Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 22 de Agosto de 2014

Ponente:Oydén Ortega Durán
Fecha de Resolución:22 de Agosto de 2014
Emisor:Primera de lo Civil
 
CONTENIDO

VISTOS: El licenciado J.L.L.H., actuando en su condición de apoderado judicial de la sociedad DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., formalizó Recurso de Casación contra la Sentencia de quince (15) de septiembre de dos mil ocho (2008), proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario que le sigue TECNO CONTRATOS, S.A. Esta S. Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución de veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009), que consta de fojas 299 a 300, admitió el Recurso de Casación, luego de su corrección, tal como consta en escrito visible de fojas 284 a 296 del expediente. Una vez finalizada la fase de alegatos, la cual fue aprovechada por la Recurrente, según consta de fojas 304 a 311 del expediente, esta S. de lo Civil procede a resolver el fondo del presente Recurso de Casación, para lo cual adelanta las siguientes consideraciones: ANTECEDENTES DEL PROCESO Consta en autos que la sociedad TECNO CONTRATOS, S.A., por intermedio de su apoderada judicial, la firma forense ADRIANO CORREA & ASOCIADOS presentó Demanda Ordinaria de Mayor Cuantía contra DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., CORAL MINERA, S.A. y O.D.L., que le correspondió conocer al Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, para que previo a los trámites legales se condene a los demandados a pagar la suma de Treinta y Nueve Mil Quinientos Doce Balboas con Noventa y Un Centésimos (B/.39,512.91), más costas, gastos e intereses, que le adeudan en concepto de arrendamiento por el alquiler del tractor, marca Caterpillar, modelo d 7-F, los cuales deberán ser cancelados desde que se produjo la obligación. Expone la demandante, como hechos de su pretensión, los siguientes: "PRIMERO: TECNO CONTRATOS, S.A., es una empresa líder en el mercado local de la construcción y entre sus actividades están el movimiento de tierras, venta de materiales, alquiler de todo tipo de maquinaria y equipo pesado para la agricultura, industria y trasporte. SEGUNDO: Que a raíz de estas actividades de nuestro representado, el señor O.L., quien es el R.L. de D.M., S.A. y Coral Minera, S.A., se apersonó a las oficinas de nuestro representada para contratar los servicios de un tractor Marca Caterpillar, modelo d 7-F para realizar unos trabajos de movimiento de tierra en la zona Libre de C., el cual está operado por un empleado de Tecno Contratos, S.A. TERCERO: Las partes acordaron que por el arrendamiento de dicho equipo, nuestro representado percibiría una contraprestación de B/.2,500.00 semanales y que dicho pago lo haría indistintamente D.M., Coral Minero u O.L., como persona natural, ya que el arrendamiento de dicho equipo se realizaba también a nombre del señor O.L. como persona natural y no únicamente como representante legal de las empresas. CUARTO: Que a raíz de la inconsistencia de los abonos a la deuda realizados por los demandados, siendo el último de ellos el día 13 de agosto de 2003, solamente se les facilitó el equipo por 3 semanas (hasta el 30 de agosto de 2003), adeudando para esta fecha la suma de B/.39,512.91 (Treinta y Nueve Mil Quinientos Doce Balboas Con 91/100) (fs. 1-2) Mediante Auto No. 421 de doce (12) de abril de dos mil cuatro (2004), la Juez Decimoquinta de Circuito de lo Civil de Panamá (fs. 22-23), admitió la Demanda y ordenó correrla en traslado a las partes demandadas, quienes a través de la firma forense TAPIA, LINARES Y ALFARO, presentaron oportunamente su escrito de contestación en el que negaron los hechos, reconociendo solamente que el señor O.D.L. es el representante legal de las sociedades DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. y CORAL MINERA, S.A., así como alegaron en su defensa la Excepción de Inexistencia de la Obligación, señalando que nunca celebraron contrato de alquiler de un tractor, sino que fue la sociedad CONSULTORES, INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. (CIASA), los que contrataron con TECNO CONTRATOS, S.A. Luego de cumplidas las etapas procesales correspondientes, la Juez A-quo dictó la Sentencia No. 22 de veintiuno (21) de junio de dos mil siete (2007), mediante la cual Declaró Probada la Excepción de Inexistencia de la Obligación alegada por la parte demandada, dentro del presente Proceso y en consecuencia, Negó la pretensión propuesta por TECNO CONTRATOS, S.A., en contra de DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. CORAL MINERA, S.A. y O.D.L.. Asimismo, Condenó a TECNO CONTRATOS, S.A. a pagar a DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., CORAL MINERA, S.A., y O.D.L., la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS DOS BALBOAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (B/. 8,902.589), en concepto de costas, por razón de esta instancia, más los gastos del Proceso.(fs. 195-202) Contra esta decisión, la parte A. apeló y al surtirse la alzada, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Resolución de quince (15) de septiembre de dos mil ocho (2008), Modificó la Sentencia de Primera instancia, de manera que la misma se lea así:: "... 1. DECLARA PROBADA la Excepción de Inexistencia de la Obligación, en cuanto a los demandados O.D.L. y CORAL MINERA, S.A., a los cuales, por ende, ABSUELVE de la demanda; 2. DECLARA NO PROBADA la Excepción de Inexistencia de la Obligación, en cuanto a DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A.; 3. CONDENA a DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. a pagar a TECNO CONTRATOS, S.A. el importe de B/.41,406.26, desglosados en B/. 