Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 19 de Febrero de 2019

Ponente:Oydén Ortega Durán
Fecha de Resolución:19 de Febrero de 2019
Emisor:Primera de lo Civil
 

VISTOS:

Esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución de fecha 25 de enero de 2017, ordenó la corrección del presente Recurso por adolecer de defectos de forma subsanables. Posteriormente, previa corrección de tales defectos, el Recurso bajo estudio fue admitido mediante Resolución de fecha 27 de marzo de 2017, tal y como se observa a fojas 844-845 del expediente.

Finalizada la fase alegatos de fondo, la cual fue aprovechada tanto por los Recurrentes (fs.851-863) como por la Opositora (fs.864-883) corresponde decidir el Recurso impetrado, para lo cual se adelantan las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES

La licenciada C.A.R., actuando en su condición de apoderada judicial de la señora L.R.S. DE DELLA TOGNA y de los menores G.D.T.S. y DANTE ALESSANDRO D.T.S. (representadas por su madre, la Demandante), propuso Proceso de Sucesión Intestada del señor C.A.D.T.M. (Q.E.P.D.) para que, una vez cumplidos los trámites inherentes al presente Proceso se les declarase herederos del Causante.

Posteriormente, mediante Auto No.795 de fecha 31 de julio de 2015, el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de Veraguas, dispuso lo siguiente

PRIMERO: Que son herederos del causante A.D.T.M. (Q.E.P.D.), CEDULADO 9-62-630, los señores L.R.S.M., CEDULADA 9-192-380, mujer panameña, mayor de edad, soltera por ser viuda, residente en calle octava, a un costado de Correos y Telégrafos del distrito de Santiago provincia de Veraguas, en su condición de esposa del causante: GIANCARLO D.T.S., CEDULADO 9-742-1795, varón, panameño, mayor de edad soltero, residente en calle octava, a un costado de Correos y Telégrafos del distrito de Santiago provincia de Veraguas; D.A.D.T.S., CEDULADO: 9-756-2162, varón, panameño, mayor de edad soltero, residente en calle octava, a un costado de Correos y Telégrafos del distrito de Santiago provincia de Veraguas, en su condición de hijo del causante representado por su madre L.R.S.M.; C.D.T.C., CEDULADA: 8-244-506, mujer, panameña, mayor de edad, casada, residente en Avenida Aquilino De La Guardia, edificio Ocean Business Plaza No. 1102, ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en su condición de hija del causante; C.A.D.T.C., CEDULADO: 8-309-732, varón, panameño, mayor de edad, casado, residente en Avenida Aquilino De La Guardia, edificio Ocean Business Plaza No. 1102, ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en su condición del Hijo del causante; J.R.D.T.C., CEDULADO: 8-398-815, varón, panameño, mayor de edad, casado, residente en Avenida Aquilino De La Guardia, edificio Ocean Business Plaza No. 1102, ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en su condición de hijo del causante, provincia de Panamá, en su condición de hijo del causante; S.D.T.G., CEDULADO: 8-1021-1033, varón, panameño, menor de edad, soltero, residente en J.D., villa de D.B., casa #124, avenida segunda, calle novena, distrito y provincia de Panamá, en su condición de hijo del causante, representado por su madre C.G.C., CEDULADA: 8-457-163, L.A.G.C., Cedulado 9-122-2154, varón, panameño, mayor de edad, casado, residente en el Corregimiento de B., camino Real, casa 987, provincia de Panamá, en su condición de hijo del Causante quienes se hallan en posesión legítima de todos los bienes que quedaron en su poder a la muerte de la (SIC) causante.

ORDENA:

PRIMERO: Al Director General del Registro Público, cancelar la inscripción que a nombre del C.C.A.D.T.M. (Q.E.P.D.), CEDULADO: 9-162-630 aparece sobre las (SIC) siguientes bienes inmuebles:

