Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 19 de Mayo de 2015

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución:19 de Mayo de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: El Licenciado I.A., actuando en nombre y representación del señor J.J.D.B., interpuso recurso de casación laboral contra la Sentencia de 30 de moya de 2012, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral Ut Supra. Cabe señalar que el resto de la S. mediante resolución de 18 de diciembre de 2014, declaró legal el impedimento manifestado por el Magistrado A.A.Z. (escrito recibido en Secretaría de la S. el 4 de diciembre de 2014), razón por la cual se realizó un nuevo reparto (12 de enero de 2015), correspondiéndole al suscrito sustanciar el recurso que nos ocupa. I. ANTECEDENTES DEL RECURSO La génesis de este negocio radica en el proceso común de trabajo interpuesto por J.J.D.B. contra J.G.A., Clínica Médico Dental Los Portales, S.A., Clínica Los Portales San Francisco, S.A. y Clínica Campo Limberg, S.A. a fin de que éstos fuesen condenados a pagarle la suma de B/.6,333.35, en concepto de vacaciones proporcionales, XIII mes dejados de percibir, prima de antigüedad, preaviso, salarios dejados de percibir y una indemnización por renuncia con causa justificada. El Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección, en Sentencia No.9 de 29 de febrero de 2012, declaró que la relación que existió entre el demandante J.D. y los demandados J.G.A., Clínica Médico Dental Los Portales, S.A., Clínica Los Portales San Francisco, S.A. y Clínica Campo Limberg, S.A. no era de carácter laboral, por lo tanto, absolvió de pagar suma alguna. Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, en sentencia de 30 de mayo de 2012, decide confirmar la Sentencia de la Juez de primera instancia, al considerar que fueron desvirtuados los elementos de dependencia económica y subordinación jurídica del servicio que prestaba el demandante. II. CARGOS DEL CASACIONISTA El casacionista afirma que la sentencia impugnada viola los artículos 62, 63, 64, 65, 66, 735, 737, 771 y 973 del Código de Trabajo. En primer lugar, el apoderado judicial del recurrente manifiesta que la sentencia impugnada, incurre en infracción del artículo 62 del Código de Trabajo, puesto que el Tribunal ad-quem no contempló el hecho probado que su representado prestó un trabajo en beneficio de los demandados, ya que su actividad comercial principal es de prestar atención médica al público y cobra por éste servicio, pero tal servicio se logra a través del trabajo personal que presta su representado y otras personas. Que el demandante recibía órdenes sobre qué momento debía prestar su trabajo pues estaba sujeto a un horario de trabajo y que no podía recibir personalmente del público el pago de su trabajo. Sostiene el casacionista, además, que la Resolución proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, vulnera el artículo 63 del Código de Trabajo, toda vez que ha dado validez a un supuesto contrato verbal de arrendamiento alegado por los demandados que trata de disfrazar la relación de trabajo existente y probada. En cuanto a la violación del artículo 64 del Código de Trabajo, el recurrente manifiesta que el Tribunal Ad quem no considera la aplicación de la norma, puesto que es innegable que el demandante estaba sujeto a turnos u horarios, además de que no podía incidir en la dirección directa de su trabajo en asuntos como valor económico del trabajo prestado; no tenía autonomía de cuanto iba a cobrar a los pacientes atendidos por él, no podía decidir atenderlo en un horario distinto al asignado. Que los pacientes acuden a los demandados, no a su representado, es por ello los demandados deben atender a los pacientes a través de los médicos que para él prestan su trabajo. Asimismo, aduce que se violó lo dispuesto por el artículo 65 del Código de Trabajo, ya que se ha demostrado que la única fuente de ingreso que tenía el demandante provenía del trabajo prestado con los demandados y dentro del expediente consta certificación de los demandados del total de las sumas pagadas por los demandados al actor durante e periodo 2010, las cuales eran pagadas por los demandados producto del desarrollo de la actividad económica a que se dedican los demandados por lo que no debió descartarse la existencia de una relación de trabajo entre las partes. Respecto a los artículos 66 y 737 (num1) del Código de Trabajo, el casacionista arguye que la sentencia impugnada no reconoce la existencia de una relación de trabajo y alega que el actor no logró probar la misma, sin tomar en