27,604.16 de capital y B/. 13,802.10 de intereses legales comerciales, más B/. 6,520.80 en concepto de costas y, además, los gastos incurridos en el proceso, por la demandante, los cuales serán liquidados por la Secretaría del Juzgado; y, 4. CONDENA a TECNO CONTRATOS, S.A., a pagar a O.D.L. y a CORAL MINERA, S.A., la suma de B/.5,944.48 en concepto de costas, así como los gastos por ellos incurridos en el proceso, los cuales serán liquidados por la Secretaría del Juzgado." (f. 241) Es contra esta Resolución de Segunda instancia que la parte demandada DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. mediante su apoderada judicial, la firma forense TAPIA, LINARES Y ALFARO interpone el Recurso de Casación que en esta ocasión conoce la Corte y, en consecuencia, procede a examinar las C.es invocadas y los Motivos que las sustentan. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Se trata de un Recurso de Casación en el fondo, por infracción de normas sustantivas de derecho en los conceptos de aplicación indebida y error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Como se trata de dos (2) C.es, la S. entrará a resolverlas por separado y en el orden que fueron expuestas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1192 del Código Judicial, a lo que procede de inmediato. PRIMERA CAUSAL La primera C. de Casación en el fondo invocada corresponde a la "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de aplicación indebida", que según la Recurrente ha influido en lo dispositivo de la Resolución recurrida.. Como fundamento a dicha C. de fondo, la Recurrente expone dos (2) Motivos, los cuales a continuación se transcriben: "PRIMERO: Tal como se lee en los dos primeros párrafos de la foja 240, el Primer Tribunal Superior fundamentó jurídicamente el Fallo impugnado aplicando, parcial e indebidamente, una norma del Código de Comercio que lo llevó a concluir que nuestra representada asumió la obligación de otro porque aceptó tácitamente las facturas que se le presentaron. El error del Primer Tribunal Superior de Justicia consistió en aplicar una disposición cuya hipótesis difiere del caso concreto que se enjuicia ya que, mientras la norma indebidamente aplicada contempla el supuesto de una indubitable y no controvertida vinculación contractual entre las partes y reconoce, por ello, la aceptación tácita de las cantidades descritas de la mercancía o de la cifra dineraria contenidas en facturas no protestadas oportunamente por el comprador, el caso que nos ocupa versa sobre una pretendida vinculación contractual que ha sido negada y excepcionada por DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. SEGUNDO: El Primer Tribunal Superior de Justicia pasó por alto en el Fallo impugnado que la norma que aplicó fuera de su contexto es una norma de estructura unitaria que tiene que ser aplicada integralmente, es decir, para que se aplique el supuesto contenido en el segundo párrafo, tiene que cumplirse, previamente, el supuesto contenido en su primer párrafo. El error que cometió el Tribunal Superior, al aplicar indebidamente en el Fallo impugnado una regla jurídica cuya hipótesis no calza con la realidad del caso concreto, se proyecta a primera vista toda vez que la indebida aplicación del segundo párrafo de la norma con total abstracción del primero trajo por consecuencia que el juzgador modificara la sentencia de primera instancia y desplazara la controversia que nos ocupa, del campo de la vinculación contractual pretendida por la demandante y excepcionada por la demandada, a una fuente abstracta de obligaciones creada por el Tribunal Superior en el Fallo impugnado: la factura presentada y no reclamada dentro del término, aunque no exista contrato entre las partes." (fs. 284-285) Como consecuencia del cargo de injuridicidad expuesto en los Motivos antes transcritos y que sirve de apoyo a la C. de fondo invocada, la Recurrente acusa al Tribunal de Segunda instancia de haber incurrido en la violación por aplicación indebida de los artículos 776, 195 y 5 del Código de Comercio y 974 del Código Civil. Al explicar la violación del artículo 776 del Código de Comercio, que consagra el derecho del comprador a exigirle factura al vendedor, la S. observa que la Recurrente acusa al Tribunal Superior de haber cometido un error in iudicando al aplicar indebidamente y por analogía el segundo párrafo de dicho precepto, pues decidió modificar la Sentencia de Primera instancia, en el sentido de no reconocer la Excepción de Inexistencia de la Obligación propuesta por DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., ya que concluyó que ésta "comenzó a recibir facturas en las que se le identifica como deudora, a partir del 18 de marzo de 2003, asumiendo la obligación derivada del alquiler de la máquina con la cual C., Ingenieros y Arquitectos, S.A. pudiera realizar dichos trabajos." (fs. 286-287) La Recurrente afirma que la violación del artículo 195 del Código de Comercio se produce en forma directa por omisión, ya que expresa que "...Si bien cierto que la norma no exige formas especiales para la validez de los contratos comerciales; no menos cierto es que la identificación de los contratantes y sus consiguientes manifestaciones de voluntades deben quedar indubitablemente plasmadas. Así las cosas, resulta contrario a derecho que, por disposición del juzgador, como ha ocurrido en este caso, se extienda el efecto de un contrato a un sujeto de derecho que ni de forma originaria ni de forma derivativa está vinculado contractualmente a la parte demandante...".