Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 9 de Octubre de 2019

Ponente:Angela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución: 9 de Octubre de 2019
Emisor:Primera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Primera de lo Civil

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 09 de octubre de 2019

Materia: Civil

Casación

Expediente: 290-18

VISTOS:

A fin de emitir pronunciamiento de mérito, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia entra a conocer el recurso de casación interpuesto por FUNDACIÓN AECAR, en contra del Auto de 14 de agosto de 2018 dictado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el proceso ordinario que le sigue a M.D.C.M. DE GUARDIA, ARI, S. y FUNDACIÓN ARCONTE.

ANTECEDENTES

FUNDACIÓN AECAR, entabló demanda en contra de MARÍA DOLORES CASASOLA MENDOZA DE GUARDIA, ARI, S. y FUNDACIÓN ARCONTE, cuya pretensión tiene por objeto que se declare la nulidad de una serie de actos societarios concernientes a ARI, S., así como de los contratos de compraventa de inmuebles suscritos entre ARI, S. y los demás demandados, y las escrituras que contienen dichos actos y contratos. De igual forma solicita que se ordene al Registro Público la cancelación de las respectivas inscripciones de las fincas que fueran objeto de los sucesivos contratos de compraventa, a nombre de los demandados y que se condene a M.D.C. DE GUARDIA y FUNDACIÓN ARCONTE a pagar a la demandante la suma de B/.900,000.00 en

concepto de indemnización por los perjuicios que se le irrogaron, más los intereses, costas y gastos del proceso.

Como fundamento fáctico de su pretensión, señala la demandante que A.E.G.C. (Q.E.P.D.) y M.D.C.M. DE GUARDIA, de manera fraudulenta, y sin estar legitimados para ello, reformaron el pacto social de ARI, S., mediante una supuesta Junta Extraordinaria de Accionistas, sin que estuviese presente ni representado en dicha Junta, el Concejo fundacional de FUNDACION AECAR, titular del 100% de las acciones de ARI, S.

Dicha acta fue elevada a escritura pública, e inscrita en el Registro Público, expresa la demandante.

Continúan señalando que, teniendo ya el control de la sociedad, los señores GUARDIA CONTE (Q.E.P.D.) y CASASOLA DE GUARDIA, proceden a enajenar una serie de bienes inmuebles, a título de compraventa, a FUNDACIÓN ARCONTE (controlada por ellos), a M.D.C. DE GUARDIA y a FUNDACIÓN HERMANOS WATSON.

Con posterioridad a dicha venta, los señores GUARDIA (Q.E.P.D.) y CASASOLA, procedieron a disolver la sociedad ARI, S.

Consecuentemente, la actora demanda el restablecimiento y existencia de ARI, S., la inscripción de las fincas enajenadas en favor de ARI, S., y la indemnización por los perjuicios causados.

La demanda fue presentada al Registro Unico de Entrada y repartido al Juzgado Séptimo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, el día 25 de julio de 2017.

Mediante Auto No.1402 de 2 de agosto de 2017 el juez de la causa ordenó remitir a la Dirección General del Registro Público, la inscripción de la demanda, a través de Oficio No.1517 de la misma fecha.

El día 4 de agosto de 2017 la Secretaria Judicial del Juzgado Séptimo certificó la publicación de la demanda en los términos previstos en la ley.

Mediante Auto No.1575 de 25 de agosto de 2017, a instancia de la demandante, se corrigió el auto de inscripción de la demanda, el cual se ofició al Registro Público mediante oficio de mismo número y fecha.

La demanda quedó inscrita desde el 8 de septiembre de 2017.

Posteriormente se procedió al emplazamiento de los demandados, mediante edicto, toda vez que estos no fueron localizados, y se les nombró defensora de ausente, la cual procedió a la contestación de la demanda.

Ocurrido lo anterior, la señora CASASOLA DE GUARDIA, mediante apoderado especial, compareció al proceso y presentó solicitud de caducidad de la instancia, la cual fue presentada el día 5 de abril de 2018.

Como fundamento de su solicitud, señala la demandada que han transcurrido más de tres meses desde la admisión de la demanda, sin que se hubiese notificado a todos los demandados, toda vez que estaba pendiente la notificación de FUNDACION HERMANOS WATSON.

Ante la solicitud formulada, los apoderados judiciales de la actora se opusieron a dicha petición, alegando la falta de legitimación de la referida solicitante. Seguidamente, presentaron escrito de corrección de demanda, excluyendo a FUNDACION HERMANOS WATSON como demandados. Posteriormente, presentaron nuevo escrito en el cual amplían su oposición a la solicitud de caducidad de la instancia, alegando en esta ocasión que durante el término de caducidad se había suscitado una serie de actos interruptivos de dicho término, tales como la suspensión del proceso y gestiones de notificación.