FINCA 27161, INSCRITA A DOCUMENTO 166257, DE LA SECCIÓN DE LA PROPIEDAD DEL REGISTRO PÚBLICO , PROVINCIA DE VERAGUAS Y FINCA 19603, ROLLO 19173, DOCUMENTO 7 DE LA SECCIÓN DE LA PROPIEDAD DEL REGISTRO PÚBLICO, PROVINCIA DE VERAGUAS. Y en su lugar inscribirlas a título de herencia y a partes iguales a nombre de los señores L.R.S.M., CEDULADA: 9-192-380, mujer, panameña, mayor de edad, soltera por ser viuda, residente en calle octava, a un costado de Correos y Telégrafos del distrito de Santiago provincia de Veraguas, en su condición de esposa del causante; G.D.T.S., CEDULADO 9-742-1795, varón, panameño, mayor de edad, soltero, residente en calle octava, a un costado de Correos y Telégrafos del distrito de Santiago provincia de Veraguas; D.A.D.T.S., CEDULADO: 9-756-2162, varón, panameño, mayor de edad soltero, residente en calle octava, a un costado de Correos y Telégrafos del distrito de Santiago provincia de Veraguas, en su condición de hijo del causante representado por su madre L.R.S.M.; C.D.T.C., CEDULADA: 8-244-506, mujer , panameña, mayor de edad, casada, residente en Avenida Aquilino De La Guardia, edificio Ocean Business Plaza No. 1102, ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en su condición de hija del causante; C.A.D.T.C., CEDULADO: 8-309-732, varón, panameño, mayor de edad, casado, residente en Avenida Aquilino De La Guardia, edificio Ocean Business Plaza No.1102, ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en su condición del Hijo del causante; J.R.D.T.C., CEDULADO: 8-398-815, varón, panameño, mayor de edad, casado, residente en Avenida Aquilino De La Guardia, edificio Ocean Business Plaza No. 1102, ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en su condición de hijo del causante, provincia de Panamá, en su condición de hijo del causante; S.D.T.G., CEDULADO: 8-1021-1033, varón, panameño, menor de edad, soltero, residente en J.D., villa de D.B., casa #124, avenida segunda, calle novena, distrito y provincia de Panamá, en su condición de hijo del causante, representado por su madre C.G.C., CEDULADA: 8-457-163, L.A.G.C., Cedulado 9-122-2154, varón, panameño, mayor de edad, casado, residente en el Corregimiento de B., camino Real, casa 987, provincia de Panamá, en su condición de hijo del Causante quienes se hallan en posesión legítima de todos los bienes que quedaron en su poder a la muerte de la (SIC) causante.

SEGUNDO: AL BANCO NACIONAL DE PANAMA entregar los dineros mas (SIC) intereses generados a la fecha, contenidos en la cuenta corriente No. 01-08-0229 que a su nombre mantenía el causante C.A.D. TOGNA (SIC) MARTINELLI (Q.E.P.D.) así como los dineros más intereses generados, contenidos en la cuenta de la administración judicial de los bienes de C.A. DE LA TOGNA (SIC) MARTINELLI (Q.E.P.D.), a saber cuenta No. 011100384 a título de herencia y a partes iguales a los herederos arriba reseñados, a saber: L.R.S.M., CEDULADA: 9-192-380, mujer, panameña, mayor de edad, soltera por ser viuda, residente en calle octava, a un costado de Correos y Telégrafos del distrito de Santiago provincia de Veraguas, en su condición de esposa del causante; G.D.T.S., CEDULADO 9-742-1795, varón, panameño, mayor de edad, soltero, residente en calle octava, a un costado de Correos y Telégrafos del distrito de Santiago provincia de Veraguas; D.A.D.T.S., CEDULADO: 9-756-2162, varón, panameño, mayor de edad soltero, residente en calle octava, a un costado de Correos y Telégrafos del distrito de Santiago provincia de Veraguas, en su condición de hijo del causante representado por su madre L.R.S.M.; C.D.T.C., CEDULADA: 8-244-506, mujer, panameña, mayor de edad, casada, residente en Avenida Aquilino De La Guardia, edificio Ocean Business Plaza No. 1102, ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en su condición de hija del causante; C.A.D.T.C., CEDULADO: 8-309-732, varón, panameño, mayor de edad, casado, residente en Avenida Aquilino De La Guardia, edificio Ocean Business Plaza No.1102, ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en su condición del Hijo del causante; J.R.D.T.C., CEDULADO: 8-398-815, varón, panameño, mayor de edad, casado, residente en Avenida Aquilino De La Guardia, edificio Ocean Business Plaza No. 1102, ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en su condición de hijo del causante, provincia de Panamá, en su condición de hijo del causante; S.D.T.G., CEDULADO: 8-1021-1033, varón, panameño, menor de edad, soltero, residente en J.D., villa de D.B., casa #124, avenida segunda, calle novena, distrito y provincia de Panamá, en su condición de hijo del causante, representado por su madre C.G.C., CEDULADA: 8-457-163, L.A.D.T.A., Cedulado 9-122-2154, varón, panameño, mayor de edad, casado, residente en el Corregimiento de B., camino Real, casa 987, provincia de Panamá, en su condición de hijo del Causante