(fs. 289) Asimismo, se entiende violado por la Sentencia impugnada, según la Recurrente, el artículo 5 del Código de Comercio, por cuanto expresa que el Tribunal Superior, al resolver la controversia debió aplicar la norma que regula lo relativo a las Fuentes de las Obligaciones en el Código Civil y comprobar si se había acreditado alguna de ellas y no crear una nueva fuente de obligaciones: LA FACTURA ENTREGADA, como lo hizo en este caso. (f. 290) Finalmente, a juicio de la Recurrente, se ha violado directamente por omisión el artículo 974 del Código Civil, por cuanto que el Tribunal Superior condenó a la demandada DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., a pagar a la demandante TECNO CONTRATOS, S.A., una considerable suma de dinero por una obligación que le es ajena, argumentando que por haber el Ad quem aplicado indebidamente al caso la mencionada norma, "está creando con el Fallo impugnado una nueva fuente de obligaciones: LA FACTURA ENTREGADA...". (f. 288) CRITERIO Y DECISIÓN DE LA SALA Expuesto el cargo de ilegalidad que se le atribuye a la Sentencia recurrida y el concepto de la infracción de las citadas normas legales, esta S. considera propicio, antes de entrar a la decisión del Recurso de Casación interpuesto, dejar claro cuándo se produce la infracción de normas sustantivas de derecho por el concepto de aplicación indebida. Así tenemos, que dicha C. se configura cuando se aplica una ley, ya sea a un hecho probado pero no regulado por ella, o en forma tal que llega a consecuencias jurídicas contrarias a las requeridas por la Ley, o cuando un texto perfectamente claro ha sido aplicado a presupuestos que lo rechazan perentoriamente. Por tanto, tal infracción no se puede dar cuando la Ley se deja de aplicar. Partiendo de la premisa anterior, la S. observa que el cargo de ilegalidad que se extrae de los Motivos expuestos en párrafos precedentes, se resume en el hecho que, según la Recurrente, la Sentencia recurrida "aplicó parcial e indebidamente una norma del Código de Comercio cuya hipótesis difiere del caso concreto que se enjuicia, pues señala que mientras la norma aplicada contempla el supuesto de una indubitable y no controvertida vinculación contractual entre las partes y reconoce por ello, la aceptación tácita de las cantidades descritas en las facturas no protestadas oportunamente por el comprador, en la presente causa se reclama sobre una pretendida vinculación contractual que ha sido negada y excepcionada por DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A." (fs. 284-285) Asimismo, expuso la Recurrente, que la Sentencia de Primera instancia declaró probada la excepción a favor de los tres demandados y reconoció que la relación contractual alegada por la demandante se estableció entre ésta y la sociedad denominada CONSULTORES, INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. No obstante y a pesar de ello, el Fallo impugnado resolvió modificar la Sentencia primaria, en el sentido que no reconoció la excepción alegada por DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., fundamentando su decisión en la indebida aplicación del segundo párrafo del artículo 776 del Código de Comercio y con total abstracción del primer párrafo, concluyendo que, como DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., comenzó a recibir facturas en las que se le identifica como deudora, era entonces a partir del día 18 de marzo del año 2003, cuando ésta asumió "la obligación derivada del alquiler de la máquina con la cual la sociedad CONSULTORES, INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. pudiera realizar dichos trabajos", error que, estima la Recurrente llevó al Tribunal Ad quem "a desplazar la controversia que nos ocupa, del campo de la vinculación contractual pretendida por la demandante y excepcionada por la demandada, a una nueva fuente abstracta de obligaciones: la factura presentada y no reclamada dentro del término, aunque no exista contrato entre las partes." (f. 285) La S. observa que el cargo antes expuesto concuerda con las explicaciones que proporcionó la Recurrente de cómo se infringió el artículo 776 del Código de Comercio, sobre el que aduce que en virtud de su indebida aplicación al caso, trajo como consecuencia la violaron en forma directa por omisión de los artículos 195, 5 del texto legal antes citado y el artículo 974 del Código Civil. Por su parte, el Tribunal de Segunda instancia, en la parte pertinente de la Resolución que se censura, expuso el siguiente criterio: "...Sin embargo, en cuanto a DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. se presenta la siguiente situación. Si bien hasta antes de la facturación en su contra, los pagos realizados por DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. son atribuibles al pago de una obligación ajena, concretamente de C., Ingenieros y Arquitectos, S.A. (y sin que esta manifestación se tenga como juicio de certeza de alguna obligación a cargo de esta última, por no ser la misma parte en este proceso), a partir de la factura No.55, de 18 de marzo de 2003 (f.55) DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. comenzó a recibir facturas en las que se le identifica como deudora. En ese sentido, y aún cuando las demandadas