Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2017

Ponente:Oydén Ortega Durán
Fecha de Resolución:30 de Agosto de 2017
Emisor:Primera de lo Civil
 

VISTOS:

Las pruebas que se dicen incorrectamente valoradas, son las que se describen a continuación:

· Informe Pericial, rendido por el perito designado por el demandado el Topógrafo RAFAEL VALDERRAMA, visibles a fs. 219 a 239.

· Copia autenticada del Proceso Ejecutivo Hipotecario que HSBC BANK PLC le sigue a TEOFILO REAL y CÍA, S.A., INMOBILIARIA REAL, S.A., INMOBILIARIA LA LUNA, S.A., EMPRESAS LA LUNA, S.A., R.M.R.B., J.C. REAL DE LEÓN Y RICARDO REAL LEON, visible a fs. 249 a 571 y de fs. 571 a 750 las cuales corresponden a las actuaciones procesales que constan en el Proceso objeto de estudio.

No cabe duda que las pruebas descritas, constituyen documentos públicos que cuentan con el valor probatorio que de los mismos se desprende, al tenor de lo dispuesto en el numeral 3 del Artículo 834 y 836 del Código Judicial.

Ahora bien, sostiene el Casacionista que a través de los referidos documentos se demuestra que BANISTMO, S.A. realizó actos de interrupción de la posesión pacífica que alega tener el actor A.R.C., lo que impide que se configuren los requisitos exigidos por nuestra ley de procedimiento civil para que se reconozca la usucapión del bien.

Observa la Sala, que en la Sentencia recurrida el Tribunal Ad quem, respecto al cargo de injuridicidad planteado, expuso lo que se cita a continuación (fs.879 a 881):

"Ante el análisis de todas las pruebas en conjunto, tanto las practicadas en la primera y segunda instancia, se comprueba que el demandante A.R. CASTILLO ha tenido o ejercido la posesión material del terreno objeto de litigio, adquiriendo el derecho a prescribir la propiedad, dado que la ocupación ha sobrepasado el término de quince (15) años, ejerciéndola en forma pacífica, pública e ininterrumpida.

Acerca del tema que nos ocupa, señala el artículo 1696 del Código Civil:

...

A juzgar por lo que ha podido precisar el Tribunal, del demandante ganó el derecho de adquirir la propiedad sobre el bien inmueble, mediante la prescripción adquisitiva de dominio, dado que pudo demostrarnos la posesión no interrumpida durante más de quince (15) años sin necesidad del título, ni de buena fe y sin necesidad de título, ni de buena fe y sin distinción entre presentes y ausentes o también con lo que dispone el artículo 1678 del Código Civil, para la prescripción ordinaria de dominio y demás derechos reales se necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. En cuanto al punto la parte apelante también cuestionó que el término legal para la adquisición por esta vía, señalando que el actor puede tener el tiempo de DOCE AÑOS (12) años sobre el inmueble. A este respecto, el Tribunal ha puesto atención en el reparo del apelante y en honor a la verdad no encuentra situaciones específicas que nos lleven a variar el juicio valorativo que se hizo en conjunto a todos los testimonios y a las demás piezas del proceso. Al contrario, lo que sí ha encontrado el Tribunal es una correspondencia directa entre los dictámenes periciales, las deposiciones de los testigos y la prueba documental.

En el proceso la fuerza del dictamen pericial surge de la relación del mismo con el material de hecho, así como la competencia de los peritos y su uniformidad con las demás pruebas. Lo propio se puede decir también, de la fuerza de los testimonios de la parte demandante, los cuales son coherentes y uniformes con las demás pruebas aportadas.

En el recurso también se advierte de que existe una interrupción del término a prescribir, que es la hipoteca ejecutada por su mandante en donde se inventarió y avaluó el bien inmueble, no obstante, tal proceso no fue dirigido en contra de la posesión del señor A.R.C., sino más bien fue llevado ante el Tribunal con el fin de adquirir la propiedad como un derecho por la deuda que tenía INMOBILIARIA REAL, S.A. y otros, en otras palabras no se estaba entorpeciendo la tenencia del señor A.R. CASTILLO sobre el terreno en litigio, así como tampoco se tiene constancia que se ejecutó algún acto de perturbación posterior a la adjudicación, es decir, después del año 2002 que fue cuando se dictó el Auto N°679 de 19 de julio de 2002." (destaca la Sala)

