Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 4 de Abril de 2016

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución: 4 de Abril de 2016
Emisor:Primera de lo Civil
 
CONTENIDO

VISTOS: En el proceso ordinario instaurado por F.P. contra I.S., R.C.S.A., L.C.D. y LEASING CUSCATLAN S.A., la parte actora, por intermedio de su apoderado judicial, y en la misma oportunidad quien apodera los intereses de BANCO CITIBANK (PANAMÁ) S.A., (antes LEASING CUSCATLÁN S.A.), formalizaron recursos de casación en el fondo contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de fecha 30 de abril de 2014. La resolución objeto de censura, en su parte resolutiva, modificó la Sentencia Nº 39 de 14 de abril de 2010, dictada por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de C., en la cual dictaminó ABSOLVER a I.S. y R.C.S.A., de la pretensión formulada; DECLARA que F.P. sufrió daños materiales y morales en el accidente ocurrido el día 25 de enero del año 2006; CONDENAR a L.C.D. y LEASING CUSCATLÁN S.A., de manera solidaria a pagarle a F.P. la suma de DIEZ MIL DÓLARES (B/.10,000.00) en concepto de indemnización de daños morales con relación al accidente ocurrido el 25 de enero del año 2006; CONDENAR EN ABSTRACTO a L.C.D. y LEASING CUSCATLAN S.A., de manera solidaria a pagarle a F.P., los daños materiales por las lesiones sufridas acaecidas en el accidente de tránsito ocurrido el día 25 de enero de 2006, que no podrá exceder de B/. 56,666.66, tomando en cuenta que la responsabilidad es compartida entre tres, incluyendo al actor, a quien ya se le reconocieron B/. 15,000.00, de daño moral; CONDENA a L.C.D. y LEASING CUSCATLAN S.A., a pagarle a F.P., los gastos del proceso, serán liquidados por la secretaría del juzgado de primera instancia; En cuanto a la condena en costas de la segunda instancia, se estiman compensadas entre los apelantes. Contra la referida decisión se anuncian y formalizan recursos de casación en el fondo, los que previo cumplimiento de las reglas de reparto se fijó en lista para la presentación de los alegatos de admisibilidad, término que utilizaron satisfactoriamente los apoderados de IRVIN SANCHÉZ y R.C.S.A., y BANCO CITIBANK (PANAMÁ) S.A.. Seguidamente, procede esta Superioridad al análisis de los recursos; para el primero de ellos, el promovido por F.P., se admitió la primera causal (violación directa), no se admitió la segunda (indebida aplicación) y ordenó la corrección de las modalidades probatorias, error de hecho en la existencia de la prueba y el error de derecho en la apreciación de la prueba. Con relación al recurso propuesto por BANCO CITIBANK (PANAMÁ S.A.), al cumplir con los requisitos previstos en la Ley, se admitió, tal como se aprecia en resolución de fecha 05 de diciembre de 2014. (fs. 1224) Cumplido el plazo conferido y al presentarse en debida forma el mismo es admitido conforme resolución de fecha 17 de marzo de 2015, permitiendo el inicio de la fase de alegatos finales, la que fuese aprovechada por las partes intervinientes en el proceso. RECURSO DE CASACIÓN Y DECISIÓN DE LA SALA Atendiendo a los recursos extraordinarios, y tal y como corresponde a la técnica del mismo, procederemos a examinar por separado cada uno de ellos, en el orden en que allegaron al negocio. RECURSO DE CASACIÓN DE F.P. El recurso extraordinario de casación instaurado por el señor F.P. es el fondo, en el cual se alegaron tres modalidades a saber: violación directa, error de hecho en la existencia de la prueba y el error de derecho en la apreciación de la prueba, las cuales han incidido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Para iniciar con el estudio del medio de impugnación, corresponde verificar los cargos expuestos en los motivos que sustentan el concepto de violación directa, y para ello, resulta imprescindible confrontarlos con la resolución recurrida. Veamos el contenido de los mismos seguidamente: "Primero: La resolución impugnada se acusa de ilegal porque, al aplicar el texto de la ley, desconoció el derecho que en él (sic) se consagra en forma perfectamente clara. La norma establece que la culpa y la negligencia son fuentes de obligaciones. La sentencia cuestionada es ilegal porque, al aplicar la norma, no reconoció que dos de los demandados, I.S. y R.C., S.A., de manera culpable y negligente, causaron daños al demandante. La sentencia al aplicar la Ley, no reconoció lo culpable y negligente de las conductas de dos de los demandados; de lo contrario, la sentencia habría sido sustancialmente distinta a la que se impugna. Segundo: La resolución impugnada se acusa de ilegal porque, al no aplicar el texto de la ley, desconoció el derecho que en él (sic) se consagra en forma perfectamente clara. La norma establece el deber del dueño de una empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que estuvieren empleados, o con ocasión de sus funciones. La sentencia cuestionada es ilegal porque, al no aplicar la norma, no reconoció el derecho reclamado. De haber reconocido la obligación de R.C.S.A., debido a la conducta culpable y negligente de sus dependientes, la decisión impugnada habría sido sustancialmente distinta."