Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 3 de Marzo de 2015

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución: 3 de Marzo de 2015
Emisor:Primera de lo Civil
 

VISTOS: Pendiente de resolver cursa ante esta Sala Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación incoado por la parte actora, contra la sentencia de 18 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario que REITON DELVAR OLMOS, GENEROSO A.O.G., E.O.O.G., M.O.O.G., L.G.O.G., W.E.C. y M.L.R. le siguen a D.S.D.O. y D.E.C. AYALA (N. Público Octavo del Circuito de Panamá), decisión que revocó el fallo de primera instancia, y que en su lugar negó la pretensión ejercida por la parte demandante. ANTECEDENTES Los comentados pretensores acudieron a la vía ordinaria, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto mediante el cual se protocolizó la Escritura Pública No.3730 de 16 de abril de 1999, expedida por la Notaría Pública Octava del Circuito de Panamá, y por ende, la nulidad de la propia Escritura Pública, mediante la cual el señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (q.e.p.d.) supuestamente otorgó Testamento Abierto a favor de D.S.D.O., por estar conformada en inobservancia del artículo 717 del Código Civil, y por no haber sido firmada de puño y letra por dicho señor. En caso de que se considerara que ese Testamento Abierto es válido, los postulantes solicitaron que se proclame que D.S. DE OLMOS, heredera declarada no tiene derecho a recibir los bienes del caudal hereditario por indignidad, como consecuencia del proceso penal que en su contra se tramita en el Juzgado Municipal del Distrito de Bugaba, por el delito contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, por el que se ha pedido su llamamiento a juicio. Después de sometido a los trámites de reparto, asumió el conocimiento del litigio el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, Ramo de lo Civil, mismo que le imprimió formal admisión a la demanda, y que dispuso el respectivo traslado. Surtidas las fases de saneamiento, probatoria y de alegatos, se desató la litis mediante la Sentencia No.2 de 18 de marzo de 2009 (fs.3291-3306), en la cual se declaró lo siguiente: "1) Que es Nulo el Acto mediante el cual se protocolizó la Escritura Publica N°3730 de fecha 16 de abril de 1999 corrida en la Notaría Pública Octava del Circuito de Panamá, y por ende la propia Escritura Pública, por cuanto fue conformada en violación directa de la Ley, al no haberse observado lo que estipula el artículo 717 del Código Civil. 2) Que existe nulidad absoluta del Acto mediante el cual se protocolizó la Escritura Pública N°3730 de fecha 16 de abril de 1999 y por ende la propia Escritura Pública, corrida en la Notaría Pública Octava del Circuito de Panamá, que corresponde al Testamento Abierto supuestamente firmado por el difunto GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.) porque la firma estampada en dicha Escritura Pública no fue puesta de puño y letra por GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.). Igualmente en dicha Escritura Pública consta que se firmó ante los testigos instrumentales OLGA AMAYA VDA. DE HERRERA con cédula de identidad personal número 3-25-918, M.M. con cédula de identidad personal número 8-744-1733 y GUMERCINDA PARDO MARTINEZ con cédula de identidad personal N°8-528-113, quienes son vecinos de la Ciudad de Panamá, sin embargo, quien otorga el testamento es vecino del Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí, de tránsito en la Ciudad de Panamá, mal podrían estas personas que firmaron como testigos, conocer al testador. 3) Como consecuencia de la declarada nulidad de la Escritura Pública N°3730 de fecha 16 de abril de 1999 corrida en la Notaria Pública Octava del Circuito de Panamá mediante la cual el señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO supuestamente otorgó Testamento Abierto a favor de D.S. DE OLMOS, es igualmente nulo dicho testamento, por tener defectos de forma y por no haber sido firmado de puño y letra por el señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.). A cargo de la parte demandada se fijan las costas en la suma de trece mil balboas (B/13,000.00). Una vez ejecutoriada esta resolución se ordena el archivo del expediente dentro de los de su clase y previa anotación de su salida en el libro respectivo." (fs.3305-3306) Esa decisión fue impugnada por parte de los censores, a través de recurso de apelación, el cual una vez sustentado ante el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, por vencido el periodo de práctica de pruebas en segunda instancia, fue resuelto por ese despacho jurisdiccional, por intermedio de la resolución de 18 de noviembre de 2010, que resolvió negar la pretensión de los demandantes, misma que resulta cuestionada ante esta M.. (fs.3433-3440) DEL RECURSO DE CASACIÓN Y DECISIÓN DE LA SALA. En relación al medio de rebatimiento que por la vía extraordinaria fue propuesto por la parte actora, que busca que se reconozca la injuricidad de la sentencia dictada por el Ad quem, fueron admitidos los dos (2) conceptos de casación en el fondo invocados, a saber, error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, y violación directa, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Seguidamente, será sometido a escrutinio el primer concepto de fondo aducido, relativo a error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. En este sentido, los casacionistas expresaron lo siguiente al referirse, en seis motivos al alegado error in iudicando: "PRIMERO: A pesar de que el original del documento que se lee de fs.6 a 20 y de fs 964 a 968, que se refiere a la Escritura Pública 3730 de 16 de abril de 1999, fue expedido por la Notaría Pública Octava del Circuito Notarial de Panamá, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial erróneamente le reconoció valor de convicción a la copia de dicho documento que aparece autenticada no por quien no tiene la custodia del original sino por la Notaría Segunda del Circuito Notarial de Panamá, como se lee a fs. 8 y 966, y por causa de esa errada apreciación de dicha copia erróneamente el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial revocó la sentencia de primera instancia que había favorecido a mi representada, incurriendo en Infracción de la Ley Sustantiva de Derecho por Error de Derecho en la Apreciación de la Prueba, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. SEGUNDO: El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en su resolución consultable a fs.3438, concluyó equivocadamente que el señor Generoso O.C. (q.e.p.d.) a la fecha de expedición del testamento abierto no padecía de ninguna alteración mental, para lo cual erróneamente le reconoció mayor valor probatorio al Documento Privado suscrito