Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 4 de Febrero de 2015

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución: 4 de Febrero de 2015
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS: Surtidos los trámites de lugar, atañe a esta Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, resolver el recurso de Casación formalizado por R.R.P., contra la resolución de 25 de junio de 2012, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, con ocasión al proceso ordinario que el mismo promovió contra R.E.R.R. e INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A. El fallo recurrido sólo modificó en cuanto a la tasación de las costas, la Sentencia No.72 de 20 de diciembre de 2010, dictada por el Juzgado Undécimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, que es del siguiente tenor: "En mérito de lo antes expuesto, la suscrita JUEZ UNDÉCIMA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley dentro del Proceso Ordinario propuesto por ROMÁN ROLLON PRIETO contra R.E.R.R. e INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., RESUELVE: PRIMERO: RECONOCE la "Excepción de Ilegitimidad en la Causa en su modalidad pasiva a favor de la demandada INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A. SEGUNDO: DECLARA NO PROBADA la pretensión incoada por ROMÁN ROLLON PRIETO contra R.E.R.. Se CONDENA en costas al actor, mismas que se tasan en la suma deNOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.91,700.00) Fundamento de Derecho: Artículos 38, 976, 986 y 1009 del Código Civil, artículos 688, 690, 693, 1069 y 1071 del Código Judicial." (fs.1564-1565) ANTECEDENTES R.R.P. promovió proceso ordinario de mayor cuantía contra R.E.R.R. e INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., con el fin de que se declarara el incumplimiento del contrato de sociedad por parte de R.E.R.R., en perjuicio del postulante, y que producto de ese hecho se condenara a R.E.R.R. e INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., a pagar de forma solidaria, la suma de B/.1,500,000.00. Cumplidas las formalidades de reparto, el Juzgado Undécimo de Cicuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá le imprimió admisión a la demanda, y dispuso el respectivo traslado, lo que motivó que las contradictoras presentaran, cada cual, sendos libelos de contestación a la demanda, en que básicamente se oponían a la pretensión de su contraparte. Agotadas las fases de saneamiento, probatoria y de alegatos, se profirió sentencia de primera instancia, en la que se declaró probada la excepción de ilegitimidad en la causa en su modalidad pasiva, a favor de la demandada INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., se declaró no probada la pretensión incoada contra R.E.R., y se condenó en costas al demandante, por la suma de B/.91,700.00, pronunciamiento que fue apelado por R.R.P., y por INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., esta última en cuanto a la tasación de las costas. Luego de evacuadas las ritualidades de segunda instancia, a través de la sentencia de 25 de junio de 2012, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial resolvió: "En mérito de lo expuesto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, MODIFICAla Sentencia No.72 del veinte (20) de diciembre de dos mil diez (2010), proferida por el Juzgado Undécimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario propuesto por R.R.P. contra R.E.R.R. e INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., en el sentido de que las costas de primera instancia impuestas a la parte actora se tasan en la suma de CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.117,950.00) Se MANTIENE en todo lo demás el contenido de la sentencia apelada. Las costas a favor de los demandados y en contra de la parte actora se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00)." (fs.1595-1611) DEL RECURSO DE CASACIÓN Y DECISIÓN DE LA SALA. Con ocasión a la disconformidad que con el fallo dictado en grado de apelación expresó el censor, se admitieron las dos (2) modalidades de fondo invocadas, a saber, error de hecho sobre la existencia de la prueba, y violación directa, lo que ha influído sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. A renglón seguido, esta M. estudiará, primeramente, el concepto de fondo correspondiente a error de hecho sobre la existencia de la prueba, respecto al cual, el impugnador planteó su disenso en un sólo motivo, que versa así: "Primer Motivo. Que la resolución recurrida, al determinar no acceder a nuestras pretensiones por considerar tipificadas las excepciones de inexistencia de la obligación y