Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 6 de Agosto de 2020

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución 6 de Agosto de 2020
EmisorPrimera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Primera de lo Civil

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 06 de agosto de 2020

Materia: Civil

Casación

Expediente: 102-18

VISTOS:

El licenciado L.A.G.V., apoderado judicial sustituto de N.A.T.Q., anunció y formalizó recurso de casación contra la Resolución de 24 de noviembre de 2017 (fs. 645-654), proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual reformó la Sentencia No. 58 de 15 de noviembre de 2010 (fs. 484-503), que el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, emitió en el Proceso Sumario promovido por el recurrente contra la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.

Realizadas las fases procesales preliminares, respecto a la admisibilidad del recurso, a los alegatos de admisión y a los alegatos de fondo, corresponde ahora decidir la presente casación.

N.A.T.Q., por conducto de la licenciada J.A. y el licenciado E.C.A., apoderado judicial principal y sustituto, respectivamente (según fs. 22-23 y 77-78), promovió Proceso Sumario en contra de la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S., a fin de obtener las siguientes declaraciones:

PRIMERO

Ordenar y D. la cancelación y Nulidad de los asientos N°89703 del Tomo 2002 y N° 56717 del Tomo 2006, inscrito en el Registro Público, de conformidad a lo que señalan los artículos 1778 N° 2, 1779, 1782 N° 2 y 1789 N° 1 del Código Civil, y la correspondiente comunicación a la Dirección del Registro Público de su inscripción.

SEGUNDO

Se Decrete la Nulidad absoluta y cancelación de los (sic) autos (sic) N° 383/265-02 del 30 de marzo de 2005, por provenir del auto N° 1176 del 11 de julio de 2002, emitido por el Juzgado Tercero Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y este a su vez por provenir de contrato ilegales (sic) e inexistente del veinticuatro (24) de abril del año dos mil uno (2001), insertados en la Escritura Pública N° 3669 del 29 de mayo del año dos mil uno (2001), de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, el cual no se cumplió con las formalidades para su existencia como lo exige (sic) los artículos 5, 7, 1141 N° 1 y 2, 1735, 1749, 1782, 1787 del Código Civil, y este a su vez de la MATRIZ de fecha veinticuatro (24) de abril del 2001, con el nombre de MINUTA, documento UNILATERAL y ARBITRARIO, que no se convocó a persona alguna para su formación y el cual no tiene firma de persona natural y jurídica alguna: violentando así los artículos 5, 7, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112 N° 1y 2, 1113, 1129, 1130, 1141 N° 1 y 2, 1548, 1549, 1550, 1551, 1590, 1715, 1727, 1735 y 1749 del Código Civil, DOCUMENTO que tiene INCIDENTE DE TACHA DE DOCUMENTO. (Artículos 757, 840, 862 y 880 del Código Civil)

TERCERO

Condenar a los daños y perjuicios ocasionados resultantes de actos u omisiones en el proceso Ejecutivo Hipotecario N° 265-2002 del Juzgado Tercero Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, tal como lo consagra el artículo 1345 N° 12 del Código Judicial, por la suma de SETENTA Y SIETE MIL SETENTA BALBOAS CON 00/100 (B/77,070.00) más costas, gastos e intereses legales, al no haber incorporado citado ni emplazado en la demanda a la deudora principal señora A.G.S., como lo exige (sic) los artículos 738, 756, 757, 1655, 1646, 1698 y 1750 del Código Judicial y por encontrarse inscrita la Finca objeto de la presente demanda a nombre de los demandados.

