Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 14 de Abril de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:14 de Abril de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: La firma Abogados Aliados en representación de D.M., presentan recurso de casación laboral, contra la Sentencia de 4 de octubre de 2011, dentro del proceso laboral Delys M. -vs- Clínica Boyd, S.A. La S., por motivos de economía procesal, procedió a revisar el recurso extraordinario para determinar si cumple con los requisitos legales previstos en la ley y la jurisprudencia. Según se desprende del artículo 926 del Código de Trabajo el recurso de casación no está sujeto a formalidades técnicas especiales, porque su finalidad consiste en desagraviar a las partes de los prejuicios ocasionados por las sentencias o autos expedidos por los Tribunales Superiores de Trabajo, en casos expresamente determinados en el Artículo 925 de la misma excerta legal, que regula las relaciones obrero-patronales. Por lo cual, una vez revisados los requisitos mínimos establecidos en la ley, esta S. corrobora que el presente recurso cumple con los requisitos para su admisión y entra a resolver el fondo del negocio. II. CARGOS DEL CASACIONISTA Del examen de la demanda, se advierte que la casacionista ha invocado como violados los artículos 12, numerales 1 y 5 del Código de Trabajo, artículo 66, artículo 62, 197, 159, 54, 224 y el artículo 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 18 de noviembre de 1971. La casacionista alega que el artículo 12, en sus numerales 1 y 5 es violado directamente y por aplicación indebida, toda vez que considera que la sentencia recurrida declara probada la existencia de la excepción de prescripción, sin hacer diferencia alguna entre las prestaciones reclamadas, partiendo de la base de que todas ellas tienen su origen en una relación de trabajo iniciada en el año 1973 y terminada el 16 de junio de 1993. Igualmente, señala el demandante que el Tribunal viola directamente por omisión el artículo 62 del Código de Trabajo en virtud de un error jurisprudencial recurrente, ya que una vez probada la prestación personal del servicio, el trabajador no tiene que probar la existencia ni de la subordinación jurídica, ni de la dependencia económica, pues se presume la existencia de la relación laboral, la cual está probada e, incluso, la prestación personal del servicio fue aceptada por la empresa. Asimismo, señala que ha sido infringido directamente por comisión el artículo 66 del Código de Trabajo, porque la sentencia desconoce la existencia de la relación laboral, en circunstancias en que la misma surge con toda claridad de las constancias procesales, tanto por la virtualidad jurídica de la presunción de su existencia, como por el hecho de que los elementos probatorios aportados por la demandada carecen de la fuerza suficiente para acreditar la inexistencia de la subordinación jurídica y de la dependencia económica. De igual forma, señala que ha sido infringido directamente por omisión el artículo 197 del Código de Trabajo, y que la violación se produce porque a su criterio, la sentencia recurrida al no aplicar la norma no tuvo en consideración que la alteración de las condiciones de trabajo sólo es posible por la Convención Colectiva de Trabajo o por el mutuo consentimiento, pero que en ningún caso tendrá validez si conlleva disminución, renuncia, dejación o adulteración de cualquier derecho reconocido a favor del trabajador. En este caso, se afectó el monto del salario y unilateralmente, se intentó disfrazar la relación laboral. Además, señala como violado directamente por omisión el artículo 159 del Código de Trabajo, ya que según la casacionista al dejar de aplicar la norma, la sentencia da validez jurídica a actos unilaterales de la empresa que impusieron a la trabajadora un régimen no laboral y una disminución en la remuneración. La norma infringida a su criterio, con toda claridad protege el salario, de manera tal que bajo ninguna circunstancia pueda ser disminuido, ni siquiera con el consentimiento del trabajador. Del mismo modo, señala como infringido en violación directa por omisión el artículo 54 del Código de Trabajo, explicando que la violación se produce porque como consecuencia de la infracción de las normas anteriores, la sentencia no condena al pago de vacaciones reclamadas en la demanda. Conjuntamente indica como violado el artículo 224 del Código de Trabajo, en violación directa por omisión, porque según la casacionista la sentencia no condena al pago de la prima de antigüedad. Finalmente, el artículo 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 1971, lo considera infringido directamente por omisión, ya que considera que al producirse la violación de las normas anteriores, la sentencia no condena al pago del décimo tercer mes correspondiente a los años 2003 a 2010. III. OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN La firma Mendoza, A., Valle & Castillo en representación de CLÍNICA BOYD, S.A, presentan oposición al Recurso de