contrato no cumplido, aplicando los textos insertos en los acuerdos fechados 14 de febrero de 2007 y 26 de junio de 2007, no apreció las contestaciones de demanda de los demandados visibles a fojas 47-63 del presente expediente, respectivamente, en la cual éstos reconocen y confiesan que firmaron acuerdo (sic) posterior con el demandante fechado 26 de julio de 2008, lo cual ha influido en los (sic) dispositivo del fallo, toda vez que, de haberlo apreciado el Ad-Quen, (sic) se hubiese interpretado y aplicado en debida forma la relación contractual entre las partes, en donde se acordó, que tanto R.R. así como INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., empresa vinculada al desarrollo del proyecto inmobiliario objeto del proceso, con el fin de terminar sus obligaciones que tienen para con R.R., se obligaron a pagar a éste último en compensación la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS CON 00/100 (B/.1,500,000.00). (fs.1623-1624) Como normas de derecho infringidas por el Ad Quem, el promotor del presente medio de rebatimiento señala el artículo 780 del Código Judicial, así como el artículo 976 del Estatuto Civil. Como paso previo al examen del cargo de agravio imputado a la decisión de alzada, esta Sala de Decisión estima necesario precisar que la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, conlleva un desacierto que se materializa cuando en el fallo impugnado se pasa por alto la justipreciación de un elemento acreditativo, o cuando se reconoce la presencia de una pieza de convicción que no fue incorporada al proceso. Para el caso que ocupa la atención de esta Sede Colegiada, la censura advierte que fue omitida la valoración de la prueba de confesión, vertida por las contradictoras, en sus respectivos memoriales de contestación de la demanda, apreciables de foja 47-63 del primer tomo del proceso, consistente en la aceptación de que firmaron un acuerdo posterior con el postulante, de fecha 26 de julio de 2008. A juicio del casacionista, esa pretermisión afectó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución atacada, ya que con tales confesiones se acredita que se pactó, que tanto R.R., como INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., se obligaban a pagar la suma de un millón quinientos mil balboas con 00/100 (B/.1,500,000.00), para cancelar las obligaciones que tenían con ROMAN ROLLÓN. La revisión atenta de la sentencia bajo escrutinio, con el propósito de verificar si se omitió la valoración de la comentada confesión, permite a esta M. manifestar que, efectivamente, en el fallo cuya injuricidad se reclama, se obvió hacer alusión a la susodicha aceptación de hechos que, desde el punto de vista del recurrente, su contraparte expresó en los libelos a través de los cuales dio formal contestación a la demanda. Ahora bien, la falta de mención de la alegada confesión, en la decisión cuestionada mediante el presente recurso extraordinario obedece a que, contrario a lo expresado por el propulsor de este medio de impugnación, en ningún momento quienes ocupan la posición de demandados en este litigio, confesaron lo que señala quien se muestra en desacuerdo con la resolución dictada en segunda instancia. Primeramente, en lo que atañe a la sociedad demandada INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., queda claro en su escrito de contestación de la demanda (fs.47-52) que la misma no admitió haberse constituido en parte en el llamado "Finiquito y Acuerdo de Terminación de Derechos y Obligaciones", de 10 de julio de 2008, con fecha de cumplimiento 16 de julio de 2008 (referido por el impugnador como documento de 26 de julio de 2008), razón por la cual, no puede operar la confesión respecto a esa persona jurídica, realidad que se encuentra en consonancia con la excepción de Ilegitimidad en la Causa en su modalidad pasiva, reconocida a su favor. Por su lado, R.E.R.R., en su libelo de contestación de la demanda, legible del folio 54 al 63 del primer tomo de este proceso, acepta haber firmado, en conjunto con el pretensor, un documento denominado "Finiquito y Acuerdo de Terminación de Derechos y Obligaciones" de 10 de julio de 2008, reconocimiento que formuló en los siguientes términos: "Por útlimo (sic) se firmó entre R.R. y R.R. un Finiquito y Acuerdo de Terminación de Derechos y Obligaciones el día 10 de Julio del 2008, contentivo de una oferta simple de parte de R.R. de venta de sus derechos por el precio que él estimó en $1,500,000.00 (aprovechando las preventas que había adelantado mi poderdante que habían generado expectativas y obligaciones para la sociedad). Pero para el pago del precio, en