Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 12 de Abril de 2017

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:12 de Abril de 2017
Emisor:Primera de lo Civil
 

VISTOS:

Corresponde a esta Sala Civil resolver el recurso de casación formalizado por DESARROLLOS URBANOS TOCUMEN, S.A. contra la sentencia de 7 de julio de 2015, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario que la referida sociedad le sigue a ENANÍAS GONZÁLEZ TORIBIO.

CAUSAL Y MOTIVOS

La promotora del presente recurso vertical sólo invocó una causal de fondo, relativa a la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, causal que se encuentra fundamentada en tres motivos, que rezan así:

"PRIMERO: A pesar de que consideró probado que DESARROLLO URBANOS TOCUMEN, S.A. pagó una indemnización bajo el entendimiento equivocado de que ENANIAS GONZALEZ TORIBIO era la madre del menor J.E.M.A., por lo tanto su representante legal, cuando en realidad no es así; al dictar la sentencia recurrida en casación el tribunal de segunda instancia concluyó que el acto jurídico no está viciado de nulidad, porque ella sí podía actuar en su propio nombre y en representación de su menor hijo J.M.G.; infringiéndose la disposición legal sustantiva que permite declarar la nulidad respecto uno de los contratantes, cuando haya pluralidad en una de las partes contratantes, aunque el contrato sea válido para los demás.

SEGUNDO

El tribunal de segunda instancia consideró que el hecho que no se haya causado perjuicios a DESARROLLO URBANOS TOCUMEN, S.A., impide que se reconozca la nulidad que ésta demanda, derivada de la indebida representación legal del menor JOSUE ENRIQUE MORQUERA (sic) AROSEMENA, por parte de ENANIAS GONZALEZ TORIBIO, quien no ejercía su representación legal; criterio jurídico que es contrario a derecho porque al dictar la sentencia de segunda instancia recurrida en casación se exigió el cumplimiento de un requisito que no está tipificado como tal en las normas jurídicas sustantivas que regulan la nulidad y rescisión de los contratos; por lo que negar la declaratoria de nulidad demandada, por la ausencia del mismo, constituye una violación directa de dichas normas sustantivas, que no lo contemplan.

TERCERO

Al concluir que no se puede condenar a la devolución de la suma cobrada por E.G.T., en supuesta representación legal de J.E.M.A., porque en la transacción no se detalló el porcentaje que le correspondía a cada uno de los indemnizados; la sentencia de segunda instancia recurrida en casación infringe la disposición legal sustantiva que señala que la restitución de las sumas pagadas y sus intereses constituye el efecto inmediato de la nulidad, aunque la misma solo sea declarada parcialmente respecto de uno de los contratantes; entonces, de no haberse incurrido en dicha violación directa, se habría condenado a la demandada a devolverle a DESARROLLO URBANO TOCUMEN, S.A. una de tres partes del total cobrado, como consecuencia de la nulidad." (fs.161-162)

NORMAS CITADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Como disposiciones trasgredidas, la gestora de este medio de rebatimiento destaca el artículo 319 del Código de la Familia, y los artículos 1025, 1116, 1117, 1142, 1154 y 1160 del Código Civil.

El artículo 319 del Código de la Familia es del siguiente tenor:

Artículo 319. La patria potestad con relación a los hijos o hijas comprende los siguientes deberes y facultades:

1. Velar por su vida y salud, tenerlos en su compañía, suplir sus necesidades afectivas, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral;

2. Corregirlos razonable y moderadamente; y

3. R. y administrar sus bienes.

La impugnadora explica que la norma fue infringida en concepto de violación directa, por omisión, ya que la sentencia no reconoció la falta de consentimiento o la presencia de un consentimiento imperfecto que anula el acto jurídico quebrantado, lo que impidió que el Tribunal reconociera que, frente a la muerte del padre, la única que podía representar legalmente al menor J.E.M.A. era su madre, condición que no tenía E.G.T., quien suscribió el acto jurídico en supuesta representación del mismo.