Casación interpuesto, fundamentándose en que el recurso extraordinario no es una tercera instancia, por lo cual no da margen para que se haga un examen ex novo del proceso, de las cuestiones de hecho o de apreciación de la prueba. Señalan también que de las pruebas presentadas al proceso se determinó, sin lugar a dudas, que la Doctora Delys M. no prestó servicios en condiciones de subordinación jurídica y dependencia económica después del año 1993; por tanto, mal podía aplicar el Tribunal Superior de Trabajo esta norma, al no existir relación de trabajo entre las partes. Además indican que las pruebas documentales presentadas por la parte actora, no reúnen los requisitos de la solemnidad documental requerida por la ley. Igualmente, consideran que dentro del proceso se probó, que no existió relación laboral entre la Doctora M. y Clínica Boyd, S.A después del 16 de junio de 1993, ya que la prestación de servicios que brindó aquella, lo hizo en virtud de su condición de accionista y codueña de la Clínica y como profesional independiente en la especialidad de Oftalmología. Finalmente, considera que tanto el Tribunal de primera instancia como el de segunda instancia aplicaron en debida forma las normas laborales en este negocio y valoraron las pruebas de manera racional, con arreglo a la ley, la lógica y la experiencia; lo que lo llevó a concluir que no existió relación laboral entre la actora y Clínica Boyd, S.A. IV. EXAMEN DE LA SALA TERCERA I. Antecedentes Legales En primera instancia, mediante Sentencia No.78 de 23 de junio de 2011, el Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección, resuelve: "Primero: Declarar Probada la excepción de prescripción, invocada por la firma Mendoza, A., Valle & Castillo, de las reclamaciones laborales presentadas por D.M., contra la sociedad Clínica Boyd, S.A., del periodo de 1 de noviembre de 1973 a 16 de junio de 1993. Segundo: Declarar Probada la excepción de inexistencia de la relación de trabajo, esgrimida por la demandada, las reclamaciones de 2003 hasta julio de 2010, por no tener la connotación de relación de trabajo el vínculo sostenido entre la Doctora Delys H. M. y la Clínica Boyd, S.A. Tercero: Absolver a la Clínica Boyd, S.A. de todas las reclamaciones interpuestas en su contra por la Doctora Delys H. M.." Luego de la apelación presentada por la actora DelysM., en segunda instancia, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial mediante Sentencia de 20 de diciembre de 2011, resuelve: "...CONFIRMA la Sentencia No.78 de 23 de junio de 2011, proferida por el Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección, en el proceso laboral DELYS H. MORENO vs CLÍNICA BOYD, S.A., Sin Costas". El Tribunal Superior fundamenta su decisión en que del caudal probatorio existente en el expediente, la demandante no presentó prueba de la existencia de la prestación laboral de un servicio, en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica, al no existir constancia alguna de pago de salario, horario de trabajo, órdenes, instrucciones, tarjeta de asistencia, planilla, por lo cual se tiene probada la excepción de inexistencia de la relación de trabajo entre Delys M. y Clínica Boyd, S.A. Luego de este recuento es deber del Tribunal de Casación pronunciarse sobre los cargos de transgresión alegados, los cuales están directamente relacionados con la existencia o no de una relación de trabajo entre la Delys M. y Clínica Boyd, S.A., con las consecuentes prestaciones. II. Análisis de cargos de infracción El problema jurídico planteado en este caso en particular consiste en determinar si efectivamente a D.M. le asiste el derecho a cobrar las prestaciones laborales adeudadas derivadas de una relación de trabajo entre ésta y Clínica Boyd, S.A., para lo cual esta Superioridad procede a examinar el expediente judicial correspondiente y las decisiones de las instancias inferiores, de acuerdo a las infracciones planteadas al Código de Trabajo, por la casacionista. El primer cargo de infracción planteado por la casacionista se refiere a los numerales 1 y 5 del artículo 12 del Código de Trabajo que indica lo siguiente: "Artículo 12. La prescripción se regirá por las siguientes reglas: 1. Prescriben en un año las acciones que no tengan señalado plazo especial de prescripción. 2. ............................................................................ 3. ............................................................................ 4. ............................................................................ 