Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Mayo de 2021

R.R. entabló proceso ordinario en contra de CONSTANTINO PAPASAKELARIOU, VIPCO INVESTMENTS, S.A. y CORPORACIÓN NACAR, S.A., el cual quedó radicado en el Juzgado Decimosexto de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La pretensión reclamada en la demanda, tenía por objeto que la juez de la causa condene a las demandadas a pagarle al actor la suma de B/.1,100,000.00 más intereses vencidos por B/.225,183.95 lo cual suma un total de B/.1,325,183.95 más los intereses que se sigan causando, así como las costas y los gastos que genere el proceso. Como fundamento fáctico de su pretensión, señala el demandante que las partes en el presente proceso han mantenido relaciones comerciales de distinta naturaleza, lo cual ha dado como resultado que los demandados adeuden al demandante la suma demandada en concepto de capital.

Continúa señalando el actor que, en virtud de lo anterior, éste y CONSTANTINO PAPASAKELARIOU, actuando en su propio nombre, y en nombre de las sociedades demandadas, suscribieron el documento denominado "Transacción, Reconocimiento de Deuda y Finiquito con fecha 19 de junio de 2009" mediante el cual las demandadas se obligaban solidariamente a pagar a R.R. la suma de B/.1,200,000.00 pagaderos en abonos parciales.

Concluye el demandante afirmando que los demandados no cumplieron el acuerdo en los términos convenidos.

En sendos libelos de contestación, cada uno de los demandados negó los hechos de la demanda y se opuso a la pretensión ensayada por el actor.

Mediante Sentencia No.43 de 17 de julio de 2017 la juez primaria declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación invocada por VIPCO INVESTMENTS, S.A. y CORPORACIÓN NACAR, S.A., absolviendo a las sociedades demandadas, de la pretensión en su contra, y condenó a CONSTANTINIO PAPASAKELARIOU a pagar a R.R. la suma de B/.1,406,166.67 en concepto de capital e intereses, más las costas del proceso.

La anterior resolución fue apelada por el demandante y por los demandados, y dichas alzadas fueron sustentadas en tiempo oportuno. Con la misma oportunidad se presentaron los correspondientes escritos de oposición.

Mediante Sentencia de 18 de julio de 2019 el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial reformó la sentencia proferida por el a quo, negando la declaratoria de nulidad por ilegitimidad de personería, solicitada por CONSTANTINO PAPASAKELARIOU, declarando no probada la excepción de inexistencia de la obligación alegada por las sociedades demandadas y condenando solidariamente a todos los demandados a pagar al demandante la suma a la cual, en primera instancia, se hubiese condenado sólo a CONSTANTINO PAPASAKELARIOU, más las costas del proceso.

Es contra esta resolución que se interponen los presentes recursos de casación, respecto de los cuales la Sala conoce y se apresta a decidir.

Al respecto, las sociedades recurrentes han interpuesto casación en el fondo, en tanto que CONSTANTINO PAPASAKELARIOU ha interpuesto la casación en la forma y en el fondo.

Procede pues, la Sala, al examen de los respectivos recursos de casación, en el orden en que han sido presentados.

RECURSO DE CASACION DE

CORPORACIÓN NACAR, S.A. Y

CRITERIO DE LA SALA

CORPORACIÓN NACAR, S.A. ha invocado la causal de fondo, en los conceptos de error de hecho sobre la existencia de la prueba, y de violación directa de la norma de derecho, los cuales serán examinados en el orden en que han sido expuestos.

Así, el primer concepto de la causal de fondo, invocada por la recurrente, es la de error de hecho sobre la existencia de la prueba, la cual se sustenta en un único motivo, el cual le endilga a la sentencia recurrida el yerro probatorio consistente en la omisión, en cuanto a su valoración, de la certificación del Registro Público de Panamá, visible al folio 35, el cual acredita la composición de la junta directiva de la sociedad recurrente, así como el directivo que ejercerá la representación de la sociedad.

Según la casacionista, la falta de valoración de dicha pieza documental llevó al Primer Tribunal Superior a reconocer la existencia de una obligación a cargo de CORPORACIÓN NACAR, S.A., con el demandante.

