Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 7 de Septiembre de 2015

Ponente:Nelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución: 7 de Septiembre de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS:

El Licenciado Lucas De León Castillo, actuando en nombre y representación de JOSÉ VÍCTOR BENÍTEZ BAÑOS, presentó recurso de casación laboral contra la Sentencia de 12 de junio de 2015, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso laboral promovido contra CORVEL MARINE CORP. (M/N THE AMERCAN CORVEL-I)

El señor JOSÉ VÍCTOR BENÍTEZ BAÑOS interpuso demanda laboral contra la CORVEL MARINE CORP. (M/N THE AMERCAN CORVEL-I), reclamando el pago de B/.8,140.00 en concepto de vacaciones vencidas y proporcionales y desmejoramiento de salarial.

Fundamenta su pretensión, afirmando que fue contratado por CORVEL MARINE CORP., el 9 de abril de 2011 en calidad de Capitán para laborar en el Buque Tanque B/T The American Corvel-I, cubriendo el área de navegación por todo el Caribe, con un salario de B/.3,000.00, sin embargo, a partir del 23 de enero de 2012, la empresa le redujo el salario al trabajador a B/.2,500.00por espacio de siete meses. Que la demandada concluyó la relación de trabajo con el Capitán José Benítez el día 20 de agosto de 2012, y que durante la relación laboral no se le pagaron las vacaciones.

Por su parte, la empresa demandada CORVEL MARINE CORP. (B/T THE AMERICAN CORVEL-I) negó la pretensión del trabajador, alegando que el primer contrato tenía fecha de terminación el día 30 de noviembre de 2011, por lo que en enero de 2012, ya no existía un contrato escrito sino verbal y la reducción de salario fue aceptada por el demandante. Que el 30 de noviembre de 2011, las partes dieron por terminada su relación de trabajo en documento firmado de manera voluntaria y en la que consta que el demandante recibió a satisfacción la suma de B/.23,000.00 en concepto de salarios y prestaciones laborales como Capitán de MT AMERICAN CORVEL y declara en la misma nota que renuncia a toda reclamación o intención laboral civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza presente o futura. Asimismo, alegan que el 20 de agosto de 2012 mediante un acta de finiquito el demandante recibió a satisfacción por parte de la empresa la suma de B/.1,666,67 la cual representa su prestación de servicios personales en calidad de Capitán desde el 24 de enero hasta el 20 de agosto de 2012.

Luego del cumplimiento de las etapas procesales correspondientes, la Juez Segunda de Trabajo de la Primera Sección (Ad Int), mediante Sentencia No.62 de 26 de diciembre de 2014, resolvió condenar a CORVEL MARINE CORP. (B/T THE AMERICAN CORVEL-I) al pago de B/.8,140.00 correspondiente a desmejoramiento de salarios y vacaciones vencidas y proporcionales; y, por otro lado, absolvió a la demandada del pago de horas extraordinarias reclamadas por el trabajador.

Esta decisión fue apelada por los apoderados judiciales tanto del demandante, como de la demandada (que sólo sustentó el trabajador) ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, el cual, mediante sentencia de 12 de junio de 2015, decidió modificar la decisión proferida por la juez A quo, al considerar que no existe en el proceso prueba alguna que permita establecer que efectivamente existió desmejoramiento de las condiciones de trabajo del demandante por parte de su empleador. Asimismo, estimó que, de conformidad con el artículo 73 del Decreto Ley 8 de 1998, toda tripulación tendrá derechos a vacaciones anuales pagadas de acuerdo a lo pactado en el contrato de enrolamiento y a los convenios internacionales según el servicios que presta la nave, y como quiera que no consta en el proceso el contrato de enrolamiento suscrito entre el señor José Víctor Benítez Baños y la empresa Corvel Marine Corp., ello no permite establecer cuáles fueron las vacaciones pactadas en dicho contrato.

  1. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN

    El casacionista afirma que la sentencia impugnada viola los artículos 32, 35 y 73 del Decreto Ley No.8 de 26 de febrero de 1998.

  2. DECISIÓN DE LA SALA

    Este Tribunal Colegiado por motivos de economía procesal, procede en primer término verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en la Ley y que la jurisprudencia se ha encargado de desarrollar, a fin de determinar si el recurso planteado se ajusta o no a tales exigencias.

    Debemos puntualizar, fundamentalmente, que este medio impugnativo extraordinario tiene como uno de sus fines primordiales procurar la exacta observancia de las leyes por parte de los tribunales, cuya característica especial es la carencia de formalidades o ritualidades especiales propias de otros recursos; recae contra resoluciones dictadas por los Tribunales Superiores de Trabajo expresamente previstas en la Ley, contentivas de errores in iudicando, con el propósito de anularlas y así obtener lo que verdaderamente corresponda en derecho.

    De hecho, corresponde al casacionista ensayar su escrito de modo que logre presentar un verdadero sentido del concepto de infracción sobre la norma violada; es decir, es su responsabilidad desarrollar los conceptos de infracción de manera clara, objetiva y razonada, que le sirva de guía a los suscritos Magistrados al momento del escrutinio jurídico sobre las normas presentadas como transgredidas por la sentencia recurrida.

    La desatención de este aspecto, vulnera la esencia natural por el cual se ha creado esta institución jurídica. De ser así, esto es, aceptar argumentos sin estructuración jurídica propia de este recurso, se estaría erróneamente creando una tercera instancia, cuando el debate en casación se restringe al examen o enfrentamiento del fallo ad-quem con la Ley, en virtud de los cargos formulados en su contra, no traer nuevamente argumentos que corresponden a otras instancias.

