Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 8 de Julio de 2019

PonenteAngela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución 8 de Julio de 2019
EmisorPrimera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Primera de lo Civil

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 08 de julio de 2019

Materia: Civil

Casación

Expediente: 112-17

VISTOS:

Vencidos los plazos para presentar las alegaciones de cierre dentro del proceso que interpusiera I.Y.A.K.D.R. contra la sucesión testada de F.A. (Q.E.P.D.) procede la S. a resolver el recurso de casación que ensayó la demandante contra la resolución del 19 de enero de 2017 que profirió el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Antes de comenzar con el estudio de las causales expuestas por la demandante -ahora casacionista- es importante señalar que el recurso fue admitido por resolución del 23 de agosto de 2017 bajo la ponencia del magistrado O.O.D., pues era el magistrado a quien se le había asignado el expediente por reparto. No obstante, después de haber presentado para la consideración de la S. el proyecto de decisión que deslindara este proceso, no fue avalado por la mayoría, siendo entonces asignado a su primer observante.

Es así, que el expediente ha quedado en el despacho de la suscrita, quien le corresponde emitir el dictamen de este recurso.

ANTECEDENTES DEL RECURSO

I.Y.A.K.D.R. interpuso proceso ordinario de carácter declarativo contra la Sucesión Testada de F.A. (Q.E.P.D.), con el objetivo que se declarara la nulidad del testamento otorgado por el difunto a través de la Escritura Pública No.30 de 14 de enero de 2013 de la Notaría

de Circuito de Bocas del Toro, toda vez que dicho acto adolecía de graves defectos de forma y fondo, que a juicio de la demandante, le impedía producir consecuencias jurídicas.

En su demanda, menciona la actora, que la sucesión testada del señor F. se tramitó en el Juzgado Cuarto de Circuito Civil de la provincia de Chiriquí; tuvo declaratoria de herederos y en aquel momento estaba en curso. Para abrir la sucesión del difunto se empleó la Escritura Pública No.30 de 14 de enero de 2013, que ahora se pretende anular; sin embargo, dicho testamento contiene defectos de forma, que traen como resultado la declaratoria de nulidad:

· En la carátula de la escritura dubitada se indica: "Por la cual F.A. otorga su Testamento Cerrado", no obstante, dentro de la escritura señala: "Por medio del cual F.A. otorga testamento abierto". Estima la demandante que un acto como el testamento, no puede ser abierto y cerrado a la vez.

· Cada vez que requería copias autenticadas del testamento que su padre otorgó, no se le han podido extender, porque en la Notaría de Bocas del Toro le informan que no reposa protocolo de la escritura en mención. Sostiene que al no existir protocolo de la escritura Pública No. 30 de 14 de enero de 2013, se da la nulidad de todo lo actuado por el difunto dentro de aquella notaría.

En adición a los elementos de forma que adolece el acto jurídico, señala la demandante que el difunto no poseía, para el 14 de enero de 2013 capacidad legal necesaria para otorgar dicho testamento. Menciona, que el causante tenía más de ochenta años y que en el supuesto testamento, no se hizo acompañar con el examen psiquiátrico que solicitan los notarios, para corroborar la salud mental de los que acuden a las notarías.

La demanda se admitió y se surtieron todos los trámites legales hasta la emisión de la Sentencia No.40 de 26 de agosto de 2016 (fs. 294), la cual negó la pretensión de la demandante por falta de pruebas y la condenó al pago de siete mil balboas en concepto de costas. No conforme con dicha decisión, impugnó el dictamen, decisión que ahora es objeto de este recurso. La sentencia del 19 de enero de 2017 del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial confirmó en todas sus partes a la sentencia de primera instancia.