por el Dr. DISNEY FAJARDO A., cuya certificación fué (sic) expedida en su Clínica Privada del Centro Médico Paitilla, como se lee a fs.1279 y 2352, y que fue incluída (sic) en la Escritura Pública consultable a fs.20 y 968, que al Documento Público que reposa de fs.364 a 365, y de 1451 a 1452, que fue expedido por el entonces INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, a través del Médico Psiquiatra Forense D.J.A.F., quien certificó que al examinar al señor Generoso O.C., mayor de 80 años de edad, éste presentaba signos y síntomas de trastorno mental orgánico denominado Demencia Senil, y se encontraba privado del discernimiento necesario para celebrar actos comerciales o financieros, todo lo cual constituyó un error probatorio que condujo equivocadamente al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, a creer que el difunto Generoso O. no padecía de trastorno mental a la fecha del testamento, y a revocar la decisión del juzgador de primera instancia que había decidido el pleito a favor de mis representados, incurriendo por tanto en Infracción de Normas Sustantivas de Derecho por Error de Derecho en la Apreciación de la Prueba, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. TERCERO: El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en su resolución no le reconoció valor de plena prueba al documento de fecha 17 de mayo de 2004, consultable a fs. 41 a 42, suscrito por los Detectives J.L.D. y R.N., de la Sección de Documentología Forense del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, el cual mediante el Informe No. DOCH-485-04 concluyó que la firma dubitada "G.OLMOS C." puesta en las Escrituras Públicas 2614 y 3730 no presentan características caligráficas individuales similares con la firma del positivo de cédula 4 AV-20-265 de nombre GENEROSO OLMOS CEDEÑO, no obstante que dicha Certificación que contiene la experticia es un Documento Público no impugnado y que los firmantes de estos documentos ratificaron sus conclusiones como se lee a fs.156 a 160, Si (sic) el Ad-Quem, le hubiera reconocido a dicho documento público el valor de convicción que le reconoce la ley, hubiera dado por demostrado que el señor Generoso O.C. no firmó el documento público que aparece a fs. 6 a 8 y 964 del expediente, por lo que su errada apreciación probatoria lo llevó a dictar un fallo injusto revocando la decisión de primera instancia y negándole el derecho a mis representados. Por tanto, incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. CUARTO: El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial no le reconoció valor de convicción a las declaraciones rendidas en el tribunal de la causa por los testigos A.I.S., fs. 127 a 129, D.C.F., fs. 130 a 135, A.S.R., fs. 138 a 142, F.M.A., fs. 143 a 146, quienes manifestaron que el señor G.O.C. desvariaba mentalmente y tenía una conducta irregular; ni tampoco le reconoció valor de convicción a las Declaraciones Juradas rendidas en la Personería Primera del Distrito de Bugaba por M.M.M., fs. 318 a 323, B.R.O. de A., fs. 329 a 331, M.M.M., fs. 332 a 333, Generoso H.O.M., fs. 340 a 342, M.O.O.G., fs. 366 a 368, A.S.M., fs. 369 a 371 las cuales son documentos públicos que en concordancia con la Diligencia de Allanamiento y Registro al lugar donde vivía el supuesto testador, consultable a fs. 356 a 357, demuestran que el señor G.O.C. en vida era víctima del delito de maltrato por parte de su esposa D.S. de O.. Por causa de no haberle reconocido el valor que la ley le reconoce a esas pruebas el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial dictó su decisión en contra de mis representados revocando la decisión de primera instancia. Por tanto, se incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. QUINTO: Los documentos consistentes en la Certificación que aparece a fs. 2198, mediante el cual el Tribunal Electoral certificó que M.M.M.C., y GUMERCINDA PARDO MARTINEZ DE TORREGROZA, quienes aparecen y suscribieron como testigos instrumentales la Escritura Pública 3730 de 16 de abril de 1999 (fs. 8 y 968), residen en la Ciudad de Panamá, así como la Certificación de los N.s Públicos de Panamá, puesta en la citada Escritura Pública que se lee de fs. 9 a 20, en donde hacen constar que el causante no otorgó testamento en sus notarías, no fueron valorados conforme a las reglas de la sana crítica por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, a pesar de que dichas pruebas constituyen indicios graves y concordantes de que el causante, quien residía en Chiriquí, no suscribió dicha Escritura Pública. Ese error probatorio condujo al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial a revocar la decisión del juzgador de primera instancia, que favoreció a mis representados, y a decidir el pleito a favor de la parte contraria. Por tanto incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. SEXTO: Ante la contradicción de la conclusión expuesta en el documento privado expedido por el Psiquiatra Dr. DISNEY FAJARDO, consultable a fs. 1279 y 2352, inserto en la Escritura Pública 3730 de 16 de abril de 1999 legible a fs. 20 y 968 con la conclusión del Documento Público expedido por el Instituto de Medicina Legal, a través del Dr. J.A.F., consultable a fs. 364 y 1452, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial debió analizar ambas pruebas en su integridad y conforme a la Sana Crítica, y en concordancia con las demás pruebas del expediente que guardan relación directa con lo dispositivo del acto, tales como la Certificación expedida por el Dr. J.A.C., consultable a fs. 283-284 y ratificada en el proceso a fs. 765 a 769, quien también certificó que el examinado estaba desorientado en tiempo, lugar y no identificaba ni a sus familiares, con posible olor fecaloide; la Certificación expedida por el Tribunal Electoral consultable a fs. 2198 donde consta que los testigos que aparecen en la Escritura Pública 3730 residen en la Ciudad de Panamá y en San Miguelito, así como el Peritaje grafológico practicado por los peritos J.L.D. y R.N., de la Sección de Documentología del Instituto de Medicina Legal- El haber valorado en forma aislada y no en su conjunto las pruebas del proceso tal apreciación errada fue decisiva para decidir el pleito en contra de mis representados. Por tanto, incurrió en Error de Derecho en la Apreciación de la Prueba, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida." (fs.3527-3530) A juicio de los recurrentes, como normas de derecho infringidas por el Tribunal Superior, se encuentran los artículos 781, 834, 836, 886, 917, 980 y 985 del Estatuto Procedimental, así como los artículos 705, 717, 719 y 1738 del Código Civil. Como preludio a la discusión del asunto controvertido, esta Corporación de Justicia estima adecuado precisar que