Otro precepto que según la casacionista fue vulnerado corresponde al artículo 1025 del Código Civil, cuyo texto es el que sigue:

Artículo 1025. Si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros.

Con relación a la disposición descrita, también señala la recurrente que la misma fue objeto de violación directa por omisión, ya que si la misma hubiese sido aplicada, el Ad quem habría concluido que de la suma cobrada por E.G.T., en su propio nombre, en representación de su hijo, y en supuesta representación del menor J.E.M.A., la demandada debe ser condenada a restituirle a DESARROLLOS URBANOS TOCUMEN, S.A., una tercera parte, más los intereses que la misma haya generado, como resultado de la nulidad parcial, proveniente de la falta de consentimiento o de un consentimiento imperfecto.

El siguiente texto legal que desde la perspectiva de la censura fue quebrantado, en la modalidad de violación directa, por comisión, equivale al artículo 1116 del Estatuto Civil, que reza así:

Artículo 1116. Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.

Según advierte la pretensora, la citada disposición fue violada de manera directa, por comisión, puesto que a pesar de que se reconoció que el error y el dolo constituyen vicios del consentimiento, que llevan aparejada la nulidad del acto en el que se otorgó de manera imperfecta o irregular, el Tribunal no accedió a la pretensión de nulidad de DESARROLLOS URBANOS TOCUMEN, S.A., ignorando que la nulidad debido a la indebida representación de J.E.M.A., lo privó de recibir su parte de la indemnización pagada.

El fundamento del Tribunal Superior, según relata la postulante, fue que como quiera que el proceso penal seguido por la muerte accidental de L.M. se archivó, tales vicios no recayeron sobre la sustancia del acto.

A juicio del censor, también se incurrió en un error in iudicando, a consecuencia de la violación directa por comisión, del artículo 1117 del Código Civil, mismo que preceptúa lo siguiente:

Artículo 1117. Para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.

El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo.

El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección.

La citada disposición, según expone la impugnadora, fue trasgredida, pues, pese a que fue empleada, se desconoció en sede de apelación, que la anómala representación de J.E.M.A., por parte de ENANÍAS GONZÁLEZ TORIBIO, constituye un error que vicia el consentimiento, puesto que recae sobre un elemento esencial del acto, al tratarse de un menor de edad, que no estuvo representado por la persona, que de acuerdo a la ley sustantiva, debió hacerlo.

Por su parte, el artículo 1142 del Estatuto Civil, precepto también señalado como infringido, establece:

Artículo 1142. Hay nulidad relativa y acción para rescindir los actos y contratos:

1. Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular,

2. Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes;

3. Cuando se ejecuten o celebren por personas relativamente incapaces.

En cuanto a esta norma jurídica, la casacionista aduce que al omitirse la aplicación de la misma, se desconoció que la irregular representación legal del menor J.E.M.A., por parte de ENANÍAS GONZÁLEZ TORIBIO, quien no era su madre ni tutora, conlleva la nulidad relativa del acto celebrado, ya que ello constituye una condición esencial, por tratarse de un menor de edad, de allí a que si se hubiera empleado ese texto legal, se habría reconocido la pretensión.

Otro precepto en que se incurrió en violación directa, por omisión, desde la perspectiva de la demandante, equivale al artículo 1154 del citado cuerpo normativo, el cual registra el siguiente tenor:

Artículo 1154. Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubieren sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artícuolos siguientes.

Para la casacionista, de haberse aplicado la norma transcrita en la sentencia de segunda instancia, se habría condenado a la demandada, a restituirle a DESARROLLOS URBANOS TOCUMEN, S.A., lo que recibió en nombre y representación de J.E.M.A., y que no le entregó a éste, más los intereses legales, como consecuencia de la nulidad derivada de la indebida representación legal, que debió ser declarada.

La última disposición que se señala como vulnerada, corresponde al artículo 1160 del Estatuto Civil, que a continuación se trascribe así:

Artículo 1160. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras.

