Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 12 de Julio de 2012

Fecha de Resolución12 de Julio de 2012
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

La Sala Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casación, resuelve en el fondo, el recurso de casación presentado por DON GABO, S.A., mediante apoderado judicial, Licenciado R.T.M., contra la sentencia de 30 de septiembre de 2010, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en el Proceso Sumario de Nulidad de Actuación Judicial incoado por DON GABO, S.A. contra N.C. CASTILLO.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DON GABO, S.A., mediante apoderado judicial, L.A.P.B., ha promovido Proceso Sumario de Nulidad de Actuación Judicial contra N.C. CASTILLO.

La parte actora reclama que, luego del trámite procesal inherente a este tipo de procesos, se realicen las siguientes declaraciones:

  1. Que es nulo por nulidad absoluta el trámite judicial surtido ante el Juzgado Tercero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Civil, en el Proceso Sumario de Prescripción Adquisitiva de Dominio interpuesto por el señor N.C. CASTILLO contra DON GABO, S.A., referente a la Finca No. 889, inscrita al Tomo 116R.A., F. 316, actualizada al Documento digitalizado No. 269410 de la Sección de Propiedad del Registro Público de la Provincia de Veraguas; por haberse omitido las formalidades correspondientes a la notificación del demandado, al jurar falsamente el demandante que desconocía su domicilio y solicitar su emplazamiento;

  2. Que es nulo por nulidad absoluta el trámite judicial surtido ante el Juzgado Tercero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Civil, en el Proceso Sumario de Prescripción Adquisitiva de Dominio interpuesto por el señor N.C. CASTILLO contra DON GABO, S.A. (...), por haberse incumplido con las formalidades de presentación del poder otorgado por el demandante, tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 625 del Código Judicial;

  3. Que es nulo por nulidad absoluta el trámite judicial surtido ante el Juzgado Tercero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Civil, en el Proceso Sumario de Prescripción Adquisitiva de Dominio interpuesto por el señor N.C. CASTILLO contra DON GABO, S.A. (...), por haberse obviado todas las formalidades que la ley exige para esta clase de proceso, tal como lo dispone el Código Judicial;

  4. Que es nulo por nulidad absoluta la Sentencia No. 69 de 5 de diciembre de 2008, dictada por el Juzgado Tercero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Civil, en el Proceso Sumario de Prescripción Adquisitiva de Dominio interpuesto por el señor N.C. CASTILLO contra la Sociedad DON GABO, S.A., al no existir pruebas suficientes que fundamenten la sentencia dictada.

    Entre los hechos expuestos en el libelo de demanda está que, ante el Juzgado Tercero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Civil, se tramitó el Proceso Sumario de Prescripción Adquisitiva de Dominio incoado por N.C. CASTILLO contra DON GABO, S.A., resuelto por Sentencia No. 69 de 5 de diciembre de 2008, que accede a la pretensión de la parte actora, notificada a las partes.

    En cuanto a la nulidad de la actuación judicial alegada señala que el demandante, en este proceso, juró bajo la gravedad de juramento, desconocer el domicilio de DON GABO, S.A. así como de su representante legal, hecho simulado, ya que laboró como trabajador de L.A.A. GUERRA (representante legal de DON GABO, S.A.) por ende, es conocedor de su residencia y domicilio.

    De la misma forma, alega el incumplimiento de lo dispuesto en el ordinal 2 del artículo 625 del Código Judicial referente a la presentación personal del poder de representación judicial, pues, quien lo exhibe personalmente ante el tribunal es N.U. persona natural distinta al demandante, N.C. CASTILLO.

    En otro, argumenta que el demandante ha descartado la presentación del Certificado de Registro Público que acredita la existencia y representación legal de la sociedad demandada de conformidad con el artículo 593 del Código Judicial.

    Añade que con ausencia absoluta de pruebas, se accedió a la pretensión de la parte actora.

    Por último, sostiene que después de haber transcurrido 2 meses de encontrarse en firme la sentencia No. 69 de 5 de diciembre de 2008, el juzgador consintió su participación en el proceso sumario de prescripción adquisitivo de dominio recibiéndole escrito de poder y demás gestiones que fueron diligenciadas, lo cual contraviene lo dispuesto en la normativa procesal y sobretodo atenta contra la seguridad jurídica y firmeza de los fallos dictados por los tribunales de justicia.

    La parte actora aduce y presenta pruebas documentales, testimoniales, de informes y declaración de parte.

    La cuantía la fija en B/.50,000.00 (Cfr. fj. 3-11).

