Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 14 de Agosto de 2015

Fecha de Resolución:14 de Agosto de 2015
Emisor:Primera de lo Civil
 

VISTOS:

En el proceso ordinario propuesto por la Dra. ALMA LÓPEZ DE VALARRINO, en nombre y representación de M.D.C.M.D.C., del menor de edad C.A.C.M. y M.E. CÁRDENAS SÁENZ DE CHANG contra INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. y M.Q.M., han promovido ambas partes recurso de casación contra la sentencia de 7 de noviembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito J.icial.

La decisión que se impugna en casación, modifica la sentencia N°05 de 21 de enero de 2008, dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de Veraguas, Ramo Civil, mediante la cual se condena a los demandados solidariamente a indemnizar a los actores por la suma de $.1,392,640.00, en concepto de daños y perjuicios. La modificación del ad-quem recae sobre la cuantía del daño material y lucro cesante que corresponde a los demandados pagarles en concepto de indemnización a los actores M.D.C.M.D.C. y C.A.C.M., así como sobre la reparación del daño moral, reconociendo tal derecho solo a favor M.D.C.M.D.C., es decir, que excluye de la indemnización por daño moral a los codemandantes C.A.C.M. y M.E.C.S.D.C., a quien además se le condena a pagar costas del proceso en favor de los demandados.

DECISIÓN DE LA SALA

Como viene expresado, la decisión del Tribunal Superior es recurrida en casación, tanto por la parte demandada, asistida por el BUFETE IGRA, como por la parte actora, a través de su apoderada legal, la Dra. ALMA LÓPEZ DE VALLARINO. Los recursos se pasan a examinar en el orden en que han sido presentados.

  1. RECURSO DE CASACIÓN PROMOVIDO POR EL BUFETE IGRA EN REPRESENTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA.

Este recurso de casación se presenta en el fondo y se fundamenta en una sola causal, a saber, "infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho en la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida".

La causal se apoya en dos motivos, en los que básicamente le atribuye la censura al tribunal ad-quem, con carácter de vicio de ilegalidad, que tiene en cuenta para fallar la segunda instancia pruebas sobre el ingreso neto de C.M.C. (q.e.p.d.), que no constan en el expediente, ignorando, de otro lado, las pruebas periciales que obran en autos en relación con tal extremo fáctico. Se permite la Sala transcribir los motivos:

"PRIMERO: Para determinar el ingreso neto de C.M.C. (q.e.p.d.) el Tribunal Superior del Segundo Distrito J.icial utilizó en forma analógica información de los descuentos de ley de funcionarios judiciales (impuestos sobre la renta, seguro social y seguro educativo), tomada de la Contraloría General de la República. Esta información no se encuentra en el expediente.

SEGUNDO

El ad-quem ignoró la existencia del informe pericial preparado por L.O.R.B. y DELFÍN PEÑA, que corren a foja 1388 del expediente que contiene el presente proceso. En esta pieza probatoria se consigna el monto neto de los ingresos de C.M.C. (q.e.p.d.)". (fs. 2198)

De acuerdo con la censura, el fallo recurrido infringe las normas de los artículos 780 y 792 del Código J.icial, así como del artículo 1644 del Código Civil.

La censura le atribuye al fallo recurrido, con carácter de cargo de ilegalidad, que incurre en error de hecho en la existencia de la prueba, ya que, por un lado, toma en cuenta para establecer los descuentos salariales de C.M.C. (q.e.p.d.), información aplicable a los funcionarios, tomada de la Contraloría General de la República; mientras que, por el otro lado, ignora el peritaje rendido por L.O.R. y DELFÍN PEÑA, el que precisamente recae sobre dicho hecho.

Con respecto al tema de las deducciones salariales tenidas en cuenta por el fallo recurrido a objeto de establecer el salario neto que recibía el occiso C.M.C. como empleado de la empresa FIELD LINKING SERVICES OF LATIN INC., hecho este en base al cual se calcula o establece la indemnización que en concepto de daño material y lucro cesante corresponde a los demandados pagarles a los actores M.D.C.M.D.C. y C.A.C.M. (respectivamente, esposa e hijo menor de edad del occiso CHAVARRÍA), el fallo recurrido sostiene lo siguiente:

"En consideración al fallo de segunda instancia a la señora M.d.C.M. de C. le corresponde en concepto de daño material y lucro cesante la suma que surge de multiplicar el salario neto por 12 meses del año y luego esa cifra por los 30 años de vida activa que le quedaban al esposo (utilizándose de referencia su salario neto). Cifras suministradas por la Contraloría General de la República nos indican que un servidor público que gana mensualmente la suma de dos mil balboas B/.2,000.00 le descuentan: 160.94 de seguro social, B/.25.16 de seguro educativo y B/.271.86 de impuesto sobre la renta por lo que a la postre recibe un sueldo neto de B/.1,542.04."

En principio, pues, la lectura del extracto del fallo recurrido que se transcribe, pone de manifiesto que tal como alega la censura, tiene en cuenta el Tribunal Superior para establecer el salario neto que recibía el occiso C.M.C., información relacionada con los descuentos o deducciones salariales que corresponden a los funcionarios, pese a reconocer el fallo impugnado que el occiso CHAVARRÍA laboraba para una empresa privada al momento de registrarse su fallecimiento. Además, señala el Tribunal Superior, que la información sobre las deducciones o descuentos salariales señalados fueron suministrados por la Contraloría General de la República, aunque no se indica la prueba en la que consta dicha información, circunstancia estas que constituyen manera o forma de configurarse la causal de fondo examinada, si además se constata la influencia del yerro probatorio respectivo en lo dispositivo de la decisión recurrida.

La Sala de manera reiterada ha venido expresando, vale acotar, que la causal de fondo examinada para que se entienda configurada, no basta con que se demuestre que el fallo impugnado tiene en cuenta para fijar los hechos en que se fundamenta, elementos de prueba que no constan en el expediente o que ignora pruebas que obran en el proceso, sino que además es menester que se establezca la influencia de dichos errores fácticos en lo dispositivo del fallo recurrido, es decir, que se demuestre que de haberse tenido en cuenta las pruebas del expediente que se dicen ignoradas o de no haber dado por probado hechos con pruebas que no constan en el expediente, la conclusión del ad-quem habría sido distinta o, lo que es lo mismo, que no habría causado la sentencia recurrida los agravios o perjuicios que le atribuye la parte recurrente. Ello es así, toda vez que con carácter general el recurso de casación, al igual que los otros medios de tutela ordinaria y extraordinaria, constituye un mecanismo procesal para enmendar vicios de ilegalidad en que incurran los Tribunales Superiores en sus decisiones, cuando con los mismos se causen agravios o perjuicios a la parte que los alega. De ahí que, no cualquier error fáctico sea tutelable en casación, sino solo aquellos que, como viene indicado, determinen la decisión en perjuicio o de manera desfavorable a la parte recurrente, tal como lo dispone el artículo 1162 del Código J.icial.

Aprecia la Sala, sin embargo, que el cumplimiento de la condición anotada para que prospere la causal estudiada no se constata en el caso subjudice, toda vez que el análisis de la prueba pericial ignorada por el fallo recurrido, en la que constan las deducciones salariales del occiso C.M.C., de haberlas tenido en cuenta la sentencia recurrida, no habría desvirtuado esta, toda vez que se trata de los mismos descuentos salariales tenidos en cuenta por dicho fallo para el cálculo del salario neto de aquel. Para constancia, se permite la Sala transcribir en lo pertinente la prueba pericial comentada:

"a. Ingresos Netos Esperados:

Treinta (30) años productivos.....................B/.1,111,175.00

Menos deducciones de:

Seguro Social..................................................B/.60,187.70

Seguro Educativo............................................B/:12,452.63

Impuesto Sobre la Renta.................................B/.47,815.40

Suma..............................................................B/.120,455.73b. Neto a recibir por salarios en 30 años........B/.990,719.27".

(fs. 1390)

Adviértase, pues, que los tres descuentos aplicados al salario bruto que devengaba C.M.C., por los peritos de la parte demandada, a saber, seguro social, seguro educativo e impuesto sobre la renta, son los mismos que tiene en cuenta el fallo recurrido en su cálculo del salario neto, como se ha manifestado. Así mismo, los porcentajes que corresponde descontar del salario en concepto de seguro educativo, seguro social e impuesto sobre la renta, son fijadas por ley (F. y Seguro Social), y se aplican a las personas naturales en general, es decir, que no distingue esta entre servidor público y empleado de empresa privada, para efectos de aplicar los descuentos señalados, razón por la cual de haberse basado el fallo recurrido en la prueba pericial ignorada para establecer el salario neto del occiso C.M.C., arribaría a la misma conclusión. De manera, que no habiéndose constatado la influencia del yerro probatorio denunciado por la censura, corresponde desestimar su recurso.

  1. RECURSO DE CASACIÓN PROPUESTO POR LA DRA. ALMA LÓPEZ DE VALLLARINO EN REPRESENTACIÓN DE LA PARTE ACTORA.

El recurso se propone en el fondo y consta de dos (2) causales, siendo la primera de ellas, la "infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la decisión recurrida".

En sustento de la causal se alega en los motivos, que el fallo impugnado incurre en la infracción de las normas sustantivas de derecho que consagran el derecho de la actora M.E.C.S.D.C., en su condición de madre de C.M.C.C., y, por ende, de víctima del delito de homicidio cometido en perjuicio de este, de ser indemnizada por los demandados en concepto del daño moral sufrido como consecuencia del mismo. Conviene reproducir los motivos:

"PRIMERO: El Tribunal Superior, en la Sentencia que dictó en segunda instancia, incurrió en error jurídico o de juicio y este consistió en haberle negado el derecho a reclamar por daño moral a la madre del difunto C.M.C. (q.e.p.d.), señora M.E. CÁRDENAS DE CHANG, por considerar que ese derecho está reservado al hijo menor del difunto, C.A.C.M. y a la esposa M.D.C.M.D.C., que también han ejercido la reclamación por daño moral en circunstancia, que conforme a la ley, los esposos no están en grado de parentezco y el hijo del difunto está en relación a este en el mismo grado que la madre, uno en el primer grado de la línea recta descendente (la madre del difunto), error que dio lugar a la infracción de la norma que regula y define los grados de parentesco que existen entre padre, madre e hijo.

