Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 24 de Octubre de 2019

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:24 de Octubre de 2019
Emisor:Primera de lo Civil
 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Primera de lo Civil

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 24 de octubre de 2019

Materia: Civil

Casación

Expediente: 283-15

VISTOS:

Corresponde a esta Sala Civil resolver los recursos de Casación corregidos formalizados por el Licenciado CESAR J.P.M., actuando en nombre y representación de HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., y LOURDES X. PHILLIPS G. & ASOCIADOS, apoderada judicial de HOTELES IBEROAMERICANOS, S., sociedad sobreviviente de la fusión con la también demandada HOTELES CONTINENTALES, S. (ver f.2609 T.V.), contra la sentencia de 20 de mayo de 2015 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario incoado contra las mencionadas personas jurídicas por R.L.G. de P. CORPORATION.

ANTECEDENTES

A través del presente proceso de conocimiento, la demandante solicita las siguientes declaraciones:

"Primero: Que se declare que las sociedades demandadas, por medio de su Junta Directiva y de Dignatarios, han actuando o funcionando, y continuando actuando o funcionando, en el manejo de los negocios, bienes, patrimonio y actividades societarias, y en la administración de los aspectos contables y financieros de las mismas, de forma contraria a la ley y a los principios que rigen para las sociedades anónimas, y en claro fraude o perjuicio de los intereses y patrimonio de nuestra representada.

Segundo

Que se declare que la forma de actuar o de funcionar de las sociedades anónimas, en clara contradicción a la ley, a los principios que rigen a las sociedades anónimas y a los intereses y patrimonio de nuestra representada, constituye una legítima causa para declarar la disolución y liquidación de las sociedades anónimas demandadas.

Tercero

Que se declare la disolución y liquidación de las sociedades anónimas demandadas.

Cuarto

Que se condene a las demandadas al pago de las costas y gastos del proceso, en caso de oposición a la misma." (f.85)

En su libelo, R.L.G. de P. CORPORATION explica que es propietaria del 25% de las acciones emitidas por las demandadas HOTELES CONTINENTALES, S. (quien a su vez es dueña del 100% de las acciones emitidas por la también demandada HOTELES IBEROAMERICANOS, S.) , HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S.; perteneciendo el resto de las acciones a Y.L. DE RIANDE (25%), D.R.L. (25%) y L.R.L. DE VICTORIA (25%).

A partir de la Asamblea de Accionistas celebrada el 19 de octubre de 2001, se excluyó a la demandante, representada por N.A.R.L., de comparecer a las Juntas Directivas de HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTELES CONTINENTALES, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., dejando de participar en la administración de los negocios de hotelería a que se dedican las referidas sociedades, desconociendo la demandante, desde entonces, el estado financiero y económico de las empresas.

Indica también que R.L. G . de P. CORPORATION no recibe participación en las ganancias o dividendos, debido a que los ingresos son destinados a cumplir con obligaciones dimanantes de préstamos adeudados por las demandadas al resto de las accionistas, es decir, Y.L.D.R., D.R.L. y L.R.L. DE VICTORIA.

Manifiesta que las Juntas Directivas y dignatarios de las sociedades demandadas han tomado decisiones sin la participación del representante legal de R.L. G. de P.C.(.A.R.L., en perjuicio o en fraude directo de los intereses y patrimonio de la demandante, señalando que "las actuales directoras / accionistas son quienes fijan los intereses que a su favor deben pagar las sociedades por razón de sus supuestas acreencias personales, muy por encima de los intereses de mercado. Que son ellas mismas, quienes luego de una cesión de sus supuestos créditos a otras sociedades en donde ellas mismas aparecen como directoras / dignatarias, deciden declararse, por un lado en mora, de plazo vencido y exigible, y a su vez deciden ellas mismas a través de las otras sociedades anónimas, solicitar la ejecución de sus propias acreencias, en contra de las sociedades demandadas, y en detrimento directo de la accionista minoritaria." (f.89).

En ese sentido, comenta que las accionistas Y.L. DE RIANDE, D.R.L. y L.R.L. DE VICTORIA cedieron sus supuestos créditos en favor de ALFALELU, INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S. y J.J.J. MANAGEMENT, INC -donde participan como directoras y dignatarias-, y que dichas sociedades han promovido Proceso Ejecutivo contra HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., con la finalidad de apropiarse de los inmuebles y activos de las demandadas, de manera que R.L. G. de P. CORPORATION carezca de participación en los negocios.

Asegura que los estados financieros o balance de situación de los años 2001, 2002 y 2003 reflejan que el pasivo excede al activo de cada sociedad en una quinta parte, lo que es contrario a la ley.

Concluye afirmando tener legítimo derecho a solicitar la disolución y liquidación de las demandadas, por los perjuicios que se le han generado como accionista en razón de los actos fraudulentos realizados por las demás accionistas para despojarlo de su participación en las empresas.

Agotados los trámites inherentes al Proceso Ordinario, el Juez Primero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia N°32 de 30 de junio de 2009, no accedió a la pretensión, y condenó a la demandante al pago de B/.600,000.00 en concepto de costas (fs.3263-3293).

Contra lo resuelto por el Juez A-quo, R.L. G. de P. CORPORATION anunció recurso de apelación y la presentación de pruebas para la segunda instancia, las que fueron aducidas dentro del término establecido en las normas del procedimiento civil.

Luego de evacuada la fase probatoria y de alegatos en segunda instancia, esta última en la cual la recurrente sustentó su alzada, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por conducto de la sentencia de fecha 20 de mayo de 2015 (fs.3853-3904), resolvió:

"REVOCA la Sentencia No. 32/063-03 de 30 de junio de 2009, que el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó en el proceso ordinario promovido por R.L.G. de P. Corporation contra Hoteles Iberoamericanos, S., Hotel Granada, S. e Inversiones Nativas, S.; y, en su lugar, ACCEDE PARCIALMENTE a las pretensiones, de la siguiente manera:

Primero

Se DECLARA que las sociedades demandadas, por medio de su Junta Directiva y de Dignatarios, han actuado o han funcionado, y continuan actuando o funcionando, en el manejo de los negocios, bienes, patrimonio y actividades societarias, y en la administración de los aspectos contables y financieros de las mismas, en claro perjuicio de los intereses y patrimonio de R.L.G. de P. Corporation.

Segundo

Se DECLARA que la forma de actuar o de funcionar de las sociedades anónimas, en clara contradicción a los intereses y patrimonio de R.L.G de P. Corporation, constituye una legítima causa para declarar la disolución y liquidación de las sociedades anónimas demandadas.

Tercero

Se DECLARA y ORDENA la disolución y liquidación de las sociedades anónimas demandadas.

