Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 1ª de lo Civil, 31 de Octubre de 2007

PonenteHarley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución31 de Octubre de 2007
EmisorSala Primera de lo Civil

VISTOS:

Dentro del proceso de divorcio interpuesto por J.E.R. PINO contra M.T.R.P., ha presentado el demandante recurso de casación contra la sentencia de 5 de febrero de 2004, dictada por el Tribunal Superior de Familia.

La resolución impugnada revoca la sentencia de primera instancia, expedida el 14 de agosto de 2003 por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá que decreta la disolución del vínculo matrimonial contraído por el actor y la demandada en base a la causal contenida en el numeral 9 del artículo 212 del Código de Familia, a saber, separación de hecho por mas de dos años, y, en su lugar, suspende la obligación de cohabitar del actor J.R.P., con base en el artículo 214 del Código de Familia. El tribunal ad-quem expone las razones en las que fundamenta su decisión en el extracto del fallo recurrido que se transcribe a continuación:

"En otras palabras, también queda probado en el expediente que la demandada padecía y padece en la actualidad de una enfermedad que la ha incapacitado, que requiere de ayuda en el aspecto económico, emocional y sobre todo para el cumplimiento de sus terapias, quedando además claro para este tribunal que la pretensión de la demandada, desde el inicio del proceso, consistía en que no se concediera el divorcio, por razón de que aún cuando la misma sufría de una enfermedad incapacitante, fue abandonada por su consorte, quien en la actualidad vive y comparte vida marital con una tercera persona... Es de ver que durante toda la evacuación del proceso, se hace referencia y se discute no sólo una separación como apunta el apoderado judicial del demandante, y como así se desprende de la conclusión a la que llega la jueza de primera instancia al decretar el divorcio por separación de hecho sin que exista culpabilidad alguna, y sólo tomando en cuenta el tiempo del distanciamiento, sino que se ventila el hecho de que el señor R. PINO abandonó a su esposa y que mantiene otra relación de pareja con tercera persona, precisamente para poder establecer que el mismo aún cuando su esposa padece de una enfermedad grave que la ha incapacitado por años, ha incumplido sus deberes de ayuda mutua y socorro, máxime que la separación no se dio con la anuencia de la señora M.T.R.P., sino que se llevó a cabo unilateralmente por decisión del demandante, sin tomar en cuenta su estado y, por tanto, la aplicación del artículo 214 del Código de la Familia.

Una vez expuesto esto, y habiendo la demandada alegado el artículo 214 del Código de la Familia, es menester que el Tribunal entre a determinar el alcance del mismo.

En otras palabras, respecto a la interpretación del artículo 214 del Código de Familia, le corresponde a este Tribunal, determinar si la enfermedad de la señora M.T.R., puede como alega la recurrente, considerarse incluida en dicha normativa, cuando alude a "cualquier otra situación semejante en alguno de los cónyuges", en cuyo caso no procede el divorcio, o si por el contrario, como indica el opositor, no se ajusta a la misma, procediendo el divorcio por separación de hecho por más de dos años.

...

Consideramos que no basta contratar los servicios de un terapeuta, como alega haber hecho el demandante para ayudar a su esposa (al principio), o haber cubierto económicamente algunas necesidades del hogar, al inicio de la enfermedad y hasta el momento en que como el propio demandado lo afirma en su declaración, él sale del domicilio conyugal, cuando obran declaraciones en el proceso que dan fe de la actitud de dejadez y abandono que el mismo le ha prodigado a su esposa desde que cayó enferma, máxime que la enfermedad que padece le impide movilizarse y, por sí misma, ir y venir.

...

...

...

...

El hecho de que uno de los cónyuges, en este caso el sano, unilateralmente decida separarse y que dicha separación conlleve la desatención al cónyuge enfermo, como es el caso que nos ocupa, es que nos hace considerar que obviar el reconocimiento que pide la demandada del artículo 214 del Código de Familia, por razón de su enfermedad incapacitante, y reconocer un divorcio por razón de la separación que se da por el transcurso del tiempo que todo apunta en el juicio, no reconocer el esfuerzo que hizo el Código de la Familia incluir una norma como la que nos ocupa (art. 214 del Código de la Familia), tratando con ello de regular situaciones que se daban con anterioridad pero que la ley no contemplaba, dejando en indefensión a la parte más débil de la relación, en este caso, una discapacitada.

...

