuestro a solicitud de la parte secuestrante a través de Auto N°974 de 19 de octubre de 2007, sobre bienes propiedad de los demandados L.A.P.M. y CARINTHIA, S.A., hasta la concurrencia de B/. 3,250,000.00 en concepto de capital, costas y gastos. Los bienes sobre los cuales recayó dicha medida cautelar son los que se describen a continuación: Luego, en dicha Resolución se reconoce que en la primera Diligencia de inventario y avalúo llevada a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre de 2007 sobre el terreno, ganado equino, edificaciones, maquinarias de beneficio de café, equipo de ordeño, maquinaria, equipo y herramientas, el avalúo de dichos bienes arrojó un monto de B/.3,250,180.00 (fs.55-77), sobre el cual no se solicitó un reavalúo de bienes. Adicional a ello, expuso el Ad quem que la segunda Diligencia de inventario y avalúo fue ordenada por el J. primario a través de Auto N°1218 de 3 de diciembre de 2007 con el fin de continuar con la diligencia de inventario, avalúo y depósito y para entregar la administración de la Finca F., donde se encuentran las plantaciones de café y el producto de esa actividad al depositario administrador L.. L.S., cuyo avalúo arrojó un valor total de B/. 2,147,377.10 (fs. 302-315). De lo que se deja expuesto, evidencia la S. que el Tribunal A quo decretó secuestro sobre bienes de distinta naturaleza propiedad de los demandados, dentro de los cuales se encuentra la administración de la sociedad CARINTHIA, S.A., quien es la sociedad propietaria de las Fincas N°4626, inscrita al F. 180, Tomo 377 y la Finca N°8178, F. 280, Tomo 789 ambas de la Sección de Propiedad del Registro Público de la Provincia de Chiriquí y en donde se ubican el resto de los bienes muebles y semovientes secuestrados. Esto es, que el secuestro se puede decretar sobre bienes particulares de un establecimiento o hacienda o sobre la universalidad jurídica, pero jurídicamente y en la práctica, son medidas distintas, son bienes o valores distintos y distintos son los requisitos que la Ley exige para su procedencia, así como sus efectos. Ahora bien, debe puntualizar la S. que el secuestro sobre la administración de una empresa o hacienda, se trata del secuestro de una unidad económica, la cual luego de su especificación como tal es entregada al administrador judicial designado, quien asume la dirección general de la empresa o establecimiento, procurando seguir el sistema de administración vigente al momento de su cautela. Su practica, consiste en realizar un inventario y avalúo de todos los bienes que conforman el activo y pasivo de la empresa o hacienda secuestrada, con el fin de llevar un control pormenorizado de todos los bienes que conforman el patrimonio de la misma y por los cuales a de responder el administrador judicial designado civil y penalmente, mientras dure la administración. Esta medida, a diferencia del secuestro de bienes muebles no está supeditado a la cuantía que arroja el valor individual asignado a cada uno de los bienes que conforman la hacienda o empresa, sino que el mismo recae sobre la actividad propia que desarrolla la sociedad secuestrada, la cual deberá continuar con el administrador judicial designado, quien dará razón puntual y diaria de todos los ingresos y egresos que la misma genere, de conformidad con lo establecido en el Artículo 545 del Código Judicial. Aclarado este punto, debe concluir la S. en cuanto al primer cargo atribuido a la Resolución objeto de censura, que la medida cautelar de secuestro fue decretada sobre diversas categorías de bienes propiedad de los demandados para lo cual procedió el Juez de conocimiento a ejecutar. Inició el J. A quo con el secuestro de los bienes muebles, inmuebles, semovientes, cuentas bancarias y alhajas; la segunda diligencia de secuestro fue la continuación de la primera al no haber concluido el inventario y avalúo de los bienes que forman parte de los activos de la sociedad cuya administración también fue objeto de secuestro, por lo que no puede considerarse que esta segunda Diligencia de secuestro haya sido ejecutada por el Tribunal de Oficio. Por tanto, a criterio de la S. no se configura el cargo expuesto por el Casacionista. En cuanto al cargo expuesto en el segundo Motivo, que consiste en la violación del deber jurídico del Juez de procurar en todo momento, evitar daños y perjuicios y molestias innecesarias en la ejecución de la medida cautelar, considera la S. necesario citar el contenido del Artículo 531 del Código Judicial, que al respecto dispone: "Artículo 531: Sin perjuicio de lo dispuesto para casos especiales, la medidas cautelares se regirán por las siguientes reglas: 1. 