Las anteriores actuaciones fueron decididas mediante Auto No.787 de 18 de abril de 2018, por el cual el tribunal de la causa declaró la sustracción de materia, toda vez que la persona jurídica que faltaba por notificar, a saber, FUNDACIÓN HERMANOS WATSON, no figuraba ya entre los demandados. Por otra parte, mediante Auto No.788 de la misma fecha se admitió la demanda corregida.

La anterior resolución fue apelada por CASASOLA MENDOZA y por FUNDACIÓN ARCONTE, y dicha alzada fue sustentada en el mismo escrito.

Seguidamente, FUNDACIÓN AECAR, presentó su correspondiente escrito de oposición y, posteriormente, presentó escrito de contestación a la demanda corregida.

En su libelo de contestación, la demandada negó los hechos de la demanda y opuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa y prescripción.

Mediante Auto de 14 de agosto de 2018 el Primer Tribunal Superior de Justicia decidió la apelación que se interpusiera contra el Auto No.788, modificándolo, en el sentido de ordenar el levantamiento de la inscripción de la demanda, dado que la acción ejercitada tiene naturaleza personal y no real, manteniendo el auto apelado en todo lo demás.

Es contra esta resolución que se interpone el presente recurso de casación, respecto del cual la Sala conoce y se apresta a decidir.

RECURSO DE CASACIÓN Y CRITERIO DE LA SALA

El recurrente ha invocado la causal de fondo en los conceptos de violación directa de la norma de derecho, y de error de derecho sobre la apreciación de la prueba, los cuales serán examinados en el orden en que han sido expuestos.

Así, la primera causal invocada por el recurrente es la de fondo, en el concepto de violación directa de la norma de derecho, la cual se sustenta en un único motivo.

El cargo de injuridicidad que se endilga a la resolución que se censura consiste en haber ordenado el levantamiento de la inscripción de la demanda que pesa sobre siete fincas, en el ejercicio de una acción real.

El casacionista estima infringidos los artículos 85 de la Ley 32 de 1927, 539 del Código de Comercio y 996 del Código Civil.

A continuación, procede la Sala al examen del fallo impugnado y observa, en su parte pertinente (folio 309), el criterio del tribunal de segunda instancia en el sentido que no se evidencia una relación directa entre la demandante (FUNDACIÓN

AECAR) y las fincas sobre las cuales se pide la anotación provisional de la demanda, sino que ejercita una acción personal como accionista de ARI, S., quien figurara como propietaria de los inmuebles en cuestión.

Ahora bien. Sobre este punto señala la recurrente que, aunque se trata de una acción que corresponde ejercer a ARI, S., se trata del ejercicio de una acción indirecta, la cual se halla prevista en el artículo 996 del Código Civil.

Sobre este punto cabe señalar que FUNDACION AECAR, como titular que dice ser del 100% del capital accionario de ARI, S., está legitimada para impugnar los actos societarios que estime fraudulentos. Mas, para el ejercicio de las acciones que correspondan propiamente a ARI, S., a saber, las acciones reales respecto de los inmuebles en cuestión, sólo está legitimada la sociedad por medio de quien figure como su representante. FUNDACION AECAR sólo está legitimada para impugnar los actos societarios que se estiman fraudulentos.

Por otra parte, no consta en parte alguna del auto recurrido que el casacionista haya accionado en ejercicio de la acción subrogatoria que dice ejercer. No ha sido sino en sede de casación cuando el recurrente se refiere por primera vez al ejercicio de la acción oblicua como supuesto acreedor de ARI, S. por razón de los dividendos que dicha sociedad le adeuda como accionista.

La pretensión del demandante, en el sentido que se cancelen las fincas a nombre de los demandados, para que se reinscriban a nombre de ARI, S., sería consecuencia de la pretendida nulidad de los actos societarios y de las escrituras que los contiene, acciones estas para las que sí está legitimada FUNDACIÓN AECAR, por tratarse de acciones personales ejercidas en su condición de accionista de ARI, S.M., el ejercicio de una acción real que le competa a ARI, S., reiteramos, sólo puede ser ejercida por esta sociedad, mediante su representante. Ni siquiera el supuesto ejercicio de la acción oblicua o subrogatoria puede constituir argumento para el ejercicio de la supuesta acción real, pues la acción indirecta se ejerce ante los deudores de su deudor, y no consta que los demandados en el presente proceso sean deudores de ARI, S.

A más de lo anterior, resultan diáfanos los artículos 1227, numeral 3, del Código Judicial, y el artículo 1778, numeral 1, del Código Civil, citados por el tribunal de apelación, para concluir que no estamos en presencia de una acción real.