...el artículo 214 del Código de la Familia,... deja abierta la vía para una amplia interpretación al señalar que se aplica a "cualquier otra situación semejante en alguno de los cónyuges". El legislador dejó margen suficiente para una interpretación amplia y acorde con otras leyes nacionales (Ley Nº 42 de 27 de agosto de 1999, por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y Decreto Ejecutivo Nº 46 de 28 de diciembre de 1998, y se adoptan otras disposiciones con relación a la equiparación de oportunidades y facilidades que debe recibir), contrario a lo que sucedía con la antigua legislación civil.

...

...

...

...

...

...

Siendo ello así, corresponde a los tribunales de justicia hacer una interpretación no exegética de la norma; que sea cónsona con la realidad social de nuestro país y con los Tratados de Derechos Humanos y Convenciones Internacionales suscritas por Panamá, aplicando la sana crítica. Prueba de ello, es que el artículo 214 del Código de la Familia incluye dentro de los supuestos que prohíbe el divorcio, la enfermedad contagiosa, lo que lógicamente nos lleva a pensar que la norma no se refiere a cualquier enfermedad contagiosa, ya que un simple resfriado, que fácilmente se contagia, no puede llevar a la aplicación del artículo 214 del Código de la Familia.

Como Tribunales que administramos justicia, debemos reconocer los derechos de los cónyuges a la luz de los principios que el propio Código de la Familia establece deben ser interpretadas sus normas, es decir, los principios de unidad familiar y de igualdad de derechos y deberes de los cónyuges consagrados en el artículo primero cuerpo de ley, amén de que pasarse por alto, el derecho-deber recíproco de "protección" consagrado en el artículo 77 del Código de la Familia, y al que se compromete toda persona cuando contrae matrimonio como una consecuencia de ser el Derecho de Familia irrenunciable y de orden público.

Esta normativa debe necesariamente verse o interpretarse a la luz de los deberes de ayuda mutua y socorro que son propios del matrimonio, máxime, si de conformidad con nuestro Código de Familia, el matrimonio es la unión libre y voluntaria de un hombre y una mujer, "para llevar y compartir una vida en común", lo que necesariamente incluye buenos y los malos tiempos, ya sea en la salud o en la enfermedad.

Si consideramos que el matrimonio es una institución creada para que ambos cónyuges se den soporte y ayuda recíproca en todos los sentidos, incluyendo el económico, emocional, moral, etc. y habiendo la demandada alegado el artículo 214 del Código de la Familia, es necesario tomarlo en cuenta al momento de decidir las pretensiones en este caso.

Como se desprende del mencionado artículo 214, las previsiones contenidas en dicha norma buscan proteger tanto al cónyuge enfermo, ya que de manera taxativa no permiten el divorcio, precisamente para evitar que el cónyuge sano se desentienda por razón de una enfermedad grave o incapacitante como la que hoy nos ocupa, de la ayuda y socorro que le debe al otro, permitiendo en todo caso, solamente mediante decisión de Juez competente la suspensión de la obligación de cohabitar, pero sin que por ello se deje desamparado al que sin culpa suya padece de la misma, al quedar subsistentes los demás deberes conyugales.

...

...

...

...

En opinión de este Tribunal, el hecho de que el

señor R. PINO haya descuidado los deberes que tiene para con la señora

RODRÍGUEZ PINEDA, sobre todo el de protección, desatendiendo el estado de salud

física de la misma, el cual ha quedado debidamente demostrado con la

certificación de atención médica leíble a foja 185, y el informe de la

trabajadora social adscrita al Juzgado de primera instancia (fojas 154-156),

tal y como hemos indicado con anterioridad, corroboran el hecho de la necesidad

de que los cambios legislativos introducidos por el Código de la Familia en

nuestra legislación, específicamente la existencia en la actualidad de una

norma como el artículo 214, estén plenamente justificados, ya que responden a

una realidad social que el Estado panameño quiso que se tomara en cuenta". (fs.

230

DECISIÓN DE LA SALA

El recurso se presenta en la forma y en el fondo. En la forma se invoca una sola causal y en el fondo, tres.

Causal de forma: "por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda, porque se resuelve sobre un punto que no ha sido objeto de la controversia".

De los motivos que se presentan en apoyo de la causal se desprende con carácter de cargo de ilegalidad que el punto no controvertido sobre el cual resuelve el fallo recurrido, es el relativo a la suspensión de la obligación de cohabitar del demandante, ahora recurrente. La censura alega haber instaurado el presente proceso de divorcio con fundamento en la causal expresada en el ordinal 9, del artículo 212 del Código de la Familia, a saber, separación de hecho por mas de dos años, aún cuando vivan bajo el mismo techo, y que pese a que la demandada no reconvino, el tribunal ad-quo revoca la sentencia de primera instancia que declaraba disuelto el vínculo matrimonial y accede a la solicitud de suspensión de la obligación de cohabitar formulada en segunda instancia por la demandada, sin que la misma hubiera sido discutida en el proceso.