2. 3. 4. 5. El juez procurará en todo momento evitar daños y perjuicios y molestias innecesarias en la adopción o ejecución de la medida y podrá de oficio y bajo su personal responsabilidad, sustituir la medida, en el acto de la ejecución, oyendo al actor y, si fuere viable, al demandado o presunto demandado, siempre que queden plenamente asegurados los intereses del actor." De la norma legal transcrita, se desprende que el Juez que practique una medida cautelar tiene el deber, en todo momento, de evitar daños, perjuicios y molestias innecesarias en la ejecución de la medida, pudiendo incluso sustituir la medida si es viable, en el acto de ejecución y oyendo al Actor, que no es el caso que nos ocupa, ya que el pronunciamiento recurrido no contiene una sustitución de la medida sino un aumento en la caución de daños y perjuicios. Sin embargo, este no es el único medio puesto a disposición del J. para dar cumplimiento a sus responsabilidades. Ahora bien, fue un hecho reconocido por el J. Ad quem la existencia de un exceso en el depósito de los bienes cautelados, cuando a fs. 85 expuso: "El recuento de las piezas existentes en la medida cautelar practicada sobre bienes de L.A.P. y Carinthia, S.A. demuestra que en efecto, al practicarse la segunda diligencia de avalúo y depósito, se depositaron bienes que cubren en exceso la garantía ofrecida por la secuestrante, de modo que procede tal y como lo dispuso en el Auto No. 30 de 14 de enero de 2008, el aumento de las cauciones en proporción al exceso en el depósito congruente con el valor de los bienes inventariados." Como se observa, es a partir de la segunda Diligencia de inventario y avalúo practicada el 19 y 20 de diciembre de 2007, que se genera el exceso en el depósito, ello sustentado en que en la primera Diligencia de Secuestro practicada el día 21, 22 y 23 de octubre de 2007, el inventario y avalúo de los bienes arrojó un valor de B/3,250,180,00, el cual recayó sobre los bienes que a continuación se describen y que pertenecen a la sociedad CARINTHIA, S.A.: · Valor de las Fincas N°8178 y de la Finca N°4626 ambas propiedad de la sociedad CARINTHIA, S.A., el cual fue estimado por los peritos en la suma de B/2,400,000.00. · Ganado Equino, por la suma de B/365,150.00 · Edificaciones, por la suma de B/125,000.00. · Maquinarias beneficio de café, por la suma de B/82,700.00. · Equipo de ordeño, por la suma de B/30,000.00. · Maquinaria, equipo y herramienta, por la suma de B/28,925.00. · Mobiliario y equipo de oficina, por la suma de B/.5,660.00. · Maquinaria producción de alimentos, por la suma de B/3,500.00. Luego la segunda Diligencia de inventario y avalúo practicada, recayó sobre las plantaciones de café existentes en la Finca La F. que forma parte de la sociedad demandada CARINTHIA, S.A. la cual arrojó un valor total de B/. 2,147,377.10. A partir de esta diligencia el J. A quo reconoció un exceso en el depósito que lo llevó a ordenar el aumento de la caución de daños y perjuicios a la suma de B/. 975,000.00. Ante los hechos reconocidos, advierte la S. debió primar en la decisión del J. su deber de evitar daños y perjuicios innecesarios a la parte secuestrada, pues si con la primera diligencia de secuestro se cubrió la cuantía por la cual se decretó el secuestro garantizándose así los intereses del Actor, no debió confirmarse la decisión del J. primario de mantener el secuestro decretado y ejecutado sobre la administración de la Finca La F., el cual generó un exceso en el depósito por la suma de B/. 