Cuarto

Se CONDENA a las demandadas al pago de las costas de primera instancia, que ascienden a la cantidad de un millon quinientos cincuenta y seis mil balboas (B/.1,556.000.00).

Se CONDENA a las demandadas a los gastos del proceso, los cuales serán liquidados por la Secretaría del Juzgado de primera instancia." (f.3903-3904).

En la parte motiva de su resolución, el Tribunal Ad-quem señaló:

"Impera resaltar que si bien, el actuar y funcionamiento, por medio de su junta directiva y dignatarios, de las demandadas Hoteles Iberoamericanos, S., Hotel Granada, S. e Inversiones Nativas, S., no es contrario a la ley ni a los principios que rigen las sociedades anónimas; no obstante, las decisiones que están adoptando las juntas directivas de las personas jurídicas demandadas, conformada por las demás accionistas, entiéndase, Y.L. de Riande, D.R.L. y L.R. de Victoria, calidad que ostentan según certificaciones expedidas por la tesorera de dichas sociedades, acorde con el respectivo Libro de Registro de Acciones ... van en detrimento y perjuicio tanto de los intereses de la parte actora-accionista, como del patrimonio de las propias sociedades que dirigen. Cabe señalar, que son decisiones adoptadas de manera consecutivas y concatenadas en asambleas de accionistas, que vistas todas en su conjunto, es decir, al entrelazar cada una de las medidas adoptadas, se aprecia, de manera clara y expresa, las afectaciones referidas.

...

Para esta Superioridad las referidas acciones (préstamos a las sociedades demandadas, cesión de créditos y dación de pagos), establecen presunciones e indicios graves de que las decisiones adoptadas fueron parte de una estrategia concertada por las accionistas-directoras con el propósito de sustraer, de las sociedades demandadas, los referidos bienes inmuebles para así favorecerse, como grupo mayoritario de accionistas, ya que al ceder sus créditos a las sociedades New Life Enterprises, S., Alfalelu, Inc., y J.J.J. Management, Inc., y cuyas juntas directivas están integradas también por Y.L. de Riande, D.R.L. y Lucía Riande de Victoria, permitieron y acordaron, mediante los correspondientes actos formales societarios, el traspaso de los bienes de las sociedades demandadas, a través de daciones en pago.

Si bien, la parte actora alega aportar los respectivos certificados de estas últimas sociedades referidas (ver demanda corregida, a fs. 94, específicamente), no constando en autos dichos documentos, este Despacho Jurisdiccional considera que con el proceder y lo manifestado por las propias demandadas, al contestar la demanda corregida, se colige que las accionistas Y.L. de Riande, D.R.L. y L.R.L. de Victoria, miembros de la junta directiva de las demandadas Inversiones Nativas, .S., Hotel Granada, S., Hoteles Iberoamericanos, S., también forman parte de la junta directiva de Alfalelu, Inc., New Life Entrepreises (SIC), S. y J.J.J. Management, Inc.

...

Paralelo a lo expuesto, también se aprecia el traspaso, a través de venta, que Hoteles Iberoamericanos, S. realizó a favor de la sociedad Rock Rose Inc., respecto a una serie de inmuebles. Se trata de las fincas No. 9933, 9474, 9843 y 9842 (Ver certificaciones expedidas por el Registro Público de Panamá, a fs. 2382, 2383, 2384 y 2385, respectivamente). Se destaca que las directoras y dignatarias de la sociedad Rock Rose Inc., son Y.L. de Riande, L.R. de Victoria y D.R.L.. Es decir, las mismas directoras de las sociedades demandadas y de la sociedad ejecutante Alfalelu, Inc., New Life Entrepreises (SIC), S. y JJJ Management, Inc.

...

Como se aprecia, la administración de la actual junta directiva de las sociedades demandadas, respecto a los negocios, bienes, patrimonio y actividades societarias, ha perjudicado tanto los intereses y patrimonio de la demandante R.L.G. de P. Corporation, así como de las propias sociedades demandadas que dirigen.

...

Así, pues, esta Superioridad considera que la parte actora ha probado, de manera parcial la primera declaración solicitada, en cuanto a 'que las sociedades demandadas, por medio de su Junta Directiva y de Dignatarios, han actuado o funcionado (sic), y continuando actuando o funcionando, en el manejo de los negocios, bienes, patrimonio y actividades societarias, y en la administración de los aspectos contables y financieros de las mismas, en perjuicio de los intereses y patrimonio de la mismas, en perjuicio de los intereses y patrimonio' de la sociedad R.L.G. de P. Corporation (fs.85).

De igual forma, este Tribunal Superior considera que este actuar es una legítima causa para declarar la disolución y liquidación de las sociedades demandadas, conforme el artículo 524 del Código de Comercio; acreditándose así, y de manera parcial, la segunda declaración peticionada, en cuanto a: 'Que se declare que la forma de actuar o de funcionar de las sociedades anónimas, en clara contradicción a los intereses y patrimonio de nuestra representada, constituye una legítima causa para declarar la disolución y liquidación de las sociedades anónimas demandadas.' (fs. 85). La aceptación parcial de esta segunda declaración conlleva a acceder a la tercera, consistente en, 'Que se declare la disolución y liquidación de las sociedades anónimas demandadas.'; y, en consecuencia, la condena 'de las demandadas al pago de las costas y gastos del proceso, en caso de oposición a la misma' (cuarta declaración, fs. 85); y, en ese sentido, se decide esta alzada, con la respectiva revocatoria de la sentencia apelada." (fs.3882-3883, 3895-3896, 3898, 3901-3902).

RECURSOS DE CASACION Y DECISION DE LA SALA

A fin de atender los recursos de casación formalizados por las demandadas, la Sala procederá a examinarlos en el orden presentado, por lo que iniciara con el recurso interpuesto por HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., quienes invocaron la infracción de normas sustantivas de derecho en cuatro conceptos: aplicación indebida, violación directa, error de hecho en la existencia de la prueba y error de derecho en la apreciación de la prueba (fs.4011-4024).

La "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de aplicación indebida de la norma que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", se sustenta en un motivo:

"PRIMERO: El Ad-quem, contrario a derecho, ordenó la disolución y liquidación de las sociedades HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., en base a la consideración de que el actuar de las accionistas de las sociedades demandadas constituyen una legítima causa para ordenar la disolución, a pesar de que estas causales son de aplicación general para las sociedades comerciales.

El Tribunal incurrió en el error jurídico de aplicar normas sustantivas generales sobre la disolución de sociedades comerciales, a un hecho no conforme con la hipótesis de la norma, ya que la disolución de las sociedades anónimas está regulada por normas especiales.

