Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Diciembre de 2013

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución 3 de Diciembre de 2013
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El Licenciado W.C.S., actuando en representación del señor E.A.M.S., ha presentado recurso de casación laboral contra la resolución emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial de 9 de febrero de 2010, dentro del proceso laboral arriba descrito.

El presente recurso extraordinario tiene su génesis en la demanda laboral interpuesta por el señor E.A.M.S. contra la empresa Rent a Car Panameña, S., reclamando el pago de veintitrés mil setecientos cuarenta y nueve balboas con noventa y siete centésimos (B/.23,749.97) en concepto de indemnización por renuncia con causa justificada, diferencia de salario dejados de percibir, así como la diferencia de las vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad, en virtud de que a partir del 30 de marzo de 2004 fue designado para ocupar el cargo de Gerente de Operaciones sin que se le reconociese el salario de B/.800.00 que devengaba la persona que ocupaba dicho cargo anteriormente.

Fundamenta su pretensión, afirmando que inició labores con la empresa demandada el 22 de enero de 1996, desempeñando inicialmente las labores de agente de servicio con un salario mensual de B/.330.00 y, posteriormente, a partir del 30 de marzo de 2004, fue designado como Gerente de Operaciones en Chiriquí. Que renunció justificadamente el día 2 de octubre de 2006, alegando haber sufrido engaños por parte del empleador, en virtud de que dicha designación se produjo con la promesa de un mejor salario, lo cual no fue cumplido. Que el salario completo para el cargo que ocupaba el trabajador era de B/.800.00 de conformidad con el salario del último Gerente.

Ante la demanda presentada, los apoderados judiciales de la empresa RENT A CAR PANAMEÑA, S. niegan la pretensión de la demanda, toda vez que sostienen que el señor E.M. nunca fue designado en calidad de Gerente de Operaciones en Chiriquí y, por ende, no se le adeuda suma alguna al trabajador demandante.

El Juez Segundo de Trabajo de la Tercera Sección, mediante Sentencia de 28 de octubre de 2009, decidió, con relación al reclamo de indemnización por renuncia justificada, declarar probada la excepción de caducidad invocada en tiempo oportuno por los apoderados judiciales de la parte demandada y, a su vez, condenó a Rent a Car Panameña, S. al pago de B/.6,142.13 en concepto de diferencia de salarios dejados de pagar, más la diferencia que éstos generaron en concepto de vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad, al considerar que de conformidad con el material probatorio, se dio una movilidad funcional temporal del trabajador E.M..

Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, al conocer el recurso de apelación propuesto por los apoderados de ambas partes, decide confirmar la sentencia del juez primario.

Entre las consideraciones para la expedición del acto en mención, figura que "de acuerdo al principio de que igual trabajo, igual remuneración, no se pueden hacer excepciones respecto de la persona que lo desempeña, por lo que, si se prestó el servicio en calidad de jefe, el mismo debió haber sido remunerado de acuerdo al salario contemplado para tal posición, considerando las responsabilidades que conlleva, sin que para estos efectos interese, si al estar encargado como jefe, ejercía funciones gerenciales propiamente, como nombramientos, presupuesto, etc. O si solo era "responsable," "coordinador," o "encargado de la sucursal," ya que es irrelevante la denominación que se le de al cargo, siempre que implique mayor responsabilidad de la que tenía antes cuando solo era un agente" (f.263)

Sostiene el casacionista que la sentencia del juzgador Ad-quem, ha violado los artículos 10 y 145 del Código de Trabajo en concepto de violación directa por omisión.

Sostiene el recurrente que la sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo, se consideró que la diferencia salarial era de B/.170.00 por mes (y no B/.470.00 como señala el peritaje), en consecuencia se condenó a la empresa demandada a pagar la suma de B/.6,142.13.

Indica que, con lo anterior, resulta evidente que en ambas instancia pareciera "en teoría" reconocerse los principios que recogen los artículos 10 y 145 del Código de Trabajo; no obstante no se materializó la aplicación de la norma en la parte resolutiva, ya que no se siguió el criterio científico establecido en la Acción Exhibitoria realizada por el perito, donde se concluyó que el salario mensual de la jefa anterior era de B/.800.00 por mes y el salario del señor E.M. era de B/.330.00 por mes, por lo que existía una diferencia salarial de B/.14,100.00 a favor del trabajador.

