Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 1 de Abril de 2014

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución 1 de Abril de 2014
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Ha ingresado a esta Superioridad, el recurso de casación en el fondo promovido por la representación judicial de PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., y A.B. TOUSSIEH, interpuesto contra la resolución de fecha 15 de mayo de 2012, emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual revocó la Sentencia Nº 84 de 29 de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en el proceso ordinario que promovió en su contra H.R.S. y C.L.R..

La decisión atacada, visible en fojas 437 a 449, en su parte resolutiva señaló lo siguiente:

"Por lo antes expuesto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Sentencia Nº 84 del 29 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario interpuesto por C.R.B. y H.R.S. (sic) contra Pegasus Latinoamérica S.A., y A.B.T., y en su lugar

DECLARA:

Primero

SE CONDENA a A.V.B.T. y Pegasus Latinoamericana (sic) S.A., al pago de TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS (B/.35,000.00) a la parte demandante C.R.B. y H.R.S..

Segundo

NO SE ADMITE la segunda pretensión.

Tercero

SE CONDENA a A.V.B.T. y Pegasus Latinoamericana (sic) S.A., al pago de OCHO MIL BALBOAS en concepto de costas a la parte demandante C.R.B. y H.R.S..

Cuarto

SE CONDENA a A.V.B.T. y Pegasus Latinoamericana (sic) S.A., al pago de los gastos del presente proceso que serán liquidados por el Tribunal de origen.

Sin condena en costas en segunda instancia.

N.".

Contra la resolución transcrita, la representación judicial de la parte demandada, anunció recurso de casación en el fondo, el cual fue formalizado en el plazo legal, razón que motiva la remisión del expediente a la S. Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, para lo que corresponda.

En esos términos, la Corte fija en lista el negocio conforme lo regulado en el artículo 1179 del Código Judicial, oportunidad que ambas partes aprovecharon.

Superada satisfactoriamente la fase de admisibilidad, correspondió el análisis del recurso, el que fuese admitido a través de resolución de fecha 03 de diciembre de 2012, lo que da paso a la etapa de alegaciones de fondo, que sólo fue utilizada por los recurrentes y en la cual solicitaron sea revocada la resolución de segunda instancia y se confirme la de primera.

Expuesta la tramitación aplicable al recurso de casación, nos proponemos resolver el medio extraordinario interpuesto, no sin antes adelantar algunas consideraciones al respecto.

ANTECEDENTES

En el Juzgado Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, fue presentada demanda ordinaria por H.R.S. y C.L.R. contra el señor A.B.T. y PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., en la cual solicitaban fueran condenados al pago de la suma TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.35,000.00), que fueron entregados al demandado A.B., por el incumplimiento de las obligaciones provenientes de la carta de intención firmada por A.B., en nombre y representación de PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., y la señora C.R., e inducir a los demandantes a celebrar contratos con terceros.

De los hechos de la demanda, y conforme el caudal probatorio allegado al expediente, el Juzgador de primera instancia dictaminó absolver a los demandados, así como declarar probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa en su forma pasiva para A.B. y PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., en contra de H.R.S., así como la excepción de inexistencia de la obligación ensayada por PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., contra C.L.R.B..

Contra la decisión adoptada por el juzgado de instancia, se presentó recurso de apelación, el cual produjo que la resolución fuese revocada por el Primer Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, lo que motivó que la parte agraviada anunciara y sustentara recurso de casación en el fondo, el que nos ocuparemos en resolver a continuación.

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA

El medio impugnativo propuesto se fundamentó en tres conceptos de fondo, los que analizaremos de manera separada, con sus respectivos motivos y las normas infringidas que lo sustentan.

La primera modalidad que la parte alega es la "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, lo cual influyó en lo dispositivo de la resolución recurrida".

A continuación, los motivos que le sirven de sustento:

"PRIMER MOTIVO: El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, al dictar la sentencia calendada 15 de mayo de 2012, no tomó en cuenta, pasó por alto, la prueba a foja 144 del proceso y consistente en certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad, en la que la Sociedad Pegasus Latinoamérica S.A., otorgó a A.B., poder general de representación desde el 7 de febrero de 2004.