A juicio de quien cuestiona la juridicidad de la sentencia proferida en segunda instancia, al no haberse utilizado esta norma, el Ad quem concluyó que por el hecho de que la causal de nulidad invocada no se produjo respecto a ENANÍAS G.T., ni de su hijo J.M.G., el acto jurídico en general es válido; sin tomar en cuenta que la misma puede ser declarada únicamente respecto a J.E.M.A., sin perjudicar a los otros contratantes.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA RECURRIDA EN CASACIÓN

Mediante la resolución de 7 de julio de 2015, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, confirmó la Sentencia No.28-2012 de 20 de junio de 2012, dictada por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y condenó en costas a la apelante, las cuales fijó en la suma de B/.100.00.

Por su parte, el fallo de primera instancia negó la pretensión de DESARROLLOS URBANOS TOCUMEN, S.A., por estimar que no existía certeza, de que el error de aceptar la indemnización el menor J.M., haya recaído sobre el objeto del contrato, su sustancia o sus condiciones primordiales, pues el documento impugnado logró su finalidad, esto es, que la hoy demandada desistiera de la querella penal, por el delito contra la vida y la integridad personal del señor L.M. TORRES (Q.E.P.D.).

En resumen, en dicho pronunciamiento se advirtió que no se acreditó lo esencial del error, ni que la falta cometida por la opositora viciara el consentimiento, su objeto o su esencia, de forma dolosa, y en torno a las costas, se exoneró a la demandante del pago de las mismas, por estimar que actuó de buena fe.

Volviendo la atención hacia los errores endilgados al fallo impugnado, en el mismo el Primer Tribunal Superior justificó su criterio de la siguiente manera:

"A tal respecto y luego de consultar la realidad que aflora de autos, esta Colegiatura disiente de los reparos que le endilga la apoderada judicial de la sociedad DESARROLLOS URBANOS TOCUMEN, S.A. a la sentencia impugnada y, en consecuencia, coincide con el criterio jurídico que dio pie a la Juez de la primera instancia para desestimar la pretensión ensayada por dicha persona jurídica.

Lo anterior es así, por cuanto que, como lo dejó claramente expresado la Juez de primer grado en la sentencia impugnada, el objeto del contrato de transacción suscrito con la señora ENANÍAS GONZÁLEZ TORIBIO no estaba viciado, pues, esta última podía actuar en su propio nombre y representación, así como también en representación de su menor hijo J.M.G.. Adicional, al hecho de que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1117 del Código Civil para que el error alegado invalide el consentimiento "deberá recaer sobre la substancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo." (fs.149)

DECISIÓN DE LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL

El examen de la única causal, sus motivos y de los preceptos que se han descrito como conculcados a través del pronunciamiento dictado en segunda instancia, revelan a esta Sede Tribunalicia que la casacionista entiende que se incurrió en violación directa del artículo 319 del Código de la Familia, y de los artículos 1025, 1116, 1117, 1142, 1154 y 1160 del Código Civil, lo que tuvo como resultado, que no se declarara la nulidad parcial del acto jurídico celebrado entre las partes, pese a que reconoció que el error y el dolo constituyen vicios del consentimiento, que anulan el acto en que se otorgó de manera imperfecta o irregular.

Iniciando con el examen de la materia debatida, resulta preciso recordar, que el tipo de infracción invocada por la propulsora de este medio de impugnación extraordinario, se configura cuando se omite la aplicación de un precepto claro, manifiesto, a la situación de hecho que éste regula, o cuando pese a que un texto legal es empleado, se desconoce un derecho contenido en él, de forma indiscutible.

