Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), Sala 1ª de lo Civil, 23 de Noviembre de 2007

PonenteJosé A. Troyano
Fecha de Resolución23 de Noviembre de 2007
EmisorSala Primera de lo Civil

VISTOS:

Mediante la resolución de 27 de septiembre de 2005, esta S. admitió el recurso de casación en el fondo promovido por el doctor J.F.P., en su condición de apoderado judicial de SANDRIA ELVIRA POWELL DE SANTIAGO, D.G.S.Y.E.A.P.G., contra la resolución de 6 de agosto de 2004, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario que le siguen los recurrentes a J.D.I.R..

Agotada la fase de admisibilidad del recurso y finalizada la etapa de alegatos, la cual fue aprovechada sólo por la parte opositora, procede la Sala a decidir el mérito del mismo, previas las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES

SANDRIA E.P. DE SANTIAGO, D.G.S. y ELOUISA ANITA POWELL GRANT, presentaron demanda ordinaria contra JULIO D.I.R., para que previos los trámites correspondientes, sea condenado al pago de B/.30.000.00 en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados con la compraventa de la Finca 142311, inscrita al Rollo 17299, Código 8601, Documento 7, Asiento 1, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público, celebrada mediante Escritura Pública No. 2742 de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá.

Los hechos controvertidos por los cuales los actores solicitan la indemnización de daños y perjuicios por la compraventa mencionada, radican en los siguientes puntos:

  1. Los actores le compraron al demandado la finca en cuestión debido a un anuncio de prensa escrita en el que se ofertaba una "finca con agua".

  2. El precio acordado y pagado por la compraventa fue la suma de B/.40.000.00, pero en la Escritura Pública No. 2742de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, de 24 de marzo de 1995, se estableció un precio menor.

  3. Que el plano utilizado para la Escritura Pública mencionada, no contaba con la aprobación del Instituto de Recursos Naturales Renovables (IRENARE), y que en dicho plano muestra entre los puntos 7 y 8 con rumbo noreste una quebrada con agua, que en realidad es un ojo de agua.

  4. Una vez adquirida la propiedad, los demandantes mandaron hacer el diseño para construir una casa en la parte más alta de la finca, debido a que desde esa posición se divisa el Distrito de La Chorrera, pero dicha construcción no se pudo realizar debido a regulaciones del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), ya que no podían pasarse tendidos aéreos, la distancia del transformador eléctrico a la parte más alta de la finca era de casi 500 metros y dado que el tendido había que hacerse subterráneamente a un costo de instalación de B/.15.000.00.

  5. Las partes acordaron verbalmente firmar un contrato para instalar energía eléctrica por la suma de B/. 13.000.00 con la compañía PANAMÁ ELECTRIC, es decir B/.6,500.00 cada parte y, al momento de firmar, el señor J.D.I.R. se negó a dicho acuerdo lo que incrementó el costo de la obra en B/. 7,500.00, a los demandantes.

  6. El demandado le recomendó a los demandantes que la finca era apta para la reforestación de caoba africana y que el Estado tenía programas gratuitos para ello sin embargo, al año siguiente los demandantes se enteraron que el proyecto no se podía realizar debido al tendido eléctrico del IRHE, que pasa aéreamente por el lugar.

  7. Los demandantes descubrieron en 1997 que entre los mojones 6 y 7 mediaba una distancia muy corta y no estaban de los mojones 8 en adelante.

  8. Los demandantes tienen un conflicto con el plano utilizado en la compraventa, debido a que marca una servidumbre del centro de la carretera a los límites de la finca de 10 mts., y la medida real es de 20 mts.; adicional de una serie de controversias con los linderos de las fincas colindantes.

La indemnización por los daños y perjuicios debido a los hechos descritos, se desglosa en la demanda de la siguiente manera:

"DECIMO CUARTO (sic): que nuestro mandante por todos los perjuicios y daños causados han incurrido en los siguientes costos legales, materiales y perjuicios emergentes y morales:

Año 1997 ................. B/.3,943.00

Año 1998 ................. 1,223.62

Año 1999 ................. 7,356.20

Gastos Teléfono ........ 78.52

Contrato Eléctrico ..... 1,000.00

Costos Planos ............ 1,000.00

Daños/Lucro Cesantes (sic)

Reforestación .......... 6,389.66

Daño Moral ............... 9,000.00

TOTAL..............B/.30.000.00"