El recurrente explica que en el expediente no hay pruebas que permitan arribar a la conclusión que la Sra. Y. De León laboraba horas extras, ni que recibía comisiones, por lo que conforme al artículo 152 del Código de Trabajo a falta de consignaciones expresas en las planillas, lo consignado corresponderá al salario ordinario, de tal suerte que igual condición debe aplicarse a E.M., en cumplimiento de lo previsto en los artículos 10 y 145 del Código de Trabajo

Por último, manifiesta que sería inconstitucional privar al trabajador del derecho consagrado en el artículo 67 de la Constitución Nacional que establece que "A Trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, cualesquiera que sean las personas que lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas"

Por todo lo expuesto, solicita se case la sentencia recurrida y en su lugar, se apliquen los artículos 10 y 145 del Código de Trabajo, para que se condene a la empresa demandada al pago de las diferencias reclamadas.

  1. OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN.

    La Firma Forense Mendoza, A., V.&.C., quien representa a la empresa demandada, en su escrito de oposición al recurso de casación, solicita que no se case la sentencia recurrida y lo hace en los siguientes términos:

    Sostiene el oponente que si bien el Código de Trabajo recoge el principio de igualdad de salario, también establece que cualquier traslado que implique ascenso, conlleva el respectivo ajuste, pero tomando en cuenta, no el último salario de la persona sustituida, sino el salario base de la posición o puesto que se sustituye

    Sostiene además, que no puede reconocerse bajo ningún concepto, que el trabajador sustituto de una posición superior deba recibir el último salario devengado por la persona sustituida, cuando el sustituido es un trabajador que ha venido incrementando su ingreso en razón de su eficiencia y antigüedad.

    Que en el caso en particular, quedó acreditado que la Sr. Y. De León ingresó a RENT A CAR PANAMEÑA, S. en calidad de Gerente, posición para el cual se le asignó un salario inicial de B/.500.00 (contrato de trabajo visible a foja 124 de los antecedentes). Por lo que el salario base para la posición de Gerente en las sucursales de la empresa en la provincia de Chiriquí, está establecido en B/.500.00

    Concluyen que ha quedado claro que lo que pretende el casacionista, es que se le reconozca la diferencia en su salario y el de la persona sustituida, criterio que no encuentra sustento en ninguna norma del Código de Trabajo, que por el contrario, va en contra de lo establecido en el artículo 197-A del Código de Trabajo.

  2. DECISIÓN DE LA SALA.

    Una vez estudiados los argumentos planteados por ambas partes, esta S. de Casación Laboral procede a decidir la litis sometida a consideración, previa las siguientes consideraciones.

    Como se ha hecho en otras ocasiones, consideramos oportuno esbozar brevemente algunas cuestiones en torno al recurso que en este momento nos ocupa.

    El recurso de casación está caracterizado por la ausencia de formalidades o técnicas especiales, que va en busca de obtener un fallo que invalide la resolución impugnada dictada en la segunda instancia, que se considera adolece de errores in iudicando y así dictar la que corresponda; ello no implica que los requisitos legales de este recurso sean informales o que se dejen a criterio del demandante, de permitirse esta situación se estaría convirtiendo la S. en una tercera instancia, lo que implicaría la mutilación de la esencia de este recurso extraordinario.

    En tanto que debemos advertir, que el debate que se suscita en esta Máxima Corporación de Justicia Laboral, se circunscribe solamente a la confrontación de la sentencia y la ley, tomando como referencia los argumentos estrictamente jurídicos del recurrente.

    Debe quedar claro, que ya han fenecido las dos instancias inferiores, en las que el debate se suscitó sustancialmente, en la confrontación de los hechos; ahora, no hay cabida para ello, por lo que el asunto sometido a la S. de Casación Laboral está reservado estrictamente a la violación de derechos que se infieren de la sentencia recurrida en casación. En tanto es deber del solicitante, elaborar clara y objetivamente el agravio inferido.

    A partir de esta primicia que la S. entra a analizar el fallo recurrido con la Ley, en virtud de los cargos formulados.

