Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Noviembre de 2013

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución:29 de Noviembre de 2013
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: El fin perseguido con el presente recurso extraordinario consiste en que la Sala case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, en el sentido de condenar a la sociedad demandada a pagar al demandante la suma de B/.60,716.01 en concepto de comisiones devengadas pero dejadas de pagar, más los montos que dichas comisiones generan respecto a los cálculos y pagos que la demandada hizo al demandante con motivo de la terminación de la relación laboral. El presente proceso bajo estudio, se inicia con la demanda laboral que interpusiera el señor A.R.R.A. ante el Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección, reclamando el pago de B/.84,994.27, en concepto de comisiones devengadas y no pagadas. En su demanda corregida, la parte actora alegó, entre otros hechos, haber iniciado relación de trabajo con la demandada el 1° de febrero de 2005, prestando servicios como abogado, devengando un salario de B/.2,500.00 mensuales, divididos de la siguiente manera: B/1,250.00 en concepto de salario fijo y B/.1,250.00 en concepto de gastos de representación. Que además del salario fijo, el demandante y la demandada pactaron el pago de comisiones a razón de 10% del monto de honorarios que la demandada facturara y cobrara a sus clientes en los casos, procesos, consultas y gestiones que atendiera y/o realizara el demandante. No obstante, alega que la demandada sólo le pago comisiones en algunas ocasiones de conformidad con lo pactado. Como consecuencia de lo anterior, aduce la parte actora que la demandada le adeuda, en concepto de comisiones, la suma de B/.64,439.09, que corresponden al 10% de los honorarios señalados en todas las facturas aportadas como prueba; más la diferencia resultante de no incluir dichos montos para el cálculo de las prestaciones laborales con motivo de la terminación de la relación laboral. Ante los fundamentos de la demanda presentada, los apoderados judiciales de la demandada FABREGA, MOLINO Y MULINO, negaron la pretensión del trabajador demandante, alegando que su representada en ningún momento efectuó pagos en concepto de comisiones por los procesos legales, consultas o gestiones que realizara el trabajador. Que las partes al momento de suscribir el contrato de trabajo, nunca pactaron el pago de comisiones por las gestiones legales realizadas por el actor, sino que en un acto de mera liberalidad, por los servicios legales brindados a los clientes de la firma FABREGA MOLINO Y MULINO, éste reconocía al trabajador un beneficio económico que se hace efectivo al mejorar las partidas que, por décimo tercer mes, legalmente corresponden al trabajador. Luego de cumplidas las etapas procesales respectivas, el Juez Primero de Trabajo de la Primera Sección, mediante Sentencia No.67 del 29 de julio de 2011, absolvió a la firma forense FABREGA, MOLINO Y MULINO del reclamo laboral interpuesto por el trabajador demandante, puesto que es del criterio que del material probatorio aportado al proceso, no se pudo concluir que entre las partes hubiesen pactado el pago de una comisión del 10% sobre la base de los honorarios facturados por el demandante. Esta decisión fue apelada por los apoderados judiciales del trabajador demandante ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, el cual, mediante sentencia de 06 de enero de 2012, decidió revocar la decisión proferida por el juez primario, en el sentido de condenar a la demandada al pago de B/.2,457.30 en concepto de vacaciones y prima de antigüedad. El recurrente manifiesta, que la resolución impugnada viola los artículos 735, 765 (num 3), 69, 140, 148 del Código de Trabajo. Sostiene, en primer lugar, que la sentencia ha infringido, de manera directa el artículo 735 del Código de Trabajo, ya que erróneamente afirma que no existen pruebas que acrediten la afirmación de la parte demandante, en el sentido de que se pagaban comisiones. No obstante, aducen que de fojas 225 a 239 del expediente figuran un total de 18 cheques pagados por la demandada en los que consta en todos ellos, de manera clara, que se están pagando comisiones y que esas comisiones representan un porcentaje fijo de 10% sobre el rubro de honorarios de la demandada. El recurrente considera, también, que