Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 26 de Abril de 2017

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución26 de Abril de 2017
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Corresponde a esta Sala Civil resolver el recurso de Casación formalizado por la firma forense MORGAN & MORGAN, apoderada judicial de L.A.V.S.D. o L.A.V.S. DE BARBIERI y R.S. DE MADALENGOITIA, contra la resolución de 28 septiembre de 2015 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en la medida cautelar de secuestro promovida contra los recurrentes por R.L.A..

Según muestran las constancias procesales, a través de Auto N°275 de 1 de marzo de 2013 (fs.51-56), el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dispuso:

"...NEGAR, la solicitud de Levantamiento de Secuestro solicitado por los Apoderados Judiciales de los demandados L.A.V.S.D. ó L.A.V.S. DE BARBIERE (sic), y R.S.D.M., dentro de la Medida Cautelar de Secuestro propuesta por R.L.A. contra L.A.V.S.D. ó L.A.V.S. DE BARBIERE (sic), y RENZO SOUSA DE MADALENGOITIA.

P., anexar el cuadernillo de incidente a la presente medida cautelar de secuestro, tal como se dejó plasmado en la parte motiva de la presente resolución." (f.56)

Contra lo resuelto por la Juez de la causa, los secuestrados anunciaron y sustentaron recurso de apelación.

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante resolución de 28 de septiembre de 2015 (fs.80-85), prohijó la resolución de primera instancia.

En la parte resolutiva de su decisión, el Tribunal Ad quem expuso el siguiente razonamiento:

"....no es aplicable el término de los tres (3) meses que dispone el artículo precitado para notificar la demanda, por cuanto consta que los demandados residen en el extranjero, por ello, tal y como lo hizo el juzgado de primera instancia la notificación de los mismos debía hacerse siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 1012 del Código Judicial, que establece que para citar 'al demandado a comparecer...'

Además de lo expuesto, aún cuando aplicaramos el numeral 2 del artículo 548 del Código Judicial, tenemos que si bien es cierto que el secuestro trabó el 2 de septiembre de 2011, según hace constar la propia actora (ver foja 31 del cuaderno de secuestro) y que cuando se solicitó el emplazamiento por edicto la primera vez, el 7 de febrero de 2012 (ver fojas 396 del proceso principal), ya habían transcurrido tres meses desde que trabó el secuestro, lo cierto es que el día 12 de diciembre de 2012 cuando la apoderada de los demandados solicitó el levantamiento de secuestro (ver fojas 45 del cuaderno de secuestro), ya la parte actora había solicitado y publicado el edicto emplazatorio del 6 de noviembre de 2012 al 29 de noviembre de 2012. Y sabido es que las normas no pueden ser interpretadas de manera aislada, además de que el levantamiento de secuestro previsto en el numeral 2 del artículo 548 del Código Judicial está inspirado en la misma filosofía de la caducidad de la instancia, de allí que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones ha sostenido que tanto la caducidad como el levantamiento de secuestro del numeral 2 del artículo 548 del Código Judicial deben ser interpretados aplicándose por analogía las normas de una figura con la otra.

En ese sentido, tendríamos que señalar que la caducidad, conforme el artículo 1109 del Código Judicial, no opera de pleno derecho. De manera que si el J. no ha declarado la caducidad, ni la parte interesada la ha solicitado y mediare gestión o actuación posterior, precluye la oportunidad de declararla."(82-84)

RECURSO DE CASACION Y DECISION DE LA SALA

Al recurrir en casación, L.A.V.S.D. o L.A.V.S. DE BARBIERI y R.S. DE MADALENGOITIA invocaron la causal de fondo "infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", la cual se sustenta en un solo motivo:

"PRIMERO: Con infracción del precepto legal conforme al cual todo secuestro debe ser levantado si la demanda no es notificada dentro del término de tres meses, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, desatendiendo la regla indicada, dictó la Resolución de 28 de septiembre de 2015, confirmatoria del Auto No. 275/SEC.100-11 de 28 de septiembre de 2015 proferido por el Juzgado Cuarto de Circuito Civil, siendo que ello no puede ser así, pues en el presente proceso, la demanda fue notificada al demandado habiéndose rebasado en exceso el plazo de 3 meses al que se refiere la máxima indicada, contando a partir de la dictación de la medida cautelar, todo lo cual influyó en los dispositivo de la Resolución recurrida." (f.94)

La norma que se afirma como vulnerada es el artículo 548 del Código Judicial:

"Artículo 548. También se levantará el secuestro si, a partir del día en que se llevó a cabo el depósito de la cosa secuestrada, o del momento en que entró al Diario del Registro Público, si fuere inmueble o mueble susceptible de inscripción o desde que se comunicó la orden de retención al depositario si fuere suma de dinero, en los siguientes casos:

  1. Cuando el demandante no presentaré su demanda, dentro de los seis días siguientes a la fecha arriba expresada; o

  2. Cuando no se hubiera hecho la notificación dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la demanda y el demandante no haya pedido el emplazamiento, o si puestos a su disposición los edictos para su publicación, no los haya hecho publicar en los treinta días siguientes."

La infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa se puede dar en dos casos, cuando el Tribunal deja de aplicar una disposición clara y específica a un caso en concreto, o cuando aplicada la norma se soslaya el derecho que consagra.

Cuando se acusa a una resolución de infringir normas sustantivas por violación directa, lo que se censura es el desconocimiento del derecho que el ordenamiento jurídico reconoce.

Por ello, en el fallo impugnado debe haberse dejado por sentado, de manera clara, que el hecho del cual deviene el derecho que se reclama o que se considera infringido, está plenamente probado.

Los recurrentes arguyen que, existiendo secuestro sobre bienes de su propiedad, a pesar de transcurrir más de tres (3) meses de haberse admitido la demanda, sin lograr notificar a los demandados ni peticionar su emplazamiento, el Tribunal Superior resolvió negar el levantamiento de la medida cautelar.

Como se pruede apreciar, la regla de derecho presuntamente desatendida, ubicada específicamente en el numeral 2 del artículo 548 del Código Judicial, consigna el levantamiento de un secuestro si, constituído el depósito, transcurren tres (3) meses sin notificar al demandado de la admisión de la demanda y el actor soslaya solicitar su emplazamiento, o, puesto a su disposición el edicto, no se realizan las publicaciones en treinta (30) días.

Ahora bien, contrario a la posición de los casacionistas, esta Superioridad advierte que los hechos reconocidos en la resolución impugnada no reflejan el desconocimiento de la referida norma.

Primeramente, debido a que el domicilio conocido de los demandados-recurrentes está en el extranjero, su notificación ha de verificarse atendiendo el trámite previsto en el artículo 1012 del Código Judicial, esto es, mediante exhorto o carta rogatoria, a través del Órgano Ejecutivo y agentes diplomáticos o consulares.

La mencionada excerta legal indica que en el supuesto de que la carta rogatoria demore para su diligenciamiento más de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de su envio, o retorne por no ser viable o sin poderse practicar, el actor deberá solicitar el emplazamiento, con el apercebimiento que de no comparecer en veinte (20) días desde la última publicación, se le nombrara al demandado un defensor de ausente.

Lo antes anotado conlleva que el cómputo del plazo de tres (3) meses a que alude el numeral 2 del artículo 548, no puede iniciar con la admisión de la demanda si el demandado tiene su domicilio en otro país, pues el Código de Procedimiento Civil prevé para su notificación, por evidentes motivos, un trámite especial que involucra la participación de otras autoridades, tanto nacionales como extranjeras, lo cual implica un mayor tiempo.

En esa línea de pensamiento, tal como anota el Tribunal Ad quem, el demandante cumplió debidamente con los requerimientos previstos en el artículo 1012 del Código Judicial, pues al momento de comparecer al proceso los recurrentes, solicitando el levantamiento del secuestro (12 de diciembre de 2012), aquel -previa remisión de la carta rogatoria- ya había solicitado el emplazamiento (28 de septiembre de 2012), retirado el edicto (31 de octubre) y aportado las publicaciones en un diario de circulación nacional (28 de noviembre).

  1. acotar que, al igual que sucede con la caducidad especial contemplada en el artículo 1112 del Código Judicial, la gestión oportuna del demandante para que el juzgado de conocimiento notifique al demandado la admisión de la demanda, interrumpe el término de tres (3) meses, de manera que el mero transcurso del plazo no provoca de manera automática el levantamiento de la medida:

"...la caducidad de la instancia no opera ope legis o de pleno derecho, sino que requiere de pronunciamiento judicial para que se produzca, ya sea de oficio o a petición de la parte demandada, siendo menester para que proceda en este último caso, que el actor no hubiese realizado ningún acto tendiente a la notificación de la resolución, conforme lo tiene establecido la Sala, según jurisprudencia que viene citada. Dispone el mencionado fallo:

'La Sala opina que esta norma de nuevo cuño en el procedimiento civil panameño, pretende lograr el aceleramiento de los procesos, sin que ello constituya una medida para escapar de las obligaciones y compromisos a través de rehuir la notificación de las demandas. De aquí que dado el hecho que el artículo 1098 del Código Judicial no excluye el principio generalmente que la caducidad no opera de pleno derecho, debe entenderse que la misma debe decretarla de oficio el tribunal y solamente cuando el actor no haya realizado ningún acto tendiente para que la demanda sea notificada, el demandado podrá solicitar se decrete la caducidad'.

