Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Junio de 2020

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución30 de Junio de 2020
EmisorPrimera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Primera de lo Civil

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 30 de junio de 2020

Materia: Civil

Casación

Expediente: 84-19

VISTOS:

El Licenciado NICOLÁS ALBERTO PINEDA, actuando en su condición de apoderado judicial de la sociedad CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., formalizó recurso de casación contra la Sentencia Civil de treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de la Provincia de Chiriquí, dentro del Proceso Sumario de Nulidad de Acta de Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas promovido por los señores F.M.S., B.M.S. y M.M.S., contra la Sociedad recurrente.

Antes de entrar a decidir el presente Recurso, daremos un breve repaso de los antecedentes que dieron lugar a la interposición de este medio impugnativo.

El presente negocio jurídico tiene su génesis con la demanda sumaria de nulidad corregida, presentada ante el Juzgado Decimocuarto

Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, por el Licenciado GUSTAVO

JAVIER M.M., en nombre y representación de los señores F.M.S., B.M.S. y M.M.S., como presuntos herederos ab-intestato de quien en vida se llamó F.M.Á. (Q.E.P.D.), con la finalidad que previo el cumplimiento de los trámites legales correspondientes, se emitan las siguientes declaraciones:

"1) Que se declare Nulo los acuerdos y (sic) Acta de la Junta General de Accionistas, mediante los cuales cambia la Junta directiva de la sociedad CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA S. celebrado el día 20 de marzo de 2009, por haberse realizado, sin el aviso previo que manda el pacto social y, además, estando muerto uno de los directores y accionistas que representa por lo menos el 50%, y con prescindencia de otro de los directores.

2) Que se decrete Nula la Escritura Pública N° 4850 del 20 de marzo de 2009, de la Notaría Segunda Del Circuito de Panamá, mediante la cual se protocoliza el Acta De la Junta General de Accionistas de la Sociedad Corporación Agropecuaria La Foresta, S.

3) Que se decrete la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Escritura Pública N° 4850 de 20 de marzo de 2009, inscrita el día 29 de abril de 2009.

4) Que se decrete nulo cualquier acto emanado de la Junta Directiva en perjuicio de los derechos de los demandantes." (fs. 74-78, T.I.

Por razones de competencia y conocimiento previo del proceso de sucesión intestada de quien en vida se llamó F.M.Á. (Q.E.P.D.), el presente proceso fue remitido al Juzgado Primero del Circuito Judicial de Chiriquí, Ramo Civil, mediante el Auto Civil de veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010), dictado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí, tal como consta de fojas 46 a 50 del expediente principal, tomo I.

En razón de lo anterior y radicado el presente proceso en el respectivo Juzgado, se emite el Auto No. 74 de veintiuno (21) de enero de dos mil once (2011), por el cual se admite la demanda oral corregida, después de verificar que la misma cumplía con los requisitos contenidos en el artículo 665 del Código Judicial y, en consecuencia, se ordenó correrla en traslado a la sociedad demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S. (f. 91, T.I.) quien a través de su P. y R.L., Licenciada M.D.C.L.B. (Q.E.P.D.) cumplió con dicho requerimiento, manifestando su oposición a las pretensiones de los demandantes, al igual que aceptó como cierto el hecho séptimo y de forma parcial el décimo, negando los demás hechos, así como las pruebas presentadas, la cuantía reclamada y el derecho invocado (fs. 94-97, T.I.. Asimismo, presentó solicitud de nulidad, con fundamento en el numeral 2 del artículo 753 del Código Judicial.

Luego de cumplidas las etapas procesales correspondientes, el Juzgado Primero del Circuito Judicial de Chiriquí, Ramo Civil, al decidir en primera instancia el presente proceso, emitió la Sentencia No. 13 de diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por medio de la cual reconoció todas las declaraciones pedidas por la parte demandante, así como declaró no probado el incidente de nulidad de lo actuado presentado por la demandada, condenándola en costas. (fs. 966-980, Tomo III).

Disconforme con lo resuelto, la representación judicial de la demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., interpuso recurso de apelación, según consta en escrito visible de fojas 982 a 996 del expediente, y al surtirse la alzada, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de la Provincia de Chiriquí, mediante la Sentencia Civil de treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019), decidió confirmar la sentencia de primer grado e instar al juzgador a corregir las costas en cuanto que sean impuestas en contra de la demandada y en favor del demandante.

En razón de lo anterior, la parte demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., en tiempo oportuno anunció y formalizó recurso de casación respecto del cual la S. conoce en esta oportunidad y se dispone a examinar.

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En ese sentido, tenemos que la S. Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución de diecisiete (17) de julio de dos mil diecinueve (2019), ADMITIÓ el recurso de casación en la forma y en el fondo propuesto, como consta en escrito visible de fojas 1058 a 1063 del presente expediente.

Seguidamente, se abrió la fase de alegatos de fondo, la cual fue aprovechada por ambas partes, conforme se aprecia en escritos visibles de fojas 1067-1074 y de fojas 1075-1079 del expediente, respectivamente.

Vencido dicho término, la S. procede a decidir el presente recurso, de conformidad con la causal de forma y de fondo invocadas, las cuales serán examinadas con la debida separación y en el orden en que han sido formuladas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1192 del Código Judicial.

CAUSAL DE CASACIÓN EN LA FORMA

La causal de forma invocada por la Recurrente, corresponde a la consagrada en el numeral 1 del artículo 1170 del Código Judicial, consistente en "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley".

Le sirve de sustento a la causal respectiva, el motivo que a continuación transcribimos:

"Primero y Único Motivo: Que el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial de Panamá, omitió declarar la nulidad de todas las actuaciones de la causa y el archivo del expediente, omitiendo el cumplimiento del trámite del despacho saneador, en vista que los demandantes no cumplieron con la corrección en término de la demanda, ordenada por el juzgado de primera instancia, al carecer el apoderado judicial de poder o haber consignado la fianza para actuar como gestor oficioso, por lo cual, y conforme al trámite necesario, el ad-quem debió, en concordancia con lo que disponía el procedimiento, haber declarado nula todas las actuaciones y gestiones vertidas en la causa con el correspondiente archivo del cuaderno civil." (f. 1034)

Las disposiciones legales que la Recurrente estima presuntamente infringidas, como consecuencia del "error in procedendo", que se le atribuye a la sentencia impugnada, son los artículos 686 y 1151 del Código Judicial.

Destacadas las motivaciones que originaron la decisión impugnada y el cargo formulado por la Recurrente, bajo la causal de forma invocada, le corresponde a la S. hacer el estudio del recurso interpuesto, bajo la causal de forma invocada que, como ya se expresó, corresponde a "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley".