la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá, ha violentado el artículo 765 del Código de Trabajo, en su ordinal 3, en la medida que al celebrarse la primera audiencia correspondiente al presente proceso, la parte demandante aportó como prueba el informe rendido por el licenciado G.T., contador Público Autorizado, sin que la parte demandada lo objetase, por lo cual el mismo debe tenerse como documento auténtico para los efectos del proceso, en donde se explican que los documentos recabados en las oficinas de la parte demandada, acreditan que al demandante se le pagaban comisiones de 10% sobre los honorarios que la demandada facturaba y cobraba a sus clientes por los servicios de abogado que les prestaba el demandante. Señala, además, que la sentencia impugnada viola directamente el contenido del artículo 69 del Código de Trabajo, puesto que la parte trabajadora ha probado que recibió pagos en concepto de comisiones a razón de una suma correspondiente al diez por ciento (10%) del monto de honorarios que la demandada facturaba y cobraba a sus clientes en los casos, procesos, consultas y gestiones que atendió y/o realizó el demandante. Alega el recurrente que la resolución impugnada infringe el artículo 140 del Código de Trabajo, por cuanto erróneamente desconoce el hecho que la demandada pagaba al demandante por los casos y procesos que atendía, por lo que igualmente desconoce que las comisiones forman parte del salario que la demandada pagaba al demandante, como señala la norma citada. Por último, alega que la sentencia recurrida ha desconocido el derecho del trabajador demandante a recibir su salario completo en el momento que la Ley Laboral establece para ello, conforme lo establece taxativamente el artículo 148 del Código de Trabajo, específicamente en lo atinente a las comisiones que el trabajador devengó pero que la empresa demandada no pagó. Alega que el Tribunal Superior, al desconocer el derecho del trabajador a recibir su salario completo y a tiempo, viola en forma directa lo consagrado en el artículo 148 del Código de Trabajo. Del recurso presentado se corrió traslado a la firma forense FABREGA, MOLINO Y MULINO de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 927 del Código de Trabajo, quien a través de sus apoderados judiciales, se oponen al presente recurso de casación laboral, solicitando que no se case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo de 6 de enero de 2012, y, en consecuencia, se mantengan los efectos de la misma. Fundamenta su oposición en el hecho de que tal y como lo afirma la sentencia recurrida, no existe en el expediente pacto u otro documento o elemento que acredite de manera fehaciente que las partes, de manera libre y espontánea, pactaron el pago de comisiones como una forma de retribució0n mas allá del salario mensual. Que no es factible considerar que existe la obligación de pagar comisiones tomando únicamente como criterio el hecho de que algunas constancias de pago (cheques) pudieran tener esa denominación. Referente al artículo 765 del Código de Trabajo, señalan que el Tribunal Superior en ningún momento desconoció o ignoró el informe pericial rendido por el Licenciado D.T., sino que aducen que al momento de evaluar el material probatorio, los Honorables Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo, concluyeron que no existían elementos probatorios y de juicio que llevaran a la conclusión que al demandante le asiste el derecho de percibir comisiones por los casos que atendía como abogado de la firma forense FABREGA, MOLINO Y MULINO, y también por las facturas que llevaran su firma, aún cuando no tuviere participación en el servicio prestado. Por otro lado, con relación al artículo 69 del Código de Trabajo, señalan que el mismo establece una presunción a favor del trabajador en el sentido que se presumen como ciertos los hechos o circunstancias alegados por éste, sin embargo, aducen que no todas las afirmaciones que haga el trabajador quedan amparadas por esta presunción, ya que de lo contrario, tendríamos que en todas las relaciones de trabajo debiera presumirse que existe la obligación del empleador de pagar comisiones y únicamente bastaría que, en cualquier momento, un trabajador alegue tal obligación para que se presuma como cierta. Por último, reiteran respecto a la alegada violación de los artículos 140 y 148 del Código de Trabajo, que el Tribunal Superior de Trabajo no