    Pues bien, realizado el recuento de los hechos más sobresalientes de la demanda sumaria impetrada, el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Civil dicta el Auto No. 5 de 5 de enero de 2010, admitiéndola (Cfr. fj. 21-22).

    Una vez notificado el auto judicial citado, el demandado presenta poder (Cfr. fj. 37) y contesta la demanda sumaria, excepciona cosa juzgada (Cfr. fj. 38-43).

    Por cumplidas las etapas procesales correspondientes, el Juzgado Segundo del Circuito de Veraguas, Ramo Civil emite la sentencia No. 80-10 de 18 de junio de 2010, declarando la nulidad de la actuación judicial tramitada en el Proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio interpuesto por N.C. CASTILLO contra DON GABO, S.A. en el Juzgado Tercero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Civil (Cfr. fj. 241-248).

    Notificada la sentencia judicial citada, el apoderado judicial de la parte demandada anuncia (Cfr. fj.248, vuelta) y sustenta (Cfr. fj. 249-252) recurso de apelación. Por su parte, la parte actora se opone al recurso de apelación (Cfr. fj. 253-258).

    DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA

    El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial mediante sentencia de 30 de septiembre de 2010, revoca la sentencia No. 80-10 de 18 de junio de 2010, proferida por el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Civil.

    Fija las costas para ambas instancias a cargo de la parte actora en la suma de B/.10,000.00.

    La sentencia judicial mencionada tiene fundamento en que la parte actora ha solicitado la nulidad del proceso de prescripción adquisitiva de dominio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1016 del Código Judicial; por su parte, la parte demandada considera tal petición como extemporánea.

    Al respecto, indica que consta en autos que aquél proceso-prescripción adquisitiva de dominio- se dictó la Sentencia No. 69 de 5 de diciembre de 2008; empero, no existe constancia que se encuentre en firme y ejecutoriada. Agrega que lo, que sí consta en el expediente es que, DON GABO, S.A. intervino en aquel proceso solicitando la corrección de la sentencia judicial proferida, aduciendo pruebas en segunda instancia y sustentando recurso de apelación, peticiones negadas por el Tribunal Superior, sin pedir la nulidad de lo actuado en el término de los 2 días que preceptúa el artículo 1016 del Código Judicial.

    En otras palabras, señala que los enunciados expuestos, demuestran que la parte actora ha saneado la actuación judicial alegada, al comparecer en el proceso, aún en trámite, sin pedir su anulación en el término legal.

    RECURSO DE CASACIÓN

    Luego de la notificación de la sentencia judicial dictada, la parte actora anuncia (Cfr. fj. 277) y sustenta (Cfr. fj. 283-293) recurso de casación.

    El Tribunal Superior mediante resolución judicial de 23 de diciembre de 2010, ordena la remisión del expediente a la Sala de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia (Cfr. fj. 296-297).

    Finalizado el trámite de sorteo y reparto, el Magistrado Sustanciador fijó en lista el expediente y concedió el término legal para la proposición de los alegatos de admisibilidad (Cfr. fj.250;252-254).

    El Tribunal de Casación a través de resolución judicial de 6 de abril de 2011, ordenó la corrección del escrito de recurso de casación (Cfr. fj. 257-260), corregido en el término legal concedido (Cfr. fj. 262-267), admitido por resolución judicial de 17 de junio de 2011 (Cfr. fj. 270-271), por consiguiente, concede el término legal para alegatos (Cfr. fj. 273), utilizado por la casacionista (Cfr. fj. 275-280).

    RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA

    El recurso de casación se presenta en la forma invocándose la causal concerniente a que la sentencia recurrida ha sido dictada contra resolución que hace tránsito a cosa juzgada.

    El motivo que apoya la causal ha sido expuesto en los siguientes términos:

    "1. El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, al emitir la Sentencia recurrida de 30 de septiembre de 2010, que revoca la Sentencia No. 84-10 (sic) de 18 de junio de 2010, dictada por el Juzgado Segundo Civil, del Circuito Judicial de Veraguas, sentencia en que se había declarado la nulidad de la actuación judicial del Juzgado Tercero Civil, del Circuito Judicial de Veraguas dentro del Proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio, la dicta ignorando resoluciones judiciales anteriores en donde se había negado la prescripción pedida por N.C. CASTILLO sobre la misma finca, cuya prescripción adquisitiva demandó nuevamente, resoluciones que prueban la existencia de la excepción de cosa juzgada aplicables a ese proceso posterior. Estos fallos se distinguen como Sentencia No. 93 de 27 de julio de 2004, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Veraguas (fojas 148 a 152), confirmada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en sentencia de 3 de enero de 2005 (fojas 153 a 161), y se produjeron en un Proceso Contencioso en el cual N.C. CASTILLO solicitó Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre una cuota de la Finca 889, inscrita a Documento 269410, de la Sección de Propiedad, Provincia de Veraguas, demanda tramitada contra los dueños o propietarios del inmueble en aquella época, señores C.D. y A.D., hoy propiedad de DON GABO, S.A. Al dictarse la sentencia recurrida el Tribunal Superior contraviene el principio de que las sentencias ejecutoriadas constituyen cosa juzgada con efectos extraprocesales, cuyo conocimiento es obligatorio declararlo el Tribunal."

