Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Abril de 2012

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución20 de Abril de 2012
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Corresponde a esta S. Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia resolver el recurso de Casación corregido que formalizó la firma ARIAS, ALEMAN & MORA, apoderada judicial de la parte demandada, contra la resolución de 29 de enero de 2009, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario incoado por A.M. y M.V.B. contra PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A.

ANTECEDENTES DEL CASO

Los señores A.M.M. y M.B.B., a través de apoderado judicial, promovieron demanda ordinaria en la cual solicitaban que PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. sea condenada "a devolver la suma de US$ 30,500.00 que se relacionan con los cinco retiros, que sin autorización y conocimiento de mis poderdantes, realizó una mujer con cédula número 8-320-287 de la Cuenta de Ahorros Primax identificada con el número 31-8-04-03377-6, el día lunes 11 de marzo de 2002, por un monto de US$30,500.00, así como las costas, gastos e intereses que deriven del presente proceso". (f.2)

Los demandantes estiman que el banco demandado actuó de manera negligente, toda vez que dio curso a los retiros de dinero preparados por una persona con distinto número de identificación personal que el mantenido en sus registros.

De la demanda corregida propuesta, se le corrió traslado al Primer Banco del Istmo, S.A., quien negó la pretensión deprecada, manifestando que los retiros efectuados contaban con la debida autorización, cumpliendo con todos los procedimientos.

Después de surtidos los trámites inherentes a este tipo de negocios, el Juzgado Decimocuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Sentencia No.30 de 31 de agosto de 2007, absolvió a la demandada de los cargos formulados, exonerando a los actores del pago de costas.(fs.673-679)

Contra lo resuelto, la parte actora anunció y sustentó oportunamente recurso de apelación.

Luego de evacuados los trámites de alzada, el Tribunal Ad quem, procedió a dictar la resolución de 29 de enero del 2009, que revocó la sentencia apelada, condenando a la demandada al pago de B/.30,500.00, más las costas de ambas instancias que fijó en la suma de B/.7,300.00, y los gastos del proceso.(fs.718-733)

En la sentencia recurrida, el Tribunal Ad quem externó las siguientes consideraciones:

"Luego de consultar la realidad que aflora en autos, este Tribunal coincide con los reparos que le formula la firma forense JIMENEZ-SORIANO & ASOCIADOS a la sentencia de marras y, por ende, disiente con el criterio jurídico que dio pie a la Juez de primera instancia para absolver a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. de los cargos que en su contra le formulan los señores A.M.M. y M.V.B.B..

Lo anterior es así, puesto que de la lectura del Manual de Procedimiento de Sucursales que fuera aportado por la apoderada judicial de PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. en la fase probatoria (visible a fojas 486-489 del expediente) se establece, sin duda alguna, que para que el cajero pueda hacer entrega de cualquier retiro de ahorros debe tener certeza de que la persona que solicita el referido retiro es la dueña de la cuenta o está autorizada por esta última para el retiro correspondiente.

Ahora bien, considera el Tribunal, que dicha certeza de la titularidad del cuentahabiente no puede ser corroborada únicamente con la verificación de la firma que aparece en los sistemas operativos del banco, la firma del formulario de retiro, el slip de retiro debidamente firmado y el documento de identificación personal que presenta la persona que efectúa el retiro, pues, adicional a ello, el cajero para hacer el desembolso solicitado debió tener conocimiento de la información que constaba en la Tarjeta de Firmas que reposa en la sucursal donde se abrió la cuenta de ahorros, en la que constan todas las generales del tarjetahabiente que, en el caso que nos ocupa, es la información completa de la señora M.V.B.B., quien, para ser incluida como tarjeta habiente de la Cuenta de Ahorros Primax N°31-8-04-03375-6, tuvo que presentar su documento de identificación personal, siendo, que para el caso particular y al ser de nacionalidad colombiana presentó el Pasaporte N°24327442.

Sobre el particular, también advierte el Tribunal que los retiros realizados eran por la suma de B/.5,000.00 ó más, lo que le exige al cajero del Banco demandado acudir a un Oficial para que proceda con la verificación de la información correspondiente para proceder al desembolso del retiro peticionado. Esta información fue corroborada por los testimonios de los señores F.A.S. De La Rosa (a fojas 282-292), L. de Fumarola (a fojas 340-344) y A.I.G. de R. (a fojas 351-358).

