Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 8 de Julio de 2019

Ponente:Angela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución: 8 de Julio de 2019
Emisor:Primera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Primera de lo Civil

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 08 de julio de 2019

Materia: Civil

Casación

Expediente: 37-18B

VISTOS:

Conoce la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de casación interpuesto por el licenciado E.H.P.N., apoderado judicial de A.C.C., contra la sentencia de 30 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario de nulidad de testamento incoado en contra de la parte recurrente por ELSIE DEL CARMEN CIGARRUISTA FRIA, I.N.C. FRIA y NEILA AMARILIS CIGARRUISTA FRIA.

La sentencia impugnada decide en segunda instancia la controversia suscitada entre los litigantes, confirmando la decisión proferida a su vez por el Juzgado Primero de Circuito de Los Santos, que declara nulo el testamento abierto otorgado por A.E.C.P. (Q.E.P.D.), mediante escritura pública N°136 de 21 de enero de 2009, ante la Notaría del Circuito de H., desestimando de paso la excepción de falta de legitimación en la causa pasiva invocada por el demandado. El fallo de segunda instancia sólo reforma el tema de las costas impuestas en primera instancia en contra de la parte demandada, por considerar que su actuación en la controversia está revestida de buena fe.

La motivación que tuvo el Tribunal Superior para proferir su decisión confirmatoria, gira en torno al tema de la falta de firma de uno de los testigos que debían concurrir en el otorgamiento del testamento abierto. Asegura la decisión recurrida que consta en el documento traído como prueba, que uno de los testigos instrumentales en efecto no firmó el documento, lo cual tiene como consecuencia inevitable la nulidad del acto, por disposición directa del artículo 719 del Código Civil.

Observa también el tribunal de segunda instancia, que las formalidades que deben cumplir los testamentos otorgados ante notarios las asegura este último, razón por la cual no cabe responsabilizar de las omisiones formales a los herederos declarados en los documentos testamentarios. Por este fundamento es que el tribunal de segunda instancia reforma la decisión del juzgado de circuito en el sentido de exonerar de costas a la parte demandada, pero confirmando su decisión de anular el testamento en vista de la omisión esencial antes expuesta.

Conviene citar el extracto relevante de la sentencia descrita:

"El artículo 726 del Código Civil dispone que el testamento abierto deberá ser otorgado ante N. y tres testigos idóneos y entiendan (sic) al testador y los cuales uno, al menos, sepa y pueda escribir. Sólo se exceptúan de esta regla los casos expresamente determinados en este Capítulo.

Se desprende de la norma legal antes transcrita que se entiende claramente que deben estar presentes al momento de otorgar un testamento abierto ante N.P. tres testigos idóneos, que vean y entiendan al testador y de los cuales uno al menos sepa y pueda escribir, por tanto, se evidencia que no se está exigiendo la firma de los tres pero sí es requisito indispensable, que estén presentes los tres testigos idóneos que vean y entiendan al testador de lo cual el N. debe dar la fe pública que corresponde, toda vez que la esencia del testamento abierto según la jurisprudencia es que se manifieste la voluntad del otorgante a las personas encargadas de hacerlas constar una y otra, según las circunstancias y el garante del cumplimiento de las formalidades legales del acto, lo es el N.P. que extendió el mismo.

(...)

Siendo pues, que efectivamente uno de los testigos presentes en el acto, en la Escritura Pública N°136 de 21 de enero de 2009, que contiene el testamento y el cual consta a folios 9 y vta., no aparece la firma de uno de los testigos señor A.A.R.C., y a tenor de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 727 del Código Civil que señala: 'si el testador declara que no sabe o no puede firmar lo hará por él y a su ruego, uno de los testigos instrumentales u otra persona, dando fe de ello el N.. Lo mismo se hará cuando alguno de los testigos no pueda firmar, formalidad ésta que no se cumplió y por tanto lo procedente es declarar la nulidad de dicho documento".

Pues bien, contra la decisión de segunda instancia es que se interpone el recurso de casación, en donde la parte demandada solicita a la Sala Civil que case la sentencia de 30 de noviembre de 2017, en vista de que considera que se han configurado en la solución de esta controversia, causales de casación en la forma y en el fondo que pasaremos a desarrollar, de acuerdo al orden establecido en el artículo 1168 del Código Judicial.

