Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Noviembre de 2013

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución:26 de Noviembre de 2013
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: La Licenciada K.S.A. De Obaldía, actuando en nombre y representación del señor I.G.P., ha presentado recurso de casación laboral contra la resolución emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de 30 de septiembre de 2011, dentro del proceso laboral arriba descrito. El presente recurso extraordinario tiene su génesis en la demanda laboral interpuesta por el señor I.G.P. contra la empresa Seguridad Unida, S.A., reclamando el pago de siete mil trescientos ochenta y dos balboas con treinta y ocho centésimos (B/.7,382.38) en concepto de recargos dejados de pagar por trabajar en jornadas extraordinarias y en días especiales, diferencia de vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad con base a éstos recargos, así como la indemnización por renuncia con causa justificada, más descuentos ilegales. Fundamenta su pretensión, afirmando que inició labores con la empresa demandada el 23 de abril de 2006, mediante un contrato verbal, desempeñándose como agente de seguridad, laborando en turnos rotativos de ocho (8), doce (12) y dieciséis (16) horas diarias, de lunes a domingo con un día de descanso semanal, sin que se le cancelaran los recargos por laborar jornadas extraordinarias, domingos o días de fiesta o duelo nacional. Que en virtud de ello, el trabajador comunicó a la empresa su decisión de poner fin a la relación laboral, basándose en el hecho de que SEGURIDAD UNIDA, S.A. no le pagaba el salario completo, específicamente, la parte correspondiente a los recargos por laborar en jornadas extraordinarias, los cuales tampoco fueron calculados para el pago correspondiente de las vacaciones y las partidas de XIII mes con base a dichos recargos. También alegó que la empresa le efectuaba descuentos ilegales en concepto de uniformes y un supuesto seguro de vida. Ante la demanda presentada, el apoderado judicial de la empresa SEGURIDAD UNIDA, S.A. negó la pretensión de la demanda, toda vez que sostiene que el señor G. firmó un contrato escrito de trabajo desde el 23 de abril de 2006, y se le pagaban sus prestaciones laborales de conformidad con sus horas efectivamente laboradas; y sus prestaciones laborales le fueron cubiertas en su totalidad al momento de culminar la relación de trabajo. El Juez Adjunto del Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección, mediante Sentencia No.61 de 22 de julio de 2011, decidió, en primer lugar, absolver a la sociedad SEGURIDAD UNIDA, S.A. del pago de horas extraordinarias y de las prestaciones laborales calculadas sobres los recargos de las jornadas extraordinarias reclamadas. Además, absolvió a la sociedad demandada del pago de la indemnización por despido indirecto y, por último, condenó a Seguridad Unida, S.A. al pago de B/.298.00 en concepto descuentos de uniformes aplicados al trabajador I.G.P.. La parte demandante decide recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, pues se siente inconforme con la decisión de primer grado. En la segunda instancia, la resolución impugnada es confirmada; lo que motivó entonces al trabajador demandante recurrir en casación laboral ante esta Máxima Corporación de Justicia, recurso que pasamos de inmediato a presentar. El casacionista estima que la Sentencia del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de 30 de septiembre de 2011, infringe los artículos 13, 138 (num. 10 y 14), 148, 161, 223 (num.2 y 11), 225 (lit. C) y 765 (num. 3) del Código de Trabajo. Sostiene en primer lugar, que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo incurrió en aplicación indebida del artículo 13 del Código de Trabajo, ya que declaró que la facultad que tenía el trabajador para renunciar al empleo por causas imputables al empleador había transcurrido en exceso, cuando en la carta de renuncia presentada se puede apreciar que los cargos imputados a la empresa y que constituyen causa justificada para renunciar al empleo con derecho a percibir el monto de la indemnización por despido injustificado eran varios, entre ellos, que la demandada efectuó descuentos ilegales al salario, los cuales fueron probados fehacientemente en el proceso. Respecto a la infracción a los numerales 10 y 14 del artículo 138 del Código de Trabajo, indica el recurrente que los mismos ha sido violados directamente por omisión, porque quedó plenamente demostrado en el proceso