CUARTO

Se Ordene y Decrete la Resolución inmediata de la Relación Jurídica entre N.A. TORRES QUIEL y LA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S., de conformidad a los artículos 1005, 1008, 1009 y 1154 del Código Civil, por haber otros asientos pendientes y también inscritos en la Oficinas del Registro Público, sobre la Finca N° 109763 Rollo 12070, Código 8607, Documento N° 4, de la sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, tal como lo establecieron arbitrariamente los demandados en su cláusula DECIMOSEGUNDA de la matriz insertada en la Escritura Pública N° 3669 de 29 de mayo de 2001, y por existir inscripciones vigentes desde los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y hasta la fecha sobre de los asientos N° 127800/2005, 172406/2005, 173334/2005, 174631/2005, 175099/2005, 176202/2005, 28485/2006 y 57426/2006, antes que culminará (sic) el PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO, de manera ilegal interpuesto por la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S., además se Ordene y se Declare la RESTITUCIÓN de la finca 109763, inscrita al Rollo 12070, Documento N°4, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, a su legitimo (sic) dueño N.A.T.Q., con cédula de I.P. N° 8-163-394. Artículos 1009, 1154 del Código Civil

QUINTO

SE DECRETE LA CANCELACIÓN DE HIPOTECA y ORDENAR LA RESOLUCIÓN del contrato de hipoteca del 24 de abril de 2001, por vicios del consentimiento cual no fue celebrado por N.A. TORRES QUIEL y las otras personas contenidas en la misma y la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S., contenido en la Escritura Pública N° 3669 de 29 de mayo de 2001, de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá. Por lo que señala la cláusula DECIMOSEGUNDA, conforme los artículos 1009 y 1154 del Código Civil, artículo 1345 N° 6 del Código judicial.

SEXTO

SE DECRETA LA CANCELACIÓN DE HIPOTECA Y DECLARAR LA NULIDAD del contrato de hipoteca del bien inmueble del 24 de abril del 2001, por vicios del contrato de hipoteca el cual no fue celebrado por N.A.T.Q. y la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S., contenido en la Escritura Pública N° 3669 de 29 de mayo del 2001, de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá. Por no contener los requisitos esenciales para la validez del contrato de hipoteca y estar viciado el consentimiento, conforme los artículos 1105, 1110, 1113, 1154 y 1590 del Código Civil y Artículo 1345 N° 6 del Código Judicial.

SEPTIMO

ORDENAR Y DECLARAR LA CANCELACIÓN DE HIPOTECA POR NULIDAD, AL NO EXISTIR CONSENTIMIENTO DEL CONTRATO, del 24 de abril del 2001, contenida en la Escritura Pública N° 3669 del veintinueve (29) de mayo del año dos mil uno (2001), de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, al no existir consentimiento y autorización para celebrar el contrato de hipoteca que consagra los artículos 1105, 1110, 1112, 1113, 1129, 1130 y 1590 del Código Civil y ordenar y declarar que se restituya a su propietario original N.A.T.Q., con cédula de I.P. N° 8-163-394. Además que dicho contrato es al arbitrio de uno de los contratantes COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S., prohibición contenida en el artículo 1107 del Código Civil. (fs. 127-129).

Mediante Auto No. 575/299-04 de 29 de mayo de 2009 (f. 391), el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, admitió la demanda sumaria corregida (fs. 126-139) y ordenó su traslado a la parte contraria. La demandada COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S., a través de la firma de abogados HERRERO Y HERRERO (poder a f. 56), contestó la demanda corregida (fs. 404-411).

Realizadas las fases propias de este proceso, el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, emitió la Sentencia No.58 de 15 de noviembre de 2010 (fs. 484-503), resolviendo lo siguiente:

PRIMERO

DECLARAR EXTEMPORÁNEOS, los (sic) Incidente de Nulidad promovido por la parte demandada en la contestación de la demanda, y el Incidente de Tacha de Falsedad promovido por la parte actora.

SEGUNDO

DECLARAR DESIERTOS, el Incidente donde se solicita se Decrete la Resolución Inmediata de la Relación Jurídica, Incidente de Inexistencia de Caducidad de Prescripción de la Acción y el Incidente de Ratificación y Reiteración y Reafirmación de Pruebas Periciales para su Reconocimiento de Documento y Firma.

