Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2015

PonenteOydén Ortega Durán
Fecha de Resolución27 de Marzo de 2015
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS: El licenciado R.A.V.C., en su condición de apoderado judicial de P.R.M., interpuso Recurso de Casación en el fondo, contra la Resolución de seis (6) de octubre de dos mil diez (2010), proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía que le sigue M.V.G.N.. Esta S. Civil de la Corte Suprema, mediante Resolución de veintiuno (21) de octubre dos mil once (2011), admitió la segunda Causal de fondo del Recurso de Casación (fs. 2,229-2,231), luego de su corrección, tal como consta de fojas 2,217 a 2,226 del expediente. Así las cosas, se abrió el proceso a la fase de alegatos de fondo, la cual fue desaprovechada por las partes. Corresponde, entonces, decidir el Recurso impetrado, para lo cual se adelantan las siguientes consideraciones. ANTECEDENTES DEL PROCESO Las constancias de Autos revelan que la señora M.V.G.N., compareció al Juzgado Primero del Circuito Judicial de Los Santos e interpuso por medio de su apoderado judicial, licenciado A.V.M., Proceso Ordinario Declarativo de Mayor Cuantía contra el señor P.R.M., con la finalidad que previo a los trámites de Ley, se condene al demandado al pago de la suma de QUINIENTOS MIL BALBOAS CON CERO CENTÉSIMOS (B/.500,000.00), en concepto de indemnización de daños y perjuicios económicos, sociales, morales, físicos y de otra naturaleza que se hayan causado, más las costas, gastos e intereses legales que se generen en el presente Proceso y además se realicen las siguientes declaraciones: "1.Que el D.P.R.M. fue condenado, mediante sentencia en firme por el Juzgado Municipal de Las Tablas, en perjuicio de mi mandante. 2. Que el D.P.R.M. fue condenado por el delito de Lesiones Culposas en perjuicio de mi mandante. 3. Que como consecuencia de su actuar negligente el D.P.R.M. fue condenado a la pena principal, patrimonial o pecuniaria de 100 de días multa, a razón de B/.30.00 Balboas diarios, lo que equivale a la suma de Tres Mil Balboas (B/.3,000.00), suma de dinero que deberá cancelar a favor del Tesoro Nacional, en un periodo de seis (6) meses y, además a la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, por el término de seis (6) meses, como responsable del Delito de Lesiones Culposas, contenido en el artículo 139 del Código Penal. 4. Que como consecuencia de la declaración anterior, el D.P.R.M., esta (sic) obligado (sic) pagar indemnización por daños y perjuicios a mi mandante. 5. Que como consecuencia de la declaración anterior, el D.P.R.M., esta (sic) obligación (sic) pagar perjuicios económicos, sociales, morales, físicos y de otra naturaleza que le fueron ocasionados a mi mandante. 6. Que como consecuencia de lo anterior, el D.P.R.M., esta (sic) obligado (sic) pagar las costas, gastos e intereses legales, que se generen (sic) presente proceso por el solo hecho de oponerse ha (sic) esta demanda." (f. 1,508) La parte actora acompañó su Demanda con los siguientes documentos: Copia auténtica del Proceso Penal seguido al demandado ante el Juzgado Municipal de Las Tablas y Poder otorgado a favor de la demandante. Mediante Auto No. 230 de siete (7) de marzo de dos mil ocho (2008) (fs. 1,512-1,513), el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos, admitió la Demanda corregida propuesta y ordenó correrla en traslado a la parte demandada, por el término de diez (10) días, quien mediante su apoderado judicial, presentó oportunamente su escrito de contestación en el que aceptó los hechos primero, segundo y negó de falso los hechos contenidos desde el tercero hasta el doceavo, así como también la cuantía, las pruebas presentadas y el derecho invocado. (fs. 1,514-1,518) Una vez agotado el período probatorio y la fase de alegatos, el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos, mediante la Sentencia de trece (13) de octubre de dos mil nueve (2009), "CONDENÓ EN ABSTRACTO al Dr. P.A.R.M., de generales conocidas en autos, a pagar a la demandante, M.V.G.N., de generales igualmente conocidas en autos, como resultado de los daños y perjuicios sufridos por ésta, la suma que se establezca mediante una liquidación motivada que se presente, y FIJA las bases de la liquidación así: a)el daño material, b)el daño moral, c) los intereses legales." (f. 1,998) D. con lo resuelto, el licenciado R.A.V.C., en representación de la parte demandada anunció y sustentó oportunamente Recurso de Apelación contra la Sentencia antes descrita, con la presentación de nuevas pruebas en Segunda instancia, por lo que al surtirse la alzada, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante Resolución de seis (6) de octubre de dos mil diez (2010), CONFIRMÓ la Sentencia primaria. Para arribar a esta decisión, el Juzgador Ad quem argumentó que, de las pruebas constantes en el expediente quedó debidamente acreditada la culpa del demandado P.R.M. y que como consecuencia de la misma, está obligado a indemnizar a la demandante, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1644ª del Código Civil. (fs. 2,166-2,182) Es contra esta Resolución de Segunda instancia que la parte demandada ha formalizado el Recurso de Casación que conoce en esta ocasión la S. y, en consecuencia, procede a examinar la Causal invocada y los Motivos que la sustentan. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN La Causal de fondo invocada corresponde a la "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba" que según el Recurrente, ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida, la cual se encuentra consagrada en el artículo 1169 del Código Judicial. Dicha Causal se sustenta en los Motivos que se transcriben a continuación: "PRIMERO: El Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, en la sentencia ignoró la prueba que reposa a fojas 20 y 99 del expediente consistente en un examen de patología elaborado por el D.L.H., así como también el examen de patología elaborado por la D.M.N. de L. (fs. 22 y 91 del expediente) y también ignoró la prueba que reposa a fojas 137 del expediente que consiste en otro examen de patología elaborado por el D.V.P., ya que de haber considerado en el fallo dichas pruebas, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, hubiera estimado que el dictamen médico que el demandado P.R.M. realizó de vasculitis a la demandante y que