que la demandada le efectuaba deducciones no autorizadas al salario quincenal del actor, con lo cual se le restringían derechos de éste, tal y como reconoce la propia sentencia en su parte resolutiva. Señala además, que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, viola directamente por omisión el contenido del artículo 148 del Código de Trabajo, toda vez que quedó claramente acreditado que la empresa le efectuaba descuentos no autorizados al salario del trabajador, que presupone la falta de pago del salario completo, lo cual motivó la renuncia justificada. Continua señalando el impugnante que la Sentencia de segundo grado viola, directamente por omisión, el artículo 161 del Código de Trabajo, ya que omitió aplicar dicha norma al caso que nos ocupa, a pesar de quedó claramente acreditado que al trabajador se le hacían descuentos quincenales al salario desde que inició la relación laboral hasta que terminó, para cubrir un seguro de vida. Manifiesta también que la Sentencia de 30 de septiembre de 2011, viola directamente por omisión, el contenido de los numerales 2 y 11 del artículo 223 del Código de Trabajo, puesto que desde el inicio de la relación laboral, hasta cuando se terminó, la empresa demandada mantuvo la política de descuentos ilegales, todo lo cual confirma que la demandada ejecutó actos que en su momento restringieron los derechos del actor, lo cual no fue reconocido por la sentencia impugnada, pese a que fueron probados en el proceso Asimismo, la apoderada judicial del recurrente alega que la sentencia del Ad quem viola, de manera directa por comisión, el artículo 225 del Código de Trabajo, en el sentido que en el proceso se probó que la relación laboral entre las partes termino por causa imputable al empleador y en consecuencia, al trabajador le debía corresponder el pago de la indemnización por despido injustificado que contempla dicha norma. Que la violación es más evidente si se toma en cuenta que se condenó parcialmente a la demandada por las sumas descontadas ilegalmente durante la relación laboral, pero dejó de reconocer que desde el inicio de la misma y hasta la fecha que terminó, la demandada también le efectuaba descuentos al salario del trabajador, los cuales eran ilegales y tal violación por parte del empleador, configuraba la causal para ponerle fin a la relación laboral, con el derecho a percibir la indemnización correspondiente. Por último, el casacionista considera que el fallo impugnado viola directamente por omisión lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 765 del Código de Trabajo, toda vez que ignoró los elementos probatorios que demostraban que la empresa demandada incumplía las normas relacionadas con los descuentos que la ley permite que se le apliquen a los salarios de los trabajadores. Por todo lo expuesto, solicita se case parcialmente la sentencia recurrida y en su lugar, se condene a Seguridad Unida, S.A. a pagar la totalidad de los descuentos ilegales debidamente probados, así como la indemnización por despido injustificado, derivada de la terminación por causas imputables al empleador. III. POSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN. Del recurso presentado se corrió traslado a la parte demandada, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 927 del Código de Trabajo, quien a través de su apoderado judicial presentó escrito de oposición al recurso de casación alegando que en el proceso la demandante no presentó ninguna prueba documental o testimonial con valor probatorio que demostrase que el actor hubiese laborado horas extraordinarias en día regulares, ni que hubiese laborado en días domingos. Que, de igual forma, el actor no demostró el supuesto despido indirecto, ya que de acuerdo a lo previsto en el párrafo inicial del artículo 735 del Código de Trabajo, la carga de la prueba incumbe a la parte que afirma la existencia de hechos como fundamento de su acción o excepción. IV. DECISIÓN DE LA SALA Una vez estudiados los argumentos planteados por el recurrente, esta Sala de Casación Laboral procede a decidir la litis sometida a consideración, previa las siguientes consideraciones. Como se ha hecho en otras ocasiones, consideramos oportuno esbozar brevemente algunas cuestiones en torno al recurso que en este momento nos ocupa. El recurso de casación está caracterizado por la ausencia de formalidades o técnicas especiales, que va en busca de obtener un fallo que invalide la resolución impugnada dictada en la segunda instancia, que se considera adolece de errores