La doctrina nacional y la jurisprudencia han sido constantes en señalar que la causal de forma en estudio se configura cuando se omiten formalidades o trámites indispensables para fallar, que puedan dar lugar a la nulidad de actuaciones, al punto que hayan causado efectiva indefensión a las partes.

Partiendo de lo anterior, se advierte que del único motivo que sustenta la referida causal, se desprenden como cargos de injuridicidad que la Recurrente le atribuye al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, al proferir la Resolución impugnada de treinta (30) de enero de dos mi diecinueve (2019), mediante la cual confirma la decisión de primera instancia, el trámite consistente en haber omitido la aplicación del procedimiento del despacho saneador, tras la concurrencia de los siguientes errores procesales que, a su juicio, son considerados esenciales por la Ley, y que se describen a continuación:

  1. Haber desconocido que los demandantes presentaron la corrección de la demanda ordenada por el juzgado de primera instancia, fuera del término que otorga la ley.

  2. Haber desconocido que el apoderado judicial de los demandantes carecía de poder suficiente para actuar o bien como gestor oficioso, previa consignación de la fianza que exige la ley procesal.

    Según la Recurrente, los trámites procesales antes descritos, obligaban al Tribunal Superior a sanear la causa, declarando la nulidad de todas las actuaciones y el correspondiente archivo de la demanda, situación que argumenta no hizo el Ad quem, violentando con ello, el contenido del artículo 686 del Código Judicial, que a la letra expresa lo siguiente:

    Artículo 686. Si la demanda o la contestación adoleciere de algún defecto u omitiere alguno de los requisitos previstos por la ley, el juez podrá, en el momento de su presentación, prevenir verbalmente al demandante o al demandado, a efecto de que corrija o complete el escrito, señalándose los defectos que advirtiere. El interesado podrá, si así lo desea, insistir en que se agregue al expediente y en este caso el juez ordenará una corrección para que en el término de cinco días el demandante o el demandado subsanen los defectos de que adolece, los que expresará el juez señalando entre los requisitos de los artículos 665 y 680, según sea el caso, aquél o aquellos que no hubieren sido cumplidos. Si el juez no hiciere la advertencia verbal al momento de la presentación de la demanda o la contestación, lo hará por resolución en la forma antes expresada.

    Si dentro del término a que se refiere el párrafo anterior el demandante o el demandado no hacen las correcciones pertinentes, la demanda o la contestación, según el caso, se entenderán como no presentadas, sin producir efecto jurídico alguno.

    En el caso de la demanda se ordenará su archivo y en el de la contestación se dispondrá la continuación de la tramitación.

    Como se puede apreciar, la norma transcrita permite al juzgador ordenar la corrección de diversos aspectos de la demanda, con el fin de subsanar los errores que adolece. Conforme a ello, la Recurrente alega que el Tribunal Superior infringió y desconoció el contenido de dicha norma, porque no ordenó el archivo de la demanda, dado que el apoderado judicial de los demandantes corrigió la misma fuera del término establecido por la ley.

    Asimismo, alega la infracción del artículo 1151 del Código Judicial, cuyo texto dispone lo siguiente:

    Artículo 1151. Una vez que el expediente llegue en apelación o en consulta ante el Tribunal Superior, éste examinará los procedimientos y si encontrare que se ha omitido alguna formalidad o trámite o se ha incurrido en alguna causal de nulidad que haya causado efectiva indefensión a las partes o se han violado normas imperativas de competencia, decretará la nulidad de las actuaciones y ordenará que se reasuma el curso normal del proceso. En caso de que sea absolutamente indispensable devolverá el expediente al juez del conocimiento, con indicación precisa de las omisiones que deban subsanarse y de la corrección disciplinaria que imponga si hubiere mérito.

    Se considerarán como formalidades indispensables para fallar, entre otras, la omisión del traslado de la demanda, en los procesos que requiere este trámite, la falta de notificación del auto ejecutivo, la omisión de la apertura del proceso o incidente a pruebas, en los casos en que esté indicado este requisito o el no haberse practicado estas pruebas, sin culpa del proponente.

    Sobre esta disposición, la Recurrente señala que la misma fue infringida y desconocida por el Tribunal Superior, al no hacer uso de la etapa del saneamiento de la causa, en el sentido de declarar la nulidad de todas las actuaciones y ordenar el archivo de la demanda corregida, por haberse presentado fuera del término de ley y haber actuado sin poder suficiente o consignar la fianza establecida por ley para intervenir como gestor oficioso, previa consignación de la fianza que exige la ley, omitiendo el Ad quem, a su juicio, trámites considerados esenciales por la ley.

    Ahora bien, al encontrarnos ante una decisión que confirma en todas sus partes la del juzgado de primera instancia y que la omisión de las supuestas faltas que se denuncian se producen desde el inicio del proceso en este último tribunal, resulta conveniente citar un extracto de la sentencia dictada en primer grado, con la finalidad de conocer los fundamentos a los que arribó dicho tribunal, con respecto a los cargos de injuridicidad que a través del presente recurso de casación se le atribuyen al Tribunal Ad quem. Así tenemos que, en la parte pertinente de la sentencia primaria, el juzgador de la causa expresó lo siguiente:

    "...

    ...la representación del licenciado G.M., tal como se advierte en el Auto N° 74 del veintiuno -21- de enero de dos mil once -2011, dictada por el J. Suplente interino, admitiendo la demanda corregida, ordenándole el traslado a la contraparte, y quien además en esta misma resolución bastanteo el poder, del licenciado M.M..

    La anterior resolución fue notificada a la abogada y representante legal de la sociedad demandada, en fecha quince -15- de abril de dos mil once -2011B.

    La demanda corregida fue contestada, en escrito que se recibe en la secretaria (sic) del Tribunal el cuatro -4- de mayo de dos mil once -2011-. En esa misma fecha la apoderada presentó después de haber contestado la demanda, el escrito que menciona las presuntas nulidades, pero no como incidente, sino como mera solicitud.

    La causal que sugiere la abogada de la demandada, no puede instarse (sic) al Tribunal, por mera solicitud, porque no corresponde a nulidad insubsanable, sino que se trata, de una nulidad subsanable. Siendo así debió haber sido promovida mediante incidente debidamente formalizado, lo cual no ocurrió. Esto es así, por que (sic) lo ordena el artículo 753 del Código Judicial,...

    ...

    Por tanto (sic) la solicitud presentada por la abogada de la demandada, no era atendible en la forma presentada. No consta la presentación de incidente sobre ese tema.