han acreditado la existencia de un contrato para el relleno de terrenos por parte de C., Ingenieros y Arquitectos, S.A., a favor de Cibucan Investment Inc., dicho contrato no constituye impedimento para que DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. asumiera la obligación derivada del alquiler de la máquina con la cual C., Ingenieros y Arquitectos, S.A. pudiera realizar dichos trabajos o para que, en cualquier caso, independientemente de la relación de negocios interna entre C., Ingenieros y Arquitectos, S.A. y DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. ésta se constituyera en deudora frente a TECNO CONTRATOS, S.A. ... Más aún, el hecho que la última factura fue recibida el 2 de julio de 2007 conduce necesariamente a tener por cierto que el recibo del resto de las mencionadas facturas data de fechas anteriores, tal como consta en la mayoría de ellas, y la falta de prueba de reclamo oportuno contra ellos obliga a tenerlas como irrevocablemente aceptadas por DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. Lo antes dicho es así, por cuanto que, si bien la factura comercial no es característica del giro ordinario del contrato de arrendamiento, el artículo 5 del Código de Comercio remite la solución relativa al término de aceptación de la factura emitida por causa de un contrato tal, respecto al cual no contiene regulación, a los casos análogos. Siendo similar al contrato de arrendamiento, en cuanto al pago de un precio, el de compraventa, resulta que el segundo párrafo del artículo 766 (sic) ibídem establece que "No reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada", y el numeral 4 del artículo 244 del mismo cuerpo legal prescribe que las obligaciones mercantiles se prueban con "...las facturas aceptadas. En consecuencia, es un hecho probado en este proceso que DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. aceptó de TECNO CONTRATOS, S.A. facturas por concepto de alquiler de un tractor, lo que significa que, en cuanto a esta demandada, no cabía declarar probada la inexistencia de obligación y desestimar la pretensión. (Lo resaltado es de la S.) ..." (fs. 238-240) De una atenta lectura y análisis del extracto de la Sentencia de Segunda instancia antes transcrita, así como de las constancias procesales, la S. puede deducir que la problemática planteada gira en torno a un contrato de arrendamiento, cuyo objeto es la prestación de servicios con un tractor para movimientos de tierra, en la que se vincula a TECNO CONTRATOS, S.A., como arrendadora y a O.L., DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. y CORAL MINERA, S.A., como arrendatarios, del cual afirma la demandante, se celebró de manera verbal entre los señores B.R., Tesorero de TECNO CONTRATOS, S.A. y O.L., como P. y R.L. de DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. Al resolver la controversia, el Primer Tribunal Superior llegó a la conclusión que la parte demandante cumplió con el acervo probatorio al Proceso, presentando las facturas correspondientes al alquiler de un tractor a nombre de la demandada DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., dando como hecho probado los pagos realizados por ésta, los cuales acreditaron la existencia de un contrato de arrendamiento verbal celebrado entre la demandada y la sociedad TECNO CONTRATOS, S.A., razón que lo llevo a desestimar la pretensión de la demandada y declarar no probada la Excepción de inexistencia de la obligación alegada en su favor. Por lo anterior, esta S. colige que es atinada y conforme a derecho la decisión a la que arribó el Tribunal Ad quem en el presente caso, además que acertó al utilizar las normativas del Código de Comercio para determinar la exigencia requerida a la sociedad DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., quedando sin sustento jurídico los descargos de la Recurrente al pretender afirmar que el Tribunal de Segunda instancia infringió por concepto de aplicación indebida normas sustantivas de derecho relacionadas con el derecho que tiene el comprador de exigirle factura al vendedor, el origen de las obligaciones y el Principio de la Relatividad de los Contratos, si ilustradamente en la Sentencia recurrida se reconoció como hecho probado que la demandada DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., aceptó de parte de TECNO CONTRATOS, S.A., facturas por concepto de alquiler de un tractor, las cuales demostraron su obligación comercial con la demandante, aunado a que no fue refutado el recibido de varias de las facturas emitidas a su nombre, siendo perfectamente aplicable como lo hizo el Ad quem, el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 776 del Código de Comercio, que establece que "no reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada." En consecuencia, esta S. debe concluir que al ser todas las partes del presente Proceso sujetos de comercio, no se configura el cargo de injuridicidad atribuido a la Sentencia recurrida consistente en la aplicación indebida de normas del Código de Comercio y por ende tampoco del Código Civil denunciadas por la Recurrente; por lo que al no encontrarse justificada esta primera C., se obliga la S. a pasar al examen de la segunda C. de fondo. SEGUNDA CAUSAL La segunda C. invocada en el presente Recurso de Casación, corresponde a la "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba", que según la Recurrente ha influido en lo dispositivo de la Resolución recurrida. Esta C. está sustentada en cuatro (4) Motivos, los