RECURSO DE CASACIÓN

La impugnación de la parte demandada en la presente controversia, invoca como causal de forma el haberse omitido un requisito cuya omisión cause nulidad; causal que está contenida en el artículo 1170 numeral 1° del Código Judicial. Además se invocan dos causales de casación de fondo, consistentes en la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa, y en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba; estas últimas previstas en el artículo 1169 ibídem. Analicemos, pues, la primera de las causales invocadas.

Para fundamentar la causal de forma, la parte demandada expresa que la sentencia de segunda instancia omitió citar para que compareciera al proceso, al señor S.B.P.S., notario ante quien se otorgó el testamento que se demanda como nulo en la presente controversia, teniendo en cuenta que se afirmaba su supuesta negligencia. Esta citación, según la censura, era necesaria puesto que es el notario quien por ley garantiza el cumplimiento de las formalidades en la confección de las Escrituras Públicas. Se añade que la falta descrita conlleva a la nulidad del proceso.

Como normas de derecho consideradas infringidas, se citan y explican las contenidas en los artículos 678 y 733 del Código Judicial; la primera que desarrolla la figura del llamado litisconsorcio, y la segunda que define las causales de nulidad comunes en los procesos judiciales.

CONSIDERACIONES DE LA SALA CIVIL Vistos los cargos de legalidad de carácter formal que endilga la parte recurrente a la sentencia de segunda instancia, así como las normas que considera se han vulnerado, hemos de precisar, para evaluar el mérito de esta primera causal, si en efecto era necesaria la intervención del N.P. que protocolizó la Escritura Pública N°136 de 21 de enero de 2009, contentiva del testamento que en este proceso se busca anular, en el presente proceso judicial. El tema debatido es lo que en la doctrina se conoce como litisconsorcio necesario, que está regulado en términos generales en la norma del artículo 678 del Código Judicial, que conviene citar:

Artículo 678. Cuando la demanda recaiga sobre actos o relaciones jurídicas a cuya formación hayan contribuido varias personas, o que por su naturaleza o por disposición legal no sea posible resolver en el fondo sin que al proceso comparezcan las personas que intervinieron en dichos actos o relaciones, la demanda deberá promoverse o dirigirse en contra de todas ellas.

En caso de que el demandante no promueva la demanda con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, el Juez, de oficio o a solicitud del demandado, ordenará la corrección de la demanda, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título V de este Libro sobre Saneamiento.

Para que opere el litisconsorcio de acuerdo a la norma transcrita, es menester que debido a la relación jurídica que se trate, sea imposible proferir una decisión sin escuchar a las personas que indivisiblemente intervinieron en la formación del acto o de la relación jurídica. El elemento clave que debe considerarse es si la relación jurídica es indivisible y común entre varias personas. Si por el contrario, la relación procesal no tiene la característica descrita sino que opera un principio de pura conveniencia, entonces se hablaría de litisconsorcio simplefacultativo o voluntario; y la falta de citación de las partes en este último tipo de consorcio no es motivo ni causal de nulidad.

Dice la doctrina nacional sobre el tema que "a diferencia del litisconsorcio facultativo, en el necesario siempre se ejerce una pretensión única. Como anota C.: 'la relación sustancial es única para varios sujetos, de modo que las modificaciones a ella para ser eficaz deben operar conjuntamente enfrente de todos. En estos casos de litisconsorcio necesario, la legitimación pertenece conjunta y no separadamente a varias personas.'" (Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tomo I, F.P., J.. E.J.P., 2004. P.. 701)

Lo anterior sirve de base para considerar que la omisión de citar en este proceso al N.P.S.B.P.S., conlleve como consecuencia necesaria la anulación del proceso, puesto que la pretensión de la demanda no se sustenta directamente en la negligencia del prenombrado notario en el ejercicio de sus funciones, sino directamente en la nulidad de la Escritura Pública N°136 de enero de 2009, en vista de que adolecía de falta de uno de los requisitos esenciales que la harían válida y eficaz (hecho sexto de la demanda).

La pretensión de nulidad de la Escritura Pública que contiene el testamento en examen, puede ejercitarse perfectamente sin la intervención del notario que protocolizó el documento; lo cual no obsta para que en caso de buscar una pretensión indemnizatoria o de otra índole en contra del notario, bien pudiera ejercerse, pero no es éste el caso. Precisamente, el hecho de poder dividir la relación sin que se vulnere el derecho de defensa es lo que confirma que nos hallamos frente a un caso de litisconsorcio facultativo o voluntario, y no ante uno de naturaleza necesaria.