(fs. reverso 1,226) Para esta modalidad, se señaló la infracción de los artículos 974, 1644, 1644 a y 1645 del Código Civil. Al adentrarnos al estudio de la modalidad de violación directa, es necesario recordar que esta se configura siempre y cuando se haya desconocido el texto de la Ley o que se haya dejado de aplicar en un caso para el cual rige, todo ello con independencia de las cuestiones de hecho. Pues bien, en la sentencia objeto de censura, la S. se percata que no estamos ante los supuestos que puedan atacarse a base de la violación directa de la norma jurídica. En el primer motivo, el casacionista indicó que el Primer Tribunal Superior de Justicia, violó por comisión el precepto legal que consagra las fuentes de las obligaciones, en el cual se incluye los actos y omisiones en los que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Lo anterior, en virtud de que no reconoció los actos ilícitos y culposos de dos de los demandados, el señor I.S. y la empresa R.C.S.A., como responsables de los daños causados al demandante-recurrente, el señor F.P.. Así las cosas, precisa señalar que el artículo 974 del Código Civil, consagra lo siguiente: "Artículo 974: Las obligaciones nacen de la Ley, de los contratos y cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia." La norma en comento, entre otros elementos, integra a los actos y omisiones ilícitos en los cuales intervenga culpa o negligencia como fuentes de obligaciones. Ante éstos, el ordenamiento jurídico prevé que la obligación de una persona a responder frente a otra u otras surge en virtud de la ocurrencia de un hecho generador del daño, por lo tanto, el peticionario debe acreditar plenamente la ilicitud de la conducta desplegada por el demandado, y que el daño por sufrido lo causó tal conducta. Para el caso que nos ocupa, la responsabilidad que surge es de naturaleza extracontractual, lo cual obliga a la reparación o indemnización como consecuencia de un hecho que ocurra sin la existencia de contrato alguno, y en el cual concurran los siguientes elementos: un hecho generador, que se haya producido un daño, el nexo causal entre el acto dañoso y el daño, es decir, debe existir un daño irrogado sobre una cosa, un derecho o una persona; la responsabilidad no debe derivarse de un contrato, la causación del daño debe ser imputable a un sujeto o a varios. Es así, con relación al motivo expuesto, y previa lectura de la resolución censurada, que esta Superioridad estima que no le asiste la razón a la parte actora-recurrente, toda vez que el Ad-quem no desconoció lo preceptuado en los artículos 1644 del Código Civil, y que al configurarse, se deriva la obligación contenida en los artículos 1644 a y 1645 del Código Civil, ya que analizó de manera explícita lo pretendido a la luz de las precitadas normas frente el concepto de responsabilidad civil extracontractual. Lo anterior, quedó plasmado en foja 1,156 del expediente, cuando al emitir su criterio el sentenciador Ad-quem, expresó: " Sobre el particular, esta Superioridad difiere con lo planteado por la parte demandada, LEASING CUSCATLÁN S.A., en primer lugar, porque las pruebas aportadas al proceso acreditan que la colisión ocurrida el día 25 de enero de 2006, en el área de France Field, se dio por irresponsabilidad del conductor Nº 1, L.C.D., quien ingresó a la vía sin tomar precauciones interceptándole el paso al conductor Nº 2 quien conducía el vehículo modelo "Ottwa" (sic). Y es que, cuando analiza los elementos para que opere la responsabilidad extracontractual, tenemos que el hecho generador lo constituye el accidente de tránsito ocurrido el pasado 25 de enero de 2006, en la avenida 3ra y calle 5ta, en el área de France Field, Provincia de C., de conformidad con los formatos de tránsito Nº 533056 y 533057, y en el cual se vieron involucrados los conductores L.C.D., quien para la fecha conducía en vehículo tipo articulado con placa de circulación Nº 307873, el señor I.S., que conducía el vehículo tipo articulado con placa de circulación Nº 678785, y un tercer vehículo conducido por L.A.C., quien conducía un camión, distinguido con la placa de circulación Nº 672124, quien fue impactado por el vehículo conducido por I.S.. Producto del impacto, todos los vehículos involucrados, unos más que otros, resultaron con daños en sus estructuras, y algunos de sus ocupantes con lesiones. No obstante, en el acto de audiencia llevada a cabo ante el Juzgado de Tránsito del Distrito de C., se resolvió mediante resolución Nº 909 del 31 de mayo de 2006, que la responsabilidad del hecho de tránsito recae en el conductor L.C.D., al no extremar precauciones al ingresar a la vía, lo cual acredita el hecho generador, en consecuencia, el nexo causal entre aquel y el daño producido, lo cual permite a quienes resultaron con daños materiales y lesiones personales, concurrir a la vía ordinaria para requerir el pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios. Por otro lado, consideró lo concerniente al tema de los daños materiales y morales a los que se encuentra obligado el conductor responsable del hecho de tránsito, lo cual será objeto de tasación con fundamento en las pruebas existentes. Conforme lo anterior, se cumple a cabalidad los requerimientos