motivó la operación realizada se encontraba debidamente comprobado y por tanto no existía responsabilidad civil. SEGUNDO: El Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial al momento de dictar la sentencia impugnada no tomó en cuenta el historial médico de la demandante que reposa a fojas 55 del expediente, en el cual señala la D.E.R. que la demandante había manifestado antecedentes familiares de cáncer y también desconoció la prueba que reposa a fojas 87 del expediente donde se consigna que la demandante tenía antecedentes familiares de lesiones en las mamas (madre, hermanas, tías maternas y un tío materno), puesto que de haber considera (sic) esta prueba hubiera estimado en la sentencia impugnada que la operación realizada se encontraba dentro de los tratamientos indicados y por tanto no se podía haber causado un (sic) responsabilidad civil. TERCERO: La sentencia proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual confirma la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil de Los Santos, ignoró y por tanto no tomó en consideración la declaración de MIGUEL BUSTAVINO (fs. 273-276 del expediente); declaración de JOSE DE LA ROSA VILLARREAL (fs. 295-298 del expediente), el informe del Instituto de Medicina Legal que establece que no hubo mala praxis médica (fs. 343-345 del expediente); la declaración de E.R.G.G. (fs. 421-425 del expediente); la declaración de JUSTO SERRANO PIMENTEL (fs. 1300 del expediente) y también ignoró el hecho de que la demandante no acudió a las citas para los exámenes psiquiátricos y psicológicos (fs. 2144 y 2149 del expediente) porque de haber considerado dichas pruebas hubiera concluido que el demandante (sic) no le causó daño a la demandante y por tanto no existe la obligación de indemnizarla." (fs. 2,218-2,219) Las disposiciones legales presumiblemente infringidas, según los cargos de injuridicidad contenidos en los Motivos transcritos, son los artículos 780, 784, 832, 907 del Código Judicial y los artículos 966, 1644 del Código Civil. CRITERIO Y DECISIÓN DE LA SALA Expuestos los aspectos más sobresalientes del Proceso, la S. considera propicio señalar que la Causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba puede producirse cuando el Sentenciador reconoce como existente en el Proceso un elemento o prueba que no obra en el expediente, o cuando ignora o pasa por alto una prueba que reposa en él. Debe entenderse, entonces, que para la procedencia de la Causal de fondo alegada, es preciso que concurran dos elementos fundamentales: que el medio de prueba sea ignorado en la Sentencia y que su omisión incida sustancialmente en lo dispositivo del Fallo, debiéndose tener presente que ha sido criterio invariable de esta S., que para que se configure la Causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba, se requiere que los medios de prueba denunciados como omitidos por la Resolución recurrida sean capaces de demostrar los hechos sometidos a su comprobación. Partiendo de la premisa anterior, se observa que en el primer Motivo, el Recurrente plantea como aspectos de disconformidad contra la Resolución recurrida de seis (6) de octubre de dos mil diez (2010), que el Tribunal Superior ignoró las pruebas periciales que a continuación se describen: a) Examen de Patología elaborado por el D.L.H., el cual consta a fojas 20 y 99. . b) Examen de Patología elaborado por la D.M.N. de L., que reposa a fojas 22 y 91. c) Examen de Patología elaborado por el D.J.V.P., visible a foja 137. Según el Recurrente, los medios probatorios antes descritos, demuestran que el demandado D.P.A.R.M. no le causó daño a la demandante M.V.G.N., de manera tal que, si el Tribunal Superior en la Sentencia impugnada, los hubiera tomado en cuenta, hubiese llegado a la conclusión que el dictamen médico de "vasculitis" que diagnosticó a la demandante y que motivó la operación que se le practicó, estaba debidamente comprobado, por lo tanto, no existía responsabilidad civil. Este primer cargo de injuridicidad se fundamenta en la supuesta violación del Artículo 780 del Código Judicial, que consagra la existencia de los medios de prueba admitidos por la Ley, del Artículo 966 del mismo texto legal, en el cual se establece la procedencia y práctica de la prueba pericial, del Artículo 784 ibídem, que consagra el principio de la carga de la prueba y del Artículo 1644 del Código Civil, sobre la responsabilidad civil extracontractual. Para mayor ilustración se transcriben dichas normas, expresando cada una de ellas, respectivamente, lo siguiente: "Artículo 780. Sirven como prueba los documentos, la confesión, el juramento, la declaración de parte, la declaración de testigos, la inspección judicial, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos y cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la convicción del J., siempre que no estén expresamente prohibidos por la Ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarias a la moral o al orden público. Puede asimismo emplearse calcos, reproducciones y fotografías de objetos, documentos y lugares. Es permitido, para establecer si un hecho puede o no realizarse de determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo. Si el J. lo considera necesario, puede procederse a su registro en forma fotográfica o electromagnética. En caso de que así conviniera a la prueba, puede también disponerse la obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos y la práctica de cualquier otro procedimiento de comprobación científica." "Artículo 966. Para conocer, apreciar o evaluar algún dato o hecho de influencia en el proceso, de carácter científico, técnico, artístico o práctico, que no pertenezca a la experiencia común ni a la formación específica exigida al juez, se oirá el concepto de peritos. El juez, aunque no lo pidan las partes, puede hacerse asistir por uno o más peritos cuando no esté en condiciones de apreciar por sí mismo los puntos de la diligencia, cuestión, acto o litigio." "Artículo 784. Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorables. No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exige prueba específica; los hechos notorios; los que estén amparados por una presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la Nación o en los municipios. Los hechos claramente reconocidos en el curso del proceso por la parte adversa, no requieren prueba." "Artículo 1644. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados." De la lectura del concepto de la explicación de las normas antes mencionadas, se puede extraer que el Recurrente manifiesta, que la violación de las mismas se produce de manera directa por comisión, porque a su juicio, si el Tribunal Superior hubiera tomado en cuenta en la Sentencia impugnada, las pruebas periciales alegadas, habría estimado favorablemente la pretensión del demandado, ya que hubiese concluido que éste realizó el tratamiento médico de acuerdo a los procedimientos requeridos para el tipo de enfermedad que presentaba la demandante; que no existían las condiciones necesarias para endilgarle responsabilidad civil; ni tampoco obligación para indemnizarla, incurriendo por ello en un error de hecho sobre la existencia de la prueba. De lo que viene expuesto, claramente se puede deducir que nos encontramos ante un Proceso Ordinario en el que se demanda responsabilidad civil como resultado de un actuar negligente en un profesional de la medicina. En razón de lo anterior, esta S. estima conveniente citar un extracto de las consideraciones más sustanciales expuestas en el cuestionado Fallo de Segunda instancia, con la finalidad de determinar si los medios de pruebas previamente indicados, fueron o no ignorados por el Tribunal Ad quem. Así, tenemos que la Resolución que es objeto de censura, para llegar a la conclusión de Confirmar la decisión proferida por el Juzgador de Primera instancia, en la cual se Condenó en Abstracto al D.P.A.R.M., a pagarle a la demandante M.V.G.N., el daño material, moral y los intereses legales, causados por culpa y su actuación negligente, se fundamentó en las siguientes consideraciones jurídicas: "... el artículo 1706 del Código Civil preserva la independencia de la pretensión penal; en otras palabras, la sentencia penal no es vinculante para el juzgador civil. Pero resulta incuestionable que las sentencias proferidas en contra del representado por el recurrente por culpa, tanto en el Juzgado Municipal del Distrito de Las Tablas, como por el Tribunal de Apelaciones y Consultas de la Provincia de Los Santos, se erigen en una prueba documental de relevante importancia que se deriva del contenido del artículo 1644 del Código Civil por cuanto que una de las condiciones en pretensiones de esta naturaleza consiste en que se pruebe que en la acción u omisión que haya causado daño a otro se demuestre la culpa o negligencia. Sostiene el postulante que no hubo diagnóstico equivocado y que los procedimientos utilizados fueron adecuados. Sobre ese ángulo del proceso precisa puntualizar que el D.P.R.M. practicó una mastectomía bilateral a la demandante teniendo como diagnóstico vasculitis, que es distinto al informe patológico y a lo testificado por el Dr. G.S.M., dermatólogo, al decir que conoció el caso por consulta del Dr, (sic) R., quien le hizo saber que él realizó la biopsia, pero no recuerda haber visto el resultado de esa prueba, añadiendo que no cree que la mastectomía bilateral sea el tratamiento adecuado en un caso de vasculitis, por último manifiesta el Dr. Spadafora que todo médico debe ser responsable al adoptar una decisión de esa naturaleza. Ante un diagnostico como el ya anotado (sic) la D.E.E.R.D. (fs.303) manifestó que la vasculitis no se soluciona con una mastectomía radical de mamas, sino con un tratamiento médico, con medicamentos. Si existía una patología distinta, conocida como mastitis que es una inflamación de la glándula mamaria de primates y la ubre en los mamíferos, como anota el recurrente, tampoco era indicada la cirugía bilateral de mamas, según las pruebas traídas al proceso. Allí es donde surge la imprudencia del demandado por cuanto actuó más allá de sus conocimientos, es decir, practicó una cirugía para la que no estaba entrenado y, por añadidura colocó implantes mamarios a la paciente, que luego debieron ser removidos o quitados por razón del problema infeccioso que sobrevino. Los peritos dan a entender con claridad diáfana que lo importante no es si hubo un juicio inexacto en cuanto al diagnostico de la patología de la demandante; lo relevante es que se practicó una cirugía para la que, repetimos, el demandado no estaba entrenado, tanto es así que en la prueba documental se advierte que los Doctores Enero Avilés, A. De Sedas Bellido (fs. 863-872), O.M.E. y S.M.H. (fs.403-410), recomiendan o sugieren que sean cirujanos plásticos quienes realicen implantes de prótesis de mamas, justamente porque ellos tienen especialización en el ramo. La lesión física que le sobrevino a la demandante le produjo incapacidad definitiva de 153 días, deformidades estéticas de ambos senos, problemas circulatorios de congestión venosa en el brazo derecho permanente (fs.997-998 y 1112). Más aún, la Sociedad Panameña de Cirugía Plástica y R. efectuó una pericia en la que plasmó, luego de una revisión clínica a la demandante que "existen evidencias de que el caso fue mal manejado y que la conducta y criterios quirúrgicos no fueron los adecuados". Además el Dr. A.E.C. tras explicar el cuadro clínico de la demandante, manifestó: "Yo personalmente no podría asegurarle a la señora que podría tener un buen resultado. Personalmente yo no la hubiera operado". Por su parte el Dr. A. De Sedas, quien labora en (sic) Instituto Oncológico Nacional indicó que desde el punto de vista oncológico sólo es aceptado practicar mastectomía en lesiones cancerosas y premalignas o en caso de historia familiar muy positivo, o la presencia de mutaciones del gen BCRA-10 (sic) BCRA-2 (sic). El D.S.M.H., cirujano plástico, manifiesta que la colocación de prótesis requiere de adiestramiento y un cirujano plástico debe tener cuatro años de experiencia en ese tipo de cirugías. Todo esto nos lleva a la conclusión de que la culpa del demandado P.R.M., de cuya identidad no aflora duda ninguna, está debidamente acreditada. Está demostrado a través del tejido probatorio que en parte hemos examinado que a consecuencia de esa culpa la demandante sufrió daños materiales, morales y sociales, que obligan al demandado a indemnizarla al tenor del artículo 1644-a del Código Civil ya que se infiere que hubo una contratación tácita entre demandante y demandado, cuando aquella se sometió al tratamiento quirúrgico sugerido por éste. (Resalta la S.) ..." (fs. 2,178-2,181) De lo expresado por el Fallo impugnado previamente transcrito, se observa