De la Resolución transcrita se aprecia, que las pruebas que se dicen incorrectamente valoradas por el Tribunal Ad quem, sí fueron tomadas en cuenta al momento de justificar la decisión recurrida al señalar respecto al Informe Pericial que el mismo guarda correspondencia directa con las deposiciones y las pruebas documentales que le permitieron confirmar la decisión de primera instancia que declara probada la prescripción adquisitiva de dominio de la finca a usucapir. Luego, en cuanto al Proceso Ejecutivo Hipotecario señaló el Ad quem que si bien se inventarió y avaluó el bien inmueble objeto de este Proceso, el mismo no estaba dirigido a interrumpir la posesión del señor A.R. sobre el bien.

Por su parte, sostiene el Casacionista que el actor no mantuvo una posesión pacífica e ininterrumpida del bien objeto de litigio por el término de 15 años como lo exige la Ley, ya que fue objeto de un Proceso Ejecutivo Hipotecario que HSBC BANK PLC le sigue a TEOFILO REAL y CÍA, S.A., INMOBILIARIA REAL, S.A., INMOBILIARIA LA LUNA, S.A., EMPRESAS LA LUNA, S.A., R.M.R.B., J.C. REAL DE LEÓN Y RICARDO REAL LEON, por el incumplimiento de una obligación dineraria a la que se había comprometido, razón por la que procedió a ejecutar al propietario del bien a usucapir.

Luego, en el Informe Pericial rendido por el Topógrafo RAFAEL VALDERRAMA, se expuso en el aparte de "Otros aspectos y consideraciones", respecto a la ocupación de la finca, lo que se cita a continuación:

Esta finca ha sido objeto de secuestros e hipotecas y en ninguno de esos negocios ha figurado el demandante en este proceso- A.R.C. aun cuando según su testimonio, él ha vivido siempre en ese lugar; por lo que considero dudoso el ánimo de dueño que se alegue tener en todo momento, el cual no se ha visto ejercido desde el momento en que se dio el título de propiedad a una persona distinta al demandante -A.R.C.- quien dice ser la persona que la ha venido ocupando por más de 15 años.

Su estancia u ocupación del terreno-finca 15686 ha sido, de acuerdo a investigaciones realizadas, por tolerancia de los propietarios que ha tenido la finca en cuestión.

De las consideraciones que expuso el Perito designado por el demandado en este apartado del Informe, concluye la Sala que las mismas no guardan correspondencia con lo que expuso en los puntos objeto de su Informe, pues allí señaló que el señor A.R. C. mantiene una ocupación permanente de la finca objeto del Proceso, que sobre la misma existe una construcción donde reside el demandante con su familia (ver fs. 221). Luego, de esta afirmación resulta incongruente concluir que la posesión no se ha visto ejercida desde el momento en que se dio el título de propiedad a una persona distinta del demandante, pues no existe constancia alguna que dicha interrupción se haya dado, puesto que al 27 de enero de 2015, el demandante con su familia se mantenía ocupando la finca objeto de estudio, según el Informe presentado.

Debe aclarar la Sala, que la valoración que le atribuyó el Tribunal Ad quem al Proceso Ejecutivo Hipotecario interpuesto sobre el bien a usucapir no interrumpe la posesión que pública y pacíficamente haya ejercido el demandante sobre el mismo, como bien se expuso en el fallo objeto de censura, pues la medida de embargo decretada no conllevó la pérdida de la posesión material de la finca por parte del señor ALFREDO REAL CASTILLO, por lo que el demandante continúo poseyendo el bien inmueble. En Fallo de 16 de octubre de 2012 dictado con ocasión del Proceso Sumario de Prescripción Adquisitiva de Dominio que PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. le sigue a S.G.G., bajo la ponencia del Magistrado HERNAN DE LEÓN, se expuso frente a este mismo cuestionamiento lo que se cita a continuación:

"Como corolario de lo anterior, esta Corporación estima provechoso citar un extracto de la resolución proferida el 24 de enero de 1995, con ocasión al recurso de casación interpuesto por INMOBILIARIA LOS POZOS, S.A., en el Proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio que le sigue A.S., donde se indicó:

"Por último, el artículo 1762 del Código Civil:

"ARTÍCULO 1762:...