desconoce los cheques aportados como prueba, sino que al hacer la valoración de los mismos, concluye que estos fueron efectuados como consecuencia de una labor que hizo el demandante y no en concepto de vacaciones. Que por lo tanto, no existe por parte de FABREGA MOLINO Y MULINO la obligación de pagar comisiones. IV- DECISIÓN DE LA SALA Una vez estudiados los argumentos planteados por ambas partes, esta Sala de Casación Laboral procede a decidir la litis sometida a consideración, previa las siguientes consideraciones. Como se ha hecho en otras ocasiones, consideramos oportuno esbozar brevemente algunas cuestiones en torno al recurso que en este momento nos ocupa. El recurso de casación está caracterizado por la ausencia de formalidades o técnicas especiales, que va en busca de obtener un fallo que invalide la resolución impugnada dictada en la segunda instancia, que se considera adolece de errores in iudicando y así dictar la que corresponda; ello no implica que los requisitos legales de este recurso sean informales o que se dejen a criterio del demandante, de permitirse esta situación se estaría convirtiendo la Sala en una tercera instancia, lo que implicaría la mutilación de la esencia de este recurso extraordinario. En tanto que debemos advertir, que el debate que se suscita en esta Máxima Corporación de Justicia Laboral, se circunscribe solamente a la confrontación de la sentencia y la ley, tomando como referencia los argumentos estrictamente jurídicos del recurrente. Debe quedar claro, que ya han fenecido las dos instancias inferiores, en las que el debate se suscitó sustancialmente, en la confrontación de los hechos; ahora, no hay cabida para ello, por lo que el asunto sometido a la Sala de Casación Laboral está reservado estrictamente a la violación de derechos que se infieren de la sentencia recurrida en casación. En tanto es deber del solicitante elaborar clara y objetivamente el agravio inferido. Es a partir de esta primicia que la Sala entra a analizar el fallo recurrido con la Ley, en virtud de los cargos formulados. Así las cosas, observa la Sala que el casacionista arguye en su escrito que han sido vulnerados los artículos 735 (carga de la prueba), 765 (presunción de autenticidad de documentos privados) del Código de Trabajo y manifiesta, en su parte medular, que el Tribunal Superior de Trabajo afirma erróneamente que no existen pruebas en el expediente que acrediten la afirmación de que se le pagaban comisiones, cuando de fojas 225 a 239 del expediente, figuran un total de dieciocho (18) cheques pagados por la demandada en los que consta, en todos ellos, de manera clara, que se estaban pagando comisiones y, que las mismas, representan un porcentaje fijo de 10% sobre el rubro de honorarios que la demandada FABREGA, MOLINO Y MULINO, facturaba y cobraba a los clientes cuyos procesos eran manejados bajo la responsabilidad directa y la gestión personal del demandante. En ese sentido, observa la Sala que el casacionista, en el transcurso de su escrito, específicamente en el concepto de infracción de las normas invocadas como violadas, los juicios de reproche se dirigen a la forma de como la instancia inferior ha evaluado el caudal probatorio contentivo en el proceso. Es decir, se desprende claramente que los cargos que alega la recurrente se fundamentan en que no está de acuerdo con la valoración que el Tribunal Superior de Trabajo le dio a las pruebas, al igual que no se evaluaron otras presentadas al proceso y por lo tanto, el fallo resultó en su contra. Ahora, aspira indebidamente la recurrente que la Sala haga un estudio de las consideraciones que llevó tanto al juzgador de primera instancia, como al de segundo grado, en determinar la probanza de las comisiones reclamadas por el trabajador A.R.. Es decir, esta censura se dirige a la manera como el juzgador evaluó los hechos traídos al proceso en función a las pruebas allegadas al mismo. Tal censura es improcedente como fundamento del recurso de casación laboral, al menos que el Tribunal en la labor apreciativa haya incurrido en error de hecho o de derecho en torno a las pruebas; es decir el desconocimiento del medio probatorio, el ignorarlo o dar como existente un elemento que no obra en el proceso -error de hecho-; o se examina, se toma en cuenta, se analiza, pero no le atribuye el valor, que por ley le corresponde, -error de derecho. Ninguna de estas dos situaciones se produjo en el negocio sub-júdice. Al examinar la sentencia recurrida se observa que el Tribunal Superior de Trabajo hace referencia a que las pretensiones del actor no fueron acreditadas, cuando se refiere en los siguientes términos: "...luego de examinadas las pruebas que obran en el expediente, es conclusión de este Tribunal Superior que en efecto como señala en la sentencia recurrida, no puede accederse al reclamo en concepto de comisiones dejadas de pagar, toda vez que no existe incorporado al expediente ningún elemento probatorio, que acredite que las partes en conflicto acordaron, bien de manera escrita o verbal, el pago de comisiones en adición al salario establecido en el contrato de trabajo presentado por la parte demandante que reposa de fojas 12 a 13, y reiterado por la parte demandada en original como prueba 1-D, de fojas 115 a 120; no constituye prueba fehaciente del derecho exigido, los pagos que se observan en los comprobantes visibles de fojas 225 a 239, que reposan en el Informe Pericial de foja 190 a 193, en lo que se refiere a la denominación de "comisión"; además de considerar fundamentalmente, en consonancia con la jurisprudencia supra transcrita y analizada, de que no estamos frente al caso de un trabajador contratado para desempeñar una labor normalmente retribuida mediante el pago de comisiones". Los testigos traídos al proceso por la demandada, de cuyas reseñas declaradas bajo juramento, no debe existir motivo de duda de la objetividad y sinceridad de los mismos, habida cuenta que coinciden en señalar que tales pagos no fueron convenidos en tal concepto. Por otro lado, en los mismos comprobantes también se da a los pagos realizados otra denominación, concretamente, "Mejoras al décimo tercer mes"; observándose además que los porcentajes pagados varía en forma significativa, (5%, 10%, 20%), sin que exista en el expediente debidamente acreditado, elemento probatorio alguno que permita determinar con la certeza necesaria, la fuente de la obligación del empleador de pagar un determinado porcentaje en relación con cada una de las facturas el pago de honorarios de los clientes aportadas como pruebas" (cfr. fs. 920-921) E.S. ha reiterado que solamente en ocasiones excepcionales se puede entrar a juzgar la valoración que el juez le dé a las pruebas, y es en los casos en que dicho Tribunal haya incurrido en un error manifiesto, un error que salte a la vista sin mayor dificultad, o haya infringido la regla de la sana crítica basado en un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o al contrario. Tal circunstancia no se produce en este caso, siendo que en concepto de esta Superioridad, el Tribunal Ad-quem ha examinado las pruebas de manera racional, con arreglo a la ley, la lógica y la experiencia, tomando en cuenta entre otros factores la fuente de las pruebas, los datos que sirven a la prueba y lo verosímil de su contenido. Por otro lado, observa la Sala que el recurrente alega que la sentencia impugnada vulnera también el artículo 69 del Código de Trabajo, centrando los cargos en que se desconoce el pago de las comisiones que la demandada debía hacer al trabajador a razón del 10% sobre el monto de honorarios que la demandada facturaba y cobraba a sus clientes en los casos, procesos, consultas y gestiones que atendía y/o realizaba el demandante. El artículo 69 del Código de Trabajo, establece la presunción de certeza respecto a los hechos o circunstancias alegados por el trabajador y que debían constar en el contrato escrito de trabajo, en aquellos casos en que no exista el referido contrato. Estas son presunciones juris tantum, es decir, admiten prueba en contrario, que desvirtúen tales presunciones, mediante pruebas que no admitan duda razonable. No obstante, observa la Sala que a fojas 12-13 del expediente laboral, reposa un ejemplar del contrato escrito de trabajo suscrito por el trabajador A.R. y la demandada F., M. y M., el cual en su cláusula CUARTA las partes pactaron que "El salario que devengará EL TRABAJADOR será de Mil Doscientos Cincuenta dólares ($1,250.00) más Mil Doscientos cincuenta dólares ($1,250.00) en concepto de Gastos de Representación por mes, pagaderos por quincena y los pagos se verificarán en el lugar de trabajo después de la última jornada de trabajo." Así, ante la existencia de este contrato, no opera la presunción legal establecida en el artículo 69 del Código de Trabajo, ya que el mismo desvirtúa lo