Frente a lo arriba expresado, advierte esta Superioridad que si para retiros mayores a B/.5,000.00, el Cajero debía acudir a la aprobación de un Oficial para la entrega del dinero solicitado, este último, debía, en principio, hacer una verificación mayor de la documentación aportada con la información completa del tarjetahabiente y no sólo con la firma que aparece en los sistemas operativos del Banco, sino, de nada serviría pasar por un filtro adicional a la del Cajero.

Y es que, evidentemente, esta Colegiatura estima que PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. actuó negligentemente al no realizar las verificaciones correspondientes que le confirmaran, de manera contundente, que la persona que realizó los retiros de la Cuenta de Ahorros Primax N°31-8-04-03377-6 era la señora M.V.B.B., como titular de la cuenta en cuestión, quien, como ha quedado demostrado en el proceso de marras no cuenta con una cédula de identificación personal al no ser panameña.

Adicionalmente, el Tribunal no puede restarle valor al Manual de Procedimiento de Sucursales 'por obsoleto' como lo sostiene la apoderada judicial del Banco demandado en su escrito de oposición a la alzada, pues, tal cual lo sostiene la firma forense recurrente, los modernismos de escannear las firmas en los sistemas operativos del Banco demandado no los exime o releva de revisar la información completa del tarjetahabiente para cualquier transacción, quien, dicho sea de paso, realizó varios retiros en un mismo día, los cuales, cada uno de ellos, superaba los B/.5,000.00, razón por la cual los mecanismos de seguridad debieron haberse reforzado, situación que, evidentemente, no sucedió.

En esa misma línea de pensamiento, observa el Tribunal que el Contrato de Cuenta de Ahorro suscrito por las partes que integran la presente encuesta legal (a fojas 477-478 del infolio) en el último párrafo de la cláusula cuarta establece que: "Toda consecuencia o perjuicio resultante del extravío, hurto, utilización indebida, falsificación o alteración de la firma de EL CLIENTE, recaerá sobre EL CLIENTE. EL BANCO no será responsable, salvo en el caso en que se compruebe culpa grave y únicamente en la proporción en que haya ocurrido el perjuicio'. (El subrayado en nuestro)

Como vemos, de la lectura de la cláusula transcrita se extrae claramente que el Banco responderá únicamente cuando se trate de culpa grave, misma que, nuestro Código Civil, en su artículo 34c define de la siguiente forma: 'Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo'. De allí, entonces, que, tomando en consideración que los operarios del Banco (Cajeros y Oficiales) no hicieron las revisiones correspondientes a la información completa con la finalidad de que se acreditara que la persona que hizo el retiro era efectivamente la señora M.V.B.B., le incumbe al banco demandado, por culpa grave, responsabilidad por los retiros que ascienden a la suma de B/.30,500.00 que fueran pagados a persona distinta de la cuentahabiente con lo cual se le ha ocasionado un perjuicio patrimonial a los señores A.M.M. y M.V.B.B., lo que hace imperativo la revocatoria de la sentencia venida en apelación, a lo que se procede". (fs. 729-732)

RECURSO DE CASACION Y DECISION DE LA SALA

La parte demandada recurrió en Casación invocando "la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida" y "la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

La modalidad de la causal de fondo se sustenta en tres motivos que transcribimos para mejor análisis:

"PRIMERO: La Sentencia de segunda instancia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia ahora impugnada, no tomó en consideración y por ende incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba, al ignorar los Informes Periciales presentados por los señores M.F.G., como Perito del Tribunal y la señora L.M.D.G., como P. de la parte demandada, visibles a fojas 553 a 564 y 565 a 572 respectivamente, del presente expediente, pues de haber tomado en cuenta el resultado de los mismos, hubiese concluido que las firmas que contengan las volantes de retiro utilizadas para retirar fondos de la cuenta de ahorros de los demandantes, fueron realizadas por la propia señora M.V.B., por tanto el banco demandado no pudo a prima facie detectar ninguna irregularidad en tales retiros, pues la firma en cuestión coincidía plenamente con la que aparecía en la pantalla del sistema del banco. El desatender las referidas pruebas influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, pues las mismas demuestras (sic) la autoría de las firmas por parte de la demandante BOTERO.