SEGUNDO

En la sentencia dictada en segunda instancia, el Tribunal Superior incurrió en error jurídico o error de juicio que consistió en haber negado la pretensión ejercida por la madre del difunto C.M.C. CÁRDENAS (q.e.p.d.), señora M.E.C.D.C., consistente en la reclamación de una indemnización por daño moral en la medida que consideró que esta no tenía la condición de víctima del delito, en el sentido más restringido, por haber recibido un perjuicio directo en circunstancia en que, conforme a la ley, la señora CÁRDENAS DE CHANG, madre del difunto, demandó como tal y tiene la condición de víctima del delito por tratarse de persona que, individualmente, ha sufrido daño mental o psicológico y de sufrimiento o afectación emocional como consecuencia de la acción u omisión que viola la ley penal, que incluye como víctima, además del cónyuge, a los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad y la madre es pariente dentro del primer grado en línea descendente. El error dio lugar a la infracción de la norma que regula y establece quiénes son consideradas como víctimas del delito.

TERCERO; En la sentencia dictada en segunda instancia el Tribunal Superior incurrió en error jurídico o error de juicio, que consistió en haber negado el derecho reclamado por la madre del difunto, la señora M.E.C.D.C. y a consecuencia de esa muerte, en concepto de indemnización por daño moral, a pesar de que esta, en su condición de madre, está reclamando por estar en la condición que permite y define la ley como daño moral exigible al responsable del hecho ilícito que lo origina y que tiene la obligación de repararlo. El error dio lugar a la infracción de la norma que fija el concepto de daño moral y la exigibilidad de una indemnización en dinero frente a los responsables civiles de la acción u omisión ilícita que produjo el daño." (fs. 2141-2142)

Con respecto a las normas legales sustantivas cuya infracción se le atribuyen al ad-quem, se citan las contenidas en los artículos 649 y 1644a del Código Civil, y en el artículo 1 de la Ley 31 de 28 de mayo de 1998.

El artículo 649 del Código Civil dispone los grados de parentescos entre el hijo y sus padres. Alega la apoderada judicial de la censura, que pese a que dicha norma establece que entre los padres e hijos existe un grado de parentesco y que la ley reconoce la condición de víctima del delito a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, el fallo recurrido le niega a su mandante M.E. CÁRDENAS DE CHANG (madre de la víctima del homicidio culposo, C.M.C.) el derecho a la indemnización por daño moral que reclama, ya que existen parientes más próximos a quienes está reservado el derecho de reclamar indemnización por daño moral, quienes también demandan reparación en el presente caso, con lo cual incurre en la infracción del citado artículo 649. Carece de sustento legal el argumento del fallo recurrido, dado que la esposa no es considerada pariente y el hijo del occiso se encuentra en el mismo grado de consanguinidad que la madre de aquel.

Por su parte, el artículo 1 de la Ley N°31 de 1998 establece quiénes tienen la condición de víctimas del delito, estableciéndose en el ordinal 2, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Afirma la recurrente CÁRDENAS DE CHANG, que C.M.C., fallecido a causa del ilícito penal por el que se condena a los demandados, es su hijo, razón por la cual tiene derecho de ser resarcida por el daño moral que sufrió como consecuencia del hecho señalado, ya que se encuentra con respecto a este dentro del primer grado de consanguinidad. De ahí que tenga la condición de víctima del delito, contrario a lo que sostiene la sentencia recurrida, la cual le niega su pretensión sobre la base de que existen reclamantes con mayor proximidad en el parentesco, que la excluyen de dicha reclamación, lo que no resulta cierto, puesto que el hijo del occiso se encuentra en el mismo grado de parentesco que ella.

Finalmente, se alega la violación del artículo 1644a del Código Civil, el cual recoge la obligación de resarcir el daño moral ocasionado a otro. Manifiesta la censura que los presupuestos para reconocer el daño moral están acreditados con respecto a MARTA CÁRDENAS DE CHANG, empero el fallo no accede a su reconocimiento, con lo cual viola el artículo 1644a comentado.

De acuerdo con lo expuesto, la discusión en relación con la causal examinada, guarda relación con la titularidad del derecho al resarcimiento derivado de la responsabilidad civil extracontractual, específicamente en cuanto al daño moral cuya indemnización reclama la codemandante M.D.C.M.D.C., en su condición de madre del fenecido C.M.C.C., pretensión que el fallo recurrido le niega, por las razones que se expresan en el extracto del mismo que a continuación se permite la Sala transcribir:

"...Seguidamente vamos a referirnos a los argumentos vertidos en cuanto a la suma reconocida en concepto de daño moral a favor de la madre, la señora M. de C.. En este punto el apelante mantiene la tesis de que la Juez hizo un generosos reconocimiento a favor de la madre del finado, que es contrario a la Ley y el entendimiento de que el derecho solo le corresponde a los herederos forzosos del causante. En pocas palabras se opone el apelante a que el daño moral se le reconozca a la madre, por cuanto que en reclamo de ese mismo derecho ha comparecido al proceso la demandante como esposa y como madre del hijo menor de edad.

El apelante recoge sus argumentos y los formaliza en una excepción que intitula "falta de legitimación activa".

En efecto, la Juez reconoció la suma de quinientos mil balboas B/.500,000.00 para la ciudadana M.E.C....

...

...la Juez centró sus argumentos, para acceder a la pretensión, en la comprobación directa del daño moral causado a la demandante, en ocasión del accidente donde pierde la vida su hijo. Para el tribunal la cuestión resuelta no se discute y desde el punto de vista probatorio bien la podemos aceptar. No obstante, a nuestro juicio la concesión que a favor de la señora S. realizó la administradora de justicia, nos parece contraria a varias disposiciones legales y la jurisprudencia que ha venido limitando el derecho de reclamo a los parientes próximos con exclusión de los más distantes, en este caso a la esposa y al hijo menor de edad. Sí, porque hacerlo extensivo a familiares sin establecer criterios objetivos puede llevarnos al reconocimiento ilimitado e injusto del daño moral a los parientes quienes, como es lógico, ante la desaparición de una persona querida sufren un daño, una afectación emocional de difícil pronóstico, pero no resarcible en la medida en que concurren allegados con un derecho más mediato y próximo.

Aunque en el caso que nos ocupa nadie discute que los demandantes son parientes cercanos y próximos al causante, por lo cual todos están unidos y en igual situación frente al dolor que representa su muerte, no se puede ser tan generoso en el reconocimiento del daño moral, sino más bien enmarcar el derecho dentro de la norma sucesoria que en este caso señala en el artículo 652 del Código Civil...

...

Debemos recordar en este sentido que quienes han comparecido a reclamar lo son en su orden: la esposa y el hijo menor y luego una ascendiente del causante (la madre).

Tampoco puede dejar de considerarse que el presente caso deriva de la reconocida responsabilidad civil que tanto Industrias Lácteas como el ciudadano M.Q.M. tienen en el deceso del ingeniero C.C.C.(.,.d.), por lo cual es oportuno tomar en cuenta las disposiciones que tratan sobre el derecho de las víctimas (Ley N°31 de 29 de mayo de 1998) en los términos siguientes:

"Artículo 1. Para los efectos de esta ley, se consideran víctimas del delito:

  1. A la persona que individual o colectivamente, haya sufrido daños. Incluidas las lesiones físicas o mentales, el sufrimiento emocional, la pérdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de la acción u omisión que viole la legislación penal vigente.

  2. Al representante legal o tutor de la persona directamente afectada por el delito en caso de incapacidad, al cóyuge, al conviviente en unión de hecho, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como al heredero testamentario cuando acuse la muerte del causante.

Artículo 14. El artículo 1986 del Código J.icial queda así:

Artículo 1986. De todo delito nace también la acción civil para la restitución de la cosa y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible, contra el autor o partícipe y, en su caso, contra el civilmente responsable. En este último caso la acción podrá intentarse en el proceso penal o por la vía civil. La acción civil dentro del proceso solo podrá intentarla la víctima del delito que se haya constituido en querellante, en las condiciones previstas por la ley.

En tanto que en esta misma ley se considera como querellante legítimo:

Artículo 2034. Se entiende por querellante legítimo, a la víctima del delito, a su representante legal o tutor, al cónyuge, al conviviente en unión de hecho, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al heredero testamentario cuando acuse la muerte del causante y a las demás personas indicadas por la ley.

Con este panorama legal el Tribunal interpreta que cuando se presenta la acción civil derivada del delito dentro del proceso penal, el derecho únicamente se reconoce a la víctima en su sentido más restringido o sea aquella que recibe el perjuicio directo o quien tiene la potestad para entrar al proceso como querellante. Mientras que cuando se reclama aparte deben observarse el resto de las disposiciones que tratan de especificar la condición de víctima o sus parientes próximos, con exclusión de los más distantes. Por supuesto que en esta materia las disposiciones sucesorias en relación a la facultad de constituirse como querellante legítimo inician -tal como se viene indicando- con el reconocimiento del cónyuge, luego el conviviente de hecho y, por último el resto de los parientes y demás herederos.

...

En conclusión el Tribunal considera que en este caso en particular, en vista que han concurrido herederos con más derecho, a la ciudadana M.C. de C. no puede reconocérsele daño moral." (fs. 2047 a 2052)

La lectura del fallo recurrido permite apreciar, que en principio no niega el tribunal ad-quem que tenga la recurrente M.E.C.S.D.C., en su condición de madre de la víctima del delito de homicidio culposo, derecho de ser resarcida por el daño moral sufrido, sino que con base en disposiciones del proceso de sucesión concluye este, que procede establecer un orden de prelación en la reclamación de los daños y perjuicios derivados de la muerte de la víctima de delito, correspondiéndole ejercer dicho derecho, en primera instancia, a la esposa e hijos menores del causante y, a falta de estos, entonces a los padres del mismo. En otras palabras, entiende el ad-quem que cuando parientes próximos de la víctima del delito concurren con los más lejanos al proceso a reclamar daño moral, excluyen aquellos a estos últimos de tal derecho.