2,147,377.10 y que recayó sobre todos los bienes inventariados en esa segunda diligencia, con la consignación de una caución de daños y perjuicios adicional de B/975,000.00. En este sentido, debe reiterar la S. que el secuestro decretado por Auto N°974 de 19 de octubre de 2007, no solo fue decretado sobre la administración de la sociedad CARINTHIA, S.A., sino también sobre bienes inmuebles, muebles, semovientes con cuyo depósito inicial se alcanzó garantizar la cuantía del secuestro, por lo que desconoció el J. Ad quem el principio de derecho contenido en la norma citada como infringida, al no tomar las medidas pertinentes tendientes a evitar daños y perjuicios innecesarios al secuestrado, cuando fue un hecho reconocido que existió un exceso en el depósito de bienes con la ejecución de la segunda Diligencia de secuestro. En base a ello, considera la S. que tomando en cuenta que los bienes que conforman el activo de la sociedad CARINTHIA, S.A., como unidad económica secuestrados en la segunda diligencia de secuestro sobrepasaron de manera excesiva la suma por la cual fue decretado el secuestro, el Tribunal Ad quem tampoco actúo en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 543 del Código Judicial, que dispone lo que se cita a continuación: "Artículo 543: Cualquier exceso en el depósito hace responsable al juez y debe reformarse la resolución que lo ordenó, luego que se compruebe sumariamente el exceso." Queda claro, que el exceso en el depósito ocurre sólo cuando la cautelación de bienes alcanza un valor superior al ordenado, procediendo conforme lo prevé el citado Artículo, el levantamiento de las medidas impuestas sobre el exceso, previa comprobación de dicha circunstancia a través de medios idóneos. Es por ello, que no coincide la S. con el criterio vertido por el J. Ad quem de confirmar la decisión del Juez primario de aumentar la caución de daños y perjuicios consignada en función del exceso en el depósito de los bienes cautelados, pues de conformidad con el Artículo 531 numeral 5, lo correcto es que una vez el J. primario se percató que con el depósito de los bienes muebles, inmuebles y semovientes se garantizó la cuantía del secuestro decretado, debió proceder inmediatamente a suspender la praáctica de cualquier medida cautelar que estuviese pendiente de ejecutar, precisamente para evitar un exceso en la cautelación de bienes como la que se dio en la presente causa o en su defecto proceder con el levantamiento de los bienes que producen dicho exceso. Reconoce la S., que con el exceso en el depósito también se conculca el derecho de propiedad consagrado en el Artículo 337 del Código Civil, pues el secuestro decretado y ejecutado por el J. primario y confirmado por el Ad quem no fue ejecutado de conformidad con lo dispuesto en nuestra norma de procedimiento civil en materia de secuestro, dado que solo procedía la cautelación de bienes propiedad de los demandados hasta la cuantía por la cual fue decretado el secuestro, se decir, por la suma de B/. 3,250,000.00 no por más. Con fundamento en lo que se deja expuesto, estima la S., que se configura el cargo de injuridicidad que sustenta la Causal de fondo invocada en el Recurso de Casación contra la Resolución de 02 de diciembre de 2007 proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial de Panamá, puesto que se ha producido la violación de los Artículos 543 y 531 del Código Judicial, así como el Artículo 337 del Código Civil, citados todos como infringidos por el Casacionista, por lo que esta S. convertida en Tribunal de instancia procede a emitir la Resolución de reemplazo. Acreditado, el exceso en el depósito de los bienes secuestrados por el J. A quo con la segunda Diligencia de inventario, avalúo y depósito practicada el 19 y 20 de diciembre de 2007, procederá esta S. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 543 en concordancia con el Artículo 544 del Código Judicial a levantar parcialmente el secuestro decretado y ejecutado sobre los bienes descritos en la segunda Diligencia de inventario, avalúo y depósito, manteniéndose únicamente el secuestro decretado sobre los bienes descritos en la primera Diligencia de inventario, avalúo y depósito practicada el 21, 22 y 23 de octubre de 2007. RECURSO DE CASACIÓN presentado por CARINTHIA, S.A. en el Incidente de Levantamiento de Secuestro por exceso en el depósito propuesto por L.A.P.. El Recurso de Casación presentado por CARINTHIA, S.A., es en el fondo y consta de dos Causales, la primera consistente en la "Infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de violación directa, que ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo". Los Motivos que le sirven de fundamento son los que se transcriben a continuación: "Primero: El Tribunal Superior al indicar que si bien, el secuestro decretado era por B/3,250,000.00 y que los bienes depositados entre la primera y segunda diligencia de secuestro ejecutada, arrojaban un total de B/5,397,557.10, lo que comprueba exceso en el depósito de B/.2,147,557.00, el mismo solo se levantará en el evento de que el secuestrante no caucione la fianza adicional que se le fijó posteriormente a ello, infringe normas sustantivas de derecho, pues con su decisión desconoce el principio conforme al cual, todo exceso en el secuestro debe ser levantado inmediatamente, lo cual ha influido sustancialmente en los dispositivo del fallo recurrido. Segundo: El Tribunal Superior al señalar que si bien, hay un exceso en el depósito de bienes secuestrados por la suma de B/2,147,557.00 y, que el mismo solo será reducido en el evento de que el secuestrante no otorgue la caución adicional que se le ha fijado posterior al secuestro practicado, infringe normas sustantivas de derecho, pues con su decisión conculca el principio conforme al cual no hay secuestro sin fianza previa, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido. Tercero: El Tribunal Superior al no levantar el exceso en el depósito de los bienes secuestrados llevado a cabo en la segunda diligencia de secuestro, decretada y practicada de oficio, infringió normas sustantivas de derecho, pues con su decisión desconoce el principio conforme al cual, el depósito nunca se ordenará de oficio, salvo lo establecido en la ley -que no es el caso presente- lo cual ha influido en lo dispositivo del fallo recurrido. Cuarto: El ad-quem al señalar que si bien, había un exceso en el depósito de bienes secuestrados por la suma de B/.2,147,557.00, el mismo solo se levantará en el evento de que el secuestrante no caucione la fianza adicional que se le fijó posteriormente, infringe normas sustantivas de derecho, pues con si decisión desconoce el principio conforme al cual, solo se pueden secuestrar bienes hasta por el monto del secuestro decretado y no por más, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido." Como consecuencia de los cargos descritos, el Recurrente alega la violación de los Artículos 540 y 543 del Código Judicial. Señala el Casacionista respecto a la infracción del Artículo 540 del Código Judicial, que el mismo fue violado de forma directa por omisión, por el Tribunal Ad quem al confirmar la decisión del A quo, puesto que pese a que la norma señala que nunca se ordenará el depósito de oficio el Tribunal de oficio ejecutó el depósito de bienes adicionales por una suma superior a los DOS MILLONES DE DOLARES, sin haberlo solicitado el secuestrante y sin mediar fianza que garantice dichos daños y perjuicios. Por último, estima el Casacionista que el Tribunal Ad quem infringió el Artículo 543 directamente por omisión, puesto que pese a que el Tribunal Superior admite y comprueba sumariamente que hay una diferencia o exceso en el depósito de bienes secuestrados por más de DOS MILLONES DE DOLARES, desconoce que el secuestrado tiene derecho a que no se le secuestren bienes en exceso al monto del secuestro decretado y, en caso que ello ocurra se reforme la Resolución en el sentido que se levante el depósito de bienes secuestrados en exceso. CRITERIO DE LA SALA El Casacionista plantea como cargos de injuridicidad contra la Resolución recurrida en los Motivos expuestos los aspectos que se puntualizan a continuación: En tal sentido, la S. procede al examen de las consideraciones expuestas por el Ad quem en el cuestionado fallo de segunda instancia, a fin de determinar si se justifican o no los cargos previamente indicados, para lo cual se transcribe un extracto de dicha Resolución: "Posteriormente, el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí en vista de que una vez practicadas las diligencias de avalúo y depósito verificó que existía una diferencia de B/. 