SEGUNDO

Que la Sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia de fecha 29 de enero de 2009, por medio de la cual revocó la Sentencia No. 30 de 31 de agosto de 2007, proferida por el Juzgado Décimo Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, ignoró el contenido de las copias debidamente autenticadas del expediente penal instruido por razón de la querella presentada por el señor A.M.M. y que rolan de fojas 377 a 473 del expediente, pues de haber tomado en cuenta el mismo al momento de fallar, hubiera determinado del contenido de los Informes Periciales rendidos por los señores M.F.G. y LUIS (sic) MEDINA DE G., que los funcionarios de caja del PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. cumplieron con su obligación de verificar la firma de las respectivas volantes de retiro, al confrontarlas con la cédula de identidad personal presentada por la persona que concurrió a efectuar los retiros y con las firmas aparecidas en la pantalla del sistema, haciendo incluso las verificaciones correspondientes con los oficiales del banco para los casos de retiros superiores a las B/.5,000.00, con lo cual se demuestra que el banco demandado cumplió con las exigencias y trámites establecidos en su manual para este tipo de situaciones. El hecho de que el Tribunal de segundo grado no tomara en consideración al momento de fallar las copias autenticadas del referido expediente penal, influyo sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

TERCERO

Al no tomar en consideración la sentencia impugnada los medios probatorios indicados en los hechos anteriores, no tuvo el J.A. quem la oportunidad de establecer que los cajeros del banco demandado sí cumplieron con su obligación de cerciorarse de la identidad de la persona que realizaba el retiro, lo cual hicieron al confrontan (sic) la firma que aparecía en la volante de depósito con la registrada en su sistema, y con la aparecida en la cédula de identidad personal de aquella persona que se presentó a la ventanilla, determinándose que todas eran coincidentes, lo que evidencia que no se incurrió en culpa grave en el cumplimiento de sus obligaciones, como erradamente lo concluye la resolución recurrida". (fs.764-765)

La impugnadora estima que la resolución de segunda instancia infringió los artículos 780, 833 y 966 del Código Judicial, más el artículo 974 del Código Civil.

En primer término, es del caso acotar que la modalidad de error de hecho sobre la existencia de la prueba ocurre, bajo el supuesto que formula la recurrente, cuando el sentenciador ignora, pasa por alto, un medio probatorio específico, siendo esta omisión trascendental en la decisión, puesto que de haberse tomado en cuenta la prueba pretermitida, la sentencia hubiese concluido de otra manera.

Con lo expuesto, para el caso del concepto probatorio de la causal de fondo invocado, debe tenerse presente que convergen dos elementos fundamentales para su procedencia: que el medio de prueba sea ignorado en la sentencia, y que su omisión afecte sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Una vez escrutados los cargos que soportan la modalidad de error de hecho sobre la existencia de la prueba, esta Superioridad es de la opinión que no le asiste la razón a la recurrente, a pesar de que es cierto que el Tribunal Superior ignoró los medios probatorios detallados, debido a que su omisión no influyó en lo decidido por la sentencia impugnada.

La razón por la que el Tribunal de segunda instancia condenó a la demandada fue por estimar que había sido negligente al no verificar la identificación de sus clientes (los demandantes) a través de la comprobación del número de identidad personal con el que poseía en sus registros, y no por omitir verificar que las firmas que contenían las volantes de retiro utilizadas para retirar fondos de la cuenta de ahorros de los demandantes, fueron realizadas por la propia señora M.V.B., cargo que soporta el primer motivo.

Asimismo, el examen del expediente penal demuestra el error en la consideración del banco demandado al estimar que con sólo verificar la firma de las respectivas volantes de retiro, confrontarlas con la firma de la cédula de identidad personal presentada por la persona que concurrió a efectuar los retiros y con las firmas aparecidas en la pantalla del sistema, haciendo incluso las verificaciones correspondientes con los oficiales del banco para los casos de retiros superiores a las B/.5,000.00, cumplió con las exigencias de diligencia de "manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios".