    El artículo 1028 del Código Judicial es la disposición legal vulnerada por la sentencia recurrida.

    A su tenor literal, esta norma señala lo siguiente:

    "ARTÍCULO 1028. La sentencia ejecutoriada que en proceso contencioso decide la pretensión tiene fuerza de cosa juzgada en otro proceso cuando entre la nueva demanda y la anteriormente fallada hubiere:

  5. Identidad jurídica de las partes;

  6. Identidad de la cosa u objeto; y

  7. Identidad de la causa o razón de pedir.

    Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean los causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por lo que establece la indivisibilidad de las prestaciones, entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas."

    La casacionista señala que la norma legal citada ha sido violentada, en el caso concreto, al estar presente los elementos configurativos de la cosa juzgada: identidad jurídica de partes, objeto y causa de pedir.

    Al respecto, indica que la sentencia recurrida no consideró que el proceso sumario de nulidad de actuación judicial acontece porque en otro proceso judicial se declaró la prescripción adquisitiva de dominio de un bien inmueble sin considerar que, anteriormente, se había discutido tal pretensión fallidamente, sobre el mismo bien inmueble y por las mismas partes procesales.

    Cabe señalar que la cosa juzgada le otorga a los dictámenes judiciales, en este caso, la sentencia judicial, una cierta especialidad o característica que tiende a evitar que entre las mismas partes, por igual causa de pedir (hechos) y sobre un idéntico objeto (pretensión) pueda promoverse un nuevo proceso, dándole a la decisión emitida sobre la cuestión debatida, eficacia obligatoria.

    Además, procura evitar contradicción entre las decisiones jurisdiccionales proferidas, garantizando la seguridad jurídica que podría verse perturbada ante la posibilidad de futuros replanteamientos sobre lo que ha sido juzgado previamente.

    La doctrina procesal señala que para la configuración de la cosa juzgada deberán concurrir los siguientes límites: el subjetivo que apunta hacia las partes entre quienes se surtió el proceso y el objetivo referente a la pretensión y los hechos que sustentan la demanda.

    Teniendo en cuenta los efectos procesales de la cosa juzgada y los requisitos para que, en un proceso determinado, pueda considerarse su configuración, el Tribunal de Casación examinará las constancias procesales existentes.

    El caso concreto tiene su génesis en el Proceso Sumario de Nulidad de Actuación Judicial presentada por DON GABO, S.A. contra N.C. CASTILLO que, posterior al trámite procesal respectivo finalizó mediante Sentencia No. 80-10 de 18 de junio de 2010, dictada por el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo de lo Civil, revocada en todas sus partes por la Sentencia de 30 de septiembre de 2010, por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, objeto de impugnación (Cfr. fj. 241-248; 268-274).

    El proceso judicial anterior se identifica como el Proceso Sumario de Prescripción Adquisitiva de Dominio incoado por N.C. CASTILLO contra C.D. y AGUSTÍN DUARTE que, cumplidas las etapas y fases procesales culminó por Sentencia No. 93 de 27 de julio de 2004, proferida por el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo de lo Civil, negando la pretensión de la parte actora, confirmada por Sentencia de 3 de enero de 2005, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Cfr. fj. 148-152; 153-161)

    Una vez, establecido el caso concreto y el proceso anterior alegado, queda determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para que aplique, la cosa juzgada.

    El primer presupuesto es la identidad de partes (eadem condictio personarum).

    De esta forma, para que pueda configurarse la cosa juzgada deberá limitarse a los sujetos a quienes el fallo perjudica o beneficia, es decir, la cosa juzgada sólo podrá hacer relación a las partes que han intervenido en el proceso determinado.

    En cuanto, a la identidad de las partes, queda comprobado que asiste únicamente en ambos procesos como demandante o demandado, indistintamente, el señor N.C.C.; sin embargo, DON GABO, S.A. no figura como litigante en el proceso anterior, ni consta, según las pruebas allegadas al proceso que se haya subrogado en la posición de los señores C.D. y AGUSTÍN DUARTE al no aportarse documento válido y eficaz que acredite la compraventa realizada del bien inmueble.