2,147,557.00 estimó el aumento de la caución en atención a la cuantía originalmente establecida en la demanda, para evitar daños y perjuicios; de modo que fijó en la suma de B/. 975,000.00, la diferencia de caución de daños y perjuicios que debe caucionar la parte actora (fs. 456). El recuento de las piezas existentes en la medida cautelar practicada sobre bienes de L.A.P. y Carinthia, S.A. demuestra que en efecto, al practicarse la segunda diligencia de avalúo y depósito, se depositaron bienes que cubren en exceso la garantía ofrecida por la parte secuestrante, de modo que procede tal y como se dispuso en el Auto No. 30 de 14 de enero de 2008, el aumento de las cauciones en proporción al exceso en el depósito congruente con el valor de los bienes inventariados. El artículo 543 del Código Judicial, nos enseña que cualquier exceso en el depósito hace responsable al juez, quien deberá reformar la resolución luego de comprobado sumariamente el exceso, tal y como acontece en la medida cautelar en examen. Por otra parte, el artículo 571 del mismo texto, establece que si las cauciones ya constituidas no representan el valor que garantizan, el juez a su prudente arbitrio podrá ordenar a la parte que las sustituya o constituya otra y otras que representen el valor real que garantiza Así las cosas, si el a quo ha dispuesto el aumento de la caución en el referido Auto No. 30 de 14 de enero de 2008, mucho antes de la interposición del presente incidente de levantamiento de secuestro por un exceso en el depósito, es procedente confirmar la pieza venida en grado de apelación. No sin antes, manifestar, en torno a las alegaciones de los recurrentes, que muchas de ellas se refieren básicamente a las mismas objeciones formuladas en las sustentaciones de la apelación que contra el Auto No. 30 de 14 de enero de 2008; a las que se hizo referencia este Tribunal al confirmarse decisión mediante Auto Civil de 15 de octubre de 2008. Cabe destacar además, que si alguna de ellas se siente insatisfecha por el avalúo de los bienes inventariados, cualquiera de ellas puede solicitar al tribunal del conocimiento que practique avalúo real de la cosa mandada a secuestrar para establecer su valor y condición material."(destaca la S.) Conforme se explica en la Resolución recurrida en Casación, el Tribunal Ad quem confirmó la decisión del Juez primario de mantener el secuestro decretado sobre los bienes propiedad de la parte secuestrada, una vez practicada la segunda diligencia de inventario y avalúo y de verificar que existía un excedente en los bienes depositados por la suma de B/.2,147,557.00, por considerar que el A quo dispuso oportunamente el aumento de la caución de daños y perjuicios a través del Auto N°30 de 14 de enero de 2008, es decir, mucho antes de la interposición del presente Incidente de levantamiento de secuestro por exceso en el depósito. Por cuestión de orden, examinará la S. los cargos de injuridicidad expuestos por el Casacionista, así: En cuanto al cargo de ilegalidad contenido en el tercer Motivo, relacionado con que el depósito de bienes nunca se ordenará de oficio, reitera la S. el criterio expuesto en el primer Recurso analizado y que guarda estricta correspondencia con la Resolución objeto de análisis, pues ambas niegan un incidente de levantamiento de secuestro por exceso en el depósito, en el cual quedó evidenciado que el depósito de los bienes secuestrados en la segunda diligencia de secuestro ejecutada por el Tribunal de conocimiento no se ordenó de oficio por el Tribunal. Ello es así, dado que con la primera Diligencia de Secuestro se secuestraron bienes inmuebles, muebles y semovientes propiedad