    Arguye el casacionista en su escrito que han sido vulnerados los artículos 10 y 145 del Código de Trabajo, normas relativas al principio de igualdad de salario y el proceso abreviado como medio efectivo para reclamarlo, sustentando las mismas de forma conjunta, y manifiesta en su parte medular, que por parte del Tribunal "no se siguió el criterio científico establecido en la Acción Exhibitoria realizada por el Licenciado A.H., -perito del Tribunal- donde se concluyó que el salario mensual de la Jefa anterior, la Sra. Y. De León, era de B/.800.00 por mes y el salario del nuevo jefe, el Sr. E.M., era de B/.300.00 por mes, por lo que existía una diferencia salarial de B/.14,100.00 a favor de nuestro representado,..."

    Observa la S. que, el casacionista en el transcurso de su escrito, específicamente en el concepto de infracción de las normas invocadas como violadas, los juicios de reproche se dirigen a la forma de como la instancia inferior ha evaluado el caudal probatorio contentivo en el proceso.

    Llama la atención que, si bien el apoderado del casacionista, al momento de notificarse de la sentencia de primera instancia, anunció recurso de apelación, el mismo dejó vencer el termino de sustentación, por lo cual, no se conocieron las razones de su inconformidad con la decisión recurrida.

    Ahora, aspira indebidamente el recurrente que la S. haga un estudio de las consideraciones que llevó tanto al juzgador de primera instancia, como al de segundo grado, en determinar la diferencia salarial a favor del trabajador E.M.. Es decir, esta censura se dirige a la manera como el juzgador evaluó los hechos traídos al proceso en función a las pruebas allegadas al mismo.

    Tal censura es improcedente como fundamento del recurso de casación laboral, al menos que el Tribunal en la labor apreciativa haya incurrido en error de hecho o de derecho en torno a las pruebas; es decir el desconocimiento del medio probatorio, el ignorarlo o dar como existente un elemento que no obra en el proceso -error de hecho-; o se examina, se toma en cuenta, se analiza, pero no le atribuye el valor, que por ley le corresponde, -error de derecho. Ninguna de estas dos situaciones se produjo en el negocio sub-júdice.

    El artículo 864 del Código de Trabajo dispone que "El dictamen pericial será estimado por el Juez, teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y la competencia del perito, sus opiniones, y demás pruebas y elementos de convicción que ofrezca el proceso" (Subraya la S.)

    Así las cosas, observa la S. que el juez primario, en su sentencia, tuvo "para el calculo de las diferencias de salarios dejados de pagar y las diferencias que estas generaron en vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad , la suma de B/.500.00, salario base devengado por la antigua Gerente, según su contrato de trabajo y es que el salario reportado ante la Caja de Seguro Social, puede variar el salario base en atención por ejemplo al pago de horas extras" (f.244 de los antecedentes) . Dicho criterio fue confirmado por el Tribunal Superior de Trabajo de Segundo Distrito Judicial en la sentencia que ahora se impugna.

    En ese sentido, esta S. ha reiterado que solamente en ocasiones excepcionales se puede entrar a juzgar la valoración que el juez le dé a las pruebas, y es en los casos en que dicho tribunal haya incurrido en un error manifiesto, un error que salte a la vista sin mayor dificultad, o haya infringido la regla de la sana crítica basado en un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o al contrario.

    En ese contexto, se hace necesario recordar, que la jurisprudencia de esta S. ha sido constante y uniforme en señalar que la actividad de apreciación de pruebas que adelanta el juzgador laboral, con fundamento al sistema de la sana crítica, no es susceptible de reparo por medio del recurso de casación, ello ha quedado plasmado en sentencia de 30 de abril de 1996, bajo la ponencia del M.A.H., en los siguientes términos:

    "Ahora bien, si lo que pretende la recurrente es que la S. entre a juzgar el valor que el Tribunal Superior de Trabajo le diera a la prueba o sea a la ficha del Seguro Social, y por lo tanto confrontar el criterio de ambos para lograr una resolución favorable, cabe señalar que en diferentes ocasiones esta S. ha manifestado que el presente recurso no es una tercera instancia en la que se entra a analizar el valor que el juzgador le dé a las pruebas. El recurso de casación laboral se limita a confrontar la sentencia de segunda instancia con las normas sustantivas de la legislación laboral que se puedan haber violado.

