Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 29 de Octubre de 2014

PonenteHarley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución29 de Octubre de 2014
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

A fin de emitir pronunciamiento de mérito, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia entra a conocer el recurso de casación interpuesto por I.A.K.G. en contra de la Sentencia de 5 de diciembre de 2012 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el proceso ordinario que le sigue a AMBAR DE AMAT, E.C., R.V., S.C. DE PEDRECHI, Y.C., P.A., YORAXI CAROLINA CARMONA, R.S.V., C.C., TRAVEL TOUR DEVELOPERS, INC., SOCIETE RESSONS, S. Y STONE FINANCIAL GROUP, S.

ANTECEDENTES

I.A.K. GONZÁLEZ entabló proceso ordinario en contra de AMBAR DE AMAT, E.C., R.V. Y OTROS, cuya pretensión tiene por objeto una serie de declaraciones consistentes en el reconocimiento de K.G. como el verdadero dueño de las 200 acciones emitidas por STONE FINANCIAL GROUP, S., los verdaderos directores y dignatarios de dicha sociedad, la nulidad de una serie de acuerdos societarios y de acciones emitidas a favor de otras personas jurídicas y la responsabilidad civil de los demandados, supuestos autores de los actos acusados de nulos y espurios.

Como fundamento fáctico de su pretensión, señala el demandante, domiciliado en Venezuela, que mediante firmas de abogados de Venezuela y de Panamá creó la sociedad STONE FINANCIAL GROUP, S., siendo sus directores y dignatarios provisionales D.M. de Miguelena (hoy D.M.M., P.C. y E.F. de G.. Dicha sociedad emitió 200 acciones al portador, las cuales fueron hurtadas. Posteriormente, K. se percata de reuniones de supuestos accionistas, celebradas en la República de Panamá, en la cual se introdujeron cambios de directores y de dignatarios, se aumentó el capital social y se emitieron nuevas acciones, las cuales aparecen a nombre de otras sociedades mercantiles y aparecen como totalmente pagadas.

Continúa señalando que los actos fraudulentos reseñados, constan en las escrituras públicas Nos. 858 de 17 de enero de 2008 y 22 de 5 de enero de 2009. Concluye afirmando que los actos realizados por los demandados le han ocasionado daños y perjuicios materiales y morales.

Admitida la demanda, la juez de la causa ordenó correrle traslado a los demandados, mas sólo la demandada S.C.D.P. pudo ser localizada, por lo que el demandante solicitó el emplazamiento por edicto respecto de los demás demandados, los cuales comparecieron al proceso mediante defensor de ausente.

En su libelo de contestación, la demandada S.C. DE PEDRESCHI negó los hechos de la demanda por no constarle aquellos, y opuso como defensa el hecho que, en ejercicio de la profesión de abogado, sólo ejecutó los actos que le fueron encomendados por las personas que aparecían como dignatarios de la sociedad, y que como agente residente no tiene responsabilidad por los actos realizados por la sociedad. Finalmente, opuso las excepciones de inexistencia de la obligación e inexistencia de responsabilidad.

Los demás demandados, representados por defensor de ausente, negaron los hechos de la demanda.

Cumplidos los trámites procesales correspondientes a la instancia, la Juez Undécima de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, mediante Sentencia No.35 de 29 de junio de 2012 negó las declaraciones solicitadas por la actora, con fundamento en la excepción de ausencia de legitimación en la causa en su modalidad activa, excepción esta que fue reconocida de oficio por dicha juzgadora.

Como fundamento de su decisión, señala la juzgadora a quo que no consta en el expediente documento alguno del cual se pueda desprender que el actor tiene la legitimidad para demandar, y que si bien las declaraciones de los primeros directores de STONE FINANCIAL GROUP, S., afirman que K. "es el dueño de la sociedad demandada, no es a través de este medio probatorio que se acredita la titularidad de acciones dentro de un proceso." Y agrega que "la normativa procesal vigente instauró el procedimiento Oral (sic) de reposición o anulación de Títulos comerciales, contemplado en el artículo 1281 del Código Judicial, mecanismo con el cual contaba el actor, para reponer su título extraviado, sin embargo ello no ocurrió."