5. La prescripción corre a partir de la fecha del despido o de la terminación de la relación laboral, salvo cuando se trate de riesgo profesional, caso en el cual correrá desde que ocurrió el riesgo o se agravaron sus consecuencias." Con respecto a este artículo, considera la casacionista que se incurre en indebida aplicación, porque la sentencia recurrida declara probada la existencia de la excepción de prescripción, sin hacer diferencia alguna entre las prestaciones reclamadas, partiendo de la premisa de que todas ellas tienen su origen en una relación de trabajo iniciada en el año 1973 y terminada el 16 de junio de 1993, cuando lo que se reclama es lo comprendido hasta el 1 de julio de 2010, dada la continuidad laboral que aduce la censora. Por su lado, el Tribunal Superior sostiene que se pudo determinar que en el presente proceso laboral no se ha demostrado la existencia de una relación laboral de la demandante con la demandada, que estuviera amparada en la legislación laboral vigente, de acuerdo a los requisitos que establecen los artículos 62, 64 y 65 del Código de Trabajo. Concuerda esta Corporación de Justicia, con el planteamiento vertido por el Tribunal Superior y el Juez de Primera Instancia en el sentido de que la excepción de prescripción fue declarada para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 1973 y 16 de junio de 1993, en el cual reconocen que existió una relación laboral, puesto que la demanda fue presentada el 27 de octubre de 2009 y se excede del tiempo establecido en el citado artículo 12. Está claro en la Sentencia No.78 de 23 de junio de 2011, proferida por el Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección, que sólo se declaró probada la excepción de prescripción del período de 1 de noviembre de 1973 al 16 de junio de 1993, sin hacer alusión a la prescripción respecto a las prestaciones surgidas con posterioridad, puesto que para este período consideran que no existió una relación laboral entre las partes. Por tanto, no existe bajo estos parámetros mayor reparo que hacerle a la sentencia en relación con el contenido del artículo 12, numerales 1 y 5 del Código de Trabajo. Ahora bien, del análisis hecho por la S. surge una postura distinta en cuanto a la naturaleza de la relación que existió entre las partes después del 16 de junio de 1993, y para ello, es menester que abordemos el análisis de la posible violación de esta norma en conjunto con el contenido de los artículos 62 y 66 de la misma normativa laboral, también citados como infringidos por el recurrente. En ese orden tenemos que el segundo y tercer cargo de infracción planteado, corresponde a los artículos 62 y 66 del Código de Trabajo, que señalan: "Artículo 62. Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de ésta. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o de dependencia económica. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior y el contrato celebrado producen los mismos efectos. La existencia de la relación de trabajo determina la obligación de pagar el salario." (lo subrayado es nuestro). Artículo 66. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre quien presta personalmente un servicio o ejecuta una obra, y la persona que recibe aquél o éstas." Señala la demandante que la demandada es la que tiene la carga de la prueba sobre su alegada inexistencia de la subordinación jurídica, por lo que una vez probada la prestación personal del servicio con posterioridad al 16 de junio de 1993, el trabajador no tiene que probar la existencia de la subordinación jurídica ni la dependencia económica, pues a su criterio, se presume la existencia de la relación laboral, máxime cuando la demandada no logró destruir la pretensión del artículo 66 del Código de Trabajo. En cuanto al artículo 62 de la misma excerta legal, indica la casacionista que éste se ha vulnerado directamente por comisión, pues sí existió la relación laboral desde 1973 hasta el 1 de julio de 2010, y que para los años 1991 y 1993, se dio un cese de funciones para los únicos efectos del reconocimiento de la jubilación por la Caja de Seguro Social. Además, señala que la empresa era quien tenía que probar la inexistencia de subordinación jurídica y no lo hizo, siendo que la dependencia económica es un elemento complementario y auxiliar en la determinación de la relación laboral, y que la falta de exclusividad no excluye la existencia de la relación de trabajo. Asimismo, indica que los medios de producción eran propiedad de la empresa y no del trabajador, lo que constituye un fuerte indicador de la existencia de la relación de trabajo, así como que el testimonio de los declarantes que la consideran como dueña de la Clínica denota un interés personal y particular de éstos, ya que eran accionistas. Es de importancia señalar que en la relación de trabajo deben subsistir dos elementos de vital importancia, ya sea individual o de manera conjunta que son los que le permitirán al juzgador determinar dicha relación. Nos estamos refiriendo a la subordinación jurídica y a la dependencia económica, independientemente de la existencia o no de un contrato laboral. Pues bien, tal como se regula en el artículo 62 del Código de Trabajo, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica. En ese sentido, le corresponde al trabajador acreditar la relación de trabajo; es decir, pesa sobre él la carga de la prueba en ese aspecto, y se invierte hacia la empresa cuando éste logra comprobar la prestación del servicio o la ejecución de la obra, teniendo que desvirtuar lo alegado por el trabajador, o