    No obstante, con miras a disipar las dudas que pudiera abrigar la abogada de la demandada, sucintamente, puedo advertir que aún atendiendo su advertencia de nulidad no existen fundamentos para aceptar su existencia por los siguientes motivos:

  3. La abogada contestó primero la demanda corregida, y posteriormente, presentó la solicitud, no incidente de nulidad.

    Según ordena el artículo 748 del Código Judicial:

    Artículo 748: Tratándose de nulidad subsanable, no podrá pedir su declaratoria en el proceso quien haya hecho alguna gestión en él con posterioridad al vicio invocado, sin formular oportuna reclamación.

  4. El abogado M. presentó toda la documentación en fotocopia que justificaba por que atendía la orden de corrección de la demanda, ordenada por el Tribunal, dentro del termino (sic) conferido, sin presentar los documentos que acreditaban formalmente su representación judicial, dado que dichos documentos se encontraban en trámite (ver fs (sic) 61-71), y en el escrito que se advierte de folios 73, existe memorial explicativo de su actuación en beneficio de los poderdantes. En ese mismo orden de ideas, si hilamos delgado hay constancias documentales no objetadas en el proceso que los poderes generales que fueron otorgados en Escrituras Públicas de la Notaría Tercera del Circuito Notarial de Chiriquí, se firmaron ante la vice cónsul de Panamá en Miami, Estado de la Florida, Estados Unidos de América, en fecha -ocho -8- de diciembre de dos mil diez -2010-. Las Escrituras Públicas N° 5284 y 5285, ambas datan (sic) dieciséis -16- de diciembre de dos mil -2010, es decir los poderes obraban en documento público (fs.82-84). Y de folios 74 a 78, obra la demanda corregida presentada por el abogado M., recibida en fecha diecisiete -17- de diciembre de dos mil diez -2010-. En conclusión, en estricta técnica procesal, la demanda fue corregida oportunamente, por quien ostentaba el apoderamiento de la parte, siguiendo la secuencia cronológica de los actos.

  5. Por si lo anterior no fuera suficiente base jurídica, para la representación judicial de la demandante, le ampara lo normado en el artículo 735, específicamente en los tres primeros numerales en donde se lee:

    Artículo 735: La ilegitimidad de la personería del representante de una de las partes no es causal de nulidad en los casos siguientes:

    1-Cuando exista en el expediente poder legal, aunque no haya sido expresamente admitido;

    2-Cuando no exista poder legal, pero la parte interesada claramente acepte lo hecho sin personería;

    3-Cuando aparezca claramente en el expediente que el interesado ha consentido en que represente sus derechos el que oficiosamente ha asumido su representación; y

    ...

    No existe fundamento alguno para la sugerida causal de nulidad, motivada por una supuesta gestión no facultada. (fs. 972-975)

    ..." (Lo resaltado es de la S.)

    Luego de exponer los argumentos vertidos por el juzgado de primera instancia y confrontada con los cargos de ilegalidad que, a través de la causal de forma se le hacen a la Sentencia de treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019) emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, la S. estima que no le asiste razón a la Recurrente en cuanto a que exista una nulidad que deba ser reconocida por esta Superioridad porque, tal como se ha dejado expresado en la decisión primaria y confirmada por la resolución impugnada, la demanda corregida por el Licenciado G.J.M.M., en representación de los demandantes fue presentada dentro del término establecido en la ley, ya que de las constancias procesales se desprende que el edicto No. 1394, visible a foja 60 del expediente, que notificaba el Auto No. 826 de dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010) y por medio del cual se ordenó la corrección de la demanda (f. 59, T.I., fue desfijado el día 10 de diciembre de 2010, teniendo el apoderado judicial hasta el día 17 de diciembre de 2010 para presentarla, requerimiento que, en efecto, fue cumplido en la respectiva fecha, tal como se aprecia de fojas 74 a 78 del expediente.

    El Código Judicial, en su artículo 686 invocado como infringido por la Recurrente, preceptúa que, si el juez advierte alguna omisión en la demanda, ordenará su corrección. Previene esta excerta que, si dentro del período estipulado, el demandante o demandado, según el caso, no hace las correcciones, la demanda o su contestación, se tendrán por no presentadas y no producirán efecto jurídico alguno. Asimismo, indica que en el caso de la demanda se ordenará su archivo.

    De ello se desprende, que el objetivo de la correcciónde la demanda o de la contestación, es invalidar el escrito de la demanda o el escrito de la contestación, primeramente, presentado, que adolezcan de defectos lo suficientemente serios como para causar perjuicios, vicios o graves dificultades en el proceso (Cfr. Artículo 687 del Código Judicial).

    Ahora bien, si la parte demandada consideraba que lo que correspondía en el presente caso era que el juzgado de la causa respectivo ordenara el archivo de la demanda corregida porque, a su juicio, no fue presentada en tiempo, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 686 del Código Judicial invocado, debió poner en conocimiento de esta situación al Tribunal mediante un escrito, "antes de contestar la demanda", como lo dispone el primer párrafo del artículo 687 del texto legal antes citado, ya que, como se desprende de las constancias procesales y así lo deja establecido la sentencia de primera instancia, la demandada lo advirtió después de haber contestado la demanda corregida.

    Por las razones expuestas, la S. concluye que, respecto a este cargo de injuridicidad, no existe vicio de procedimiento en que haya incurrido la resolución de segunda instancia impugnada, por lo que, al no prosperar dicho cargo, se descarta la invocada infracción del artículo 686 del Código Judicial.

    Otro de los cargos que la Recurrente invoca como supuesto error procesal cometido por el Tribunal Superior consiste en que éste desconoció el trámite fundamental de saneamiento del expediente en la segunda instancia, contenido en el artículo 1151 del Código Judicial, porque no decretó la nulidad de todas las actuaciones, al percatarse que los demandantes presentaron la demanda corregida sin tener el apoderado judicial poder suficiente de representación o bien para actuar como gestor oficioso, previa consignación de la fianza que exige la Ley.

    De lo anterior, se desprende que el supuesto error procesal que la Recurrente denuncia va dirigido, esencialmente, a que el Tribunal de segunda instancia no hizo uso del saneamiento en la apelación que contempla el referido artículo 1151 cuando, a su juicio, existía una falta de representación de los demandantes dentro del presente proceso o lo que bien se conoce en la ley y la doctrina, como ilegitimidad de la personería, situación que advierte, debió ser saneada decretando la nulidad de las actuaciones y el archivo de la demanda corregida.

    Al respecto, cabe advertir que la ilegitimidad de la personería está consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente, en el artículo 733, numeral 3 del Código Judicial y, que la misma se produce, concretamente, por la falta o inadecuada representación de una de las partes en el proceso o porque la persona que asume dicha representación no ha sido investida conforme a la ley del carácter de representante o apoderado de dicha parte. (Cfr. Artículo 642 del Código Judicial)

    Asimismo, debemos indicar que si falta la ilegitimidad de la personería, la misma conllevaría a una causal de nulidad subsanable de no configurarse algunos de los casos que contempla el artículo 735 del Código Judicial; además, la misma no está sujeta a término especial alguno, toda vez que la persona afectada por esta acción y, quien es la única con legitimación para denunciar su nulidad, sería, quien no otorgó el poder correspondiente, no así la parte contraria, pudiéndose subsanar en cualquier etapa del proceso.