caso de determinarlo así, R.R., contaba con seis días de plazo. El último párrafo de dicho documento determinó: "En caso de que por cualquier motivo el pago de un millón y medio de dólares (1,500,000.00) antes acordado no llegara a realizarse, antes del 16 de Julio del 2008, este acuerdo quedará totalmente anulado y sin efectos" Este párrafo del Finiquito produce la consecuencia jurídica de que el mismo queda sin efecto por un acuerdo de las partes y es lo que se conoce en la doctrina como pacto comisorio que produce la resolución automática del contrato cuando así lo hayan pactado las partes de forma expresa. El art. 1009 del Código Civil establece que si ambas partes se ponen de acuerdo sobre dejar sin efecto un contrato al llegar determinada fecha, y no cumplirse con la obligación establecida, el mismo no tiene consecuencia jurídica. Por lo tanto, para este proceso, el documento firmado el 10 de julio de 2008 y que debía cumplirse el 16 de julio del mismo año no tiene ninguna consecuencia jurídica ya que por voluntad de las partes quedo (sic) anulado y sin efecto." El contenido de las manifestaciones precedentes deja claro, según entiende esta Corporación de Justicia, que, pese a que R.E.R.R. admitió la celebración del convenio aludido por el casacionista, ese hecho no constituye una confesión, habida cuenta que por sí solo, no logra demostrar que ese demandado aceptó haberse obligado a pagar, en concepto de compensación, la suma de un millón quinientos mil balboas con 00/100 (B/.1,5000.000.00), con la finalidad de cumplir con obligaciones adquiridas con ROMÁN ROLLÓN. Lo anterior resulta así, puesto que el señor R.E.R.R. advirtió que el prenombrado acuerdo no constituía sino una oferta simple por parte de su contraparte, de venta de sus derechos, para la cual se le concedía un plazo de seis días, vencidos los cuales, sin que R.E.R.R. hubiera cancelado el precio, debía entenderse que ese acuerdo devenía en nulo y sin producir efecto alguno. De allí que, cabe concluir que la falta total de consideración del mérito probatorio que pudiesen tener estas manifestaciones emitidas por los contradictores, contenidas en sus respectivos libelos de contestación de la demanda, no inciden en lo dispositivo de la resolución impugnada a través de este medio de rebatimiento, por no constituir prueba de confesión alguna, máxime cuando con ellas queda patente que los demandados en todo momento se opusieron a las pretensiones ejercitadas por el casacionista. En definitiva, esta Superioridad descarta tanto el cargo formulado en el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, así como las presuntas infracciones al artículo 780 del Código Judicial, y al artículo 976 del Estatuto Civil. Agotado este extremo, atañe a esta Corporación de Justicia analizar la otra causal de fondo que el gestor de la impugnación busca hacer valer, relativo a infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. La causal en mención es sustentada en tres motivos, que guardan el siguiente tenor: Primer Motivo: Que la resolución recurrida, al determinar que INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo fechado 26 de junio de 2007, no mantiene obligación para con nuestra representada, puesto que la intención en el mismo, no era involucrar a las compañías; desconoce, lo estipulado en el contrato de compensación suscrito entre las partes fechado 26 de julio de 2008, en la cual, en su clausula (sic) primera y segunda, terminan las contrataciones anteriores; entre ellas, la de 26 de junio de 2007; e incluyen como responsables no solo (sic) a sus firmantes, sino a las empresas vinculadas en el desarrollo del negocio inmobiliario que produjo las contrataciones anteriores, en este caso INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A. Segundo Motivo: Que la resolución recurrida, al determinar que de acuerdo a lo estipulado en la cláusula sexta del acuerdo fechado 14 de febrero de 2007, son inviables nuestras pretensiones, debido a que no cumplimos con nuestra obligación de pagar la mitad de los gastos que surjan producto del desarrollo del proyecto (excepción de contrato no cumplido), desconoce lo estipulado en el contrato de compensación suscrito entre las partes fechado 26 de julio de 2008, en la cual, en su clausula (sic) primera y segunda, terminan las contrataciones anteriores, entre ellas, la de 14 de febrero de 2007; y en su defecto surgen nuevas obligaciones en la cual los demandados están comprometidos a pagar de forma irrevocable en compensación a ROMAN ROLLON producto de los aportes dados para el desarrollo del proyecto inmobiliario in comento la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS CON 00/100 (U$. 