para que opere la responsabilidad civil extracontractual tal como lo consagra el artículo 1644 del Código Civil y la obligación de reparar los daños materiales y morales a quienes resultaron lesionados producto de este actuar culpable, al tenor del artículo 1645 de la misma excerta legal. Al tenor de lo expuesto, queda claro para la S. que la responsabilidad civil extracontractual recayó en la persona de L.C.D., al haber sido declarado responsable del hecho de tránsito que le causó lesiones al señor F.P., promotor de la reclamación, sin que se haya contrariado por omisión del sentenciador de segunda instancia el contenido de lo dispuesto en los artículos 974, 1644, 1644a y 1645 del Código Civil, en relación con la responsabilidad civil extracontractual. En tal sentido, no se configura el cargo de injuridicidad expuesto en el motivo, ni la infracción de las normas aludidas, por tanto se desecha. En cuanto al segundo motivo, el cual señala no haber aplicado el texto de la Ley, cuyo derecho está consagrado de forma clara, al establecer los perjuicios causados por sus dependientes en el ejercicio de sus funciones ante su conducta culpable y negligente, al no reconocer el derecho reclamado. La redacción de este motivo, al decir del casacionista, conlleva la violación directa por omisión de lo dispuesto en el artículo 1645 del Código Civil, respecto a la obligación solidaria que surge en persona distinta que comete el acto culposo, (padre o madre por sus hijos, los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto a los perjuicios causados por sus dependientes, el Estado, las instituciones descentralizadas y el Municipio, por los funcionarios en ejercicio de sus funciones; maestros o directores de arte y oficios), lo cual configura la responsabilidad civil extracontractual objetiva, en la persona de I.S. y R.C.S.A.. En este orden de ideas, para que la obligación que se deriva del artículo 1645 del Código Civil se produzca, es indispensable que exista un nexo con el hecho dañoso principal, y que en caso que nos ocupa, lo constituye el accidente de tránsito, ocurrido el 25 de enero de 2006, ya que mal podría el sentenciador de segundo nivel extender la responsabilidad solidaria, en este caso, al empleador de I.S., la empresa R.C.S.A., al no haber sido éste declarado responsable del hecho dañoso. Con relación a ello, quedó acreditado en el proceso, y así lo plasmó el sentenciador de segunda instancia, cuando señaló lo siguiente: "Por todo lo expuesto, mal podría este Tribunal declarar responsable a los demandados, I.S. y RODA CONTRATISTAS, S.A., como empleador del demandante, F.P., por negligente, al haberlo expuesto al accidente de tránsito el día 25 de enero de 2006, y por ende, a las lesiones sufridas, si ni siquiera se acreditó que R.C.S.A., era la empleadora del demandante, F.P., tal como alega." (fs. 1162 y 1163) Así las cosas, si el señor I.S. no fue declarado responsable del hecho de tránsito, mal podría ser llamado a responder su empleador, es decir, R.C.S.A., al pago de daños y perjuicios derivados del accidente automovilístico en el cual resultó con lesiones el señor F.P., ya que esta S. estima que la persona a quien se le declara como causante del accidente debido a su actuar negligente y productor de daños a terceros, será igualmente responsable por los daños materiales y morales que establece el artículo 1644a del Código Civil y en el caso de la responsabilidad civil objetiva, que se extiende a todos aquellos que deban responder, es indispensable la existencia del vínculo o nexo que genera el daño. En tal sentido, al no haberse acreditado la responsabilidad civil extracontractual en manos de I.S., no corresponde responsabilizar a la empresa R.C.S.A., en el pago de los daños y perjuicios causados al señor F.P., en tal sentido, no prospera el cargo. Avanzando con el medio de impugnación, compete examinar la modalidad de fondo denominada infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho en la existencia de la prueba, para lo cual se alegó un único motivo, que a continuación se transcribe: "MOTIVO Único. La sentencia no tomó en cuenta la Transcripción de la Diligencia de Inspección Ocular y Reconstrucción de los Hechos, del accidente, razón de esta controversia, como consta de las páginas 190 a 195 del expediente, y el relato que en la referida diligencia hizo I.S., específicamente en la página 192. En la diligencia omitida por la sentencia, I.S., se refirió al demandante como persona que trabajaba en la compañía donde él, I.S., trabaja. Esta primera afirmación contradice las que posteriormente formula el mismo I.S., y las que se dicen a su nombre, señalando en éstas que el demandante fue contratado por empresa diferente a R.C., S.A.. De haber considerado y valorado esta prueba y la afirmación contenida en ella, la decisión habría sido sustancialmente diferente."