    Partiendo de lo anterior, la S. estima que, respecto a este cargo, tampoco le asiste razón a la Recurrente, en cuanto a que el Tribunal Superior omitió el procedimiento del despacho saneador en la apelación, al existir en el presente proceso, una nulidad de lo actuado, por carecer el apoderado judicial de los demandantes, de poder suficiente para la presentación de la demanda corregida.

    Ello es así porque, antes que el apoderado judicial de los demandantes, cumpliera con la orden de corrección de la demanda, puso en conocimiento del tribunal de primera instancia, mediante escritos visibles a fojas 71 y 73 del expediente, que el Poder general para pleitos otorgado por la parte actora, se encontraba en trámite en la ciudad de Miami, Estados Unidos, manifestando, además, que sus representados estaban por sufrir un grave perjuicio al estar por vencerse el término concedido para la corrección de la demanda, ordenada mediante el Auto No. 826 de dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010).

    A pesar de la advertencia realizada por el apoderado judicial de los demandantes, éste aportó previo a la contestación la demanda, copia del Protocolo de la Escritura Pública de la Notaría Tercera del Circuito de Chiriquí, en la cual, consta el Poder general para pleitos otorgado al Licenciado G.J.M.M., así como copia de la certificación expedida por la Vicecónsul General de Panamá, en Miami, Estados Unidos, de cuyos documentos se observa, tienen fechas anteriores a la del vencimiento de la corrección de la demanda, el cual ocurría el 17 de diciembre de 2010. (Cfr. fojas 61 a 89, T.I..

    Lo antes dicho, corrobora que el entonces "Gestor Oficioso" dio explicaciones al tribunal de primera instancia por la falta de presentación del poder, el cual, como se ha señalado previamente, fue acreditado en tiempo oportuno, con las copias autenticadas de las Escrituras Públicas en que se otorga el referido Poder y sus respectivas anotaciones del Registro Público, según constan de fojas 79 a 84 y 87 a 89 del expediente, tomo I. (Cfr. Artículo 636 del Código Judicial).

    Ahora bien, es importante aclarar que el juzgado de primera instancia, mediante Auto No. 74 de veintiuno (21) de enero de dos mil once (2011), admitió la demanda corregida, ordenando correrla en traslado a la parte demandada y reconoció como apoderado judicial de los demandantes al Licenciado G.J.M.M., en los términos de los poderes conferidos (f. 91, T.I., sin que la demandada, al momento de contestar la demanda presentara su oposición, sino que lo hace posterior a su contestación, por medio de un escrito de solicitud, no resultando oportuna su reclamación, máxime cuando en los artículos 741 y 746 del Código Judicial se establece que, tiene derecho a pedir su nulidad, la parte que ha sufrido o puede sufrir un perjuicio procesal, salvo que se trate de nulidades insubsanables y, en este caso, es la parte demandada quien invoca la nulidad bajo análisis, aun cuando a lo largo del proceso no se acredita que ha sido puesta en estado de indefensión alguno.

    Dicho, en otros términos, si el acto procesal irregular cumple su finalidad sin afectar el derecho de defensa de las partes, es decir, que no existe perjuicio, entonces, no habrá lugar a invalidar lo actuado.

    Siguiendo un mismo orden de ideas, conviene resaltar lo dispuesto en el artículo 749 del Código Judicial, en el sentido que "una vez se haya admitido a una persona en el proceso, como apoderado de otras, no se podrá rechazar o desestimar escrito, memorial o gestión suya, aunque el J. advierta que carecía de poder, o que éste era insuficiente o defectuoso..."

    Al respecto, es propicia la oportunidad para referirnos a la doctrina que, con relación al tema del saneamiento por la falta de legitimación de personería, el autor colombiano H.S.S., en su obra titulada "Nulidades del Proceso Civil", nos ilustra lo siguiente:

    "Es de resaltar que la causal de nulidad también opera cuando el apoderado carece totalmente de poder para actuar en el proceso en representación del demandante o del demandado, dado que en aquellos casos la vulneración del derecho de defensa se hace evidente en la medida que se han venido obrando en un proceso sin haberse otorgado el respectivo poder para ello, es decir, la voluntad del sujeto para actuar en el proceso a través de un abogado es inexistente y, por ende, la actuación se invalida, toda vez que entrañaría una grave violación al derecho de defensa que una persona que nunca ha otorgado un poder pueda quedar comprometida con las actuaciones de quien no es su mandatario judicial. En este caso, vale la pena resaltar que cuando de representación judicial se trata, la carencia de poder debe ser absoluta, pues si el poder es incompleto o insuficiente el legislador ha considerado que dicha irregularidad no es tan grave como para viciar la actuación y, por ende, se tratará de una anomalía intrascendente desde el punto de vista de la validez del proceso y que puede ser fácilmente subsanada o corregida." (Lo resaltado es de la S.)

    (SANABRIA SANTOS, H.. "Nulidades en el Proceso Civil", Editorial Universidad Externado de Colombia, 2004, Pág. 193)

    En virtud de los razonamientos que se dejan expuestos, la S. estima, que el tribunal de segunda instancia al emitir la resolución impugnada no infringió el artículo 1151 del Código Judicial invocado, al no decretar, durante la etapa de saneamiento, la nulidad de lo actuado por el Juzgado A quo, toda vez que, según dicha disposición, el Ad quem solo estaba obligado a ello "si encontrare que se ha omitido alguna formalidad o trámite o se ha incurrido en alguna causal de nulidad que haya causado efectiva indefensión a las partes" y, como ha quedado establecido, el juzgado de primera instancia no incurrió en la omisión de alguna diligencia esencial durante la tramitación de proceso y, por tanto, tampoco ocasionó indefensión alguna a las partes del proceso.

    En consecuencia, la S. puede concluir, que no se configura la causal de forma invocada por la Recurrente, "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la Ley", por tanto, no se producen las alegadas violaciones de los artículos 686 y 1151 del Código Judicial.