El error jurídico en que incurrió el tribunal al aplicar las normas legales en forma indebida, influyó en lo dispositivo de la sentencia, pues de no haberse incurrido en el mismo hubiera arribado a una conclusión distinta de la que llegó." (f.4012)

Como norma infringida, los recurrentes señalan el artículo 524 del Código de Comercio:

"Artículo 524. La sociedad podrá ser disuelta por sentencia judicial, cuando sus fines o manera de funcionar fueren ilícitos o contra la ley, y además cuando uno o más asociados lo demandaren fundados en legítima causa.

En este último caso el tribunal podrá ordenar en vez de la disolución de la sociedad, la exclusión de determinados socios, si así lo solicitaren los otros por justos motivos.

Toda estipulación por la cual se negare al socio el ejercicio de este derecho será nula."

Esta Superioridad debe iniciar explicando que la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de aplicación indebida ocurre cuando el juzgador aplica una disposición legal que no guarda relación con el caso controvertido.

Según las casacionistas, el artículo 524 del Código de Comercio, por versar sobre disolución de sociedades comerciales en general, no es aplicable a las sociedades anónimas, pues éstas se encuentran reguladas por un estatuto determinado.

En opinión de la censura, en la disolución de una sociedad anónima únicamente puede utilizarse la legislación especial que las gobierna. Tal criterio no es de recibo por esta M..

El que la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 sea el cuerpo legal que en nuestro país regula las sociedades anónimas, no imposibilita la aplicación, supletoriamente, de las disposiciones del Código de Comercio concercientes a las sociedades mercantiles en general, siempre y cuando no sea incompatible con las reglas especiales.

El artículo 95 de la propia Ley 32 de 1927 preceptúa: "Quedan derogadas todas las disposiciones hoy vigentes relativas a las sociedades anónimas". En sentido contrario, se mantienen vigentes aquellas normas comprendidas en el Código de Comercio que traten de sociedades mercantiles en general, por tanto, también son aplicables a las sociedades anónimas, claro está, condicionado a que no contravengan la legislación especial.

El artículo 524 del Código de Comercio, situado en el capítulo XI denominado "Término y Disolución de las Sociedades" en general, en concordancia con el numeral 6 del artículo 517, establece la posibilidad de disolver de manera forzosa una sociedad por mandato judicial.

Nuestra Ley de sociedades anónimas -igual sucede con otros temas- guarda silencio en torno a la posibilidad de una disolución judicial, pues se limita a regular la disolución por decisión mayoritaria de los accionistas (voluntaria).

Ante tal laguna, y como quiera que en materia comercial es permitida la integración de la ley (ver artículo 5 del Código de Comercio), en la disolución de dicho tipo de ente mercantil rigen las disposiciones comunes a las sociedades comerciales en general, como es el caso del artículo 524 del Código de Comercio, la cual no trasgrede la Ley de sociedades anónimas. Por tanto, queda desvirtúado el cargo que por aplicación indebida denuncian HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S.

La casual por "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa de la norma que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", se sostiene en un motivo:

"PRIMERO: De conformidad a lo expuesto por el Primer Tribunal Superior en la sentencia impugnada, la falta de cumplimiento del plan de pago y restructuración de la deuda provocó un desequilibrio entre activos y pasivos en perjuicio de R.L.G. DE P. CORPORATION, ordenando la disolución de HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., infringiendo el Ad-quem por omisión la norma sustantiva que establece como causal específica para disolver una sociedad anónima, un convenio de disolución propuesto por la mayoría de los votos de la Junta Directiva, aprobado dentro de los diez días siguientes por la mayoría de los accionistas; con lo cual arribó a la decisión impugnada en base a hechos que no están contemplados en la norma especial como motivo para ordenar la disolución de una sociedad anónima." (f.4013).

Los recurrentes arguyen la vulneración del artículo 80 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927:

"Artículo 80. Si la Junta Directiva de cualquiera sociedad sujeta a esta ley estima conveniente que la sociedad se disuelva, propondrá por mayoría de votos de sus miembros un convenio de disolución y dentro de los diez días siguientes convocará o hará que se convoque, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 40 a 43, una Junta de Accionistas que tengan derecho de votación, para decidir respecto del acuerdo de la Junta Directiva."

La infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa se puede dar en dos casos, cuando el Tribunal deja de aplicar una disposición clara y específica a un caso en concreto, o cuando aplicada la norma se desconoce el derecho que consagra.

Cuando se acusa a una resolución de infringir normas sustantivas por violación directa, lo que se censura es el desconocimiento del derecho que el ordenamiento jurídico consagra.

Las recurrentes aseveran que el artículo 80 de la Ley 32 de 1927 fue infringido por el Primer Tribunal Superior en su fallo, al disponer la disolución y liquidación de HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., sin requerir convenio de disolución con la aquiescencia de la mayoria de sus accionistas.

La disposición contempla que la Asamblea de Accionistas de una sociedad anónima es el órgano competente para aprobar el convenio de disolución que le proponga su Junta Directiva.

Como se puede apreciar, la disolución a que alude la norma es voluntaria, cuyo supuesto de hecho, evidentemente, no se compadece con el caso de marras, donde se debate una disolución forzada o judicial.

Al no resultar aplicable la regla de derecho que la censura alegaba como desconocida en la sentencia de segunda instancia, no puede prosperar la causal por violación directa.

Para la tercera causal de fondo invocada por HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho en la existencia de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", se aduce el siguiente motivo:

"PRIMERO: El Ad-quem en la Sentencia recurrida declaró parcialmente probadas las pretensiones de R.L.G. DE P. CORPORATION; declarando y ordenando la disolución y liquidación de las sociedades demandadas, al afirmar que de la contestación de la demanda corregida se deduce que las accionistas Y.L. DE RIANDE, L.R.L. DE VICTORIA y D.R.L. son miembros de la Junta Directiva de HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVA, S. y de ALFALELU INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S. y J.J.J MANAGEMENT INC (T.V.II, fs. 3895). Para arribar a esta decisión el Ad-quem dio por probado este hecho sin que obre en el expediente la Certificación de Registro Público de las sociedades ALFALELU INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S. y J.J.J. MANAGEMENT INC., que es la prueba demostrativa de la vigencia, representación legal, dignatarios y Junta Directiva de estas sociedades.

Este error de hecho influyó en la resolución recurrida, debido a que el Ad-quem consideró que R.L.G. DE P. CORPORATION tenía una causa legítima para demandar la disolución de HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., violando el principio de derecho que establece que la mayoría de los accionistas son quienes pueden acordar disolver una sociedad anónima." (fs.4014-4015)

Las casacionistas señalan como disposiciones infringidas los artículos 780, 637, 784 del Código Judicial, así como el 517 del Código de Comercio.