1,500,000.00). Tercer Motivo: Que la resolución recurrida al confirmar el fallo de primera instancia y de una u otra forma, el planteamiento del Ad-quo, consistente en que, el contrato fechado 26 de julio de 2008 no aplica a la controversia, por existir un ultimo (sic) párrafo que indica la nulidad absoluta del acuerdo, en caso de no darse el pago de UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS CON 00/100 (U$. 1,500,000.00), dentro del termino (sic) de 6 días por parte de los demandados, desconoce la regla de derecho por medio de la cual, la validez y cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes, aunado a que las nulidades son de orden público y por tanto no pueden ser decretadas de forma privada por alguna de las partes." (fs.1618) NORMAS CITADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN Como normas conculcadas el recurrente cita los artículos 974, 976, 1009, 1081, 1106, 1107, 1132, 1133, y 1134 del Código Civil. El artículo 974 del Estatuto Civil preceptúa lo siguiente: "Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia." Según el impugnador, la disposición transcrita fue objeto de violación directa por comisión, puesto que si bien el Tribunal Ad Quem reconoció al contrato como fuente del derecho en la presente encuesta, desconoció el último convenio, de 26 de julio de 2008, por cuya virtud las partes dieron fin con las contrataciones anteriores (de 14 de febrero de 2007 y de 26 de junio de 2007), creando ese nuevo acuerdo, a través del cual, los demandados en compensación se obligaron a pagar irrevocablemente a ROMÁN ROLLÓN, la suma de un millón quinientos mil dólares americanos con 00/100 (US$ 1,500,000.00), producto de los aportes dados para el desarrollo del proyecto inmobiliario que produjo las contrataciones anteriores. Otro precepto que se dice objeto de violación directa, correspondiente al artículo 976 del Código Civil, está redactado en los siguientes términos: "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos." Este texto jurídico, según asevera la censura, fue infringido en concepto de violación directa, por omisión, debido a que el Tribunal Superior desconoció su aplicación respecto al tenor del contrato de 26 de julio de 2008, convenio a través del cual los demandados se obligaron a pagar a ROMÁN ROLLON, en compensación, la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL BALBOAS CON 00/100. Respecto al artículo 1009 del citado compendio normativo, el mismo registra el siguiente tenor: "La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que lo autoricen para señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1159, 1160 y 1161, y a las disposiciones contenidas en el Título del Registro Público." Desde el punto de vista de quien expresa su disconformidad con la sentencia proferida en sede de apelación, este canon jurídico fue conculcado de forma directa, por omisión, al desconocer el texto del acuerdo de 26 de julio de 2008, que establece que los demandados se obligaron a cancelar a ROMÁN ROLLON, un total de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL BALBOAS CON 00/100, con el objeto de poner fin a sus obligaciones, sin que ello estuviera supeditado al pago de gastos, cuestión que no se ha hecho cumplir, estando ya en mora los contradictores. En lo concerniente al artículo 1081 del Estatuto Civil, el mismo señala: "Tendrá lugar la compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra." Para el casacionista, esta disposición fue quebrantada en concepto de violación directa, por omisión, habida cuenta que el Tribunal Superior, al motivar su decisión de acuerdo a lo pactado por las partes, obvió el tenor del convenio de 26 de julio de 2008, donde las partes acordaron que los demandados le cancelarían al postulante, un monto de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL BALBOAS CON 00/100, como compensación, con el objeto de satisfacer la deuda adquirida con el mismo. El artículo 1106 del Código Civil, norma también incluida como vulnerada por el fallo de segundo nivel, indica: "Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público." La parte que promueve el presente recurso extraordinario, alega que el texto jurídico transcrito resulta trasgredido por violación directa, por omisión, debido a que el despacho jurisdiccional que conoció de la apelación, al confirmar el fallo de primera instancia, que indicaba que el contrato de 26 de julio de 2008 carecía de validez, por existir un último párrafo que apuntaba hacia la nulidad absoluta del acuerdo, en caso de no darse el pago dentro de un término de seis