TERCERO: EL TRIBUNAL DECLARA que los derechos emanados del o los certificados de acciones de carácter nominativas o al portador mantenía (SIC) el causante C.A.D.T.M. (Q.E.P.D.) de las sociedades INMOBILIARIA SATELITE S. A., INMOBILIARIA PANAMA ESTE, S., INMOBILIARIA DELTOG, S., ahora INMOBILIARIA DETEC, S., HACIENDA GUACHAPALI, S., INMOBILIARIA PALMA REAL, S., CLUB UNIÓN, S., PANAHOLDING GROUP, S., SOCIEDAD FADEL, S., D., S., se transfieran a sus herederos , a saber: L.R.S.M., CEDULADA: 9-192-380, mujer, panameña, mayor de edad, soltera por ser viuda, residente en calle octava, a un costado de Correos y Telégrafos del distrito de Santiago provincia de Veraguas, en su condición de esposa del causante; G.D.T.S., CEDULADO 9-742-1795, varón, panameño, mayor de edad, soltero, residente en calle octava, a un costado de Correos y Telégrafos del distrito de Santiago provincia de Veraguas; D.A.D.T.S., CEDULADO: 9-756-2162, varón, panameño, mayor de edad soltero, residente en calle octava, a un costado de Correos y Telégrafos del distrito de Santiago provincia de Veraguas, en su condición de hijo del causante representado por su madre L.R.S.M.; C.D.T.C., CEDULADA: 8-244-506, mujer, panameña, mayor de edad, casada, residente en Avenida Aquilino De La Guardia, edificio Ocean Business Plaza No. 1102, ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en su condición de hija del causante; C.A.D.T.C., CEDULADO: 8-309-732, varón, panameño, mayor de edad, casado, residente en Avenida Aquilino De La Guardia, edificio Ocean Business Plaza No. 1102, ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en su condición del Hijo del causante; J.R.D.T.C., CEDULADO: 8-398-815, varón, panameño, mayor de edad, casado, residente en Avenida Aquilino De La Guardia, edificio Ocean Business Plaza No. 1102, ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en su condición de hijo del causante, provincia de Panamá, en su condición de hijo del causante; S.D.T.G., CEDULADO: 8-1021-1033, varón, panameño, menor de edad, soltero, residente en J.D., villa de D.B., casa #124, avenida segunda, calle novena, distrito y provincia de Panamá, en su condición de hijo del causante, representado por su madre C.G.C., CEDULADA: 8-457-163, L.A.D.T.A., Cedulado 9-122-2154, varón, panameño, mayor de edad, casado, residente en el Corregimiento de B., camino Real, casa 987, provincia de Panamá, en su condición de hijo del Causante

Gírense las comunicaciones correspondientes.

Por ejecutoriada la presente resolución, se ordena su salida en el libro de registro respectivo y su remisión a la Notaría Pública de Circuito a protocolizar.

La decisión antes mencionada fue objeto de Recurso de Apelación, correspondiéndole al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), resolver la alzada mediante Resolución de fecha catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016) (fs.771-784), a través de la cual confirmó el Auto apelado, señalando en su parte pertinente lo que se transcribe a continuación:

"Como se ha dejado plasmado desde un inicio de esta resolución, cada uno de los herederos involucrados en esta causa están debidamente representados por sus respectivos abogados y este es el caso del menor de edad S.D.T.G. a quien lo representa su madre a través de la firma Aguilar & A. (SIC) (foja 143). Esta es la razón por la que no atenderemos el reclamo alimentario que sin legitimidad hace el recurrente a favor de S.D.T., pues mal puede gestionar un derecho de quien no es su representado en la causa; máxime que al notificarse la firma forense A. del Auto Adjudicatorio de la masa herencial resaltó categóricamente estar de acuerdo con lo dispuesto por el Juzgado (foja 692).