que, efectivamente, como señala el Recurrente, para formar su convicción, el Tribunal Superior no se refirió ni hizo un análisis de las pruebas periciales descritas en este primer Motivo. Por ello, procederemos entonces a examinar el contenido de cada una de las referidas pruebas, con el objeto de establecer si, en efecto, como afirma el Recurrente, su valoración hubiese influido de manera sustancial en la parte dispositiva del Fallo recurrido, dando lugar a que se configure el cargo de ilegalidad expuesto en este primer Motivo. En tal sentido, tenemos que consta a fojas 20 y 99 del expediente, la copia autenticada del resultado del Informe de Patología elaborado por el D.L.H.L., a solicitud del D.M.F.D., el día 14 de febrero de 2000, en el que se establece lo siguiente: "... HISTORIA CLINICA: PACIENTE CON ULCERAS MAMARIAS A REPETICION, SIN DIAGNOSTICO PATOLOGICO. PRESENTA ULCERACION EN MAMA DERECHA DE MAS O MENOS 3 CMS DE DIAMETRO LIMPIA. DIAGNOSTICO CLINICO: ULCERA MAMARIA E/E ORIGEN DEL ESPECIMEN: PIEL DE MAMA DERECHA, BORDE DE ULCERA.(Resalta la S.) INFORME DE PATOLOGIA DESCRIPCION MACROSCOPICA: RECIBE UNA BIOPSIA DE PIEL QUE MIDE 0.4 X 0.2 X 0.1 CM. DESCRIPCION MICROSCOPICA: LAS SECCIONES SE RECONOCE PIEL QUE PRESENTA LA EPIDERMIS SIN ALTERACIONES; EN LA DERMIS Y TEJIDO SUBCUTANEO HAY PROLIFERACION DE PILARES SANGUINEOS, ALGUNOS CON DISCRETO INFILTRADO DE LINFOCITOS Y PROLIFERACION DE FIBROBLASTOS Y UNA CELULA GIGANTE MULTINUCLEADA TIPO DE CUERPO EXTRAÑO Y PIGMENTO DE HEMOSIDERINA. DIAGNOSTICO ANATOMO-PATOLOGICO: BIOPSIA DE PIEL DE LA MAMA DERECHA: BORDE DE ULCERA CRONICA." Se aprecia también a fojas 22 y 91 del expediente, la copia autenticada del resultado del Examen de Mamografía practicado por la Radióloga Médica M.N. de L., a solicitud del D.V.H., el 4 de febrero de 2000, en el cual se deja el siguiente reporte: "INFORME MAMOGRAFIA: EL ESTUDIO SE REALIZA EN EQUIPO DELICADO CON PROYECCIONES CEFALO CAUDALES OBLICUAS ASI COMO PROYECCIONES ESPECIALES DE TEJIDO GLANDULAR, CON RECHAZO DE LA PROTESIS. PACIENTE PRESENTA PROTESIS MAMARIA EN FORMA BILATERAL. EVIDENTE LA P.M. LAS CUALES SE IDENTIFICAN UNIFORME. EL TEJIDO GLANDULAR CIRCUNDANTE ES COMPACTO Y DENSO. EN EL EXAMEN CLINICO DE LA PACIENTE SE EVIDENCIA AREAS DE MAYOR Y MENOR CONSISTENCIA MAMARIA, Y CICATRICES MULTIPLES POST QUIRURGICA. CON LA COMPRESION DE LA GLANDULA MAMARIA HUBO DIFICULTAD YA QUE LA PACIENTE PRESENTA DOLOR ASI COMO SALIDA... NO IDENTIFICO EN EL TEJIDO GLANDULAR QUE PUEDA OBSERVARSE EN LAS MAMAS, IMAGENES COMPATIBLES CON LESIONES... NO PUEDO DESCARTAR EL AUMENTO DE LA DENSIDAD DE LA GLANDULA MAMARIA FORMACIONES QUISTICAS SOLIDAS-INFECCIOSAS. NO HAY IMAGENES DE CALCIFICACIONES DE TIPO PATOLOGICAS. IDX: P.M.. TEJIDO GLANDULAR OBSERVADO DE ASPECTO DENSO, QUE NO PUEDO EXCLUIR FORMACIONES QUISTICAS NI SOLIDAS/INFECCIOSAS. ANTECEDENTE ABSCESOS MAMARIOS A REPETICION. NO SE DEFINEN SIGNOS MAMOGRAFICOS PROMINENTES DE MALIGNIDAD. ES IMPORTANTE CORRELACIONAR CON LA CLINICA ASI COMO LOS ESTUDIOS PREVIOS DISPONIBLES Y ULTRASONIDO." (Resalta la S.) Vemos que en la foja 137 del expediente, se encuentra la copia autenticada del resultado del Informe de Patología elaborado por el D.J.V.P., a solicitud del Doctor Policart, el día 4 de mayo de 2001, en el que se reporta lo siguiente: "INFORME DEL PATOLOGO ESTUDIO MACROSCOPICO: Se reciben 2 fragmentos irregulares de tejido fibro adiposo cubierto parcialmente por piel que pesan juntos 25 gramos. 2 F. Parte, 7/5/01 - 1 Placa, 10/5/01 ESTUDIO MICROSCOPICO: En las secciones examinadas se reconoce tejido mamario, celular subcutáneo y piel en los que se observan cambios inflamatorios de tipo crónico. DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO: PIEL Y TEJIDO MAMARIO: REACCION INFLAMATORIA CRONICA NO ESPECIFICA" Como se expuso anteriormente, el Recurrente pretende por medio de estas pruebas de informe, acreditar que el demandado D.P.A.R.M. no le causó daño a la demandante M.V.G.N., ya que el dictamen médico de "vasculitis" que le diagnosticó, estaba debidamente comprobado y, por tanto, no le cabe responsabilidad civil. No obstante, después de analizar el contenido de los Informes Patológicos antes descritos y extraer lo que de ellos se afirma, esta S. no coincide con lo señalado por el Recurrente, cuando manifiesta que con ellos se acredita que el dictamen médico diagnosticado por el demandado a la paciente fue el indicado. Según aprecia la S., de las pruebas referidas, lo que se acredita son los diagnósticos anatomo-patológicos realizados a la demandante M.V.G.N., de los que se obtienen resultados de paciente con antecedentes de ulceración mamaria crónica a repetición, presencia de implantes de prótesis mamarias bilateral, que presentan rechazo y reporte de que no hay patología de lesiones con signos prominentes de malignidad. Desde esta perspectiva, la S. reitera, que no se evidencia que la paciente M.V.G.N. muestre lesiones malignas o cáncer de mamas, antes o después de la operación a la que fue sometida, lo cual, quedó corroborado con los argumentos expuestos en la Sentencia de Segunda instancia citada, en la que se concluyó, que no era la Mastectomía Simple el procedimiento indicado para este caso. Por consiguiente, la S. concluye que la omisión en la valoración de los medios probatorios denunciados en este primer Motivo, no inciden sustancialmente en la parte dispositiva de la Resolución recurrida, ni tampoco resultan trascendentales, luego de su apreciación por esta Superioridad, como para variar la decisión a la que llegó el Tribunal Ad quem, por tanto, no prospera el cargo endilgado contra la Sentencia impugnada, ni se producen las violaciones de las normas del Código Judicial y Civil citadas como infringidas. Por otra parte, en el segundo Motivo el cargo formulado por el Recurrente contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, consiste en que no tomó en cuenta el Historial Médico de la demandante M.V.G.N., que reposa a fojas 55, así como también desconoció la prueba documental, visible a foja 87 del expediente. De dichas pruebas, según el Recurrente, se demuestra que la demandante tenía antecedentes familiares de cáncer y de lesiones en las mamas, por la línea materna; por lo que de haber sido consideradas por el Juzgador de Segunda instancia hubiese concluido que la operación realizada por el demandado, D.P.A.R.M. a la demandante M.V.G.N. se