días por parte de los demandados, desconoció que el principio de autonomía de la voluntad de las partes no es ilimitado, pues no se pueden acordar cláusulas contrarias a la ley y al orden público, como lo es ese párrafo, que deja al arbitrio de una de las partes, el cumplimiento del contrato, en adición a que las nulidades son de orden público y deben ser decretadas por los tribunales de justicia. En lo que guarda relación con el artículo 1107 del Estatuto Civil, el mismo dice así: "La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes." La susodicha disposición, según afirma el gestor de la impugnación, fue violada de forma directa, por omisión, ya que, al confirmarse mediante la decisión cuestionada, la sentencia de primera instancia, que indicaba la nulidad absoluta del contrato de 26 de julio de 2008, se ignoró que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse a la voluntad de una sola de las partes, no siendo por tanto viable que quien se obliga a pagar supedite la suerte del contrato al no pago que debe hacer el mismo. Otro precepto del Código Civil, que la censura aduce fue vulnerado a razón de violación directa, por omisión, corresponde al artículo 1132, que reza así: "Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas." La norma recién transcrita, como asevera el recurrente, fue conculcada a través de violación directa, por omisión, puesto que se ignoró el texto del acuerdo fechado 26 de julio de 2008, donde se establece la obligación por parte de los demandados, de cancelar, en compensación, la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL BALBOAS CON 00/100 a favor de ROMÁN ROLLON, la cual no se condicionó al pago de gastos. El texto del artículo 1133 del Estatuto Civil, que también se dice quebrantado, señala lo siguiente: "Para juzgar la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato." La disposición reproducida, a juicio del impugnador, fue violada de forma directa, por omisión, debido a que el Tribunal Superior, basó su decisión en los acuerdos de fecha 14 de febrero de 2007, y 26 de junio de 2007, a pesar de que los mismos no aplican ya, lo cual discrepa de la voluntad de los contratantes, manifestada en el acuerdo firmado el 26 de julio de 2008, donde queda claro que los demandados, en compensación, se obligan a pagar irrevocablemente al pretensor, la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL BALBOAS CON 00/100, convenio que tiene fuerza de ley, donde consta la real intención de las partes, y que fue desconocido en el fallo cuya juridicidad se cuestiona. El último texto jurídico que se cita como contravenido, corresponde al artículo 1134 del Código Civil, que a la letra reza así: "Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieren contratar." Esta disposición, conforme sostiene el casacionista, fue violada de forma directa, por omisión, ya que el Tribunal Ad Quem, al tomar su decisión, basado en las excepciones de inexistencia de la obligación, y contrato no cumplido, se apoyó en los acuerdos de 14 de febrero de 2007 y de 26 de junio de 2007, mismos que fueron subsumidos por el contrato de 26 de julio de 2008, y ante tal vicio de injuridicidad, se cometió el error de tomar en cuenta cosas distintas al acuerdo final y definitivo que regula la relación contractual de quienes forman parte del presente litigio. Surtida la explicación de la forma en que, según el censor, se produjo la infracción de las normas sustantivas que menciona en su libelo de formalización del recurso de casación, esta Superioridad observa que el despacho sentenciador de alzada fundamentó su fallo en los siguientes términos: "Ahora bien, de los extremos que constan en el expediente, se infiere que nos encontramos ante un caso de responsabilidad contractual, derivado al parecer, del supuesto incumplimiento de contrato de sociedad suscrito por ambas partes. Al respecto, tal responsabilidad tiene su sustento en lo normado en el artículo 974 del Código Civil, al establecer como fuente de obligaciones, la Ley, los contratos y cuasi-contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. .... En ese sentido, es dable señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976 del Código Civil, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. .... Ante tal supuesto, se infiere que pese a que ambos (demandante y demandado) sean presidentes de las sociedades R&R DESARROLLOS URBANÍSTICOS, S.A. e INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., respectivamente, cada uno de ellos es una persona jurídicamente distinta de la sociedad que preside, en tanto, que los acuerdos que firmaron a título personal no