de los secuestrados, quedando pendiente de ejecutar la medida de secuestro decretada sobre la administración de la Finca F. en lo que a la planta de café se refiere así como su entrega al administrador judicial designado, pues tratándose de una administración de establecimiento o hacienda, debe quedar claro y preciso qué fue lo secuestrado, con lo cual descarta la S. que dicha diligencia haya sido practicada de oficio por el Tribunal. Otro de los cargos de injuridicidad planteados contra el Fallo objeto de censura, guarda relación con el principio de derecho que establece que no hay secuestro sin fianza previa. Al respecto, debe recordar la S. que nos encontramos frente a un secuestro decretado sobre la administración judicial de la sociedad CARINTHIA, S.A., así como de bienes muebles, inmuebles, semovientes, cuentas bancarias alhajas y otros. Para decretar dicho secuestro, el Juez de conocimiento fijó una caución de daños y perjuicios tomando como base la cuantía del secuestro y la naturaleza de los bienes a ser cautelados, único elemento con el que cuenta inicialmente el J. para fijarla. Es sólo durante la ejecución del secuestro que el Juez tiene conocimiento que los bienes inventariados y avaluados, que forman parte de los activos de la empresa secuestrada, podrían superan la cuantía del secuestro, razón por la que una vez finalizado el segundo inventario y avalúo es cuando el Juez conoce de esta diferencia y puede tomar las medidas que la Ley pone a su disposición para supuestos como estos, es decir, procediendo a aumentar la caución de daños y perjuicios, sustituyendo o levantando el secuestro ejecutado sobre los bienes depositados en exceso. Por ello, no puede esta S. señalar que se haya practicado un secuestro sin una fianza previa. Luego, en cuanto al cargo atribuido a la Resolución objeto de censura consistente en que hubo un depósito en exceso el cual debió ser levantado inmediatamente, concuerda la S. plenamente con el criterio expuesto por el Recurrente, el cual se pasa a explicar. Al evidenciar el J. primario, que con la segunda diligencia de inventario y avalúo sobre bienes propiedad del demandado, el cual arrojó un avalúo por la suma de B/2,147,377.10, y reconocer con ello un exceso en el depósito, pues ya se habían secuestrados bienes que superaban la cuantía del secuestro por la suma de B/ 3,250,000.00, la medida que prevé la Ley ante tales circunstancias no es aumentar la caución de daños y perjuicios, sino la de levantar todos aquellos bienes que producen el exceso del depósito. Conviene en este caso aclarar, que una cosa es que al momento de inventariar un bien propiedad del secuestrado de naturaleza indivisible, se le asigne un valor que supera la cuantía del secuestro y el J. tenga la obligación de aumentar la caución de daños perjuicios, como en el caso típico del avalúo de un vehículo automotor y otro muy distinto es inventariar una serie individualizada de bienes que en su conjunto superan la cuantía por la cual fue decretada el secuestro, caso en el cual lo procedente es levantar el secuestro de todos aquellos bienes inventariados demás, los que producen el exceso frente a la cuantía del secuestro. A criterio de la S., el J. Ad quem no debió confirmar la decisión del Juez primario de aumentar la cuantía de la caución de daños y perjuicios ante las circunstancias advertidas, dado que lo procedente era levantar el secuestro decretado sobre todos aquellos bienes sobre los cuales se excedió el depósito frente a la cuantía del secuestro decretado, por lo que dicha decisión, estima esta Colegiatura, no es consecuente con lo dispuesto por la norma objeto de análisis, puesto al secuestrarse bienes de distinta naturaleza el J. perfectamente puede escoger entre practicar únicamente la medida de secuestro sobre la administración de la finca, no ejecutando el resto de las medidas cautelares decretadas, o ejecutar el secuestro sobre el resto de los bienes secuestrados hasta alcanzar la cuantía del secuestro, pero no ejecutar todas las medidas solicitadas sin verificar si las mismas exceden la cuantía