El error de hecho sobre la existencia de la prueba se puede producir de dos formas, cuando el juzgador aprecia una prueba que no existe en el expediente, o cuando se omite valorar una prueba que consta en el expediente.

Lo alegado por HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S. es la suposición de pruebas, el cual ocurre cuando el juzgador da como existente una prueba que no está en el proceso. El reconocimimiento de tal yerro implica que en el fallo impugnado ha debido tenerse por confirmado un hecho sin respaldo probatorio para ello.

El error probatorio señalado por la censura consiste en que el Tribunal Superior estimó como acreditado que las accionistas Y.L. DE RIANDE, L.R.L. DE VICTORIA y D.R.L., conforman a su vez la Junta Directiva de ALFALELU INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S. y J.J.J. MANAGEMENT INC., sin contar en autos con certificación del Registro Público, elemento de prueba que demuestra su vigencia, representación legal, dignatarios y miembros de la Junta Directiva.

Según las recurrentes, el error probatorio llevó al Tribunal Ad quem a entender que la demandante tiene una legítima causa para disolver a las demandadas, vulnerando con ello el principio de que una sociedad anónima solo se disuelve por voluntad de la mayoría de sus accionistas.

Ahora bien, como aparece formulado el cargo, no se está denunciando una suposición de prueba, dado la admisión por las propias recurrentes de que el Tribunal Superior concluyó que Y.L. DE RIANDE, L.R.L. DE VICTORIA y D.R.L. conforman a su vez la Junta Directiva de ALFALELU INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S. y J.J.J. MANAGEMENT INC., en base al escrito de contestación de demanda corregida.

Si en su enjuiciamiento el Tribunal Superior estimó confirmado un hecho a través de un determinado elemento probatorio (confesión), el cual además de constar en autos (fs.3895-3896) su presencia no ha sido puesta en duda por la propia censura, no estamos ante una suposición de prueba.

Nótese que las propias casacionistas aseveran que el Tribunal de Segunda Instancia "llega a esa conclusión en base a la contestación de la demanda corregida" (f.4015), reconociendo el medio probatorio del cual se consideró demostrado un hecho determinado: la participación de Y.L. DE RIANDE, L.R.L. DE VICTORIA y D.R.L. en la Junta Directiva de ALFALELU INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S. y J.J.J. MANAGEMENT INC.

En la redacción del motivo, lo que subyace, en opinión de la Sala, es la disconformidad de los recurrentes en que se tenga demostrado un hecho mediante prueba distinta a la que consideran es la idónea para acreditarlo, lo que no guarda congruencia con la causal probatoria que nos ocupa, donde el examen se ha de circunscribir a si en segunda instancia se apreció una prueba inexistente.

Sin suposición de pruebas se desvirtúa por si sola la causal probatoria por error de hecho, por lo que se procede analizar la última causal anunciada por HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en la valoración de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida"; la cual se acompaña de los siguientes motivos:

"PRIMERO: El tribunal de segunda instancia incurrió en un error de valoración probatoria, ya que se apreció en forma contraria a derecho las copias autenticadas del Auto Adjudicatario No. 1942 de 12 de agosto de 1999 del Juzgado Cuarto de Circuito Civil (Tomo I, fs.32-35, T.V., fs.2414-2418) ya que limitó su valor a la acreditación de que Y.L. DE RIANDE, L.R.L. DE VICTORIA, D.R.L. y NOEL RIANDE heredaron créditos a su favor en el proceso de sucesión intestada de ILDELFONSO RIANDE PEÑA (Q.E.P.D.), quien era el acreedor original de la deuda (T.V.II, fs. 3884); restándole el valor probatorio que tiene esta documentación para acreditar que los pasivos que fueron registrados a favor de las accionistas correspondían a créditos existentes desde administraciones anteriores y que fueron adquiridos como consecuencia de una herencia. Este error de derecho en la valoración de la prueba influyó en la parte resolutiva de la sentencia porque consideró probada una causa legítima de R.L.G DE P. CORPORATION para demandar la disolución de HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S. por haber incumplido el plan de pago y reconstrucción de la deuda, violando disposiciones legales sustantivas y el principio que a falta de causa legimita (SIC) las sociedades anónimas solo pueden ser disueltas por acuerdo de la mayoría de los accionistas.

SEGUNDO

En la sentencia de segunda instancia el ad quem valoró en forma contraria a derecho el finiquito suscrito por N.A.R.L. y los cheques girados a su favor (T.V., fs. 2729-2730, 2732-2734), al conferirle un valor probatorio distinto al que tiene, debido a que consideró que son evidencia de que el crédito de N.A.R.L. fue cancelado por las sociedades demandadas con un préstamo otorgado por las accionistas Y.L. DE RIANDE, L.R.L. DE VICTORIA y D.R.L., incrementando las deudas pendientes, provocando un desequilibrio entre activos y pasivos (T.V.II, fs. 3885-3887, 3901). No obstante, contrario a lo considerado por el ad quem estos documentos prueban que N.A.R.L., representante legal de la sociedad demandante, recibió el pago íntegro de su crédito más la totalidad de los intereses al acogerse a la primera opción del plan de pago y restructuración de la deuda, el cual se estaba cumpliendo; influyendo este error de valoración en la sentencia, debido a que se consideró que los préstamos de las accionistas fueron en perjuicio de R.L.G DE P. CORPORATION concluyendo erróneamente que esta era un causa legítima, ordenando la disolución de las sociedades HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S.; incurriendo en la violación de normas sustantivas de derecho, toda vez que sin una causa legitima para disolver las sociedades anónimas solo puede acordarse la disolución por decisión de la mayoría de los accionistas.

TERCERO

El ad quem valoró en forma contraria a derecho las declaraciones de los testigos, contadores públicos autorizados, E.C.C.(.V., fs.2470-2508) y BARTOLOME MAFLA HERRERA (T.V.I, fs. 3124-3136) al considerar en la sentencia que estaba probado parcialmente las pretensiones del demandante ya que de haber cumplido con el pago y restructuración de la deuda no habría un aumento en los pasivos (T.V.II, fs. 3901). Estas declaraciones tienen el valor de acreditar que las sociedades demandadas son solventes, que sus pasivos no superan en una quinta parte los activos, que cuentan con el flujo para hacerle frente a sus obligaciones y que el aumento en los pasivos es producto de los intereses que se cargan como consecuencia de los créditos que heredaron las accionistas del señor I.R. PEÑA (Q.E.P.D.). Este error influyó en lo dispositivo de la sentencia ya que el ad quem concluyó que había una causa legitima para declarar y ordenar la disolución de las sociedades HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., violando normas sustantivas de derecho que regulan las causales de disolución de una sociedad anónima.

