Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Mayo de 2015

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución:13 de Mayo de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: La Licenciada L.M.J., actuando en representación de la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., interpuso recurso de casación laboral contra la Sentencia de 24 de junio de 2013, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral Ut Supra. Cabe señalar que el resto de la S. mediante resolución de 5 de febrero de 2015, declaró legal el impedimento manifestado por el Magistrado A.A.Z. (escrito recibido en Secretaría de la S. el 2 de febrero de 2015), razón por la cual se realizó un nuevo reparto (9 de marzo de 2015), correspondiéndole al suscrito sustanciar el recurso que nos ocupa. I. ANTECEDENTES DEL RECURSO El señor J.P.C. presentó el día 2 de diciembre de 2006, demanda laboral ante los Juzgados Seccionales de Trabajo de la Primera Sección, a fin de que se condenara a la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. al pago de B/.10,980.05, en concepto de indemnización por renuncia con causa justificada. El trabajador en su demanda alegó que en el Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo, en su cláusula 26, establece como requisito básico para que un trabajador con jornada de 40 horas fijas pueda laborar horas rotativas, que exista aceptación del trabajador y ello implica un incremento o ajuste de entre el 14 y 17% de su salario base, situación que no se dio en el presente caso. Agrega que como consecuencia de la alteración de las condiciones de trabajo el 31 de agosto de 2010, presentó renuncia con causa justificada a la empresa con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 223 del Código de Trabajo. Contra las aseveraciones del trabajador la empresa demanda se opuso, argumentando que mediante acuerdo fechado 13 de noviembre de 2000, se le cambio el horario de trabajo al trabajador voluntariamente y tuvo un incremento del 15% del salario mensual básico, de conformidad con la cláusula 19 de la Convención Colectiva suscrita entre Cable & Wireless Panamá, S.A. y el Sindicato de Trabajadores de Cable & Wireless Panamá, S.A. (SINTCAWIPSA). Asimismo adujo excepciones de pago y de prescripción. Luego de cumplidas las etapas procesales respectivas, el Juez Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, mediante Sentencia No.09 de 14 de febrero de 2012, decidió absolver a la empresa demandada CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. de la obligación de pagar indemnización por razón de renuncia con causa justificada, ya que el derecho a renunciar por las razones alegadas por el trabajador, le había caducado.Dicha sentencia se cimentó en las siguientes reflexiones: Como se puede observar, tal cual como lo ha manifestado el propio demandante el motivo por lo que renunciaba es que "...el viernes 4 de junio se me obliga a entrar en la rotación de la jornada mixta que me enviaron por correo..." "y al reintegrarme hoy 31 de agosto de 2010, observo que se me mantiene de mi jornada de trabajo con horarios rotativos, sin haber el suscrito aceptado laborar en jornadas rotativas..." Al presentar su renuncia el 31 de agosto de 2010, a partir del 1 de septiembre de 2010, han transcurrido más de dos meses, y de acuerdo a lo señalado en el artículo 13 del Código de Trabajo establece un plazo de dos meses "...para que el trabajador abandone justificadamente el empleo." Y este comenzara a contarse desde que ocurrieron los hechos y el trabajador tenga conocimiento de los mismos. Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, en sentencia de 24 de junio de 2013, decide revocar la Sentencia del Juez de primera instancia y declarar justificada la renuncia del trabajador, condenando a la empresa demandada Cable & Wireless Panamá, S.A. al pago de B/.10,540.80 en concepto de indemnización a favor de J.P.C., al considerar que "el término para que el demandante presentara su renuncia a partir del hecho ocurrido el 4 de junio de 2010, empezó a correr a partir de esa fecha, la que se suspendió desde el 1 de agosto de 2010, por razón de sus vacaciones, periodo que continuaba a partir del 31 de agosto cuando se reintegró a sus labores hasta completar los dos meses a que se refiere el artículo 13 lex cit; sin embargo dicho periodo no venció por cuanto el trabajador renunció el mismo día 31 de agosto de 2010."En cuanto a la pretensión del trabajador, la referida sentencia se expuso lo siguiente: En síntesis, habiéndose suscrito entre las partes un cambio de horario, correspondía a la empresa implementar lo correspondiente, a fin de que se verificaran efectivamente los mismos, sin embargo, habiendo transcurrido un largo periodo de tiempo, en el que el trabajador mantuvo el mismo horario de trabajo que tenía antes de suscribir dicho Acuerdo, no es hasta casi diez años después cuando pretende hacer cumplir un acuerdo basado en una cláusula de un Convenio Colectivo no vigente y superado en dos Convenios Colectivos