    CAUSAL DE CASACIÓN EN EL FONDO

    La causal de fondo invocada por la Recurrente corresponde a la "Infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de hecho en la existencia de la prueba" que, a su juicio, ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

    Como fundamento a esta causal de fondo, se expone un motivo, el cual se transcribe para mayor ilustración:

    "Primer y único Motivo: Que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá Familia (sic), al momento de emitir la sentencia de segunda instancia, dio por probado la legitimidad activa de los demandantes sin que dicho extremo estuviese acreditado por medio de la prueba idónea en materia de derecho societario, esto es, el certificado de acciones correspondiente de la sociedad demandada a nombre del causante (F.M.A., debiendo el tribunal frente a este escenario probatorio haber negado la falta de legitimidad en la causa y por ende no haber accedido a las declaraciones pedidas en el libelo de la demanda." (fs. 1036-1037)

    A juicio de la Recurrente, las disposiciones legales presuntamente infringidas por la resolución impugnada, lo constituyen los artículos 780, del Código Judicial, el artículo 20 de la Ley No. 32 de 26 de febrero de 1927 y el artículo 418 del Código de Comercio, restablecido por la Ley No. 9 de 1946, G.O. No. 10,051 de 19 de julio de 1946.

    Expuestos los aspectos más sobresalientes del proceso, la S. considera propicio señalar que "la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba" puede producirse cuando el sentenciador deja de apreciar alguna prueba que está en el expediente, cuando no existiendo en los autos una prueba da como probado un hecho y, cuando altera las pruebas existentes para restringirles, ampliarles, modificarles o cambiarles su contenido real, es decir, cuando desvirtúa las pruebas en su contenido objetivo, o sea, como indica la doctrina, cuando entiende que la prueba dice lo que ella no reza.

    Debe entenderse, entonces, que para la procedencia de la causal de fondo alegada, no basta con que se acrediten algunos de los supuestos anteriormente señalados, sino que además, se requiere que el error haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, tal como lo exige el artículo 1169 del Código Judicial.

    Partiendo de lo anterior, la S. debe indicar que en la presente causal invocada, estamos en presencia del supuesto en el que no existiendo en autos una prueba el Tribunal da como probado un hecho, razón por la cual, pasamos a describir, cuál es ese medio probatorio que no existe en el expediente, así como el cargo de injuridicidad que se le atribuye a la sentencia de segunda instancia impugnada.

    En ese sentido, tenemos que, a través del único motivo en que se sustenta la causal respectiva, se infiere que la Recurrente acusa al Tribunal Superior de haber dado por probado la legitimidad activa de los demandantes sin que dicho extremo estuviese acreditado por medio de la prueba idónea en materia de derecho societario, como es, el certificado de acciones correspondiente a la sociedad demandada, a nombre del causante F.M.Á. (Q.E.P.D.), situación probatoria que, a su juicio, traía como consecuencia que se declarara por parte del Tribunal Superior la falta de legitimidad activa en la causa de los demandantes y, por tanto, no se accediera a las declaraciones solicitadas en el libelo de la demanda.

    Este error de hecho en que incurre el Tribunal de segunda instancia, según la Recurrente, ha tenido incidencia sustancial en la parte dispositiva de la sentencia recurrida, pues lo llevó a infringir en forma directa por omisión, el artículo 780 del Código Judicial, que regula los diferentes medios de pruebas y, de forma directa por comisión, el artículo 20 de la Ley No.32 de 26 de febrero de 1927, que consagra la facultad de la sociedad para emitir acciones en el pacto social, así como el artículo 418 del Código de Comercio, que establece la validez o nulidad de los acuerdos tomados en juntas de accionistas donde todos estén presentes.

    En razón de lo anterior, la S. estima conveniente citar las consideraciones más sustanciales expuestas en el fallo de segunda instancia cuestionado, con la finalidad de comprobar si, como afirma la Recurrente, el Tribunal Ad quem dio por probado un hecho fundado en una prueba inexistente en el Proceso.

    Así, tenemos que la resolución que es objeto de censura, para llegar a la conclusión de confirmar la decisión emitida por el juzgado de primera instancia, se fundamentó en las siguientes consideraciones jurídicas:

    "...

    En cuanto a lo actuado, el 12 de marzo de 2009, se celebró Asamblea Extraordinaria de accionistas en la que se hace un cambio de Junta Directiva de la Sociedad denominada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., teniendo un mes y días de fallecido el señor F.M.Á. (q.e.p.d.), quien era suscriptor y accionista; acta que se elevó a escritura pública N°4850 en la Notaria (sic) Segunda del Circuito de Panamá (fs. 15).

    Esa situación, motivó a los actuales demandantes a solicitar la nulidad de la resolución adoptada mediante la mencionada acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas y que se ordene al Registro Público la cancelación de su respectiva escritura.

    El juzgador del conocimiento, accedió a esas pretensiones y al motivar su decisión consideró que la parte demandada con sus pruebas, no logró destruir las aportadas por el demandante, ni los hechos afirmados en la demanda, y al encontrarse la sociedad en una situación tan irregular debido a la desaparición física de uno de lo (sic) accionistas.

    A propósito de lo anterior, el tribunal advierte que a partir del artículo 40 de la ley 32 de 1927, donde aparecen expresamente señaladas las pautas que obligatoriamente deben seguirse para la realización de las reuniones o asambleas de accionistas de las sociedades anónimas legítimamente constituidas y en funcionamiento.

    La iniciativa del apelante comprende aspectos sobre infracción a claros preceptos legales sobre la materia, que el a quo dejó de considerar en la decisión que se impugna.

    Con relación a lo anterior, el tribunal comparte el criterio señalado del juzgador a quo en el sentido de que se ha incurrido en serias irregularidades en lo que respecta a la realización de una reunión de cambio de Junta de Accionistas, ya que para esa fecha ya había fallecido el señor F.M.Á. (q.e.p.d.), siendo este uno de los aspectos mas (sic) importantes que fue debidamente acreditado por la parte demandante, esta colegiatura considera acertado lo vertido por el a quo en cuanto a que los registros de Acta de la Junta de accionistas contiene graves vicios de nulidad...

    ...

    En consecuencia, el tribunal de alzada debe concluir que le asiste razón al señor J. del conocimiento en sus consideraciones jurídicas vertidas en el fallo de primera instancia, motivo por el cual esta Sede Colegiada debe proceder a la confirmación del mismo, y así se declara.

    ..." (fs. 107-109)

    Como se desprende del extracto de la sentencia de segunda instancia previamente transcrita, el Tribunal Ad quem para confirmar la decisión del juez de primer grado expresó, que a través de la reunión de 12 de marzo de 2009 se hace un cambio de la junta directiva de la sociedad CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., teniendo un mes y días de fallecido el señor F.M.Á. (Q.E.P.D.), quien era suscriptor y accionista de dicha sociedad, acta que fue elevada a Escritura Pública, según consta a foja 15 del expediente.