CUARTO

El tribunal de segunda instancia incurrió en un error de derecho al conceder el valor de indicio grave a los actos de las accionistas, siendo los hechos que lo constituyen las daciones en pago de bienes inmuebles a las sociedades demandadas a ALFALELU INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S. y J.J.J. MANAGEMENT INC, mediante actas de Asamblea General Extraordinaria de Accionista (T.V., fs.2386-2392, 2393-2401, 2419-2422, 2423-2429) llegando a establecer erróneamente que era una estrategia para sustraer los inmuebles de HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S. (T.V.II, fs.3895). Con esta apreciación el ad quem le dio un valor probatorio que no tienen a estas acciones, pese a que son operaciones lícitas y se dieron como consecuencia del pago de una deuda existente que fue adquirida producto de una herencia; por lo que el error cometido influyó en la parte dispositiva del fallo debido a que como consecuencia de dichas consideraciones el tribunal de segunda instancia ordenó la disolución de las sociedades demandadas; violándose normas sustantivas que reconocen el derecho de toda sociedad a disponer de sus bienes siempre que sean autorizados por los tenedores de la mayoría de las acciones." (fs.4018-4020)

Las disposiciones citadas como infringidas son los artículos 781, 858, 917, 983 del Código Judicial, y 68 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927.

El error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba se origina cuando el juzgador le otorga a un medio probatorio un valor que no tiene por Ley.

Ahora bien, previo a determinar la procedencia de los cargos de injuricidad endilgados a la sentencia de segunda instancia, la Sala considera oportuno, para una mejor comprensión, exponer las razones que llevaron al Tribunal Superior a considerar que, con sustento en el artículo 524 del Código de Comercio, mediaba legítima causa para decretar la disolución de HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S., e INVERSIONES NATIVAS, S.

La norma en comento permite la disolución por mandato judicial de una sociedad sustentada en una legítima causa. Tal como anota J.P.F.P., siendo que la Ley no establece parámetros para determinar que debe entenderse por legítima causa, su calificación corresponderá, de manera razonada, a los jueces:

"El artículo 524 del referido cuerpo legal señala que...

Dicho artículo prevé la terminación de una sociedad mercantil por decisión de un tribunal de justicia. Ello, obviamente, debe ser el resultado de una acción legal impulsada por algún interesado, con la que se compruebe alguna de las causas que la norma tipifica como fundamento para dar cabida a la disolución judicial, a saber, que sus fines u objetos o la manera de operar fueran de naturaleza ilícita o contraria a la ley, o cuando algún socio ejerciera la acción por causas legítimas. El Código de Comercio no establece el alcance de lo que comprende una causa legítima que pueda motivar a un socio a tomar esta medida extrema; pareciera, entonces, que corresponde al juez hacer la calificación en cuestión....

Ante el vació que contempla la Ley y anticipando que en una sociedad anónima también se pueden dar causas de conflictos entre accionistas, consideramos que bien podría alguno de ellos pedir judicialmente la disolución de la sociedad con fundamento en el referido artículo 524 del Código de Comercio dentro de los supuestos comentados." (Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña, págs.457-458)

La decisión de acceder parcialmente a la pretensión de la demandante emerge del convencimiento de que una serie de decisiones adoptadas, de manera entrelazada, por Y.L. DE RIANDE, D.R.L. y L.R.L. DE VICTORIA, en la Junta Directiva y en la Asamblea de Accionistas de la demandadas, así como a título individual como acreedoras de éstas, van en detrimento y perjuicio del patrimonio de HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S., e INVERSIONES NATIVA, S. , al igual que de los intereses de la accionista minoritaria y demandante R.L.G. de P. CORPORATION.

Precisamente, como se verá a continuación, es la concatenación de decisiones societarias, sumado a las actuaciones de Y.L. DE RIANDE, D.R.L. y L.R.L. DE VICTORIA como acreedoras de las demandadas, en opinión del Tribunal Superior, se evidencian los perjuicios en comento. Veamos.

· En primer lugar, se recuenta en el fallo, está un plan de restructuración de deudas aprobadas por las Juntas Directivas de HOTEL IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., para el pago a sus acreedores -entre los que se encontraba el señor N.A.R.L.-, el cual comprendía, a elección de cada acreedor: a) recibir el pago en efectivo y de manera inmediata de lo adeudado en capital e intereses, o b) conceder a las sociedades una moratoria de tres años para el pago de capital e intereses, a partir de una fecha determinada, con una rebaja en la tasa de interés por tal período (fs.2444-2446, T.V.).

· Por conducto del Auto N°1942 de 12 de agosto de 1999 del Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá (fs.32-35 Tomo I), N.A.R.L. heredó los créditos de su padre ILDEFONSO RIANDE PEÑA (Q.E.P.D.).

· Siendo que N.A.R.L. eligió el pago inmediato del capital e intereses, para su cancelación, cada una de las accionistas-directoras le prestó a HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S. (fs.3022-3025, 3030-3033 y 3034-3037 T.V.I).

· El préstamo realizado por Y.L. DE RIANDE, D.R.L. y L.R.L. DE VICTORIA incrementó el monto que le adeudaban a ellas las sociedades, dado que en su condición de heredaras del señor ILDENFONSO RIANDE PEÑA (Q.E.P.D.), al igual que a N.A.R.L., les fue trasmitido mortis causa créditos del difunto.

· Seguidamente, Y.L. DE RIANDE, D.R.L. y L.R.L. DE VICTORIA cedieron sus créditos -compuesto por el adquirido por herencia y en razón del préstamo otorgado a las sociedades demandadas para pagar lo adeudado a N.A.R.L.-, en favor de ALFALELU, INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S. y J.J.J. MANAGEMENT, INC.

· Y.L. DE RIANDE, D.R.L. y L.R.L. DE VICTORIA son directoras y dignatarias de ALFALELU, INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S. y J.J.J. MANAGEMENT, INC. (fs.3889-3890, 3895-3896)

· Con el objeto de realizar su derecho de crédito, ALFALELU, INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S. y J.J.J. MANAGEMENT, INC promovieron, cada una de manera separada, Proceso Ejecutivo contras las deudoras HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S.

· La Asamblea de Accionistas de las sociedades deudoras, cuya mayoría la componen Y.L. DE RIANDE, D.R.L. y L.R.L. DE VICTORIA, dispuso como medio de pago a las ejecutantes la entrega de bienes inmuebles.

· Las fincas objeto de la dación en pago, además de dejarlas sin inmuebles de su propiedad, constituyen el lugar donde HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S. explotan la actividad económica a que se dedican, la hotelería.

· La apoderada judicial que representó a J.J.J. MANAGEMENT, INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S. y ALFALELU INC. en los Procesos Ejecutivos interpuesto contra HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTELES GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., también representa a estas últimas en el presente proceso de conocimiento (fs.3894-3895).