encontraba dentro de los procedimientos y tratamientos indicados, por tanto, no se podía haber causado una responsabilidad civil. Este cargo de ilegalidad, al igual que el anteriormente estudiado, también se fundamenta en la presunta violación directa por comisión del artículo 780 del Código Judicial, que establece, entre los elementos de prueba, la documental y la pericial. Se cita como violado de manera directa, por comisión, el artículo 832 del Código Judicial, que enumera los medios que constituyen pruebas documentales y los clasifica en públicos o privados. Conforme explica el Actor, la contravención de esta norma sobreviene, porque si el Tribunal Superior hubiera tomado en cuenta las pruebas documentales antes referidas, hubiese concluido que el D.P.A.R.M. realizó el tratamiento de acuerdo con los procedimientos requeridos y que no existían las condiciones para atribuirle responsabilidad civil, revocando así, la Sentencia primaria. Nuevamente advierte el Recurrente la violación del artículo 1644 del Código Civil, que consagra la responsabilidad civil extracontractual. Seguidamente, la S. considera oportuno destacar lo que se desprende de las pruebas que han sido denunciadas como no valoradas por el Tribunal Superior, para luego determinar si, como en efecto, señala el Recurrente, de haber sido consideradas hubieran influido sustancialmente en lo dispositivo del Fallo recurrido, llegando a conclusiones distintas como sería la revocación de la Sentencia primaria. Tras revisar la prueba visible a foja 55 del expediente, se observa un documento que refiere la historia evolutiva de la demandante M.V.G.N., del que se evidencia que la paciente fue hospitalizada en dos ocasiones, es decir, en los años 1997 y 1998, por motivo de diagnóstico de enfermedad fibro quística, descartar cáncer de mamas, abscesos mamarios y, en el que además, se indica que la demandante tuvo salida voluntaria, porque se negó a realizar el tratamiento quirúrgico de biopsia. Con relación a la prueba documental legible a foja 87 del expediente, según aprecia la S., se desprende la Historia Clínica de la señora M.V.G.N., en la que se revela la siguiente información: "Paciente femenina de 32 años...Acude al hospital Genarino De León y, según refiere la paciente, resultado de patología de dichas mamas se reportó como "Vasculitis" (No contamos con el reporte). Se manejó de forma ambulatoria y en enero 2000 se hospitaliza nuevamente para resección del tejido glandular mamario y colocación de prótesis (3/1/200). Post operatorio con múltiples complicaciones e infecciones de área quirúrgica, tx con A.. Pte. Solicita salida voluntaria y acude a nuestro servicio. Antecedentes: -Heredofamiliares: Familiares con lesiones similares (Madre, hermanas (6), Tías maternas (4) y un tío materno) (Resalta la S.) ..." (f. 87) Al igual que en el primer Motivo previamente analizado, la S. puede comprobar, luego de examinar la Sentencia de Segunda instancia impugnada que, en efecto, como señala el Recurrente, las pruebas documentales antes descritas, también fueron ignoradas por el Tribunal Superior. Por esa razón, con dichas pruebas, la censura pretende acreditar que la demandante M.V.G.N. tenía antecedentes familiares de cáncer y de lesiones en las mamas, por la línea materna, por lo que de haber sido apreciadas por el Tribunal Ad quem, hubiera revocado la decisión primaria, con la conclusión que no le cabía responsabilidad civil al médico demandado, porque los procedimientos y tratamientos proporcionados fueron los adecuados. Según aprecia la S., las pruebas documentales de fojas 55 y 87, lo que acreditan es el estado clínico de la paciente M.V.G.N., en la que se detallan una serie de complicaciones e infecciones post-operatorias que le sobrevinieron, así como también el resultado de patología realizado en ambas mamas, el cual fue reportado como "Vasculitis" y las veces que la paciente estuvo hospitalizada como consecuencia de sufrir abscesos mamarios y enfermedad fibro quística. No obstante lo anterior, debemos aclarar que el hecho que en dichas pruebas se reporte que la paciente tiene antecedentes familiares con lesiones similares, no quiere decir ello, que ésta obligatoriamente sufra ese tipo de lesiones, pues, como bien quedó acreditado en el Motivo anterior, los Informes Patológicos, descartaron "lesiones con signos prominentes de malignidad". Por esa razón, la S. concluye que el cargo de injuridicidad que se plantea en este segundo Motivo que sustenta la Causal de fondo invocada, al igual que el anterior, tampoco prospera, ya que como bien señaláramos, para que se pueda considerar acreditado el cargo, es menester que la omisión indicada, el agravio de injuridicidad alegado, influya sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución impugnada y éste no es precisamente el caso. Por tanto, no se produce la violación de las normas legales alegadas. En el tercer y último Motivo, el Recurrente denuncia como cargo de ilegalidad contra la Sentencia de Segunda instancia, la omisión en la valoración de las pruebas que a continuación se describen: a) La declaración rendida por el D.M.B., la cual reposa de fojas 273 a 276. b) La declaración rendida por el D.J. de La Rosa Villarreal, legible de fojas 295 a 298. c) La declaración rendida por la Doctora E.R.G.G., la cual consta de fojas 421 a 425, y;d) Declaración rendida por el D.J.S.P., visible a fojas 1,300. e) El Informe del Instituto de Medicina Legal, que reposa de fojas 343 a 345.f) Los documentos visibles a fojas 2,144 y 2,149 del expediente. A juicio del Recurrente, las pruebas testimoniales detalladas en los acápites a), b), c) y d), demuestran que la demandante tenía una enfermedad repetida y que no cumplía con los tratamientos recomendados. Con relación al Informe del Instituto de Medicina Legal, descrito en el acápite e), el Recurrente indica que con dicha prueba se demuestra que no hubo mala praxis médica. Por último, el Recurrente manifiesta que con los documentos descritos en el acápite f), se demuestra que la demandante no asistió a las citas para sus exámenes psiquiátricos y psicológicos. Se estima infringido nuevamente por el Recurrente, el artículo 780 del Código Judicial, el artículo 907 del mismo texto legal y el artículo 1644 del Código Civil. Ahora pasaremos a examinar cada uno de los elementos de pruebas descritos en este tercer y último Motivo que