cuenta que se ha demostrado que el trabajador prestó un trabajo de manera personal y es la actividad principal de los demandados. Que en el expediente se acreditó que el demandante no cobra a sus pacientes ni puede establecer precio puesto que adolece de autonomía y está subordinado a los demandados quienes son los que disponen las tarifas recaudan el dinero y deciden cuando el demandante percibe su pago por el trabajo brindado. Por otro lado, el recurrente alude a la violación del artículo 973 del Código de Trabajo, puesto que, a pesar que con la demanda se solicitó el reconocimiento de contenido y firma de las notas que se encuentra a fojas 8 y 9 del expediente, el juez de primera instancia y el Tribunal ad quem no practicaron esta prueba que consideran esencial y tampoco se pronunciaron al respecto. Por último, estima que la resolución recurrida infringe el artículo 735 del Código de Trabajo, ya que invierte el principio de la carga de la prueba. Que si los demandados alegaron la supuesta inexistencia de la relación laboral, puesto que lo que se dio fue un contrato de arrendamiento, son ellos los que le corresponde probar la existencia de ese contrato, lo que no demostraron dentro del expediente que existiera dicho contrato. Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, quien recurre solicita a la S. que case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial que declara la no existencia de la relación de trabajo entre las partes y, en su lugar, se condene a J.G.A., Clínica Médico Dental Los Portales, S.A., Clínica Los Portales San Francisco, S.A. y Clínica Campo Limberg, S.A. a pagar la suma de B/.6,333.35 a favor de J.J.D.B., más costas, gastos e intereses legales que genere la presente acción judicial. III. OPOSICIÓN AL RECURSO Del recurso presentado se corrió traslado a los demandados J.G.A., CLÍNICA MÉDICO DENTAL LOS PORTALES, S.A., CLÍNICA LOS PORTALES SAN FRANCISCO, S.A. Y CLÍNICA CAMPO LIMBERG, S.A., de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 927 del Código de Trabajo, sin que éstos hayan comparecido dentro del término de Ley, a exponer sus objeciones. IV. DECISIÓN DE LA SALA Una vez establecidos los motivos por los cuales se recurre ante esta Máxima Corporación de Justicia Laboral, como también de aquellos que llevan al empleador a oponerse, la S. procede decidir la litis planteada. El recurrente sostiene que la sentencia recurrida ha infringido los artículos 62, 63, 64, 65, 66, 735, 737, 771 y 973 del Código de Trabajo. El Tribunal de casación abordará en conjunto los cargos de violación a la Ley, toda vez que existe entre éstos una íntima vinculación, ya que giran en torno al argumento esencial del recurrente quien alega que existió relación laboral entre él y los demandados J.G.A., Clínica Médico Dental Los Portales, S.A., Clínica Los Portales San Francisco, S.A. y Clínica Campo Limberg, S.A., desde el 7 de abril de 2010 al 14 de febrero 2011, cuando renunció con causa justificada argumentando haber sufrido engaño por parte del empleador, falta de pago por parte del empleador del salario completo y la alteración unilateral de las condiciones de trabajo. Colige la S. pues, que el casacionista enfoca sus argumentos centrales en que el Tribunal Superior ha dado validez a un supuesto contrato de arrendamiento alegado por los demandados que no existe. Agrega que el juzgador Ad quem no considera que dentro del expediente existen notas que prueban que el demandante estaba sujeto a turnos u horarios, además de que no podía incidir en la dirección directa de su trabajo en asuntos como el valor económico del trabajo prestado; no tenía la autonomía de decidir cuanto iba a cobrar a los pacientes atendidos por él, tampoco podía decidir en atenderlo en un horario distinto al asignado y que los pacientes acuden a los demandados, pero son atendidos por los médicos que prestan para ellos su trabajo. La S. considera que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que el Tribunal de alzada pronunció su decisión -que esta S. de casación comparte- confirmando la sentencia del Juzgador de primer grado, fundamentándose en las constancias procesales, pruebas existentes en el proceso común laboral instaurado entre las partes, además de las disposiciones jurídicas aplicables del Código Laboral. Parte de las consideraciones de la sentencia de 30 de mayo del 2012 impugnada explican lo siguiente: Ahora bien, sobre la situación de las empresas demandadas, Clínica Médico Dental Los Portales, S.A., Clínica Los Portales San Francisco, S.A. y Clínica Campo Limberg, S.A., no aprecia esta Superioridad