in iudicando y así dictar la que corresponda; ello no implica que los requisitos legales de este recurso sean informales o que se dejen a criterio del demandante, de permitirse esta situación se estaría convirtiendo la Sala en una tercera instancia, lo que implicaría la mutilación de la esencia de este recurso extraordinario. En tanto que debemos advertir, que el debate que se suscita en esta Máxima Corporación de Justicia Laboral, se circunscribe solamente a la confrontación de la sentencia y la ley, tomando como referencia los argumentos estrictamente jurídicos del recurrente. Debe quedar claro, que ya han fenecido las dos instancias inferiores, en las que el debate se suscitó sustancialmente, en la confrontación de los hechos; ahora, no hay cabida para ello, por lo que el asunto sometido a la Sala de Casación Laboral está reservado estrictamente a la violación de derechos que se infieren de la sentencia recurrida en casación. En tanto, es deber del solicitante elaborar, clara y objetivamente, el agravio inferido. A partir de esta primicia es que la Sala entra a analizar el fallo recurrido con la Ley, en virtud de los cargos formulados. Por economía procesal, se considera prudente examinar, en primer lugar, la violación del artículo13 del Código de Trabajo, en la modalidad de aplicación indebida, dado que el resto de las infracciones se circunscriben a la legalidad o no del mismo. Este modo de infracción de indebida aplicación de la Ley supone que, entendida correctamente una norma en sí misma, se hace aplicación de la regla jurídica a un hecho no probado, pero que se encuentra regulado por esa norma, o sea como anota C., "aplicación de la norma jurídica a un hecho no conforme con su hipótesis", (citado por J.F., Instituciones de Derecho Procesal Civil Tomo II, página 1155). Señala el recurrente que el Tribunal Superior de Trabajo aplicó indebidamente la norma, fundamentándose en que uno de los hechos señalados en la carta de renuncia presentada por el trabajador ocurrieron en los años 2007 y 2008 y la nota de renuncia estaba fechada 17 de febrero de 2009. Sin embargo, arguye que en la carta de renuncia los cargos imputados a la empresa y que constituyen causa justificada para renunciar al empleo con derecho a percibir el monto de la indemnización por despido injustificado, eran varios, entre ellos, el que durante toda la relación laboral, la demandada efectuó descuentos ilegales al salario del trabajador, los cuales fueron probados fehacientemente en el proceso y que ocurrieron, incluso, hasta el día en que se produjo la terminación de la relación laboral. Ahora, observa la Sala que el Tribunal Ad quem, para confirmar la resolución de primera instancia, consideró que "En cuanto al descuento del salario para cubrir el costo de los uniformes, vemos que de acuerdo con el informe presentado por la auditora D.B., los mismos se realizaron desde el mes de septiembre de 2006, por lo que al momento de la renuncia al trabajador le había caducado el derecho para renunciar por ese motivo" (cfr. f. 218 del expediente laboral) Asimismo, el Tribunal Superior de Trabajo coincidió con el A quo, en el sentido que deben reconocerse al trabajador el reembolso de las sumas descontadas en concepto de uniformes, ya que es obligación de la empresa el proporcionar los uniformes de los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 del Código de Trabajo. Ahora bien, si el primer concepto de infracción esgrimido por el casacionista, está dirigido a señalar que el trabajador renuncia en base a que durante toda la relación laboral, la demandada efectuó descuentos ilegales a su salario en concepto del costo de los uniformes, los cuales fueron probados fehacientemente en el proceso y que ocurrieron, incluso, días antes en que se produjera la terminación de la relación de trabajo, afirma el recurrente que no cabía la aplicación del Artículo 13 del Código de Trabajo, ya que nunca se produjo la caducidad señalada en la sentencia impugnada. Debemos comenzar por señalar, que el casacionista crea una confusión entre la declaratoria de caducidad del derecho a renunciar con causa justificada o imputable al empleador y el reembolso de las sumas descontadas en concepto de uniformes. Son dos declaraciones que llega el juzgador secundario, al estudiar separadamente los hechos de la renuncia, con los demás hechos de la demanda. De una atenta lectura de la sentencia recurrida, se observa que son tres aspectos que se dirimen en la misma, a saber: 1. No haber acreditado en el proceso