Para ir por parte en el análisis que corresponde, conviene advertir que lo primero a tener en cuenta sobre la institución de la responsabilidad civil extracontractual, es la pluralidad de leyes que la regulan, en las que por supuesto se incluye el Código Civil, además de otra serie de leyes especiales sobre distintas materias (transporte, automóvil, protección al consumidor, Estado, etc.), que han venido a marcar, si se quiere, una ruptura con el tradicional principio de la culpa recogido en el Código Civil, en su artículo 1644, por cuanto introducen o acogen varias de estas leyes un sistema objetivo de responsabilidad civil.

En virtud de lo anterior y de que la causal de fondo enunciada exige para su configuración, que las normas sustantivas infringidas regulen el caso, es de rigor comenzar el estudio legal que corresponde, precisando el régimen legal aplicable a la responsabilidad civil que se reclama en el presente caso, para cuyo propósito es menester remitirse a los hechos que dan sustento a dicha pretensión. Como se ha adelantado, el marco fáctico guarda relación con la colisión vehicular ocurrida el 17 de diciembre de 1999, entre el vehículo tipo mula de propiedad de la demandada INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. (conducido por el codemandado M.Q.M.) y el auto sedan, marca mazda, el cual era guiado por C.M.C.C., hecho en el que pierde la vida este último.

Dado que en el presente caso la responsabilidad exigida se origina, pues, de un accidente de tránsito, corresponde consultar en primera instancia el Decreto Ejecutivo N°640 de 27 de diciembre 2006, el cual dispone de manera especial normas en relación con la acción civil para reclamar los daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito. Dicha ley, la cual dedica básicamente dos preceptos a la regulación de la acción civil, a saber, los artículos 234 y 235, establece, la primera de las normas, sobre quienes recae la legitimación pasiva en los supuestos de responsabilidad civil por accidente de tránsito; mientras que en la segunda disposición se recogen las excepciones a dicha responsabilidad en relación con el propietario del vehículo.

No precisa la excerta legal comentada, empero, su ámbito de aplicación, es decir, si rige solo para los supuestos de responsabilidad por daños a las cosas o se aplica también a daños sufridos en las personas, derivados de accidente de tránsito (lesiones o muerte). Tampoco establece expresamente dicha ley quiénes resultan legitimados para reclamar civilmente por los daños y perjuicios causados por accidente de tránsito, esto es, si la legitimación activa recae solo en el titular del derecho afectado o también sobre la familia de este o terceros, lo que lleva a concluir que dicha normativa resulta pertinente solo cuando se trate de daños a las cosas y no a las personas, como es en el presente caso, en el que, se reitera, la reclamación civil ejercida deviene del daño soportado por los demandantes como consecuencia del fallecimiento de C.M.C., en el accidente de tránsito, hecho por el que, conviene también acotar, resulta condenado en sede penal el demandado M.Q.M., por el delito de homicidio culposo.

Estima la Sala, que en este caso hay que remitirse entonces al artículo 977 del Código Civil, el cual consagra de manera especial la acción de responsabilidad civil cuando los hechos de los que se deriva esta aparecen tipificados en la Ley Penal, la que empero no regula, sino que remite para tales efectos al Código Penal. De igual forma, conviene acotar, que también disponen normas en relación con la acción civil respectiva el Código J.icial y la Ley 31 de 1998 sobre Protección a las Víctimas.

El Código Penal, por su parte, regula la responsabilidad civil en su Título VII, Capítulo I del Libro I, denominado "Responsabilidad Civil". Ahora bien, en cuanto al punto que se discute, es decir, la legitimación para ejercer la acción civil derivada de delito que recoge el Código Civil en el artículo 977, ha de indicarse que el Código Penal en su artículo 120 establece, que pueden intentar esta acción civil en el proceso penal "la víctima, su familia o el tercero". Esta disposición, que también incorpora el Código J.icial en su artículo 1973, sin embargo fue excluida de la Ley 14 de 2007, mediante la cual se dicta el Código Penal.

De la redacción del artículo 1973 del Código J.icial, aprecia la Sala, se desprende en principio una legitimación activa amplia en relación con la responsabilidad civil examinada, por cuanto incluye dentro de los titulares de dicha acción civil, tanto a los familiares de la víctima como a los terceros que resulten afectados con la acción u omisión delictuosa, sin precisar los grados de parentescos ni la prelación para el ejercicio de tal acción.

En el caso específico de los familiares de la víctima de homicidio, es preciso advertir, que empero no tener la condición de sujetos pasivos del delito, la acción para reclamar indemnización por los daños derivados del mismo que estos ostentan, de acuerdo con la mejor doctrina, es directa, lo que no ocurre en los otros delitos, en los que sus familiares tienen una acción indirecta o de rebote para reclamar. De ahí entonces que se sostenga con razón, que en el caso del delito de homicidio los familiares de la víctima ostentan un iure proprio y no un iure hereditatis, dado que al ser la muerte la que genera el derecho a la indemnización, no podría haber ingresado en el patrimonio de la víctima un derecho que nace después de su fallecimiento y como consecuencia de tal hecho.

Continuando con el análisis legal del caso, se indicó también que la Ley 31 de 28 de mayo de 1998, sobre Protección a las Víctimas de Delito, establece normas en relación con la legitimación de la víctima para reclamar daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la acción u omisión del autor del delito. Sobre el particular, en el artículo 1 de la Ley se precisa a quiénes se considera víctima del delito, a saber, al sujeto pasivo del delito, es decir, la persona que recibe la acción directa del autor del delito; al cónyuge, conviviente en unión de hecho de la víctima, los parientes de la víctima dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; y las asociaciones reconocidas por el Estado, en los delitos que afectan interés colectivo o difuso.

En el caso concreto de los parientes de la víctima, aprecia la Sala, que a diferencia del artículo 1973 del Código J.icial analizado, la Ley 31 de 1998 vino a delimitar la legitimación para exigir reparación de daños en el supuesto de delito, reservando esta para los parientes más cercanos, es decir, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. No contempla sin embargo dicha norma un orden de prelación entre parientes legitimados para el ejercicio de la acción civil ni para fijar la cuantía, como, valga destacar, establecen otros ordenamientos legales comparados, caso del español, como se desprende del siguiente extracto de la obra del profesor F.R.C. que se permite la Sala citar:

"Con carácter general se da preferencia a la situación del cónyuge viudo sobre otros parientes de la víctima, incluidos los hijos. La idemnización del cónyuge se fija con independencia de que concurra o no con otros parientes. La cuantía de la indemnización de los demás parientes con derecho a ella (descendientes en primer grado [hijos]), ascendientes hasta el segundo grado [padres y abuelos] y colaterales limitados al segundo grado [hermanos]), dependerá de quienes sean los que concurran". (Lecciones de Responsabilidad Civil. F.R.C. (coordinador), edit. A., España, 2002, pág. 221)

Así, pues, del análisis de las normas que regulan el tema de la legitimación de los parientes de la víctima de delito de homicidio para reclamar la reparación de los perjuicios y daños sufridos como consecuencia de tal hecho se sigue, por una parte, que el derecho de estos se extiende a los parientes que se encuentran dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y, por la otra, que la ley no establece una regla sobre la prelación en el ejercicio de la acción con respecto a los parientes de la víctima, con base a la cual la concurrencia al proceso de los parientes más próximos a la víctima (incluido su cónyuge), excluirían a los más distantes en grado de parentesco. Luego, entonces, si la ley no distingue por razón de la proximidad de parentesco con el sujeto pasivo del delito de homicidio para efectos del reconocimiento de la legitimación activa o de la cuantía de los daños, no le es dable al juzgador hacer tal distinción, conforme al conocido principio general de derecho.

Tampoco cabría establecer la distinción señalada con base en la aplicación supletoria de normas que regulan el proceso de sucesión, como considera el fallo recurrido, toda vez que, al menos en lo que concierne a los parientes de las víctimas de delito de homicidio, ha de tenerse presente que su reclamación constituye, como se ha dejado expresado, un iure propio, es decir, que no se trata de un derecho heredado de la víctima. Por ende, si bien la ley sustantiva dispone que los vacíos legales pueden ser llenados con la aplicación supletoria de normas que regulen casos o materias semejantes (artículo 13 del Código Civil), ello presupone que la norma aplicable supletoriamente no contraríe el ordenamiento legal a suplir, sino que sea congruente con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Empero, en el presente caso tal exigencia no se cumple, dado que el instituto de la responsabilidad civil se basa en el principio de la reparación integral del daño causado. Por ende, quien es titular de un derecho afectado por la acción u omisión ajena, no tiene por qué soportar tales perjuicios, sino que corresponde reparar estos a su autor o a quien resulte civilmente responsable por los mismos.

En todo caso, como es sabido, la apreciación del daño es una cuestión sujeta a prueba, es decir, que quien alega haber sufrido un daño soporta la carga de aportar al proceso los medios de convicción que acrediten tanto su existencia como su cuantía, correspondiéndole al juzgador determinar o fijar en base a tales medios probatorios dichos presupuestos de la responsabilidad civil. En otras palabras, no se trata de un derecho cuyo reconocimiento opere ipso iure, es decir, que producida la muerte de una persona sus parientes en los grados indicados automáticamente tienen que ser indemnizados por los causantes del mismo, ya que, como resulta a penas lógico, no todos los parientes de la víctima experimentan siempre perjuicios como consecuencia de su muerte.

Por supuesto, también, los parientes cercanos a la víctima generalmente van a tener una mayor consideración y, por ende, cuantificación del perjuicio moral causado, que aquellos sufridos por los parientes más distantes, por razones evidentes. Empero, ha de advertirse, que no en todos los casos necesariamente va a ser así, por lo que el juzgador deberá considerar al momento de fallar, además del parentesco, otros factores que determinan la existencia de un mayor o menor perjuicio o afectación psicológica, como la relación del demandante con la víctima, esto es, si vivían juntos, o el afecto o consideración que se tenían, pues sin duda que la muerte o fallecimiento de una persona afecta más a quienes convivían diariamente o a menudo con el occiso o con quienes tenía este una relación cercana o estrecha y cordial, ya que ello determina la existencia de lazos afectivos y sentimentales más arraigados, que a aquellos parientes, que aunque más cercano en grado de parentesco, no compartían ni mantenían con la víctima una relación similar.