La recurrente estima infringidos los artículos 780, 834 y 836 del Código Judicial, así como los artículos 1100 y 1110 del Código Civil, y el artículo 68 de la Ley 32 de 1927. A continuación, procede la Sala al examen de la pieza probatoria que se estima omitida en cuanto a su valoración y observa, al folio 35 del expediente, la certificación expedida por el Registro Público de Panamá según la cual, la representación de la sociedad será ejercida por el P. y, en su ausencia, por el S., cargos estos que, a la fecha de la referida certificación, a saber, 16 de enero de 2013, recaían en las personas de R.S.C. y de G.E.G.E., respectivamente.

Seguidamente, pasa la Sala a examinar el fallo impugnado, en aras de verificar la falta de ponderación del referido medio de prueba y observa que, en efecto, el Primer Tribunal no hace referencia alguna a dicha probanza.

Sin embargo, un examen más pormenorizado de la resolución que se censura, permite concluir que la falta de valoración de la certificación registral no tuvo incidencia alguna en lo dispositivo de la sentencia recurrida, toda vez que dicho medio de convicción fue expedido, tal como señalara la Sala con anterioridad, el 16 de enero de 2013, en tanto que el acuerdo suscrito entre R.R. y CONSTANTINO PAPASAKELARIOU data del 19 de junio de 2009 y se refiere a relaciones comerciales que tuvieron su génesis en el año 2000 según se desprende del fallo de segunda instancia, consultable, en su parte pertinente, al folio 2079.

Dicho de otra forma, el documento público cuya valoración fue omitida por el Tribunal Superior, sólo acredita la conformación de la junta directiva y la representación de CORPORACIÓN NACAR, S.A. a la fecha de su expedición, mas no acredita quién ejercía la representación de dicha sociedad mercantil a la fecha de la suscripción de la "Transacción, Reconocimiento de Deuda y Finiquito" ni quién o quienes hayan tenido la representación de la sociedad entre el año 2000 y la fecha de suscripción del acuerdo.

En consecuencia, la valoración que hubiese hecho el tribunal de segunda instancia, de dicho medio de convicción, no hubiese tenido incidencia alguna en la decisión proferida por el tribunal de segunda instancia.

Por ende, procede desestimar el primer concepto de la causal de fondo. El segundo concepto de la causal de fondo es el de violación directa de la norma de derecho, la cual se sustenta igualmente en un único motivo, consistente en la supuesta vulneración de la ley de sociedades anónimas, específicamente, de disposiciones relativas a las facultades de la junta directiva, toda vez que es éste el órgano social encargado de la administración y dirección de los negocios de la sociedad y, por ende, el ente facultado para acordar decisiones que comprometan a la sociedad.

La casacionista estima infringidos los artículos 49, 53 y 68 de la Ley 32 de 1927, así como el artículo 417 del Código de Comercio y el artículo 1110 del Código Civil.

A continuación, procede la Sala al examen de la parte pertinente de la sentencia recurrida y observa, a fojas 2078-2079, el criterio del tribunal de apelación, el cual se transcribe a continuación:

"Llama la atención el hecho que CONSTANTINO PAPASAKELARIOU (q.e.p.d.) actuó en este proceso como representante legal de VIPCO INVESTMENT, S.A. (f.18), y que al contestar la demanda, VIPCO INVESTMENT, S.A. no negó que C.P. (q.e.p.d.) podía obligarla en los términos del acuerdo, pero, tampoco lo hizo CORPORACION NACAR, S.A., es decir, ni la una ni la otra califican como ilegítima la actuación de CONSTANTINO PAPASAKELARIOU (q.e.p.d.) en el mismo, o nulo por este motivo ese acuerdo.

A juicio del tribunal, lo dicho en párrafo anterior basta para tener como sustantivamente válido lo actuado por C.P. (q.e.p.d.) en representación de CORPORACION NACAR, S.A. y de VIPCO INVESTMENT, S.A., al celebrar por ellas el tantas veces mencionado acuerdo con R.R., acuerdo que incluye un reconocimiento de deuda, el cual, tal como lo estimó la Juez primaria, es, respecto a dichas sociedades un típico negocio jurídico abstracto, es decir, de aquéllos en que la causa se presume."

Tal como se desprende del extracto transcrito, la sociedad recurrente no expresó reparo alguno respecto de la actuación que ejerciera por...