sustenta la Causal invocada, para luego determinar si, como en efecto señala el Recurrente, fueron también ignorados en la citada Sentencia de Segunda instancia impugnada y, si los mismos, habrían incidido sustancialmente en la decisión, de haber sido tomados en cuenta por el Juzgador Ad quem. Así, consta de fojas 273 a 276 del expediente, la declaración jurada del D.M.B.V., quien señaló, entre otras cosas, que el D.P.A.R.M. fue el médico que realizó la cirugía a la señora M.V.G.N., que él participó como anestesiólogo, manifestando que complicaciones trans-operatorias no hubo y mientras estuvo hospitalizada la paciente, tampoco. Además, agregó que el D.R.M. mencionó entre el diagnóstico presuntivo "Vasculitis, abscesos". Finalmente, indicó que la cirugía realizada a la señora G.N. fue mastectomía. De igual manera, consta de fojas de 295 a 298 del expediente, la declaración jurada que se le recibió al D.J. de La Rosa Villarreal, quien declaró que trabaja como Cirujano en el Hospital Gerardino De León y que conoció a la paciente M.V.G.N., desde el año 1998, cuando ésta ingresó a dicho hospital con un cuadro de abscesos en ambas mamas, por lo que se le practicó drenaje, pero sin llegarse a determinar una etiología definida. Asimismo, entre otras cosas, agregó que atendió en múltiples ocasiones a la paciente a quien se le hicieron estudios histopatológicos que reportaban procesos inflamatorios inespecíficos y que también la atendió después de la Mastectomía Simple con colocación de prótesis que le había practicado el D.R., pues presentaban rechazo y en ese momento tenía "dehiscencia de las suturas con exposición de todo el tejido mamario". Continuó señalando que no le recomendó ningún tipo de cirugía, ya que según sus conocimientos y experiencias no es lo indicado realizar Mastectomía e implantes de prótesis de mamas, porque en un proceso infeccioso está contraindicado dejar un cuerpo extraño. Finalmente, manifestó que luego que el D.R. le practicó la mastectomía, la señora G.N. se hospitalizó, porque presentaba una celulitis en ambas mamas, pero luego pidió salida voluntaria. Cabe destacar que de fojas 421 a 425 del expediente, reposa la declaración jurada de la D.E.R.G.G., quien manifestó que trabaja como especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Santo Tomás y al preguntársele si atendió a la señora M.V.G.N., respondió que recuerda haberla tratado en consulta externa, referida por el D.F.D., porque presentaba lesiones y un cuadro infecciosos en ambas mamas, para lo cual prescribió antibióticos profilácticos peri operatorios, que se enteró que la paciente estuvo hospitalizada en el Hospital Gerardino De León, a consecuencia que se le habían colocado prótesis mamarias, de la cual pidió salida voluntaria. Agrega, que por el expediente clínico de la paciente, también se enteró "de una probable VASCULITIS" y que la misma, desde 1998 sufría de abscesos recurrentes con ulceraciones en ambas mamas. Finalmente, manifestó que para realizar una mastectomía e implantes de prótesis, eso dependería de, "si el Médico Cirujano ha realizado algún curso o entrenamiento o Sub-Especialidad para ese tipo de procedimiento". Con relación a la prueba consistente en la declaración jurada del Doctor Justo S.P. denunciada por el Recurrente como no valorada, la S. debe advertir que la misma no será examinada, por cuanto que la foja que se menciona no corresponde al medio probatorio señalado, siendo del Actor la responsabilidad de indicar en forma correcta la foja en la que se encuentra ubicada la prueba. En cuanto al Informe del Instituto de Medicina Legal, visible de fojas 343 a 345 del expediente, observa la S. que del mismo se desprende lo siguiente: "Finalmente concluimos, que no encontramos evidencias de mal praxis médica o negligencia profesional." Por último, se observan los documentos visibles a fojas 2,144 y 2,149 del expediente, que consisten en dos (2) Notas, una con fecha de 10 de agosto de 2010, suscrita por el Médico Psiquiatra C.E.C.R. y la otra con fecha de 20 de agosto del mismo año 2010, suscrita por el D.H.M.E.E., Director Médico de la Policlínica Dr. M.C. de la Caja de Seguro Social de Las Tablas, de las cuales se desprenden que ambos galenos notificaron al Tribunal Superior del Cuatro Distrito Judicial que la señora M.V.G.N., no acudió a sus citas programadas para realizarle la Evaluación psicológica y psiquiátrica. Detalladas como lo han sido, las pruebas documentales, testimoniales y periciales denunciadas, la S. debe advertir que una vez revisada la Sentencia objeto de censura, observa que, efectivamente, como expresa el Recurrente, dichos medios probatorios fueron ignorados por el Tribunal Ad quem, puesto que al motivar su decisión de confirmar la Resolución de Primera instancia no hizo referencia alguna de los mismos. En ese sentido, pretende el Recurrente, mediante las referidas pruebas, acreditar que la demandante tenía una enfermedad repetida, que no cumplía con los tratamientos recomendados, ni con las citas programadas para evaluaciones psicológicas-psiquiátricas y, además, que se descarta por medio del Informe Médico Legal, que no hubo mala praxis médica en la prestación de su servicio. Si bien de las pruebas documentales visibles a fojas 2,144, 2,149 y de la prueba de Informe Médico Legal elaborada por el Instituto de Medicina Legal, que reposa de fojas 343 a 345, se pueden desprender lo que de ellas se afirma, no es menos cierto, que estos medios probatorios, no poseen la contundencia necesaria para desvirtuar la decisión emitida en la Sentencia de Segunda instancia, en la cual quedó acreditado el daño causado a la demandante como resultado del actuar negligente del Médico demandado en el servicio prestado y de donde surge la responsabilidad de reparar el mismo. Con relación a las declaraciones testimoniales antes descritas, esta S. debe indicar que si bien las mismas tampoco fueron tomadas en cuenta en la Sentencia de Segunda instancia impugnada, su valoración no hubiera variado la decisión asumida por el Tribunal Ad quen, pues éste, para determinar que hubo culpa y negligencia en la actuación del Médico demandado, se fundamentó en la apreciación de otros medios de convicción que poseen la eficacia o el valor necesario para llegar a tal determinación, siendo estos, los testimonios rendidos por los D.G.S.M., E.E.R. y D.E.A., quienes coincidieron en señalar