...Es evidente que si se acredita en un expediente esfuerzos razonables de la parte y del tribunal, por correrle traslado de la demanda a los demandados, para constituír la relación procesal, ello no puede servir para sancionar con la caducidad el hecho de no haber sido notificado la parte demandada de la demanda, sobre todo cuando se aprecian visibles esfuerzos del tribunal en realizar la notificación (fs. 51a, 64, 65, 78), y la parte demandante (fs.79 y 80), incluso, ha tenido que solicitar, como vemos, el emplazamiento por edicto. No permitir que en determinadas circuntancias en que se ha hecho imposible la notificación, pese a esfuerzos desplegados por la parte y el tribunal, no pueda servir de fundamento para que dichas diligencias hayan producido la interrupción de la caducidad, sería por completo injustificable, por cuanto que tal actuación de la parte demandada contraviene la buena fe en materia procesal (artículo 462 del Código Judicial), y va en detrimento del principio pro actione, el que es definido por el Tribunal Constitucional de España "como la interdicción de aquellas decisiones de inadmisón que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causan(sic) preservan y los intereses que sacrifican" (L.A. De Diego Diez, "El Derecho de Acceso a los Recursos", pág. 31, Editorial Colex, 1998, Madrid, España).

Es evidente que cuando hay constancia en el expediente del esfuerzo en realizar la notificación por parte del tribunal y solicitudes de emplazamiento por edicto, y de actos encaminados a recibir la notificación, como es el caso de la contestación de la demanda por parte de uno de los demandados, J.A.E., después que se había solicitado al tribunal el emplazamiento por edicto por la parte demandante (fs. 83, 84-94), tales esfuerzos deben conducir a la interrupción de la caducidad, pues de otra suerte equivaldría a premiar con la sanción de caducidad a quien ha desplegado actos contrarios a la buena fe procesal a que están obligados las partes en todo proceso.

Resulta oportuno destacar la ponderación que han de adoptar los tribunales, admitiendo solamente el efecto interruptor de esta caducidad especial cuando quede de manifiesto que han ocurrido esfuerzos particulamente intensos por el tribunal y las partes para lograr la notificación personal, no bastando, como es natural, meras exhortativas de las partes de impulso procesal (artículo 468 del Código Judicial). Habrá de analizar, caso por caso, las circunstancias que surja del expediente para evitar conductas reñidas con la buena fe procesal, pero, al propio tiempo, salvaguardando la naturaleza especial de este tipo de caducidad procesal.

Si el término para decretar la caducidad de la instancia se ve interrumpido al realizarse cualquier gestión, diligencia o acto tendiente a la notificación de la demanda, cuando existen indicios de la renuencia de los demandados en recibir el traslado de la demanda, notificándose de la misma, se sigue entonces, que si el mero transcurso del tiempo señalado en la norma no produce automáticamente la caducidad de la instancia, sino que para ello se requiere de declaratoria judicial, cualquier gestión o diligencia que se realice para notificar la demanda, antes de que se produzca dicha declaratoria judicial, interrumpiría el término para que opere la caducidad.

Significa lo anterior que, aún cuando hayan transcurrido los tres meses que dispone la ley para que tenga lugar la caducidad, si la misma no ha sido decretada de oficio ni a petición de parte, no tiene ningún efecto en el proceso y en consecuencia, si mediare diligencia de notificación posterior, sin que hubiese sido solicitada o declarada de oficio la caducidad, ese término se vería interrumpido." (Lo resaltado es de la Sala)

(Fallo de 16 de julio de 1998, Recurso de Casación dentro del Proceso Ordinario incoado por JARO, S.A. contra J.A.R.E. y MIGUEL ÁNGEL ALFANO)

Tomando en cuenta el efecto interruptor que genera cada esfuerzo de notificación impulsado por el demandante, observamos que entre la última gestión efectuada por R.L.A. -la aportación de las publicaciones del edicto en un diario de circulación nacional-, y la petición de levantamiento presentado por L.A.V.S.D. o L.A.V.S. DE BARBIERI y R.S. DE MADALENGOITIA, ni siquiera transcurrió un (1) mes, por ende se incumple con la hipótesis prevista en el numeral 2 del artículo 548 del Código Judicial para que opere el levantamiento del secuestro.

Como quiera que en el fallo de segunda instancia no se desconoció la regla de derecho comprendida en la disposición en comento, esta Corporación de Justicia procederá a descartar la causal de infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la resolución de 28 de septiembre de 2015 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en la medida cautelar de secuestro promovida por RAFAEL LOPEZ ALIGA contra L.A.V.S. DE B. o L.A.V.S. DE BARBIERI y R.S. DE MADALENGOITIA.

La condena en costas contra los recurrentes se fija en la suma de B/.300.00.

N.,

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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