La anterior resolución fue apelada por el demandante en el acto de notificación y el recurso fue sustentado en tiempo oportuno.

En su libelo de sustentación, señala el apelante que las acciones no han podido ser presentadas porque le fueron hurtadas, y que la personería del actor está debidamente acreditada con las pruebas documentales y testimoniales que constan en autos. Además, la falta de comparecencia de los demandados constituye indicio grave en su contra.

En cuanto al procedimiento escogido para impugnar los actos societarios, sostiene el recurrente que el ordenamiento le permite optar por la vía ordinaria si así lo tiene a bien.

Mediante Sentencia de 5 de diciembre de 2012, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial confirmó la sentencia de primera instancia.

Es contra esta resolución que se interpone el presente recurso de casación, respecto del cual la Sala conoce y se apresta a decidir.

RECURSO DE CASACION Y CRITERIO DE LA SALA

El recurrente ha invocado la causal de fondo, en los conceptos de violación directa y error de hecho sobre la existencia de la prueba, los cuales serán examinados en el orden en que han sido expuestos.

Así, tenemos que la primera causal (violación directa) se sustenta en un único cargo de injuridicidad, según el cual, la sentencia recurrida desconoce el derecho del actor de acumular sus pretensiones escogiendo la vía ordinaria. El recurrente estima infringidos los artículos 676 y 1228 del Código Judicial. La primera de dichas disposiciones permite al demandante acumular varias pretensiones en una misma demanda, siempre que concurran varios requisitos que, a juicio del casacionista, se han cumplido. En tanto que la segunda de las referidas disposiciones permite al demandante escoger la vía ordinaria no obstante que el Código permita trámite especial.

Consultado por la Sala el fallo impugnado, observa este Tribunal que, en efecto, el ad quem desconoció la legitimación activa del actor y objetó la vía procedimental escogida por el entonces apelante, tal como se transcribe a continuación:

"Y es que, el demandante señala que las acciones se las hurtaron, y lo que procedía en todo caso, era solicitar jurisdiccionalmente la reposición de las mismas conforme el procedimiento que se establece en la normativa comercial.

Si bien, siendo ciertos los hechos que suponen la demanda actual, encontraría oposición a la reposición, pero sería el estadio adecuado para comprobar el derecho sobre las mismas, y una vez comprobado estas, poder incursionar en las restantes pretensiones.

No son, por tanto, elementos de convicción que puedan hacer prosperar el procedimiento ordinario las declaraciones testimoniales presentadas, porque si hubo una pérdida de acciones y se pretende anularlas para reponerlas no es este el procedimiento para ello."

De acuerdo con el extracto transcrito, ha sido el criterio del Primer Tribunal Superior que el recurrente equivocó la vía procedimental, al ejercer conjuntamente todo un conjunto de pretensiones por la vía ordinaria, cuando lo procedente era solicitar jurisdiccionalmente la reposición de las acciones hurtadas a fin de quedar legitimado para ejercer las demás pretensiones.

El procedimiento establecido en la normativa comercial al cual se refiere la resolución que se censura, se encuentra en los artículos 961 y 962 del Código de Comercio. Si bien el artículo 33 de la Ley 32 de 1973 establece un procedimiento para la reposición de acciones, el cual se ejerce de manera directa ante la sociedad de que se trate, no es este parte del procedimiento al cual se refiere el fallo de segunda instancia, pues el mismo se refiere claramente a una solicitud jurisdiccional, es decir, una solicitud dirigida al tribunal competente.