    Es que los aspectos propios de las instancias inferiores, son sustancialmente opuestos a la función jurisdiccional que desarrolla esta Sala de Casación Laboral, en virtud de los cargos que se presentan contra la sentencia; en aquella instancia, las partes se encuentran en una constante confrontación, a fin de demostrar que la verdad material coincida con la verdad procesal; es decir, se suscita un debate entre los hechos y la ley. En la segunda instancia se da un cotejo de esos hechos con la ley, que culmina con una sentencia. Finalizada esas dos instancias, el juicio cambia diametralmente ante la Sala de Casación Laboral, pues ahora lo que se confronta es la sentencia del ad-quem con la Ley, esa es nuestra función, revisar la juricidad de la sentencia impugnada; nos está vedado la función de la etapa de conocimiento.

    Al examinar el recurso presentado, observamos que el mismo adolece de deficiencias que impiden el curso normal. Y, ello es así, ya que si bien se alega que se infringe los artículos 32, 35 y 73 del Decreto Ley No.8 de 26 de febrero de 1998 (Por la cual se Reglamenta el Trabajo en el Mar y las vías navegables y se dictan otras disposiciones), se percata la Sala que los cargos presentados por el licenciado Lucas E. De León, se encuentran dirigidos a censurar la manera como el Tribunal de Segunda Instancia evaluó el material probatorio.

    Así por ejemplo, en el cargo de violación del artículo 32 del Decreto Ley No.8 de 1998, el apoderado judicial del recurrente, alude a que "En materia de evaluación de pruebas dentro de los procesos laborales, rige el principio de las reglas de la sana crítica, donde al momento de apreciarse la prueba debe hacerse atendiendo al resto del acervo probatorio." Asimismo, respecto a la vulneración del artículo 35 del Decreto Ley 8 de 1998, el recurrente alude a que "El cargo de injuricidad que se le atribuye al acto resolutivo de Segunda Instancia, deviene como consecuencia que el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, al señalar ausencia de pruebas sobre el desmejoramiento de las condiciones d trabajo..."

    Igual situación ocurre con el cargo de infracción del artículo 73 del Decreto Ley No.8 de 1998, pues se alude a que "La falta de aplicación conforme las reglas de la sana crítica de las pruebas, confesión de parte, testimoniales y documentales, conllevó a un error de derecho en la apreciación de las pruebas que se le atribuye a la resolución recurrida."

    En ese sentido, no puede esta Sala entrar a debatir aspectos de evaluación de elementos probatorios afincados en el principio de la sana crítica, al menos que exista error de hecho o de derecho que incidan sustancialmente en la violación de derechos consagrados en la Ley; de ser así, correspondía a la proponente estructurar el recurso de manera clara y razonada jurídicamente, de modo que le sirva de guía al Tribunal para su estudio, invocando el error de hecho en la valoración de la prueba; situación que no acontece en el presente, pues no puede de oficio asumir responsabilidades que atañen única y exclusivamente al casacionista.

    Sobre el particular, este Tribunal Colegiado ha insistido en que la actividad de apreciación de pruebas que adelante el juzgador laboral con base en el sistema de sana crítica, previsto en el artículo 732 del Código que regula las relaciones obrero patronales, no es susceptible de reparo por este Tribunal de Casación, excepto que se haya incurrido en un error de hecho en la valoración de pruebas.

    El error de hecho en la valoración de la prueba como viene planteando por la impugnante, por sí solo, no configura causal para que esta Sala Laboral entre a conocer sobre el fondo del asunto, es necesario que se haya entrelazado la operación probatoria desarrollada por el juzgador secundario y la violación de normas del derecho sustantivo por error de hecho.

    En el caso sub judice no se advierte que el Tribunal de alzada haya caído en el vicio indicado durante apreciación de las pruebas, que se configura cuando el Tribunal estima probado un hecho sin respaldo probatorio en el expediente o, bien, cuando omite valorar algún elemento de convicción que reposa en autos. (cfr., entre otras, sentencia de 06 de agosto de 2004, Constantino Adolfo Contreras De León -vs- Hau Yuk Ling y/o Ventas Generoso; de 19 de julio de 2007, Gladys Griselda Gálvez -vs- Bertilda Pérez Juárez y Donaldo Ardito Pérez; y de 13 de junio de 2008 Julián Romero -vs- Comerciales Segura, S. A.)

    Tal circunstancia no se produce en este caso, siendo que en concepto de esta Superioridad, el Tribunal Ad-quem ha examinado las pruebas de manera racional, con arreglo a la ley, la lógica, y la experiencia, tomando en cuenta entre otros factores la fuente de las pruebas, los datos que sirven a la prueba y lo verosímil del contenido.

    Reiteramos que el recurso de casación no constituye una llave para abrir una tercera instancia, como se ha pretendido hacer. El mismo como viene ensayado, dista de las exigencias mínimas que, para tal fin, consagra la normativa laboral específicamente en el numeral 3 y párrafo final del artículo 926 del Código de Trabajo.

    En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala Tercera de Casación Laboral de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación laboral contra la sentencia de 12 de junio de 2015, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, presentado por el licenciado Lucas E. De León Castillo, en representación de JOSÉ VÍCTOR BENÍTEZ BAÑOS.

    Notifíquese,

     

    NELLY CEDEÑO DE PAREDES

    LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    KATIA ROSAS (Secretaria)