TERCERO

DECLARAR LA NULIDAD, del Proceso Ejecutivo Hipotecario cursado en el Juzgado Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, promovido por la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. contra N.A. TORRES.

CUARTO

ORDENAR, al Registro Público se deje sin efecto el Auto NO. 383/265-02 del 30 de marzo de 2005, y toda anotación que guarde relación con el Proceso Ejecutivo Hipotecario promovido por COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. contra N.A.T., remitida por el Juzgado Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

QUINTO

ORDENAR, al Registro Público de Panamá, y a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, se ANULE el registro de la finca 109763, inscrita al rollo 1573, imagen 3, de la sección de micropelículas mercantil del Registro Público, realizado a nombre de la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. sociedad registrada al Tomo 2, F. 221, Asiento 78 de la Sección de Personas Mercantil y actualizada a la Ficha No. 31651, Rollo 1573 Imagen 3 de la sección de Mircropelículas (sic) Mercantil del Registro Público y se restituya la propiedad arriba mencionada a nombre de su anterior propietario N.A.T., con cédula de identidad personal No. 8-163-394.

SEXTO

SE MANTIENE, el gravamen hipotecario que tenía la Finca 109763, inscrita al Rollo 7113, Documento 3, de la sección de Propiedad del Registro Público, con la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S., antes de ser traspasada a ésta.

SÉPTIMO

SE CONDENA EN ABSTRACTO en base al artículo 996 del Código Judicial, a la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. sociedad registrada al Tomo 2, F. 221, Asiento 78 de la Sección de Personas Mercantil y actualizada a la ficha No. 31651, rollo 1573 imagen 3 de la sección de Mircropelículas (sic) mercantil del Registro Público, al pago del monto de los daños y perjuicios que resulte por los actos y omisiones cometidas en el Proceso Ejecutivo Hipotecario cursado en el Juzgado Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, promovido por LA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. contra N.A. TORRES.

A fin de proceder a la liquidación de los daños y perjuicios causados se fija como base para la liquidación la siguiente:

  1. El demandante deberá aportar prueba fehaciente revestida de autenticidad, que acredite la cuantía a la que ascienden los daños y perjuicios que señala se le causaron producto de los actos y omisiones cometidas en el Proceso Ejecutivo Hipotecario cursado en el Juzgado Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, promovido por LA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. contra N.A. TORRES.

OCTAVO

SE NIEGAN TODAS LAS DEMÁS PRETENSIONES PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE CON LA PRESENTE DEMANDA.

NOVENO

Las costas imperantes que exige el artículo 1071 del Código Judicial, se compensan, tal como que quedó establecido en la parte motiva de esta resolución." (fs. 502-503)

D. con dicha decisión, el demandante interpuso recurso de apelación y anunció la práctica de pruebas en segunda instancia (f. 504 322 y 325-334, respectivamente), las cuales fueron negadas por el Ad quem, a través de la Resolución de 22 de marzo de 2012 (fs. 549-550). Luego de lo anterior, el actor sustentó la referida impugnación (fs. 226-591). Por su parte, la demandada también interpuso y sustentó recurso de apelación (f. 506 y fs. 507-520, respectivamente).

Mediante la Resolución de 24 de noviembre de 2017 (fs. 645-654), el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, resolvió la referida controversia, decidiendo lo siguiente:

". . . Reforma la Sentencia N° 58 de 15 de noviembre de 2010, del Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictada dentro del proceso sumario propuesto por N.A. TORRES QUIEL contra COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.; en el sentido que revoca todas y cada una de las declaraciones de nulidad y de condena contenidas en su parte resolutiva en los puntos TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO SÉPTIMA Y NOVENA.