De haber tomado dicho Tribunal en cuenta la prueba (foja 144) hubiese concluido que A.B. actúo en nombre y representación de Pegasus Latinoamérica S.A., y no a título personal, ni a su propio nombre, por lo que no lo hubiese condenado al pago de dinero alguno y hubiese negado la pretensión de los demandantes.

El error en que incurrió el Tribunal Superior influyó en lo dispositivo de la resolución recurrida.

SEGUNDO MOTIVO: El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, al emitir la sentencia de fecha 15 de mayo de 2012, pasó por alto no tomó en cuenta, la prueba documental consistente en el Acta de Junta Directiva (foja 145) constitutiva de la escritura Nº. 595 de 15 de enero de 2004, en la que la sociedad Pegasus Latinoamérica S.A., otorga poder amplio de administración a A.B., para que firme y suscriba todos los documentos necesarios con empresas privadas y efectuar cualquier acto de comercio.

Si dicho Tribunal hubiera tomado en cuenta, no pasa por alto, la respectiva prueba (foja 145), hubiese concluido que A.B. no realizó acuerdo comercial con los demandantes a nombre propio o personal, sino a nombre de Pegasus Latinoamérica S.A., y no hubiese satisfecho la pretensión alegada por los demandantes.

El error en que incurrió el Tribunal Superior influyó en lo dispositivo de la resolución recurrida". (fs. 463 a 464). Como normas infringidas, citó los artículos 780 y 836 del Código Judicial, el artículo 580-A del Código de Comercio y los artículos 1400 y 1418 del Código Civil.

Conforme el concepto que nos ocupa, la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de fecha 30 de enero de 1997, emitido en el recurso de casación propuesto por AURELIO MORENO MORALES, R.A.S., J.E.B. Y OTROS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A CHIRIQUÍ LAND COMPANY, bajo la ponencia del Magistrado E.A.S., se pronunció señalando:

"Conviene recordar que la postura invariable de esta S. de casación ha sido que, sólo cuando se establezca sin reservas que los medios de pruebas que se han dicho ignorados por la resolución censurada concurran y sean capaces de demostrar los hechos sometidos a la comprobación de las partes, se podrá admitir y podrá prosperar la causal del error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. O sea, que no basta que dichas pruebas existan, se hayan practicado y reposen en el expediente, sino que, además, entre esas piezas de convicción y los hechos de la demanda o de su contestación deben existir vínculos determinantes en cuanto a la verdad procesal que el tribunal está obligado a reconocer. No es suficiente, entonces, que sea evidente que en la resolución censurada se deje de hacer formal referencia a la prueba que se denuncia ignorada. Preciso será, para que el recurso de casación prospere en estos casos, que la prueba señalada constituya un instrumento de convicción de tal envergadura que, en efecto, al abstenerse el sentenciador de aquilatarla, esta omisión haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia atacada".

Así pues, el casacionista en sus motivos señala que el juzgador de segunda instancia ignoró dos (2) pruebas documentales, la primera de ellas obrante en la foja 144 del infolio, consistente en un certificado del Registro Público de la sociedad PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., en la cual consta su existencia y representación, como también el poder general que le fuera conferido a A.B., desde el 07 de febrero de 2004; y la segunda prueba, observable de fojas 145 a 150, que no es más que la Escritura Pública Nº 595 de 15 de enero de 2004, mediante la cual se protocoliza el acta de la Junta Directiva de la Sociedad PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., y se le otorga poder general amplio de administración a favor de A.B., para que en ejercicio de ello, realice entre otras cosas, lo siguiente: para dar o recibir en préstamos, con o sin garantías, asumir obligaciones a nombre de la sociedad, firmando documentos de compromisos.

En cuanto a las pruebas que señala el recurrente como ignoradas, verifica la S. que el fallo impugnado no las estima, al omitir hacer referencia a ellas en su contenido, lo que incide en lo dispositivo del mismo, configurándose así el concepto alegado por el casacionista. Decimos lo anterior, debido a que el Tribunal Ad-quem considera acreditada la legitimidad en la causa en su forma pasiva del señor BTESH, y lo señala como responsable solidario en el pago de las obligaciones dimanantes del contrato denominado 'Carta de Intención', ignorando su calidad de apoderado general de la sociedad PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., dado que concluye que su actuar es a título personal.