    Asimismo, el Ad quem advierte que el juez de la causa accedió a la pretensión de nulidad del acta de la reunión de asamblea extraordinaria de accionistas solicitada por los demandantes, tomando en cuenta que la sociedad demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., no logró desvirtuar con sus pruebas las aportadas por la parte actora y porque dicha sociedad había incurrido en una serie de irregularidades respecto a la celebración de una reunión del cambio de su junta directiva, siendo, la más importante de ellas, la desaparición física de uno de sus accionistas, hecho que quedó debidamente acreditado por los impugnantes, por lo que consideró acertado el criterio vertido por el Tribunal Ad quo, en cuanto a que el acta de la reunión extraordinaria de junta de accionistas contiene graves vicios de nulidad.

    Esta decisión es cuestionada por la parte demandada, en el sentido que le atribuye al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial haber infringido, en forma directa por comisión, el artículo 20 de la Ley No. 32 de 26 de febrero de 1927 y el artículo 418 del Código de Comercio, cuyos textos legales señalan, respectivamente, lo siguiente:

    Ley No. 32 de 26 de febrero de 1927

    "Artículo 20. La sociedad tendrá facultad para crear y emitir una u más clases de acciones, con las designaciones, preferencias, privilegios, facultad de voto, restricciones o requisitos y otros derechos que su pacto social determine, y con sujeción a los derechos de redención que se haya reservado la sociedad en el pacto social.

    El pacto social podrá disponer que las acciones de una clase sean convertibles en acciones de otra u otras clases."

    Código de Comercio

    Artículo 418. Todo accionista tendrá derecho a protestar contra los acuerdos de la Junta General de Accionistas tomados en oposición a la Ley, al Pacto Social o los Estatutos, pudiendo, dentro del término fatal de treinta (30) días, demandar la nulidad ante el J. competente quien, si lo considera de urgencia, podrá suspender la ejecución de lo acordado hasta que quede resuelta la demanda. En ningún caso se procederá a dicha suspensión si el accionista al demandar escoge la vía ordinaria.

    Explica la Recurrente que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial infringió el contenido de las normas legales antes descritas, desde el momento que estimó que la sociedad demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., había emitido acciones a nombre del causante de los demandantes, reconociéndoles legitimación activa para demandar la nulidad del acta de reunión extraordinaria de accionistas, sin tomar en cuenta que en las constancias procesales no reposaba el certificado de acciones, como prueba idónea que acreditara que el difunto F.M.Á. (Q.E.P.D.) tenía la calidad de accionista de dicha sociedad, por lo que, entonces, mal podía el Ad quem haber deducido esa condición del derecho a suscribir acciones en el pacto social constitutivo de la sociedad, accediendo a las pretensiones de los demandantes.

    Luego de examinar el cargo que fundamenta el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba y de confrontarlo con la resolución objeto de casación, la S. constata que, efectivamente, el Tribunal de segunda instancia dio por acreditada la legitimación activa de los demandantes F.M.S., B.M.S. y M.M.S. para reclamar la nulidad del acta de la reunión extraordinaria de accionistas celebrada el día 12 de marzo de 2009, visible a foja 16 del expediente. Sin embargo, la S. debe advertir, que el Tribunal Ad quem para reconocer la legitimidad de los demandantes no se valió de la prueba consistente en el certificado de acciones del causante F.M.Á. (Q.E.P.D.), como alega la Recurrente, porque dicho documento no fue incorporado al proceso sumario de nulidad que nos ocupa.

    Dicho esto, se hace necesario, entonces, traer a colación las consideraciones jurídicas que, sobre el tema de la legitimación activa de los demandantes, el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, dejó plasmado en la Sentencia No.13 de diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018), sobre el derecho de la parte actora para impugnar el acta de reunión de junta de accionistas, tomando en cuenta que el Tribunal A quem al proferir la resolución que ahora se impugna en casación confirmó de manera íntegra la decisión primaria, que decreta la nulidad de la referida acta, por medio de la cual se cambia la junta directiva de la sociedad demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S. Así tenemos que, al examinar los hechos en que se ciñe el presente proceso sumario de nulidad, el juzgado primario, en su decisión, consideró los siguientes aspectos:

    "...

    El hecho primero se encuentra acreditado parcialmente, con el certificado de defunción del finado señor F.M.A. (Q.E.P.D.), que obra en documento original a folios 18. De la condición de suscriptor que ostentaba el prenombrado señor en la sociedad demandada, consta en el certificado de dicha sociedad que obra a folios 17, y en el historial de la sociedad que obra a folios 185-186, en la cual se advierte que F.M.A. (Q.E.P.D.) es suscriptor. En el pacto social de la sociedad demandada CORPORACION AGROPECUARIA LA FORESTA, S., que obra de folios 7 a 12, también funge el señor F.M.A. (Q.E.P.D.) como D.P. de esta sociedad. Al final del pacto social tanto F.M.A. (Q.E.P.D.) como M.L.B. han convenido en suscribir una acción de dicha sociedad cada uno. No obstante no está acreditado debidamente en el infolio el status de accionista de cada una de estas personas,...Por tanto este hecho se encuentra parcialmente probado.

    Los enunciados hechos segundo y tercero, se encuentra (sic) acreditados con la fotocopia de la Escritura Pública N° 4850 del veinte -20- de marzo de dos mil nueve -2009-, documento que obra en el proceso con conocimiento de la contraparte y sin tacha debidamente formulada, en ese instrumento público se ha protocolizado la reunión extraordinaria de Junta de accionistas que se menciona en este hecho, y que motiva las declaraciones pretendidas en la demanda. Se trata de hechos probados (fs. 15-16) (sic)

    El sexto hecho se advierte en el contenido del Acta de Reunión de Junta de Accionistas de CORPORACION AGROPECUARIA LA FORESTA, S., examinados en los enunciados segundo y tercer hecho. Son hechos probados.

    El séptimo hecho consta en la mencionada Escritura N° 5827 del veinticinco -25- de junio de mil novecientos noventa y ocho -1998-, de la Notaría Octava del Circuito Notarial de Panamá, que obra en fotocopias a folios 8-13, y por la cual fue protocolizado el pacto social que da origen a la sociedad demandada CORPORACION AGROPECUARIA LA FORESTA, S. (fs.8-13). Es un hecho probado.

    El décimo hecho se advierte en las fotocopias autenticadas del proceso de sucesión intestada del señor F.M.A. (Q.E.P.D.), proceso que adelanta el Juzgado Tercero de este Circuito Judicial. Este es un hecho plenamente probado (fs. 230-958).

    ...

    Entrando en esta materia, hay que detenerse en la oposición a la pretensión, que de acuerdo a lo expuesto por la parte demandada carece de fundamento, "...porque de conformidad al artículo 418 del Código de Comercio, establece que son los accionistas los que tienen el derecho a protestar contra los acuerdos de la Junta General de Accionistas de dicha sociedad. En primer lugar, los supuestos demandantes no son accionistas, ni forman parte de la Junta Directiva de CORPORACION AGROPECUARIA LA FORESTA, S.