RECURSO DE CASACIÓN Y POSICIÓN DE LA SALA

El recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 19 de enero de 2017 del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial está fundamentado en una sola causal: infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. La causal está soportada en dos motivos. El primero es el siguiente:

"El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, con el fallo aquí impugnado incurre en un error de valoración probatoria, ya que a la copia de la escritura pública No. 30 de 14 de enero de 2013, corrida ante la Notaría Pública de Bocas del Toro, la cual contiene el testamento abierto de F.A. (fojas 12 y 13) le ha dado un valor probatorio que no tiene, ya que no existe en los protocolos de dicha Notaría Pública ese Acto Jurídico personalísimo que debe legalmente reposar y estar custodiado para ser reputado como instrumento público. Este error de valoración probatoria influyó sustancialmente en el fallo recurrido ya que la copia de la escritura pública No. 30 (fojas 12 y 13) expedida por el N. a los herederos testamentarios sobre dicho Acto Jurídico y que supuestamente se realizó ante él, solamente adquiere fuerza probatoria si existen los originales cotejables que deben ser custodiados y conservados en la Notaría. De tal manera el Tribunal, en el presente caso, hubiese fallado de forma diferente, ya que dicha Escritura Pública (fojas 12 y 13) fue impugnada y tildada de falsa a través del presente Proceso (sic) y pese a ello el Tribunal Superior le ha dado una fuerza probatoria que no tiene, ya que no existe en el protocolo N. para cotejarla y así adquirir pleno valor probatorio como documento público o autentico (sic).". (R. es de la S.)

El segundo motivo, en cambio, exhibe como prueba mal valorada dos certificaciones de no testamento, según se transcribe a continuación:

"El otro error de valoración probatoria en que incurrió el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial fue negarle validez Jurídica (sic) a dos (2) certificaciones de no testamento (fojas 237 y 292) con fechas distintas y certificadas por dos notarios diferentes de la Notaría de Circuito de Bobas del Toro, L.H.M.F. y C.G.S.S.. Este error de valoración probatoria influyo (sic) sustancialmente en el fallo recurrido, ya que las certificaciones de no testamento (fojas 237 y292) demostraban que no existe en el mundo jurídico testamento otorgado por el señor F.A. (Q.E.P.D.) porque no aparece incorporado en el respectivo protocolo de la Notaría de Circuito de Bocas del Toro, que le otorgue esa categoría de instrumento público. De no haber incurrido el Tribunal en dicho error probatorio hubiese fallado de forma diferente, porque de haber valorado las certificaciones de no testamento (fojas 237 y 292) habría entendido

que esas pruebas de inexistencia del testamento en los protocolos de la Notaría tiene mayor fuerza probatoria que una copia de testamento expedidas a los interesados". (Negrita de la S.)

A causa de la supuesta infracción probatoria, se vulneraron los artículos 781, 834, 838, 840, 843 y 848 del Código Judicial y los artículos 699, 726, 1727 y 1728 del Código Civil. Artículos relativos a: sana crítica, documentos públicos, presentación de la escritura pública, impugnación de documentos públicos, valor probatorio de las copias de documentos públicos, testamento abierto, funciones del notario, protocolos.

La infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho sobre la apreciación de la prueba consiste en que el tribunal de apelaciones, cuando evalúa una prueba para dictar su sentencia quebranta disposiciones probatorias, que a su vez inciden en la violación de normas sustantivas.

En el primer motivo, a criterio de la casacionista, el error del ad quem consiste en que la copia de la Escritura Pública que está visible a páginas 12 y 13 del infolio tendrá fuerza probatoria, si posee originales cotejables que estén en la Notaría. El Tribunal de Apelaciones se equivocó al valorar dicha escritura, pues esta no posee un protocolo en la Notaría. El argumento de la casacionista se reduce a la afirmación que si no existen protocolos que sirvan para cotejar un testamento que se está impugnando, entonces, dicho testamento debe ser nulo por no poder demostrarse su carácter de documento público auténtico.

En cambio, el segundo motivo, el cual posee gran conexión con el primer motivo se resume en que las certificaciones de no testamento que están a fojas 237 y 292 del expediente acreditan que no existe testamento otorgado por F.A. (Q.E.P.D.), pues no está en el respectivo protocolo de la Notaría de Circuito de Bocas del Toro. El error de no evaluar de manera conjunta tales certificaciones incidió en el resultado, ya que dos certificaciones de no testamento priman sobre una copia de testamento expedida a los interesados. El Tribunal de Apelaciones en la resolución del 19 de enero de 2017 confirmó

la resolución de primera instancia señalando que; a pesar de la incorporación de documentos, pruebas testimoniales, tales medios de prueba no justifican la pretensión de la parte demandante, en consecuencia, no existen elementos de convicción que permitan declarar la nulidad como lo busca la demandante. Las pruebas no son suficientes, según lo desarrolló el juez de primera instancia, pues en materia civil no operan presunciones para comprobar lo pretendido (fs. 322).