En otras palabras, difiere la S. de lo concluido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, ya que en las pruebas que identificó el casacionista, se soslaya que la actuación del señor A.B. en las gestiones efectuadas en la referida Carta de Intención, fueron realizadas en nombre y representación de la empresa Pegasus Latinoamérica S.A., y no en el propio, por lo que le asiste la razón al recurrente en el concepto que alega, lo cual influyó en la decisión adoptada por el ad-quem, al vincularlo como responsable a título personal en la obligación que se desprende de la denominada Carta de Intención, y ser condenado al pago de forma solidaria con la sociedad demandada, por la suma fijada como cuantía de la demanda.

En esas condiciones, es opinión de esta S. que el cargo formulado en este primer concepto en contra de la Sentencia, debe prosperar, lo nos conduce a que el fallo sea casado, y conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 1195 del Código Judicial, constituirnos en Tribunal de instancia.

Siendo así, veamos los argumentos que sustentan el recurso de apelación promovido por el apoderado judicial de C.L.R. y H.R.S., visible en fojas 386 a 404, quien luego de reseñar los antecedentes del proceso, se refirió a las pruebas admitidas y practicadas por el Tribunal A-quo, transcribiendo parte del interrogatorio a que fue sometido el señor A.B. (ver fojas 244 a 254 del infolio); la composición de la junta directiva anterior y actual de la empresa PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A.; la fallida inspección ocular a las instalaciones de la referida sociedad (ver fojas 237 a 238); la prueba de reconocimiento de contenido y firma realizadas por C.R. (fs. 78 a 79) y A.B. (fs. 82 a 83)

En el medio de impugnación, se alegó la inobservancia de los artículos 1106, 1113, 1120, 1116, 1141, 1143, 1637 del Código Civil, así como la nulidad del contrato atípico denominado Carta de Intención, señalando que no cumplía con los requisitos esenciales para su formación, y a pesar de ello, el J. A-quo, resolvió que lo justo y legal era que el señor A.B., se quedara con la suma de B/. 35,000.00, que le fueron transferidos conforme lo contratado; declara probada las excepciones de falta de legitimidad en la causa en su modalidad pasiva a favor de A.B. y la falta de legitimidad en la causa activa en la persona de H.R.; la excepción de inexistencia de la obligación de promovida por PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., contra C.R., la cual no tiene sustento alguno, ya que una vez recibió el dinero, surge una relación jurídica y tiene la obligación de devolverle el dinero, más los gastos y costas del proceso.

Finalmente, se condene al demandado A.B. y PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., al pago de la suma de B/. 35, 000.00, o lo que estime justo en su sana crítica, en vista de la transferencia realizada a su cuenta en Miami, a cambio de nada.

En cuanto al escrito de oposición al recurso de apelación, la representación judicial de PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., solicita sea confirmada la sentencia de primer grado, y se condene en costas ejemplares a los demandantes.

Agrega, que el recurrente en el libelo contentivo de la alzada expone peticiones distintas a las que aparecen en la demanda ordinaria de curso en el Juzgado primario, al igual que un conjunto de normas que fueron omitidas por el sentenciador A-quo, con relación a la nulidad del contrato.

En la misma oportunidad, reitera la excepción de falta de legitimidad activa, dado que entre el demandante H.R. y PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., no existe una relación jurídica, lo que se desprende del contenido de la carta de intención, acto que define las partes intervinientes, por lo que no debe prosperar reclamación alguna, y declararse probada la excepción.

De igual manera, alega la excepción de inexistencia de la obligación, la cual se funda en el vínculo jurídico existente entre PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., y C.R., producto de la carta de intención, en la que se obligaban a cumplir con una serie de prestaciones mutuamente.

Señala también que habida cuenta que la señora C.R., no cumplió con la obligación plasmada en el contrato, al no instalar el local en el tiempo indicado, y de manera unilateral dio por terminado el acuerdo anticipadamente, no tiene derecho a ejercer reclamación alguna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 986 del Código Civil, peticionando sea declarada probada.

Por otro lado, y en cuanto al señor A.B., se alegó la excepción de falta de legitimación en la causa en su modalidad pasiva, toda vez que no actuó en nombre propio, sino en representación de la empresa PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A..