posteriores, por lo que se considera que se demostró en el proceso la causal alegada por el demandante que fundamentó su renuncia, contenida en el numeral 3 del artículo 223 del Código de Trabajo, debiendo en consecuencia revocarse la resolución recurrida, para lo cual se toma en consideración a efecto de determinar la indemnización respectiva, el salario mensual del trabajador de B/.1,221.22, como aparece en la Certificación expedida por la empresa demandada a fs.38, prueba no objetada y como aparece en el contrato de trabajo a fs. 121-122, aportado como prueba por la parte demandada. II. CARGOS DEL CASACIONISTA El casacionista afirma que la sentencia impugnada viola los artículos 13, 197, 735 y 732 del Código de Trabajo. En primer lugar, la recurrente manifiesta que la sentencia impugnada, incurre en violación directa por omisión del artículo 13 del Código de Trabajo, puesto que la norma dispone que al trabajador le caduca el derecho a renunciar, con causa justificada, en el plazo de dos meses, por tanto, dentro de éste término, impostergable, el trabajador debió ejercer el derecho a abandonar justificadamente su empleo. Que teniendo en cuenta la primera fecha establecida en la carta de renuncia (5 de abril de 2010), el término de sesenta (60) días que le da la norma al trabajador, culminaba el 3 de junio de 2010, y no es hasta ciento dieciocho (118) días después del comunicado que le hace la empresa al Sr. P., que toma la decisión de renuncia con causa justificada, por tanto, el tiempo para ejercer este derecho 1e había caducado. Sostiene el casacionista, además, que la Resolución proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, vulnera el artículo 197 del Código de Trabajo, de manera directa por omisión, al desconocer que una de las formas legales de modificar las condiciones del contrato de trabajo es el mutuo consentimiento entre el empleador y el trabajador. Que mediante un acuerdo que fue firmado por el señor J.P.C. el 13 de noviembre de 2000, prueba que el trabajador plasmó consentimiento de la modificación del contrato laboral que originalmente firmaran las partes. En cuanto a la violación del artículo 735 del Código de Trabajo, el recurrente manifiesta que la sentencia incurre en una incorrecta aplicación del mismo, ya que la misma señala que no requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos o reconocidos por la contraria, al igual que los hechos notorios. Que la parte demandante aceptó la prueba E-1 y E-2 en el momento en que tenía para objetar o negar las mismas. Por último, la recurrente estima que la resolución impugnada infringe por indebida aplicación el artículo 732 del Código de Trabajo, que exige que la prueba sea apreciada por el Juez según las reglas de la sana crítica, que es la regla del correcto entendimiento humano, la unión entre lógica y la experiencia que exige que el Juez examine las pruebas racionalmente, verificar la verosimilitud del contenido. III. OPOSICIÓN AL RECURSO Del recurso presentado se corrió traslado al demandante J.P.C. de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 732 del Código de Trabajo, quien, por medio de apoderado judicial, presentó escrito de oposición al recurso de casación, el cual, en su parte medular, alude a que la empresa demandada no busca atacar el fallo recurrido, sino repetir los mismos argumentos que ha venido esgrimiendo desde el inicio del proceso, pretendiendo utilizar este recurso extraordinario como vía para acceder a una tercera instancia. Que la recurrente tampoco establece claramente, en su escrito, las causales específicas de casación en el fondo que le sirven de sustento a su pretendida acción extraordinaria. IV. DECISIÓN DE LA SALA Una vez estudiados los argumentos planteados por ambas partes, esta S. de Casación Laboral procede a decidir la litis sometida a consideración, previa las siguientes observaciones. Como se ha hecho en otras ocasiones, consideramos oportuno esbozar brevemente algunas cuestiones en torno al recurso que en este momento nos ocupa. El recurso de casación está caracterizado por la ausencia de formalidades o técnicas especiales, que va en busca de obtener un fallo que invalide la resolución impugnada dictada en la segunda instancia, que se considera adolece de errores in iudicando y así dictar la que corresponda; ello no implica que los requisitos legales de este recurso sean informales o que se dejen a criterio del demandante, de permitirse esta situación se estaría convirtiendo la S. en una tercera instancia, lo que implicaría la mutilación de la esencia de este recurso extraordinario. En tanto que debemos advertir, que el debate que se suscita en esta Máxima Corporación de Justicia Laboral, se circunscribe solamente a la confrontación de la sentencia y la ley, tomando como referencia los argumentos estrictamente jurídicos del recurrente. Debe quedar claro, que ya han fenecido las dos instancias inferiores, en las que el debate se suscitó sustancialmente, en la confrontación de los hechos; ahora, no hay cabida para ello, por