Conocido es el caso de los cónyuges separados o de personas no criadas por sus padres biológicos. En supuestos como estos, al valorarse el perjuicio moral causado a estas personas como consecuencia de la muerte de su cónyuge o de los padres biológicos, ha de tenerse en cuenta tal situación, ya que ello determina, que no obstante el grado próximo de parentesco con la víctima, el perjuicio o daño moral no pueda cuantificarse igual que en los casos de personas que conviven con su cónyuge o que han sido criados por sus padres, determinándose con ello vínculos afectivos entre los mismos más fuertes y que en consecuencia implican una mayor tasación de la reparación del daño moral.

De lo que viene expuesto, se sigue en consecuencia que el reconocimiento de la legitimación de los parientes de la víctima del delito de homicidio para demandar responsabilidad civil, no debe verse como una excesiva generosidad del legislador, como interpreta el fallo recurrido, ya que ello supondría, más bien, un trato indulgente de parte del juzgador para con el causante del daño, sobre quien recae la obligación legal de reparar este. Al afectado le asiste el derecho legal de ser indemnizado, por ende, no se trata de un derecho cuyo ejercicio lo deje el legislador a la discreción del juzgador, es decir, que pueda este determinar, cuando reclamen varios parientes de la víctima dentro de los grados que establece la ley, elegir quienes tienen derecho de ser indemnizado y quienes no, ya que ello conlleva a establecer limitaciones a dicho derecho que la ley no contempla.

Las consideraciones expuestas, llevan entonces a estimar demostrado el cargo de ilegalidad que se le atribuye a la sentencia recurrida, ya que de las disposiciones legales examinadas, las cuales la censura cita como infringidas por el fallo recurrido, se desprende el derecho de la recurrente M.E. CÁRDENAS SÁENZ DE CHANG de ser indemnizada por el daño moral que le ocasionaron los demandados como consecuencia de la muerte de su hijo C.M.C.. No resulta ocioso acotar, que con respecto a la legitimación de la madre de la víctima para reclamar indemnización por el daño moral sufrido por la muerte de su hijo, la Sala se ha pronunciado, expresando lo que se transcribe a continuación:

"Pero, por encima de lo que hayan dicho los peritos empleados en el esfuerzo de demostrar que se produjo un daño moral en perjuicio de la parte demandante, es mucho más importante dejar sentado el criterio de que, cuando el agravio moral consiste en la violación de cualquiera de los derechos de la personalidad de un sujeto, la mera demostración de la existencia de dicha transgresión constituirá, al mismo tiempo, la prueba de la existencia del daño moral ocasionado. La prueba del daño moral surge o aflora, inmediatamente, de los hechos que constituyen la actividad ofensora, pues el daño moral se presume por la sola realización del hecho dañoso. Por ejm. el cónyuge no necesita probar que ha sufrido dolor por la muerte de su esposo o esposa, ni el padre por la muerte de un hijo, cuando el deceso ha sobrevenido con motivo de un ilícito cometido por tercero."

(Reg. J.. enero 1998. Sentencia 26 de enero de 1998, D.B.L. contra D.P.V., pág.169)

Por consiguiente, al considerar el fallo impugnado acreditados los presupuestos fácticos de la norma sustantiva del artículo 1644a del Código Civil, en relación con el artículo 1 de la Ley 31 de 1998, del cual se desprende el derecho de la recurrente a la indemnización por daño moral que reclama, pero no acceder a su reconocimiento, incurre en la causal invocada, lo que amerita casar la sentencia para enmendar el agravio producido en este aspecto. No obstante, como quiera que la otra causal del recurso examinado versa sobre otros puntos de la sentencia, corresponde continuar con el examen de estas otras impugnaciones, por disponerlo así el artículo 1195 del Código J.icial.

Segunda causal: "infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la decisión recurrida".

"PRIMERO: El Tribunal Superior, en la Sentencia que dictó, incurrió en error de apreciación que consistió en haber dejado de atribuirle el valor probatorio que tiene, conforme a la ley, el documento privado que aparece aportado a fojas 23 del Cuaderno de Pruebas de la parte actora y 226 del expediente y que consiste en la Nota de fecha 10 de diciembre de 1999 dirigida por la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES (COCIGE) al Ingeniero C.M.C. CÁRDENAS (q.e.p.d.), con la firma de su P.R.F. y reconocido por este en su firma y contenido (fs. 1291 a 1297), presentado al proceso en copia cotejada con su original ante el Notario Décimo del Circuito de Panamá, Licenciado C.S.C., contentivo de una propuesta conversada y aceptada, que la empresa que dirige la Nota le hizo al I.C.M.C. (q.e.p.d.), para que empezara a trabajar con esa empresa a partir del 16 de enero de 2000, con un salario mensual de B/.3,000.00. El error consistió en que se trata de un documento privado aportado al expediente en copia cotejada ante Notario Público, copia que ha sido reconocida en su firma y contenido por la persona que la firmó y que por ser un documento de carácter dispositivo y proveniente de tercero y estar reconocido expresamente por su autor, debió ser estimado atribuyéndole el valor probatorio que tiene por su contenido. El error condujo al Tribunal a la infracción de la Ley.

SEGUNDO

En la Sentencia dictada en segunda instancia el Tribunal Superior incurrió en error de apreciación al dejar de atribuirle el valor probatorio que tiene, conforme a la ley, a los testimonios ofrecidos en el proceso por los testigos M.R.B.Q., Gerente Administrativa de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES ((COCIGE), como el testimonio aparece rendido a fojas 419 a 421; R.C. (fs. 1284 a 1287); A.R. (fs. 1279 a 1283); R.C. (fs. 373 a 381, 386 a 388), R.F. (fs. 1291 a 1297), en la medida en que estos testimonios, teniendo en cuenta la circunstancia de la vinculación de estos testigos con las empresas en que se desempeñaba el I.C.M.C. (q.e.p.d.), antes de su muerte y la que había decidido emplearlo, dan fe de la aceptación de la propuesta de trabajo que se le había hecho al I.C.M.C. (q.e.p.d.), con fecha 10 de diciembre de 1999, para empezar a laborar en la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES, a partir de 16 de enero de 2000. El error condujo al Tribunal a la infracción de la Ley.

TERCERO

El Tribunal Superior, al dictar la Sentencia de segunda instancia incurrió en error en la apreciación de las pruebas consistentes en los dictámenes periciales rendidos por los Peritos designados por la parte actora: L.C.G. y C.R.C. como aparece en el expediente asentado de fojas 1017 a 1024 (Informe del Peritaje N°3), (fs. 1211 a 1224 Examen de Peritos); L.C.G. y GIL NG ARCIA de fs. 1100 a 1103 (Informe del Peritaje N°5); L.C.G. y R.M. de fojas 1140 a 1143 (Informe de Peritaje N°6) (fs. 1303 a 1308 examen de los peritos) y por los peritos designados por el Tribunal, T.G. y JESÚS CABALLERO, como aparece a fojas 1030 a 1036 (Informe del Perito N°3) (fs. 1244 a 1254, 1259 a 1265 Examen de Peritos); de fojas 1100 a 1103 (Peritaje N°5) y de fojas 1152 a 1159 (Informe del Peritaje N°6) (fs. 1321 a 1327 Examen de Peritos), y el error consistió en haber dejado de atribuirle a esos dictámenes periciales el valor de convicción que tienen conforme a la ley, por la uniformidad y conformidad de la opinión de los peritos, los principios científicos, el fundamento de sus dictámenes y su concordancia con las reglas de la sana crítica, en la medida que el Tribunal sin mayor fundamento fijó la indemnización del daño material, en concepto de daño emergente y lucro cesante en la suma de novecientos nueve mil, doscientos treinta y ocho balboas con cuarenta centésimos (B/.909,238.40), para MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ DE C.C.A.C.M., en circunstancias que los dictámenes periciales mal valorados en esos conceptos y a favor de las mismas personas se fijó por los peritos de la parte actora, el daño emergente en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, CINCUENTA BALBOAS CON DIEZ CENTÉSIMO(B/.232,050.10) y el lucro cesante en la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL BALBOAS CON VENTIÚN CENTÉSIMOS (B/.5,733,266.21) y por los peritos designados por el Tribunal, en la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON OCHO CENTÉSIMOS (B/.6,952,906.08), desglosada así: CIENTO SETENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS VEINTISEIS BALBOAS CON VENTINUEVE CENTÉSISMOS (B/.163,326.29) como daño emergente y seis millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos SETENTA Y NUEVE BALBOAS CON TREINTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.6,789,579.39) como lucro cesante. El error condujo al Tribunal Superior a la infracción de la ley.

CUARTO

En la sentencia dictada en segunda instancia, el Tribunal Superior incurrió en error de apreciación en la tarea de valoración de los dictámenes periciales rendidos por los peritos psicólogos, Licenciada M.A. (fs. 925 a 947 y 1187 a 1195), Licenciada DONA CÓRDOBA (fs. 969 a 974 y 1204 a 1209) y Licenciada MARISELA DE MACHUCA (fs. 962 a 968, 1196 a 1203), que dictaminaron sobre la afectación psicológica que sufrieron los demandantes a causa de la muerte del I.C.M.C. (q.e.p.d.), así como el dictamen en materia psiquiátrica, rendido por los doctores M.P. (fs. 908 a 922; 1001 a 1009 y 1044 a 1050), ORLANDO PEÑA (fs. 975 a 986 y de 1177 a 1183); y MARICELA DE MACHUCA (fs. 962 a 968, 1196 a 1203), así como los dictámenes en materia de Trabajo Social rendido por las Licenciadas AURA CHÁVEZ y BERTILDA DE PAREDES (fs. 718 a 745, 880 a 894) y L.V. DE POLO (fs. 812 a 820, 999 a 1000), sobre las afectaciones que sufrieron los demandantes como consecuencia de la muerte del I.C.M.C. CÁRDENAS (q.e.p.d.) y el error consistió en que no le atribuyó el mérito que tienen, conforme a la ley para determinar la afectación y el daño moral que ha sufrido y sufre el menor C.A.C.M. en la medida que, en efecto, de esos dictámenes resulta la afectación y el daño moral que ha experimentado y ha de experimentar al menos a lo largo de su vida. El error condujo al Tribunal a la infracción de la ley.