Es conveniente recordar, que este Tribunal mediante resolución fechada 23 de diciembre de 2014 (fojas 93-105 cuadernillo de incidencia No.37-14), estableció su criterio en cuanto a la propiedad de los certificados de acciones que fueron encontrados en la cajilla especial bajo custodia exclusiva del causante, recalcamos que se trata de documentos "al portador" y como tales, salvo prueba en contrario, se presume que pertenecen al que los tiene o los porta. Máxime cuando respecto a este tipo de acciones -como en aquella ocasión señalamos, la Ley 32 de 1927 no deja margen a dudas cuando en su artículo 28 establece que para que estas acciones sean emitidas, primero han de haber sido totalmente pagadas y liberadas.

Por tanto, el reclamo sobre este punto ya ha sido sobradamente discutido en este proceso y cabe advertir que desde junio de 2010 cuando se realizó el inventario y avalúo de los bienes de la masa herencial, fueron incluidos los certificados al portador que nuevamente se traen al debate (fojas 465-467 expediente principal), pero para ese momento los hoy recurrentes les interesó objetar el inventario sobre otros puntos, destacándose que aceptaron la propiedad y vigencia de los certificados al portador encontrados en la cajilla de seguridad del causante, por lo que no habiendo variado las condiciones traer al tapete una vez más el punto ya discutido, denota un franco interés en retardar el proceso.

Otro extremo del reclamo es la falta de un nuevo y detallado informe de rendición de cuentas por parte de la Administradora de la Sucesión, antes de la adjudicación de los bienes. Sobre este punto partimos de la aceptación del recurrente que el último informe que obtuvo sobre la gestión de la administradora fue de 13 de junio de 2012, además, tal como lo plasma el auto de adjudicación dicha administración ha sido examinada en fecha reciente; como se aprecia a fojas 74 a 88. El Tribunal, hizo un estudio pormenorizado de los informes entregados por la administradora judicial, por ello, mediante resolución de fecha 29 de octubre de 2013, decide confirmar el auto No.630 de 18 de julio de 2013, emitido por el Juzgado de primera instancia, en la que se desestiman las objeciones efectuadas al informe de la administración judicial de los bienes herenciales (ver cuadernillo No.38-13)

...

Ante lo anterior señalado, se advierte que no se evidencia que los herederos hayan pedido partición de los bienes dentro del presente juicio sucesorio, para que en efecto la juzgadora procediese a efectuar el trámite que corresponde y posteriormente la partición, así lo estipula el artículo 1564 del Código Judicial.

Por otro lado, el censor infiere que sus clientes pagaron gastos médicos del causante , siendo incluidos dentro del presente proceso, por tanto, es de su parecer que el auto apelado debió establecer el pago de dicha suma, descontando lo correspondiente a sus representados. A esto podemos indicar que a los folios 465 a 457 del proceso principal, la Juez de primera instancia se pronunció en relación a este asunto, ordenando mediante auto número 545 de 21 de junio de 2012, pagar al heredero C.A.D.T.C., la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS BALBOAS CON TREINTA Y CUATRO CENTÉSIMOS (B/.9,362.34), resolución que a la fecha está en firme, por tanto, no es dable que esta instancia entre a resolver sobre los mismos hechos, aunado a que el recurso de apelación no es el medio procesal para el cobro de la suma establecida."

Inconforme con el dictamen del Superior, la firma forense BOUTIN LAW FIRM, apoderada judicial de C.A.D.T.C., J.R.D.T.C. y C.D.T.C., formalizó el presente Recurso de Casación que esta Sala procede a resolver.

RECURSO DE CASACIÓN

El Recurso de Casación consta de dos C., la primera es en la forma "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerada esencial por la Ley" (Artículo 1170, numeral 1) y la segunda es en el fondo y consiste en la "Infracción de las normas sustantivas de Derecho, por interpretación errónea, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida" (Artículo 1169 del Código Judicial).

La Causal de Forma antes señalada está sustentada en un único Motivo que es del tenor siguiente:

Las normas instituidas en el procedimiento civil contemplan que en todos los procesos de conocimiento, en los que el Estado es parte, luego de la fase de alegatos en cada instancia e igualmente en los procesos de sucesión debe remitirse el expediente al Ministerio Público para su notificación y emisión de concepto correspondiente. Toda vez que los procesos de sucesión imponen este trámite tal y como consta a foja 785, el Ministerio Público notificó al tribunal que se le corriera en traslado de la actuación. En el caso en examen esta situación no ocurrió, con lo cual se infringió en lo que dicta el procedimiento, ello impidió que las partes solicitaran el respectivo saneamiento.