cuales transcribimos a continuación: "PRIMERO: En el Fallo impugnado, el Primer tribunal Superior, luego de reconocer acertadamente a foja 238 que la obligación que reclama la parte demandante no vinculaba originalmente como arrendataria a ninguna de las partes demandadas sino a la sociedad denominada CONSULTORES, INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. (CIASA), dio por probado, erróneamente, que DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., asumió la obligación derivada del contrato de arrendamiento a partir del 18 de marzo de 2003 porque "comenzó a recibir facturas en las que se le identifica como deudora". Al dar por probada la transmisión de la obligación reclamada en este Proceso, le restó valor probatorio al documento al que hace referencia en el último párrafo de la foja 238 (contrato para el relleno de terrenos entre CIASA Y CIBUCAN), y que consta de fojas 163 a 166. SEGUNDO: Para llegar a concluir que nuestra representada asumió la obligación que se reclama, el Primer Tribunal Superior realizó una errónea valoración de los documentos que constan en fojas 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, toda vez que, en primer lugar, no se trata de facturas aceptadas, ni tácita ni expresamente, sino de facturas recibidas por una Sociedad Anónima, las obligaciones que contrae tienen que ser autorizadas por sus órganos de gobierno; y, en tercer lugar, porque las facturas recibidas no poseen la idoneidad de equiparse a un contrato de arrendamiento como el que se alega o a documentos negociables que, como la letra de cambio, el cheque o el pagaré, llevan incorporados de forma abstracta la obligación. Por tanto, no podía el Primer Tribunal Superior otorgarles el valor probatorio que les dio; al hacerlo así, se violó la Ley y ello ha influido en lo dispositivo de la Resolución recurrida. TERCERO: Pese a que a foja 236 el Fallo impugnado hace referencia a los documentos aportados por la propia parte demandante, que rolan a fojas 17 y 19, y dice darle el valor que le atribuye la ley, el Primer Tribunal Superior le da valor probatorio, también, al documento que reposa a foja 67 del expediente, y en base a él concluye que, al 26 de mayo de 2003, nuestra representada le adeudaba a la parte demandante la suma de B/.18,416.66, en concepto del alegado contrato de arrendamiento. Una correcta valoración de dicho documento, en concordancia con los de fojas 17 y 19, hubiese llevado al Tribunal a concluir que el documento de foja 67, por estar en idioma extranjero; por no identificar al supuesto acreedor y, por entrar en abierta contradicción con lo enunciado por los documentos de fojas 17 y 19 y con la afirmación que hace la parte demandante en su demanda y en su apelación (en el sentido que contrató con los tres demandados), no tiene la idoneidad probatoria para hacer a nuestra representada deudora ni a la parte demandante acreedora. Al no hacerlo así, el Primer Tribunal Superior violó la ley y ello ha influido en lo dispositivo de la Resolución recurrida. CUARTO: En el penúltimo párrafo de la foja 238 el Fallo impugnado reconoce que la obligación que le reclama la demandante a los demandados era originariamente de CONSULTORES, INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A., (CIASA). No obstante, el Primer Tribunal Superior concluyó, a foja 240, que "es un hecho probado en este proceso que DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., aceptó de parte de TECNO CONTRATOS, S.A., facturas por concepto de alquiler de un tractor...". Si el Primer Tribunal Superior de Justicia hubiese apreciado correctamente las pruebas que aportamos para sustentar la excepción de inexistencia de la obligación (fojas 38, 39, 40 y 41) y las hubiese confrontado que entre ambos grupos de facturas hay una diferencia en cuanto a su parte enunciativa, toda vez que, tres de las facturas enviadas a CIASA fueron "RECIBIDAS CONFORME", mientras que de las enviadas a DRAGADOS MARÍTIMOS ninguna fue aceptada. Al no hacerlo así, se violó la ley y ello ha influido en lo dispositivo de la Resolución recurrida." (fs. 290-292) Como consecuencia de los cargos de injuridicidad expuestos en los Motivos antes transcritos, la Recurrente acusa al Tribunal de Segunda instancia de haber incurrido en la supuesta violación de los artículos 781 del Código Judicial, 244, 226 del Código de Comercio y 50 de la Ley 32 de 1927. CRITERIO Y DECISIÓN DE LA SALA Expuestos los elementos fundamentales del presente Recurso, procede la S. a decidir la controversia, previa las siguientes consideraciones. Es oportuno señalar que, el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que es el cargo de ilegalidad aducido, ocurre cuando el Juzgador al apreciar las pruebas les atribuye, equivocadamente, un valor probatorio que no tiene o les niega el conferido por la ley, disminuyendo así, su fuerza decisiva. A este respecto, expone la Recurrente, en el primer Motivo que, "en el Fallo impugnado, el Primer Tribunal Superior, luego de reconocer acertadamente a foja 238 que la obligación que reclama la parte demandante no vinculaba originalmente como arrendataria a ninguna de las partes demandadas sino a la sociedad denominada CONSULTORES, INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. (CIASA), dio por probado, erróneamente, que DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., asumió la obligación derivada del contrato de arrendamiento a partir del 18 de marzo de 2003 porque "comenzó a recibir facturas en las que