QUINTO

El Tribunal Superior en la sentencia que dictó incurrió en error de apreciación en la valoración de la declaración rendida por la Psicóloga, Licenciada CELESTE G.B., como esa declaración aparece asentada a fojas 389 a 409 y 413 a 418 del expediente y el error consistió en que, a pesar de los criterios técnicos ofrecidos por la declarante, que determinan el daño moral que afecta y afectará a los demandantes, a quienes ha atendido profesionalmente, esposa e hijo del difunto, el Tribunal no le atribuyó ese mérito, en el caso del menor C.A.C.M., en la medida que consideró que por la edad de este, al momento de la muerte del Ingeniero CHAVARRÍA (q.e.p.d.), el 17 de septiembre de 1999, no estaba en capacidad de experimentar afectaciones psicológicas y psiquiátricas que determinaran un daño moral. El error condujo al Tribunal a la infracción de la ley.

SEXTO

En la sentencia dictada en segunda instancia, se incurrió en error de apreciación en la valoración de la prueba consistente en el dictamen rendido por los peritos designados por la parte actora sobre la determinación del monto del daño moral y el error consistió en que el Tribunal dejó de atribuirle el mérito de convicción que tienen, conforme a la ley, al dictamen rendido por los peritos L.C.G. y C.R.C., que con fundamento en los dictámenes rendidos por los Peritos Psicólogos, Psiquiatras determinan el monto de la indemnización por daño moral, como aparece asentado en el expediente de fojas 1071 a 1073 (Informe a Peritaje N°4), en la medida que a pesar que estos peritos dictaminaron , teniendo en cuenta y auxiliándose con los peritos técnicos y científicos que aportaron los P.M.P., ORLANDO PEÑA y las P.M.A., M.M. Y DONA CÓRDOBA, las Trabajadoras Sociales Aura Chávez y Bertilda de Paredes y por las declaración rendida por la P.C.G., el Tribunal Superior reconoció solamente en este concepto, el monto de trescientos mil balboas (B/.300,000.00), a favor de M.d.C.M. de C. que es un monto menor al pretendido en la demanda y al monto determinado con criterio científico por los peritos por la suma de UN MILLÓN DE BALBOAS (B/.1,000,000.00), negando la pretensión ejercida en este sentido por M.E.S. de C. y el menor C.A.C.M., que el dictamen pericial fijó, respectivamente, en las sumas de QUINIENTOS MIL BALBOAS (B/.500,000.00) y UN MILLÓN QUINIENTOS MIL BALBOAS (B/.1,500,000.00). El error dio lugar a la infracción de la ley.

SÉPTIMO

El Tribunal Superior en la sentencia incurrió en error de apreciación al dejar de atribuirle el valor que tienen conforme a la ley los dictámenes periciales rendidos en la diligencia exhibitoria practicada a INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. (fs. 1581 a 1583) por los peritos L.O.R. y DELFÍN PEÑA (fs. 1586 a 1592 Informe Pericial), (fs. 1775 a 1791 Examen de Peritos); L.C.G. y R.M. (fs. 1651 a 1658 Informe Pericial), (fs. 1771 a 1774 Examen de Peritos) y T.G. y JESÚS CABALLERO (fs. 1711 a 1714 Informe Pericial), (fs. 1769 a 1770 Examen de Peritos) y el error consistió en que, a pesar que de esos dictámenes, concordantes todos, se desprende con suficiente mérito o valor de convicción la excelente situación económica de la empresa con responsabilidad en el pago de la indemnización por daño moral, INDUSTRIAS LÁCTEAS, S., el Tribunal dejó de atribuirle mérito, como era obligante, para determinar el monto de la indemnización, en la medida que solo reconoció la suma de trescientos mil balboas (B/.300,000.00) a favor de M.D.C.M.D.C.. El error condujo al Tribunal a la infracción de la ley.

OCTAVO

Los errores de apreciación en que incurrió el Tribunal Superior, dieron lugar y lo condujo a la infracción de la norma sustantiva que obliga a reparar el daño causado a quien lo cause por acción u omisión, mediando culpa o negligencia en la medida que la sentencia reconoce parcialmente esa reparación al condenar al pago de una suma menor al monto del daño material causado y al dejar de reconocer la indemnización a dos de los demandantes en concepto de daño moral. El error condujo al Tribunal a la infracción de la ley.

NOVENO

Los errores de apreciación en que incurrió el Tribunal Superior, que dieron lugar a la infracción de las normas sustantivas de derecho resultaron de influencia sustancial en lo dispositivo de la resolución recurrida, en la medida que por el error se condenó a la parte demandada al pago de una suma menor a la demandada y demostrada en concepto de daño material que incluye daño emergente y el lucro cesante, así como el monto de la indemnización del daño moral en cuanto solo lo reconoció y por suma inferior a la demostrada, a favor de M.D.C.M.D.C. y que negó en relación a los otros demandantes, hijo y madre del difunto. Sin el error la decisión debió ser distinta y que reconociera, conforme a lo probado, la pretensión ejercida." (fs. 2148 a 2155)

Las disposiciones legales infringidas por el fallo recurrido que cita la censura son las contenidas en los artículos 781, 857 (numeral 4), 871, 917 y 980 del Código J.icial y en el artículo 1644 y 1644a del Código Civil.

Con respecto a los motivos de la causal ha de destacarse, en primera instancia, que más que cargos de injuridicidad contra la sentencia, lo que en términos generales contienen estos son disconformidades de la censura con respecto al valor probatorio que le otorga el fallo recurrido a los medios de convicción que señala con tal carácter. En otras palabras, la censura no identifica los errores de juicio, propiamente tal, en que incurre el juzgador con respecto a la valoración de las pruebas que señala, puesto que no indica el razonamiento de las pruebas por parte del tribunal ni, por ende, tampoco expone en qué consiste lo arbitrario o ilógico del mismo, limitándose a afirmar con respecto a casi todas las pruebas a las que se refiere en los motivos, que no se les reconoce el valor que les confiere la ley, lo que en modo alguno constituye, per se, yerro fáctico.

Lo expuesto, desde luego, no implica la desestimación de la causal por tal razón, ya que la ley dispone que una vez admitido el recurso no puede desestimase en el fondo por razones formales. Sin embargo, no puede soslayar la Sala tampoco el carácter extraordinario del recurso de casación, por lo que no cabe a través de este hacer una nueva valoración de las pruebas, como si se tratara de una tercera instancia del proceso, ya que su finalidad es enmendar vicios o errores de ilegalidad concretos cometidos por el fallo recurrido en relación con la valoración de las pruebas o aplicación de la ley. De manera entonces, que el hecho que no permita la norma comentada que en el análisis de fondo del recurso se utilicen argumentos de forma para desestimar este, en modo alguno supone la obligación del tribunal de casación de revisar la valoración del tribunal ad-quem, ya que ello excede su competencia.

Una interpretación armónica de las normas legales en juego, que respete el carácter extraordinario del recurso, por ende, implica concretar el examen de la causal en cuyos motivos no se adviertan errores probatorios contra la sentencia recurrida, al examen del razonamiento que hace el tribunal ad-quem de las pruebas que considera la censura mal valoradas a fin de determinar si tales motivos o razones en que se basa este para reconocerle o negarle mérito o valor de convicción, resulta ilógico o arbitrario.

Bajo tal consideración, se procede entonces al análisis de los motivos de la causal, en los que advierte esta Superioridad, que la primera de las objeciones que la censura le formula a la sentencia impugnada, específicamente en los dos primeros motivos, guarda relación con pruebas, una documental y otras testimoniales, que versan sobre el daño material. Alega la censura que el fallo recurrido no les confiere valor conforme a la ley, no obstante que el documento privado, el cual constituye una nota visible a foja 23, expedida por la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES (COCIGE), en la que le formula esta empresa una oferta laboral al I.C.C. antes de su muerte, expresa que la remuneración mensual que recibiría por dicho empleo, a partir de enero del año 2000, sería por la suma de B/.3,000.00. Tales hechos, así como la aceptación de la oferta de trabajo son corroborados, de acuerdo con la censura, por los testigos RIICARDO FÁBREGA (Presidente de la empresa), MAYRA ROSARIO BARAHONA (Gerente Administrativa de la empresa) R.C., A.R. y R.C.. A juicio de la parte casacionista, como consecuencia de la valoración incorrecta de las pruebas indicadas por la sentencia recurrida, tasa esta el daño material causado a la esposa e hijo de la víctima del delito de homicidio en una cuantía inferior a la exigida.

Con respecto al extremo fáctico tratado, el fallo recurrido expresa lo siguiente:

"En primer lugar vamos a referirnos a la controversia generada por la valoración que hizo la Juez del documento expedido por la Empresa Construcciones Civiles Generales, S. A. (foja 226), que a juicio del Tribunal es un documento privado en el cual se consigna una oferta de trabajo para el finado. Por supuesto que la apelante a través de la complementación de otras pruebas ha querido convencer al Tribunal que -per se- el documento debe tenerse de referente para establecer la proyección económica que satisfaga sus pretensiones. Pero esto no puede ser así porque además de las enumeradas razones legales que lo impiden y que en buena hora detalló la Juez de instancia, con las cuales estamos de acuerdo, la oferta de trabajo plasmada en el documento, simple y sencillamente es eso, una propuesta laboral, una mera expectativa que como tal no genera derechos y obligaciones entre las partes, menos en este caso en particular en el que no aparece por ningún lado la aceptación del trabajador". (fs. 2029-2030)

Como se aprecia, la sentencia recurrida hace suya la valoración del juzgador de primera instancia de los medios de prueba documental y testimoniales que estima la censura mal valorados, ya que en su concepto estos no permiten confirmar lo alegado por la censura, sobre la posibilidad real de la contratación del occiso C.M.C. para trabajar en la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES. Además, que tales pruebas no permiten apreciar el acuse de recibo o aceptación por parte del occiso CHAVARRÍA de dicha oferta, las que, de otra parte, no le generan tampoco al tribunal ad-quem la convicción en relación con tal hecho, dado que la referida empresa pertenece a R.C., esposo de la demandante M.E.C.D.C., quien es la madre del occiso C.M.C..