Así las cosas, de acuerdo a lo que se extrae de la lectura del artículo 1169 del Estatuto Procedimental, en el estudio de esta modalidad de casación de fondo, no debe discutirse la valoración de las piezas de convicción, puesto que la trasgresión aducida se reduce a asuntos de derecho, lo que significa que en la decisión objeto del recurso, tiene que haberse reconocido, sin que quepa duda, la materialización del supuesto de hecho que se erige en requisito, para que el texto jurídico identificado como vulnerado, sea de forzosa aplicación, o, habiendo sido utilizada la norma en sede de apelación, se haya obviado el reconocimiento de un derecho contenido en ella.

La primera disposición bajo análisis de esta M., correspondiente al artículo 319 del Código de la Familia, que se identifica como violada de forma directa, por omisión, contempla los diversos deberes y facultades que confiere la patria potestad, con relación a los hijos o hijas.

Tal precepto indica en su tercer numeral, que los padres tienen el deber de representar y administrar los bienes de sus hijos.

El texto legal referido, si bien no fue utilizado en la sentencia objeto del recurso, no fue vulnerado en el concepto advertido por la censora, debido a que, si bien se admitió que la señora ENANÍAS GONZÁLEZ TORIBIO no es la madre del menor J.M.A., el Ad quem no reconoció que la demandada haya recibido suma alguna, en representación de dicho infante.

Como base de lo anterior, puede verificarse a foja 151 del dossier, que dicho despacho jurisdiccional concluyó en la sentencia de segunda instancia que "...la indemnización que se le pagó a la señora E.G.T. se dio en su propio nombre y representación como concubina del señor L.M. TORRES (q.e.p.d.) y en representación de su menor hijo J.M.G., pues, al menor J.M.A. también se le entregó una indemnización como hijo del decujus, ya que así lo declaró el Licenciado J.U.Q., quien participó en la negociación y firma de los contratos de transacción a los que se han hecho referencia."

En cuanto respecta al artículo 1025 del Estatuto Civil, que se dice fue violado de forma directa, por omisión, el mismo establece como regla general, en materia de obligaciones en que concurran varios acreedores o deudores, que el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales, como estos hayan, considerándose cada uno de estos créditos o deudas, independientes, unos de otros, salvo pacto en contrario.

Visto el texto legal precedente, cabe precisar que el mismo establece como presupuesto para su aplicación, que se haya admitido la existencia de una obligación mancomunada, y si bien dicha norma no fue aludida en el pronunciamiento cuya juridicidad se debate, el juzgador de segunda instancia sí reconoció sus efectos, en cuanto a la indemnización asumida por DESARROLLOS URBANOS TOCUMEN, S.A., como consecuencia de la muerte del señor L.M. TORRES (Q.E.P.D.).

Cabe recordar, conforme fuere advertido con antelación, que el Tribunal Superior manifestó que esa sociedad, resarció por separado a los deudos del señor L.M. TORRES (Q.E.P.D.), esto es, tanto al menor J.M.A., como a E.G.T., quien actuó en su propio nombre y representación, como concubina de éste, y en representación de su hijo menor J.M.G..

De este modo, con sustento en este argumento, no le asiste la razón a la recurrente, cuando aduce que la norma descrita fue violada de forma directa, por omisión.

La siguiente disposición a la cual se refiere quien refuta la sentencia de 7 de julio de 2015, que individualiza como contravenida, en concepto de violación directa, por comisión, es el artículo 1116 del Código Civil, que sanciona con la nulidad el consentimiento que haya sido prestado por error, dolo, violencia o intimidación.

Si bien esta norma fue efectivamente empleada en el fallo impugnado, por cuanto se trató la figura del error, como vicio del consentimiento en los contratos, la presencia de un error que incidiera en el consentimiento otorgado por DESARROLLOS URBANOS TOCUMEN, S.A., en el contrato de transacción celebrado entre los litigantes, presupuesto necesario para que se produzca la nulidad del mismo, y efecto contenido en esa disposición, no fue admitida en la sentencia de segunda instancia, motivo por el cual no se produce la vulneración advertida.