se le identifica como deudora". Al dar por probada la transmisión de la obligación reclamada en este Proceso, le restó valor probatorio al documento al que hace referencia en el último párrafo de la foja 238 (contrato para el relleno de terrenos entre CIASA Y CIBUCAN), y que consta de fojas 163 a 166." Con la finalidad de determinar si se configura el cargo de ilegalidad antes expuesto, esta S. considera propicio transcribir la parte pertinente de la Resolución recurrida, para conocer cuál fue la valoración probatoria realizada por el Ad quem respecto de la prueba señalada, la cual dice así: "Si bien hasta antes de la facturación en su contra, los pagos realizados por DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. son atribuibles al pago de una obligación ajena, concretamente de C., Ingenieros y Arquitectos, S.A. (y sin que esta manifestación se tenga como juicio de certeza de alguna obligación a cargo de esta última, por no ser la misma parte en este proceso), a partir de la factura No. 55, de 18 de marzo de 2003 (f.55) DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. comenzó a recibir facturas en las que se le identifica como deudora. En ese sentido, y aún cuando las demandadas han acreditado la existencia de un contrato para el relleno de terrenos por parte de C., Ingenieros y Arquitectos, S.A., a favor de Cibucan Investment Inc., dicho contrato no constituye impedimento para que DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. asumiera la obligación derivada del alquiler de la máquina con la cual C., Ingenieros y Arquitectos, S.A. y DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. ésta se constituyera en deudora frente a TECNO CONTRATOS, S.A." (Lo resaltado es de la S.) (fs. 238-239) Ahora bien, al realizar una atenta lectura del extracto de la Sentencia antes transcrita, queda en evidencia que la exposición hecha por la Recurrente no es cierta, dado que el Primer Tribunal Superior no llegó a tal conclusión. La Sentencia consideró, contrario a lo señalado por la Recurrente, que si bien los pagos que realizó la empresa DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., eran atribuibles a la sociedad CONSULTORES, INGENIEROS Y ARQUITECTOS (que no es parte en este Proceso), aclaró que dichos pagos "se dieron antes de la facturación que existe en contra de DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., es decir, que ésta asumió su obligación frente a la sociedad TECNO CONTRATOS, S.A., cuando comenzó a recibir facturas en la que se identifica como deudora, esto es, a partir de la factura No. 55 de 18 de marzo de 2003, tal como consta a foja 55 del expediente." Por otro lado, con respecto al Contrato para el relleno de un globo de terreno ubicado dentro de la Zona Libre de C., suscrito por el señor O.D.L., en su condición de P. y R.L. de la sociedad CONSULTORES, INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. (CIASA), como contratista y el señor M.L., en su condición de P. y R.L. de la sociedad CIBUCAN INVESTMENT, INC., como contratante, el cual fue aportado por la demandada DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., para demostrar que únicamente es CIASA, la que requiere de una maquinaria y, que por tanto, es ella la única responsable de cubrir las obligaciones reclamadas por la demandante, esta S. debe destacar que este contrato no corresponde ser el referido contrato de arrendamiento que la parte demandante alega celebró con la demandada DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. y que genera la obligación reconocida por el Ad quem. No obstante y a pesar de lo que pretende demostrar la parte demandada-recurrente con la aportación del contrato de relleno antes mencionado, existe constancia probatoria dentro del expediente, de múltiples facturas a nombre de la sociedad DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., que dan certeza que la relación contractual entre ésta y la sociedad demandante TECNO CONTRATOS, S.A., se concretizó mediante la celebración de un contrato de arrendamiento verbal. En ese sentido, concuerda esta S. con la valoración realizada por el Tribunal de Segunda instancia sobre la prueba denunciada, en el sentido que el Contrato de relleno al que se hace referencia, en el párrafo anterior, no constituye un impedimento para inferir que la sociedad DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., asumiera la obligación derivada del alquiler de la máquina, más aún cuando no fue refutado el recibido de varias de las facturas emitidas a su nombre. Así las cosas, la S. estima que el argumento en que la Recurrente funda su censura no tiene sustento en la Sentencia que impugna, por lo que mal puede configurarse el cargo de mala valoración probatoria expuesto en este primer Motivo y las violaciones a las normas legales alegadas. El segundo cargo que la Recurrente le atribuye a la Sentencia impugnada se resume en que "el Primer Tribunal Superior realizó una errónea valoración de los documentos que constan en fojas 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, los cuales según la Recurrente, no se tratan de facturas aceptadas, ni tácita ni expresamente, sino de facturas recibidas por una Sociedad Anónima, siendo que las obligaciones que contrae tienen que ser autorizadas por sus órganos de gobierno, al mismo tiempo que indicó que las facturas recibidas tampoco poseen la idoneidad de equiparse a un contrato de arrendamiento como el que se alega o a documentos negociables...". Agregando, que no