la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, se produce cuando a una pieza de convicción examinada en el fallo refutado, se le reconoce una ponderación que por Ley no le corresponde, en adición a que ese yerro de valoración influye de forma decisiva en lo resuelto mediante la resolución rebatida, de forma tal que si el Tribunal Superior no hubiese cometido ese desacierto, habría arribado a una conclusión opuesta a la que adoptó. Tornando la atención hacia el primero de los elementos acreditativos que los casacionistas aseveran fue justipreciado de forma contraria a la ley, el mismo corresponde al documento de carácter público que descansa del folio 6 al 20, y de la foja 964 a 968 de los antecedentes, que formó parte de las pruebas presentadas por D.S.M., para la apertura de la sucesión testada de quien en vida se llamó GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.), y que consiste en copia autenticada de la Escritura Pública No.3730 de 16 de abril de 1999, expedida por la Notaría Octava del Circuito de Panamá, "Por la cual el señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO otorga su testamento abierto", en certificación de testamento por parte del aludido decuyus, emitida por la Notaría Octava del Circuito de Panamá, y en certificaciones de no otorgamiento de testamento por parte del mismo, provenientes del resto de las Notarías Públicas del Circuito de Panamá y de la Notaría Especial de San Miguelito. El susodicho elemento acreditativo mereció las siguientes consideraciones de parte del Tribunal Superior: "En este sentido, tenemos que en el otorgamiento del testamento abierto ante el N. Octavo del Circuito de Panamá visible a folios 6-8, dicho funcionario consignó que en ese acto se han llenado las formalidades exigidas por el Código Civil; que en su concepto y en el de los testigos, el testador se encontraba en su entero y cabal conocimiento y con capacidad legal para otorgarlo. El artículo 1727 del Código Civil nos enseña que en el N. deposita la ley la fe pública, de allí que los actos en que el mismo intervenga se encuentren revestidos de esa confianza; por otra parte, el artículo 834 del Código Judicial concede todo valor probatorio a las escrituras públicas. .... Por otra parte, los hechos que ciertamente rodearon el otorgamiento del testamento estimados por el a quo, es decir que fue ante una Notaría de la ciudad de Panamá, con testigos vecinos del área metropolitana en la Provincia de Panamá, así como que el otorgante contaba con 88 años de edad; no son argumentos válidos para desvirtuar la validez del mismo. En nuestro país prevalece la libertad de testar de conformidad con el artículo 778 del Código Civil, la cual sufre una única excepción en lo que al aseguramiento de alimentos a los hijos menores se refiere; es decir que si el testador escogió una Notaría de la ciudad de Panamá para otorgar su última voluntad, ello de conformidad con el artículo en comento, es perfectamente válido, con tal que se cumplan las formalidades exigidas para el tipo de testamento de que se trate. Es decir, que las consideraciones vertidas por el a quo sobre que por haberse otorgado el testamento abierto en una Notaría distinta al domicilio habitual del testado (sic) con testigos residentes en esa circunscripción, no puede ser prueba idónea para acreditar que el N. y los testigos instrumentales no conocían a suficiencia al señor G.O.C.; máxime cuando los testigos instrumentales que suscribieron el otorgamiento del testamento no participaron en el proceso ni como demandados ni como testigos, para rebatir si conocían o no a la persona del testador." (fs.3437-3438) Desde el punto de vista de los impugnadores, fue errónea la estimación que el Tribunal Superior le imprimió a la comentada Escritura Pública, debido a que le reconoció valor de convicción a ese documento, pese a que aparece autenticado por la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, esto es, por quien no tiene la custodia del original, que resulta ser la Notaría Octava del Circuito de Panamá, lo que llevó al despacho jurisdiccional que conoció del recurso de apelación, a revocar la sentencia de primera instancia que le era favorable a los intereses de los pretensores. La revisión atenta de la Escritura Pública No.3730 de 16 de abril de 1999, (cfr. fs. 6-8, 964-968) a la cual los censores aducen le fue reconocido el mérito de plena prueba, pese a haber sido autenticada por un N. Público distinto de aquél encargado de la custodia de ese protocolo, coloca a esta Superioridad en posición de concluir que tiene fundamento la reclamación de los recurrentes cuando sostienen que ese elemento acreditativo fue valorado incurriendo en un equívoco, puesto que, según el artículo 842 del Estatuto Procedimental, las copias autorizadas de los documentos auténticos deben ser proporcionadas bajo la responsabilidad del servidor encargado de la custodia del original, que para el caso en discusión resulta ser el N. Público Octavo del Circuito de Panamá, autoridad que expidió esa Escritura Pública, y no el N. Público Segundo de ese circuito, quien certificó las copias. Ahora bien, como se expresó en las líneas que preceden, la sola existencia de un yerro en materia de justipreciación de los medios que sirven para formar la convicción del Juez, no basta para dar por sentada la ocurrencia de un error de derecho en cuanto a la valoración de esa prueba, habida cuenta que también concurre como requisito para la configuración de este error in iudicando, la necesidad de que ese vicio influya de forma determinante en lo dispositivo de la resolución impugnada, es decir, que haya provocado el desenlace que pretende rebatir quien promueve el recurso extraordinario. En ese orden de ideas, es notorio que los demandantes no discuten la existencia de la Escritura Pública cuya nulidad demandan, y ese suceso, su otorgamiento, rebasa el hecho de que la copia que fue aportada como evidencia para abrir el proceso de sucesión testamentaria de quien en vida se llamó GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.), fue autenticada por un N. Público distinto de aquél que está encargado del cuidado del original. Dicho de otra forma, la identidad de la autoridad que validó la copia del instrumento público otorgado ante la Notaría Pública Octava del Circuito de Panamá, que en todo caso afectaría la autenticidad de ese documento, que reposa en copias de foja 6 a la 8, y del folio 964 al 968 del dossier, no incide en una eventual declaratoria de nulidad de ese instrumento público, descrito como la Escritura Pública No.3730 de 16 de abril de 1999 "Por la cual el señor G.O.C. otorga su testamento abierto". Lo anterior resulta así, puesto que la pretensión ejercitada en el presente litigio se fundamentó en afirmaciones que escapan a este