Expuesto lo anterior, la S. ahora como Tribunal de Instancia, procede a emitir un pronunciamiento respecto al recurso vertical presentado, observando en primer término, tal como lo señaló el opositor, el recurrente pretende se resuelva una nueva declaración que no fue objeto de contradictorio en la primera instancia; como lo es, la nulidad absoluta de la carta de intención, debido a la existencia de vicios de consentimiento; no obstante, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1150 del Código Judicial, no podrá esta Corporación proceder a decidir ese aspecto de la alzada.

Adentrándonos en el recurso, nos pronunciaremos en primer lugar respecto a las excepciones propuestas por la representación judicial de los demandados. En esta oportunidad veamos en primer lugar, la excepción de falta de legitimidad en la causa en su modalidad activa en la persona de H.R.S..

Con relación a la legitimidad en la causa, conviene resaltar lo que ha señalado en diversos fallos la jurisprudencia patria; así tenemos, que en sentencia de fecha 10 de enero de 1997, la S. al resolver el recurso de casación promovido en el proceso instaurado por R.R.R. contra D.D., L.P. AMÍ y FRANCISCO BRAVO, analizó la figura, señalando que

"la legitimación sustancial es, como acertadamente señala el eximio procesalista español J.G., la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación, con el objeto del litigio y, en virtud de la cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean precisamente dichas personas las que figuren como partes en tal proceso o, lo que es lo mismo, la necesidad de que una cierta demanda sea propuesta por o sea propuesta frente a ciertas personas que son los legitimados para actuar como partes en un proceso determinado" (J.G., Derecho Procesal Civil, Tomo I, pág. 185".

En nuestro ordenamiento procesal, el Dr. J.F.P., a señalado con relación al tema lo siguiente:

"Ya hemos visto que cuando se habla de capacidad para ser parte se está aludiendo a los atributos mínimos que debe tener una persona para que sus actuaciones procesales sean válidas y eficaces (por ejemplo, mayoría de edad, goce de sus facultades mentales, libre de disposición de sus derechos; en el caso de los incapaces, adecuada representación legal, etc.). La falta de capacidad procesal se traduce en nulidad de lo actuado.

Por el contrario, la legitimación en la causa es la condición que debe tener una persona según la ley sustantiva para lograr que el J. se pronuncie respecto a las pretensiones formuladas en la demanda en relación con una concreta y particular relación jurídica. Desde el momento en que una persona se identifica con la hipótesis abstracta reconocida en la ley sustantiva (demuestra que es heredera, acreedora, cesionaria, etc.) se puede indicar que tiene legitimación y, por tal razón, tiene derecho a que se dicte sentencia respecto a una concreta relación jurídica que afecta sus intereses. La falta de legitimación sustantiva es motivo de sentencia absolutoria." (J.F.P., "Estudios Procesales", Tomo I, Editora Jurídica Panameña, Panamá - 1989, pág. 251).

En lo que respecta a la excepción de falta de legitimidad en la causa activa, la cual recae en la persona de H.J.R.S., indicó que de los hechos de la demanda y de las pruebas que obran en autos, no consta la existencia de una relación jurídica entre el demandante H.R.S., con PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., toda vez que el acto jurídico que define el proceso es la carta de intención suscrita entre las partes intervinientes, PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A. y C.R.B..

En este orden, la legitimidad en la causa, es el presupuesto procesal que debe tener determinada parte en la relación procesal, para que la relación jurídica procesal nazca, se desenvuelva y culmine con una sentencia de mérito. Para ello debe estar vinculado con lo pretendido.

Atendiendo a ello, se desprende de la Carta de Intención, génesis de este proceso, que las partes contratantes son PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., debidamente representada en ese acto por A.B., y denominada para los efectos del contrato como la EMPRESA, y la otra parte contratante, la señora C.R.B., identificada como la INTERESADA, siendo éstos los que poseen la legitimidad en la causa para promover cualquier reclamación que surja de la relación contractual suscrita entre ellos, en consecuencia, y atendiendo a su solicitud, la acción de resolución del contrato por incumplimiento es un acción concedida exclusivamente al contratante cumplidor en contra de la parte que ha incumplido.

De lo anterior, cabe advertir lo dispuesto en el artículo 974 del Código Civil, respecto a las fuentes de las obligaciones, el cual indica que éstas nacen de la Ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.