lo que el asunto sometido a la S. de Casación Laboral está reservado estrictamente a la violación de derechos que se infieren de la sentencia recurrida en casación. En tanto es deber del solicitante elaborar clara y objetivamente el agravio inferido. Es a partir de esta primicia que la S. entra a analizar el fallo recurrido con la Ley, en virtud de los cargos formulados. Así las cosas, observa la S. que el casacionista arguye en su escrito que han sido vulnerados los artículos 735 (carga de la prueba), 732 (valoración de la prueba) del Código de Trabajo y manifiesta, en su parte medular, que el Tribunal Superior de Trabajo no valoró el caudal probatorio de manera racional, con arreglo a la ley, la lógica y la experiencia, así las reglas de la sana crítica, arribando de esta forma al reconocimiento de la caducidad. En ese sentido, observa la S. que el casacionista, en el transcurso de su escrito, específicamente en el concepto de infracción de las normas invocadas como violadas, los juicios de reproche se dirigen a la forma de como la instancia inferior ha evaluado el caudal probatorio contentivo en el proceso. Es decir, se desprende claramente que los cargos que alega la recurrente se fundamentan en que no está de acuerdo con la valoración que el Tribunal Superior de Trabajo le dio a las pruebas, al igual que no se evaluaron otras presentadas al proceso y por lo tanto, el fallo resultó en su contra. En ese sentido, aspira indebidamente la recurrente que la S. haga un estudio de las consideraciones que llevó al juzgador de segundo grado, en determinar la inexistencia de la caducidad del reclamo del trabajador y la pretensión de la indemnización por renuncia con causa justificada. Es decir, esta censura se dirige a la manera como el juzgador evaluó los hechos traídos al proceso en función a las pruebas allegadas al mismo. Tal censura es improcedente como fundamento del recurso de casación laboral, al menos que el Tribunal en la labor apreciativa haya incurrido en error de hecho o de derecho en torno a las pruebas; es decir el desconocimiento del medio probatorio, el ignorarlo o dar como existente un elemento que no obra en el proceso -error de hecho-; o se examina, se toma en cuenta, se analiza, pero no le atribuye el valor, que por ley le corresponde, -error de derecho. Ninguna de estas dos situaciones se produjo en el negocio sub-júdice. Al examinar la sentencia recurrida se observa que el Tribunal Superior de Trabajo hizo referencia a que las pretensiones del actor fueron acreditadas, cuando se refirió en los siguientes términos: "Analizadas las pruebas aportadas al proceso, observa el Tribunal que a fin de acreditar lo expuesto en la carta de renuncia el demandante aportó copias de 27 hojas de anotación del horario en que laboró en los últimos meses en la empresa demandada, donde se observa la fecha y la hora de entrada su salida diaria, prueba que fue objetada por la demandada, toda vez que se trata de copias simples, sin embargo, es claro que la demandada no ha negado que el demandante tenía un horario diurno fijo antes del 4 de junio de 2010, lo que reiteradamente plantea en su contestación a la demanda formulada en su contra, es que "el trabajador J.P.C., debía cumplir con el horario pactado según el acuerdo firmado voluntariamente por el trabajador el 13 de noviembre de 2000. El acuerdo en mención, cuya copia cotejada con su original fue aportada como prueba E-2 por la parte demandada, fue aceptado por la parte demandante, con la observación que el mismo perdió vigencia conforme a la tercera y cuarta convención suscrita entre la Empresa y el Sindicato. ... Ahora bien, resulta que habiendo suscrito el Acuerdo señalado desde el año 2000, en acatamiento de la segunda convención colectiva de trabajo, de acuerdo con la cláusula 19 de la misma, como lo indica la apoderada judicial de la demandada al momento de presentar dicha prueba, no se hizo efectivo el cambio de horario del trabajador, hasta el 4 de junio de 2010, por lo que, a juicio de esta Corporación Judicial ello constituye una alteración al horario que efectivamente tenía el trabajador por todo ese largo periodo. Más aún, luego de la convención colectiva de trabajo que dio base al Acuerdo mencionado, correspondiente al periodo 2000-2004, la cual no se encuentra vigente, se pactaron otros convenios colectivos, entre ellos, la aportada como pruebas T-4 a fs. 39-90, del periodo 2009-2013, la cual en la cláusula 26, en la parte pertinente establece: Los trabajadores que en la fecha de entrada en vigencia de esta Convención Colectiva estén laborando en jornada semanal de 40 horas mantendrán su jornada y horario actual y no estarán obligados a cambiar su jornada ni horario de trabajo. El trabajador PÉREZ CABRERA se encontraba laborando a la entrada en vigencia de dicha Convención Colectiva en un horario diurno fijo de 40 horas semanales, por lo que, al menos que hubiese acordado con la empresa algún cambio a este respecto de acuerdo con la cláusula en mención, procedía el cumplimiento