Conviene reproducir los motivos de la causal:

"PRIMERO: Que el Proceso de Divorcio interpuesto por J.E.R. PINO contra M.T.R. se fundamentó en una sola causal, la separación de hecho por más de dos años, lo que consta expresamente en el libelo de demanda (ver fojas 2,3 y 4 del expediente), sin que la parte demandada interpusiera demanda de reconvención, por lo que la Resolución de 5 de febrero de 2004, expedida por el Tribunal superior de Familia, al resolver la controversia por una causal distinta a la única discutida en el proceso, incurrió en grave yerro jurídico, negando el divorcio con base a una pretensión que jamás fue discutida en el proceso y que tampoco había sido alegada por la contraparte, constituyendo lo anterior un exceso e incongruencia entre lo pedido y lo decidido.

SEGUNDO

Que la resolución recurrida faltó al principio de congruencia entre lo decidido y lo pedido porque, entre otras cosas, ignoró que al contestar el hecho quinto del libelo de demanda, la parte demandada manifestó que la verdadera razón por la cual nuestro representado abandonó sus deberes de esposo, incurriendo en maltrato económico y psicológico, era la supuesta relación extramarital con I. de Mena (ver foja 24 del expediente), y con base a ello estructuró toda su defensa, solicitando que se negara la disolución del vínculo matrimonial que une a las partes, tal como consta a foja 25 del dossier. Por lo que la petición de la parte demandante y la oposición de la parte demandada jamás giraron en torno a que se suspendiera la obligación de cohabitar del demandante con la demandada, por lo que el tribunal de segunda instancia no podía resolver una pretensión que no era objeto de la demanda.

TERCERO

Que al haber resuelto el Tribunal Superior de Familia el fondo de la controversia por una causal distinta de aquella que fue sometida a su consideración por la parte demandante, incurrió en el yerro de forma que se le endilga, pues las pretensiones de la demanda giran exclusivamente en torno a la separación de hecho por más de dos años, y no podía fallarse en torno a una pretensión no debatida en el proceso.

CUARTO

Que el Tribunal Superior de Familia fundamentó su decisión en un elemento incorporado en la segunda instancia del proceso, de manera extemporánea por la parte demandada, solicitando en su escrito de apelación para que se suspendiera la obligación de cohabitar, violentándose el principio del contradictorio, ya que se trata de un asunto que no fue discutido en el proceso y, en consecuencia, la parte actora no tuvo la oportunidad ni de aportar pruebas ni oponerse a la misma, quedando en indefensión.

QUINTO

Que al haber el Tribunal Superior de Familia, como tribunal de segunda instancia, resuelto la causa sin apego a la única pretensión plasmada en el libelo de demanda, y que consistía en la solicitud de divorcio por separación de hecho por más de dos (2) años, incurrió en una violación del principio de congruencia de la sentencia con la pretensión de la demanda, y se excedió con creces en su función de tutela jurisdiccional". (fs. 310-312)

Se cita como disposición infringida el artículo 475 del Código Judicial, que establece el principio de congruencia, según el cual el juez está obligado a fallar sobre el objeto del proceso, exceptúandose los procesos de relaciones de familia o relativos al estado civil, siempre que los hechos hubieran sido discutidos por las partes en el proceso, estén debidamente comprobados, se relacionen con las peticiones de la demanda y con la causa de pedir.

Del recurso, vale advertir, se le corrió traslado al Ministerio Público para que emitiera concepto. Con respecto a la causal de forma examinada concuerda la Procuraduría con la censura, ya que señala en su Vista Fiscal Nº24 de 29 de septiembre de 2005 que la sentencia recurrida, en efecto, no es cónsona con la pretensión de la demanda, toda vez que el Tribunal Superior de Familia resuelve decretar la suspensión de la obligación de cohabitar cuando ese punto no había sido objeto de la controversia.

De lo que viene expuesto se sigue que la disconformidad de la censura con el fallo recurrido gira en torno a su falta de congruencia con la demanda. A juicio de la censura la sentencia impugnada se pronuncia sobre la suspensión de la obligación de cohabitar del recurrente J.E.R.P., petición que no fue debatida en el proceso, ya que la demandada la introdujo en segunda instancia.