    Del mismo modo, al verificarse los demás presupuestos o límites de la cosa juzgada, se observa que no existe identidad de objeto o pretensión (eadem res), ya que, efectivamente, en el caso concreto, estamos ante un proceso sumario en donde se solicita al tribunal de la causa declare la nulidad de una actuación judicial por la indebida notificación al conocer el demandante el domicilio del demandado, supuesto previsto en el artículo 1016 del Código Judicial; por su parte, el proceso judicial preliminar pretendió la declaratoria de prescripción adquisitiva de dominio, a la cual no accedió el tribunal de la causa.

    Por último y, consecuente, no existe identidad de causa o razón para pedir (eadem petitum) debido a que, en el caso concreto, los hechos refieren a la nulidad del acto de comunicación procesal, es decir, la configuración de una indebida notificación porque el demandante sí conocía el paradero o domicilio del demandado al momento de la interposición de la demanda. En cambio, el proceso anterior se discutía la posesión pública, pacifica y no interrumpida del bien inmueble.

    A., a la casacionista que el Tribunal de Casación no podrá considerar el proceso sumario de prescripción adquisitiva de dominio interpuesto por N.C. CASTILLO contra DON GABO, S.A., al constituirse en fundamento de hecho para la promoción del proceso sumario de nulidad de actuación judicial que nos ocupa, por las mismas consideraciones.

    En fin, ante la falta o ausencia de los límites objetivos de la cosa juzgada esta primera causal será descartada.

    RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

    El recurso de casación es en el fondo y se invoca su única causal en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

    El motivo que fundamenta la causal se plantea en los siguientes términos:

    La sentencia recurrida en casación, dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 30 de septiembre de 2010, mediante la cual revoca la Sentencia No. 80-10 de 18 de junio de 2010, emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Veraguas, al apreciar las pruebas documentales provenientes del proceso sumario de prescripción adquisitiva de dominio N.C. CASTILLO -VS- DON GABO, S.A., consistentes en las copias auténticas de la Sentencia No. 69 de 5 de diciembre de 2008, dictada por el Juez Tercero Civil del Circuito Judicial de Veraguas (fojas 122, 123, 125), el poder otorgado por el licenciado L.A.P.B. por L.A.A. GUERRA en su carácter de P. y Representante Legal de DON GABO, S.A. (Foja 127), la solicitud presentada por el licenciado L.A.P. BARRÍA el 8 de abril de 2009, que pretende la corrección de la Sentencia No. 69 de 5 de diciembre de 2008 (foja 142), el auto No. 194 dictado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Judicial de Veraguas el 14 de abril de 2009, en donde adiciona la Sentencia No. 69 del 5 de diciembre de 2008 (fojas 144 y 145) y la Resolución dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 6 de octubre de 2009 (fojas 215, 216, 217 y 218), lo hace erróneamente llegando, como consecuencia, a sostener que la nulidad pedida en el presente proceso fue saneada con la intervención que en aquel proceso realizó el licenciado L.A.P.B., designado como apoderado judicial de la persona jurídica DON GABO, S.A., cuando no pidió la nulidad de la actuación procesal dentro de los dos días siguientes a su comparecencia, sin tomar en cuenta, que esa comparecencia del licenciado P.B. se realizó cuando ya el proceso había concluido.

    El Tribunal Ad Quem considera, de manera equivocada y errónea, que esas pruebas determinan que la causa de nulidad alegada en el proceso había sido saneada con la intervención hecha por el Licenciado L.A.P.B.. La sentencia se aparte del sistema de valoración probatoria que obliga al juzgador a exponer razonadamente el examen que hace de la intervención del licenciado PALACIOS BARRÍA; cuándo se produce tal cual consta en esas pruebas valoradas, si se produjo cuando ya el proceso había finalizado. No hubo en el fallo recurrido una verdadera y razonada valoración conforme al sistema valorativo seguido en nuestra legislación, de esas resoluciones. Esta apreciación errónea de la prueba documental influyó y fue decisiva en la resolución que se ataca con este recurso.

    Los artículos 781 y 836 del Código Judicial han sido enumerados como infringidos por la resolución recurrida. También, se alega la vulneración del artículo 337 del Código Civil.

    La casacionista indica que la resolución recurrida infringe la norma de derecho sustancial debido a que las actuaciones judiciales que constan en las pruebas documentales referidas se realizaron cuando el proceso se encontraba terminado, por lo que no era exigible la presentación del incidente de nulidad.