las horas extras, días domingos y de fiesta nacional o duelo nacional laborados 2. Se declara la caducidad para renunciar con causa justificada; y 3. Condenar a la empresa demandada al pago de los descuentos en concepto de Uniformes. Si la sentencia al declarar que efectivamente se le efectuaron descuentos ilegales al salario del trabajador y, en consecuencia, se condenó a la empresa demandada al pago de los mismos, está declaración no trasciende al término que tenía el trabajador para renunciar por este hecho, puesto que de conformidad con lo que establece el artículo 13 del Código de Trabajo, el término para que el trabajador abandone justificadamente el empleo caduca en el plazo de dos meses, el cual "comenzará a contarse desde que ocurrieron los hechos, o cuando éstos constituyan delito, o desde que el empleador o el trabajador tengan conocimiento de los mismos..." (resalta la Sala) Ahora, observa la Sala que en la carta de renuncia se adujo, con relación al tema de los descuentos, que "Durante la relación laboral, la empresa ha estado efectuando descuentos ilegales a mi salario para cubrir el costo de los uniformes que son obligatorios para la prestación del servicio;" (f. 46 último párrafo). No escapa a la percepción de la Sala, que el trabajador decidió dar por finalizada la relación laboral con causa justa el día 17 de enero de 2009, teniendo como fundamento de la misma, entre otros hechos, que desde el inicio de la relación laboral -22 de abril de 2006- a la fecha de su renuncia, la empresa le efectuaba descuentos ilegales sin autorización por el costo de uniformes. Según se constata, los referidos descuentos se produjeron durante toda la relación de trabajo, por lo que a la fecha de presentación de la renuncia, había excedido el término para renunciar con causa justificada. Sobre el tema, la doctrina ha señalado que "...la caducidad se refiere a un término de tiempo que otorga el legislador bien sea al trabajador o al empleador para que puedan ejercitar validamente un derecho potestativo, con el efecto de que si no se ejerce dicho derecho dentro de un término previsto en la ley aquel se extingue." (H., A., Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Editorial Jurídica Iberoamericana, 2005 pág.407) Es decir, que a la fecha en que el trabajador presentó su renuncia, había perdido el derecho para abandonar justificadamente el empleo y, en consecuencia, el derecho a percibir el importe de la indemnización que trata el artículo 225 del Código de Trabajo. El plazo de los dos meses que establece la norma es objetivo, ajeno a cualquier consideración personal del empleador o del trabajador, es decir que empieza a contarse desde el momento en que ocurrieron los hechos, en este caso concreto, desde el inicio de la relación laboral en abril de 2006; no pretende la norma dejar indefinidamente suspendido este derecho en el tiempo, al momento en que así decida ejercerlo el trabajador a su conveniencia. Esta Corporación de Justicia Laboral, estima que los hechos motivo de la renuncia, se encuentran perfectamente contemplados en los supuestos que prevé el artículo 13 del Código de Trabajo; por lo que su aplicación por parte del Tribunal inferior, corresponde a un hecho debidamente probado en el proceso y que la norma establece, lo que ha producido el reconocimiento de la caducidad. Cuestión que este Tribunal Colegiado también reconoce y agrega que los argumentos vertidos en la segunda instancia no requieren de ningún reparo. En tanto, que la infracción invocada por el casacionista no prospera; y por ende, carece de relevancia entrar a conocer el resto de las infracciones presentadas por el casacionista; dado que ha quedado plenamente establecido en el proceso, que ha operado la caducidad para que el trabajador pudiera abandonar su puesto de trabajo, por justa causa. Anotado lo anterior, es evidente que los cargos de infracción invocados por el casacionista, carecen de asidero jurídico para reconocerlos. En consecuencia, esta Superioridad considera que en autos no hay elementos de mérito para variar la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Trabajo; y por ende, se procede a negar la pretensión del recurrente. Por consiguiente, la Sala Tercera (Laboral) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 30 de septiembre de 2011 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso I.G.P. -vs- SEGURIDAD UNIDA, S.A. Notifíquese, VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ALEJANDRO MONCADA LUNA KATIA ROSAS (Secretaria)