Importa advertir que la causal invocada presupone para su configuración, la falta de consonancia o congruencia entre el fallo recurrido y la demanda, ya que constituye exigencia legal en los procesos de corte dispositivo, y el de familia es predominantemente dispositivo, la conformidad de la decisión con lo pedido y probado por las partes. El juzgador de acuerdo con el principio de congruencia expresado en el artículo 475 del Código Judicial, norma esta que se cita como infringida, sólo puede tener en cuenta para fallar las pretensiones deducidas por el actor y aquello que reconoce o controvierte el demandado. El tenor del artículo 475 es el siguiente:

"Artículo 475. La decisión debe recaer sobre la cosa, cantidad o hecho disputado, declaración solicitada o el punto controvertido. Si se ha pedido menos de lo probado, sólo se concederá lo pedido. Si el demandante pidiere más, el juez sólo reconocerá el derecho a lo que probare.

Sin embargo, en procesos de relaciones de familia o relativos al estado civil, el juez de primera instancia podrá reconocer pretensiones u ordenar prestaciones aun cuando no estén pedidas.

El juzgador no fija, pues, los hechos sobre los cuales debe decidir, sino que son las partes quienes se lo establecen, debiendo el tribunal circunscribirse a fallar sobre tales pretensiones. De manera que, como regla general, no puede el tribunal rebasar esos límites fácticos que las partes le señalan, es decir, no puede pronunciarse sobre asunto que los justiciables no le hayan llevado a su conocimiento.

Ahora, tratándose de proceso de familia el artículo 475 citado establece excepciones, a saber, los procesos sobre relaciones de familia y los relativos al estado civil. Respecto de estos procesos permite el referido precepto que el juzgador de primera instancia reconozca pretensiones no alegadas por las partes, siempre que se funden en hechos discutidos en el proceso, que estén debidamente probados, se relacionen con las peticiones de la demanda y con la cláusula de pedir.

El presente caso, vale advertir, recae sobre estado civil, empero no le resulta aplicable la excepción contenida en el artículo 475 comentado, toda vez que no se está ante el reconocimiento de una pretensión por un tribunal de primera instancia. Además, los hechos en los que se origina la pretensión cuestionada no fueron debatidos en el proceso ni tampoco se relaciona con la petición de la demanda y la causa de pedir.

Por otra parte y como quiera que la pretensión de suspensión de la obligación de cohabitar del actor fue introducida en segunda instancia por la demandada, es menester advertir que el artículo 1150 del Código Judicial de forma tajante señala que en apelación no cabe deducir y, por ende, reconocer pretensiones nuevas, salvo pretensiones accesorias o complementarias a las pedidas en primera instancia y la pretensión indicada no tiene ese carácter. Recoge también el artículo 1149 de la excerta legal citada el supuesto de reconocimiento por el tribunal de segunda instancia de pretensiones aducidas en primera instancia, pero no falladas por el juzgador de la causa, al cual tampoco se adecua el caso subjudice.

En el caso que ocupa a la Sala, lo pretendido por el demandante es la disolución de su vínculo matrimonial con la demandada, por haber operado la separación de hecho por más de dos años, causal de divorcio recogida en el numeral del artículo 212 del Código de la Familia. La demandada MARÍA T. RIVERA en la etapa de traslado de la demanda se limitó a solicitar que no se accediera a la disolución del vínculo matrimonial, alegando, además, maltrato y abandono del hogar por el demandado; es decir, que no formuló petición alguna relacionada con la suspensión del deber de cohabitar del demandante, sino que consta en autos que tal pretensión fue introducida por el representate judicial de la recurrente en apelación.

Para esta Superioridad resulta claro que el reconocimiento de la petición presentada por la demandada en apelación no procede, habida cuenta de que no se introdujo al proceso en la oportunidad debida y, por tanto, no se practicó respecto de la misma el contradictorio, afectándose el ejercicio efectivo del derecho a la defensa del actor, ahora recurrente. Los derechos y acciones para su válido ejercicio han de reclamarse oportunamente, no pudiendo los tribunales frente a omisiones o faltas de los litigantes actuar de manera indulgente por razón de las particulares circunstancias que puedan rodear el caso, ya que los términos legales se establecen en garantías de ambas partes, constituyen seguridad del proceso y deben los tribunales velar por su estricto cumplimiento.

Toda vez que encuentra fundado la Sala encuentra el recurso de casación, procede casar la sentencia recurrida.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 5 de febrero de 2004, dictada por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de divorcio instaurado por J.E.R. PINO contra M.T.R.P.; y en consecuencia actuando en calidad de tribunal de instancia CONFIRMA la sentencia Nº 581 de 14 de agosto de 2003, dictada por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá.

N..

HARLEY J. MITCHELL D.

JOSÉ A. TROYANO -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

MANUEL J. CALVO C. (Secretario)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR