Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Noviembre de 2013

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución:26 de Noviembre de 2013
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: El Licenciado A.C.B., actuando en nombre y representación de M.V.P., ha recurrido en casación laboral contra la Sentencia de 27 de enero de 2012, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral Ut Supra. El fin perseguido con el presente recurso consiste en que la Sala case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, y en su defecto, condene a la sociedad demandada DICHTER & NEIRA CORP. a pagar a la señora VEGA, las prestaciones laborales y derechos adquiridos como consecuencia de la relación de trabajo existente entre las partes. I. ANTECEDENTES DEL RECURSO. Se trata de un proceso común de trabajo, interpuesto por M.V.P. contra Dichter & Neira Corp., a fin de que ésta sea condenada a pagarle la suma de B/.5,400.00, en concepto de vacaciones (B/.2,700.00) y décimo tercer mes (B/.2,700.00), más B/.600.00 en concepto de prima de antigüedad. La Juez adjunta del Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, en Sentencia No.83 de 17 de noviembre de 2011, decidió condenar a Dichter & Neira Corp. a pagarle a la trabajadora M.V.P. la suma de B/.2,524.35.98 en concepto de las prestaciones laborales reclamadas, al considerar que se encuentra acreditada, vía presunción, la existencia de la relación de trabajo entre las partes. Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, en sentencia de 27 de enero de 2012, decide revocar la decisión de la Juez de primera instancia, toda vez que estima que la misma "no resolvió la causa en conformidad con la normativa laboral y las pruebas obrantes en el proceso, dado que no se ha demostrado que entre la demandante M.V. y sociedad DICHTER & NEIRA CORP., se cumplieron los requisitos propios de una relación de índole jurídico-laboral, ello por cuanto no constan en el expediente pruebas que acrediten que la demandante hubiera estado sujeta a órdenes, instrucciones, horario de trabajo, registro de asistencia, o cualquier otro elemento que permita establecer la existencia de subordinación jurídica. Cfr. fs. 149-150) II. CARGOS DEL CASACIONISTA El casacionista afirma que la sentencia impugnada viola los artículos 62, 64, 65, 238, 242, 735 y 737 del Código de Trabajo. En primer lugar, el recurrente manifiesta que la sentencia de 27 de enero de 2012, infringe el contenido de los artículos 62 y 65 del Código de Trabajo, de manera directa y por comisión, puesto que el Ad quem ha fundado su resolución en la supuesta inexistencia de la relación laboral que se dio entre las partes, lo cual es falso, ya que para que no existiese relación de trabajo, no debió existir o no debió darse los dos aspectos que acrediten y certifican la existencia de la relación de trabajo, a saber: subordinación jurídica y dependencia económica. De igual forma, sostiene el casacionista, que la Resolución proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, vulnera el artículo 64 del Código de Trabajo, en el sentido que el Ad quem no ha ocupado el rol como debe ser al momento de resolver los procesos que ante ellos se someten a consideración, ya que debe aplicar las normas del Código de Trabajo de manera conjunta con la finalidad de garantizar una tutela judicial efectiva de los derechos consagrados en la Ley laboral a favor de los trabajadores. En cuanto a la violación del artículo 242 del Código de Trabajo, el recurrente manifiesta que la sentencia infringe de manera directa el mismo, toda vez que en expediente reposan una serie de documentos de los cuales se desprende la existencia de la dependencia económica, ya que era el único salario que devengaba la trabajadora. Señala que era la empresa la que determinaba que encuesta se debe hacer, bajo que parámetros y a que género de personas se le debe hacer la encuesta. Continua señalando la impugnante que la Sentencia de segundo grado, viola directamente por comisión, el artículo 735 del Código de Trabajo, por cuanto la parte actora no ha acreditado dentro del presente proceso de manera fehaciente la inexistencia de los hechos que fundamentan su accionar, toda vez que no acreditó la supuesta inexistencia de la relación laboral. Señala además, que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, viola directamente por omisión el contenido del artículo 737 del Código de Trabajo, toda vez que la parte actora la cual le correspondía acreditar con pruebas la verdad de su accionar y por ende desvirtuar las presunciones citadas en la norma. Por último, el casacionista considera que el fallo impugnado viola directamente lo dispuesto por el artículo 238 