Conforme las constancias del expediente, la contratación realizada involucra a C.R.B. y PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., sin la participación de terceros en la misma. En tal sentido, el señor H.J.R., quien comparece al proceso como demandante, no se encuentra legitimado como parte contratante, requisito indispensable para constatar el vínculo obligacional que le permitiría ejercer una reclamación contra PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A.. Por otro lado, consta en autos que la participación del señor H.R., se concretó a realizar las transferencias de dinero que, en virtud del contrato, correspondía realizar la señora C.R., a favor de PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., para la puesta en marcha del negocio en cuestión.

No obstante, si bien el recurrente acreditó que las transferencias fueron realizadas por el señor H.R.S. (ver fojas 24 y 26) desde la sucursal de BAC / CREDOMATIC Nicaragua, ello no constituye elemento para acreditar la vinculación que pudiese existir con PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., y C.R.B..

En ese sentido, la S. estima que se ha demostrado la excepción de falta de legitimidad en la causa en su modalidad activa en el señor H.J.R.S., al no existir vínculo obligacional en el proceso que nos ocupa, por lo que debe declararse probada.

Por otro lado, en cuanto a la excepción de falta de legitimidad en la causa en su forma pasiva presentada por la representación judicial del señor A.B., debemos resaltar el contenido del contrato (Carta de Intención), de fecha 7 de agosto de 2009, que se observa en fojas 16 a 18, en el cual consta que la participación del prenombrado fue en nombre y representación de la sociedad PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., y no a título personal, y como hemos dicho, en párrafos que preceden, la legitimidad en la causa, en este caso en su modalidad pasiva recae en la parte contratante demandada que se presume ha incumplido las cláusulas contratadas, y en virtud de ello, se pretenda ejercer reclamo en su contra. En ese orden, el señor A.B., no participo en el acuerdo suscrito, por lo que la excepción alegada en su favor debe prosperar.

Finalmente, en cuanto a la excepción de inexistencia de la obligación, propuesta por la representación judicial de PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., frente a la señora C.R.B., en virtud de la firma del contrato denominado "Carta de Intención", de la cual se desprende el compromiso de instalar un local para la venta de productos de la marca CHEEKY en la República de Nicaragua, estableciéndose un período de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del contrato; es decir, el 7 de agosto de 2009.

Así las cosas, en el caso que nos ocupa, el convenio denominado entre las partes 'Carta de Intención', es la génesis del vínculo contractual, la legitimación en la causa activa y pasiva, la prueba de que la pretensora cumplió o no con su prestación, y además, la acreditación del monto que se adeuda.

Al respecto manifestó el señor BTESH a la señora C.R., a través del correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2009, la necesidad de reenviar la información con relación a los datos solicitados por el estudio de arquitectura para la instalación del local comercial; sin embargo, en lugar de remitir lo solicitado, dio por terminado en forma unilateral el contrato.

En estos términos, cabe denotar que al tenor del acuerdo suscrito, le asiste la razón al excepcionante, toda vez que la obligación de la EMPRESA como fuese denominada en el contrato la sociedad PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., emerge una vez haya vencido el plazo convenido.

En ese orden, el Código Civil panameño, con relación a las obligaciones a plazo, el artículo 1010, estipula lo siguiente:

"Artículo 1010: Las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue.

Entiéndase por día cierto aquel que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo.

Si la incertidumbre consiste en si ha de llegar o no el día, la obligación es condicional, y se regirá por las reglas de la sección precedente".

Conforme lo preceptuado, la obligatoriedad de devolver las sumas remitidas por H. REYES en nombre de la señora C.R., mediante transferencia bancaria a nombre de A.B., actuando en nombre y representación de PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., en concepto de deposito y reserva de la marca en los territorios específicos, surgía una vez el plazo establecido en el contrato se cumpliese, emergiendo para el contratante cumplidor el derecho a reclamar la devolución de las sumas dadas en depósito.

En ese orden, es necesario manifestar que cuando nos encontramos frente a un contrato bilateral, que en nuestra legislación es a través del cual surgen para ambas partes derechos y obligaciones recíprocas y, que en caso de incumplimiento de alguna de los contratantes, aquel que ha cumplido puede solicitar el cumplimiento de lo pactado, la resolución del contrato y el resarcimiento de daños y abono de intereses, lo que conlleva la desaparición de lo contratado, como si no hubiese existido.