que en un caso de "Vasculitis", no es la Mastectomía Simple Bilateral el tratamiento médico adecuado, sino con medicamentos; igualmente, el Ad quem fundamentó su decisión en los peritajes realizados por los D.A. De Sedas Bellido, O.M.E. y S.M.H., quienes recomiendan y sugieren que sean cirujanos plásticos los que realicen implantes de mamas, justamente, porque son ellos los que tienen la especialización en el ramo. Por lo tanto, el hecho relevante que desvirtúa y prevalece sobre las pruebas que hoy denuncia el Recurrente como no valoradas, lo constituye el haberse practicado una cirugía para la cual el médico tratante no estaba capacitado, ni gozaba de la experiencia, ni tenía los conocimientos de especialización requeridos para llevarla a cabo. Hecho este, que ha podido ser verificado por esta S., luego del análisis del caudal probatorio existente dentro del presente Proceso y que se traduce en la opinión sustentada de los Doctores miembros de la Sociedad Panameña de Cirugía Plástica y R., quienes examinaron clínicamente a la paciente M.V.G.N., nos lleva de la mano ala conclusión"que existen las evidencias que su caso fue mal manejado, que la conducta y criterios quirúrgicos no fueron los adecuados." (f. 513 del expediente) Aunado a lo anterior, el Médico Oncólogo, D.A. De Sedas, señaló que el procedimiento de Mastectomía Simple solo se debe practicar en aquellos casos en los que el Oncólogo perciba un altísimo riesgo de desarrollar un cáncer de mama, como sería por ejemplo, en pacientes con historia familiar muy positivo, de lesiones mamarias premalignas o con estudios genéticos para la presencia de "BCRA-1 o BCRA-2". Por eso, en apreciación de la S., no se produce el error de hecho sobre la existencia de la prueba que alega el Recurrente, por cuanto se considera que en el Proceso quedó expuesto, que constan los elementos probatorios e indicios que demuestran la existencia del daño moral causado a la señora M.V.G.N., daño que, como es lógico, es imputable a quién incurrió en culpa o negligencia en la prestación del servicio médico, conclusión esta a la que llegó el Tribunal Superior al analizar las pruebas y los indicios, no limitándose únicamente a la culpa presunta, pues, la demandante introdujo una serie de indicios que llevaron al Tribunal Ad quem a concluir lo que en la doctrina se denomina "Culpa Virtual" y, que para esta S. su constatación no exime a la demandante de la carga de probarla aunque sea a través de la incorporación de indicios, tal como lo sostuvo en Fallo reciente, en el que al respecto dejó sentado lo siguiente: "La noción de culpa virtual 'no elimina el principio de la culpa probada a cargo del demandante y tampoco admite que se pueda partir de meras presunciones para establecer la responsabilidad del médico. Siempre hará falta que el demandante demuestre o incorpore al proceso una serie de graves indicios (mismos que habría que confrontar con lo que nos diga el resto de las pruebas allegadas a los autos), a partir de los cuales el juez no tenga más remedio que concluir por inferencia lógica que el daño es imputable a la culpa de quien se encargó de la prestación del servicio, quien a su vez, durante el desarrollo del proceso, ha tenido la oportunidad de probar que empleó una práctica correcta para evitar los daños ocasionados." (J.M.T. y Gloria de Terán -Vs- Brittania Rodaniche. S. Civil, 25 de febrero de 2000) Así, en este proceso, la conducta negligente y culposa del médico demandado quedó probada en Autos, tal como se desprende de la citada Sentencia de Segunda instancia proferida por el Tribunal Superior, quien después de avalar la ponderación realizada por el J. A quo al material probatorio incorporado, estimó que de esa culpa, la demandante sufrió daños materiales, morales y sociales, que obligan al demandado a indemnizarla, conforme lo dispone el artículo 1644ª del Código Civil, ya que se infiere que hubo una contratación tácita entre demandante y demandado, cuando aquella se sometió al tratamiento quirúrgico sugerido por el médico tratante (fs. 2,180-2,181), estimación que también es compartida plenamente por la S.. Nuestro Código Civil, en su artículo 1644ª, define el daño moral, como aquella "afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la configuración que de si misma tienen los demás". Es decir, que el daño moral es aquel que resulta de la violación de uno o varios derechos inherentes a la personalidad, como son: el honor, la reputación, la imagen, la fama, el decoro, la dignidad, la salud, la vida, la intimidad, etc. Del mismo modo, aprecia la S. que, resulta innegable la existencia del dañoexperimentado enla persona de la señora M.V.G.N.,el cual sobrevino de las diversas complicaciones que ha venido sufriendo tras la cirugía que le fuere practicada, el cual se acredita con las lesiones físicas, infecciones o necrosis de la piel y tejido mamarios, inflamaciones de tipo crónicas, dehiscencia de las heridas, que afectan de manera irreversible a los tejidos mamarios, entre otros. No obstante, el alcance exacto de dicho daño no fue establecido, porque en el expediente no reposa documentación acreditativa que los determine, circunstancia que no se constituyó en razón que impidiera que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 996 del Código Judicial, el Juzgador de Primera instancia declarara la Condena en Abstracto del demandado, decisión ésta que fue confirmada por el Tribunal Ad quem. A manera de ilustración, la S. estima conveniente citar un extracto de la Sentencia de 30 de mayo de 2003, emitida por esta Superioridad, que sobre la prueba del daño moral, dejó sentado el siguiente criterio: "Luego de las consideraciones expuestas en el fallo impugnado sobre los medios de prueba que sirvieron para demostrar el daño moral que sufrió el demandante, a juicio de esta Corporación resulta acertado el análisis y la conclusión a la que arribó al respecto, ya que al haberse acreditado la lesión que sufrió la víctima del accidente, consistente en la pérdida de su ojo derecho, sin lugar a dudas recae en su configuración y aspecto físico, lo que obviamente se traducen en la afectación de sus sentimientos psíquicos, tanto en su yo interno ocasionándole sentimientos desagradables (como tristeza, preocupación, angustia, intranquilidad, desasosiego, fracaso, mal humor, cólera, entre otros), así como también los llamados sentimientos