    Estas mismas aseveraciones se repiten en el contenido de los hechos enunciados como primero y octavo, en el sentido de descartar a el (sic) finado F.M.A. como accionista de la sociedad demandada. Ninguno de esos hechos ha sido demostrado como existentes y verdaderos. Hay evidencia documentada y conforme al pacto social que tanto la licenciada M.L.B., como el señor F.M.A., convenían en tomar una acción cada uno.

    ...

    Pero también es cierto, como resultado del proceso, que la demandada M.L.B., la única prueba de que dispone para acreditarse como accionista de la sociedad demandada, es la misma que existe a favor de F.M.A., y que consiste en el convenio asumido en la parte final del pacto social.

    Por otro lado hecho procesalmente cierto, es que no se ha exhibido, ni certificado de acciones ni constancias en libro de accionistas, que revelen al Tribunal, el número de acciones emitidas, sus valores, ni su liberación ni pago, y mucho menos quienes fungen como los adquirentes de dichas acciones y desde que fecha.

    De tal manera que para desconocer la condición de accionista en F.M.A., habría igualmente que desconocer tal condición en M.L.B., porque su participación en la sociedad tiene la misma base. Así entonces, es preferible seguir aceptando que ambos son los únicos titulares de acciones de dicha sociedad, y ante el hecho cierto, conocido y comprobado de la defunción del señor F.M.A., todos sus herederos, tendrán Derecho en su participación accionaria en la sociedad, al ser parte del patrimonio del finado.

    La participación del causante, en la sociedad mercantil, concebida para obtener lucro mediante ganancias de dicha sociedad, pasan (sic) a formar parte del activo patrimonial de la sucesión, siendo así, les asiste el Derecho a todos los herederos de F.M.A. (Q.E.P.D.), a sucederle en esa sociedad, en proporción a su participación según las acciones.

    Reconociendo la existencia de ese Derecho herencial, les asiste el Derecho contemplado en el artículo 270 del Código de Comercio tanto para el socio como para sus herederos.

    En esa misma dirección, al tener el Derecho de exigir la rendición de cuentas, tienen el derecho de ejecutar todas las acciones pertinentes que podría ejercer el socio, en defensa de sus intereses dentro de la sociedad, tal como ocurre en esta causa en la que se pretende la conservación de la participación del socio F.M.A. (Q.E.P.D.), para lo cual se ha pedido la nulidad de los actos realizados contraviniendo los postulados de los Estatutos de la sociedad y la ley de sociedades anónimas.

    En el curso del proceso, la sociedad demandada no ha demostrado haber cumplido los presupuestos de la ley de sociedades anónimas, ni de los estatutos de la sociedad, para convocar y celebrar la Junta de Accionistas, contenida en la Escritura N° 4850 del veinte -20- de marzo de dos mil nueve -2009- mediante la cual se modificó la Junta Directiva de CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S.

    ..." (fs. 969-977) (Lo resaltado es de la S.)

    Como se desprende de las apreciaciones que realizó la sentencia primaria transcrita, el señor F.M.Á. (Q.E.P.D.) al momento de la celebración de la reunión extraordinaria de junta de accionistas de la sociedad CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., ya había fallecido, hecho que ha quedado acreditado con el certificado de defunción visible a foja 18 del expediente.

    Asimismo, se indica que, conforme consta en la Escritura Pública No. 5827 de 25 de junio de 1998 visible a foja 7, y en el contrato de la sociedad anónima, que reposa de fojas 8 a 12 del expediente, el causante F.M.Á. (Q.E.P.D.) es suscriptor del pacto social de dicha sociedad, ejerciendo los cargos de D.P. y R.L., según quedó acreditado en la certificación del Registro Público de Panamá, visible de fojas 185 a 186.

    Que en la constitución del pacto social de la sociedad demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., se desprende que el causante F.M.Á. (Q.E.P.D.) y la señora M.D.C.L.B., aparecen como suscriptores y únicos accionistas, conviniendo, al momento de suscribir dicho pacto social, en tomar cada uno, una acción.

    Asimismo, se deja acreditado en la sentencia primaria que los señores F.M.S., B.M.S. y M.M.S., en su condición de hijos del causante F.M.Á. (Q.E.P.D.), son herederos declarados de la sucesión ab-intestato del finado, tal como se evidencia del Auto No. 668 de tres (3) de junio de dos mil nueve (2009), proferido por el Juzgado Quinto del Circuito Judicial de Chiriquí (fs. 5-6), así como de las copias autenticadas del proceso sucesorio que adelanta el Juzgado Tercero del CircuitoJudicial de Chiriquí, Ramo Civil, visibles de fojas 230 a 958 del expediente.

    Ahora bien, ante los hechos descritos y teniendo en cuenta que la "legitimación en la causa en su forma activa o pasiva", es la condición que debe tener una persona determinada, por disposición de la Ley, para que le asista la facultad de ejercer una pretensión u oponerse a ella, es por lo que, esta S. Civil, llega a la misma conclusión, que los juzgadores de primera y segunda instancia, en el sentido que los demandantes F.M.S., B.M.S. y M.M.S., han demostrado de manera indubitable dicha circunstancia, encontrándose plenamente legitimados por su condición de hijos y herederos declarados de la sucesión ab-intestato del causante F.M. ÁBREGO (Q.E.P.D.) para impugnar a través del presente proceso sumario, la nulidad del acta de reunión extraordinaria de junta de accionistas de la sociedad demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., celebrada el día 12 de marzo de 2009 (fs. 15-16), en virtud, precisamente, de ese derecho que les asiste, de sucederle al causante en dicha sociedad, en proporción a su participación según las acciones, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1588 del Código Judicial, norma legal que los faculta a proponer todas las acciones que tuviere el causante, en este caso, del señor F.M.Á. (Q.E.P.D.) para la protección de los bienes que le pertenecen, así como en atención a lo establecido en el último párrafo del artículo 270 del Código de Comercio.

    Asimismo, resulta oportuno señalar, que el artículo 1143 del Código Judicial, en materia de nulidades, no es restrictivo, cuando plantea la posibilidad que la nulidad pueda ser promovida "por todo el que tenga interés en ello", cuando la misma aparezca manifiesta, en cualquier acto o contrato, por lo que, en el caso que se examina, no es necesario que los demandantes sean accionistas o propietarios de las acciones de la sociedad demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., resultando así, legitima su pretensión para solicitar la anulación de un acuerdo societario adoptado en contravención a la Ley, al Pacto Social o los Estatutos.