Las costas de primera instancia se fijan en la suma de B/, 16,400.00, las de segunda instancia se fijan en la suma de B/.500.00." (f. 654)

Contra lo resuelto por el Ad quem, la parte actora anunció y formalizó recurso de casación (f. 659 y fs. 666-700, respectivamente). Cabe señalar, que la formalización de dicha impugnación estuvo a cargo del licenciado L.A.G.V., en atención a la sustitución otorgada (f. 658).

Ingresado el expediente a la S., se realizó el reparto de rigor (f. 704). Al recurso formalizado, la S. advirtió determinadas irregularidades, circunstancias que motivaron ordenar su corrección (Resolución de 9 de mayo de 2019, fs. 717-721).

Cumplido en debida forma con lo ordenado, se admitió el recurso de casación corregido (fs. 723-735), a través de la Resolución de 8 de agosto de 2019 (fs. 738-739), concediendo luego el término para que las partes presentaran sus alegatos de fondo (Providencia de 26 de agosto de 2019, f. 741).

Cabe señalar, que la parte recurrente aportó, en el mismo día, dos (2) escritos de alegatos de fondo. El primero presentado por el licenciado L.A.G.V. (fs. 743-754). El siguiente, por el licenciado E.C.A. (fs. 755-761). Por su parte, la demandada también aportó sus alegatos de fondo (fs. 762-767).

Desarrollado los antecedentes del caso, se procede al estudio y análisis de la impugnación presentada.

CONTENIDO DEL RECURSO Y CRITERIO DE LA SALA

La parte recurrente formalizó recurso de casación en el fondo, alegando que el Ad quem incurrió en la causal de fondo de "infracción de normas sustantivas de derecho", en el concepto de "error de hecho sobre la existencia de la prueba", y que, para criterio del casacionista, influyó de modo sustancial en lo dispositivo del fallo recurrido.

Para determinar lo correspondiente a la referida infracción, convieneseñalar el alcance del concepto invocado. Así, en el texto "CASACIÓN y REVISIÓN", el autor J.F.P. expresó que se trata del "desconocimiento del medio o elemento probatorio, el ignorarlo, o dar por existente un elemento probatorio que no obra en el expediente." (F.P., J. y GUERRA DE V., Aura E. "Casación y Revisión", Sistema Jurídicos, S., 2001, p. 109).

En atención a la esencia del concepto invocado, impera determinar, en primer lugar, cuáles son las pruebas que el recurrente alega que no fueron observadas y valoradas por el Ad quem. Para luego examinar las consideraciones desarrolladas en la sentencia recurrida, a fin de corroborar la concurrencia o no de dicha omisión.

Así, este concepto fue desarrollado en tres motivos, que a continuación se transcriben:

"PRIMERO: El Tribunal Superior de Justicia ignoró e inobservó totalmente el contenido de la prueba documental que corre de fojas (389-390), que contiene el contrato de hipoteca de fecha 24 de abril de 2001, (documento no suscrito y no rubricado) aportado legalmente en calidad de prueba por N.A. TORRES QUIEL. Al desconocer dicha prueba el Ad-Quem, con esto yerró (sic) procesal probatorio, incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo recurrido", debido a que presumió, sin tomar en cuenta lo que consta en el proceso, que N.A.T.Q., no demostró que dicho contrato de hipoteca impugnado contraviene la ley.

SEGUNDO

A pesar de que el Primer Tribunal Superior de Justicia admitió que N.A.T.Q., acreditó en el proceso estar legitimado para impugnar el proceso ejecutivo hipotecario, al haber aportado como pruebas junto con el libelo de demanda corregido, el contrato de hipoteca de fecha 24 de abril de 2001, desestimó injustamente la pretensión de nuestro representado, ignorando e inobservando lo que consta en la prueba documental debidamente autenticadas por el Ex-Notario Cuarto del Circuito de Panamá, que corre de fojas (fs 389-390)(Cuadernillo de Incidente de Tacha de Falsedad fojas 9 a 10) en donde se demuestra que no se encuentra firmado, rubricado o suscrito, por los otorgantes dicho documento, no obstante que dicha pruebas (sic) fue aportada en la oportunidad procesal por nuestro representado en el libelo de demanda corregido, antes que el Ad-Quem dictará su sentencia. En consecuencia, incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo recurrido.