aspecto de la valoración de los documentos públicos, aseveraciones tales como que, en el otorgamiento del aludido testamento, se vulneró el artículo 717 del Código Civil, que registra formalidades para otorgar el testamento; que la certificación relativa a las facultades mentales del señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.), emitida un día antes del otorgamiento del testamento, resulta contradictoria respecto a aquella expedida por el médico forense J.A.F., de 18 de junio de 2001, donde ese profesional garantizó que el señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.) padecía de demencia senil; que no es válido el testamento abierto, por la condición de senilidad del señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.); y que la firma estampada en la comentada Escritura Pública, no corresponde al puño y letra del testador. Adicionalmente, dentro de las piezas de convicción que según los casacionistas fueron incorrectamente justipreciadas, está la copia auténtica de una certificación expedida por el N. Público Octavo del Circuito de Panamá (fs.9), donde se deja constancia de que el señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.) otorgó testamento en sus oficinas, según la Escritura Pública No.3730 de 16 de abril de 1999, pieza que no recibió ningún comentario por parte del Ad quem, lo que tiene como consecuencia que no pudo ser vulnerada en la modalidad de error probatorio estudiada. En lo que guarda relación con las certificaciones de no testamento expedidas por el resto de N.s Públicos del Circuito de Panamá y por la Notaría Especial de San Miguelito, alusivas al finado GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.) (fs.10-20), comprendidas en los documentos identificados como mal valorados, y que a juicio de los impugnadores constituyen indicios graves de que el causante, quien residía en Chiriquí, no suscribió la aludida Escritura Pública (forma parte del quinto motivo del memorial de formalización del recurso de casación), igualmente se trata de documentos que no fueron objeto de apreciación alguna por parte del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, motivo por el cual no se configura ningún yerro en cuanto a su estimación. Con sustento en lo anotado, no prosperan las imputaciones que los casacionistas realizan en cuanto al mérito otorgado a los documentos que se observan del folio 6 al 20, y de foja 964 a 968 de los antecedentes. Otro componente de los elementos de constatación que los promotores de este medio de rebatimiento afirman fue incorrectamente apreciado, lo constituye el documento privado que descansa a fs. 1279 y 2354, correspondiente a una certificación emitida por el Dr. DISNEY FAJARDO, quien en su Clínica Privada del Centro Médido Paitilla hizo constar que el señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.) no padecía de ninguna alteración mental, misma que fue incluida en la Escritura Pública No.3730 de 16 de abril de 1999, consultable a fs.20 y 968. A la prenombrada prueba, según los recurrentes, se le reconoció una mayor eficacia acreditativa que al documento público expedido por el entonces INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL (fs.364-365, 1451-1452), a través del médico P.F.D.J.A.F., quien certificó que al examinar al señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.), mayor de 80 años de edad, el mismo presentaba signos y síntomas de trastorno mental orgánico, denominado Demencia Senil, y se encontraba privado del discernimiento necesario para celebrar actos comerciales o financieros, error que condujo al Ad quem a creer que el difunto GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.) no padecía de trastorno mental a la fecha en que supuestamente compareció a otorgar testamento, motivo por el cual revocó la decisión de primera instancia, que había accedido a las declaratorias de nulidad solicitadas. Sobre el particular, implícitamente la censura se refiere a dos certificaciones, la primera de fecha 15 de abril de 1999 (fs.2354) y la segunda fechada 29 de noviembre del 2000 (fs.1279), aportadas en copias autenticadas como parte de expedientes judiciales, donde se da fe de que el señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.) no se encuentra aquejado con alteración psicopatológica alguna. La documentación que fue estimada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial es la que corresponde al día 15 de abril de 1999, y fue objeto de las siguientes consideraciones: "En cuanto a la condición mental del señor Generoso O.C. (q.e.p.d.) se presentó en el acto certificación del médico psiquiatra D.F., quien constató en la misma no haber encontrado alteraciones psicopatológicas que evidencien un disturbio cognitivo, emocional, ni intelectual en el señor G.O.C.; dicha certificación tiene fecha del día anterior al acto de otorgamiento, lo cual contrario a lo expuesto por el demandante en cuanto a crear dudas sobre el mismo, viene es a cumplir con lo dispuesto en el artículo 698 del Código Civil, es decir el acreditar la capacidad del testador al tiempo de otorgar testamento." En lo que hace relación con la certificación emitida por el entonces Instituto de Medicina Legal, apreciable del folio 364 al 365 y del 1451 al 1452, el despacho jurisdiccional que resolvió la alzada no emitió criterio valorativo alguno, puesto que ignoró ese documento por completo, e igual aconteció con aquella expedida por el médico psiquiatra DISNEY FAJARDO, concerniente al día 29 de noviembre del 2000, legible al folio 1279. Respecto a la certificación de 15 de abril de 1999, que los impugnadores aducen fue incorrectamente justipreciada, con preferencia a aquella emitida por el Instituto de Medicina Legal, una lectura atenta de la misma, deja claro para esta M., que lo que el psiquiatra DISNEY FAJARDO plasmó, en cuanto a la ausencia de alteraciones mentales por parte del señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.), se remonta a un día antes al otorgamiento del testamento que se pretende anular, hecho que hace constar la capacidad del testador al momento de ese acto de disposición de su voluntad, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 698 del Estatuto Civil, realidad que fue advertida en segunda instancia. De allí que no le asiste la razón a los recurrentes cuando afirman que el Tribunal que conoció de la apelación promovida contra la Sentencia No.12 de 18 de marzo de 2009, se equivocó al concluir, del examen de la certificación que reposa a la foja 2354 del dossier, que el señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.) no padecía de ninguna alteración mental a la fecha de expedición del testamento abierto que motiva el presente juicio, máxime cuando se pretende desvirtuar esa prueba, con un elemento