El fallo de primera instancia, por su parte, en el análisis que hace de las pruebas indicadas por la censura en los dos primeros motivos, en lo pertinente a los testimonios, expresa que algunos son de referencia y al testigo R.C. lo califica de sospechoso, por razón del vínculo que le unía a C.M.C.. Por su lado, la nota mediante la cual se le comunica la oferta de trabajo al occiso CHAVARRÍA, el juzgador de la causa sostiene que no cumple con los requisitos que exige la ley para la valoración probatoria de los documentos privados.

Estima la Sala, por ende, que el fallo del Tribunal Superior, en el que se aprecia que, además de validar el razonamiento probatorio del tribunal de primera instancia con respecto a las pruebas que estima la censura mal valoradas, se expresan razones adicionales a las señaladas en dicha sentencia para negarles el mérito que la recurrente reclama para tales pruebas, no se advierte que resulte el enjuiciamiento probatorio respectivo arbitrario o que obedezca este a un puro decisionismo judicial, lo cual, de otro lado, tampoco alega ni mucho menos demuestra la censura, de ahí que no encuentre la Sala razones para estimar en este aspecto la comisión por parte del tribunal ad-quem de un vicio de ilegalidad que amerite casar su decisión.

En el motivo tercero, expresa la censura su disconformidad con el valor de convicción otorgado por el fallo recurrido a las pruebas periciales y exámenes de los respectivos peritos, que versan sobre la cuantía del daño material (lucro cesante y daño emergente), el cual es cuantificado en un monto superior al que reconoce la sentencia recurrida. No expresa, sin embargo, la parte recurrente en este motivo tampoco el error de juicio en que incurre el Tribunal Superior con respecto al examen de tales medios de prueba, limitándose a señalar que se basan en los principios científicos, que son concordantes y que el fallo les niega el valor que les reconoce la ley sin mayor fundamento.

Con respecto al valor que le merecen las pruebas periciales a las que se refiere la censura, el tribunal ad-quem en su sentencia objeto del recurso de casación externa lo siguiente:

"Pues bien, el Tribunal ha revisado las operaciones aritméticas y encuentra que no es cierto que la Juez haya ignorado los peritajes. Al contrario, no hizo otra cosa que aplicar lo dispuesto en el artículo 980 del Código J.icial...

En el fallo, además de que se alude a los informes, se aprecian conclusiones razonadas que tuvo la Juez para valorar los hechos, referenciándose en otros elementos de prueba y en su sana crítica, facultad que como vemos le confiere la norma citada.

Que en este caso haya asociado los informes con otras pruebas o bien que se haya inclinado por uno o por otro dictamen, no supone una actuación marginada del procedimiento o de sus potestades.

Hay que dejar aclarado que ciertamente los señores peritos elaboraron los informes y realizaron sus proyecciones, sustentando sus conclusiones en sus especialidades y en su reconocida experiencia. Pero aun así, el Juez debe interpretar los informes como lo que son: herramientas de apoyo jurisdiccional y no de buenas a primera aceptar como cierto todo lo que le cuentan bajo la premisa de que es un hecho probado por que "lo expresaron los expertos". No puede ser así porque en la altísima y compleja responsabilidad de administrar justicia el que tiene la última palabra es el Juez, quien al interpretar no únicamente debe considerar las manifestaciones periciales sino todas las pruebas conducentes a la comprobación de un hecho.

|Después de todo, en cualquier caso las conclusiones a que llegan los peritos son opiniones de especialistas, que muchas veces se ven influenciadas por los intereses de las partes que los propone y les cubre sus honorarios. En otros casos los peritos parten de consideraciones erradas, puesto que algunas materias no son de su dominio. Un ejemplo lo vemos en este caso donde los peritos, con evidente desaciertos, se adentran a realizar sus proyecciones tomando como referente instituciones jurídicas que por su complejidad han sido materia de debates hasta ahora inconclusos. Aún así se atreven a determinar, por ejemplo: qué es daño moral, qué es daño emergente y hasta lucro cesante: luego con base a estas erradas consideraciones lanzan sus proyecciones que lógicamente son desestimadas, no porque fallen los cómputos aritméticos, sino porque no tienen base cierta." (fs. 2032 a 2034)

Como se aprecia, no resulta acertada la afirmación de la censura en el sentido que el fallo recurrido no razona el valor probatorio que le merecen las pruebas analizadas, sino que, por el contrario, del extracto del fallo recurrido citado se aprecia claramente que el tribunal ad-quem explica o expresa las razones en que se apoya para no conferirles el mérito de convicción que reclama la censura para fijar la cuantía de la indemnización del daño emergente y lucro cesante que exige, enjuiciamiento este que, ha de indicarse, no estima la Sala infundado ni irrazonable. Por el contrario, coincide esta Superioridad con tal razonamiento, dado que como atinadamente advierte el fallo impugnado, los peritos son auxiliares de la justicia, no reemplazan al juez en su labor de decidir. Consecuentemente, el dictamen pericial constituye una prueba cuya validez y mérito probatorio tiene que ser sopesado por el juzgador, teniendo en cuenta las reglas de valoración que para tales efectos dispone el Código J.icial (artículo 980) y en relación con las demás pruebas que sobre los hechos respectivos consten en el expediente.

El juez, por ende, no está obligado a someterse al resultado de los dictámenes de los peritos, como sugiere la parte recurrente, sino que la ley lo obliga, más bien, a confrontar estos con el resto del material probatorio allegado al proceso, aplicando también la sana crítica, a objeto de fijar los hechos que constituyen los presupuestos de la norma que consagra el derecho sustantivo reclamado en juicio. Por consiguiente, si la parte recurrente estima que el razonamiento expresado por el fallo recurrido para no reconocerles el valor probatorio que reclama resulta arbitrario, irrazonable o ilógico, ha debido en todo caso establecerlo o demostrarlo, lo que empero no hace, debiendo por tanto la Sala, sobre la base de las consideraciones señaladas, desestimar sus objeciones por falta de asidero.

Prosiguiendo con el análisis del recurso, en el cuarto y siguientes motivos la censura le formula objeciones o disconformidades relacionadas con el valor que le reconoce la sentencia recurrida a pruebas, en su mayoría también de carácter pericial, las que versan sobre la existencia y cuantía del daño moral reclamado por los codemandantes M.D.C.M.D.C., en su calidad de esposa de la víctima, y por el hijo menor de edad de ambos, C.A.C.M., así como también de pruebas periciales sobre la solvencia económica de la codemandada INDUSTRIAS LÁCTEAS, S., para soportar el pago de la cuantía del daño moral estimado por los dictámenes periciales mal valorados.

Así pues, en cuanto a los dictámenes periciales de los psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales con respecto a la evaluación de la afectación moral sufrida por el codemandante C.A.C.M., en el motivo cuarto y quinto se sostiene que el fallo recurrido no le confiere el valor de convicción a dichas pruebas que les dispensa la ley para demostrar la existencia del referido hecho, pese a que de tales peritajes se desprende el perjuicio moral que ha sufrido y que sufrirá el menor de edad por la muerte de su padre, ya que estima el Tribunal Superior que al momento de registrarse la muerte de su padre, carecía de la capacidad para experimentar afectación psicológica debido a su edad.

Por su parte, en relación con el daño moral alegado por la codemandante M.D.C.M.D.C., se alega en el motivo sexto que el dictamen de los peritos L.C.G. y C.R.C., ha sido mal valorado por el fallo impugnado, por cuanto este en base a los peritajes rendidos por psicológicos, psiquiatras y trabajadores sociales en el proceso, establece que el daño moral sufrido por MUÑOZ DE CHAVARRÍA es superior a la suma reconocida por la sentencia impugnada.

Ahora bien, conviene revisar la motivación del Tribunal de la alzada con respecto a los extremos fácticos tratados. Se permite la Sala, pues, transcribir en lo pertinente el fallo recurrido:

"En relación al daño moral que la Juez reconoció a favor de la esposa e hijo del finado, la recurrente en primer lugar formula algunas aclaraciones conceptuales sobre la diferencia entre reparación y consolación. Seguidamente cuestiona que en la consideración del hecho la Juzgadora haya concebido la reparación del daño moral para los dos como si fueran una misma persona, enfatizando que esa apreciación es incorrecta porque el daño moral es personal e individual.

Sobre el primer punto creemos que está demás la aclaración de que el concepto adecuado es el de reparación y no de consuelo o premio. Aparte, en la exposición no se aprecia la menor intención de agraviar alguna persona sino la de motivar e ilustrar el fallo, cuestión que como todos sabemos en el ámbito judicial es una responsabilidad del Juzgador.

Hecha la salvedad y respecto a la unificación en el reconocimiento del daño moral, debemos señalar que si bien compartimos algunos argumentos de la recurrente en cuanto a la individualización, no podemos dejar de considerar que en este caso se trata de la madre y el hijo menor que para la fecha del suceso apenas contaba con cuatro meses de nacido. El infante, a la fecha en que ocurre el deceso no se encontraba en la condición de registrar el hecho como para sentirse emocionalmente afectado. Es decir, que la relación entre padre e hijo estaba en sus inicios, por lo cual era muy poco probable que resintiera la pérdida como si fuera una persona de más edad.