Si examinamos el contrato de cuenta de ahorro, aportado como prueba por la parte demandada y visible a fojas 477-478, apreciaremos que en la cláusula cuarta se establece con claridad que "Todos los retiros de dinero serán hechos por EL CLIENTE personalmente, por medio de su orden escrita en los formularios que EL BANCO le suministrará a solicitud suya o a través de medios electrónicos utilizando los sistemas de TELECENTRO, banistmo.com o cualquier otro sistema que en el futuro ponga EL BANCO. EL CLIENTE se obliga para con EL BANCO a firmar los retiros, órdenes, autorizaciones e instrucciones de todo tipo relacionado con esta cuenta, con su firma autógrafa idéntica a la registrada en los libros del banco y a indicar con claridad el número de la cuenta". (f. 477 y reverso)

Por lo expuesto, la Sala es del criterio que la obligación del banco es verificar que atiende la orden de su cliente, el cual no solo se identifica con su firma, sino con su número de cédula, si es nacional, o con sú número de pasaporte, si es extranjero, documentación que siempre requiere el banco previo a la apertura de una cuenta de ahorros, como lo es el caso que nos ocupa.

Por consiguiente, esta Superioridad considera que la omisión de los Informes Periciales presentados por los señores M.F.G., como Perito del Tribunal y la señora L.M.D.G., como P. de la parte demandada, visibles a fojas 553 a 564 y 565 a 572 respectivamente, así como de las copias debidamente autenticadas del expediente penal instruido por razón de la querella presentada por el señor A.M.M. y que rolan de fojas 377 a 473 del expediente, no influyó en lo dispositivo de lo resuelto, puesto que el análisis del Tribunal Superior no gravitaba sobre la verificación de las firmas, sino sobre la comprobación de la identidad de la persona que efectuó el retiro, lo cual se apreciaba confrontando el número de cédula o de pasaporte de la persona que retiró el dinero, con la información que poseía el banco de su cliente.

Si el banco hubiese sido diligente en su actuar, se hubiese percatado que su cliente no era de nacionalidad panameña, y que la plena identificación de la persona que retiraba el dinero, procedía al mostrarle su pasaporte, con lo cual hubiese podido confrontar tanto la firma del cliente como su número de identificación.

En virtud de ello, se descartan los cargos que sustentan la modalidad de error de hecho sobre la existencia de la prueba, así como las presuntas vulneraciones a los artículos 780, 833 y 966 del Código Judicial, más el artículo 974 del Código Civil.

La segunda modalidad de la causal de fondo, es decir, "la infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", se fundamenta en tres motivos que exponen lo siguiente:

"PRIMERO: El Primer Tribunal Superior de Justicia en su sentencia recurrida, incurrió en error de derecho al apreciar las pruebas testimoniales de los señores F.S. DE LA ROSA (fs. 282 a 292); J.I.B.D.V. (fs. 293 a 298); C.F. MONTERREY DE LEON (fs. 299 a 304); LOURDES DE FUMAROLA (fs.340 a 344); A.I.G.D.R. (fs. 350 a 358) y AVELINA DE LAS M.V.V. (fs. 359 a 366) del expediente, ya que de haberse apreciado en su justa dimensión, hubiera concluido el Ad-quem que los funcionarios del PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. cumplieron con los procedimientos y tramites regulares para efectuar el pago de los retiros presentados. Al valorar equivocadamente las pruebas testimoniales, la sentencia recurrida también señala que el cajero debió acudir a un Oficial para proceder a la verificación del retiro, por tratarse en su mayor (sic) de sumas superiores a los B/.5,000.00, situación que también fue cumplida y establecida en los testimonios antes citados, motivo por el cual es evidente que la parte demandada no incurrió como erradamente le atribuye el Tribunal Superior, en una culpa grave, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

SEGUNDO

La resolución de segunda instancia, incurre igualmente en error de derecho en cuanto a la valoración de la prueba, cuando al justipreciar el Manual de Procedimiento de Sucursales del PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. (fs. 486 a 489), concluye que el mismo fue incumplido por los cajeros de la entidad bancaria en comento, toda vez que señala que los mismos debieron tener certeza de la identidad de la persona que solicita el retiro de la cuenta es dueña de la cuenta o está autorizada por esta última para el retiro correspondiente, señalando que para tener dicha certeza el cajero debió tener conocimiento de la información que constaba en la Tarjeta de Firmas que reposa en la sucursal donde se abrió la cuenta, cuando lo que correspondía era verificar la firma de la volante contra la firma que aparece en la cédula, extremos que fueron cumplidos por todos los cajeros del PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A., habiendo influido este error en lo dispositivo de la resolución recurrida.