Como se advierte, el tribunal de segunda instancia se apoyó en lo analizado por el juez de primera instancia y además, ponderó de forma conjunta las pruebas presentadas; por lo tanto, colige esta S. que las pruebas que citó y describió la demandante en sus motivos fueron valoradas por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Ahora bien, aunque la valoración conjunta de los medios de prueba fue escueta y pobre por parte del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, quien debió desarrollar y visualizar en su sentencia sus inferencias en la evaluación conjunta de las pruebas del proceso y que no debió únicamente unirse a la postura del tribunal de primera instancia, sin brindar razones propias que soporten sus afirmaciones; el error en la motivación de las pruebas del ad quem, no influye directamente en una anulación de la sentencia de segunda instancia por vía de este recurso extraordinario.

La S. Civil afirma lo anterior, por cuanto que fundamentándonos desde los artículos 838 y 839 del Código Judicial es incorrecto argumentar, como lo arguye la casacionista, que la Escritura Pública No.30 adquiere fuerza probatoria, siempre y cuando en la Notaría Pública de Bocas del Toro exista un protocolo con qué cotejar.

El artículo 838 del Código Judicial dispone el tratamiento de aquellos documentos públicos como lo es la Escritura Pública No.30 del 14 de enero de 2013 visible a foja 12 y 13 del expediente, cuyo protocolo o registro no existe. En este caso, la fuerza probatoria no se pierde, pues la persona que le interesa puede pedir al tenedor de la copia auténtica para que se compulse una copia y se anexe al protocolo. Por otro lado, el artículo 839 lex cit impone que cuando el protocolo

desaparezca o los expedientes originales, harán prueba sin cotejo las copias compulsadas por el funcionario que las haya autorizado, siempre que no estén indebidamente alteradas, borradas o enmendadas. A. esta norma, que la fuerza probatoria del documento siempre será apreciada por los jueces de acuerdo con las circunstancias del caso.

En consecuencia, el hecho que no exista un protocolo no es una dificultad para que una Escritura Pública, que es instrumento público conforme el artículo 834 del Código Judicial y que corresponde a la copia autenticada de un acto jurídico que se celebró en una Notaría carezca de validez jurídica, ya que hay que distinguir entre la voluntad testamentaria y la copia de la escritura pública que la expresa.

La Escritura Pública No.30 del 14 de enero de 2013 de la Notaría de Bocas del Toro es una copia autenticada por el juzgado de primera instancia, donde se tramitó también la sucesión testada del señor F.A. (Q.E.P.D.).

En otras palabras, es copia autenticada por la secretaria del Juzgado Cuarto de Circuito Civil de Chiriquí de la copia expedida por la Notaría de Bocas del Toro. Véase el sello de la notaría junto a la firma del N.N.Á.G.. (Confróntese foja 13 con el sello de la secretaria al dorso a foja 41)

La casacionista coloca en un mismo nivel dos conceptos jurídicos diferentes: fuerza probatoria de un documento público y la existencia de un acto jurídico que lo contiene. Considerar estos dos conceptos jurídicos como uno solo es inadmisible, ya que un acto jurídico puede existir, pero carecer de fuerza probatoria para demostrar un hecho.

De acuerdo con nuestra normativa, si un documento público pierde su carácter de público, no desaparece de la vida jurídica; o sea, no se anula como lo pretende la casacionista. Solamente dicho acto tendrá el valor de documento privado. En esta causa, no se convertiría en un documento privado, según el artículo 841 del Código Judicial, puesto que la prueba en cuestión se expidió por servidor público competente y observándose las formalidades legales del testamento.