del secuestro decretado, pues lo importante es garantizar plenamente los intereses del Actor, que en este caso es únicamente hasta la cuantía del secuestro. El último cargo de injuridicidad expuesto por el Casacionista, guarda relación con el hecho que no se pueden secuestrar bienes más que por el monto del secuestro decretado y no por más, lo cual sustenta en lo dispuesto en el Artículo 543 del Código Judicial, que al respecto dispone: Artículo 543: Cualquier exceso en el depósito hace responsable al juez y debe reformar la resolución que lo ordenó, luego que se compruebe sumariamente el exceso. Considera el Recurrente, que el Tribunal Superior al admitir y comprobar sumariamente que hay un exceso en el depósito de bienes secuestrados por más de DOS MILLONES DE DOLARES y no proceder a levantar el secuestro decretado sobre dicho exceso, desconoce el derecho que consagra la norma transcrita. Como se extrae de lo hasta aquí expuesto, el J. en la presente causa procedió en correspondencia con lo solicitado por las partes, pero debió procurar en todo momento evitar daños, perjuicios y molestias innecesarias en la adopción o ejecución de la medida, siempre y cuando se garanticen los intereses del Actor, pero bajo el estricto acatamiento de lo dispuesto por las normas que regulan el secuestro de bienes. Con fundamento en lo que se deja expuesto, estima la S., que se configuran los cargos de injuridicidad que sustenta la Causal de fondo invocada en el Recurso de Casación contra la Resolución de 02 de diciembre de 2007 proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial de Panamá, puesto que se ha producido la violación de los Artículos 540 y 543 del Código Judicial citados como infringidos por el Casacionista. En consecuencia, procede la S. a Casar la Resolución impugnada en base al primer concepto de la infracción de la Causal examinada, no resultando necesario examinar el segundo concepto de la infracción planteada por el Casacionista. Por lo que convertida en Tribunal de instancia, procede en correspondencia con el primer Recurso de Casación analizado a levantar parcialmente el secuestro decretado y ejecutado sobre los bienes descritos en la segunda Diligencia de inventario, avalúo y depósito, manteniéndose únicamente el secuestro decretado y ejecutado sobre los bienes descritos en la primera Diligencia de inventario, avalúo y depósito practicada el 21, 22 y 23 de octubre de 2007. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro de la Medida Cautelar de Secuestro interpuesta con ocasión del Proceso Especial de Rendición de Cuentas que FUNDACIÓN POSSE y ANA VICTORIA POSSE MARTINZ le sigue a CARINTHIA, S.A. y L.A.P., RESUELVE: PRIMERO: CASA laResolución de 2 de diciembre de 2008 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Incidente de Levantamiento de Secuestro por exceso en el depósito promovido por CARINTHIA, S.A. y en su lugar DECLARA PROBADO el referido Incidente. SEGUNDO: CASA la Resolución de 2 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Incidente de Levantamiento de Secuestro por exceso en el depósito promovido por L.A.P. y en su lugar DECLARA PROBADO el referido Incidente. TERCERO: LEVANTA parcialmente el secuestro decretado por Auto N°974 de 19 de octubre de 2007 única y exclusivamente sobre los bienes que fueron inventariados y avaluados mediante Diligencia de inventario, avalúo y depósito llevada a cabo los días 19 y 20 de diciembre de 2007. Condena en costas a la parte opositora en la suma de B/500.00 por cada uno de los Recursos ensayados. N.. OYDÉN ORTEGA DURÁN HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARLEY J. MITCHELL D. (Con Salvamento De Voto) SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria) SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HARLEY J. MITCHELL D. Con todo respeto deseo señalar, que no comparto lo decidido en el fallo, toda vez y como bien lo estableció el Ad-quem (fs.259), el Aquo ordenó el aumento de la caución "mucho antes de la interposición del presente incidente de levantamiento de secuestro por exceso en el depósito", razón por