alegado por el trabajador, correspondiéndole la carga de la prueba sobre la obligación del empleador de cancelar una comisión del 10% sobre la base de los honorarios facturados por el demandante. Ahora, veamos las consideraciones que el Tribunal Superior de Trabajo tomó en cuenta para emitir su decisión: "Ahora bien, sin perjuicio de que los pagos en mención, no correspondan propiamente a pagos en concepto de comisión, ni puedan tenerse como prueba del derecho a las comisiones reclamadas como dejadas de pagar, este Tribunal Superior conceptúa que tales pagos deben incluirse para el cálculo de las vacaciones y prima de antigüedad del demandante; habida cuenta que tal cual se desprende de las circunstancias de modo y tiempo relativa a los mismos, tampoco tiene la connotación real de "Mejoras al Décimo Tercer Mes"; ni de ningún otro pago que por ley deba ser excluido del cálculo de dichas prestaciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Trabajo." Las comisiones surgen, tal como se infiere del artículo 142 del Código de Trabajo, de un acuerdo de voluntades entre las partes, en adición al salario. La norma es clara cuando expresa literalmente que "Cuando el salario fuere pactado por unidad de tiempo, las partes podrán acordar, en adición al mismo, primas complementarias, comisiones y participación en las utilidades. El salario base en ningún caso será inferior al mínimo legal o convencional. ... El empleador y el trabajador podrán convenir y modificar las condiciones del salario por tareas piezas, comisiones o primas complementarias..." Colige el Tribunal de Casación, pues, que las comisiones, como un complemento al salario, si se quiere, están sujetas a un pacto o negociación entre las partes, según lo establecido en el artículo 142 del Código de Trabajo, razón por la cual, no forman parte esencial de los elementos que debe contener el contrato de trabajo y, por ende, reiteramos que no son aplicables las presunciones contenidas en el artículo 69 del Código de Trabajo, como alega el recurrente. De otro modo, las comisiones sólo forman parte integral del salario en aquellos casos en que se haya pactado previamente con el empleador, ya sea de manera expresa en el contrato escrito de trabajo o, de manera tácita, en aquellos casos en que el trabajador haya recibido dichas sumas en adición al salario. Sin embargo, ninguna de las dos situaciones han quedado debidamente acreditadas dentro del proceso que nos ocupa. Ello es así, toda vez que dentro del proceso no se ha aportado ningún documento que haga constar que la demandada FABREGA MOLINO Y MULINO pactó un porcentaje de comisión con el Licenciado Rosas, o algún documento que deje plasmado que en alguna ocasión se le pagó comisiones a razón del 10% del monto de los honorarios que la demandada facturara y realizara a sus clientes por los casos, procesos, consultas y gestiones legales que atendiera o realizara el demandante. En ese sentido, observa la Sala que la referencia que hace el Tribunal Superior de Trabajo en cuanto al pago que, en concepto de mejoras al décimo tercer mes, la demandada otorgaba al trabajador, es que los mismos no pueden tenerse como prueba del derecho a las comisiones reclamadas como dejadas de pagar, mas sin embargo, dichas sumas deben tenerse en cuenta para el cálculo de las vacaciones y prima de antigüedad del trabajador, al tenor de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 142 del Código de Trabajo. A juicio de los suscritos Magistrados, no le asiste razón al proponente del recurso, dado que son acertadas jurídicamente, los argumentos planteados por el juzgador Ad-quem, pues del cúmulo de pruebas aportadas por la parte demandante, no alcanzan a proyectarle al juzgador la convicción de certeza del derecho que alega el trabajador en su demanda. Por consiguiente, los cargos que formula el casacionista contra los artículos 140 y 148 del Código de Trabajo, son igualmente improcedentes puesto que al no quedar debidamente acreditada la obligación de pagar las comisiones que reclama el demandante en concepto de salario, no es exigible a la sociedad demandada el pago de las mismas. En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 6 de enero de 2012 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso laboral A.R.R.A. -vs- FABREGA, MOLINO Y MULINO. N., VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ALEJANDRO MONCADA LUNA KATIA ROSAS (Secretaria)