(fs. 1231 y reverso) Como normas infringidas, citó los artículos 780 del Código Judicial, y los artículos 974 y 976 del Código Civil. Para que esta modalidad probatoria se configure, requiere que el sentenciador Ad-quem, haya desconocido un medio probatorio, o dar por existente uno que no consta en el expediente. Así las cosas, en el motivo alegado indicó el recurrente, que en la resolución no se tomó en cuenta la prueba documental consistente en la transcripción de la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos, la cual se aprecia en fojas 190 a 195, y el relato realizado por el señor I.S., en el cual manifiesta que el señor F.P., laboraba en la compañía dónde él labora, (R.C.S.A.)lo cual contradice su declaración posterior. Con relación a la prueba cuestionada por el casacionista, si bien se observa que en la resolución recurrida la prueba mencionada no fue señalada de manera directa, conviene resaltar que el Primer Tribunal Superior de Justicia, al iniciar el análisis de los recursos de apelación, indicó haber realizado un análisis de todas las constancias en autos, lo que implica un examen del caudal probatorio que existe en el negocio. En esta línea de pensamiento, de la lectura de la resolución objeto de censura, quedó dicho respecto a la existencia de una relación de trabajo entre F.P. y la empresa R.C.S.A., por el propio recurrente-actor, el señor F.P., que no firmó contrato alguno con la empresa demandada, que permita establecer un vínculo laboral entre él y R.C.S.A., y que en consecuencia la obligase a responder por los daños y perjuicios producto del accidente automovilístico ocurrido el 25 de enero de 2006, en el cual se vieron involucrados los conductores L.C.D., I.S., y L.A.C., producto de las lesiones que sufrió como consecuencia de la colisión, luego de haberse lanzado de la cabina del vehículo Ottawa propiedad de R.C.S.A.. Así las cosas, se observa que al no existir una relación o vínculo laboral (contrato de trabajo) entre F.P. y la sociedad RODA CONTRATISTAS, S.A., no podría obligársele a responder de los daños y perjuicios sufridos por el recurrente. A ello cabe agregar, que nos encontramos frente a un reclamo proveniente de la responsabilidad civil extracontractual, como consecuencia de la colisión vehicular. Y es que, cuando se produce un accidente de tránsito, el tipo de responsabilidad civil que surge es la extracontractual, siendo responsable del pago de los daños y perjuicios emergentes quien resulte responsable por el hecho dañoso y tal como se ha señalado antes, tal responsabilidad recae en el señor L.C.D., lo cual se desprende de la resolución del tránsito Nº 909 de 31 de mayo de 2006 emitida por el Juzgado de Tránsito del Distrito de C.. En este mismo orden de ideas, y considerando el testimonio rendido por el señor I.S., tal como consta en la transcripción de la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos, visible en foja 190 a 195, estima la S. que en materia probatoria, y al tenor del artículo 844 del Código Judicial, es inadmisible la prueba testimonial para acreditar hechos que deben demostrarse mediante otros medios probatorios, que en el caso de la existencia de una relación laboral, el elemento comprobatorio será el contrato de trabajo suscrito entre las partes, más no el testimonio rendido por un trabajador de R.C.S.A., y conductor del vehículo articulado con placa vehicular Nº 678785. Por otro lado, se observa que la resolución objeto de examen resolvió lo concerniente a la existencia de la relación laboral entre las partes mencionadas, a través de los documentos de rolan de fojas 82 a 93 del infolio, acreditando su inexistencia, los cuales a su vez sirven como prueba de indicio de relación laboral entre F.P., a quien se le asignó el número patronal 308330009 y la empresa CROOS COUNTRY INVESTMENT, la cual ni siquiera figura como parte demandada en el proceso que nos ocupa, lo que no permite vincular a R.C.S.A., como civilmente responsable en la modalidad extracontractual en este negocio, al tenor de lo establecido en el artículo 1645 del Código Civil. En estos términos, estima la S. que no le asiste razón al recurrente, al no haber acreditado la relación o vínculo que existe para R.C.S.A., y es que, para que prospere el concepto de casación alegado, es indispensable no sólo que la prueba haya sido ignorada por el Ad-quem, sino que además, influya en lo dispositivo de la decisión, lo que en el caso que nos ocupa, no ha sucedido, ya que como hemos señalado anteriormente, el vínculo obligacional para que surja la responsabilidad civil extracontractual tiene como antecedente la ocurrencia de un hecho generador del daño, que resultó ser el hecho de tránsito descrito, y en el cual no se ha demostrado que la empresa R.C.S.A., tenga algún nexo que la obligue a responder por los daños y perjuicios causados. Así las cosas, no prospera el cargo expuesto en el motivo. Para concluir con el medio de impugnación propuesto por el actor, veamos el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, cuyo único motivo es el siguiente: "MOTIVO Único: La sentencia tuvo como prueba y le reconoció valor al documento denominado Aviso de Entrada del Trabajador, contenido en la página 82 del expediente, sin que éste reúna los requisitos legales. Dentro del término legal, como consta en el escrito de objeciones a las pruebas, que va de la página 473 a la 475, clara y específicamente se negó la firma de ese documento por parte del demandante, a quien se le pretendió