la cual se confirmó la resolución recurrida en apelación. Tal postura es apoyada por el suscrito, toda vez que el artículo 534 del Código Judicial permite el aumento de la caución, en aquellos casos en que lo secuestrado sea mayor a la cuantía de la demanda. Igualmente, y tal como lo indicó el Ad-quem, el artículo 571 del Código Judicial, faculta al juzgador aumentar la fianza de daños y perjuicios, cuando la constituida no represente el valor real que garantiza. Y, en el evento de que algunas de las partes no se encuentren conforme con la decisión, puede recurrirse en apelación, la que debe ser concedida en el efecto diferido, es decir, de no compartirse por alguna de las partes el aumento de la caución con el fin de garantizar lo secuestrado, tienen la opción de recurrir en apelación, lo que no realizó la parte recurrente en casación. En ese sentido, debía considerarse que el casacionista se encontraba conforme con la resolución que aumentó la fianza de daños y perjuicios, toda vez que no recurrió en contra de la misma; por tanto, los incidentes de levantamientos, presentados posterior al aumento y consignación de fianza adicional se encuentran extemporáneos. Y, reitero, lo secuestrado se encuentra garantizado con la fianza adicional. Considero oportuno recordar, que las causales invocadas, una corresponde a Infracción de Normas Sustantivas de Derecho en concepto de violación directa, la cual se produce cuando se "contraviene o contraría o desconoce el texto de una norma o se deja aplicar a un caso que requiere de su aplicación independientemente de toda cuestión de hecho. Para ello necesita examinar los hechos conforme aparecen consagrados en la sentencia impugnada" (Casación y Revisión, pág. 104). Y la otra causal anunciada por el recurrente corresponde a Infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de aplicación indebida que se presenta "cuando entendida rectamente una norma en sí misma y sin que medien errores de hecho o de derecho, se hace aplicación de la regla jurídica contenida en ella a un hecho probado pero no regulado por ella" (Op. cit., pág. 105). Tomando como norte dichas definiciones, debía enfocarse la resolución a determinar, en el caso de la primera causal, si lo expuesto por el Ad-quem en la resolución recurrida en casación, efectivamente se produjo el cargo; es decir, tomar en cuenta lo expuesto en el fallo, y proceder a determinar, de acuerdo con los cargos de injuridicidad que se le han endilgado, dejar establecido si efectivamente se desconoció o contrarió la norma a que se hace alusión en los motivos, y de ser así, si influyó en lo dispositivo de dicho fallo, lo que no se desprende del fallo que avala el resto de la S.. Igual situación, debe enmarcarse en la segunda causal, lo que tampoco ocurre. No obstante ello, y a pesar que no se presentan dichas circunstancias en el fallo que avala el resto de la S., considero oportuno indicar, que es criterio del suscrito, que los cargos endilgados por el recurrente en casación no se producen, toda vez que tal como se explica en la resolución de segunda instancia, el juzgador por mandato del artículo 571 del Código Judicial, tiene la potestad de aumentar la caución si la fijada no garantiza lo secuestrado; decir lo contrario, trae como consecuencia el desconocimiento de tal facultad respaldada por ley, y la que fue aplicada de manera atinada por el juzgador de segunda instancia. Lo antes indicado fue así ejercido por el juez primario, y cumplido por el secuestrante, razón por la cual, lo secuestrado se encuentra garantizado con la fianza de daños y perjuicios adicional que fue fijada por el mismo, como bien se estableció en el fallo contra el cual se presentó el recurso que nos ocupa. En tal sentido reitero, que lo que correspondía era no casar la resolución dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, y en razón que tal criterio no fue avalado por el resto de la S., SALVO MI VOTO. Panamá, fecha ut supra, HARLEY J. MITCHELL D. SONIA F. DE CASTROVERDE SECRETARIA DE LA SALA CIVIL

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