Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 25 de Abril de 2008

Ponente:Harley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución:25 de Abril de 2008
Emisor:Primera de lo Civil
 

VISTOS:

Para resolver el fondo se encuentra el recurso de casación propuesto por E.J.C., mediante apoderado judicial, contra la resolución de 30 de enero de 2006, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso sumario de interdicto posesorio promovido por el recurrente contra R.G..

La decisión recurrida confirma la sentencia Nº 227 de 30 de diciembre de 2003, dictada en primera instancia por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de C., toda vez que la acción de interdicto de restitución por causas diversas al despojo que se propone, de conformidad con el artículo 1368 del Código Judicial, ampara al poseedor, condición de la que carece el actor, habida cuenta de que en el expediente, a foja 6, consta la certificación del Registro Público en la cual se indica que el demandante es el propietario de la finca cuya restitución reclama. Conviene reproducir en lo pertinente la resolución impugnada:

"El interdicto de restitución por causas diversas del despojo, según lo dispuesto en el artículo 1368 del Código Judicial, no ampara al derecho de dominio sino el de posesión, razón por la cual, sólo puede ser promovido por el poseedor del bien inmueble, quedando así vedada dicha acción para el propietario del mismo, a quien la ley consagra otras vías para reclamar sus derechos.

En el presente negocio, según certificación del Registro Público, visible a foja 6, ha quedado acreditado que el actor es propietario de la finca cuya restitución reclama, razón por la cual, tal como consideró el Juez primario, la vía interdictal no resulta procedente para hacer valer sus derechos frente a la demandada". (fs. 62)

DECISIÓN DE LA SALA

El recurso se propone en el fondo y se invoca una sola causal, a saber, "infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho en la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Dentro de los motivos que sirven de apoyo a la causal señala la censura que el tribunal ad-quem omitió considerar, al fijar los hechos de la sentencia, las pruebas documentales consistentes en el contrato de servicio de agua suscrito con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y recibo de pago de dicho servicio, las cuales acreditan su condición de poseedor del bien inmueble en litigio.

Conviene reproducir los motivos:

"Primero: La resolución impugnada es ilegal porque ha dejado de apreciar pruebas existentes en el proceso, las que fueron válidamente incorporadas.

Segundo

Las pruebas omitidas por la resolución impugnada son documentos públicos expedidos por el Instituto de Acueductos y Alcantartillados Nacionales (IDAAN); una, la contratación del servicio de agua y, otra, el recibo de pago del servicio de agua al tiempo de la demanda.

Tercero

Los documentos probatorios omitidos por la resolución impugnada, tienen como propósito acreditar la condición de poseedor del demandante, indispensable en la acción posesoria intentada". (fs. 72-73)

A juicio de la censura, el tribunal de segundo grado infringe con su fallo los artículo 780 (Código Judicial), 415 y 432 del Código Civil.

Como viene expuesto, pues, la discusión en el presente caso se centra en la legitimación del actor EDWIN J. CARTER para promover el presente proceso de interdicto de restitución por causa distinta al despojo, acción recogida en el artículo 1368 del Código Judicial, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 1368. El que esté en posesión de un inmueble, del que otro sea tenedor, en virtud de contrato traslaticio de dominio, que por cualquier causa haya terminado, podrá solicitar la devolución, por vía sumaria, acompañando a su solicitud prueba plena de los hechos en que la funda.

Se trata, como expresa el fallo recurrido, de una acción prevista en favor del poseedor, por lo que para promover dicho proceso es menester tener la condición de poseedor del inmueble cuya devolución se pretende y poseedor es, según el artículo 415 del Código Judicial, quien retiene una cosa con ánimo de dueño. Vale advertir que la posesión por el tiempo y modo establecido en la ley, lleva a adquirir por prescripción el dominio de un bien inmueble. El poseedor no es, por tanto, propietario pero puede eventualmente convertirse en propietario de la cosa poseída, llegado el momento establecido en la ley para usucapirlo.

En el presente caso consta que el demandante, ahora recurrente, EDWIN JONES CARTER es el propietario inscrito del bien inmueble cuya devolución pretende, según la certificación del Registro Público visible a foja 6, aportada por la propia censura con su demanda y que no fue objetada por la demandada en la etapa de traslado, por lo que se trata de una prueba válida. Vale advertir que las certificaciones del Registro Público constituyen documento público, las cuales de conformidad con el artículo 836 del Código Judicial, hacen fe de su contenido.

Las pruebas que a juicio de la censura no fueron tenidas en cuenta por el tribunal de segunda instancia para resolver, a saber, contrato de servicio de agua con el Instituto de Acueductos y Alcantarillado Nacional y recibo de agua, no desmeritan el valor probatorio de la certificación del Registro Público comentada.

Tales pruebas, no resulta ocioso advertir, resultarían en todo caso idóneas para acreditar la posesión y, en consecuencia, la legitimación para promover la acción prevista en el artículo 1368 del Código Judicial, en el evento que no concurriera en el actor la condición de propietario inscrito del bien en litigio. Empero, que no es esta la situación examinada, por tanto, mal podía haber tenido en cuenta el tribunal ad-quem para fallar las referidas pruebas.

El artículo 1169 del Código Judicial exige, para que prospere la causal de fondo invocada, que el vicio de ilegalidad que se le atribuya al fallo recurrido incida en lo dispositivo de la resolución recurrida, lo que no se cumple en el presente caso, toda vez que las pruebas ignoradas por el fallo recurrido no desvirtúan la decisión recurrida, como se ha dejado expuesto, razón por la cual procede desestimar el recurso con la consecuente imposición de costas a la parte recurrente.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 30 de enero de 2006, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso sumario de interdicto de restitución por causa diversa del despojo interpuesto por EDWIN JONES CARTER contra R.G..

Las costas a cargo de la censura se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

N..

HARLEY J. MITCHELL D.

OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

MANUEL J. CALVO C. (Secretario)