acreditativo que no fue tomado en cuenta al momento de resolver el recurso de apelación propuesto por los demandados, omisión que no fue advertida por los casacionistas y que le está vedado a esta Sede de Decisión conocer, con sustento en el artículo 1195 del Código Judicial. Como quiera que la otra prueba emitida por el médico psiquiatra D.F., visible a foja 1279 del infolio, tampoco fue ponderada en sede de apelación, menos aún se configura el cargo de injuricidad por incorrecta valoración de ese documento, que le imputan los proponentes del recurso al fallo habido en segunda instancia. Agotado el examen de este componente del caudal probatorio, procede esta Superioridad a verificar la legalidad de la justipreciación del documento consultable a fojas 41 y 42, de fecha 17 de mayo de 2004, suscrito por los Detectives J.L.D. y R.N., de la Sección de Documentología Forense del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, identificado como el Informe No.DOCH-485-04, donde esos expertos concluyeron que la firma dubitada "G.OLMOS C.", puesta en las Escrituras Públicas 2614 y 3730, no presenta características caligráficas individuales similares con la firma del positivo de cédula 4 AV-20-265, de nombre GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.). La censura manifiesta que esa prueba fue impropiamente estimada, puesto que no se le reconoció pleno valor, pese a que se trata de un documento público no impugnado, y que los firmantes de esa pieza de convicción se ratificaron de sus conclusiones, como se aprecia de foja 156 a 160. (motivo tercero y sexto del libelo de formalización del recurso) Esos litigantes agregan que, de haberse reconocido a ese elemento acreditativo el mérito que le reconoce la ley, el Ad quem habría concluido que el señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.) no firmó el testamento que motiva la controversia, yerro que lo llevó a revocar la decisión de primera instancia. El Informe No.DOCH-485-04, de 17 de mayo de 2004, bajo escrutinio de esta Sala Colegiada, fue justipreciado en los siguientes términos por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial: "Por otra parte, encuentra esta Colegiatura que el a quo ha dado valor a un informe pericial practicado en un proceso penal en donde se concluyó que la firma estampada en la Escritura Pública objeto de debate, no presenta características caligráficas similares con la firma del positivo de cedula (sic) No.4AV-20-265 a nombre de G.O.C.; empero a pesar de que los detectives J.D. y R.N. se ratificaron de dicho informe en el presente negocio, el mismo no cumple con los requisitos de la prueba trasladada, la cual exige que la prueba se haya practicado con audiencia de la parte contra quien se aduce, tal y como lo dispone el artículo 795 del Código Judicial. En el caso que nos ocupa, dicha prueba pertenece a una sumaria en averiguación seguido (sic) por un supuesto delito Contra la Fe Pública, denunciado por la señora L.G.O.G., a través de apoderado judicial, las cuales culminaron con su sobreseimiento definitivo por considerarse la prescripción de la acción penal, adoptado por la Juez Primera de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá. (fs.3274-3280) Luego entonces, al haberse efectuado dicho peritaje en un proceso distinto al que nos ocupa, sin la participación de los señores D.S. de O. y D.E.C.A., personas contra quien (sic) se aduce dicha prueba, mal puede ser valorada la prueba en comento en este negocio, pues si bien las pruebas se apreciarán por el juez según las reglas de la sana crítica, ello no excluye la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos, según nos enseña el artículo 781 del Código Judicial. Así pues, a consideración de la Colegiatura, los elementos de convicción presentes en el expediente, en su mayoría copia autenticada de otras actuaciones judiciales que no fueron practicadas con audiencia de los dos demandados en este negocio, específicamente, el análisis grafotécnico comparativo suscrito por los detectives J.D. y R.N.; no pueden ser valorados al carecer de la formalidad contenida en el artículo 795 del Código Judicial." (fs.3438-3439) Esta pieza del caudal probatorio, aportada de foja 41 a 42 del primer tomo de este proceso, relacionada con el análisis Grafotécnico Comparativo realizado en la Sección de Documentología Forense de la Provincia de Chiriquí, Distrito de D., fue levantada por los peritos R.N.Y.J.D., y acompañada como prueba trasladada de las sumarias en averiguación iniciadas por la supuesta comisión de un delito contra la Fe Pública, denunciado por la señora L.G.O.G., y que conoció la Fiscalía Tercera del Circuito de Chiriquí. Por tratarse de una prueba trasladada, para tener mérito acreditativo, el documento observado obligatoriamente tiene que cumplir, con los requisitos que contiene el artículo 795 del Estatuto Procedimental, disposición que establece como presupuesto para conceder valor a las pruebas practicadas en un proceso seguido en el país, y aportadas en copia a otro juicio, que en el litigio del cual provienen, se hayan practicado con la audiencia de aquél contra quien se pretendan hacer valer, en adición a que haya vencido la ocasión para impugnarlas. En otras palabras, si un litigante pretende sacar provecho de un medio de constatación evacuado en un negocio jurídico distinto de aquél en que busca emplearlo en su beneficio, esa prueba debe haber pasado por los rigores del contradictorio en el primer proceso, en lo que atañe a la parte contra la cual procura utilizarla; además de que debe haber transcurrido el término para refutar esa pieza de convicción en particular. La consecuencia que tiene la falta de cumplimiento de alguna de esas dos condiciones en el juicio en que la prueba trasladada es allegada, no es otra que el desconocimiento de valor acreditativo de ese componente del material probatorio. Para mayor ilustración, este Tribunal de Casación estima oportuno reproducir lo que R., citado por el Dr. J.F., en su obra Medios de Prueba, Tomo II, pág. 732, comentó respecto a la valoración de la prueba trasladada. "Por las razones expuestas, entendemos que la prueba practicada ya en un juicio civil conserva su eficacia en otros juicios que posteriormente se hayan suscitado entre las mismas partes. Esta prueba, en efecto, como se hace notar el Tribunal de Casación de Florencia, no puede conceptuarse como res inter alios acta, desde el momento en que fue producida con intervención de las partes mismas; por lo que, si se reproduce en un juicio ulterior, es un documento legalmente presentado en el proceso y atendible. "Si, por tanto, una prueba testifical, un dictamende peritos, una confesión judicial, han demostrado la existencia de determinados hechos, y tales hechos vuelven a ser controvertidos en otro juicio entre las mismas partes contendientes, pueden invocarse en el nuevo juicio los resultados de las pruebas practicadas en el precedente, sin necesidad de repetir examen, el informe o el interrogatorio. "Lo que da valor a las pruebas practicadas en juicio es que lo hayan sido con intervención de las partes y previa la observancia de las formalidades establecidas por la ley a modo de garantías de la verdad y de la justicia. Ahora bien ¿Por qué ha de limitarse este valor tan solo al juicio en el cual la prueba se hubiere practicado? Se comprende que si sobre el mismo hecho, cuya existencia está demostrada en juicio por una prueba practicada en el mismo, se vuelve a debatir entre otras personas, ésta no puede tener el valor como res inter alios, siendo, por tanto, necesario que se proceda en el nuevo juicio, si por acaso se reprodujese en él la misma prueba, a practicarla con intervención de los interesados. Pero cuando las partes entre las cuales se vuelve a debatir el hecho son las mismas, no se comprende por qué razón aquello que respecto de ellas constituye verdad de un juicio, o se ha de considerar como verdad también en el otro. Los resultados de las pruebas no tienen carácter de verdaderos porque se hayan practicado en tal juicio y no en otro, sino en virtud del debate y oposición de las partes y de la observancia de las formalidades establecidas por la ley para practicarlas. Ahora bien; dado que los resultados de la prueba contendientes han sido obtenidos, observando al practicar las formalidades legales, es evidente que debe aprovecharse en el juicio aludido la verdad que tales resultados arrojen." (Énfasis suplido por la Sala) El presente informe, que la censura aduce como mal justipreciado, legible a las fojas 41 y 42, fue objeto de reconocimiento y ratificación por parte de los expertos que intervinieron en su producción, como se aprecia del folio 116 al 125 y de la foja 156 a la 160, diligencias en que participó el procurador judicial de la demandada D.S.D.O., y el defensor de ausente del demandado D.C.A., en lo que atañe al reconocimiento y ratificación del perito J.L.D.V.. Pese a lo planteado con prelación, la comentada probanza incumple con los requisitos previstos en el artículo 795 del Estatuto Procedimental, puesto que no fue producida con audiencia de quienes son demandados en este proceso, es decir, se realizó sin que éstos tuvieran la oportunidad de intervenir cuando se desarrollaron las sumarias en averiguación por el supuesto delito contra la Fe Pública, que fuere denunciado por la señora L.G.O.G., ocasión en que se llevó a cabo la experticia presentada como prueba trasladada, que los casacionistas buscan emplear a favor de su causa, argumentando que a ésta se le privó de mérito en la sentencia apelada, pese a que se encontraba conforme a derecho. Concretamente, en lo atinente a la señora D.S.D.O., aún cuando la misma fue querellada por L.G.O.G., cuando ésta denunció ante el Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Técnica Judicial, Agencia de Chiriquí, la supuesta comisión de un delito contra la Fé Pública (falsificación de documentos en general), las sumarias concluyeron con un sobreseimiento definitivo, de forma objetiva e impersonal, por prescripción de la acción penal (fs.3274-3279), así pues, la señora D.S. DE OLMOS nunca figuró como imputada en la investigación, puesto que no se le recibió diligencia indagatoria. Bajo tales circunstancias no era viable su participación en la prueba trasladada que los impugnadores aseveran fue erradamente estimada, identificada como la prueba de análisis Grafotécnico Comparativo, que concluyó con el Informe No.DOCH-485-04 de 17 de mayo de 2004; toda vez que ese elemento acreditativo se produjo dentro de unas sumarias adelantadas por el Ministerio Público, en que no hubo intervención de D.S.D.O., ya que la Vindicta Pública consideró prescrita la acción penal y recomendó el archivo del sumario, como fuere advertido en el párrafo que precede. Como colofón, en cuanto a esa experticia incumbe, esta Corporación de Justicia es del criterio de que el tribunal sentenciador que resolvió la apelación del fallo de primera instancia no erró al ponderar tal prueba trasladada como no oponible a los demandados, por su evidente práctica en ausencia de contradictorio, en infracción al artículo 795 del Código Judicial. Surtida esta discusión, otro medio de constatación que los promotores de este recurso extraordinario señalan fue incorrectamente valorado, son las declaraciones rendidas por los testigos A.I.S. (fs.127-129), D.C. FUENTES (fs.130-135), A.S.R. (fs.138-142), FRANCO MIRANDA ARCER (fs.143-146), los cuales manifestaron que el señor GENEROSO OLMEDO CEDEÑO (Q.E.P.D.) desvariaba mentalmente y tenía una conducta irregular. Asímismo, tampoco se le reconoció valor de convicción, a juicio de la censura, a las declaraciones juradas rendidas en la Personería Primera del Distrito de Bugaba, por M.M.M. (fs.318-323), BERTILDA ROSA OLMOS DE AIZPURÚA (fs.329-331), M.M.M. (fs.332-333), GENEROSO H.O.M. (fs.340-342), M.O.O.G. (fs.366-368), y ANRIA SERRANO MIRANDA (fs.369-371), documentos públicos que en concordancia con la Diligencia de Allanamiento y Registro al lugar donde vivía el supuesto testador (fs.356-357), acreditan que el señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.), en vida era víctima del delito de maltrato por parte de su esposa D.S. DE OLMOS. De igual manera, el documento público que reposa al folio 2198, a través del cual el Tribunal Electoral dejó constancia de que M.M.M.C. y GUMERCINDA PARDO MARTÍNEZ DE TORREGROZA, quienes aparecen y suscribieron como testigos instrumentales la Escritura Pública No.3730 de 16 de abril de 1999 (fs.8 y 968), residen en la Ciudad de Panamá, desde el punto de vista de los propulsores del recurso no fue valorado según las reglas de la sana crítica, pese a que constituye indicio grave de que el finado, quien residía en Chiriquí, no suscribió la Escritura Pública No.3730 de 16 de abril de 1999 (motivos quinto y sexto del memorial de formalización del recurso). Luego de una lectura atenta de la sentencia cuya juridicidad es cuestionada, esta Sede de Decisión está en condiciones de afirmar que el Tribunal de Segunda instancia no hizo alusión alguna a los testimonios, declaraciones juradas, ni a la certificación visible a folio 2198, que los recurrentes manifiestan fueron meritadas de forma desacertada, lo que conduce a advertir que no se materializa el error advertido, y como quiera que a este despacho jurisdiccional le está prohibido conocer causales de Casación que no hayan sido invocadas en el escrito de formalización del recurso, según preceptúa el artículo 1195 del Código Judicial, debe pasarse a examinar la siguiente prueba que desde la