· En autos reposan pruebas que HOTELES IBEROAMERICANOS, S. traspasó a una persona jurídica denominada ROCK ROSE INC., cuatro (4) fincas, con la finalidad de cancelar un crédito que la referida persona jurídica obtuvo por cesión de Y.L. DE RIANDE, L.R. DE VICTORIA y D.R.L., quienes también aparecen como directoras y dignatarias de ROCK ROSE INC. (fs.3896-3898).

Como se puede advertir, en la sentencia recurrida se enlista una serie de decisiones tomadas por la Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas de las demandadas, ambas instancias societarias controladas por Y.L. DE RIANDE, L.R. DE VICTORIA y D.R.L., así como medidas posteriores tomadas por tales accionistas en calidad de acreedoras de HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S. (la cesión de los créditos a otras sociedades en las cuales también ocupan los cargos de directoras y dignatarias), las que llevaron al Tribunal de Segunda Instancia a estimar que se trataban de actuaciones encaminadas a favorecer a las accionistas mayoritarias, en perjuicio de los intereses de la demandante y accionista minoritaria R.L.G. de P. CORPORATION, y del patrimonio de las propias sociedades demandadas.

En el primer motivo, se alega la indebida ponderación de las copias autenticadas del Auto N°1942 de 12 de agosto de 1999 del Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá (fs.32-35 del Tomo I y fs.2414-2418 del T.V.), al soslayar el Tribunal Superior que dicho documento público demuestra que los pasivos de las demandadas registrados a favor de las accionistas Y.L. DE RIANDE, L.R.L. DE VICTORIA, D.R.L. y NOEL RIANDE, provienen de administraciones anteriores, y fueron adquiridas mediante herencia transmitida por I.R. PEÑA (Q.E.P.D.), acreedor original de las empresas.

Además de tratarse de un hecho claramente reconocido por el Tribunal de Segunda Instancia, y por ende no considera la Sala se haya limitado el valor probatorio del auto de adjudicación de bienes dictado en el proceso sucesorio de I.R. PEÑA (Q.E.P.D.), las recurrentes soslayan que el crédito a favor de Y.L. DE RIANDE, L.R.L. DE VICTORIA, D.R.L. y NOEL RIANDE, si bien originalmente proviene de una herencia, con posterioridad se generó un crédito adicional por cuenta de un préstamo otorgado por las mencionadas accionistas a las demandadas.

Por tanto, no es cierto que el monto del crédito perteneciente a las citadas accionistas solo represente lo heredado, pues la deuda de las sociedades se incrementó producto de las sumas suministradas por aquellas para cancelar la deuda con N.A.R.L..

En el segundo motivo se denuncia la incorrecta valoración del finiquito suscrito por N.A.R.L. y los cheques girados a su favor (fs.2729-2730, 2732-2734 del T.V.), al desconocerse que éstos reflejan que el también representante legal de R.L.G. DE P. CORPORATION percibió la satisfacción total de su crédito más intereses, dando cumplimiento a la primera opción del plan de pago y restructuración de deudas de las demandadas.

Lo anterior, consideran las casacionistas, llevó a concluir erróneamente que los préstamos otorgados por Y.L. DE RIANDE, L.R.L. DE VICTORIA y D.R.L. a las sociedades demandadas fue con la finalidad de perjudicar a R.L.G. DE P. CORPORATION.

El cargo carece de fundamento, toda vez que, como se dejó sentado en párrafos que anteceden, el Tribunal Superior concluyó que el perjuicio ocasionado a la demandante, y que a su vez configura una legítima causa para ordenar la disolución de las demandadas, emerge de decisiones adoptadas por la Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas de las demandadas (la entrega de fincas en dación en pago), lideradas ambas por Y.L. DE RIANDE, L.R. DE VICTORIA y D.R.L., así como medidas tomadas por dichas accionistas como acreedoras (la cesión de sus créditos a favor de sociedades en las que fungen como directoras y dignatarias).

El pago verificado por las sociedades demandadas a N.A.R.L. es solo uno de los elementos fácticos tomados en cuenta para arribar a la decisión de que se daba la legítima causa para resolver la disolución de las personas jurídicas demandadas.

La disolución decretada por los perjuicios irrogados a la demandante no provienen de un acto aislado, sino de un conjunto de decisiones en las que participan, a título personal y como accionistas o directoras-dignatarias, Y.L. DE RIANDE, L.R. DE VICTORIA y D.R.L..

En el tercer motivo se asegura que los testimonios de los contadores públicos autorizados E.C.C. (fs.2470-2508 del T.V.I) y BARTOLOME MAFLA HERRERA (fs.3124-3136) demuestran que las demandadas son sociedades solventes, que cumplen con sus obligaciones, sin que su pasivo sobrepase una quinta parte de los activos; además, el incremento en los pasivos obedece a los intereses devengados debido a los créditos que heredaron los accionistas del señor I.R. PEÑA (Q.E.P.D.).

Nuevamente, el cargo esgrimido por las recurrentes pasa por alto un dato importante, el crédito heredado por Y.L. DE RIANDE, L.R. DE VICTORIA y D.R.L. aumentó por el préstamo concedido a las demandadas, de manera que los intereses devengados no se limitan al derecho transmitido por el causante, pues se incrementó por una decisión propia de quienes ostentan la mayoría accionaria.

Por otro lado, es importante transcribir lo manifestado por el testigo E.C.C., contador público autorizado, encargado de supervisar la auditoria interna de las empresas:

"DÉCIMA CUARTA REPREGUNTA: Diga el testigo si de conformidad a lo que se indica en los estados financieros y balance de situación para el año 2000, 2001 y 2002, si las sociedades HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. E INVERSIONES NATIVAS, S. presentan un aumento en su pasivo y en base a su experiencia y del conocimiento administrativo y financiero de estas tres sociedades, como califica este aumento y despues (SIC) de dar contestación a esta primera pregunta, la segunda pregunta sobre estos mismos hechos es si estas sociedades para los años referidos se encuentran en estado de quiebra o insolvencia económica. Se hace constar que se le pone de presente al testigo los estados financieros que reposan en el expediente.

CONTESTO: Los estados financieros para el período 2000, 2001 y 2002, de las respectivas sociedades muestran un aumento en el pasivo. Este aumento es producto de las operaciones comerciales, de préstamos e intereses por pagar producto de la relación contractual entre las partes y este esta (SIC) relacionado al giro normal del negocio de estas sociedades.

Del total de pasivos para los períodos mencionados corresponden a cuentas por pagar a accionistas y cuentas por pagar a partes relacionadas entre el 96 al 99% de los pasivos y solamente corresponde a cuentas con terceros entre el 1 y 4% del total de pasivos..." (fs.2496-2497 del T.V.).