mérito que permita variar la posición asumida por el juzgador primario, pues aún cuando el actor sostuvo que sus servicios profesionales como médico general estaban sujetos a un horario y que existía dependencia económica y subordinación jurídica, ello no se logra corroborar con el material probatorio incorporado a la encuesta. Se aprecia que el médico realizaba pagos a las empresas demandadas en concepto de arrendamiento (fs.81-84), incluso en fechas anteriores a los contratos que se presentan como prueba, lo que revela que sí hubo una relación acordada verbalmente pero sobre la base de un arrendamiento y no laboral. Además, de los testimonios aportados se desprende que los médicos que ejercían su oficio en las clínicas demandadas, lo hacían en los horarios que ellos mismo (los médicos) acordaban sin manipulación de las empresas, y si bien, se presentan algunas pruebas que revelan la existencia de turnos y horarios establecidos en murales de las empresas y en notas enviadas, lo cierto es que no se puede desligar la realidad en donde se arriendan un mismo cubículo a varios galenos lo que lógicamente obliga a una coordinación en los horarios para evitar choques en el uso del espacio. Aunado a lo anterior, no se daba ningún tipo de instrucciones por parte de las sociedades demandadas sobre la forma cómo tratar a los pacientes, y los ingresos provenían directamente del pago de las consultas que realizaban a sus pacientes y de los tratamientos que aplicaban, teniendo la discrecionalidad, incluso, de exonerar el pago de las consultas, si así lo estimaban prudente. De este modo, la S. no puede inferir la existencia de una relación de índole laboral entre las partes, sobretodo, cuando el mismo actor firmó sendos contratos de arrendamiento con las sociedades representadas por J., sin que hasta el momento exista una resolución judicial que dictamine vicio en el consentimiento. (fs.414-415) Así las cosas, la S. luego de analizar los argumentos vertidos por el recurrente y confrontarlo con las constancias procesales, coincide con los criterios expuestos por el Tribunal Superior de Trabajo, puesto que no se logra acreditar fehacientemente que, en la prestación del servicio por parte del demandante, existan los elementos esenciales de una relación de carácter obrero patronal, es decir, subordinación jurídica y dependencia económica. Tal como se regula en el artículo 62 del Código de Trabajo, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica. Dentro de este contexto, le corresponde al trabajador acreditar los hechos en que sustenta su demanda, es decir, pesa sobre él la carga de la prueba, que se invierte a la empresa cuando éste ha logrado comprobar la prestación del servicio o la ejecución de la obra, teniendo que desvirtuar lo alegado por el trabajador o acreditar que esa relación o prestación del servicio, no era de carácter laboral. En cuanto a la presunción establecida por la ley y que aquí se alega como vulnerada, hay que recalcar que la misma no es un medio de prueba, y que sólo es admisible cuando el o los hechos en que se funden, estén debidamente acreditados, tal como lo expresa el artículo 736 del Código de Trabajo. En este orden de ideas, el artículo 66 del Código de Trabajo señala claramente que se presume la existencia del contrato o relación de trabajo entre quien presta un servicio o ejecuta una obra y la persona que recibe aquél o éstas, presunción que se mantiene salvo prueba en contrario (Cfr. Artículo 737 del Código de Trabajo). Para que dicha presunción se aplique es necesario que se demuestre efectivamente la prestación personal del servicio, como ocurrió en el caso en estudio. Por tal razón, la carga de la prueba se invirtió a la empresa demandada quien desvirtuó los elementos esenciales que acreditan la prestación de una relación obrero patronal, esto es, en condiciones de subordinación o dependencia económica. Los conceptos de subordinación jurídica y dependencia económica se encuentran descritos en los artículos 64 y 65 del Código de Trabajo, respectivamente. Para probar una relación laboral el artículo 64 del Código de Trabajo, exige prueba de haber prestado un servicio personal y que se acredite ya sea la subordinación jurídica o la dependencia económica, situaciones que no se han producido con relación al demandante y a las empresas demandadas, por tanto, no se puede determinar que los artículos señalados hayan sido violados directamente por omisión por parte del juzgador ad quem, tal como lo alega el recurrente. Respecto a la dependencia económica, debemos señalar que este concepto se utiliza en