    Por lo anterior, la S. es del criterio, que no le asiste razón a la sociedad recurrente, en cuanto a que se infringió de forma directa por comisión, el contenido de los artículos 418 del Código de Comercio y 20 de la Ley No. 32 de 26 de febrero de 1927, toda vez que, como lo ha dejado expuesto la sentencia primaria, que fuera confirmada en segunda instancia, queda demostrado que los demandantes si gozan de legitimidad activa para impugnar los acuerdos adoptados por la junta de accionistas de la sociedad demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., el día 12 de marzo de 2009, al ser declarados herederos de la sucesión ab-intestato del finado F.M.Á. (Q.E.P.D.), pudiendo ejercer así, los derechos propios del causante, haciendo la salvedad, que ante el fallecimiento de uno de los accionistas de la sociedad, a la Junta de Accionistas le estaba vedado adoptar acuerdos válidos.

    Además, en la reunión extraordinaria de la junta de accionistas de la sociedad demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S. realizada el 12 de marzo de 2009 que reposa de fojas 15 a 16 del expediente, no queda justificado el porqué de la presencia de la señora M.D.C.L.B., quien actuó en funciones de Presidenta Ad-hoc y Secretaria, respectivamente, de la referida sociedad, en ausencia de su titular, tal como se desprende del contrato de sociedad anónima constitutivo de la misma, visible de fojas 8 a 12, ni se acredita la presencia del quórum reglamentario para la realización de dicha junta extraordinaria de accionistas, así como tampoco existe constancia de aviso previo y de su publicación en un diario de circulación nacional, o de invitación alguna para la reunión que se elevó a la Escritura Pública No. 4850 del 20 de marzo de 2009, como se estipula en el Pacto Social y los Estatutos de la sociedad (f. 10) y como lo exigen los artículos 40 y 42 de la Ley sobre sociedades anónimas.

    De manera que, al no estar acreditadas ninguna de las circunstancias expuestas en el párrafo anterior, la S. estima que las mismas afectan la validez de la reunión celebrada y de las decisiones aprobadas en ella, más aún, sin la comparecencia y participación de los demandantes-herederos declarados del señor F.M.Á. (Q.E.P.D.), tomando en consideración, que al momento de su desaparición física, el causante era quien ostentaba los cargos de D.P. y R.L. de la sociedad demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S. lo que conlleva, que la reunión celebrada sea un acto simulado, carente no solo del cumplimiento de los requerimientos necesarios para la validez de la junta de accionistas, como bien lo dejaron expresado los tribunales de primera y segunda instancia, sino, también, por su falta de acreditación de las condiciones esenciales para su formación y existencia o de alguna formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos, lo que trae, como consecuencia, que el acta protocolizada mediante Escritura Pública No. 4850 de 20 de marzo de 2009, expedida por la Notaría Pública Segunda del Circuito de Panamá, visible de fojas 15 a 16 del expediente, sea nula de nulidad absoluta, conforme lo establecen los numerales 1 y 2 del artículo 1141 del Código Civil.

    Como fundamento a lo antes expresado, traemos a colación, un extracto de la Sentencia de doce (12) de diciembre de dos mil siete (2007), emitida por esta S. de lo Civil, que en su parte pertinente, dejó sentado el siguiente criterio:

    "...

    Empero, las evidencias expuestas determinan que, más allá del cumplimiento de las formalidades referidas, es decir, en cuanto a la validez de fondo del acto mismo, esa Asamblea Extraordinaria de Accionistas no contiene los elementos necesarios para acreditar su validez y existencia, por lo que esta S. de la Corte Suprema de Justicia concluye que le asiste la razón a la demandante, en el sentido de que la Reunión recogida en el Acta de la Junta General de Accionistas calendada 11 de abril de 1997, protocolizada mediante Escritura Pública Nº 7120 de 24 de junio de 1997 es nula de nulidad absoluta pero ya no por el cumplimiento o no de los requisitos de forma para la celebración de la reunión de accionistas como lo analizaron las instancias anteriores, sino por el incumplimiento de requisitos o condiciones para su validez en atención a su naturaleza conforme a lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 1141 del Código Civil, que señalan:

    Artículo 1141. Hay nulidad absoluta en los actos o contratos:

    1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia;

    2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene;

    3...

    ...

    Por lo anterior, reitera la S., que era imprescindible el requisito de la comparecencia de los demandantes en la celebración de la reunión de junta de accionistas, dada su legitimidad comprobada para participar en la misma, como herederos declarados del causante F.M.Á. (Q.E.P.D.), sin necesidad que los mismos fueran accionistas de la sociedad demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., tomando en cuenta las circunstancias y las irregularidades que rodearon a dicha reunión, siendo su incumplimiento, pues, un acto contrario a la Ley, el Pacto Social y los Estatutos.

    Con base en el análisis previamente expuesto, la S. puede concluir, que la decisión confirmatoria adoptada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en la Resolución de treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019), fue dictada conforme a derecho, quedando en evidencia pues, que las irregularidades con la que actuó, en su momento, la P. Ad hoc y Secretaria de la sociedad demandada CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S., al realizar la reunión extraordinaria de junta de accionistas, en ausencia de su titular, F.M.Á. (Q.E.P.D.) y de quienes por Ley estaban legitimados para ser convocados y tener participación, como en este caso, son los demandantes F.M.S., B.M.S. y M.M.S., herederos declarados del causante, tomando en cuenta que se hacía un cambio de nuevos directores de la junta directiva de dicha sociedad, razón por la que, a juicio de esta Superioridad, se constituyen en actos que producen la nulidad absoluta del acta de reunión extraordinaria de junta de accionistas celebrada el día 12 de marzo de 2009, protocolizada mediante la Escritura Pública No. 4850 de 20 de marzo de 2009, expedida por la Notaría Pública Segunda del Circuito de Panamá.

    En consecuencia, la S. estima que al no existir los méritos para Casar la sentencia de segunda instancia impugnada, con base a los cargos de injuridicidad expuestos en el único motivo que sustenta la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba, objeto del presente recurso de casación, es por lo que tampoco se producen las alegadas violaciones a los artículos 780 del Código Judicial, 20 de la Ley No. 32 de 26 de febrero de 1927 y 418 del Código de Comercio.

    En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia Civil de treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del Proceso Sumario de Nulidad de Acta de Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas que los señores F.M.S., B.M.S. y M.M.S., le siguen a la sociedad CORPORACIÓN AGROPECUARIA LA FORESTA, S.

    Las obligantes costas de casación, se fijan en la suma de MIL BALBOAS 00/100 (B/.1,000.00).

    Notifíquese Y DEVUÉLVASE,

    OLMEDO ARROCHA OSORIO

    HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    LIA M. DEL ROSARIO CLARKE (Secretaria Interina)

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