H.D.E. llama la atención a la distinción jurídica entre documento y la declaración en él contenida, en su libro "Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo II". Específicamente, la explica citando a Coture "El concepto de la fe Pública" en Estudios de Derecho procesal civil:

"Igualmente, esta distinción permite precisar la diferencia entre el consentimiento de las partes que origina el contrato o el consentimiento unilateral de ciertos actos jurídicos y el instrumento que lo contiene y le sirve de prueba; por esto, los vicios que afecten al primero no se extienden necesariamente al último (la violencia y el dolo para inducir a una persona a celebrar un contrato y a documentarlo, vician de nulidad al primero y al documento como prueba; pero el error que vicia el consentimiento y, por tanto , el contrato, no implica la nulidad del documento que lo contiene; de la misma manera, la causa o el objeto ilícito y la incapacidad vician de nulidad el consentimiento y el contrato o el acto jurídico unilateral, pero no el documento que le sirve de prueba; existen también causas de nulidad del documento, que no se extienden al acto jurídico documentado; (cfr. núm 337)" (El resalto es de la S., fs. 512)

Basándonos en una interpretación en sentido contrario debemos comprender, que existe una diferencia entre los vicios jurídicos que pueden ser atribuidos al consentimiento del acto jurídico y aquellos que corresponden al documento per sé. No obstante, la existencia de vicios o pretermisiones que afecten el consentimiento unilateral de los actos jurídicos, no son extensibles al instrumento que lo contiene, viceversa, los vicios o causas de nulidad del documento no se extienden al acto jurídico documentado.

Una mirada a la Escritura Pública No.30 del 14 de enero de 2013 de acuerdo con el artículo 839 del Código Judicial, que faculta al juez a apreciar dicho documento sin cotejo según las condiciones del caso, genera las siguientes precisiones:

El testamento abierto conforme al artículo 711 del Código Civil tiene como particularidad, que la voluntad del testador se manifiesta ante las personas que conforme a la ley deben estar presentes para participar del acto.

La escritura no presenta borraduras o enmiendas, tampoco tachones. Existe un error de nombre sin corregir por el notario. Donde debe decir el nombre del

difunto se coloca el nombre de M.A. que es su hermano. A pesar de lo anterior, fue extendido ante el N.N.Á.G. y tres testigos: A.R., R.D. y BAVILIA BROWN HERRERA.

Se puede agregar de la lectura del testamento abierto, que el N. da fe que la persona está en pleno gozo de sus facultades mentales. El testamento abierto cumple con el artículo 727 del Código Civil en cuanto a su redacción y contenido.

El propósito de que esté el notario es, porque tiene la obligación de asegurarse de la capacidad legal del testador, al igual que los testigos; además, su participación es para otorgar la fe pública que ante él se refirió la voluntad del testador como acto personalísimo (Artículos 702, 717 y 727 último párrafo del Código Civil). Si la casacionista pretendía impugnar el testamento a causa de la pérdida de capacidad legal del testador; el notario que celebró el acto debía comparecer a este proceso para brindar su declaración como testigo calificado. Igualmente, si la casacionista quería impugnar la existencia de la celebración del testamento, era importante conocer la posición del N., dado que ante él se depositó la fe pública para su celebración.

El hecho que se plasme en escritura pública; corresponde a un tema de eficacia probatoria, no de solemnidad del acto, tal como se observa de los artículos 711, 727 y 728 del Código Civil. Estas apreciaciones, dan para aseverar que se está ante una copia autenticada de la copia de escritura pública que se hizo ante un notario público y testigos. El difunto otorgó su voluntad ante personas que la Ley exige. Si no ocurriera esto, entonces, se declararía nulo conforme el artículo 737 del Código Civil.

También un testamento es nulo si fue otorgado bajo alguna de las circunstancias identificadas en el artículo 705 del Código Civil; esto es, con violencia, dolo o fraude; la falta de protocolo del acto no está dentro de estas categorías. Todas las formalidades del Título III han sido atendidas, formalidades que

reitera la S., no se encuentra la falta de protocolo y que de acuerdo con el artículo 719 del Código Civil si fueron solventadas, no dará lugar a una nulidad.

Por otro lado, si se contrasta el acto jurídico descrito en la Escritura Pública, cuya probanza se objeta, con el listado de aspectos de carácter formal que a criterio de la casacionista conllevan a la nulidad del acto testamentario se advierte categóricamente, que carece de fundamento jurídico. Un error de grafía en la carátula de la escritura pública no incide en el contenido del acto jurídico. Es definitivo que se está ante un testamento abierto y no cerrado.

A.lmente, el hecho que una persona posea más de ochenta años no es óbice de que su voluntad testamentaria esté comprometida. Que una persona sea mayor de ochenta años no involucra de forma tajante una disminución de su capacidad legal. El examen psiquiátrico que menciona la casacionista como elemento de validez para la conformación del testamento opera de acuerdo con los artículos 696 y 697 del Código Civil, para personas que posean alguna deficiencia mental. Los facultativos, no se requieren para la emisión de testamento de personas de la tercera edad.