atribuir. Y dentro de la práctica de pruebas, cuando se ensayó el reconocimiento del documento, solicitado por uno de los demandados, el demandante, como consta en las páginas 508 a la 513 del expediente, específicamente en la página 517, negó categóricamente que la firma fuese suya. Ese documento fue tomado por la sentencia como una prueba de la existencia de una relación laboral entre el demandante y la empresa Cross Country Investment, S.A., que no es parte en este proceso, y una de las razones para exonerar a R.C., S.A., que sí es demandada en este proceso." (reverso de foja 1232 y 1233) En el apartado de normas infringidas, citó los artículos 781, 856 y 861 del Código Judicial, así como el artículo 1112 del Código Civil. Para concluir con el recurso presentado por la parte actora-recurrente, nos corresponde el examen del concepto de fondo denominado error de derecho en la apreciación de la prueba, en cuyo motivo describe la errónea valoración de la prueba existente en folio 82 del expediente, consistente en una copia cotejada del aviso de entrada del trabajador (Programa de Riesgos Profesionales-Caja de Seguro Social), manifestando que el señor F.P., al rendir declaración testimonial negó la firma del documento, y a pesar de ello, sirvió de fundamento para acreditar la existencia de una relación laboral entre el demandante y la empresa CROOS COUNTRY INVESTMENT S.A., quien no es parte del proceso, ignorando la solemnidad documental. Al tenor del motivo alegado, tenemos que la disconformidad del recurrente estriba en la errónea valoración de la prueba visible en el folio 82 del expediente, ya que a su criterio, el sentenciador Ad-quem omitió los requerimientos que para este tipo de prueba establece la Ley, fundamentado en los artículos 781, 856 y 861 del Código Judicial. En tal sentido, advierte esta Superioridad que el casacionista ubica la infracción de la valoración de dicha prueba como documento privado, en atención a los artículos que señaló como infringidos. No obstante, se percata la S. que el documento visible en fojas 82 del expediente, que señala como indebidamente valorado, es una copia cotejada por el Secretario del Juzgado Primero de Circuito del Circuito Judicial de C., Ramo Civil, del documento denominado aviso de entrada del trabajador, con fecha 25 de enero de 2006 correspondiente al Programa de Riesgos Profesionales perteneciente a la Caja de Seguro Social, en el cual consta la firma del demandante F.P., la cual objetó su apoderado judicial en la fase de objeciones a las pruebas, y fuese tachado en diligencia testimonial visible en foja 508 a 517, el cual es un documento público, ya que la entidad emisora y a la cual será remitido con posterioridad, es la CAJA DE SEGURO SOCIAL, ente gubernamental autónomo que regenta la seguridad social de todos los trabajadores del país, privados o públicos. Así pues, conforme lo dispone el artículo 849 del Código Judicial, los documentos públicos pueden ser impugnados en el término de traslado del escrito en que fuesen presentados. Siendo así, al anunciarse la objeción al documento, y haberse negado la firma, corresponde al juzgador estimar la prueba tal como lo establece las reglas de la sana crítica, es decir, con asocio a otras pruebas que consten en el expediente, y que confieran certeza en el sentenciador. De conformidad con lo anterior, la negativa de la firma en el documento público excluye al señor F.P. de la existencia de una relación laboral con CROOS COUNTRY INVESTMENT S.A., y en consecuencia del amparo de la CAJA DE SEGURO SOCIAL a través del Programa de Riesgos Profesionales, en caso de la ocurrencia de un accidente laboral, más no constituye evidencia que vincule a la empresa R.C.S.A., con el señor F.P., ni el surgimiento de una obligación a consecuencia del accidente de tránsito que originó la presente demanda por daños y perjuicios, y que es de naturaleza extracontractual. Por otro lado, al desvirtuarse la citada prueba, no surgen otros elementos válidos que acrediten la obligación de R.C.S.A., para con el señor FRANSCICO PATERNINA. Ante los planteamientos vertidos, no considera la S. que el fallo de segunda instancia haya vulnerado las normas alegadas por el casacionista, ni cause alguna incidencia en la decisión adoptada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, por lo tanto, se desestima el motivo expuesto. Cumplido el examen del recurso de casación propuesto por el apoderado de la parte actora-recurrente, F.P., y al haberse desestimado todos los cargos, la S. considera no casar la resolución recurrida. RECURSO DE CASACIÓN DE LEASING CUSCATLAN S.A. Prosiguiendo con el examen de los recursos de casación promulgados, corresponde analizar el que fuese promovido por el apoderado judicial de LEASING CUSCATLAN S.A., el cual alegó la causal probatoria de error de hecho en la existencia de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, el cual se fundamentó en tres motivos a saber: PRIMERO: La Sentencia de 30 de abril de 2014, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, incurrió en error probatorio al no tomar en cuenta la existencia y por ende no valorar el Informe Pericial del 9 de julio del 2009, preparado