Así las cosas, estima la Sala que no se justifica la primera causal invocada.

La segunda causal invocada por el recurrente es también la de fondo, en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, la cual se sustenta en tres motivos que, en general, le endilgan a la resolución que se censura el yerro probatorio consistente en la valoración, contraria a derecho, de una serie de pruebas documentales lo cual, a juicio del casacionista, influyó sustancialmente en lo dispositivo del auto recurrido.

El recurrente estima infringidos los artículos 781, 856, 857 y 834 del Código Judicial, así como el artículo 986 del Código Civil.

En concreto, el primer cargo de injuridicidad que se le endilga a la resolución que se censura consiste en la errónea valoración del certificado de acciones No.1 de ARI, S. consultable al folio 18 del expediente, el cual demuestra, según el recurrente, que con motivo de la liquidación de la mencionada sociedad la demandante adquirió la condición de acreedora de la referida persona jurídica, por el importe del valor de sus acciones, con derecho a ejercer los derechos reales de su deudora sobre las fincas objeto del litigio.

A continuación, procede la Sala al examen de la pieza probatoria que se estima mal apreciada por el tribunal de segundo nivel y observa, al folio 18, copia auténtica del certificado de acciones No.1 por 1,000 acciones de ARI, S.

Seguidamente, este Tribunal pasa a examinar la apreciación que de dicha pieza documental hizo el tribunal de alzada, mas no se aprecia en parte alguna del auto recurrido, que dicha colegiatura haya hecho referencia alguna a dicho medio de convicción, por lo que no se configura en este caso, la causal probatoria invocada. En consecuencia, procede la Sala a desestimar este primer cargo de injuridicidad. En el segundo motivo, el recurrente le endilga al fallo impugnado el yerro

probatorio consistente en la valoración contraria a derecho de la certificación expedida por el Registro Público No.120397 del 12 de julio de 2017, consultable al folio 19, la cual acredita, según el casacionista, que ARI, S. se encuentra disuelta. Según el recurrente, el tribunal de segundo grado no apreció la obligación que se desprende de dicho documento, por parte de la sociedad disuelta, y respecto de sus accionistas, de distribuir entre estos los dividendos resultantes del fondo social, así como el derecho que le asiste a la demandante a exigir dicha distribución, "constituyéndose así en acreedor con derecho a ejercer los derechos reales de su deudor sobre las fincas objeto del litigio".

A continuación, procede la Sala al examen de la pieza documental que se estima mal apreciada y observa, al folio 19 del expediente, que consta efectivamente, la copia auténtica del certificado expedido por el Registro Público, el cual acredita que ARI, S. se halla disuelta.

Seguidamente, este tribunal pasa a constatar la valoración hecha por el Tribunal Superior, de la pieza de convicción que se estima mal valorada mas, igual que en el motivo anterior, no se observa que dicha Colegiatura haya hecho ponderación alguna de la referida probanza. En consecuencia, tampoco se configura este segundo cargo de injuridicidad.

En el tercer y último motivo de la causal que se examina, el recurrente le endilga al auto impugnado el yerro probatorio consistente en la indebida apreciación de la escritura pública No.44,792 de 10 de diciembre de 2015, visible al folio 70, por la cual se protocoliza el acta de Junta extraordinaria de accionistas de ARI, S., mediante la cual se aprobó la disolución de dicha sociedad.

Procede pues, la Sala, al examen de la pieza probatoria documental que se estima mal valorada y observa, al folio 70 que consta, efectivamente, copia auténtica de la escritura pública No.44,792 de 10 de diciembre de 2015 por la cual se protocoliza acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ARI, S. dentro de la cual consta la aprobación de la disolución de la sociedad. A continuación, la Sala pasa a examinar la ponderación hecha por el Primer

Tribunal, de la pieza de convicción que se estima mal apreciada mas, al igual que lo observado en los motivos anteriores, dentro de la presente causal, no se advierte que el ad quem haya tomado en consideración las pruebas que se estiman mal apreciadas, por lo que tampoco se configura en este caso, la causal invocada.

Dado que tampoco se justifica la segunda causal de fondo invocada, no procede casar el auto recurrido, lo cual se declara a continuación.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA el Auto de 14 de agosto de 2018 dictado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial dentro del proceso ordinario que FUNDACIÓN AECAR le sigue a M.D.C.M. DE GUARDIA, ARI, S. y FUNDACIÓN ARCONTE.

Las costas del recurso de casación se fijan en la suma de CIEN BALBOAS(B/.100.00).

N.,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

OLMEDO ARROCHA OSORIO -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)