de autovaloración y exvaloración, los primeros referentes a la consideración que tiene la persona sobre sí mismo(vergüenza, culpa, etc.), y los segundos relativos a la consideración que tienen los terceros sobre su persona (como repugnancia, desprecio , lástima). En jurisprudencia de esta S. se ha dicho que en estos casos de lesiones físicas, los medios de prueba que acreditan la severidad y magnitud del daño o trauma físico, constituyen al mismo tiempo la prueba del daño moral, ya que constituyen una alteración de su configuración y aspecto físico, por lo que necesariamente tienen que afectarse negativamente sus emociones y sentimientos psíquicos. En este sentido en fallo de 16 de junio de 1999, la Corte dijo: "La sentencia cuestionada, sobre esta tema, tomó en cuenta lo declarado en el proceso por el Dr. LUIS CRESPO (v.fs.105-108), Cirujano Plástico que atendió a la menor afectada por la mordeduras del perro, el día del incidente. En ese sentido el tribunal fue enfático: Si bien es cierto que el Dr. C. compareció como testigo y no como perito, en atención de su especialidad estaba autorizado, como lo hizo, para responder a preguntas relacionadas con la magnitud y severidad del daño que sufrió la víctima, por el ser el declarante una persona especializada (art. 928 del C. Jud.). De allí que también nos parezca razonable que de la declaración rendida haya podido deducir el sentenciador que a los demandantes les fue ocasionado el daño reclamado en este juicio. ...Acerca del daño moral esta S. se ha pronunciado como sigue: Sobre la prueba del daño moral se dijo en aquella sentencia: "Pero, por encima de lo que hayan dicho los peritos empleados en el esfuerzo de demostrar que se produjo un daño moral en perjuicio de la parte demandante, es mucho más importante dejar sentado el criterio de que, cuando el agravio moral consiste en la violación de cualquiera de los derechos de la personalidad de un sujeto, la mera demostración de la existencia de dicha transgresión constituirá, al mismo tiempo, la prueba de la existencia del daño moral ocasionado. La prueba del daño moral surge o aflora, inmediatamente, de los hechos que constituyen la actividad ofensora, pues el daño moral se presume por la sola realización del hecho dañoso. Por ej. el cónyuge no necesita probar que ha sufrido dolor por la muerte de su esposo o esposa, ni el padre por la muerte de un hijo, cuando el deceso ha sobrevenido con motivo de un ilícito cometido por tercero." Ante dicho panorama jurídico, considera así la S., que la supuesta omisión en la consideración de los medios probatorios alegados por el Recurrente en este tercer y último Motivo que sustenta la Causal única de fondo invocada, no inciden de forma alguna en lo dispositivo de la Resolución recurrida, pues, la valoración de los mismos no hubiese conducido a una conclusión distinta a aquella que fue plasmada en el citado Fallo de Segunda instancia. Esto es así, porque el artículo 1169 del Código Judicial bien señala que para que el Recurso de Casación pueda prosperar con relación a los cargos de injuridicidad expuestos, es necesario que la Causal haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida. Así, esta S. de lo Civil, se ha pronunciado con respecto a lo manifestado acerca del error de hecho, particularmente en el Fallo el 2 de julio de 2010, donde se sostuvo lo siguiente: Sobre el particular, esta Corporación estima conveniente citar algunas consideraciones que ilustran lo manifestado acerca del error de hecho, particularmente en el Fallo dictado por esta Corporación Judicial el 2 de julio de 2010, donde se sostuvo lo siguiente: "Al examinar los cargos por omisión probatoria que sustentan la infracción de normas de derecho en concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, con la resolución pronunciada en segunda instancia, esta S. de la Corte se percata que los medios probatorios destacados sí fueron pretermitidos en la decisión impugnada. No obstante, esta Corporación también aprecia que la omisión de los medios probatorios enunciados no influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido, puesto que después de realizar el examen de pruebas ignoradas se concluye lo siguiente: ... Expuesto lo anterior y antes de concluir el análisis, esta Corporación desea aclarar que si bien es cierto hemos reconocido que el Tribunal Superior ignoró los medios probatorios enunciados en el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, es del caso anotar para que opere esta modalidad de la causal de fondo, el agravio de injuridicidad debió influir "sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida", puesto que si la infracción de normas sustantivas de derecho que acusa, no tuvo injerencia directa en lo decidido en la sentencia de segunda instancia, es decir, si la infracción de normas sustantivas de derecho invocada no afecta, ni varía la decisión adoptada por el Tribunal Ad quem, resulta inocua la interposición del recurso de Casación, y amerita su desatención." (Resalta la S.) Con fundamento en el análisis precedente, siendo que el Recurrente no logró demostrar que la omisión en la valoración de las pruebas enunciadas en cada uno de los Motivos que sustentan la Causal invocada, inciden sustancialmente en lo dispositivo del Fallo recurrido, ni tampoco que poseen la eficacia e idoneidad para desvirtuar el criterio expuesto por el Tribunal Superior, la S. puede concluir que no prosperan los cargos de ilegalidad formulados contra la Sentencia de Segunda instancia, así como tampoco la alegada infracción de los artículos 780, 784, 832, 907, 966, todos del Código Judicial y el artículo 1644 del Código Civil; por tanto, se desestima por infundada la Causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba, objeto del presente Recurso de Casación. En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Resolución de seis (6) de octubre de dos mil diez (2010), proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía que M.V.G.N. le sigue a P.R.M.. Las costas del Recurso de Casación, tal como dispone el artículo 1196 del Código Judicial, se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.500.00). Notifíquese Y DEVUÉLVASE, OYDÉN ORTEGA DURÁN HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARLEY J. MITCHELL D. SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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