En este mismo sentido se pronuncia también la doctrina jurisprudencial española cuando expresa que "declarado nulo un testamento abierto por no haberse observado las solemnidades establecidas para cada caso, el notario que lo haya autorizado será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan, si la falta procediese de su malicia, o de negligencia o ignorancia inexcusable. Pero para pedir la declaración de nulidad de testamento por aquellos defectos no es preciso demandar junto con los interesados al notario autorizante (S. de 10 de noviembre de 1979)." (Sistema de Derecho Civil, Volumen IV. DIEZ-PICAZO, L.; Ed. Tecnos 10° edición 2007, P.. 338)

Queda claro entonces que la omisión de citar al notario autorizante en este proceso judicial donde sólo se pide la nulidad del testamento, produzca la anulación de la causa, pues no se trata de un caso en que indivisiblemente deba citarse al prenombrado fedatario público. En consecuencia se desestima esta causal de forma.

SEGUNDA CAUSAL

Como segunda causal de casación -esta vez de fondo-, se invoca la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa. La parte recurrente parece insistir en que la pretensión de los demandantes se sustentaba en la negligencia del notario en la observancia de las formalidades que debía contener la escritura pública que contenía el testamento censurado, añadiendo que siendo así las cosas, el Tribunal Superior infringió directamente las normas que responsabilizan al notario por la parte formal de los actos que ante él se autorizan.

Explica la parte recurrente que el error descrito influye en el resultado de la controversia, puesto que teniendo en cuenta lo anterior, no debió demandarse a su representado A.C.C. como heredero designado, sino solamente al N.P. que protocolizó la Escritura Pública N°136 de 2009, aludida. Concretamente, el demandado asegura que hay ilegitimidad en la causa pasiva, lo cual debió declarar el Tribunal Superior, y en consecuencia denegar la pretensión de la parte demandante.

Como norma de derecho considerada infringida, se cita y explica la contenida en el artículo 1739 del Código Civil, que dispone lo siguiente:

Artículo 1739. Los N.s responden por la parte formal y no de la sustancia de los actos y contratos que autorizan.

Con todo, cuando algún acto o contrato, o cuando alguna cláusula del acto o contrato le pareciere ilegal, deberá advertirlo a las partes, sin rehusar en ningún caso la autorización.

CONSIDERACIONES DE LA SALA CIVIL

Observamos que la pretensión de la parte demandante no se sustenta en la alegada negligencia del notario en el otorgamiento de la Escritura Pública que se demanda como nula, sino en la ausencia de un requisito indispensable para que el testamento abierto contenido en dicha Escritura, sea válido y eficaz, tal como se infiere de una lectura del memorial de demanda que inicia el presente proceso (fs. 23-28).

Resulta evidente, pues, que no se demanda la responsabilidad del N.P. de H. por supuesto actuar negligente, sino una declaración judicial sobre el cumplimiento o no de los requisitos que legalmente se imponen a los testamentos abiertos, previstos en nuestra legislación de manera general en el artículo 726 del Código Civil.

Consideramos que en una pretensión declarativa sobre la nulidad de un testamento, es de rigor la notificación como parte demandada al heredero o herederos declarados en el mismo, ya que el no haber citado a este último conllevaría ipso iure la nulidad del proceso, pues resulta patente su interés en el desarrollo de la controversia.

De acuerdo a derecho, la persona que debía ser demandada en la presente controversia es precisamente el heredero declarado en la Escritura Pública N°136 de 2009, es decir, el señor A.C.C., con lo cual este último ostenta plena legitimación en la causa. En contraste, como quiera que no se demanda responsabilidad civil al notario que protocolizó dicha escritura, no era necesaria su comparecencia en este proceso judicial; lo que resulta en que no pueda considerarse infringida directamente la norma que se invoca en esta causal de casación. Consecuentemente, no es de lugar reconocerla.

TERCERA CAUSAL

Como tercera y última causal alegada, se invoca la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que se fundamenta en un solo motivo del siguiente tenor:

"MOTIVO ÚNICO: la sentencia impugnada valoró erradamente el documento público que contiene el protocolo de la Escritura Pública 136 de 21 de enero de 2009, extendida por la Notaría del Circuito de H., por la cual el señor A.E.C.P. (q.e.p.d.), otorgó testamento abierto, visible a foja 9 y reverso del expediente. El yerro de valoración probatoria de este documento consistió en considerar que al no existir en su reverso la firma del señor A.A.R.C., el testamento no fue otorgado ante tres testigos idóneos, soslayando que en este documento, el N. autorizante del testamento certificó que dicho testamento fue dicho, otorgado y leído ante tres testigos idóneos, incluyendo al señor A.A.R. C.