por M.M.B., que consta de foja 293 a la 313 del expediente y el informe Pericial del 23 de julio del 2009, preparado por J.B., que consta de foja 315 a la 325 del expediente, en los cuales los peritos coinciden en señalar que el señor F.P. subió como pasajero a un vehículo "Ottawa", tipo camión, con placa 678795, que está diseñado para que sea ocupado por una sola persona, el conductor, en circunstancias en que él no estaba conduciendo el vehículo. Este error probatorio influye sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, toda vez que si el Primer Tribunal Superior de Justicia, hubiese tomado en cuenta la existencia de estos elementos probatorios habría concluido que los daños que sufrió el señor F.P. en el accidente ocurrido el 25 de enero de 2006, tienen como causa directa y más cercanas actos negligentes atribuibles y no a terceros como es el caso de nuestro representado, quien ha sido condenado por unos daños respecto de los cuales sus actos no tienen nexo de causalidad. SEGUNDO: La sentencia de 30 de abril de 2014, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, no tomó en cuenta la existencia y por tanto no valoró el Informe Pericial del 5 de marzo de 2007, preparado por el Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, particularmente por el D.R.R. y el D.C.A., revisado por el I.R.S., que consta de foja 127 a la 139 del expediente; el informe Pericial del 5 de octubre del 2006, preparado por A.. J.A.J.M., consta de foja 140 a la 189 del expediente; el informe Pericial No. 176 del 14 de septiembre de 2006, preparado por N.R.G., que consta de foja 785 a la foja 802 del expediente y el Informe Pericial preparado por J.Q., con sello de recibido en el Juzgado Segundo Municipal de C., Ramo Penal, el 26 de octubre de 2006, que consta de foja 803 a foja 823 del expediente, según los cuales el señor F.P. tomó la decisión, a su propio riesgo, de lanzarse del vehículo "Ottawa", tipo camión, con placa 678785, en movimiento, incluso antes de que ocurriera la colisión del 25 de enero de 2006, en el peor de los casos, de manera simultánea con dicha colisión, al punto que no fue considerado como parte del accidente. Este error probatorio influye sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, toda vez que si el Primer Tribunal Superior hubiese tomado en cuenta la existencia de estos elementos de convicción no habría condenado a nuestro representado, sino que se hubiese percatado que los daños que sufrió el señor F.P. son el resultado de la decisión que adoptó a su propio riesgo de saltar del vehículo al cual subió si (sic) observar las medidas de seguridad a que estaba obligado y al verse expuesto a un daño que no ocurriría si se encontrase dentro de un vehículo diseñado para transportar pasajeros. TERCERO: La Sentencia de 30 de abril de 2014, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, no tomó en cuenta la existencia y por tanto no valoró la Declaración del señor F.J.P.O., con fecha 9 de julio del 2009 y que consta de foja 508 a la 517 del expediente, en la que consta que el señor Paternina estaba consciente que la mesa sobre la cual iba el contenedor transportado por el vehículo "Ottawa", tipo camión, con placa 678785, no tenía frenos independientes al camión y que éste iba a gran velocidad. Este error probatorio influye sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, toda vez que el si el Primer Tribunal Superior hubiese tomado en cuenta la existencia de esta declaración no habría condenado a nuestro representado, sino que habría llegado a la conclusión que uno de los elementos que llevó al señor F.P. a lanzarse del camión en movimiento era su conocimiento previo de que la mesa que transportada (sic) ese camión no llevaba frenos independientes, como correspondía. (fs. 1,195 y 1,196) Como normas infringidas, señaló los artículos 780, 904 y 966 del Código Judicial, así como los artículos 47 y 59 del Decreto Nº 160 de 7 de junio de 1993, y el artículo 1644 del Código Civil. Con relación al primer motivo, resalta que la disconformidad del casacionista con relación a la sentencia de fecha 30 de abril de 2014, estriba en haber ignorado los informes periciales presentados por MARIO BRATHWAITE, visible en foja 293 a 313 y J.B., visible en fojas 315 a 325 del expediente, ya que ambos coinciden en que el señor F.P., abordó el vehículo Ottawa, en calidad de pasajero, en circunstancias en las que dicho camión está diseñado con un solo asiento, y que los daños sufridos, tienen como causa directa actos propios del demandante y no de terceros como es el caso de su representado, con el cual no existe nexo de causalidad. En esta oportunidad, es preciso señalar previa lectura de la resolución recurrida, que el sentenciador de segunda instancia si bien no consideró de forma expresa los informes rendidos por los peritos designados MARIO BRATHWAITE y J.B., sin embargo, al emitir sus consideraciones resaltó haber realizado un análisis minucioso de los elementos probatorios existentes en el negocio, lo cual descartaría la modalidad invocada. No obstante, esta Superioridad procederá al estudio de los informes periciales, con la finalidad de descartar la incidencia de