alcanzan a las mismas, tal cual lo establece el artículo 38 del Código Civil, al revestir unas la calidad de personas naturales y otras de jurídicas, y siendo que así del último acuerdo de fecha 26 de junio de 2007 se desprende que la intención de los contratantes en ningún momento es la de involucrar a las sociedades antes referidas, sino que se evidencia que es a título personal que los contratantes se obligan. .... Tales constancias, llevan a esta Superioridad a compartir el criterio externado por la Juez a-quo, al momento de reconocer de oficio la excepción de inexistencia de la obligación en relación a la demandada INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., ya que es una facultad del juzgador de reconocer luego de analizar las piezas obrantes en autos, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 693 del Código Judicial, cualquier excepción que estime se ha producido; es por ello, que en atención a tales supuestos, que se desprende que la demandada INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A., no mantiene vínculo alguno con la relación que pretende probar la demandante en su contra, toda vez que la misma carece de legitimación en la causa en su modalidad pasiva, que no es mas (sic) que la posibilidad de sufrir las consecuencias de un acto o negocio jurídico entablado en su contra. Al respecto, el artículo 1009 del Código Civil señala que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. De las constancias obrantes en autos, infiere esta Colegiatura que la parte demandante no allegó a la encuesta procesal nuevas pruebas que acreditasen haber cumplido con su parte pactada y que le permitieran a este Tribunal Colegiado formarse un nuevo criterio sobre el tema debatido, por lo que la decisión de la juez a-quo es acertada al desestimar la pretensión de la parte actora." (fs.1606-1609) Iniciando la discusión de la presente materia, traída al conocimiento de esta Sede Tribunalicia, es menester evocar que la violación directa de normas sustantivas de derecho, como concepto de infracción, se produce cuando un precepto claro, patente, deja de ser empleado al supuesto por él regulado, o cuando una disposición es utilizada, pero ignorando un derecho contenido en ella, de forma incontrovertible. Por añadidura, la lectura del artículo 1169 del Código Judicial preceptúa que cuando se trata de esta modalidad de error in iudicando, no debe hacerse alusión alguna a la justipreciación del material probatorio, debido a que el desacierto se constriñe a cuestiones de derecho, motivo por el cual es menester que en el fallo impugnado se haya reconocido, sin que quepa lugar a dudas, el supuesto de hecho que se erige como condición para que la norma que se dice trasgredida, sea de aplicación obligatoria. Respecto a la primera y única disposición que el casacionista aduce fue violada de forma directa, por comisión, correspondiente al artículo 974 del Estatuto Civil, si bien es cierto que ese precepto fue empleado en la sentencia bajo escrutinio, en el sentido de reconocer la existencia de varios contratos como fuente de obligaciones, sólo le fue reconocida fuerza vinculante para las partes del proceso, a aquél celebrado el día 26 de junio de 2007, por incluir a las sociedades que representan tanto al demandante, como al demandado, y que abordaba temas incluidos en el acuerdo de 14 de febrero de 2007. El censor pretende que se reconozca, que a pesar de haber sido aplicado este texto jurídico, se desconoció el derecho derivado a considerar como fuente de obligaciones al llamado acuerdo de 26 de julio de 2008, cuando a esa convención no se le reconoció valor vinculante entre las partes, discusión que conllevaría un análisis de la valoración de los elementos acreditativos, lo cual rebasa el concepto de violación directa, donde como se advirtiere con prelación, la dialéctica se restringe a asuntos de estricto derecho, como lo son, la aplicación de una norma, en franco desconocimiento de un derecho en ella contenido, lo que en el supuesto bajo estudio no acontece, debido al no reconocimiento del supuesto de hecho particular de que pretende beneficiarse el impugnador, como lo es, la validez del acuerdo de 26 de julio de 2008. Debido a lo anterior, no se configura la violación directa, por comisión, de la disposición señalada. En cuanto hace relación con los artículos 976, 1009, 1132 y 1133, todos del Código Civil, que el promotor del presente recurso extraordinario asevera fueron conculcados, en concepto de violación directa, por omisión, ese yerro no se produce, toda vez que tales cánones jurídicos fueron empleados en la decisión controvertida, y