del Código de Trabajo, alegando que la trabajadora siempre trabajó de manera personal para la demandada, toda vez que se refleja en los cheques que fueron entregados a ella en concepto de salarios los cuales van dirigidos exclusivamente a la señora M.V.P. y las cuales la única empresa que le cancelaba esa suma de dinero era la empresa DICHTER & NEIRA CORP. Del recurso presentado se corrió traslado a la empresa DICHTER & NEIRA CORP., de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 927 del Código de Trabajo, sin que ésta haya comparecido dentro del término de Ley, a exponer sus objeciones. Una vez estudiados los argumentos estructurados por el proponente del recurso, la Sala de casación Laboral procede a decidir la litis sometida a consideración, previo a las siguientes observaciones. El recurrente sostiene que la sentencia recurrida ha infringido los artículos 62, 64, 65, 238, 242, 735 y 737 del Código de Trabajo. El Tribunal de casación abordará en conjunto los cargos de violación a la Ley, toda vez que existe entre éstos una íntima vinculación, ya que giran en torno al argumento esencial de la recurrente quien alega que existió relación laboral entre ella y la empresa Dichter & Neira Corp., desde diciembre de 2006 a julio 2010, y no prestación de servicios profesionales como afirma la empresa. En ese sentido, el casacionista sustenta su disconformidad aduciendo básicamente que la sentencia de 27 de enero de 2012, viola la normativa laboral citada, dado que el Tribunal Superior de Trabajo ha fundado su resolución en la supuesta inexistencia de la relación laboral que se dio entre la trabajadora y la demandada, a pesar de que esta última no logró probar la inexistencia de dicha relación. Que con los documentos aportados al proceso han quedado acreditados los aspectos que acreditan y certifican la existencia de la relación de trabajo a saber: subordinación jurídica y dependencia económica. No obstante, la Sala luego de analizar los argumentos vertidos por el recurrente y confrontarlo con las constancias procesales, coincide con los criterios expuestos por el Tribunal Superior de Trabajo, puesto que ha "si bien nuestro ordenamiento jurídico en materia laboral admite la posibilidad de la existencia de una relación de trabajo surgida por la simple incorporación a la empresa de quien preste un servicio , al indicarse "cualquiera sea el acto que le de origen", es decir que no necesariamente surge a través de una contratación, sea escrita o verbal, sin embargo, en dicha relación deben estar presentes los elementos antes expresados, propios de una relación jurídico laboral propiamente tal, a objeto de que dicha relación sea tenida como de naturaleza laboral, lo que reiteradamente ha determinado la jurisprudencia nacional." Tal como se regula en el artículo 62 del Código de Trabajo, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica. Dentro de este contexto, le corresponde al trabajador acreditar la relación de trabajo, es decir, pesa sobre él la carga de la prueba, que se invierte a la empresa cuando éste ha logrado comprobar la prestación del servicio o la ejecución de la obra, teniendo que desvirtuar lo alegado por el trabajador o acreditar que esa relación o prestación del servicio, no era de carácter laboral. En cuanto a la presunción establecida por la ley y que aquí se alega como vulnerada, hay que recalcar que la misma no es un medio de prueba, y que sólo es admisible cuando el o los hechos en que se funden estén debidamente acreditados, tal como lo expresa el artículo 736 del Código de Trabajo. En este orden de ideas, el artículo 66 del Código de Trabajo señala claramente que se presume la existencia del contrato o relación de trabajo entre quien presta un servicio o ejecuta una obra y la persona que recibe aquél o éstas, presunción que se mantiene salvo prueba en contrario (Cfr. Artículo 737 del Código de Trabajo). Para que dicha presunción se aplique es necesario que se demuestre efectivamente la prestación personal del servicio en condiciones de subordinación o dependencia económica. Los conceptos de subordinación jurídica y dependencia económica se encuentran descritos en los artículos 64 y 65 del Código de trabajo, respectivamente. No obstante, llama la atención de la Sala que aunque el casacionista alega que, quedó acreditada la existencia de una relación de carácter laboral, el mismo no haya presentado material probatorio alguno, siquiera con la intención de demostrar la prestación personal del servicio. Y es que al revisar el expediente laboral que nos ocupa, advierte la Sala que el apoderado judicial de la trabajadora, en el acto de audiencia celebrado el 22 de agosto de 2011, se limitó a solicitarle al