esta prueba en la decisión emitida. Para iniciar, tenemos que ambos informes coinciden en que el vehículo "Ottawa", tipo camión, con placa de circulación 678785, que conducía el día de los hechos el señor I.S., se utiliza para la movilización en el patio de contenedores y en áreas del puerto marítimo; posee una cabina única, para un solo ocupante, el conductor, por lo tanto, no permite el traslado de otra persona. En este orden, las conclusiones a las que arriban ambos peritos, no son determinantes para variar la decisión adoptada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, toda vez que éstos responden al cuestionario presentado, y al cual estaban limitados, los que a su vez no logran desvincular a LEASING CUSCATLAN S.A., de la obligación que le corresponde asumir en calidad de propietario del vehículo cuyo conductor resultó responsable. Al respecto, es necesario manifestar que la responsabilidad civil extracontractual, de la cual se deriva la obligación que se exige a LEASING CUSCATLAN S.A., tiene sustento en la ocurrencia del hecho de tránsito acaecido el 25 de enero de 2006, acto ejecutado sin culpa, en la cual el compromiso de resarcir los daños y perjuicios recae no sólo en aquel que causa el perjuicio, sino que se traslada al propietario del vehículo, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo Nº 160 de 7 de junio de 1993, vigente a la fecha del accidente automovilístico, fundamento jurídico que vincula al tercero a reparar el daño causado por quien conducía un vehículo de su propiedad, y que fue sancionado administrativamente en el Juzgado de Tránsito del Distrito de C., al pago de los perjuicios causados. En tal sentido, la responsabilidad que se le imputa a LEASING CUSCATLAN S.A., es aquella que se deriva de su condición de propietario del vehículo cuyo conductor resultó condenado ante el Juzgado de Tránsito del Distrito de C., con fundamento en el artículo 104 del Decreto ejecutivo Nº 169 de 7 de junio de 1993, cuyo texto establece lo siguiente: ARTICULO 104: Sin perjuicio de la responsabilidad que por hechos propios o de terceros consagra el Código Civil están obligados a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por un accidente de tránsito las siguientes personas:a)-El conductor o conductores a quienes se les declare responsables del accidente.b)-El o los propietarios del vehículo o los vehículos cuyo conductor o conductores sean declarados responsables del accidente.c)-La compañía aseguradora del vehículo cuyo conductor haya sido declarado responsable del accidente. ... Conforme la normativa que precede, es claro para esta S. que la responsabilidad que se exige a LEASING CUSCATLAN S.A., se origina en la ocurrencia del hecho de tránsito acaecido el 25 de enero de 2006, toda vez que un vehículo de su propiedad, resultó responsable del mismo. Por el contrario entonces, las conclusiones a las cuales arribaron los peritos, conducen a la establecer la actuación de F.P., en el resultado de los hechos, responsabilidad concurrente que fuese reconocida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el fallo proferido. Así las cosas, se desestima el primer cargo alegado. Prosiguiendo con el recurso, corresponde verificar el segundo motivo, el cual refiere la omisión de parte del Primer Tribunal Superior de Justicia en la valoración de los siguientes informes: el primero preparado por el Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, presentado por R.R. y C.A., en foja 127 a 139 y el que fuera presentado por el A.., J.A.J., visible en foja 140 a 189 y el informe rendido por N.R.G., en foja 785 a 802 del expediente, y finalmente, el informe realizado por J.Q., en foja 803 a 823, los que permiten determinar que el señor F.P., a su propio riesgo se lanzó del vehículo en movimiento. En la misma línea del motivo anterior, verifica la S. que el sentenciador Ad-quem no justipreció de forma expresa los informes presentados por los peritos, no obstante, su criterio está fundamentado en el análisis de los elementos de prueba acopiados en el proceso. A pesar de ello, el recurrente aduce que los informes presentados por los peritos eximen a su representado de la responsabilidad en las lesiones sufridas por FRANCISICO PATERNINA, quien se lanzó del vehículo en marcha que conducía I.S., con posterioridad al primer choque con el automotor que conducía L.C.D.. De conformidad con lo señalado por el casacionista, se observa que la resolución recurrida, sitúa como punto focal la ocurrencia del daño a consecuencia del accidente de tránsito el pasado 25 de enero de 2006, y en el cual resultó responsable el conductor del vehículo con placa de circulación Nº 307873, el señor L.C.D., y cuyo propietario es LEASING CUSCATLAN S.A., razón por la cual está obligado a responder de los daños y perjuicios causados por el bien mueble cuya propiedad ostenta. En tal sentido, si bien los informes presentados por los peritos, no fueron considerados de forma expresa por el sentenciador Ad-quem, los mismos no exoneran a la recurrente de cumplir con la obligación que demanda el artículo 1645 del Código Civil, al quedar acreditada la responsabilidad de los hechos en el señor L.C.D., ya que