ese tipo de desaciertos tiene como característica principal, la falta de aplicación de la disposición que se identifica como contravenida. Particularmente, en el caso del artículo 976 lex. Cit., que señala la fuerza de Ley que para las partes tienen las obligaciones que nacen de los contratos y lo imperativo de su cumplimiento al tenor de éstos, ese texto jurídico fue aplicado cuando después de mencionarlo en la resolución recurrida, el Ad quem hizo una revisión de los contratos allegados, para dilucidar si existía o no incumplimiento por parte de los demandados. En lo concerniente al artículo 1009 del Código Civil, que consagra la potestad de resolver las obligaciones, cuando se tratare de recíprocas, siempre y cuando uno de los obligados incumpla, ese precepto fue utilizado en la sentencia de segunda instancia, pues habiendo comentado ese texto normativo, el Tribunal Superior no accedió a lo pedido, entre otras razones, por la consideración de que, tratándose de una obligación recíproca, el supuesto perjudicado no allegó prueba de haber cumplido con aquello a lo que se obligó. Dirigiendo ahora la atención hacia los artículos 1132 y 1133 del Código Civil, disposiciones que rigen en materia de hermenéutica contractual, la primera establece la regla general de que los contratos se interpretan según su sentido literal, si se encuentran redactados en términos claros, y en caso contrario, preceptúa que prevalecerá la intención de las partes sobre las palabras; mientras tanto, el siguiente artículo consagra que debe atenderse a los actos de los contratantes, coetáneos y posteriores al contrato, para juzgar su intención. Para esta judicatura, pese a que no fueron mencionados estos dos artículos, los mismos fueron empleados en la decisión cuya juridicidad es puesta en duda, cuando se aplicó la regla jurídica de interpretar y juzgar la intención de los contratantes, en los convenios firmados a título personal por R.E.R. y ROMÁN ROLLÓN, ejercicio que llevó al Tribunal Superior, a la conclusión de que no fue el propósito de éstos, involucrar a las sociedades R&R DESARROLLOS URBANÍSTICOS, S.A. e INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A. en el último acuerdo de 26 de junio de 2007, mismo que subsumía temas ya concertados en el contrato de sociedad de 14 de febrero de 2007. Entre las disposiciones que afirma el censor fueron objeto de violación directa, por omisión, y que efectivamente no fueron aplicadas en la sentencia de segundo nivel, se encuentra el artículo 1081 del Código Civil, que señala que operará la compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean de forma recíproca, acreedoras y deudoras, una de la otra. Pese a lo anterior, para el caso que ocupa la atención de esta Colegiatura, el supuesto de hecho necesario para que se produzca la compensación, esto es, la existencia de dos sujetos que, de forma recíproca y por derecho propio, se constituyan en acreedor y deudor de cada uno, no fue reconocida, ni pretendía serlo, en el fallo impugnado, requisito indispensable para que la comentada norma fuera de obligatoria aplicación, y por tanto pudiese configurarse su violación directa, por omisión. En este orden de ideas, cabe distinguir entre obligaciones recíprocas, que se producen en el marco de una contratación, cuando ambas partes se obligan a cumplir con una prestación (supuesto reconocido en la sentencia bajo estudio), y la presencia de varios contratos, respecto de los cuales cada uno de los obligados lo esté principalmente, y a la vez sea acreedor principal del otro. Incluso, el sentido que el casacionista le imprime al término "compensación", al momento de explicar en qué consistió la infracción al artículo 1081 del Estatuto Civil, no deja dudas de que el mismo no alude a esta forma de extinguir las obligaciones, sino que se refiere a este vocablo como equivalente a indemnización, lo cual a todas luces escapa del tenor del texto jurídico mencionado. Otro precepto que no fue utilizado en el fallo cuestionado y que el promotor del recurso de casación sostiene fue violado de forma directa, por omisión, corresponde al artículo 1106 del Código Civil, que reconoce la validez de las cláusulas, condiciones y pactos que a bien tengan establecer los contratantes, siempre y cuando no contravengan la ley, la moral ni el orden público. En lo que atañe a esta disposición, el impugnador pretende emplearla a su favor, en el sentido de que se desconozca la validez de la cláusula de nulidad absoluta del acuerdo de 26 de julio de 2008, por ser contraria a la ley, al estar supeditada a la voluntad de uno sólo de los contratantes, al poner a discreción