podía "el Primer Tribunal Superior otorgarles el valor probatorio que les dio, violando con ello la Ley e influyendo en lo dispositivo de la Resolución recurrida." Contrario a lo señalado por la Recurrente, esta S. estima que las facturas que reposan a folios 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71 del expediente y, a las cuales les atribuye una errónea valoración, sí acreditan la deuda alegada por la demandante, pues tal como lo refirió el Tribunal Ad quem, las mismas no fueron objetadas oportunamente por la demandada DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., debiendo entenderse que hubo una aceptación tácita por parte de ésta, al mismo tiempo que se advierte, que las mismas fueron extendidas a nombre de dicha sociedad. Para mayor claridad, se deja expuesto el extracto de la Sentencia que contiene la conclusión fáctica a la que llegó el Primer Tribunal Superior al valorar las referidas pruebas: "Lo cierto es que, DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. no ha refutado el recibo de las facturas identificadas No.0142 (18 de marzo de 2003), por B/.2,500.00 (f.55); No.0143 (24 de marzo de 2003), por B/.2,500.00 (f.56); No.0145 (5 de abril de 2003), por B/.2,500.00 (f.60); No.0146 (12 de abril de 2003), por B/.2,500.00 (f.61); No.0148 (3 de mayo de 2003), por B/.2,500.00 (f.63); No.0149 (10 de mayo de 2003), por B/.1,200.00 (f.64); No.0150 (17 de mayo de 2003), por B/.3,018.75 (f.65); No.0053 (2 de junio de 2003), por B/.2,625.00 (f.68); No.0059 (17 de junio de 2003), por B/.2,625.00 (f.69); No.0060 (de 23 de junio de 2003), por B/.1,312.50; (f.70) y, No.0061 (30 de junio de 2003), por B/.2,625.00 (f.71). Más aún, el hecho que la última factura fue recibida el 2 de julio de 2007 conduce necesariamente a tener por cierto que el recibo del resto de las mencionadas facturas data de fechas anteriores, tal como consta en la mayoría de ellas, y la falta de prueba de reclamo oportuno contra ellos obliga a tenerlas como irrevocablemente aceptadas por DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A." (f. 239) Luego de estudiar el razonamiento valorativo que hizo la Sentencia de Segunda instancia de las pruebas antes mencionadas, la S. reitera que, tratándose de una obligación comercial se configura la aceptación tácita, porque las facturas aportadas, adquirieron el valor de documento auténtico por el reconocimiento tácito de la demandada que no negó la firma en éstas, que de haber ocurrido hubiera obligado a la demandante a demostrar la legitimidad de las mismas. Sobre el punto en discusión, el profesor R.O. ha dejado dicho que: "Es indudable que la factura tiene, en todo caso, un valor probatorio frente a quien la extiende al equipararse, como dice R., a la confesión extrajudicial. Con relación al destinatario, la factura sólo puede ser medio de prueba, desde luego, si fue aceptada por el mismo, aceptación que puede ser expresa o tácita" (O., R., citado por J.F.P., "Cuestiones Especiales de Derecho Procesal", Panamá, 1978, págs. 24-25). Por lo anterior, concluye la S., que el Tribunal de Segunda instancia hizo correcto uso y aplicación de las reglas de la Sana Crítica al ponderar las facturas de fojas 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71 del expediente, al resolver que no cabía declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación alegada por la demandada DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., por lo siendo ello así, tampoco procede el cargo de injuridicidad formulado a la Sentencia impugnada mediante este segundo Motivo, así como tampoco la alegada infracción de los artículos 781 del Código Judicial, 244, 226 del Código de Comercio y el artículo 50 de la Ley No. 32 de 1927, sobre Sociedades anónimas. En el cargo de ilegalidad contenido en el tercer Motivo, se observa que la Recurrente le atribuye "una incorrecta valoración por parte del Primer Tribunal Superior a los documentos aportados por la parte demandante, los cuales reposan a fojas 17, 19 y 67 del expediente, señalando que a éste último documento se le dio un valor que no tiene, pues concluye el Ad quem que en base al mismo la demandada le adeuda a la demandante la suma de B/.18,416.66, en concepto del alegado contrato de arrendamiento. Argumenta la Recurrente que una correcta valoración de dicho documento, en concordancia con los de fojas 17 y 19, hubiese llevado al Tribunal a concluir que el documento de foja 67, por estar en idioma extranjero; no poseía la idoneidad probatoria para hacer a su representada deudora ni a la parte demandante acreedora. Por no hacerlo así, Tribunal Superior violó la ley, lo cual influyó en lo dispositivo de la Resolución recurrida". Veamos pues, qué fue lo que señaló el Tribunal Ad quem, respecto a las pruebas de fojas 17, 19 y 67 del expediente. Así en su parte pertinente, la Sentencia de segunda instancia dictaminó lo siguiente: "No obstante, debemos comenzar por manifestar que ninguna de las pruebas aportadas permite establecer algún nexo entre TECNO CONTRATOS, S.A. y CORAL MINERA, S.A., ya que las únicas en las cuales se le menciona son: 1. El documento que rola a foja 17, que consiste en un estado de cuenta, pero, que no exhibe el nombre del supuesto acreedor ni anotación de recibo por persona alguna, en representación de CORAL MINERA, S.A.; 2... 