La disposición legal presuntamente infringida según el cargo de injuridicidad contenido en el Motivo previamente transcrito, es el Artículo 1227 numeral 9 del Código Judicial.

Respecto a la Causal de fondo denunciada ésta se fundamenta en un único Motivo, siendo del tenor siguiente:

"El Tribunal Superior del Segundo Distrito incurre en error injudicando en el fallo impugnado, al interpretar indebidamente la norma de derecho que trata lo relacionado con la categoría de accionista al portador. Como bien dice la norma que para emitir una acción al portador se requiere que la misma haya sido totalmente pagada y liberada. El Tribunal Superior infringe al presumir que quien tenga o porte las acciones es el titular, cuando una interpretación correcta sería , que debe entenderse pagadas y liberadas, cuando el pago se hace efectivo, de manera que conste en el libro de registro de acciones a capital (art. 73 y 86 del Código de Comercio). La anterior infracción incide consustancialmente en la parte dispositiva del fallo impugnado."

Las disposiciones legales cuya vulneración se denuncia en el cargo de injuridicidad contenido en el Motivo antes transcrito, son los Artículos 9 del Código Civil y el Artículo 28 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927.

CRITERIO DE LA SALA

Como quiera que contra la Resolución de fecha 14 de abril de 2016, los Recurrentes interpusieron conjuntamente C. de forma y de fondo, esta Sala procederá a analizar la primera y si esta se declarase sin lugar, se entrará a conocer la segunda de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1168 del Código Judicial.

Tal y como en párrafos precedentes se indicó, la Causal de forma denunciada por la Recurrente surge "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la Ley", misma que está consagrada en el numeral 1 del Artículo 1170 del Código Judicial.

A través del único Motivo que sirve de sustento a la Causal de forma denunciada, los Recurrentes señalan que las normas del Proceso Civil disponen que en los Procesos Sucesorios debe remitirse el expediente al Ministerio Público para su notificación y emisión de concepto; sin embargo, en el caso bajo examen ello no ocurrió infringiendo con ello el numeral 9 del Artículo 1227 del Código Judicial.

La anterior aseveración obligó a esta Sala a revisar los trámites surtidos en cada etapa del Proceso de Sucesión al cual accede el Recurso bajo estudio, encontrándose que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas profirió el Auto de fecha 14 de abril de 2016, a través de la cual confirma el Auto N°795 del 31 de julio de 2015 dictado por el Juzgado Segundo del Circuito de Veraguas, Ramo Civil, dentro del Proceso de Sucesión Intestada del señor C.A.D.T.M. (Q.E.P.D.), sin que el Ministerio Público emitiese concepto. Ello incumple con el trámite dispuesto en el numeral 9 del Artículo 1227 del Código Judicial; sin embargo, esta infracción a criterio de la Sala no es de aquellas que genere una causal de nulidad o un estado de indefensión a las partes tal que obligue a la Sala de la Corte a casar la Sentencia impugnada.

Ello es así, pues nuestro Código de Procedimiento Civil en su Artículo 1151 menciona qué se considera como formalidades indispensables para fallar, señalando entre otras, la omisión del traslado de la demanda, la falta de notificación del auto ejecutivo, la omisión de la apertura del proceso o incidente a pruebas, el no haberse practicado pruebas, sin culpa del proponente o de aquellas que por su función y trascendencia en el Proceso, la erijan en tal. Advierte la Sala, que la falta señalada, no fue objeto de controversia en el curso de la segunda instancia, por lo que tal situación incumple las exigencias contenidas en el Artículo 1194 del Código Judicial para efectos de dicha Causal. Adicional a ello, se observa que en el expediente respectivo, el Tribunal Ad quem ordenó el traslado del Auto de adjudicación al Ministerio Publico, lo cual fue realizado por el Juzgado A quo. Sin embargo, pese a haberse surtido el trámite, dicha Agencia del Ministerio Público no emitió la correspondiente Vista, lo que facultaba al Tribunal Ad quem a seguir el curso del procedimiento.