Y con esta apreciación del hecho no estamos afirmando, menos en esta materia tan complicada de la naturaleza humana, que el menor no haya sufrido una afectación por perder repentinamente al padre. Sabemos que sufrirá ante la ausencia de tener que formarse sin el apoyo de la figura paterna, pero una variable así no puede tomarse como referente para -en todos los casos- reconocer una reparación en vista que para el Tribunal el hecho no necesariamente debe truncar la vida ni las aspiraciones de la persona. Al contrario, así como el desceso de uno de los padres, provoca que el sobreviviente se esmere por llenar el vacío que queda en el hijo, en ocasiones también sirve de estímulo y de motivación adicional para seguir adelante. Ejemplos son muchos en los que hombres de reconocido éxito en la vida, a pesar de condiciones adversas, divorcios, separaciones o de haberse criado con parientes distintos a los padres, no solo han logrado todos sus sueños sino que han dejado huellas imborrables de su paso por la vida.

La apelante tampoco está de acuerdo con la cantidad que se reconoció, en concepto de daño moral, de la esposa y la madre del fallecido.

Al igual que sobre puntos anteriores, en este también el Tribunal ha revisado la operación hecha en la primera instancia y no encuentra razones ni pruebas para variarla. Sobre todo porque obedecen y están fundamentadas en el examen discrecional, según las reglas de la sana crítica, que realizó en su momento la Juez."(fojas 2034 a 2036)

Se aprecia pues que con respecto al menor C.A.C.M., la decisión recurrida para negarles valor de convicción a las pruebas periciales que estima la censura mal valoradas en relación con el daño moral cuya indemnización reclama en su condición de hijo menor de edad de la víctima, se basa en que este tenía a penas cuatro meses de nacido cuando se produjo el deceso de su padre, razón por la que es improbable que hubiera experimentado daño emocional como consecuencia de la pérdida de su padre.

El daño moral, el Código Civil en su artículo 1644a lo define como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien la consideración que de si misma tienen los demás. Podría decirse que en sentido estricto se refiere el precepto propiamente a aquellos perjuicios ciertos o existentes al momento de presentarse la reclamación de la indemnización correspondiente. Si embargo, la doctrina y jurisprudencia más reciente, con un criterio más amplio, el cual sigue la Sala, estima que dentro del daño moral indemnizable no solo ha de considerarse el perjuicio moral actual, sino también el daño moral futuro, es decir, aquel perjuicio que ha de experimentarse con posterioridad al ejercicio de la acción civil, siempre que con respecto al mismo exista certidumbre racional de que con posterioridad surgirá.

Esta precisión entre daño moral actual y futuro, conviene tenerla muy en cuenta en el caso tratado, en el que se discute si como consecuencia de la muerte de un progenitor puede un niño de escasos meses de nacidos sufrir un perjuicio moral. Sobre el particular la doctrina comparada, tratándose de daño moral actual o presente, niega la posibilidad que los recién nacidos sufran este tipo de perjuicio, sobre la base de que "están incapacitados para sufrir un agravio moral en razón de carecer los mismos de la receptividad necesaria para sentir el sufrimiento íntimo característico de tal especie de daño" (R.H.B.. "El Daño Moral". 1967: pág. 241). La ausencia de una comprensión adecuada en el recién nacido del concepto de la muerte, hace impropio hablar en su caso de afectación emocional o psicológica actual. Ahora bien, tratándose de daño moral futuro el parecer de la doctrina y jurisprudencia comparada es contrario, es decir, que sostienen el criterio de que el infante sí puede padecer esta clase de daño, pues eventualmente al alcanzar el desarrollo intelectivo suficiente, que le permita entender y, consecuentemente, sentir la ausencia de su progenitor, es previsible el sufrimiento o afectación psicológica que ese vacío parental ha de producirle.

Este último criterio, lo recoge la jurisprudencia comparada, caso de la colombiana, en precedente que cita y comenta el civilista colombiano V. Posada en el extracto de su obra que se permite la Sala transcribir:

"la Corte Suprema de Justicia en 1971 aplicando los principios generales de la reparación del daño concedió indemnización por daño moral futuro cierto a una infante de 10 meses de edad. La menor había perdido a su padre en un accidente y la Corte accedió a la reparación de daño moral futuro con los siguientes considerandos:

"La Corte... considera que la cónyuge de la víctima sufrió un gran dolor por su desaparición, pero que la menor ya que solo contaba con 10 meses de edad, no experimentó un dolor análogo, pero no deja de ser verdad que más tarde tendría que sentir una cierta pena por la falta de un padre. Debe admitirse que la menor también sufrió un perjuicio moral subjetivo por la trágica muerte de su progenitor, perjuicio que si bien es futuro, tiene la misma categoría de certeza que el material, el perjuicio futuro pero cierto es indemnizable". (V. Posada, O.. I.J.d.D.M. en Colombia, pág. 17).

Igualmente, se le reconoce carácter cierto al daño moral futuro con respecto al infante como consecuencia de la muerte de su progenitor, en otro precedente que recoge la jurisprudencia comparada, dado que se estima que "en el caso de un menor, que a la época del accidente contaba con tan corta edad que ni siquiera conoció a su padre (un mes y días) es especialmente apreciable el dolor que habrá sufrido durante los años posteriores al ilícito, el cual se configura con la ausencia de protección y seguridad que indudablemente otorga la figura paterna, con los graves perjuicios espirituales y psíquicos que ello trae aparejado a lo largo de su crecimiento". (Precedente citado por E.I.H. y otros. "Cuantificación de Daños Personales. Publicidad de los Precedentes y Posibilidad de Generar un Baremo Flexible a los Fines de Facilitar Decisiones Homogéneas y Equilibradas", pág. 167)

Estima la Sala, en consecuencia, que puesto que los infantes con pocos meses de nacidos, como resulta apenas lógico suponer, no cuentan con la capacidad para comprender el hecho relativo a la muerte de su padre o madre, no puede concluirse que experimenten estos algún tipo de sufrimiento o afectación emocional o moral al momento de producirse dicho hecho. Por consiguiente, comparte la Sala el criterio del Tribunal Superior con respecto a negar la existencia del daño moral actual que reclama haber sufrido el codemandante C.A.C.M., ya que resulta conforme a la razón y la lógica inferir del hecho, que por demás consta en autos, de que al tiempo de producirse la muerte de su progenitor este contaba con apenas cuatro meses de nacido, que carecía de la facultad o conciencia para comprender tal suceso y, por tanto, de valorar la pérdida sufrida, así como del vínculo de apego o emocional con el progenitor, que permita hablar de la existencia de una afectación emocional o psicológica cierta. De ahí que no deviene en arbitrario el razonamiento probatorio del tribunal en relación con los dictámenes periciales como consecuencia de lo cual le resta mérito de convicción con respecto al daño moral actual o presente del hijo de la víctima.

Situación distinta ocurre, empero, con el daño moral futuro del hijo de la víctima de homicidio, cuya evaluación o razonamiento fáctico expresado por el tribunal de la alzada para desestimarlo sí resulta ilógico. En la sentencia impugnada, pese a reconocerse que el hijo menor de edad de la víctima "sufrirá ante la ausencia de tener que formarse sin el apoyo de la figura paterna", desestima dicha pretensión sobre la base de que, "no en todos los casos necesariamente la muerte del padre de un recién nacido conlleva afectación a su vida ni las aspiraciones de la persona, ya que en algunos casos más bien lo motiva a llenar ese vacío dejado por el padre o la madre y se convierte en su estímulo adicional para seguir adelante".

Como viene indicado, una de las condiciones o presupuestos para el reconocimiento del daño moral futuro es la certeza de que el daño ha de producirse. Pues bien, sabido es que los padres son los pilares fundamentales para la formación adecuada de la personalidad de sus hijos. Por ende, resulta conforme a la razón inferir que la privación de la figura paterna o materna para un individuo a escasos meses de nacido, la cual deberá sobrellevar en todas las etapas de su crecimiento, constituye un gran vacío, que habrá de impactar su normal desarrollo personal, emocional y social, es decir, que en estos casos por tratarse del padre del niño, es evidente que esa ausencia va a producirle a este a futuro un daño emocional.

La sentencia impugnada con base en la experiencia, podría decirse, para desestimar el daño moral futuro reclamado, sostiene que para algunas personas la pérdida de un progenitor no constituye impedimento para el logro de la superación personal o profesional. En concepto de la Sala, no es dable utilizar la superación personal como parámetro para desestimar en forma categórica y sin ningún sustento objetivo, además, la certeza del daño o afectación emocional futuro en el infante producto del vacío parental sufrido, ya que en principio, el hecho que una persona en tales circunstancias alcance la superación personal y profesional, no permite inferir que la misma no ha experimentado afectación moral por la ausencia de su progenitor. En tal razonamiento se soslaya, además, que adversidades del tipo señalado siempre suponen un coste o esfuerzo personal adicional para el logro del desarrollo personal y que, aun teniéndose por válida dicha inferencia, se trataría en todo caso de una excepción, que más bien viene a confirmar la regla. Por ende, mal puede extraer el juez de tales experiencias particulares conclusiones aplicables a la generalidad de los casos, salvo que la misma estuviera apoyada en evidencias que consten en autos que comprueben tal tesis, lo que no se aprecia.

Por otro lado, la certeza del daño moral futuro del recurrente encuentra respaldo probatorio en los medios de convicción que la censura estima erradamente valorados, concretamente se hace referencia a la evaluación psiquiátrica practicada al menor C.A.C.M., por el Médico Psiquiatra M.I.P.F., así como el dictamen rendido por la perito designada por el tribunal, la Psicóloga DONNA CÓRDOBA. Tanto el primero, a foja 917, como la segunda, a foja 973, señalan que el menor de edad C.M. requiere atención psicológica, ya que todavía "le quedan etapas de desarrollo que cumplir y en las que la figura paterna juega un papel fundamental". De igual manera, en la evaluación psicológica del D.E.P., se indica a foja 979 con respecto al menor C.M., que cuando muere su padre, no tiene este conciencia de "qué son sentimientos de seguridad ni protección por parte de su padre", pero que "puede presentar complicaciones del trastorno de las emociones por no contar con la presencia de su padre en el futuro".

En suma, pues, los elementos de pruebas examinados permiten establecer que el daño moral futuro reclamado por el codemandante C.A.C.M., reúne carácter de cierto, condición esencial para el reconocimiento de dicho perjuicio, como se ha indicado, por lo que desde esta perspectiva se incurre en error en el enjuiciamiento de las pruebas en cuestión, en el fallo impugnado.