(F.8 reverso)

El proceso ordinario de mayor cuantía quedó radicado en el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Tercer Circuito Judicial de Panamá, con sede en La Chorrera, donde previos los trámites correspondientes, se dictó la sentencia fechada 6 de febrero de 2004, en la que se condenó al demandado JULIO D.I.R. a pagarle sólo a la demandante SANDRIA ELVIRA POWELL DE SANTIAGO ya que no se acreditó la relación contractual con los otros dos demandantes, la suma de B/.15,000.00 en concepto de indemnización por daños y perjuicios causados en la relación contractual; y en B/. 3,750.00 en concepto de costas.

La sentencia antes mencionada fue apelada por ambas partes, correspondiéndole su conocimiento al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el cual mediante resolución de 6 de agosto de 2004 revocó la decisión del a quo, declarando absuelto al señor JULIO D.I.R., por haber probado la excepción de prescripción de la acción. El Tribunal de segunda instancia motivó la mencionada sentencia de la siguiente manera:

"El dolo que en mayor parte se atribuye a JULIO ISAACS es conocido como dolo precontractual y viene a ser más bien '...todo artificio de que se valga uno de los negociantes para inducir en error al otro." (VALENCIA ZEA, A. y O.M., A.. Derecho Civil. Tomo I. Editorial Temis, S.A., 15ªed.. (sic) Santa Fe de Bogotá, año 2000, p.408). Está comprendido dentro del dolo principal, por cuanto recae sobre el consentimiento, que es uno de los requisitos esenciales del contrato. El Diccionario ya citado de C. define el dolo principal como 'El que versa sobre la esencia consensual de un acto o contrato jurídico, para resolver a la otra parte a hacer lo que sin ello no habría hecho, o a aceptar cláusulas que no habría admitido'.

Es ese el tipo de dolo que encuentra definición en el artículo 1120 del Código Civil, al decir. 'Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.'. Lo que predica de este tipo de dolo, siempre que sea grave y no haya sido empleado por ambas partes, es la nulidad del contrato, puesto que acarrea la nulidad del consentimiento (v. arts. 1112, 1116, 1121 y num. 1 del art. 1141 del Código Civil).

La exigencia de gravedad en el dolo precontractual se vincula al principio de conservación, que anima diversas disposiciones de la normativa civil. En materia de vicios o defectos ocultos, por ejemplo, el artículo 1255 preceptúa:

'En los casos de los dos artículos anteriores del comprador podrá optar entre desistir el contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional al precio, a juicio de peritos.

...Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no lo manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.' (Acción quanti minoris)

Los artículos 1254 y 1254ª , establecen:

'Artículos 1254. El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se le destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.'

'Artículo 1254ª . El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios y defectos de la cosa vendida aunque los ignorase...'

Tratándose de inmuebles, se pueden presentar otras situaciones, en las cuales opera igualmente el mencionado principio de conservación. Así, el artículo 1239 preceptúa:

'La obligación de entregar la cosa vendida, comprende la de poner en poder del comprador todo lo que exprese el contrato, mediante las reglas siguientes:

Si la venta de inmuebles se hubiere hecho a razón de un precio por unidad de medida o número, tendrá obligación el vendedor de entregar al comprador, si éste lo exige, todo cuanto se haya expresado en el contrato; pero, si esto no fuere posible, podrá el comprador optar entre una rebaja proporcional del precio o la rescisión del contrato, siempre que en este último caso no baje de la décima parte de la cabida la disminución de la que se atribuyera al inmueble...'

En el caso de la evicción, que el vendedor está obligado a sanear, tiene lugar cuando se prive al comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada (art. 1245, C.C.), no obstante, dice el artículo 1249, 'Si el comprador perdiere, por efecto de la evicción, una parte de la cosa vendida, de tal importancia con relación al todo que sin dicha parte no la hubiera comprado, podrá exigir la rescisión del contrato...'. SANDRIA POWELL de SANTIAGO no ha aportado prueba alguna de que el señor C.S. o cualquier otra persona le haya privado por sentencia firme de alguna parte de la finca que lo compró a JULIO ISAACS.

Por otro lado, cuando, sin mencionarlo la escritura, sobre la finca vendida recae una carga o servidumbre no aparente, '...de tal naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido el comprador si la hubiere conocido, podrá pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera la indemnización correspondiente.'(Art. 1252).

Entiéndase por servidumbre aparente, según C., 'La que cabe advertir por un signo exterior; como...unos postes y cables, en la de conducción eléctrica, línea telefónica u otros servicios que lo requieran...' y por servidumbre no aparente' ...la que no se manifiesta por signo exterior alguno, como la prohibición de elevar un edificio a más de determinada altura;...' (Ibidem). El artículo 514 del Código Civil patrio las define de este modo: 'Aparentes las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores, que revelan el uso y aprovechamiento de las mismas.' 'No aparentes las que no presentan indicio alguno exterior de su existencia.'

Los demandantes afirman que antes de la compra recorrieron la finca con el señor JULIO ISAACS y éste ha aceptado esa afirmación como cierta. Siendo ello así, es inverosímil que no constataran el detalle de la existencia de agua en la finca, a la que tanta importancia parecen darle y contradicen sus propias pruebas (véase, a foja 30, el plano N°80709-74521, y las fojas 33, 35 y 138) y, sobre todo, que no se percataran por sí mismos de las torres de conducción eléctrica y los cables, que muestran la fotografía visibles a foja 288.

Se trata de una servidumbre aparente, es decir, de aquéllas por las cuales no se genera el derecho que otorga el artículo 1252 del Código Civil (ya citado). Más aún, la servidumbre de electroducto es de tipo legal. Hasta antes de la promulgación de la Ley N° 6, de 3 de febrero de 1997 (Artículo 122 y 123), y el Decreto Ejecutivo que lo regula (N° 22 , de 19 de junio de 1998), se regía por el Capítulo VIII (artículo 68 al 78) del Decreto-Ley N° 31, de 27 de septiembre de 1958, a la que fue incorporado el Instituto de Recurso Hidráulicos y Electrificación (IRHE) mediante el Decreto de Gabinete N° 215, de 26 de junio de 1970 (artículo Primero), por lo que, tal como lo señala el artículo 1 del Código Civil, no pueden los compradores excusarse en que la desconocían.

Esta servidumbre, de la que hacen parte todos los derechos necesarios para su uso (art. 524, C.C.), tiene una doble faceta, la primera de ellas es positiva, en cuanto impone a la dueña la obligación de permitir el mantenimiento de las torres, cables y demás elementos necesarios para el servicio público de electricidad; y negativa, puesto que le prohíbe hacer algunas cosas que podría hacer lícitamente de no existir la servidumbre, tales como la siembra de árboles o el paso de líneas de conducción sobre el área de servidumbre. Luego, si esta servidumbre es legal y aparente, la compradora carece del derecho a que JULIO ISAACS le indemnice por no haber podido llevar a cabo el proyecto en esa área en particular. La pretensión de que le sea devuelto el precio -a prorrata- de cada metro que ocupan las servidumbres de electroducto y de vía pública, o que se ajuste el recio a las medidas exactas de la finca no aparece en la demanda.

Ahora bien, cada una de estas acciones, que corresponden al comprador, tiene fijado un término especial de prescripción. La acción que tiene el comprador para demandar la rescisión del contrato o para solicitar la indemnización, por causa de una servidumbre no aparente y no consignada en la escritura de venta, es de un (1) año contado a partir del otorgamiento del instrumento, y de un (1) año también, pero únicamente para demandar la indemnización, contado entonces a partir que descubra la carga o gravamen (art. 1252, C.C.); las acciones para demandar el saneamiento de vicios ocultos, en los supuestos que contemplan los artículos 1254, 1254ª y 1255 (ya citados), es igualmente de un (1) año, que cuenta desde la entrega de la cosa (art. 1260, C.C.).

En el caso que nos ocupa, la venta se realizó mediante la Escritura Pública N° 2742, de 24 de marzo de 1995, la cual fue inscrita el 3 de abril de 1995. De conformidad con el artículo 1232 del Código Civil, cuando se trate de bienes inmuebles la entrega se entiende cumplida por el registro de la respectiva escritura, lo cual quiere decir que el término para el ejercicio de las acciones previstas en los artículos 1254, 1254ª y 1255 comenzó a correr a partir del 3 de abril de 1995. La demanda fue notificada el 11 de agosto de 1999 (v.f.11, vuelta), luego, para esa fecha, todas esas acciones habían prescrito. Al haber alegado el demandado esta excepción en la sustentación del recurso, su reconocimiento corresponde al Tribunal." (Fs. 404 a la 409)

Contra esta última sentencia del Tribunal Superior es que se interpone el recurso de casación que nos ocupa y que analizaremos seguidamente.

CONTENIDO DEL RECURSO.

Se trata de un recurso de casación en el fondo, compuesto por una sola causal, la cual es la "infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

Dicha causal la sustenta la recurrente en tres motivos que a continuación reproducimos:

PRIMERO

A pesar que consta en el expediente documento auténtico de fecha 5 de enero de 1999, 1 Foja (205-210) en el que se indica el área real de la propiedad adquirida, la sentencia no lo tomó en cuenta como documento idóneo que establecía que fue en esa fecha cuando los actores se percataron de la discrepancia existente entre la (sic) escrituras de venta y la superficie del bien adquirido.

SEGUNDO

El Documento descrito en el motivo anterior el cual surge a consecuencia de los procesos administrativos por la disputa entre nuestros mandantes en cuanto a límites, linderos y servidumbres de agua, no fue tomado en cuenta como instrumento que indicaba el inicio del término con el cual nuestro mandante podía reclamar los dados (sic) y perjuicios que las disputas administrativas ocasionaron a nuestro representados y como consecuencia de tal omisión la sentencia consideró que el término para reclamar iniciaba al momento de otorgada la escritura de venta..(sic)

TERCERO

El error probatorio descrito anteriormente influyó en lo sustancial del fallo impugnado porque consideró prescrita una acción que sólo pudo ser ejercida cuando el demandante tubo (sic) información veraz de la existencia de las anomalías de la finca con respecto a los límites (sic) linderos y (sic)". (F. 451)

A consecuencia de los cargos que se describen en los motivos anteriormente transcritos, el casacionista citó como normas violadas los artículos 1644 y 1707 del Código Civil, así como el artículo 780 del Código Judicial.

CRITERIO DE LA SALA

El cargo de injuridicidad formulado en los tres motivos que sirven de fundamento a la causal, en síntesis, consiste en que el Tribunal Superior no tomó en cuenta o ignoró los documentos que aparecen de fojas 205 a la 210, los cuales demuestran, según el recurrente, cuándo los demandantes tuvieron conocimiento de la existencia de la anomalías de la finca en conflicto respecto de los límites y linderos, hecho que indica el inicio del término para poder accionar o demandar.

Es imperante mencionar que el Tribunal Ad quem reconoció en la sentencia impugnada una excepción de prescripción de la acción, debido a que la acción que tenía el comprador de la finca para poder demandar la rescisión del contrato o para pedir la indemnización por causa de servidumbres no aparentes y no contempladas en la escritura de venta; al igual que la acción para demandar el saneamiento de los vicios ocultos habían prescrito, toda vez que, transcurrió 4 años, 4 meses y 8 días desde la fecha de inscripción en el Registro Público de la Escritura de compraventa de la finca, hasta la fecha de la notificación de la demanda. Razón por la cual consideró que dichas acciones se encontraban prescritas, según lo señalado en los artículos 1252 y 1260 del Código Civil, que establecen un término especial de prescripción de un año para demandar la rescisión del contrato o para pedir la indemnización, por motivo de una servidumbre no aparente y no consignada en al escritura de venta, y de un año adicional para demandar la indemnización a partir que descubra la cargo o servidumbre; e igualmente, es de un año el término de prescripción de la acción para demandar el saneamiento de los vicios ocultos. Disposiciones que a la letra dicen:

Artículo 1252. Si la finca vendida estuviere gravada, sin mencionarlo la escritura, con alguna cargo o servidumbre no aparente, de tal naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido el comprador si la hubiera conocido, podrá pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera la indemnización correspondiente. Durante un año a contar desde el otorgamiento de la escritura, podrá el comprador ejercitar la acción rescisoria o solicitar la indemnización.

Transcurrido el año, sólo podrá reclamar la indemnización dentro de un período igual, a contar desde el día en que haya descubierto la carga o servidumbre.

Artículo 1260. Las acciones que emanan de lo dispuesto en lo cinco artículos precedentes se extinguirán al cabo de un año contado desde la entrega de la cosa vendida.

Ahora bien, con respecto a las supuestas pruebas no atendidas por el Tribunal de alzada tenemos que son las siguientes:

La primera se observa a foja 205, es la parte final de un acta de una reunión llevada ante el despacho de la Dirección General de Catastro del Ministerio de Economía y Finanza, con relación a la verificación de medidas y linderos de la Finca No. 142311 en cuestión.

La siguiente prueba aludida por el casacionista corre de foja 206 a la 208, la cual es una copia autenticada de un informe de medidas y linderos de la ya mencionada Finca 142311.

El sucesivo documento probatorio inobservado reposa a foja 209, es copia autenticada de un informe secretarial, el cual pone en conocimiento que el señor C.S., propietario de un predio colindante a la Finca 142311, se negó a firma el informe de medidas y linderos, sin la presencia de su abogado.

Como última prueba, se observa a foja 210, una copia autenticada de un memorando fechado 19 de noviembre de 1998, que informa que el plano de la Finca 142311 cuenta con los requisitos técnicos y, que queda pendiente un informe del profesional asignado al caso.

Con referencias a ellas, esta Sala manifiesta que son documentos públicos y auténticos conforme a lo dispuesto en los artículos 834 y 835 del Código Judicial, por ende validas como pruebas. Sin embargo, a todas luces, el cargo de injuridicidad no prospera, porque los documentos aludidos no son conducentes como prueba para el caso en disyuntiva, ya que las pretensiones del proceso radican en el resarcimiento de los perjuicios, producto de los vicios ocultos de la Finca 142311 y por las situaciones por causa de servidumbre no aparentes y no consignadas en la escritura de compraventa. Ambas situaciones, tienen un término de prescripción extintiva de la acción que tiene el comprador para demandar la rescisión del contrato o para solicitar la indemnización, el cual corre por ministerio de la ley.

En las acciones instauradas por los demandantes, los términos de prescripción están fijados por disposiciones especiales, que son los artículos 1252 y 1260 del Código Civil, que toma como periodo prescriptivo el que se inicia con la entrega de la cosa vendida, en los términos que señala el artículo 1232 ibídem.

Como se ha dicho, tratándose de la venta de inmuebles nuestra legislación sigue la teoría del Título y Modo, es decir, la entrega de la cosa se entiende perfeccionada de acuerdo con el artículo 1232 del Código Civil, con la inscripción del título o la respectiva escritura de venta en el Registro Público, lo que se hizo el día 3 de abril de 1995. De manera que, a la fecha de notificación de la demanda de daños y perjuicios, había transcurrido en exceso el término fijado por la ley para poder ejercer la acciones solicitadas.

Con referencia al tema antes mencionado, resulta oportuno transcribir un extracto del fallo de 17 de julio de 2006, en el cual se expresó lo siguiente:

"Cabe recordar que de acuerdo con nuestra legislación, que sigue la teoría del Título y Modo en nuestro sistema registral, la inscripción en el Registro Público es el medio de constitución y de transmisión del dominio de los bienes inmuebles, al igual que el de otros derechos reales constituidos sobre los mismos, tal como se desprende del numeral 1 del artículo 1753 del Código Civil cuando expresa lo siguiente:

'ARTÍCULO 1753. El Registro Público tiene los objetos siguientes:

1- servir de medio de constitución y de transmisión del dominio de los bienes inmuebles y de otros derechos reales constituidos en ellos;

...'.

En relación con esta materia resulta pertinente el planteamiento del D.D.A.C. en su obra 'Contratos Civiles' ( Tomo I, E.M. &P., S.A., Panamá, 1987) en la que nos explica los efectos de la inscripción de los bienes inmuebles en el Registro Público, en los siguientes términos:

1-Constituye traspaso del dominio del vendedor al comprador, tratándose de inmuebles (arts. 1232, ord. 2º y 1753, ord. 1º.). Así que aun cuando el contrato se haya perfeccionado mediante el otorgamiento de la respectiva escritura pública, antes de que el mismo se inscriba en el Registro, el vendedor seguirá siendo dueño del bien vendido y el comprador sólo tendrá contra él una acción personal para exigirle que realice la entrega. No tiene pues acción real, ya que como seguimos la teoría del título y el modo (art. 980) el contrato es meramente obligatorio y para que el derecho real se traspase, se requiere que tenga lugar un modo de adquirir, en este caso la inscripción.

La Corte Suprema, en sentencia de 5 de agosto de 1952, que consideraremos acertada, así lo ha declarado:

...dada la índole del contrato de compraventa, que por sí solo no transfiere el dominio, requiere para su cumplimiento o ejecución, de la tradición de la cosa vendida, que suele efectuarse con su inscripción en el Registro de la Propiedad, como requisito indispensable para que se produzca la transferencia del dominio, a la par que la publicidad de tal acto'. (Jur de la Corte de J.F., Panamá. 1959. p. 180).

En otro fallo de 26 de abril de 1945, este alto Tribunal aclaró que la escritura pública es solemnidad del contrato y la inscripción es tradición.

'Cuando se trata de bienes inmuebles, caso en el cual es indispensable que el contrato conste por instrumento público, la tradición de la cosa, y con ella la transmisión del dominio, no se considera hecha sino desde la inscripción del contrato respectivo en el Registro Público. Es así, porque este (sic) el medio establecido por la ley para la transmisión del dominio sobre bienes inmuebles'. (Registro Judicial, 1945, No. 4, P. 27).

Y consecuente con lo anteriormente expuesto, en el mismo fallo agregó:

El comprador de un inmueble no puede ejercer contra cualquier persona actos eficientes de dominio propiamente dicho, mientras el derecho no le haya sido legalmente transferido mediante la inscripción de su título de adquisición en el Registro de la propiedad'.

..." (Resalta la Sala)(Confrontar también resoluciones de 24 de enero de 1995 y 10 de agosto de 2001)

Ahora bien, los documentos atacados no son viables para demostrar que el término de prescripción fue interrumpido por reclamo extrajudicial de la parte demandante, como lo permite el artículo 1711 del Código Civil, el cual nos permitimos citar:

Artículo 1711. La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.

De la deposición transcrita, se colige de manera clara que no se cumplen ninguno de los tres supuestos para la interrupción de la prescripción de las acciones, con los documentos inobservados por el Tribunal de segundo grado, como pretende el casacionista.

Una vez entendido lo anterior, sobre esta causal de error de hecho, nuestra jurisprudencia, invariablemente, ha mantenido el siguiente criterio:

"La Sala inicia el examen del recurso interpuesto, como es natural, considerando el planteamiento elaborado por el casacionista por conducto de la primera causal empleada, la que, ya sabemos, es el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. Conviene recordar que la postura invariable de esta Sala de casación ha sido que, sólo cuando se establezca sin reservas que los medios de pruebas que se han dicho ignorados por la resolución censurada concurran y sean capaces de demostrar los hechos sometidos a la comprobación de las partes, se podrá admitir y podrá prosperar la causal del error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. O sea, que no basta que dichas pruebas existan, se hayan practicado y reposen en el expediente, sino que, además, entre esas piezas de convicción y los hechos de la demanda o de su contestación deben existir vínculos determinantes en cuanto a la verdad procesal que el tribunal está obligado a reconocer. No es suficiente, entonces, que sea evidente que en la resolución censurada se deje de hacer formal referencia a la prueba que se denuncia ignorada. Preciso será, para que el recurso de casación prospere en estos casos, que la prueba señalada constituya un instrumento de convicción de tal envergadura que, en efecto, al abstenerse el sentenciador de aquilatarla, esta omisión haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia atacada." (sentencia de 30 de enero de 1997)

Siendo así y una vez analizados los documentos inobservados por el Tribunal Superior, debemos manifestar que el mismo se ajusta a derecho, toda vez que dichas pruebas no permiten que se le confieran méritos a los cargos de injuricidad y a las denuncias de las infracciones legales que el casacionista le imputa a la sentencia mediante esta causal.

Consecuentemente, tenemos que concluir que los cargos de injuridicidad que se señalan contra la resolución no se han producido y, por ende, no se violaron las disposiciones legales citadas como infringidas.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de 6 de agosto de 2004, dentro del proceso ordinario instaurado por SANDRIA ELVIRA POWELL DE SANTIAGO, D.G.S.Y.E.A.P.G. contra JULIO D.I.R..

Las costas de casación se fijan en trescientos cincuenta balboas (B/.350.00).

  1. y N..

JOSÉ A. TROYANO

VIRGILIO TRUJILLO LÓPEZ -- HARLEY J. MITCHELL D.

MANUEL J. CALVO C. (Secretario)

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