óptica de los impugnadores fue deficientemente ponderada. Por último, en cuanto a los cargos de error en la justipreciación de ciertos componentes del caudal probatorio, la censura aduce que fue mal valorada la certificación expedida por el D.J.A. CASTILLO (fs.283-284), y ratificada en el proceso del folio 765 al 769, quien consignó que el examinado GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.) estaba desorientado en tiempo y lugar, que presentaba posible olor fecaloide, y que no identificaba ni a sus familiares. En ese sentido, la revisión mesurada del fallo bajo escrutinio permite establecer a esta Superioridad, que este medio para formar la convicción del juzgador tampoco fue revisado por el despacho jurisdiccional que resolvió la alzada, lo que implica que no tiene cabida la reclamación presentada por los casacionistas, en cuanto a ese documento comporta. Culminado este examen del primer concepto de casación en el fondo invocado, alusivo a error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, sin que haya lugar a reconocer su producción, ni que exista conculcación de las disposiciones legales citadas como violentadas, atañe analizar la causal de fondo relativa a infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. La causal mencionada se encuentra fundamentada en dos motivos, que son del siguiente tenor: PRIMERO: Siendo que el supuesto testador y la supuesta heredera, así como los bienes muebles e inmuebles a testar, estaban domiciliados en la Provincia de Chiriquí y no en la Provincia de Panamá, y que en la misma Escritura Pública No.3730 de 16 de abril de 1999, consultable a fs. 6 a 20 y 964 a 968, se reconoció que el causante era vecino de Bugaba, al expedir el N. Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá, dicha Escritura Pública, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial estaba obligado a aplicar la norma del Código Civil que dispone que son nulos los actos y contratos autorizados por N.s Públicos que estén fuera de su circunscripción notarial. Al dejar de aplicar la norma Sustantiva (sic) del Código Civil que le prohíbe a los notarios autorizar actos y contratos fuera de su circunscripción el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial incurrió en Infracción de Normas Sustantivas de Derecho por Violación Directa, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, toda vez que por no aplicar la pertinente norma sustantiva su decisión fue contraria a mis representados. SEGUNDO: El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial estaba obligado a aplicar la norma sustantiva del Código Civil que invalida en testamento otorgado por N. Público de una circunscripción distinta al lugar del domicilio del testador debido a que el domicilio del causante estaba en Bugaba, Provincia de Chiriquí, y en donde si no (sic) existe notario se debió otorgar el testamento abierto ante cinco testigos que reúnan las cualidades que exige la ley. Por tanto, al no declarar nulo el citado documento contenida (sic) en la Escritura Pública 3730 de 16 de abril de 1999 expedida por el N. Público Octavo del Circuito de Panamá, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial incurrió en infracción de la norma sustantiva de derecho por violación directa de la Ley sustantiva, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, ya que su decisión que favoreció a los demandados se basó en un testamento que por disposición de la ley es nulo." (fs.3541-3542) NORMAS CITADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN Como normas vulneradas los recurrentes señalan los artículos 731A y 1716 del Código Civil. El artículo 731A del Código Civil establece lo siguiente: "En los lugares en que no hubiere N. o en que falte este funcionario y sus suplentes, podrá otorgarse testamento abierto ante cinco testigos, que reúnan las cualidades exigidas en este Título." Los proponentes del recurso aducen que el precepto transcrito fue violado de forma directa, por omisión, debido a que el Tribunal Superior tenía que aplicar la norma sustantiva que invalida un testamento otorgado por N. Público de una circunscripción distinta al lugar del domicilio del testador, y toda vez que el domicilio del causante GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.) estaba en Bugaba, Provincia de Chiriquí, sino existía N., el testamento abierto debió ser otorgado ante cinco testigos, que reúnan las cualidades que exige la ley. Es por este motivo que tales litigantes advierten que el N. Público Octavo del Circuito de Panamá nunca debió autorizar o protocolizar ese testamento, mediante la Escritura Pública No.3730 de 16 de abril de 1999, pues habiendo hecho constar en ese instrumento público que el testador vive en Bugaba, el testamento debía otorgarse en la Provincia de Chiriquí, en donde existen N.s Públicos, y si los supuestos interesados no querían que se otorgara en D., debieron averiguar si en Bugaba existen N.s, y sino existe esa clase de funcionario, según la disposición vulnerada, debieron otorgar el testamento ante cinco testigos idóneos, y no hacerlo sin la participación del verdadero interesado o causante, en la Ciudad de Panamá, pese a la prohibición. Por su parte, el artículo 1716 del Código Civil guarda la siguiente redacción: "Las funciones del Notariado sólo pueden ejercerse por cada N. dentro de la circunscripción del respectivo Circuito de Notaría; todos los actos y contratos que fuera de tal circunscripción autorizare un N. en su carácter oficial, son nulos. Con todo valdrán los actos y contratos otorgados en la Zona del Canal ante cualquier N. de los circuitos de Panamá y C.." Respecto a este precepto, los casacionistas afirman que el mismo fue objeto de violación directa, por omisión, ya que habiendo vivido el difunto GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.), toda su vida, hasta su deceso, en Bugaba, Provincia de Chiriquí, como lo declaró expresamente el N. Octavo del Circuito de Panamá, en la Escritura Pública No.3730 de 16 de abril de 1999, le correspondía a la Notaría con sede en D., la protocolización del testamento, puesto que allí estaban radicados los bienes del testador y su domicilio. Es por esta razón que la censura sostiene que se invadió la circunscripción territorial que le pertenecía al N. de Chiriquí, lo que debió motivar al Tribunal Ad quem a declarar nulo el testamento contenido en la aludida Escritura Pública, en aplicación del artículo 1716 del Estatuto Civil, declaratoria que no se hizo, en infracción de tal norma jurídica, y que llevó a ese despacho jurisdiccional a adoptar una decisión contraria a los recurrentes. Es del caso recordar que la sentencia bajo examen, distinguida como la resolución de 18 de noviembre de 2010, pronunciada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, previa