La segunda Causal invocada por el Recurrente consiste en: "Infracción de las normas sustantivas de derecho por concepto de interpretación errónea de la norma de derecho, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

El Motivo que sustenta la Causal invocada es el que se transcribe a continuación:

"El Tribunal Superior del Segundo Distrito incurre en error injudicando en el fallo impugnado, al interpretar indebidamente la norma de derecho que trata lo relacionado con la categoría de accionista al portador. Como bien dice la norma que para emitir una acción al portador se requiere que la misma haya sido totalmente pagada y liberada. El Tribunal Superior infringe al presumir que quien tenga o porte las acciones es el titular, cuando una interpretación correcta sería, que debe entenderse pagadas y liberadas, cuando el pago se hace en efectivo, de manera que conste en el libro de registro, de acciones "acción al portador No--, totalmente pagada" como aporte a capital 8art. 73 y 86 del Código de Comercio). La anterior infracción incide consustancialmente en la parte dispositiva del fallo impugnado."

Como normas legales infringidas la Recurrente cita los Artículos 9 del Código Civil y el Artículo 28 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927.

Con respecto a la segunda Causal de fondo invocada la Sala pasará a examinar el cargo de injuridicidad con total independencia de los elementos fácticos como lo señala claramente el Artículo 1169 y 1171 del Código Judicial.

Observa la Sala, que la Sentencia recurrida al aplicar e interpretar el Artículo 28 de la Ley 32 de Sociedades Anónimas desatendió el recto sentido del precepto, puesto que instituye una presunción que la ley no consagra al asumir que una acción al portador por el sólo hecho de identificarse como tal se entiende emitida para todos los efectos legales, cuando el mismo es claro en exigir que estas tienen que haber sido "totalmente pagadas y liberadas". De conformidad con ello, para la Sala la sola denominación como título "al portador" no es suficiente para darla por emitida ya que en relación con estas acciones el legislador ha sido claro en disponer que no pueden emitirse sino se encuentran "... totalmente pagadas y liberadas".

En este sentido, la Sala, tomando como base consideraciones ideológicas tanto de la doctrina patria como extranjera, ha manifestado que la interpretación errónea ocurre cuando se le otorga un sentido a la disposición legal pertinente que no es el que se desprende de la norma. También, se ha señalado que esta modalidad de la Causal de fondo se produce cuando no obstante ser aplicada una norma pertinente, ello se hace otorgándole un sentido o alcance distinto al que realmente ofrece su contexto, derivando, de semejante hermenéutica, consecuencias distintas a las que emergían de su recto sentido.

Lo anterior supone la previa aplicación de la norma que se acusa de erróneamente interpretada, a una situación fáctica por ella gobernada, toda vez que el error no recae en la falta de aplicación de la norma, sino en el haber otorgado a la norma aplicada un sentido y alcance que no le corresponde.

Ahora bien, las normas que se dicen infringidas por el fallo recurrido son el Artículo 9 del Código Civil y el 28 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se citan a continuación:

Artículo 9:Cuando el sentido de la Ley es claro, no se atenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento.

Artículo 28: No se emitirán acciones al portador sino cuando haya sido totalmente pagadas y liberadas.

En el caso que nos ocupa, observa la Sala que el Artículo 28 de la Ley de Sociedades Anónimas fue aplicado e interpretado por el Tribunal Ad quem, al momento de dictar la Sentencia objeto de censura, siendo utilizado precisamente como sustento jurídico para confirmar la decisión de primera instancia, cuando al respecto expuso (ver fs. 771ª 784):

"Es conveniente recordar, que este Tribunal mediante resolución fechada 23 de diciembre de 2014 (fojas 93-105 cuadernillo de incidencia N°37-14), estableció su criterio en cuanto a la propiedad de los certificados de acciones que fueron encontrados en la cajilla especial bajo custodia exclusiva del causante, recalcamos que se trata de documentos "al portador" y como tales, salvo prueba en contrario, se presume que pertenecen al que los tiene o los porta. Máxime cuando respecto a este tipo de acciones -como en aquella ocasión señalamos, la Ley 32 de 1927 no deja margen a dudas cuando en su artículo 28 establece que para que estas acciones sean emitidas primero han de haber sido totalmente pagadas y liberadas.