Al respecto, nuestro ordenamiento civil contempla en el artículo 1009, lo relativo a la resolución de las obligaciones, cuyo contenido reproducimos a continuación para mejor claridad:

"Artículo 1009: La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere con lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que lo autoricen para señalar plazo.

Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirientes, con arreglo a los artículos 1159, 1160 y 1161, y a las disposiciones contenidas en el Título del Registro Público".

Al tenor de lo contemplado en la norma transcrita, claro está que constituye un requisito para exigir el cumplimiento de una obligación o lo que la recurrente solicita en el presente caso; es decir, la resolución del contrato, con el consecuente resarcimiento de los daños, que la parte que ejercita el reclamo haya cumplido lo que le correspondía en la relación contractual; sin embargo, observamos, que nos encontramos ante una obligación recíproca y sujeta a plazo, para lo cual es necesario que se cumplan las condiciones o que el término estipulado haya vencido, lo que en este caso, no ocurrió. Veamos.

El contrato suscrito estableció en su primera cláusula, lo atinente a la construcción del local y los plazos para ello, según se expone a continuación:

"1-Instalación del local.

La INTERESADA se compromete en instalar, en el transcurso de los próximos cuatro (4) meses, contados desde la fecha de este documento, un (1) local de la MARCA de forma exclusiva, según diseño que la EMPRESA determine en cada momento, en la Rep. de Nicaragua. Los planos de los locales serán suministrados por la INTERESADA a la EMPRESA con la finalidad que la EMPRESA efectúe los diseños de los locales. Una vez los diseños sean entregados a la INTERESADA, la INTERESADA, dispondrá de un plazo no mayor de 90 días calendarios de la fecha de entrega de los mismos para la apertura de cada tienda. La construcción física de los locales será por cuenta exclusiva de la INTERESADA, y el costo de cada diseño será de USD 5000.00 por local". (ver fs. 16)

De una atenta lectura de la cláusula que antecede, queda anotado que correspondía a la interesada, la señora C.R., la instalación de un primer local para la venta de los productos marca CHEEKY, en la República de Nicaragua, en un plazo no superior a los cuatro (4) meses, contados desde la firma del contrato suscrito el 7 de agosto de 2009, término que se cumplió el 7 de diciembre de ese mismo año.

En ese orden de ideas, existe constancia de la nota de fecha 11 de noviembre de 2009, dirigida a la señora C.L.R., y cuyo remitente es el señor A.B., quien actuó en nombre y representación de PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., en la que requirió se aclararan algunos puntos para concretar lo referente al diseño de la tienda, información que consta en el correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2009 (ver foja 120), prueba que fue reconocida por ambas partes en diligencia ante el juzgado de la causa, y con posterioridad a esa fecha, la INTERESADA, C.R., mediante nota de fecha 3 de noviembre del mismo año, mediante la que solicita dar por terminada la relación contractual, toda vez que para el 15 de noviembre de 2009, la tienda debería haberse instalado.

Del contenido de la nota, conviene señalar que la señora C.R., para dar por terminada la relación contractual, la denomina rescisión del contrato, que implica la existencia de elementos que producen la nulidad relativa de la contratación, por causas sobrevivientes después de su perfeccionamiento, lo que no se materializa en esta oportunidad, toda vez que el término que se aplica es la resolución del contrato, como fue anotado con anterioridad.

En esa misma línea de pensamiento, la propia contratación suscrita, estableció una cláusula que impone sanciones a la INTERESADA, ante el incumplimiento de lo contemplado en el contrato.

Atendiendo a ello, corresponde verificar el texto del documento denominado Carta de Intención, en su punto Nº 8, visible en fojas 16 a 18 del expediente, en el cual se acordó lo siguiente:

"8-Operatoria

a- Una vez el o los locales estén debidamente instalados y se hayan cumplido los compromisos adquiridos por el presente acuerdo esta Carta de Intención se convertirá en el Acuerdo de Sub- Franquicia.