total revocatoria de la Sentencia No.12 de 18 de marzo de 2009, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, negó la pretensión ejercida por los postulantes. El fallo impugnado se fundamentó en los siguientes términos: "El artículo 1727 del Código Civil nos enseña que en el N. deposita la ley la fe pública, de allí que los actos en que el mismo intervenga se encuentren revestidos de esa confianza; por otra parte, el artículo 834 del Código Judicial concede todo valor probatorio a las escrituras públicas. .... En nuestro país prevalece la libertad de testar de conformidad con el artículo 778 del Código Civil, la cual sufre una única excepción en lo que al aseguramiento de alimentos a los hijos menores se refiere; es decir, que si el testador escogió una Notaría de la ciudad de Panamá para otorgar su última voluntad, ello de conformidad con el artículo en comento, es perfectamente válido, con tal que se cumplan las formalidades exigidas para el tipo de testamento de que se trate. .... Así pues, a consideración de la Colegiatura, los elementos de convicción presentes en el expediente, en su mayoría copia autenticada de otras actuaciones judiciales que no fueron practicadas con audiencia de los dos demandados en este negocio, específicamente, el análisis grafotécnico comparativo suscrito por los detectives J.D. y R.N.; no pueden ser valorados al carecer de la formalidad contenida en el artículo 795 del Código Judicial." (fs.3437-3439) Como paso previo al análisis de la cuestión controvertida, es oportuno manifestar que la violación directa de normas sustantivas de derecho, aducida por los censores, se configura cuando una disposición clara, evidente, no se utiliza pese a la producción del supuesto de hecho por ella regulado, o cuando una norma jurídica es aplicada, pero pasando por alto un derecho consagrado en ella, sin que quepa lugar a discusión. Así las cosas, la lectura del artículo 1169 del Código Judicial, no deja dudas de que en el examen de esta modalidad de casación en el fondo, debe prescindirse de cualquier alusión en cuanto a la valoración de los elementos acreditativos, debido a que la infracción señalada se reduce a asuntos de derecho, en este caso, a su desconocimiento, lo que significa que en la resolución atacada debe haberse reconocido, sin que quepa duda, la ocurrencia del supuesto de hecho erigido como requisito para el empleo del canon jurídico señalado como transgredido. De este modo, entrando en revisión de la susceptibilidad de que se haya producido este error in iudicando, esta Colegiatura advierte que efectivamente ninguno de los dos preceptos que se dicen infringidos, en concepto de violación directa, por omisión, fueron utilizados en la resolución atacada, ya que el Tribunal que conoció la alzada no realizó ninguna consideración en torno a ellos. Sin embargo, en lo que guarda relación con el artículo 731A del Estatuto Civil, cuyo texto se refiere a la posibilidad de otorgar testamento abierto, ante cinco testigos que reúnan las cualidades de que trata el Título que regula los testamentos, en aquellos lugares en que no hubiere N., o en que falte este funcionario o sus suplentes, esta Corporación de Justicia se percata de que la falta de N. y de su suplente en el lugar donde se otorgó el testamento abierto, presupuesto para que operara la potestad contenida en esa disposición no fue reconocida a lo largo de la sentencia cuya juridicidad se cuestiona. Lo anterior lleva aparejado que el artículo 731A del Código Civil no es susceptible de ser vulnerado a razón de violación directa, por omisión, puesto que no se produce el presupuesto de hecho que torna aplicable a la comentada norma jurídica, consistente en que no haya N. ni suplente en el lugar de otorgamiento del testamento, todo lo contrario, en el fallo bajo revisión se contó como un hecho probado, que el testamento abierto por medio del cual el señor GENEROSO OLMOS CEDEÑO (Q.E.P.D.) dejó consignada su voluntad, fue otorgado ante el N. Público Octavo del Circuito de Panamá, por lo que, incuestionablemente este precepto alegado como infringido, no podía ser empleado en la resolución recurrida. El artículo 1716 del Código Civil, también señalado como violado de forma directa, por omisión, establece que las funciones del Notariado sólo pueden ser ejercidas por cada N. dentro de la circunscripción del respectivo Circuito de Notaría, y sanciona con la nulidad a todos aquellos actos y contratos que fueren autorizados por un N. fuera de su circunscripción, en su carácter oficial, con la excepción de aquellos otorgados en la Zona del Canal, que valdrán ante cualquier N. de los Circuitos de Panamá y C.. La autorización de un testamento ante N. Público, fuera de su circunscripción territorial es el hecho que motivaría la aplicación de la aludida norma, en el sentido de declarar la nulidad de ese acto, y como quiera que en ningún momento se manifestó en el fallo habido en segunda instancia, que el N. Público Octavo del Circuito de Panamá, haya comparecido a un territorio distinto a aquél sobre el cual ejerce sus funciones, no deviene en aplicable el artículo 1716 del Estatuto Civil, ante la falta de producción del presupuesto de hecho consagrado como condición para que la norma sea de obligatoria utilización. En ambos casos de alegada violación directa, por omisión de disposiciones de carácter sustantivo, lo que acontece es que los casacionistas invocan presupuestos de hecho que tales artículos no establecen, como lo son, en el primer caso, la comparecencia de un testador ante un N. Público distinto al de su domicilio, y en el segundo supuesto la presunta invasión de las funciones notariales por la protocolización de un testamento, en que el domicilio del otorgante y sus bienes muebles e inmuebles están ubicados en territorio distinto de aquél donde el N. Público que expidió la Escritura Pública realiza su trabajo. Como colofón, como quiera que este Tribunal de Casación no advierte que se configure la violación directa de las disposiciones señaladas como vulneradas por la censura, tampoco cabe reconocer los cargos contenidos en los dos motivos sobre los que descansa el concepto de la causal de fondo aducida, y debe condenarse en costas a los promotores del recurso, según ordena el artículo 1072 del Estatuto Procedimental. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 18 de noviembre de 2010, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario propuesto por R.D.O.G., GENEROSO A.O.G., E.O.O.G., M.O.O.G., L.G.O.G., W.E.C. y M.L.R. contra D.S.D.O. y D.E.C.A.. Las obligantes costas a cargo de los demandantes recurrentes se fijan en la suma de MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.1,500.00). N. y D.. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)