de éste, el pago de una suma de dinero dentro de un plazo de seis días. Un examen del susodicho canon jurídico, en conjunción con la decisión rebatida, coloca a esta Superioridad en capacidad de concluir que esa norma no fue conculcada a través de violación directa, por omisión, puesto que los operadores jurídicos que conocieron del recurso de apelación propuesto contra la sentencia de primera instancia, no consideraron demostrada la existencia de una cláusula o condición que fuese contraria a la ley, a la moral o al orden público, motivo por el cual no podría ser empleada, en sentido contrario, esa disposición para colegir que estaba vedada la adopción de la condición a que alude la censura, por vulnerar la prohibición contenida en ese artículo. O dicho de otro modo, como quiera no se reconoció como contraria a la moral, la ley, o al orden público, la fijación de un plazo para pagar la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL BALBOAS CON 00/100, del cual dependiera la validez del contrato de 26 de julio de 2008, no podría ser aplicado el artículo 1106 del Código Civil, para discurrir que tal acuerdo no era susceptible de ser establecido en ese pacto, razón por la cual, no se produce la violación directa que imputa el recurrente, en cuanto a ese artículo comporta. La siguiente norma sustantiva que el casacionista advierte fue trasgredida en concepto de violación directa, por omisión, es el artículo 1007 del Estatuto Civil, que desconoce la sola voluntad de uno de los contratantes, como elemento para determinar la validez y el cumplimiento de lo pactado. A pesar de que ese precepto no fue empleado en la resolución atacada, no se produce el yerro advertido, toda vez que en la misma no se reconoció que la validez o el cumplimiento del convenio de 26 de julio de 2008 dependiera de un sólo contratante, supuesto de hecho del cual depende la utilización de ese texto jurídico para que la prohibición cobre vigencia. Contrario a lo que manifiesta el propulsor del recurso, que busca que se reconozca la validez del contrato de 26 de julio de 2008, la decisión que confirmó la sentencia de primer nivel, no hace alusión alguna a ese acuerdo, pues estableció, con base en el convenio de 26 de junio de 2007, que tratándose de una obligación recíproca, el acreedor debía demostrar que había cumplido con aquello a lo que se obligó, para poder reclamar, carga que estimó que ese litigante no satisfizo, con lo que queda claro que no existe infracción de esa norma. Por último, el artículo 1134 del Código Civil, que desde la perspectiva del activador de este recurso extraordinario fue violado de manera directa, por omisión, establece que, sin importar la generalidad de los términos de un contrato, no deben estimarse como comprendidos en él, cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los cuales hayan querido pactar los interesados. Conforme explica el casacionista, esa disposición fue conculcada ya que al haberse fallado tomando en cuenta los acuerdos de 14 de febrero de 2007 y de 26 de junio de 2007, que fueron subsumidos por el contrato de 26 de julio de 2008, se cometió el error de considerar cosas distintas al acuerdo final y definitivo, que regula la relación contractual de las partes. Desde esa perspectiva, esta Sala de Decisión observa que el impugnador debate sobre una cuestión probatoria, de estimación de un acuerdo sobre otros, al cual no se le reconoció valor vinculante entre las partes, lo cual rebasa el concepto de violación directa de una norma sustantiva, en la cual, según preceptúa el segundo párrafo del artículo 1169 del Estatuto Procedimental, le está vedado al recurrente la invocación de errores de hecho o de derecho en cuanto a la prueba. Siendo así, evidentemente no le asiste la razón al censor cuando asevera que ese precepto fue objeto del referido error in iudicando. Agotado este recorrido, como quiera que esta M. no encuentra que se haya producido la violación directa de los textos jurídicos señalados por el promotor de este medio de rebatimiento, también deben ser desechados los cargos expresados en los tres motivos que sustentan la causal de fondo invocada, y condenarse en costas a ese litigante, con base en lo dispuesto en el artículo 1072 del Código Judicial. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución de 25 de junio de 2012, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario que R.R.P. presentó contra R.E.R.R. e INVERSIONES CASCO ANTIGUO, S.A. Las obligantes costas a cargo del recurrente se fijan en la suma de SETECIENTOS BALBOAS (B/.700.00). N. y D.. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)