TERCERO

El Tribunal Superior de Justicia al Reformar la sentencia apelada y negar las pretensiones del actor, tampoco tomó en cuenta, inobservó e ignoró a pesar de constar en autos el dictamen pericial allegado a la encuesta: el avalúo de J.A.Z.M., (ZUBIETA y ZUBIETA) (fojas 9 a 12) el cual establece un monto superior a la cuantía fijada en la presente demanda, de la finca rematada por la aseguradora demandada y los enormes daños y perjuicios causados por esta institución al demandante, con lo cual, resulta desacertada la afirmación de que no se ha probado daños y perjuicios a cargo de la aseguradora demandada con el resultado de actos dolosos o culposos. Al ignorar y no ser tomada en cuenta, inobservado e ignorado, esta prueba fundamental proceso el Ad-quem incurrió en este yerro en Error de Hecho sobre la existencia de la prueba, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo recurrido." (fs. 724-725)

En el primer motivo, el casacionista indica que la prueba no valorada es el "contrato de hipoteca de fecha 24 de abril de 2001, (documento no suscrito y no rubricado)", el cual reposa a fojas 389-390 del expediente. Este medio probatorio también fue indicado en el segundo motivo, adicionando que, a su vez, reposa en los folios 9 y 10 del cuadernillo contentivo al incidente de tacha de falsedad. En el tercer motivo, se indica que la prueba inobservada es el avalúo realizado por Z. y Z., a fojas 9-12.

Las normas que el recurrente alega infringidas son los artículos 780, 856 (numeral 3) y 966 del Código Judicial. Así, como los artículos 1587, 1595, 1644ª, 1735, 1739 y 1745 del Código Civil.

Determinados los medios probatorios que el recurrente considera inobservados, corresponde examinar, tal como ya fue señalado, las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, a fin de corroborar lo censurado.

Así, el Ad quem desarrolló su criterio en los siguientes términos:

"Bajo este prisma jurídico de carácter formal, del estudio de los autos que conforman el presente proceso, salta a la vista el hecho que la pretensión o pretensiones ejercidas, a través de los tramites (sic) del proceso sumario, revelan, sin lugar a dudas, que la parte actora accionó el derecho que tiene como ejecutado para impugnar la venta judicial cuyo tramite (sic) se surtió en la sede del Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, así se desprende de lo expresado en la demanda corregida que su pretensión se constriñe a lo que a continuación se transcribe:

. . .

En efecto, el supuesto jurídico que motivó el criterio expuesto en la sentecia (sic) apelada para que el a-quo accediera a declarar la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario, cuyas copias autenticadas reposan en autos (fs. 140-387), y emitir las demás declaraciones de nulidad en favor de la parte actora, está basado en el supuesto contenido en el artículo 1750 del Código Judicial, que establece; "Cuando el deudor moroso de la obligación que dé lugar a la ejecución hipotecaria, fuere persona distinta del propietario del bien hipotecado, el proceso ejecutivo hipotecario se tramitará con citación de ambos" dado el hecho incuestionable que a la luz del artículo 733 (Ibidem), arribó a la conclusión que en efecto la señora A.G.D.K., debió ser integrada al proceso ejecutivo hipotecario que se surtió en contra del señor N.A.T., propietario y garante hipotecario del inmueble objeto del proceso cuya anulación fue decretada.

La S., al hacer un minucioso estudió (sic) de todo lo acontecido en el proceso ejecutivo hipotecario cuya nulidad fue decretada, debe hacer ciertas reflexiones que surgen al estimar las encontradas posiciones de las partes apelantes, enjuiciar estos elementos de convicción, con las disposiciones que regulan el proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de tramite (sic); las normas de nulidad; la jurisprudencia de las más altas Corporaciones de Justicia, para arribar a la conclusión que el a-quo yerra en la decisión contenida en la sentencia apelada.