Respecto al posterior canon jurídico que desde la perspectiva de la recurrente fue violado de forma directa, por comisión, el artículo 1117 del comentado compendio normativo, éste desarrolla la figura del error, condicionando a que, para que invalide el consentimiento, el mismo debe recaer sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma, que fueron la ocasión de su celebración.

Sobre el particular, ciertamente en la sentencia atacada mediante este recurso extraordinario, se aplicó esta disposición, no obstante, ello se hizo de forma expresa en el sentido de destacar que no existía error alguno que invalidara el consentimiento otorgado en el contrato de transacción, suscrito entre DESARROLLOS URBANOS TOCUMEN, S.A. y ENANÍAS GONZALEZ TORIBIO, motivo por el cual, la consecuencia que tal norma depara para ese vicio del consentimiento, no podía operar en el supuesto bajo estudio, ya que no se reconoció error alguno.

Dicho lo anterior, puede observarse de forma diáfana que norma aludida no fue infringida, contrario a lo que asevera la casacionista.

Por su parte, el artículo 1142 del Estatuto Civil, canon jurídico que la censora advierte fue violado de forma directa, por omisión, contiene un catálogo de las causales de nulidad relativa, que otorgan acción para rescindir los contratos y actos, y entre ellas que alguna de las condiciones esenciales para la formación o la existencia, del acto o contrato de que se trate, sean irregulares o imperfectas.

Si bien es cierto que el precepto al que se hace referencia no fue aplicado en el fallo rebatido, al igual que como acontece con la disposición analizada en los párrafos anteriores, hay que recalcar que el Ad quem no dio por probada la existencia de elemento alguno, que hiciera que una de las condiciones esenciales de la existencia o formación de los contratos, fuere imperfecta o irregular.

Como quiera que no fue reconocida en segunda instancia, esa situación de anomalía, en cuanto a las condiciones esenciales de los actos y contratos, misma que constituye uno de los presupuestos para que opere la declaratoria de nulidad del contrato, a que aspira la casacionista, no cabe lugar para exigir la aplicación de la consecuencia que consigna el artículo 1142 del Estatuto Civil, ni para concluir que el mismo fue infringido, de la forma en que asevera esta parte.

En cuanto al artículo 1154 del Código Civil, que subraya las consecuencias de la declaratoria de nulidad de una obligación, precepto que la impugnadora identifica como vulnerado de la misma forma que el anterior; pese a que esta disposición no fue empleada en el fallo bajo examen, no se configura el cargo imputado, por cuanto a que en la susodicha resolución, no se admitió la ocurrencia del requisito que hace que ese canon jurídico sea de obligatoria aplicación, esto es, no se llevó a cabo la declaratoria de nulidad de una obligación, hecho al que precisamente aspira la promotora del recurso.

Por último, en lo tocante al artículo 1160 del Estatuto Civil, que señala que en caso de nulidad declarada a favor de una de las personas que contrató con un tercero, dicha declaratoria no le aprovechará a las otras; esta norma, que se dice violada de forma directa, por omisión, tampoco fue aplicada por el Primer Tribunal Superior, no obstante, no se produce el supuesto de hecho que haría de ese precepto, uno de aplicación forzada por el juzgador.

Ello resulta así, puesto que no se advierte declaratoria de nulidad alguna, en la resolución bajo escrutinio de esta Corporación de Justicia, ya que en ella se concluyó que no existía razón para hacer tal proclamación.

En definitiva, en virtud de que esta Sede de Decisión no observa que se haya suscitado la violación directa de los textos legales señalados por la pretensora, debe desecharse el cargo expresado en los tres motivos que sirven de soporte a la única causal de fondo aducida, y condenarse en costas a esta litigante.

En mérito de lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Primera de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 7 de julio de 2015, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, con ocasión al proceso ordinario que DESARROLLOS URBANOS TOCUMEN, S.A. le sigue a ENANÍAS GONZÁLEZ TORIBIO.

La condena en costas contra la recurrente se fija en la suma de B/.250.00.

N.,

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)