El error de valoración probatoria incurrido influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia impugnada, ya que de haber ponderado correctamente el documento público a foja 9 y reverso, el Tribunal ad quem se hubiese percatado que el N. autorizante del testamento abierto del señor A.E.C.P. (q.e.p.d.), dio fe pública que este testamento fue dicho, otorgado y leído ante tres testigos idóneos, incluyendo al señor A.A.R.C., y que al no existir prueba en contrario frente a esta constancia notarial, debe presumirse su autenticidad y veracidad de la constancia expresada por el N. en cuanto a la presencia del testigo R., llevando a la conclusión del Ad quem que no existe prueba en contrario, que desvirtúe que sí se cumplieron las formalidades legales exigidas para la confección del testamento abierto del señor A.E.C.P. (q.e.p.d.), trayendo como consecuencia que se revocara la decisión de primera instancia, denegando las pretensiones de los demandantes".

Como normas de derecho consideradas infringidas por la decisión de segunda instancia, se citan y explican las contenidas en los artículos 781, 835 y 836 del Código Judicial; y en el artículo 1727 del Código Civil.

CONSIDERACIONES DE LA SALA CIVIL

Consideramos que no basta con que el N.P. declare en la Escritura que los testigos instrumentales se encuentran en el acto; es necesario además que firmen la escritura para que quede constancia de que así ha sido, conforme a lo que ordenan los artículos 726 y 727 del Código Civil.

La norma del artículo 727 aludido expresa los requisitos que debe contener el testamento abierto. Determina que el testador debe expresar su última voluntad al notario y tres testigos; que debe expresarse en el documento el lugar, año, mes, día y hora del otorgamiento, y leerse en voz alta para que el testador manifieste su conformidad; luego, si está conforme se procede a firmar el documento "por el testador y los testigos que puedan hacerlo".

También aclara la norma en cuestión que si el testador o alguno de los testigos no supieran o no pudieran firmar, lo hará por él y a su ruego, otra persona, dando fe de ello el notario. Por último, se dispone que el notario debe hacer constar en la medida de sus posibilidades, que el testador se halla con la capacidad legal necesaria para otorgar testamento.

De lo visto se observa que es un requisito indispensable, según la redacción de la norma vigente, que los testigos instrumentales firmen la escritura en signo de haber presenciado el acto del testamento. De no saber o no poder firmar, el notario debe necesariamente dejar constancia de este hecho en el documento para que entonces firme, a ruego del que no sabe firmar, otra persona. Pero de ninguna manera debería entenderse que puede omitirse la firma de alguno de los testigos instrumentales que determinan las normas que rigen los testamentos abiertos.

La circunstancia descrita en el motivo del recurso, sobre que el notario en la escritura pública asevera que se encontraban presentes los testigos, por sí sola no cumple con las formalidades expresadas en la Ley, puesto que reiteramos que esta última exige que obre la firma de los testigos en el documento testamentario, como constancia de que ha sido leído ante ellos la última voluntad del testador y que el mismo se encuentra conforme con ella.

En consecuencia, no hay error de derecho en cuanto a la apreciación del documento público visible a foja 9 y reverso del expediente, pues en efecto no obra la firma de uno de los testigos instrumentales, de lo que se desprende la falta de uno de los requisitos formales que la legislación panameña impone a los testamentos abiertos. De acuerdo a la norma del artículo 719 del Código Civil, la consecuencia jurídica de tal omisión es la nulidad del testamento respectivo.

Como quiera que ninguna de las causales alegadas tiene justificación, no es del caso invalidar la sentencia de segunda instancia impugnada, con la consecuente condena en costas en contra de la parte recurrente, por disposición expresa del artículo 1196 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 30 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario de nulidad de testamento incoado por ELSIE DEL CARMEN CIGARRUISTA FRIA, I.N.C. FRIA y NEILA AMARILIS CIGARRUISTA FRIA contra A.C.C..

Se condena en costas a la parte recurrente por la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00).

N.,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- OLMEDO ARROCHA OSORIO

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)