La INTERESADA y la EMPRESA podrán aportar los nombres de las sociedades de su propiedad que en el futuro formalizarán este contrato y el de sub- franquicia.

b- Concluido el plazo establecido para la instalación de los locales en los TERRITORIOS y en el caso de que los locales no estén instalados o no estén instalados según las estipulaciones de los planos mencionados anteriormente, o se haya incumplido cualquiera de las cláusulas del presente acuerdo, o se haya vencido el plazo de la presente Carta de Intención según la Cláusula 7 de la misma Carta de Intención, se considerará terminada la vinculación de las partes con las siguientes consecuencias:

(i) La INTERESADA deberá restituir a la EMPRESA de inmediato toda la documentación relacionada con la MARCA y/o con los productos y/o con la EMPRESA que hubiere recibido en virtud de la presente Carta de Intención.

(ii) La INTERESADA nada podrá reclamar a la EMPRESA por ningún concepto, incluso las sumas correspondientes al depósito que fuera entregado como Reserva de la MARCA, de los PRODUCTOS y de los TERRITORIOS.(lo subrayado es nuestro)

(iii) En el caso de incumplimiento de la INTERSADA de cualquiera de las cláusulas del presente acuerdo y en cualquier momento, la EMPRESA quedará en absoluta libertad para proponer y/o interesar a terceros en el desarrollo de la MARCA en los TERRITORIOS específicos otorgados".(lo subrayado es de la S.).

Ahora bien, conforme el contenido de la nota de fecha 3 de noviembre de 2009, la señora C.L.R., (ver fojas 131 a 133), expresó de manera categórica su interés de resolver unilateralmente la carta de intención suscrita entre las partes, el día 7 de agosto de 2009, y en consecuencia, la devolución de las sumas de dinero por ella entregadas a la empresa PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A..

No obstante, en el punto Nº 8 transcrito, se establecen reglas claras respecto al incumplimiento de los términos allí acordados, siendo el punto dos (ii), que subrayaremos, el que contiene las pautas y consecuencias inmediatas al verificarse el incumplimiento, contemplando como sanción la retención de las sumas consignadas en concepto de depósito o reserva de la marca, productos o territorios.

En tal sentido, y de una lectura de la carta de intención, tantas veces citada, colige la S. que las partes contratantes estipularon claramente los razones por las cuales se pondría fin a la relación existente entre ambas, incluyéndose entre ellas, el incumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas en el acuerdo suscrito. En ese orden, se estableció en los puntos 1 y 2, un término de cuatro (4) meses para la instalación de un local en el cual funcionaría de manera exclusiva una tienda de distribución de la marca CHEEKY para la República de Nicaragua, que para el día 3 de noviembre de 2009, (fin del contrato conforme la interesada), aún no se había cumplido. Por lo manifestado, se aprecia entonces que la petición de la parte actora - recurrente, es anticipada con relación al plazo contemplado en el contrato.

Decimos lo anterior, porque tal cual expresamos antes, la carta de intención, de conformidad con sus cláusulas establecía un período de cuatro (4) meses para la implementación de la tienda de distribución de la marca CHEEKY en la República de Nicaragua, el que a partir de la firma se verificaría el 7 de diciembre de 2009. En tal sentido, ante la petición anticipada de resolver el contrato, mediante nota de fecha 3 de noviembre de 2009, con anterioridad a las fechas establecidas en el convenio, emerge la aplicación de la cláusula octava, a la que hiciéremos referencia en párrafos que anteceden.

Dicho en otras palabras, de haberse verificado el plazo establecido en el contrato y el incumplimiento de parte de la EMPRESA, PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., de las cláusulas contenidas en el contrato, sería optativo para la recurrente solicitar el cumplimiento de lo acordado o la resolución de la obligación, entiéndase el contrato, con la consecuente indemnización por los daños y perjuicios sufridos, si los hubiese, al haber dado cumplimiento cabal al acuerdo dentro de la relación contractual.

Así las cosas, al ser anticipada la petición realizada por la recurrente, es inexistente obligación que tiene la sociedad PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., con relación a la señora C.R., razones que nos conducen a declarar probado el medio exceptivo alegado.

Habiendo resuelto las excepciones alegadas de forma oportuna por la representación judicial de los demandados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 688 del Código Judicial, y declarados probados los referidos medios de defensa, procede la S. a conocer el contenido del recurso de apelación de la parte actora, el cual se circunscribe a la devolución de la suma de TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.35,000.00), entregados en concepto de depósito para la instalación de la tienda de productos de la marca CHEEKY; la indemnización por los daños y perjuicios derivados por el incumplimiento de contrato, así como el pago de las costas y gastos del proceso.