Lo anteior (sic) es así, toda vez, que a juicio de esta S., si bien el artículo 1748 del Código Judicial, faculta al señor N.A.T., a demanda como ejecutado la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario donde fue procesado civilmente como garante hipotecario, en virtud de la obligación hipotecaria inmersa en la Escritura Pública N°. 3,669 de 29 de mayo de 2001, de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, instrumento que en su clausula (sic) octava, se estipuló lo concerniente a la renuncia al tramite (sic) del proceso ejecutivo, (ver fs. 152), la juez de grado omitió tomar en cuenta este importante acuerdo de voluntades de las partes, como también, omitió considerar, que la señora A.G.D.K., gestinó (sic) por vía de incidente, la nulidad del remate (es decir, compareció al proceso, tal y como lo revelan las fojas 326-387, sin obtener resultado legal alguno." (fs. 652-653)

Continúo exponiendo su criterio así:

La Juez de grado, en la sentencia apelada, vulneró las normas de legitimación para demandar la nulidad del remate, puesto que N.A.T., si bien como ejecutado esta (sic) facultado para accionar por la vía sumaria la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario que se surtió en su contra, no menos cierto es que, a la luz de lo dispuesto en los artículo (sic) 746 y 748 del Código Judicial, no es él la persona que puede pedir bajo estos supuestos procesales la nulidad del referido proceso, amparado su pretensión o pretensiones bajo el derecho consagrado en el artículo 1750, ibidem (sic), porque a juicio de la S., la norma en cita consagra derechos subjetivos de naturaleza procesal, es decir, no puede pretender debatir bajo el supuesto contenido en el artículo citado, aspectos sustantivos que no ensayó con anterioridad al referido proceso ejecutivo hipotecario, aspecto de la sentencia, que si fue considerado al no acceder la juez a sus pretensiones o declaraciones que le fueron negadas. (fs. 653)

Cabe desatacar, que el Tribunal de segunda instancia finalizó sus consideraciones resaltando lo siguiente:

Esta S. quiere resaltar el hecho de que en los procesos ejecutivos hipotecarios con renuncia de tramites (sic), donde ocurrieron los hechos en el presente proceso, ha quedado evidenciado, el ejercicio abusivo del derecho de litigar del señor N.A.T.Q., quien con la interposición del presente proceso, deja ver que ensaya una argucia legal más, para impedir los efectos jurídicos del proceso ejecutivo hipotecario donde le fue rematado un bien inmueble de su propiedad que voluntariamente gravó con hipoteca y anticresis en cumplimiento de una obligación que se comprometió a cumplir en favor de la señora A.G.D.K., como deudora de LA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, y en donde renunció a los trámites del proceso ejecutivo. (fs. 653-654)

De lo transcrito, se aprecia que la decisión del Ad quem, de reformar la sentencia proferida por el Juzgado de primera instancia, se centró en cinco (5) conclusiones, que a continuación se detallan.

Primero, que el A quo omitió tomar en cuenta el acuerdo de voluntades de las partes, suscrito en la Escritura Pública N° 3,669 de 29 de mayo de 2001, de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, en donde se estipuló, en la cláusula octava, la renuncia al trámite del proceso ejecutivo. (fs. 652-653)

La siguiente, es que la referida autoridad de primera instancia omitió considerar que A.G. DE KOURUKLIS sí compareció al proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámite que en su contra y del recurrente N.A.T.Q., promovió la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.; dado que a través de incidente, peticionó la nulidad del remate (según fojas 326-387), sin obtener resultado legal alguno (f. 653).