éstos resaltan la imprudencia del empleado de R.C.S.A., cuyo vehículo conducía I.S., al llevar como pasajero al señor FRANCISICO PATERNINA, en el vehículo "Ottawa", el cual está diseñado para que sea ocupado sólo por el conductor. En esa línea de pensamiento, es acertado el criterio expresado en los informes de los peritos, cuando refiere el actuar negligente de la empresa R.C.S.A., al llevar en un vehículo de su propiedad dos pasajeros, cuando la cabina del referido vehículo no lo permite. Sin embargo, en este proceso no está siendo examinada la conducta ejecutada por RODA CONSTRATISTAS S.A., o el conductor del vehículo ottawa, el señor I.S., sino la responsabilidad extracontractual proveniente de un hecho de tránsito por aquel que resultó lesionado por la actuación negligente del conductor Nº 1 identificado en el formato de tránsito y que concluyó en condena conforme Resolución Nº 909 de 31 de mayo de 2006, proferida por el Juzgado de Tránsito del Distrito de C.. Al respecto, el sentenciador de segundo nivel se refirió a la conducta desplegada por el actor F.P., estableciéndole responsabilidad ante las lesiones sufridas a consecuencia del accidente, debido a su actuar voluntario de saltar ante la inminencia del daño que pudiese causarse producto del accidente, atribuyéndole responsabilidad civil concurrente, moderando en ese sentido el monto en cuanto a los daños y perjuicios a él causados. En este sentido, estima la S. que no se ha producido la infracción de las normas señaladas, en consecuencia se desestima el cargo. Para culminar con el recurso impetrado por el apoderado judicial de LEASING CUSCATLAN S.A., veamos el último de los motivos presentados, en el cual alega que el Tribunal Ad-quem ignoró la declaración de F.P., (fs. 508 y 517), con la cual hubiese concluido que uno de los elementos que condujo al prenombrado a lanzarse del vehículo Ottawa, tipo camión, fue el conocimiento previo para de que la mesa que llevaba no tenía frenos independientes, aunado a que viajaba a gran velocidad. Al tenor del cargo, y con el propósito de verificar si la deposición de F.P., incide en la decisión adoptada, estima la S. que es prudente extraer los puntos relevantes de ella. En lo medular de su testimonio, señaló que la mesa no le funcionaba bien los frenos, y que al consultar con el conductor, le indicó que no era necesario conectarla; aunado a ello, conducía muy rápido. Agregó, que luego del primer impacto, que fue tan fuerte, lo primero fue tratar de salir de la cabina y al golpear otro camión que estaba en el alto, se salió de la mula, cayó y sufrió la lesión en la pierna. De lo narrado por el recurrente, y lo expuesto en la decisión objeto de censura, esta Superioridad estima conveniente señalar que lo manifestado por el casacionista respecto a la condición de los frenos, no fue confirmada en el proceso por prueba pericial alguna que indicase que dicha avería fuese la causa de la colisión, toda vez que desde el inicio del proceso quedó establecido que la responsabilidad recayó en el señor L.C.D.. Por otro lado, y con relación a la caída, es claro que la misma fue como consecuencia de la colisión en la cual se vio involucrado el vehículo ottawa, que para el día del hecho de tránsito conducía el señor I.S. y en el cual viajaba el recurrente F.P., siendo declarado culpable el conductor del vehículo Nº 1, es decir, L.C.D., lo cual ya está determinado en el proceso. En esta línea de pensamiento, ambos argumentos descartan la infracción de la declaración testimonial, ya que esta prueba no puede ser considerada de manera aislada en el proceso, sino en relación con otros elementos probatorios que existen en el mismo. Asimismo, cuando señala la vulneración de los artículos 47 y 59 del Decreto Ejecutivo Nº 160 de 1993, que para la fecha de los hechos regulaba las reglas de tránsito en la República de Panamá, precisa señalar que si bien nos encontramos calificando la conducta desplegada por los involucrados el día del accidente de tránsito, es de rigor indicar que la responsabilidad civil que se reclama es la extracontractual, la cual tiene su génesis en la ocurrencia de un hecho culposo en el cual surge la obligación de reparar el daño; en tal sentido, a quien corresponde asumir dicha responsabilidad es a quien resultó ser el causante del mismo. En ese sentido, no considera la S. que se haya producido la infracción de la norma relativa a la prueba testimonial, ni que haberla ignorado, incida en la decisión adoptada por el Primer Tribunal Superior de Justicia. Así las cosas, esta Corporación coincide con el fallo proferido y objeto de análisis, razón por la cual no casa la decisión y en tal sentido será nuestro pronunciamiento. En mérito de lo antes expuesto, la SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de fecha 30 de abril de 2014, en el expediente contentivo del proceso ordinario propuesto por F.P. contra I.S., RODA CONSTRATISTAS S.A., L.C.D., y LEASING CUSCATLAN S.A., (antes PANAMERICANA DE LEASING S.A.). Las costas de esta instancia se estiman compensadas. N., HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA ANGELA RUSSO DE CEDEÑO OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)