forma subsidiaria para identificar la relación de trabajo y tiene cabida sólo en la medida que no sea posible comprobar la subordinación jurídica. En este sentido, O.V. nos dice que se aplica cuando "se trata de casos dudosos o ubicados en una zona gris, en lo que no se aprecia claramente la sujeción del trabajador a las órdenes o las instrucciones del empleador. A ello apunta la parte final del artículo 65 del Código de Trabajo, cuando señala que "en caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo, la prueba de la dependencia económica determina que se califique como tal la relación existente" (V.V., O.. Derecho de Trabajo. Relaciones Individuales. Editorial Varem, Panamá, 1998, Pág. 37). En efecto, las pruebas documentales y testimoniales, examinadas demuestran que entre los demandados J.G.A., Clínica Médico Dental Los Portales, S.A., Clínica Los Portales San Francisco, S.A. y Clínica Campo Limberg, S.A. y J.J.D.B., no existía vínculo laboral sino una relación jurídica de derecho común. Los documentos identificados como constancias de pago efectuadas al demandante, así como la certificación de ingresos durante el periodo que reclama a nombre de J.D., no acreditan el vínculo laboral que alega el casacionista, tomando en consideración que, de acuerdo a los contratos de arrendamiento suscrito por las partes, dichos ingresos son producto de los honorarios profesionales correspondientes al 50 por ciento de la consulta médica y de los procedimientos médicos que realice el arrendatario, tal cual fue pactado en la cláusula tercera de los referidos contratos de arrendamiento. Aunado a lo anterior, a fojas 8 y 9 del dossier laboral, yacen sendas notas, suscritas por el Dr. J.G.A., Director de Clínica Los Portales, remitidas al Dr. J.D., solicitándole a éste que tomara algún turno adicional a los previamente establecidos por las partes contratantes. Lo anterior denota que la actividad o el servicio desempeñado por el señor J.D., no estaba sujeto a una subordinación jurídica, puesto que no existe en el expediente siquiera indicios de que en el ejercicio de su actividad, se ejerciera algún tipo de control, fiscalización o un poder de dirección por parte de las empresas demandadas, al cual habría de sujetarse el trabajador en el periodo que reclama. Ese poder de dirección se traduce en el derecho de organización, el derecho de mando, el derecho de supervisión o vigilancia y el derecho de sanción por parte del empleador. Igualmente, en el deber de obediencia por parte del trabajador; consiste en la facultad del empleador de dar órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de prestación del servicio, la facultad de especificar los puestos y atribuciones de éstos, de ordenar la empresa conforme de sus necesidades específicas de orden técnico, funcional, económico y conforme a los requerimientos de la producción. Lo que no ocurre en el caso en estudio. Por otra parte, observa este Tribunal de Casación que el recurrente invoca como infringidos los artículos 735, 737, 771 y 973 del Código de Trabajo, los cuales se encuentran dentro del libro IV del Código de Trabajo, que contienen normas procesales, las que han sido calificadas por la doctrina como disposiciones adjetivas o de procedimiento, toda vez que éstas se refieren a la carga de la prueba, presunciones, reconocimiento de documentos y prácticas de pruebas en segunda instancia, lo cual no es revisable de forma individual dentro de este recurso extraordinario, tal como se infiere del artículo 928 del Código de Trabajo. La S. ha reiterado en innumerables ocasiones, que cuando la acusación se refiera única y exclusivamente a normas de carácter adjetivo, como en el presente caso, el cargo o los cargos quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, ya que así lo dispone el párrafo final del artículo 928 del Código de Trabajo. Frente a este escenario jurídico, esta Corporación de Justicia Laboral concluye que la sentencia atacada mediante el recurso de casación se ajusta a derecho y que los cargos de violación a las normas del Código de Trabajo, son insuficientes en cuanto a la probanza de la ilegitimidad alegada, por lo que debe negarse la pretensión del casacionista. Por consiguiente, la S. Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 30 de mayo de 2012 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso J.D. -vs- J.G.A., CLINICA MEDICO DENTAL LOS PORTALES, S.A., CLINICA LOS PORTALES SAN FRANCISCO, S.A. y CLINICA CAMPO LIMBERG, S.A. Notifíquese, VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ALEJANDRO MONCADA LUNA KATIA ROSAS (Secretaria)