Ahora bien, la sentencia recurrida transcribe, a fojas 667-668 las declaraciones solicitadas por el demandante, entre las primeras de las cuales está la que se refiere a su reconocimiento como verdadero titular de las 200 acciones que fueran emitidas por STONE FINANCIAL GROUP, S. Y, si bien solicita otras declaraciones, para lo cual es menester que esté legitimado como accionista, nada impide que las otras declaraciones se soliciten en el mismo proceso, pues ha de entenderse que estas últimas están condicionadas a la primera, es decir, reconocida su calidad de accionista, procedería acceder a las demás declaraciones. En consecuencia, resulta clara la infracción al artículo 676 del Código Judicial, el cual permite la acumulación de pretensiones siempre que se cumplan determinadas condiciones. En el presente caso, el tribunal de primera instancia es el competente para todas las declaraciones solicitadas, las pretensiones no son excluyentes entre sí, y toda son susceptibles de tramitarse por la vía ordinaria.

En cuanto al artículo 1228 del Código Judicial, que el recurrente estima infringido, estima la Sala que tal infracción no se presenta toda vez que no se advierte en parte alguna del fallo impugnado que se haya establecido que el recurrente debió acudir a la vía del proceso oral para lo concerniente a la anulación y reposición de acciones. Si bien el fallo de alzada confirma el de primer nivel, se entiende que es sólo en la parte resolutiva, pues el tribunal de apelación no parece seguir el criterio del juez primario en ese punto.

Sin embargo, al haberse infringido el artículo 676 del Código Judicial, el cual establece en favor del demandante el derecho de acumular sus pretensiones, se configura el cargo de injuridicidad alegado en el único motivo expuesto y, por ende, se justifica la causal de violación directa.

En consecuencia, procede casar la resolución que se censura y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, a lo cual se procede a continuación.

Como primer punto, toca resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el demandante.

La alzada interpuesta hace referencia específica a dos puntos concretos del fallo de primera instancia: la supuesta falta de personería del demandante, y la vía procesal escogida.

Dado que el primer punto está íntimamente vinculado con la pretensión del apelante, en el fondo, este Tribunal pasará a examinar primeramente, la segunda causa de disconformidad del recurrente para examinar posteriormente la primera causa de disconformidad, junto con el resto de las declaraciones solicitadas.

Así, la Sentencia No.35 de 29 de junio de 2012 proferida por el Juzgado Undécimo de Circuito, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, señaló que "ante la pérdida o desaparición de títulos comerciales la normativa procesal vigente instauró el procedimiento Oral de reposición o anulación de Títulos comerciales, contemplado en el artículo 1281 del Código Judicial".

Si bien es cierto que la normativa procesal establece un procedimiento para la reposición y anulación de acciones y otros títulos de crédito, no menos cierto es que el mismo ordenamiento permite, como bien lo señala el apelante, escoger la vía ordinaria para ejercer tal pretensión, como en efecto lo ha hecho el demandante en esta ocasión. Por lo que este Tribunal estima fundada la apelación del actor, en este punto.

En cuanto al primer punto de disconformidad del apelante, tal como señaló la Sala con anterioridad, este punto está estrechamente vinculado con la pretensión de fondo del demandante, específicamente con la segunda declaración solicitada, toda vez que para poder solicitar las referidas declaraciones, es menester estar legitimado para tal efecto. En este sentido, está legitimado quien tenga la condición de accionista, y el demandante, en su segunda declaración, solicita que se reconozca su condición de verdadero titular de las 200 acciones emitidas por la sociedad, lo que equivale a solicitar también su legitimación en la causa precisamente por su condición de accionista, aspecto este que deberá ser dilucidado previamente por este Tribunal antes que cualquier otra declaración solicitada.