Como se puede apreciar, el testigo hace referencia al alto porcentaje del pasivo de las sociedades, entre el 96 y 99%, correspondiente a cuentas por pagar a los accionistas, entiéndase Y.L. DE RIANDE, L.R. DE VICTORIA y D.R.L., debido a los contratos de préstamo.

Precisamente, el Tribunal Superior valoró lo manifestado por el testigo así:

"Nuevamente, se reitera. De haber cumplido con el referido plan de pago y reestructuración de deudas de las sociedades demandadas, no existiría el referido desequilibrio entre pasivo y activos. Dado que no existiría 'cuentas de accionistas'. La decisión de las accionistas-directoras, de no acogerse al citado plan, realizando préstamos a las sociedades demandadas, conllevó el aumento de los intereses, producto de los créditos heredados y de los créditos por los préstamos otorgados." (f.3901).

Valga acotar, el fallo del Tribunal Superior no se cimenta en la falta de solvencia de las empresas (tal como se aprecia a fojas 2497 y 3127, E.C.C. y BARTOLOME MAFLA HERRERA aseveran que no están en quiebra y cubren con sus gastos de funcionamiento), sino en que las demandadas han sido seriamente afectadas en su patrimonio al no contar con inmuebles propios (incluso donde ejercen su actividad económica), y la demandante no percibe ganancias o dividendos, a consecuencia de las sumas destinadas a cumplir con las deudas que mantienenHOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S. con las accionistas Y.L. DE RIANDE, L.R. DE VICTORIA y D.R.L., quienes cedieron su crédito en favor de sociedades dirigidas por ellas, a las cuales se les canceló la deuda a través de una dación en pago aprobada, precisamente, por la Asamblea de Accionistas, cuya mayoría la componen Y.L. DE RIANDE, L.R. DE VICTORIA y D.R.L..

En el cuarto motivo, el cargo se dirige a la calificación por parte del Tribunal Superior, como indicio grave, las daciones en pago aprobadas por la respectiva Asamblea de Accionistas de las demandadas, en favor de sus ejecutantes ALFALELU INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S. y J.J.J. MANAGEMENT INC., pues para la censura se trata de operaciones lícitas destinadas al pago de una deuda existente, negando que se trate de una estrategia para sustraer los inmuebles del patrimonio de HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S.

El reparo de los recurrentes parte de una premisa errada, pues pretenden implantar la idea de que el razonamiento efectuado por el Tribunal Superior se sostiene exclusivamente en las actas de las Asamblea General de Accionistas de ALFALELU INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S., y J.J.J. MANAGEMENT INC (fs.2386-2392, 2393-2401, 2419-2422, y 2423-2429 del T.V.).

Los documentos en cuestión reflejan que los accionistas de las sociedades demandadas aprobaron la dación en pago de fincas de su propiedad, para extinguir la obligación reclamada judicialmente por ALFALELU INC., NEW LIFE ENTERPRISES, S., y J.J.J. MANAGEMENT INC.

Tal como se ha indicado en párrafos precedentes, fueron varios los hechos acreditados en autos, que sirvieron de base para inferir la finalidad que tenían una serie de acciones efectuadas por las accionistas mayoritarias de las sociedades demandadas.

Muestra de ello, la siguiente cita del fallo impugnado:

"Para esta Superioridad las referidas acciones (préstamo a las sociedades demandadas, cesión de créditos y dación de pagos), establecen presunciones e indicios graves de que las decisiones adoptadas fueron parte de una estrategia concertada por las accionistas-directoras con el propósito de sustraer, de las sociedades demandadas, los referidos bienes inmuebles para así favorecerse, como grupo mayoritario de accionistas, ya que al ceder sus créditos a las sociedades New Life Enterprises, S., Alfalelu, Inc., y J.J.J. Management, Inc., y cuyas juntas directivas están integradas también por Y.L. de Riande, D.R.L. y Lucía Riande de Victoria, permitieron y acordaron, mediante los correspondientes actos formales societarios, el traspaso de los bienes de las sociedades demandadas, a través de daciones en pago." (f.3895)

Descartados cada uno de los motivos de censura, consecuentemente no se configura la causal por error de derecho en la apreciación de la prueba formulada por las demandadas HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., y por ende, tampoco resultan vulnerados los artículos 781, 858, 917, 983 del Código Judicial, y 68 de la Ley 32 de 26 de febrero 1927.

R. seguido, corresponde a esta Corporación de Justicia atender el recurso de casación corregido presentado por la también demandada HOTELES IBEROAMERICANOS, S., quien alega dos casuales de fondo: error de derecho y aplicación indebida.

La casual de "infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en la apreciación de la prueba, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", se apoya en cuatro motivos:

"PRIMERO: Tal y como consta en el Auto Adjudicatorio N°1942 de 12 de agosto de 1999 del Juzgado Cuarto del Circuito de lo Civil, que demuestra que los (SIC) acreencias y deudas de las sociedades demandadas son producto de créditos existentes y obligaciones previas adquiridas por administraciones anteriores, y cuya acreencia heredada le fue cancelada al demandante por nuestra representada HOTELES IBEROAMERICANOS, S., el Primer Tribunal Superior de Justicia, no le reconoció valor de plena prueba a dicho documento, no obstante de tener valor probatorio por haber sido aportado al proceso en calidad de prueba por la misma parte actora, incurriendo el Ad-Quem en Error De Derecho En La Apreciación De La Prueba, lo cual incidió sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido, al aprobar las peticiones del actor por concluir erradamente que el pasivo de la sociedades demandadas se debe a la falta de cumplimiento del plan de pago y restructuración de deuda.

SEGUNDO

A pesar del documento que reposa en expediente, que demuestra el finiquito suscrito por N.A.R.L., representante legal de la demandante, y que a la vez reconoce haber recibido la totalidad de su crédito por parte de la sociedad demandada HOTELES IBEROAMERICANOS, S., por haberse acogido a la primera opción del Plan de Pago y Reestructuración de las deudas, tiene pleno valor probatorio por no ser objetadas y ser reconocidas expresamente por el mismo demandante, el Primer Tribunal Superior no le reconoció valor de convicción a dichas pruebas ni las valoró conforme a las reglas de la sana crítica, incurriendo en Error De Derecho En La Apreciación De LA Prueba, lo cual incidió sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida al dar por sentado, equivocadamente, que la parte demandada no cumplió con el citado Plan de Pago y de Restructuración de la deuda y que el demandante probó de manera parcial las declaraciones solicitadas.