    Sin embargo, cuando se trata de errores en la interpretación o valoración de las pruebas, errores que salten a la vista sin mayor esfuerzo, como por ejemplo, un error en haber visto lo que no contiene la prueba, o no haber visto lo que sí contiene; puede entonces la S. Tercera entrar a conocer del caso y casar la sentencia. Cabe agregar, que es obligante que el recurrente indique en qué consiste este error para que esta S. entre a conocer del mismo y en caso tal, casar la decisión del juzgador"

    Bajo esta misma línea, en fallo de 27 de septiembre de 1999, la S. Tercera señaló lo siguiente:

    "En este sentido se hace necesario reiterar, que la jurisprudencia de esta Máxima Corporación Judicial ha sido constante y uniforme al señalar que la actividad de apreciación de pruebas que adelanta el juzgador laboral con base al sistema de la sana crítica no es susceptible de reparo por el Tribunal de Casación, excepto que se haya incurrido en un error de hecho en la valoración de la prueba".

    A juicio de los suscritos Magistrados, no le asiste razón a la proponente del recurso, dado que son acertadas jurídicamente, los argumentos planteados por el juzgador Ad-quem, pues los elementos de convicción se ajustan plenamente a las reglas de la sana crítica, que regula el artículo 732 del Código de Trabajo, esto es objetividad, sensatez y lógica razonable, a fin de otorgarle su justo valor al material probatorio. Por lo que se desestima los cargos de infracción planteado frente a los artículos 10 y 145 del Código de Trabajo.

    Sobre el particular, es preciso indicar, que son dos los errores probatorios que en materia de casación pueden ser objeto de estudio: error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

    El Ilustre jurista J.F., al referirse al error de hecho, señala:

    "Error de hecho sobre la existencia de la prueba, se entiende el desconocimiento del medio o elemento probatorio, el ignorarlo, o dar existencia un elemento probatorio que no obra en el expediente". Instituciones de Derecho Procesal Civil Tomo II, pág. 1157

    Se ha dicho, el error de hecho se produce cuando el juzgador tiene como existente en el proceso un elemento o prueba que no obra en el expediente, es decir, suposiciones o imaginaciones de pruebas; el otro supuesto consiste en la ignorancia, o no dar por existente en el proceso un elemento probatorio que reposa en él, esta se conoce como preterición o descuido de la prueba.

    Los errores en casación recaen sobre los elementos probatorios, no sólo sobre el juicio que adelante el juzgador, como viene expuesto por el recurrente, hay que identificar claramente el elemento probatorio que, por error, el juzgador dio un tratamiento jurídico -debe ser preciso- no puede plantearse sobre generalidades en las pruebas, es un ejercicio jurídico que debe estructurarse, hilvanadamente de forma tal que pueda entrelazarse el error del juicio del juzgador con el error de hecho sobre las pruebas, señalando específicamente los elementos probatorios, de manera que le sirva de guía a la S., para entrar a dilucidar el asunto que se somete a análisis.

    No puede de oficio esta S., asumir responsabilidades procesales que corresponden únicamente al proponente del recurso. Por lo que no prospera los cargos de infracción alegados.

    Bajo este mismo criterio la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 1 de septiembre de 1993, acotó:

    "Los errores del sentenciador en la apreciación de la prueba por sí solo no configuran causal de casación sino que son medios por el cual puede arribarse al motivo que consiste justamente en la infracción de la norma de derecho sustantiva. Los errores probatorios conforman una cadena de tres eslabones, a saber: a. El error y su demostración; b. La consiguiente infracción a la Ley sustancial; c. La incidencia del cargo sobre la parte dispositiva de la resolución recurrida".

    Frente a este escenario jurídico, se estima que los cargos son insuficientes en cuanto a la probanza de la ilegitimidad en la sentencia recurrida, por lo tanto no prosperan; además que está vedado a esta Superioridad efectuar revisiones oficiosas que no hayan sido desarrolladas de manera clara por el recurrente.

    Por consiguiente, la S. Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 9 de febrero de 2010 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del proceso laboral E.A.M.S. vs RENT A CAR PANAMEÑA, S.

    Notifíquese,

    VICTOR L. BENAVIDES P.

    LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ALEJANDRO MONCADA LUNA

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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