TERCERO

La Sentencia de segundo grado emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, al revocar la decisión de primer grado en el sentido de señalar que la parte demandada incurrió en culpa grave en el cumplimiento de sus obligaciones como custodio de los fondos de los demandantes, siendo este género de culpa en materia civil equivalente al dolo, incurre en violación del precepto legal sustantivo al imponer a nuestra mandante la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados, cuando es claro que la misma no incurrió en culpa o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones". (fs. 768-769)

La recurrente señala como disposiciones infringidas los artículos 781, 917 y 885 del Código Judicial, más el artículo 974 del Código Civil.

Esta Superioridad desea señalar que la infracción de normas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, se produce cuando el sentenciador toma en cuenta el medio probatorio, lo analiza, sin embargo, le brinda un valor que por Ley no le corresponde.

Al respecto, esta Superioridad debe destacar que, distinto a lo expuesto por la recurrente, los testimonios J.I.B.D.V. (fs. 293 a 298), C.F. MONTERREY DE LEON (fs. 299 a 304) y AVELINA DE LAS M.V.V. (fs. 359 a 366) no fueron examinados en la sentencia de segunda instancia, razón por la cual no puede producirse, sobre estas declaraciones, una infracción en concepto de error de derecho en cuanto a su apreciación.

Aclarado lo anterior, esta Corporación reconoce que los testimonios de F.S. DE LA ROSA (fs. 282 a 292), LOURDES DE FUMAROLA (fs.340 a 344) y A.I.G.D.R. (fs. 350 a 358) son contestes en señalar que el banco cumplió con el proceso de verificación de la firma de la persona que solicitó el retiro con la firma de la volante.

No obstante, los testigos no exponen que la verificación de la persona que se apersonó a retirar el dinero de la cuenta, efectivamente era el cliente del banco, o la persona autorizada por éste para efectuar retiros, previa identificación por su número de cédula de identidad personal, si es nacional, o por su pasaporte, si es extranjero, con la información que reposaba en sus registros, ya que es ésta la razón que fundamenta la decisión del Ad quem.

De igual forma, la Sala considera que no hubo un error en la apreciación del Manual de Procedimientos porque la certeza de que la identidad de la persona que solicita el retiro de la cuenta es la dueña de la cuenta o está autorizada por esta última para el retiro correspondiente, se obtiene no sólo con la verificación de su firma, sino con la confrontación del número de cédula de identidad personal, si es nacional, o de su pasaporte, si es extranjero, con la información que reposa en los registros del banco.

Avalar el argumento del banco demandado, es permitir que un familiar de un cuentahabiente, con el mismo nombre y con trazos de firma similares o idénticas al titular de la cuenta, pueda efectuar retiros de la cuenta de la cual no es dueño, vulnerando la razón primordial por la cual una persona deposita sus ahorros en una entidad bancaria: por la seguridad y confianza que brinda el banco sobre el manejo de los fondos de sus cuentahabientes.

Por tal razón, esta Superioridad comparte el criterio del Tribunal Ad quem en el sentido de considerar que el banco fue negligente en su actuar al no percatarse que la persona que se presentó a retirar los fondos de la cuenta de Ahorros Primax identificada con el número 31-8-04-03377-6, con el número de cédula "8-320-287", no correspondía a la señora M.V.B.B., mujer de nacionalidad colombiana, con pasaporte N°24327442, persona autorizada para el retiro.

En consecuencia, esta Corporación descarta los cargos que fundamentan la infracción de normas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, así como deben desecharse las presuntas infracciones de los artículos 781, 917 y 885 del Código Judicial, más el artículo 974 del Código Civil.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución de 29 de enero de 2009, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario incoado por A.M. y M.V.B. contra PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A.

La condena en costas contra la recurrente se fija en la suma de MIL DOSCIENTOS (B/.1,200.00).

N.,

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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