Así, las declaraciones testimoniales de P.C. (fs.208-209), D.M. de Miguelena (fs.206-207), E.F. de G. (fs.210-211) y F.U. (fs.169-171) son contestes en señalar que I.A.K.G. gestionó y financió la constitución de la sociedad STONE FINANCIAL GROUP, S. y que el mismo adquirió y es titular de las acciones que hasta ese momento había emitido la sociedad. Manifiestan también que el señor K.G. fundó la sociedad con el propósito de proteger su patrimonio y el de su familia en Venezuela, de donde es oriundo y reside. Los tres primeros testigos son miembros de la firma forense encargada de los trámites de constitución de la sociedad en Panamá, además de haber sido directores y dignatarios de la misma. En tanto que el testigo F.U. es miembro de la firma venezolana que se encargó los trámites de constitución de STONE FINANCIAL GROUP, S.

El hecho que el demandante K. haya constituido la sociedad con la intención de proteger su patrimonio y el de su familia, constituye indicio revelador que el mismo no tenía el ánimo de enajenar las correspondientes acciones a ningún título.

Los referidos testigos también tuvieron conocimiento por referencia del propio K., del extravío de la documentación concerniente a la sociedad, incluyendo los certificados de acciones al portador. El testigo U., además, tuvo conocimiento del inicio de acciones civiles y penales en Venezuela.

Las declaraciones de los tres primeros testigos se dieron ante notario, en forma de atestación, y ratificadas ante el tribunal de la causa (fs.429-433), tal como lo previene el artículo 923 del Código Judicial, en tanto que la declaración del testigo U. se dio igualmente ante notario público de Venezuela y en acto de evacuación de testigos (fs.632-633) según las formalidades probatorias de aquel país y en concordancia con la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (Ley 13 de 23 de octubre de 1975).

Por otra parte, los testigos S.M., F.B. y C.R. (fs.601-604 y 613-614) fueron contestes en cuanto al conocimiento que tenían sobre investigaciones judiciales y a procesos civiles y penales entablados a propósito de la pérdida de documentos de STONE FINANCIAL GROUP, S. El testigo R. fue aun más específico, pues no se refirió sólo a pérdidas de documentos, sino a sustracción de certificados de acciones de donde se encontraban depositados.

Este último grupo de testigos está vinculado a las empresas de la parte demandante, como trabajadores de estas o brindándole sus servicios profesionales.

En cuanto a pruebas documentales, al folio 28 consta el ejemplar del diario venezolano El Mundo, de 14 de febrero de 2008, y a página17 (recuadro a pie de página) aparece un aviso que dice ser de la Junta Directiva de una serie de sociedades panameñas, entre las cuales se encuentran STONE FINANCIAL GROUP, S., por medio del cual ponen en conocimiento del público en general la sustracción o hurto de certificados de acciones de las referidas sociedades, advirtiendo de la nulidad de los referidos certificados, así como de toda operación que se celebre en base a dichos certificados de acciones.

Más adelante (fs.31-283), constan una serie de actuaciones judiciales civiles y penales ante tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, acciones estas entabladas por la familia K., y a propósito de ciertas sociedades que parecen ser del mismo grupo financiero, entre las cuales está STONE FINANCIAL GROUP, S.

Al folio 466 consta la certificación del Registro Público en la cual se hace constar que las sociedades demandadas TRAVEL TOUR DEVELOPERS, INC. y SOCIETE RESSONS, S. no poseen bienes inscritos. Y a fojas 628-629 consta la inspección judicial y dictamen pericial que da como resultado que el demandado P.A. no declara ingresos gravables en la República Bolivariana de Venezuela y que el mismo no declaró ingresos entre los años 2008 a 2011. Todo lo anterior, a juicio del actor, demuestra que los supuestos accionistas actuales no tienen capacidad económica para adquirir tales acciones.