Atendiendo a ello, es necesario recordar que al haberse declarado probada las excepciones de falta de legitimidad en la causa en su modalidad pasiva y de inexistencia de la obligación a favor de PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., deviene negar lo pretendido en el recurso de apelación, por cuanto que el recurrente señalo la obligación de A.B., en devolver la suma de B/. 35,000.00 o su equivalente, a favor del señor H.R.. Al respecto, como fuera expuesto en párrafos anteriores en el punto 8 del contrato denominado 'Carta de Intención' en los numerales i y ii, se estableció la retención de las sumas dadas en depósito, ante el incumplimiento de alguna de las cláusulas contentivas del contrato.

Conforme lo acordado, en párrafos que anteceden, la S. estima la imposibilidad de acceder a lo solicitado por la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1109 del Código Civil, cuya letra es la siguiente:

"Artículo 1109: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley.

Se exceptúan los actos y contratos enumerados en el artículo 1131, los cuales no se perfeccionan mientras no consten por escrito, con especificación completa de las condiciones del acto o contrato y determinación precisa de la cosa que sea objeto de él".

De la norma transcrita, se desprende con claridad que al darse la firma del contrato, por ende, el consentimiento entre las partes de lo expresado, conlleva para los contratantes la obligatoriedad de asumir las consecuencias del incumplimiento de lo establecido y pactado, consecuentemente la imposibilidad de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Por otro lado, no debemos olvidar que la contratación se efectúa entre PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., y la señora C.R., más no así entre H.R. y A.B., toda vez que este último actuó en nombre y representación de la sociedad. Lo anterior, nos conduce a emitir un pronunciamiento contrario a lo solicitado.

Conforme lo preceptuado, la obligatoriedad de devolver las sumas remitidas mediante transferencia a PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., en concepto de depósito y reserva de la marca en los territorios específicos, surgía una vez el plazo establecido en el contrato se cumpliese, emergiendo para el contratante cumplidor el derecho a reclamar la devolución de las sumas dadas en depósito.

Por otro lado, como se indicó anteriormente, entre las cláusulas contractuales que conforman el acuerdo, fue pactada la retención de las sumas consignadas en concepto de depósito al producirse su incumplimiento, lo que en este caso se produjo, toda vez que la demandante - recurrente, de manera anticipada presentó la resolución del contrato, solicitando la devolución de las sumas abonadas en concepto de depósito, por lo que esta S. debe negar la petición del recurrente, respecto a la devolución de la suma de TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 35, 000.00), en virtud de haberse declarado probada la excepción de inexistencia de la obligación.

En lo que respecta a la declaración de inducir a los demandantes, es decir, los señores H.R. y C.L.R., a la celebración de contratos con terceros y a incurrir en gastos innecesarios debemos señalar, que dentro del caudal probatorio, solamente existe constancia de los correos electrónicos cruzados entre las partes y apreciables a fojas 55 a 129, del alquiler del local en el cual funcionaría la marca comercial CHEEKY en la República de Nicaragua.

No obstante, lo anterior no acreditó la celebración de contratos con terceras personas y la ocurrencia de otros gastos, a consecuencia de lo acordado en la Carta de Intención, por tal motivo, mal podría esta S. considerar lo pedido y emitir un pronunciamiento en tal sentido.

Resueltos los puntos contenidos en el recurso de apelación propuesto, por la representación judicial de C.L.R.B. y H.J.R.S., así como el escrito de oposición al recurso, contentivo de las excepciones de falta de legitimidad en la causa en su forma activa en la persona de H.R. y en su modalidad pasiva en la persona de A.B., así como la de inexistencia de la obligación, presentadas por el apoderado judicial de los demandados A.B. y PEGASUS LATINOAMÉRICA S.A., lo que procede es dictar la resolución de mérito, confirmando la Sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

En mérito de lo antes expuesto, LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de fecha 15 de mayo de 2012, y como Tribunal de instancia CONFIRMA la Sentencia Nº 084 de 29 de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

La imperativa condena en costas del recurso a favor de los demandados se fija en la suma de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/. 100.00).

N.,

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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