TERCERO

El Primer Tribunal Superior, en su fallo no analizó en forma integral y conforme a las reglas de la sana crítica el testimonio rendido durante el proceso por el testigo E.C.C., Contador Público quien labora para la empresa Audiocontrol, S., que le brinda servicios de contabilidad a las sociedades demandadas, y en donde la demandante R.L.G. de P. Corporation es accionista de aquélla, y dicho testigo declaró en forma contraria a la deducción del Primer Tribunal Superior, indicando que ninguno de los accionistas de las sociedades ha recibido dividendos porque no tienen utilidades retenidas para hacer una declaración de dividendos, pero no porque no cuenten con los fondos para cuando se haga la declaración de dividendos y se tenga que pagar los desembolsos, los cuales se encuentran en los bancos y en inversiones temporales, que se conservan y se pueden convertir en efectivo rápidamente, que los créditos que se cedieron en dación en pago se originaron en la sucesión intestada de I.R.P., que las sociedades demandadas reportaron pérdidas productos de incentivos fiscales otorgadas por la Ley 8 de Turismo de 1994, que los libros de contabilidad de las sociedades son llevadas en forma adecuada; y que el pasivo de las empresas demandadas no sobrepasa de la quinta parte del capital, no le reconoció valor de plena prueba a lo declarado por dicho testigo, ya que, en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica permiten llegar a la conclusión de que las sociedades demandadas no están en la insolvencia y por tanto no existen motivos legales ni financieros para decretar la disolución y liquidación de las sociedades demandadas.

CUARTO

El Primer Tribunal Superior, tampoco apreció en su conjunto, y conforme a las reglas de la sana crítica, el testimonio del Contador Público Autorizado B.M.H., quien para los años 2000, 2001 y 2003, era socio encargado de la firma de auditores externos Deloitte & Touche, el cual, coincidiendo con el anterior testigo, indicó que las sociedades demandadas no se encontraban en ninguna de las situaciones ni de insolvencia ni de quiebra producto que generaban el flujo de caja necesario para cubrir las deudas con los proveedores, que el aumento de su pasivo es producto de los intereses que se cargaban a los acreedores de la herencia de I.R., que los estados financieros reflejaban una pérdida la cual califica como estrategia tributaria, y que el pasivo de las sociedades no sobrepasa una quinta parte, todo lo cual, en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica permiten llegar igualmente a la conclusión de que las sociedades demandadas no están en la insolvencia y por tanto no existen motivos legales ni financieros para decretar la disolución y liquidación de las sociedades demandadas." (fs.4027-4028)

Las normas que se consideran infringidas son los artículos 781, 784, 917 del Código Judicial, y el 519 del Código de Comercio.

Del examen de los motivos, fácil es de advertir que los cargos de ilegalidad recaen sobre elementos probatorios ya revisados en la causal de error de derecho formulado por HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S., siendo los reparos, en esencia, similares.

Para llegar a la decisión consignada en su resolución, el Tribunal Ad quem ponderó varias piezas probatorias, las que en su conjunto, dio como resultado el convencimiento de que había una legítima causa para decretar la disolución, de manera que el haber recibido Y.L. DE RIANDE, L.R. DE VICTORIA y D.R.L. los créditos originales por una herencia, y, que al también heredero N.A.R.L. se le cancelara su deuda, gracias a préstamos otorgados por aquellas, no representa un yerro en la apreciación de las pruebas identificadas en los dos primeros motivos (Auto N°1942 de 12 de agosto de 1999 del Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y el finiquito del pago a N.A.R.L..

En cuanto a los testimonios de E.C.C. y B.M. HERRERA -motivos tercero y cuarto-, la recurrente acusa su incorrecta valoración, dado que en su deposición ambos contadores públicos autorizados reconocen, en síntesis, que las demandadas son solventes.

Frente a tal consideración, la Sala reitera, nuevamente, que el fallo impugnado vía casación no se fundamenta en la insolvencia propiamente de las sociedades demandadas, lo que hace irrelevante el cargo. La disolución decretada es en razón de que la demandante no percibe dividendos, como consecuencia del préstamo a las demandadas, las cesiones de créditos y las daciones en pago; la notable afectación al patrimonio de las demandadas, debido a que perdieron el dominio de los inmuebles donde ejercen su actividad económica; y como resultado de tales perjuicios, es palmario el provecho ganado porY.L. DE RIANDE, L.R. DE VICTORIA y D.R.L., puesto que las sociedades a las que se canceló los créditos con la cesión de las fincas, son dirigidas por dichas accionistas-directoras.

Descartados los cargos que componen la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba, resta atender la otra causal de fondo alegada por HOTELES IBEROAMERICANOS, S., la "Infracción de normas sustantivas de derecho por aplicación indebida, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", que contiene un motivo:

"PRIMERO: El Primer Tribunal en su decisión que revocó la sentencia de primera instancia y decretó la disolución y liquidación de las sociedades demandadas, aplicó indebidamente la norma sustantiva del Código de Comercio que señala los requisitos para tal decisión, no obstante que los presupuestos fáctico-jurídicos exigidos y contenidos en la norma no se han realizado, con lo cual incurrió en la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por aplicación indebida, lo cual influyó sustancialmente en los dispositivo del fallo recurrido."

La disposición señalada por la recurrente como aplicada indebidamente por el Tribunal Superior es el artículo 524 del Código de Comercio.

Como ya esta M. indicó, la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de aplicación indebida ocurre cuando el juzgador aplica una disposición legal que no guarda relación con el caso controvertido.

Su configuración requiere que sin mediar errores de hecho o de derecho, se haya aplicado una norma que no regula el caso.

Ahora bien, el cargo, advierte la Sala, se limita aseverar el incumplimiento de "presupuestos fácticos-jurídicos", es decir, no se acreditó la hipótesis plasmada en la norma, lo que denota un yerro probatorio -aspecto propio de las causales probatorias-, sin aportar razón alguna del por qué la disposición es ajena al presente conflicto subjetivo de intereses: la disolución de las sociedades demandadas fundamentada en una legítima causa.

De la explicación brindada por la casacionista no se vislumbra algún argumento que lleve a concluir a la Sala que el artículo 524 del Código de Comercio no sea pertinente al caso de marras, por ende, también queda desestimada la causal de fondo por aplicación indebida ensayada por HOTELES IBEROAMERICANOS, S.

Por todo lo anterior, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 20 de mayo de 2015, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el Proceso Ordinario promovido por R.L.G. de P. CORPORATION contra HOTELES IBEROAMERICANOS, S., HOTEL GRANADA, S. e INVERSIONES NATIVAS, S.

Las costas de casación a cargo de las recurrentes se fijan en B/.600.00.

N.,

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- OLMEDO ARROCHA OSORIO

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)