de dicho Acuerdo. Esta S. ha reiterado que solamente en ocasiones excepcionales se puede entrar a juzgar la valoración que el juez le dé a las pruebas, y es en los casos en que dicho Tribunal haya incurrido en un error manifiesto, un error que salte a la vista sin mayor dificultad, o haya infringido la regla de la sana crítica basado en un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o al contrario. Tal circunstancia no se produce en este caso, siendo que en concepto de esta Superioridad, el Tribunal Ad-quem ha examinado las pruebas de manera racional, con arreglo a la ley, la lógica y la experiencia, tomando en cuenta entre otros factores la fuente de las pruebas, los datos que sirven a la prueba y lo verosímil de su contenido. Por otro lado, observa la S. que la recurrente alega que la sentencia impugnada vulnera también el artículo 13 del Código de Trabajo, centrando los cargos en que la norma no fue aplicada, toda vez que considera que al trabajador le caducó el derecho a abandonar justificadamente su empleo, pues teniendo en cuenta la primera fecha establecida en la carta de renuncia (5 de abril de 2010) el término de sesenta (60) días que da la norma al trabajador culminaba el 3 de junio de 2010, y no es hasta 118 días después del comunicado que le hace la empresa al señor P., que toma la decisión de renunciar con causa justificada y, por tanto, el tiempo para ejercer este derecho. No obstante, contrario a lo que alega la apoderada judicial de la recurrente, observa la S. que si bien la carta de renuncia presentada por el trabajador PÉREZ CABRERA a la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. el 31 de agosto de 2010, hace referencia a que el 15 de marzo de 2010, se le comunicó al trabajador que entraría a laborar en un nuevo horario a partir del 5 de abril, iniciando dentro de la jornada diurna en un horario desde las 7:00 A.M. hasta las 3:00 P.M., no es esta circunstancia la que motiva la renuncia del trabajador, sino aquella por la cual se le obligó a entrar en la rotación de la jornada mixta el "viernes 4 de junio." Siendo así las cosas y aunado a que el trabajador para el mes de agosto de 2010, estaba haciendo uso de su derecho a vacaciones, quedaba suspendido el término de caducidad, según lo dispuesto por el artículo 60 del Código de Trabajo el cual es del tenor siguiente: Artículo 60. Bajo pena de nulidad, el empleador no podrá, durante el tiempo en que el trabajador permanezca incapacitado o disfrutando de sus vacaciones, iniciar, adoptar, ni comunicarle ninguna de las medidas, sanciones y acciones previstas en este Código. Para tales efectos, durante estos períodos, quedan suspendidos los términos de caducidad y prescripción. Sobre el particular, en sentencia de 12 de febrero de 2014 esta S. expresó que "De la interpretación jurisdiccional de la norma transcrita se desprende, que para los efectos de la terminación de la relación laboral, por parte del trabajador, basada en causa justificada, el tiempo que el trabajador se mantenga disfrutando de sus vacaciones, suspende el término de caducidad de la facultad para ejercer este derecho." Del mismo modo, coincide la S. con el Tribunal Ad quem en el sentido de que "habiendo suscrito el Acuerdo señalado desde el año 2000, en acatamiento de la segunda convención colectiva de trabajo, de acuerdo con la cláusula 19 de la misma, como lo indica la apoderada judicial de la demandada al momento de presentar dicha prueba, no se hizo efectivo el cambio de horario del trabajador, hasta el 4 de junio de 2010, lo que constituye una alteración al horario que efectivamente tenía el trabajador por todo ese largo periodo." Expresado lo anterior, queda claro para esta Superioridad que el trabajador demandante se encontraba laborando a la entrada en vigencia de la Convención Colectiva (2009-2013) con un horario fijo de 40 horas semanales, por lo que a menos que hubiese acordado con la empresa algún cambio a este respecto, de acuerdo con la cláusula 26 de la Convención vigente, procedía la alteración de las condiciones previamente pactadas, tal cual sostuvo el Tribunal Superior de Trabajo en la resolución que ahora se impugna. Por consiguiente, los cargos que formula el casacionista contra los artículos 13 y 197 del Código de Trabajo, son igualmente improcedentes puesto que al no quedar debidamente acreditada la obligación del trabajador de acatar el cambio de horario propuesto por la empresa, se constituye en una alteración de las condiciones previamente pactadas que facultan al trabajador en dar por terminado el vínculo laboral por causas imputables al empleador. En consecuencia, los Magistrados de la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASAN la Sentencia de 24 de junio de 2013 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso laboral J.P.C. -vs- CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A. Las costas de casación se adicionan en un 10% de la condena Notifíquese, VICTOR L. BENAVIDES P. EFRÉN C. TELLO C. -- HARLEY J. MITCHELL D. KATIA ROSAS (Secretaria)