Por tanto el reclamo sobre este punto y ha sido sobradamente discutido en este proceso y cabe advertir que desde junio de 2012 cuando se realizó el inventario y avalúo de los bienes de la masa herencial, fueron incluidos los certificados al portador que nuevamente se traen al debate (fojas 465-467 expediente principal), pero para ese momento a los hoy recurrentes les interesó objetar el inventario sobre otros puntos, destacándose que aceptaron la propiedad y vigencia de los certificados al portador encontrados en la cajilla de seguridad del causante, por lo que no habiendo variado las condiciones traer al tapete una vez más el punto ya discutido, denota un franco interés en retardar el proceso." (destaca la Sala)

Conforme se explica en la Resolución recurrida en Casación, el Tribunal Ad quem al interpretar la norma sustantiva citada como infringida el Artículo 28 de la Ley de Sociedades Anónimas, sostiene de manera reiterada que por encontrarse dichos documentos en custodia del causante se trata de documentos al portador y que salvo prueba en contrario los mismos pertenecen al que los porta. Sostiene la Sala, que no cabe duda que Ley 32 de 1927 señala que las sociedades anónimas tienen la facultad de creación, emisión y suscripción de diferentes tipos de acciones. Si bien es cierto en las acciones al portador no aparece el nombre del accionista en el certificado y por tanto quien posea estas acciones es considerado como dueño de las mismas por la mera posesión, es decir, quien posee la acción se convierte en dueño de estas. Sin embargo, las acciones al portador que fueron encontradas en la cajilla de seguridad del causante, durante la Diligencia de Inventario de Bienes del causante, fueron desprendidas del libro de acciones, hecho que merecía una especial atención pues genera dudas en cuanto a si las mismas, se encuentran en circulación o no.

Evidencia la Sala, respecto de la interpretación del Artículo 28 de la Ley 32 de 1927 citado como infringido por la Recurrente, que se efectuó una errada interpretación del mismo, ya que contra su texto claro, el Ad quem estableció una supuesta "presunción de prueba en contrario" que no se desprende de la norma, lo que desnaturaliza su contenido. En opinión de la Sala, la emisión de Acciones solo puede entenderse jurídicamente completada cuando, en efecto, la Acción al portador haya sido totalmente pagada y liberada.

Es por ello, que no comparte la Sala el criterio expuesto por el Tribunal Ad quem, cuando señaló que por el solo hecho de encontrarse un libro de acciones en la cajilla de seguridad del causante, estas son Acciones al portador que se encuentran totalmente liberadas, sin que sea necesario entrar a verificar si efectivamente en el Registro de Acciones de la sociedad ellas fueron emitidas y puestas en circulación. Queda claro que el tema de totalmente pagadas, dependerá de lo que se haya estipulado en el pacto social.

Considera la Sala, que el solo hecho que las Acciones se encuentren adheridas al libro de acciones no lo hace propietario de las mismas, ellas deben cumplir con ciertas obligaciones y otros actos adicionales como que hayan sido emitidas, que hayan sido pagadas o de alguna manera liberadas, poniéndose en circulación. Sólo en el caso que tales hechos se hayan producido es factible hablar que esos valores existen. Ello debe hacerse respaldar de lo que conste en el Libro de Registro de Acciones de las sociedades que las hayan emitido, caso en el cual se indicará el número de Acciones emitidas, la fecha de emisión y que las Acciones han sido totalmente pagadas y liberadas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 de la Lex cit.

Por ello, a criterio de la Sala sí se configura la Causal invocada de interpretación errónea, a la disposición del Código Civil que establece las regla de interpretación de la norma y del Artículo 28 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que procede a Casar la Sentencia recurrida y colocada en posición de Tribunal de instancia a dictar la Sentencia de reemplazo que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1195 del Código Judicial, únicamente en el sentido de excluir de los bienes que conforman la masa herencial del causante C.A.D.T.M. (Q.E.P.D.), las Acciones al portador que hayan sido encontradas en la cajilla de seguridad del causante y que fueron desprendidas del Libro de Acciones.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Resolución de 14 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas, dentro del Proceso de Sucesión Intestada del señor C.A.D.T.M. (Q.E.P.D.) y actuando como Tribunal de instancia, MODIFICA el Auto No.795 de 31 de julio de 2015, únicamente en el sentido de EXCLUIR de la masa herencial del señor C.A.D.T.M. (Q.E.P.D.), las acciones encontradas en la cajilla de seguridad del causante por encontrarse las mismas adheridas al Libro de Acciones y en consecuencia deja sin efecto la adjudicación que de las mismas se realizó a los herederos declarados del Causante.

Sin condena en costas en atención a lo dispuesto en el Artículo 1077 del Código Judicial.

N..

OYDÉN ORTEGA DURÁN

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO (CON SALVAMENTO DE VOTO) ... HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)