juez que oficiara a las Juntas de Conciliación y Decisión, a efectos de que se remitiera "copia debidamente autenticada del expediente No.4267-10D entre las partes M.V.P. contra Dicter & Neira Corp.," (Cfr. f. 20) sin embargo, a pesar de las actuaciones del Juez primario, la parte actora no aportó las copias correspondientes. En cambio, se observa que es la propia empresa demandada la que acredita la prestación de un servicio por parte de la trabajadora, con la aportación de los contratos por servicios profesionales, así como los comprobantes de pago en concepto de honorarios por los servicios prestados. Asimismo, es la parte demandada la que incorporó al proceso las resoluciones de la Junta de Conciliación y Decisión No. 15, así como del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá, que deciden la pretensión de la trabajadora, resolviendo declarar probada la excepción de Inexistencia de la Relación de Trabajo entre las partes. Para probar una relación laboral el artículo 64 del Código de Trabajo, exige prueba de haber prestado un servicio personal y que se acredite ya sea la subordinación jurídica o la dependencia económica, situaciones que no se han producido con relación a la demandante y a la empresa demandada, por tanto no consideramos que el artículo señalado haya sido violado directamente por comisión por parte del juzgador ad quem, tal como lo alega la recurrente. Lo anterior denota que la actividad o el servicio de Encuestadora desempeñado por la señora M.V., tal cual se desprende de los contratos por servicios profesionales, tienen un vínculo de derecho privado, sin que en el expediente haya indicios de que la misma estuviese sujeta a horarios o registros de asistencia alguno, o que en el ejercicio de su actividad se ejerciera algún tipo de control o fiscalización por parte de la empresa Dichter & Neira Corp. o, de otro modo, la existencia de un poder de dirección por parte del empleador, al cual habría de sujetarse la trabajadora en el periodo alegado. Ese poder de dirección se traduce en el derecho de organización, el derecho de mando, el derecho de supervisión o vigilancia y el derecho de sanción por parte del empleador. Igualmente, en el deber de obediencia por parte de la trabajadora. Respecto a la dependencia económica, debemos señalar que este concepto se utiliza en forma subsidiaria para identificar la relación de trabajo y tiene cabida sólo en la medida que no sea posible comprobar la subordinación jurídica. En este sentido, O.V. nos dice que se aplica cuando "se trata de casos dudosos o ubicados en una zona gris, en lo que no se aprecia claramente la sujeción del trabajador a las órdenes o las instrucciones del empleador. A ello apunta la parte final del artículo 65 del Código de Trabajo, cuando señala que "en caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo, la prueba de la dependencia económica determina que se califique como tal la relación existente" (V.V., O.. Derecho de Trabajo. Relaciones Individuales. Editorial Varem, Panamá, 1998, Pág. 37). Por lo antes expuesto, si bien se ha logrado acreditar en el expediente laboral que la demandante prestó servicios a la empresa Dichter & Neira Corp., no se ha logrado acreditar la relación laboral alegada, tal cual lo exigen los artículos 62, 64 y 65 del Código de Trabajo. A juicio de los suscritos Magistrados, no le asiste razón a la proponente del recurso, dado que son acertadas jurídicamente, los argumentos planteados por el juzgador Ad-quem, pues los elementos de convicción se ajustan plenamente a las reglas de la sana crítica, que regula el artículo 732 del Código de Trabajo, esto es objetividad, sensatez y lógica razonable, a fin de otorgarle su justo valor al material probatorio. La Sala arriba a la conclusión de que la señora M.V.P. no ha acreditado en el proceso que, en efecto, hubo una prestación personal del servicio en condiciones de subordinación jurídica y dependencia económica con la sociedad Dichter & Neira Corp., los cuales constituyen los pilares fundamentales sobre los cuales se sustenta una relación de trabajo. Ante este acontecimiento jurídico, esta Corporación de Justicia Laboral concluye que la sentencia atacada mediante el recurso de casación se ajusta a derecho y que los cargos de violación a las normas del Código de Trabajo, son insuficientes en cuanto a la probanza de la ilegitimidad alegada, por lo que debe negarse la pretensión del casacionista. Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 27 de enero de 2012 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso M.V. PACHECO -vs- DICHTER & NEIRA CORP. N., VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ALEJANDRO MONCADA LUNA KATIA ROSAS (Secretaria)