Al folio 205 consta una nota original con el nombre membretado del demandante I.A.K. y, supuestamente, firmada por él, dirigida a su abogado, en la cual hace constar que le remite un cheque destinado a la firma de abogados en Panamá, y señala el nombre seleccionado para la apertura de la sociedad en Panamá, el cual es STONE FINANCIAL GROUP, S. Y de fojas 366 a 383 constan copias simples de notas relativas al manejo de STONE FINANCIAL GROUP, S., en las cuales algunas aparecen firmadas, supuestamente, por I.K., y otras, supuestamente, por F.B., empleada del Grupo K..

De los medios probatorios examinados, los cuales lo fueron siguiendo las pruebas señaladas por el actor en su causal probatoria, en el recurso de casación, se advierten deficiencias formales en algunos de ellos, que impiden otorgarle todo el valor probatorio que la ley les concede. Sin embargo, vistos en su conjunto, estima la Sala que de este acervo se desprenden indicios graves que tienden a acreditar que I.K.G. es el titular de las acciones emitidas por STONE FINANCIAL GROUP, S., aunque nada indica que se trate de 200 acciones, como pretende el demandante.

Estos indicios graves adquieren visos de certeza, si sumado a lo anterior tenemos la conducta de los demandados, al no concurrir al proceso, pese al hecho de haber tenido conocimiento del mismo, según declaraciones de la también demandada S.C. (v.folio 459). Si bien es cierto, el emplazamiento por edicto no constituye garantía que el demandado haya tenido conocimiento de la existencia del proceso, la comunicación verbal de quien fuese su abogada no deja dudas al respecto.

Así las cosas, este Tribunal estima que I.A.K.G. está legitimado como accionista de STONE FINANCIAL GROUP, S. para ser parte activa en este proceso y da fundamento también, para acceder parcialmente a la segunda declaración solicitada.

En cuanto a las demás declaraciones solicitadas, tenemos que la primera de ellas consiste en que D.M. de Miguelena, P.C. y E.F. de G. son los verdaderos directores y dignatarios de STONE FINANCIAL GROUP,S.

A fojas 12-18 consta la copia autenticada de la escritura de constitución de STONE FINANCIAL GROUP, S. y al folio 16 consta la designación de los señores D.M. de Miguelena, P.C. y E.F. de G. como directores y dignatarios de la referida sociedad. Más adelante, a fojas 19-27, consta la copia autenticada de la Escritura Pública No.858 de 17 de enero de 2008 por la cual se protocoliza el Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de STONE FINANCIAL GROUP, S. Dicha Asamblea de Accionistas tuvo por objeto resolver las renuncias a sus cargos por los referidos directores y dignatarios, nombrar nuevos directores y vocales, revocar el poder especial otorgado a favor de I.A.K.G. y nombrar nuevo agente residente de la sociedad. Como resultado de dicha reunión, se nombraron nuevos directores y dignatarios, todos los cuales son demandados en este proceso, a saber, Y.C., P.A., YORAXI CAROLINA CARMONA, R.S.V. y C.C.. De igual forma, se revocó el poder especial otorgado a favor de I.A.K.G. y se nombró nuevo agente residente a la Licenciada S.C..

Tal como ha sido expuesta esta secuencia de actos societarios, todo parece indicar una evolución normal respecto de la conformación de la sociedad. Sin embargo, hay algunos aspectos de los cambios introducidos que llaman la atención de la Sala por cuanto pueden constituir indicios de irregularidades.

Como primer punto, estima la Sala como hecho probado en el proceso que la totalidad de las acciones emitidas por STONE FINANCIAL GROUP,S. tienen como titular a I.A.K.G., según declaraciones testimoniales de P.C., D.M. de Miguelena, E.F. de G. y F.U., personas vinculadas a la constitución de dicha sociedad mercantil, y según los testimonios adicionales de S.M., F.B. y C.R., estos últimos vinculados a las empresas de la familia K..