Por lo tanto, el primer motivo no está demostrado y las razones que la S. Civil ha expuesto son aplicables y sirven de pivote para responder el segundo motivo.

El segundo motivo se concentra en referir que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial le negó validez jurídica a dos certificaciones de la Notaría de Bocas del Toro de no testamento, que están a fojas 237 y 292 del expediente. De acuerdo con la casacionista, las certificaciones demuestran que el testamento no existe, ya que no aparece incorporado el acto jurídico en el protocolo de dicha notaría.

Como ya se expresó en páginas previas, las certificaciones de no testamento fueron ponderadas por el Tribunal Superior de forma conjunta con otras pruebas y el error del ad quem consistió en no motivar sus inferencias sobre el porqué se adhería a la decisión del juzgado de primera instancia. Sin embargo, nuevamente, este error no incide en un resultado para casar la sentencia de segundo grado. El

artículo 1169 del Código Judicial exige que la infracción de normas sustantivas afecte lo dispositivo de la resolución impugnada.

La certificación de no testamento a foja 237 del expediente fue incorporada en el proceso civil, a través de la parte demandante y admitida en el debate por medio del Auto No.492 del 27 de abril de 2015. La certificación de no testamento a foja 292 se adosó a la causa por parte del juez de primera instancia por medio de una prueba de oficio, según el Auto No.1388 del 23 de noviembre de 2015.

El licenciado H.M.F. notario público de Bocas del Toro certificó: "por este medio y a solicitud de parte interesada, una vez verificado en los protocolos existentesy por lo menos los que reposan dentro de la Notaría Pública, se puede CERTIFICAR que F.A. (Q.E.P.D.), con cédula de identidad personal número 4-38-313, NO OTORGO TESTAMENTO en este despacho, de lo cual doy fe. Bocas del Toro, Catorce (14) de Marzo de dos mil catorce (2014)". (N. y subrayados del notario)

El 25 de julio de 2016 el notario público de ese circuito notarial el licenciado C.G.S.S. certificó: "a solicitud de la parte interesada y una vez verificado en los protocolos existentes y por los menos los que reposan dentro de la Notaría Pública en la actualidad, se puede CERTIFICAR que F.A., (Q.E.P.D.), con cédula de identidad personal número 4-38-313, NO OTORGÓ TESTAMENTO en este despacho, de lo cual doy fe...". (N. y subrayados del notario)

Es evidente la contradicción que emerge entre las dos certificaciones que señalan que el causante no otorgó testamento y la existencia dentro del expediente de la copia autenticada ante notario de la Escritura Pública No.30 del 14 de enero de 2013.

Sin embargo, a pesar de que las dos certificaciones fueron realizadas en periodos y con notarios distintos, sendos instrumentos poseen igual estructura en su redacción. Esta estructura simplista sin explicaciones arroja las siguientes interrogantes que generan dudas: ¿se verificaron los protocolos desde la emisión

de la escritura del 14 de enero de 2013?, ¿desde cuándo se verificaron? Esto es fundamental, pues pudo ocurrir un error en la búsqueda, ¿Se verificaron los protocolos, que no están en la notaría de Bocas del Toro? Es conocido que después de cierto tiempo una notaría, no puede albergar todos los actos que se emiten y es responsabilidad del notario conforme el artículo 1727 del Código Civil su guarda, custodia y la remisión de los protocolos al Archivo Nacional, tal como lo ordena el artículo 21 de la Ley 16 del 20 de febrero de 1941.

Ambas certificaciones admiten haber revisado los protocolos que reposan en la notaría, mas no certifican que se hayan revisado aquéllos que estén o se hayan enviado al Archivo Nacional. Esta circunstancia debilita las certificaciones notariales, máxime si se tiene en este proceso una copia autenticada con rúbrica del notario de una Escritura Pública, cuyo acto jurídico -como se analizó-cumple con todos los artículos relativos al testamento abierto.

Por otro lado, la casacionista arguye que la ponderación errada de las certificaciones infringe el artículo 840 del Código Judicial.