3. El estado de cuenta consultable a foja 19, en el que quien aparece como acreedor es una persona distinta a TECNO CONTRATOS, S.A., que es American Trucking Inc., cuya existencia jurídica está demostrada a foja 33. ..." (f. 236) "... Por el contrario, dado que tampoco consta oportuna reclamación respecto al balance de la deuda al 26 de mayo de 29003, que milita a foja 67, y en el que se señala como saldo a la fecha B/.18,416.66, al que hay que agregar B/.9,187.50, resultantes de las facturas 0057, 0059, 0060 y 0061 (f. 68 a 71), se concluye que al momento de aceptación tácita de la última factura (14 de julio de 2003), la obligación de DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. sumó B/.27,604.16 de capital." (f. 240) Al confrontar el cargo de ilegalidad expuesto en este tercer Motivo, con el extracto de la Sentencia recurrida antes transcrito, esta S. debe señalar que el Primer Tribunal Superior no hizo una incorrecta valoración de los documentos visibles a fojas 17, 19 y 67 del expediente, los cuales consisten en dos estados de cuenta y una factura, como alega la Recurrente. Lo anterior es así, porque de una atenta lectura de la Sentencia reproducida se puede desprender, por un lado, que las pruebas de fojas 17 y 19 hacen parte del caudal probatorio con el cual se descartó la posible obligación comercial que pudiese existir entre la demandante TECNO CONTRATOS, S.A. y otra de las demandadas en el Proceso, CORAL MINERA, S.A., con las cuales quedó demostrado que ésta sociedad no tenía obligación de pago con la demandante, sin que esto signifique que la demandada DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., no se encuentre obligada, máxime cuando la A. cumplió con el aporte probatorio al Proceso, presentando las facturas correspondientes al alquiler de un tractor, a nombre de ésta última, razón por la cual estima la S. que dichos documentos no fueron mal valorados por el Tribunal Ad quem. Por otro lado, con relación a la prueba de foja 67, que consiste en una factura de recibo a nombre de DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., debemos indicar que si bien como indica la Recurrente, la misma está en un idioma extranjero (inglés), no es menos cierto, que tampoco hubo reclamación por parte de la demandada en cuanto al balance de la deuda, dentro del término legal, por lo que dicha factura hace parte del acervo probatorio aportado por la demandante con la cual se demostró que en efecto sí existe una obligación desde el momento en que fueron emitidas y entregadas las facturas correspondientes y, así aceptadas a satisfacción por la demandada DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A., tal como así lo establece el artículo 244, numeral 4 del Código de Comercio. Lo antes expuesto demuestra con claridad que la valoración de los documentos que reposan a fojas 17, 19 y 67 del expediente, realizada por el Primer Tribunal Superior, responde a los parámetros que impone la Sana Crítica según se establece en el artículo 781 del Código Judicial, por lo que esta S. concluye que no se ha producido el cargo de injuridicidad que se atribuye en este tercer Motivo a la Sentencia recurrida, así como tampoco las alegadas violaciones de las normas del Código de Comercio, Civil y de la Ley de sociedades anónimas. Por último, en el cuarto Motivo que sustenta la C. de Casación en el fondo invocada, se observa que se acusa al Primer Tribunal Superior de "no apreciar correctamente las pruebas documentales que aportó para sustentar la Excepción de inexistencia de la obligación, las cuales se refieren a unas facturas que reposan a fojas 38, 39, 40 y 41 del expediente y, que según la Recurrente, existe una diferencia en cuanto a su parte enunciativa, ya que las tres facturas enviadas a CIASA, fueron RECIBIDAS CONFORME, mientras que de las enviadas a DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. ninguna fue aceptada". Ahora bien, se percata la S. que las pruebas documentales que se indican como indebidamente apreciadas por el Tribunal Superior, en el Motivo cuarto, según se desprende de la lectura de la Sentencia de Segunda instancia, no fueron mencionadas, razón por la cual, mal podría emitirse pronunciamiento alguno acerca de la valoración dada. En otras palabras, siendo que de lo expresado en la decisión impugnada no se colige que el Primer Tribunal Superior ponderara los documentos indicados y, en vista que la modalidad invocada es el error de derecho, que implica necesariamente el examen de la prueba, su valoración y/o eficacia probatoria, esta Superioridad se encuentra imposibilitada de calificar si la apreciación efectuada fue acertada o no. En atención a lo que se deja expuesto, la S. considera que, en cuanto a la materia discutida, la decisión del Tribunal Ad quem se ajusta a derecho, por lo que debe concluir que no prosperan los cargos de injuridicidad que sustentan esta segunda C. de fondo, ni las violaciones a los artículos 781 del Código Judicial, 244 y 226 del Código de Comercio y 50 de la Ley No. 32 de 1927 y, por tanto, determina que no hay mérito para Casar la Resolución impugnada mediante el presente Recurso de Casación. En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de quince (15) de septiembre de dos mil ocho (2008), proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario que interpuso TECNO CONTRATOS, S.A., contra la Recurrente sociedad DRAGADOS MARÍTIMOS, S.A. Las costas del Recurso de Casación, se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.300.00). Notifíquese Y DEVUÉLVASE, OYDÉN ORTEGA DURÁN HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARLEY J. MITCHELL D. (CON SALVAMENTO DE VOTO) S.F.D.C. (Secretaria)