Si el único titular (propietario) de las acciones emitidas por STONE FINANCIAL GROUP, S. es el señor K.G., al celebrarse una Junta de Accionistas de dicha sociedad es obvio que la misma ha de contar con la presencia de dicho titular o de mandatario debidamente facultado. Pero lo que sucede es que el señor K. se entera en Venezuela de la Junta de Accionistas celebrada en Panamá, y en la cual le es revocado el poder especial que se había otorgado en su favor. Todo ello ocurre en fechas próximas a la publicación de anuncios donde hace del conocimiento general la pérdida de los certificados de acciones de STONE FINANCIAL GROUP, S., e inicia investigaciones judiciales y entabla procesos civiles y penales por razón de la sustracción o pérdida de los referidos documentos.

Todos estos hechos, debidamente acreditados en el proceso, llevan a concluir que la Junta de Accionistas celebrada en Panamá se llevó a cabo sin la concurrencia de quien tiene la verdadera titularidad de las acciones de STONE FINANCIAL GROUP, S.

Si bien es cierto que las acciones pueden ser cedidas, traspasadas o, en cualquier forma, enajenadas a cualquier título, no consta en autos la celebración de contrato o negocio jurídico alguno en virtud del cual se haya llevado a cabo tal transmisión en la titularidad de las acciones. Si tal acto se hubiese llevado a cabo, su demostración estaría a cargo de los demandados, quienes no han comparecido al proceso, pese a la gran presunción que existe de haber sido informados del proceso entablado en su contra.

Todos estos hechos llevan a este Tribunal a la conclusión que en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de STONE FINANCIAL GROUP,S. no estaban debidamente representadas las acciones emitidas por dicha sociedad, puesto que dichas acciones estarían en manos de meros poseedores (de buena o mala fe) y no de su propietario o, sencillamente, no estarían presentes, por lo que los acuerdos adoptados en dicha Junta carecerían de valor alguno.

Así las cosas, estima la Sala que hay fundamento para acceder parcialmente a la tercera declaración solicitada por el actor, específicamente, a la parte concerniente a la Escritura Pública No.858 de 17 de enero de 2008, pues fue en la Junta de Accionistas cuya acta fue protocolizada mediante dicha escritura, que se dio el nombramiento de nuevos directores y dignatarios. Dado que tales acuerdos resultan nulos por las razones antes expuestas, debe entenderse que los directores y dignatarios originales continúan en sus cargos, por lo que procede acceder, en consecuencia, a la primera declaración solicitada.

Continuando con el resto de la tercera declaración, a fojas 354-365 reposa la copia autenticada de la Escritura Pública No.22 de 5 de enero de 2009 por la cual se protocoliza el Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de STONE FINANCIAL GROUP, S. Esta Junta tuvo por objeto, al igual que la anterior, resolver las renuncias de los anteriores directores y dignatarios y, además, reformar algunas cláusulas y modificar el pacto social, entre otros puntos.

Se aprobó, entre otras mociones, designar como nuevos directores y dignatarios a los demandados AMBAR DE AMAT, E.C. y R.V., y la adquisición de la totalidad de las acciones de STONE FINANCIAL GROUP, S. por las sociedades, también demandadas, TRAVEL TOUR DEVELOPERS, INC. y SOCIETE RESSONS, S.

Sobre estos acuerdos societarios, cabe traer a colación la declaración de parte rendida por AMBAR DE AMAT, visible a fojas 461-463. En dicha declaración, señala que desconoce a qué se dedica la sociedad STONE FINANCIAL GROUP, S. y quienes son sus accionistas. Tampoco conoce las sociedades adquirentes de las acciones de STONE FINANCIAL GROUP, S. A algunos de los directores y dignatarios anteriores o actuales los conoce sólo de nombre o no los conoce en absoluto. Todo ello, siendo la presidente de STONE FINANCIAL GROUP, S.

Al ser preguntada por qué ocupaba el cargo de presidente de la sociedad, respondió que lo hizo a petición de YORAXI CARMONA "para llenarse el espacio de una sociedad de los dignatarios..."