El artículo 840 del Código Judicial trata de aquellas copias de los documentos públicos, donde exista matriz o protocolo, que sean impugnadas por aquellos que les perjudiquen. El artículo establece lo siguiente:

"Las copias de los documentos públicos de los cuales exista matriz o protocolo, impugnadas por aquéllos a quienes perjudiquen, sólo tendrán fuerza probatoria cuando hayan sido debidamente cotejadas y concordaren. Si resultare alguna variante entre la matriz y la copia, prevalecerá el contenido de la primera".

El artículo en cuestión se aplicaría en aquellos casos, donde ante la existencia de varias copias disímiles entre sí, estas son impugnadas por quienes les perjudican. Así, ante la discrepancia encontrada en diversos documentos prevalecerá lo que está en el protocolo.

El artículo 840 del Código Judicial, como vimos, no es aplicable al nuestro caso, toda vez que no existe protocolo; por consiguiente, el hecho referido se subsume en el artículo 839 del Código Judicial, que durante esta decisión se ha

estado desarrollando. La evaluación de la Escritura Pública No.30 del 14 de enero de 2013, bajo las circunstancias del caso.

En síntesis, cabe preguntarse: ¿Qué ocurre si no existe el protocolo de una Escritura pública que se impugna?

La Escritura Pública No.30 del 14 de enero de 2013 es un instrumento público, cuya función es la publicidad del acto jurídico documentado, toda vez que el original debe quedar en el protocolo del notario. Decimos que es un instrumento público, porque estamos frente a un escrito que proviene de un notario, de un funcionario en ejercicio de su cargo.

H.D.E. en la obra a la que la S. ha hecho referencia en páginas previas explica que para que exista jurídicamente un instrumento público se deben cumplir dos requisitos: "1) consistir en un escrito; 2) provenir de un funcionario público en ejercicio del cargo o estar autorizado por este." (fs. 530) La Escritura Pública No.30 cumple con estos dos aspectos. Las certificaciones de los notarios no certifican que N.Á.G. el notario que celebró el testamento, no estuvo en ejercicio en su cargo o su rúbrica no le corresponda. La copia autenticada de la Escritura Pública posee validez probatoria. Nuestro Código Judicial en el artículo 841 establece estas dos condiciones para que el documento posea valor como documento público.

Al cumplir con estas dos aristas es que la escritura posee validez jurídica y por consiguiente, se aplica el artículo 839 del Código Judicial: la valoración del documento público sin cotejar.

Es conocido que la pretensión de la demandante es buscar la anulación del testamento por condiciones formales que se reseñaron en páginas previas. No obstante, la S. no puede afirmar que al carecer de protocolo la Escritura Pública deba ser nula o que la escritura carezca de fuerza probatoria, dado que no posee un protocolo para poder ser cotejado.

Por otra parte, si se acceden a las pretensiones de la actora ocurre un contrasentido: ¿cómo se declarará la nulidad de un testamento que no existe? La

actora, en su foja 3 pide que se declare la nulidad de un testamento; las certificaciones aluden a que no están los protocolos y por ende concluyen que no hay testamento. Entonces, cómo se anulará un testamento abierto, si supuestamente, no ha sido emitido. Las consecuencias de anular un acto es declarar su inexistencia y ello lo olvida la demandante.

Por último, la S. Civil estima que debe prevalecer el principio favor testamenti, que es el principio que nuestra legislación arropa, tanto que son pocas las causales de nulidad (la ausencia de protocolo no es una de ellas) y no produce la nulidad de la voluntad del testador. Tenemos una copia de una escritura pública y las certificaciones, que a criterio de la S. son inconducentes, para concluir que la copia es inexacta o ilegítima y que la voluntad testamentaria comunicada ante el notario N.Á.G. no se realizó.

Todos estos señalamientos dan para afirmar, que el segundo motivo no ha sido acreditado y que la sentencia de segunda instancia no será casada con las consecuentes costas de conformidad con el artículo 1196 del Código Judicial.

Por las consideraciones expuestas, LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: NOCASA la Sentencia del 19 de enero de 2017 emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial dentro del proceso ordinario presentado por I.Y.A.K.D.R. contra la sucesión testada de F.A. (Q.E.P.D.).

Condena en costas de casación a I.Y.A.K.D.R. en DOSCIENTOSBALBOAS (B/.200.00).

N.,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- OLMEDO ARROCHA OSORIO

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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