Esta disposición no es pertinente cuando se consideran los efectos de la posesión extraordinaria. Toda situación en la cual entre en juego un título, como es el caso del artículo 1762, es ajena a la posesión extraordinaria.

La institución de la posesión y su efecto de ganar la propiedad por prescripción adquisitiva ha sido considerada extensamente por los tratadistas. Si surte efectos contra los propietarios, igualmente ha de causarlos en contra de cualquier persona que derive su título del propietario. No se puede alegar entonces en esta coyuntura que la posesión no cause efecto contra terceros adquirentes.

..."

Similar situación a la esbozada en la jurisprudencia antes citada, acontece con el artículo 1775 del Código Civil, que alude a la inscripción de la hipoteca y lo que ella comprende, razón por la cual, la Sala concluye que se desestiman los cargos de violación directa.

En síntesis, esta Corporación de Justicia considera que la existencia de una hipoteca que posteriormente se transforme en propiedad, no interrumpe la posesión que ejercite el tercero de la relación contractual, por lo tanto, tampoco perjudica la usucapión ya que si la posesión consiste en un poder material sobre el bien, solo puede ser interrumpida si se atente o vulnera dicha potestad, lo que no ocurre en el caso de las hipotecas, que si bien restringen el derecho de propiedad, al ser gravámenes que se inscriben en el Registro Público, lo cierto es que no afectan la posesión, hecho que es protegido como un derecho en determinadas circunstancias." (destaca la Sala)

Del extracto de la Resolución transcrita, se infiere que la posesión que por el término de Ley haya ejercido el usucapiente no se interrumpe con la interposición de un Proceso Ejecutivo Hipotecario, ni con el cambio de propiedad del bien a usucapir, pues si bien la obligación recae sobre el bien dado en garantía, el mismo no conllevó la pérdida de la posesión ejercida por el demandante que es precisamente uno de los requisitos sine quanon sobre los cuales gira la pretensión ensayada, ya que la retención de un bien inmueble con ánimo de dueño, en las condiciones establecidas en la ley, provoca que el titular pierda la propiedad y la adquiera quien ha estado poseyendo el bien de forma pacífica e ininterrumpida por el término señalado en la Ley.

Valga la pena recordar el concepto técnico de corpus, como elemento estructural de la posesión, ya que el mismo hace referencia al poder, señorío o subordinación de hecho que el sujeto tiene sobre la cosa, el cual puede estar materializado con el contacto o la aprehensión que ejerza sobre la misma, aun cuando no se identifica con ella. Así es, perfectamente posible, que el poseedor mantenga tal calidad aunque no detente físicamente la cosa siempre y cuando esta se encuentre bajo su control.

Un depositario judicial no adquiere la posesión del bien, sino la mera tenencia a nombre del propietario o de quien llegue a tenerla, pues el ánimo de dominio que es uno de los elementos de la posesión no pasa al depositario. Si no fuera así, bastaría para arrebatar la posesión de terceros, denunciar sus bienes en juicios ejecutivos y obtener el depósito de ellos. Por ello, al no ejercitarse ninguna acción posesoria para recuperar el bien a usucapir no puede señalarse que se haya dado una interrupción de la posesión.

Así las cosas, coincide la Sala con el criterio vertido por el Tribunal Ad quem en el sentido que a través de los medios de prueba incorporados al Proceso se acreditó fehacientemente la posesión del bien a usucapir de forma pública, pacífica e ininterrumpida del demandante por el término de 15 años, que la interposición del Proceso Ejecutivo Hipotecario no constituye un medio de interrupción de la prescripción, pues no se afectó la posesión real y material que sobre el bien ejerce el demandante, por lo que no resulta errada la valoración que le dio el Tribunal Ad quem al analizar las pruebas que dicen mal justipreciadas.

En consecuencia, del análisis del Motivo que sustenta la Causal de fondo invocada por la Casacionista, esta Sala debe resolver que no se ha configurado el cargo de injuridicidad expuesto, ni las violaciones a los Artículos citados como infringidos, por lo que se procede a No Casar la Resolución recurrida.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Resolución de 26 de noviembre de 2015, expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario de Prescripción Adquisitiva de Dominio que A.R. CASTILLO le sigue a BANISTMO, S.A.

Sin condena en costas de segunda instancia a la parte Recurrente por la evidente buena fe de sus actuaciones.

N.,

OYDÉN ORTEGA DURÁN

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria General)