El extracto transcrito pone de manifiesto que tal Asamblea de Accionistas no fue más que un acto simulado que, junto con los hechos indiciarios antes señalados, configuran un acto carente de toda legitimidad. En consecuencia, procede acceder al resto de la tercera declaración solicitada.

Ahora bien, dado que las declaraciones cuarta, quinta y sexta, hacen referencia a decisiones tomadas en virtud de las juntas de accionistas cuya declaración de nulidad procede declarar, resulta claro que procede acceder a dichas declaraciones en virtud de la tercera declaración.

En cuanto a la séptima declaración, es decir, la responsabilidad que el actor imputa a los demandados por los daños y perjuicios sufridos, es menester determinar, primeramente, la existencia de daños y perjuicios, y luego, determinar la responsabilidad que pueda caber a los demandados o algunos de ellos.

Al respecto, a fojas 618-619 consta el informe pericial contable suscrito por el Licenciado M.A.M.S., el cual fuera recibido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Area Metropolitana de Caracas. En dicho informe, el prenombrado perito da cuenta de los gastos incurridos por el demandante en concepto de investigación y recuperación de documentos, gastos judiciales, lucro cesante y otros. Según dicho informe, el daño patrimonial asciende a la suma de $1,346,162.79.

Más adelante, a fojas 623-625 reposa el informe pericial suscrito por el psicólogo Licenciado J.I.C. en el cual se describen los padecimientos sufridos por el demandante, aunque no se hace una estimación del monto del daño moral.

Ahora bien, en su libelo de demanda el actor estimó los daños y perjuicios sufridos en la suma de US$450,000.00 salvo mejor tasación pericial. El dictamen pericial suscrito por el Licenciado M.S. da cuenta de una suma muy superior a la estimada por el demandante en su libelo. Pero tomando en consideración que el actor estimó los daños y perjuicios, de manera inicial, en $450,000.00 salvo mejor tasación pericial, y la única tasación ha sido la del daño material, pues el daño moral no ha sido estimado, este Tribunal fijará como límite máximo a indemnizar el señalado en el dictamen pericial, es decir, la suma de B/.1,346,162.79.

Queda por determinar la responsabilidad de los demandados respecto de los daños y perjuicios sufridos por el actor.

Al respecto, estima la Sala que no ha sido acreditada la responsabilidad civil de los demandados, respecto de los perjuicios sufridos por el demandante. Incluso, no sería viable imputar responsabilidad a algunas de las demandadas, como es el caso de STONE FINANCIAL GROUP, S., pues dicha sociedad mercantil fue incluida como parte demandada por exigencias del artículo 678 del Código Judicial. Mas el sentido común indica que el demandante no pretendería un resarcimiento por parte de una sociedad de la cual el es creador y principal interesado, mermando su patrimonio.

Otro tanto podría decirse respecto de la demandada S.C.D.P., puesto que dicha profesional declaró haber actuado a requerimiento de quienes solicitaron sus servicios profesionales, sin que haya quedado acreditado en autos que hubiese mediado culpa, negligencia, ni mucho menos, dolo.

En cuanto a la demandada AMBAR DE AMAT, la misma manifestó, en su declaración de parte, que ostentó el cargo de Directora-Presidente de STONE FINANCIAL GROUP, S. a requerimiento de Y.C. y YORAXI CARMONA, con el fin de llenar un requerimiento legal respecto del requisito de conformación de la junta directiva de la sociedad, siendo totalmente ajena a las interioridades de dicha persona mercantil. Con igual criterio podrían ser atendidos los casos de aquellos demandados que sólo figuran en el presente proceso por razón de que sus nombres hayan aparecido en la junta directiva de STONE FINANCIAL GROUP, S.