    Antes de esclarecer si la calificación probatoria efectuada por el juzgador de segunda instancia es cónsona con el sistema de valoración probatoria imperante, al tratarse de copias autenticadas de documentos públicos, es necesario reproducir el juicio de valoración ofrecido:

    "En la presente causa la sociedad Don Gabo, S.A., solicitó la nulidad de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, con fundamento en el artículo 1016 del Código Judicial, y la contraparte considera que dicha petición es extemporánea.

    Al respecto, se observa que se aportó copia de la sentencia que decidió aquel proceso, de fecha 5 de diciembre de 2008 (f.44), pero no hay evidencia de si la misma quedó o no ejecutoriada, sin embargo, sí hay evidencia que la sociedad Don Gabo, S.A., intervino en aquel proceso sin pedir la nulidad de lo actuado solicitando la corrección de la sentencia y aportando pruebas de segunda instancia (fs. 142-145,146,147) y luego sustentando apelación en que se pedía la revocatoria de la sentencia y ya no su corrección (fs. 187-210), lo que fue negado por este Tribunal Superior (fs.215-218).

    Las premisas anteriores muestran que el demandante saneó la actuación, ya que compareció al proceso, aún en trámite y no pidió su anulación, dentro de los dos días siguientes, tal como lo ordena el artículo 1016 del Código Judicial, en el párrafo que dice: "Si el demandado comparece al proceso y no pide, dentro de los dos días siguientes, su anulación, el proceso quedará saneado". Razón por la cual, el proceso sumario incoado posteriormente debió ser rechazado de plano."

    Por su parte, el artículo 1016 del Código Judicial, en lo pertinente al caso, preceptúa lo siguiente:

    Artículo 1016. (...)

    Si el demandado se presentare antes de terminado el proceso, podrá promover incidente de nulidad, presentando prueba de que el demandante sí conocía su paradero al momento de la presentación de la demanda, en cuyo caso se decretará la nulidad y se enviará copia de lo conducente al Ministerio Público para efectos de que promueva la acción penal a que haya lugar.

    Si el proceso se encuentra terminado, el demandado podrá pedir su nulidad en proceso sumario aparte o mediante Recurso de Revisión, donde deberá probar la circunstancia a que se refiere el inciso anterior. Esta acción prescribirá en el curso de un año, a partir de la ejecutoria de la sentencia.

    Si el demandado comparece al proceso y no pide, dentro de los dos días siguientes, su anulación, el proceso quedará saneado.

    (...) (Subraya la Sala)

    Ahora bien, al examinar el razonamiento probatorio del juzgador de segunda instancia y lo dispuesto en la normativa legal aplicable, el Tribunal de Casación comprueba que tales pruebas documentales han sido valoradas conforme porque, cada una de ellas y unidas, demuestran que el demandado compareció al proceso en curso y no requirió al tribunal de la causa, en tiempo oportuno, su anulación, desaprovechando, de esta manera, la oportunidad procesal ofrecida por el artículo 1016 del Código Judicial.

    Indíquese que, aún cuando se dictó sentencia en el proceso judicial instaurado, el demandado no puede alegar su terminación, puesto que, precisamente, consta su comparecencia al proceso para: presentar poder de representación judicial (Cfr. fj. 127); solicitar copias autenticadas del expediente civil cursado (Cfr. fj.128); solicitar corrección de la sentencia proferida (Cfr. fj. 142), entre otras (Cfr. fj.146-147;187-210).

    Entonces, comprobado que la intervención del demandado se dio cuando el proceso estaba en curso, al faltar el pronunciamiento del tribunal de la causa sobre la rectificación pedida por el registrador respecto de la cancelación de la anotación preventiva, circunstancia aprovechada por el demandado para intervenir en el proceso para objetar la sentencia judicial proferida, el cargo de ilegalidad es rebatido.

    En fin, al darse una correcta interpretación y valoración de las pruebas documentales referidas, al quedar acreditado que el demandado compareció al proceso y no alegó la nulidad de la notificación en el término de los dos días preestablecidos en la ley, se rechaza el cargo de ilegalidad y, por ende, no es casable la resolución recurrida.

    PARTE RESOLUTIVA

    Por las consideraciones expuestas, LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: NO CASA la sentencia de 30 de septiembre de 2010, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en el Proceso Sumario Declarativo de Nulidad de Actuación Judicial incoado por DON GABO, S.A. contra N.C. CASTILLO.

    Las costas se fijan en la suma de CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.150.00).

    N.,

    HARLEY J. MITCHELL D.

    OYDÉN ORTEGA DURÁN -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

    SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)