Tercero, que el A quo vulneró las normas de legitimación para demandar la nulidad del remate. Esto es así, ya que, la nulidad del proceso, en atención a la supuesta falta de comparecencia de A.G.D.K. al referido proceso ejecutivo hipotecario, no le correspondía al recurrente invocarla, conforme lo estipula los artículos 746 y 748.

Cuarto, el recurrente ". . . no puede pretender debatir bajo el supuesto contenido en el artículo citado (entiéndase el 1750 del Código Judicial), aspectos sustantivos que no ensayó con anterioridad al referido proceso ejecutivo hipotecario, aspecto de la sentencia, que si fue considerado al no acceder la juez a sus pretensiones o declaraciones que le fueron negadas". (f. 653)

Cabe señalar, que las pretensiones que el A quo no accedió, son la declaratoria de resolución de la relación jurídica entre las partes, la cancelación de la hipoteca por nulidad y la resolución del contrato; las cuales el recurrente sustentó alegando la supuesta ausencia de firma de los contratantes en la Escritura Pública No. 3669 de 29 de mayo de 2001 (según folio 501).

La última conclusión que arribó el Ad quem, es que ". . . ha quedado evidenciado, el ejercicio abusivo del derecho de litigar del señor N.A.T.Q., quien con la interposición del presente proceso, deja ver que ensaya una argucia legal más, para impedir los efectos jurídicos del proceso ejecutivo hipotecario..." (fojas 653-654).

Al confrontar las anteriores conclusiones con la prueba en estudio, se corrobora que el Ad quem no valoró el referido documento advertido en el primer motivo en estudio, es decir, el "contrato de hipoteca de fecha 24 de abril de 2001, (documento no suscrito y no rubricado)", el cual reposa a fojas 389-390 del expediente.

Corresponde ahora determinar, si la omisión en la valoración de la citada prueba, influye sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Para tal fin, resulta imperante tener presente que el recurso de casación constituye una pretensión impugnativa en contra del contenido del fallo de segunda instancia, lo que conlleva confrontar dicho medio probatorio con las conclusiones que arribó dicho Tribunal.

La S. se percata de que dicha prueba guarda relación con la cuarta conclusión a que arribó el Ad quem, en cuanto a que el recurrente "no puede pretender debatir bajo el supuesto contenido en el artículo citado (entiéndase el 1750 del Código Judicial), aspectos sustantivos que no ensayó con anterioridad al referido proceso ejecutivo hipotecario, aspecto de la sentencia, que si fue considerado al no acceder la juez a sus pretensiones o declaraciones que le fueron negadas". (f. 653). No obstante, la omisión en la valoración de dicho medio probatorio no influye en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Lo anterior obedece a que si bien en la prueba en estudio, es decir, el documento que "contiene el contrato de hipoteca de fecha 24 de abril de 2001, (documento no suscrito y no rubricado)", visible a fojas 389-390, no consta firma alguna de las partes contratantes, sin embargo, se aprecia a foja inmediatamente anterior, específicamente, a folio 388, certificación expedida por el Notario Público Cuarto, cuyo contenido a continuación se transcribe:

"Panamá, 21 de mayo de 2009

CERTIFICACION:

Yo, C.D.E., Notario Público Cuarto del Circuito Notarial de Panamá, portador de la cédula de identidad personal No. 8-260-290, C. que se ha revisado minuciosamente el protocolo de la escritura numero (sic) 3669 de 29 de mayo de 2001, en la que se pudo constatar que todas las personas que comparecen en el protocolo han firmado mas no así en la minuta que esta adjunta al protocolo y que tiene fecha del 24 de abril del 2001, en la cual no aparece firma alguna en dicho contrato ni refrendo del abogado." (Resalto)

Cabe señalar, que tanto la alegada prueba en estudio como la certificación transcrita, fueron aportadas al proceso por el propio demandante, en calidad de pruebas. Así se aprecia, en el libelo de demanda corregida (fs. 126-139), en el apartado de pruebas, en donde se indicó:

"PRUEBAS DOCUMENTALES:

  1. . . .

  2. Certificación expedida por el NOTARIO CUARTO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil nueve (2009).

  3. Copia autenticada del contrato de fecha 24 de abril de 2001, por el Notario Cuarto del Circuito de Panamá, el día veintiuno (21) de mayo de 2009. . .." (f. 136)

Ahora bien, la ausencia de firma en el documento en estudio y cuya valoración no fue atendida por el Ad quem, no afecta la decisión recurrida, dado que la certificación transcrita, expedida por el Notario Público Cuarto, y aportada por el propio recurrente, confirma que las partes contratantes sí firmaron el protocolo de la Escritura Pública Número 3669 de 29 de mayo de 2001 y a falta de prueba que desacredite dicha certificación, se desvirtúa la posición expuesta por el casacionista.

De esta manera, no procede la censura desarrollada en el primer motivo, conclusión extensiva al segundo motivo, dado que ambos se refieren a la misma prueba, solo que en segundo motivo se adicionó que ese medio probatorio también reposa en los folios 9 y 10 del cuadernillo contentivo al incidente de tacha de falsedad.

En el tercer motivo, se censura la supuesta falta de valoración del avalúo realizado por Z. y Z., a fojas 9-12, ". . . el cual establece un monto superior a la cuantía fijada en la presente demanda, de la finca rematada por la aseguradora demandada y los enormes daños y perjuicios causados por esta institución al demandante, con lo cual, resulta desacertada la afirmación de que no se ha probado daños y perjuicios a cargo de la aseguradora demandada con el resultado de actos dolosos o culposos . . ." (f. 725)

Al observar las consideraciones desarrolladas por el tribunal de segunda instancia, la S. se percata que, efectivamente, dicha autoridad judicial no valoró el referido avalúo realizado por Z. y Z. (fs. 9-12), sin embargo, dicha omisión no afecta la parte resolutiva de la resolución recurrida, ya que este medio probatorio no desvirtúa ninguna de las conclusiones que arribó el Ad quem.

En otros términos, la alegada prueba no descarta la renuncia al trámite del proceso ejecutivo pactado entre las partes. Tampoco la falta de legitimación del recurrente para demandar la nulidad del remate, quien alegó la supuesta falta de comparecencia de A.G.D.K.. Además, ese medio probatorio no acredita, ni la pretensión de cancelar la hipoteca por supuesta nulidad, ni la de resolución del contrato.

R., las pruebas censuradas en los tres (3) motivos expuestos, no fueron valoradas en la decisión de segunda instancia, sin embargo, ninguna de estas influye en la parte resolutiva de dicha resolución y, en consecuencia, mal se pudiera considerar que concurren las infracciones de los artículos citados por la casacionista, correspondiendo resolver en ese sentido, con la imperativa imposición de costas.

La S. no puede pasar por desapercibido el proceder de los apoderados judiciales de la parte recurrente, licenciado L.A.G.V. y licenciado E.C.A., quienes aportaron por separado su respectivo libelo contentivo a los alegatos de fondo. (fs. 743-754 y fs. 755-761, respectivamente). Este proceder resulta improcedente, dado que ambos representan a una sola parte correspondiendo, en consecuencia, la aportación de un solo escrito al respecto. En otros términos, procede un solo escrito de alegatos de fondo por cada parte del proceso.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Resolución de 24 de noviembre de 2017, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual reformó la Sentencia No. 58 de 15 de noviembre de 2010, que el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, emitió en el proceso sumario promovido por el recurrente N.A. TORRES QUIEL contra la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.

Las imperativas costas a cargo de la parte Recurrente, se fija en la cantidad de DOSCIENTOS BALBOAS (B/. 200.00).

N. y DEVUÉLVASE,

OLMEDO ARROCHA OSORIO

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

DAMARIS DEL CARMEN ESPINOSA G. (Secretaria Interina)

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