Sólo los nombres de YOLANDA y YORAXI CARMONA, así como el de P.A., muestran algún grado de relevancia en sus actuaciones. Las primeras, por haber contactado a AMBAR DE AMAT para que se prestara a figurar como Directora-Presidente de la sociedad, y el último, por ser mencionado con insistencia en las investigaciones judiciales y procesos llevados a cabo en Venezuela y en Panamá. Aun así, no está determinada a suficiencia el grado de participación y, por ende, de responsabilidad de las personas señaladas, por lo que mal podría este Tribunal determinar su responsabilidad respecto de los daños y perjuicios sufridos por el demandante. En consecuencia, procede negar la séptima declaración solicitada.

En cuanto a la octava declaración, la Sala no tiene nada que objetar al dictamen rendido por el perito Licenciado M.S., por lo que acepta el resultado del mismo y accede a la correspondiente declaración.

La última declaración solicitada por el demandante está condicionada a la actitud que asuman los demandados en el proceso, es decir, según que se opongan o que se allanen a la pretensión del actor, pues de ello dependería la correspondiente condena a las costas y los gastos del proceso.

En este sentido, no cabe determinar que los demandados hayan actuado de una u otra manera pues, su falta de comparecencia al proceso no permite tal determinación, salvo los casos de S.C. y AMBAR DE AMAT. En consecuencia, no procede la condena en costas, de acuerdo con la última declaración solicitada.

Sólo resta a este Tribunal pronunciarse respecto de la excepción de inexistencia de la obligación, alegada por la demandada S.C. DE PEDRESCHI. Al respecto, estima la Sala que le asiste la razón a dicha demandada, al sostener que los agentes residentes no son civilmente responsables por los actos de las sociedades respecto de las cuales ostentan dicho cargo, y que como profesional del derecho no hizo más que prestar los servicios a quienes aparecían con tal derecho. En consecuencia, estima la Sala probada la excepción de inexistencia de la obligación.

Resueltos todos los puntos que han sido materia de decisión en el presente proceso, no le queda a la Sala más que acceder parcialmente a las declaraciones solicitadas, así como a la excepción opuesta, a lo cual se procede a continuación.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia de 5 de diciembre de 2012 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y convertida en tribunal de instancia REVOCA la Sentencia No.35 dictada por el Juzgado Undécimo de Circuito, de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, y en su lugar ACCEDE parcialmente a las declaraciones solicitadas por el demandante I.A.K.G. con las modificaciones que procedan, y en consecuencia DECLARA: a. Que los señores D.M.D.M., P.C. y ELBA FERNÁNDEZ DE G. son los verdaderos directores y dignatarios de STONE FINANCIAL GROUP, S., de generales antes descritas, mientras no sean reemplazadas legalmente.b. Que I.A.K.G. es el verdadero dueño de las acciones emitidas por la sociedad.c. Que los actos contenidos en las Actas de Reuniones de Asambleas Extraordinarias de supuestos accionistas, que se hicieron constar mediante Escrituras Públicas No.858 de 17 de enero de 2008 y No.22 de 5 de enero de 2009, ambas de la Notaría Cuarta del Circuito Notarial de Panamá, son espurios y por tanto, nulos y sin valor alguno.d. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, son nulas y de ningún valor las reformas introducidas al Pacto Social de STONE FINANCIAL GROUP, S., durante y posteriores al 17 de enero de 2008.e. Que como consecuencia de la declaración anterior son nulas las acciones emitidas a favor de las sociedades TRAVEL TOURS DEVELOPERS INC. y SOCIETE RESSONS, S.f. Que son igualmente nulos todos los actos de los supuestos Directores y Accionistas, durante y con posterioridad al día 17 de enero del 2008.g. Que los daños y perjuicios sufridos por I.A.K.G. ascienden a la suma de UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTESIMOS (US1,346,162.79).

Y DECLARA probada la excepción de inexistencia de la obligación respecto de la demandada S.C. DE PEDRESCHI.

Sin condena en costas.

N.,

HARLEY J. MITCHELL D.

OYDÉN ORTEGA DURÁN -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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