También, en relación con el tema del daño moral futuro del codemandante C.A.C.M., pero ya en lo pertinente a la cuantía del mismo, se alega la errónea valoración de la prueba pericial rendida por los Contadores Públicos Autorizados L.C.G. y C.R.C., quienes determinan el monto de la referida indemnización en la suma de B/.1,500,000.00. Vale acotar, que este es un aspecto que, por comprobado el vicio de ilegalidad atribuido al fallo en relación con las pruebas del mismo, corresponde a la Sala analizarlo en la sentencia de reemplazo, que ha de dictarse como consecuencia de la revocatoria de la sentencia de primera instancia, para subsanar el vicio de ilegalidad demostrado.

Finalmente, en lo atinente a la objeción de tipo probatoria planteada en el recurso con respecto al daño moral cuya indemnización reclama la codemandante M.D.C.M.D.C., la cual guarda relación específica con la cuantía del mismo. El fallo recurrido en casación, el cual se deja citado ut supra, en este aspecto confirma la decisión del a-quo, que tasa dicho daño en la suma de $.300,000.00, toda vez que la misma hace una correcta valoración de los medios de impugnación del expediente que versan sobre este extremo fáctico. El argumento de la censura se centra en que no se reconoce la suma establecida en los peritajes aportados al proceso, lo que per se no constituye tampoco un error de juicio. Se ha indicado ya, que el artículo 1644a del Código Civil en su último párrafo deja al juez la tarea de cuantificar el daño moral, para lo cual le establece varios parámetros, los que atienden a criterios de equidad y razonabilidad de la misma. La censura no alega ni mucho menos demuestra que la suma fijada incumple con tales parámetros legales, que pudiera llevar a la Sala a la consideración de que se ha incurrido en un error de enjuiciamiento fáctico en la cuantificación del daño. Tampoco encuentra la Sala que la evaluación que hace el fallo recurrido del hecho en cuestión y las razones en que se basa para desestimar la cuantía que fija la prueba pericial que estima mal valorada la censura, resulta arbitrario o irrazonable, sino que, por el contrario, dicho aspecto es motivado de manera suficiente, sin que se aprecie arbitrariedad en el mismo, resultando en consecuencia infundada la objeción de la censura.

Como quiera que del recurso de casación propuesto por los actores se demuestran los cargos de ilegalidad que guardan relación con el reconocimiento del daño moral reclamado por M.E. CÁRDENAS DE CHANG y C.A.C.M., corresponde CASAR la sentencia recurrida, proferida el 7 de noviembre de 2008, por el Tribunal Superior del Segundo Distrito J.icial y actuando en calidad de tribunal de instancia, REVOCAR la sentencia N°05 de 21 de enero de 2008, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de Veraguas, el 21 de octubre de 2008 y en su lugar dictar sentencia de reemplazo.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Conviene acotar, en primera instancia, que mediante la sentencia de reemplazo se resolverá exclusivamente sobre la cuantificación del daño moral que le corresponde percibir a los codemandantes M.E. CÁRDENAS DE CHANG y C.A.C.M., en su condición de madre e hijo, respectivamente, de la víctima de homicidio, C.M.C.. Con respecto al daño material de los actores M.D.C.M.D.C. y C.A.C.M., como quiera que este ha sido objeto de examen en casación por la Sala, por razón de las objeciones que le formularan a la sentencia de segunda grado, tanto la parte actora como la parte demandada, no habiéndose comprobado vicio de ilegalidad alguno cometido por el fallo de segunda instancia, juzga la Sala pertinente acoger lo resuelto por el Tribunal Superior en cuanto a este punto.

La labor de cuantificar el daño moral, constituye una de las que más dificultad suscita al juzgador, por el hecho de tratarse de un daño extrapatrimonial, es decir, que recae sobre bienes o derechos que no se pueden reponer, porque no circulan en el tráfico jurídico, tales como el honor, el dolor, la tristeza, etc. De ahí que, si bien el Código Civil utiliza la expresión reparación del daño moral (artículo 1644a), ha de acotarse que tal indemnización no cumple una función propiamente reparadora, como ocurre con el daño material, sino que constituye esta, más bien, una compensación económica por el perjuicio moral sufrido por la víctima, según lo sostiene la doctrina mayoritaria. Por ende, al fijar la indemnización el juez no busca con ello reparar al demandante el derecho lesionado, es decir, retrotraerlo a la situación en que se encontraba antes de que se produjera el hecho causante del daño sufrido, pues el sufrimiento o afectación psicológico una vez tienen lugar, no puede borrarse.

Es preciso, también, que se tenga en claro, que tampoco tiene la indemnización del daño moral carácter de daño punitivo o punitive damages (como se le denomina en el Derecho anglosajón), por lo que no debe entendérsele como una especie de "plus de indemnización que se concede al perjudicado, que excede del que le corresponde según la naturaleza o alcance del mismo"(F.R.C. (coordinador). Lecciones de Responsabilidad Civil. A., España, 2002, pág. 37). Por ende, no puede pretenderse, a través de la compensación del daño moral la obtención de un enriquecimiento o lucro indebido, sino que se reitera que su cálculo ha de obedecer a criterios de razonabilidad, proporcionabilidad y equidad, aspectos a los que apunta precisamente la norma del artículo 1644a del Código Civil, la cual le señala al juez los parámetros en los que debe enmarcarse para fijar el quantum indemnizatoriode dicho daño, a saber, los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

Teniendo de presente los parámetros señalados, conviene indicar, que con respecto al daño moral cuya reparación reclama M.E.C.S.D.C., constan en autos su parentesco con la víctima del delito de homicidio, C.M.C., es decir, de madre de este. También obran en el expediente pruebas periciales y testimoniales que permiten advertir la relación cercana que mantenía la codemandante M.E.C.S. DE CHANG con su hijo, por lo que no cabe duda de la existencia del perjuicio moral que la muerte de su hijo le produjo.

Ahora, en cuanto a la cuantía del perjuicio moral reclamado, la cual la codemandante establece en la suma de B/.500,000.00 y aporta al proceso en relación a dicho extremo fáctico peritajes que dictaminan la cuantía del mismo, cabe acotar que constituye esta una labor que la ley encarga al juzgador, señalándole, como se ha indicado, los elementos que ha de tener en cuenta para tal operación. En este sentido, si bien no ignora la Sala el dolor y sufrimiento que ha debido ocasionarle la muerte de su hijo a la codemandante M.E.C.S.D.C., sin embargo no se advierte de las evaluaciones psicológicos que le fueron practicadas y que obran en autos, que dicha afectación sea de tal gravedad que le haya ocasionado algún tipo de trastorno psicológico o demencia, sino que se trata, más bien, de un trauma psicológico que puede tratarse profesionalmente. Tampoco consta en autos otros elementos como el dolo por parte de los demandados de causar intencionalmente el daño reclamado ni la proporcionalidad entre la suma exigida como compensación con respecto a la situación económica de la demandada, resultando, por ende, exorbitante la misma. Para la Sala, atendido los criterios legales señalados, ha de estimarse el daño moral en la suma de OCHENTA MIL DÓLARES ($.80,000.00), la cual se estima, en base a la situación económica de la parte demandada, al menos de la empresa, que esta cifra resulta razonable a los efectos de que puedan hacerle frente al pago de la misma, en adición a la condena por el daño material reconocida a través del presente proceso.

En cuanto a la cuantía del daño moral futuro del codemandante C.A.C.M., la cual se fija en la demanda en la suma de $.1,000.00, se ha dicho que la parte demandante aporta al proceso la prueba pericial rendida por los Contadores Públicos Autorizados L.C.G. y C.R.C., quienes determinan el monto de la referida indemnización en la suma de B/.1,500,000.00.

Como ha quedado expuesto, pues, la compensación económica por el daño moral no tiene por propósito facilitar un enriquecimiento indebido a quien lo ha sufrido, por lo que su tasación ha de responder a precisos criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es así que, al daño moral del codemandante C.A.C.M., con respecto al cual juegan los mismos elementos y criterios tenidos en cuenta para tasar el daño moral de la codemandante M.E.C.S.D.C., salvo que en el caso de C.M., como quiera que se trata solamente del daño moral futuro, no puede estimarse en la misma suma reconocida a la progenitora de la víctima, sino que corresponde fijarlo en una cuantía inferior. En este aspecto, juzga la Sala razonable fijar en la suma de $.40,000.00, la indemnización del daño moral futuro examinado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 7 de noviembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito J.icial en el proceso ordinario propuesto por la Dra. ALMA LÓPEZ DE VALLARINO en nombre y representación de M.D.C.M.D.C., del menor de edad C.A.C.M. y de M.E. CÁRDENAS SÁENZ DE CHANG contra INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. y M.Q.M., asistida por la firma de abogados IGRA, y actuando como tribunal de instancia REVOCA la sentencia N°05 de 21 de enero de 2008, dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de Veraguas, Ramo Civil, y en su lugar procede a dictar sentencia de reemplazo, por lo cual RESUELVE:

  1. CONDENAR a los demandados INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. y M.Q.M. solidariamentea pagar a favor de los actores M.D.C.M.D.C. y su hijo menor de edad C.A.C.M. la suma de NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES CON 40/100($.909,238.40), en concepto de daño material.

  2. CONDENAR a los demandados solidariamente a pagar en concepto de daño moral a los actores M.D.C.M.D.C., la suma de TRESCIENTOS MIL DÓLARES ($.300,000.00); a su hijo menor de edad C.A.C.M., el monto de CUARENTA MIL DÓLARES($.40,000.00); y a M.E. CÁRDENAS SÁENZ DE CHANG la suma de OCHENTA MIL DÓLARES ($.80,000.00).

  3. Las costas del proceso a favor de los actores se tasan en la suma de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES CON 40/100 ($.102,238.40).

  4. Las costas que deben pagar los actores a favor de los demandados, por razón de lo que dispone el artículo 1075 del Código J.icial, se fijan en la suma de SESENTA MIL DÓLARESCON 00/100 ($.60,000.00).

N.,

HARLEY J. MITCHELL D.

OYDÉN ORTEGA DURÁN -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)