demostrar que esa relación o prestación del servicio no es de carácter laboral. Los conceptos de subordinación jurídica y de dependencia económica son los siguientes, según el Código de Trabajo: "Artículo 64. La subordinación jurídica consiste en la dirección ejercida o susceptible de ejercerse, por el empleador o sus representantes, en lo que se refiere a la ejecución del trabajo" El artículo 65 del Código de Trabajo, es claro al establecer cuándo se verifica la dependencia económica y éstas son las situaciones: "Artículo 65. Existe dependencia económica en cualquiera de los siguientes casos: 1- Cuando las sumas que percibe la persona natural que preste el servicio o ejecute la obra constituyen la única o principal fuente de sus ingresos; 2- Cuando las sumas a que se refiere el ordinal anterior provienen directa o indirectamente de una persona o empresa, o como consecuencia de su actividad; 3- Cuando la persona natural que presta el servicio o ejecuta la obra no goza de autonomía, y se encuentra vinculada económicamente al giro de actividad que desarrolla la persona o empresa que puede considerarse como empleador. En caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo, la prueba de la dependencia económica determina que se califique como tal la relación existente." Tal y como lo han planteado algunos juristas, la subordinación jurídica "implica la existencia de un poder de dirección por parte del empleador al cual ha de sujetarse el trabajador. Ese poder puede ser actual o potencial, lo ejerce el empleador personalmente o por medio de sus representantes y está encaminado a la prestación del servicio o la ejecución de la obra. El poder de dirección se traduce en el derecho de organización, el derecho de mando, de supervisión o vigilancia y el derecho de sanción por parte del empleador. Igualmente es el deber de obediencia por parte del trabajador.." (V.V., O.. Derecho de Trabajo. Relaciones Individuales. Editorial Varem, Panamá, 1998, págs. 34 a 36). En otras palabras, la subordinación jurídica es un acto de disponibilidad total, en cuanto al empleo se refiere, dado que frente a los requerimientos del empleador el trabajador debe responder de manera inmediata. El empleado debe acatar las directrices proveídas para la realización del trabajo encomendado. Puede que el trabajador necesite tiempo o no para llevarlas a cabo, pero por obediencia debe concluirlo a satisfacción de quien lo ha contratado. Para que se configure la dependencia económica, que a su vez denote una relación de trabajo, es necesario que los dineros percibidos por el trabajador constituyan su única o más importante fuente de ingreso. La dependencia económica "constituye un concepto que asimismo sirve para identificar la relación de trabajo; pero es subsidiario, puesto que tiene vigor sólo en la medida en que no sea posible comprobar la subordinación jurídica. Se trata de casos dudosos o ubicados en una zona gris, en los que no se aprecia claramente la sujeción del trabajador a las órdenes o las instrucciones del empleador." A ello apunta la parte final del artículo 65, cuando señala que "En caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo, la prueba de la dependencia económica determina que se califique como tal la relación existente" (V.V., O.. Derecho de Trabajo Relaciones Individuales. Editorial Varem, Panamá, 1998, pág.37). En otro orden de ideas, el artículo 66 del Código de Trabajo señala claramente que se presume la existencia del contrato o relación de trabajo entre quien presta un servicio o ejecuta una obra y la persona que recibe aquél o éstas; presunción que se mantiene salvo prueba en contrario (Cfr. Artículo 737 del Código de Trabajo). Para que dicha presunción se aplique es necesario que se demuestre efectivamente la prestación personal del servicio en condiciones de subordinación o dependencia económica, que se encuentran descritos en los artículos 64 y 65 del Código de trabajo, respectivamente. No obstante, dicha presunción admite prueba en contrario, que no admita duda razonable y, en el caso bajo estudio, no hay constancia de la aportación del suficiente material probatorio por parte de la demandada, que desvirtúe tal presunción. Dentro de ese contexto, se evidencia que sí hubo dependencia económica entre las partes, toda vez que las pruebas presentadas revelan que los honorarios profesionales recibidos por D.M., constituían su principal fuente de ingresos; es decir, la demandante se encontraba vinculada económicamente al giro de actividad que desarrollaba en la Clínica Boyd, S.A. como O.. Sobre el particular no consta en autos que la empresa haya demostrado que la actora percibía mayor remuneración que la suministrada por el grupo que conformaba la Clínica Boyd, S.A., y, reitera la S., para que se configure la dependencia económica que enmarca una relación de trabajo, se requiere que el dinero que perciba el trabajador constituya su única o principal fuente de ingreso. Por tanto, esta Superioridad conceptúa que, en el presente proceso, se ha demostrado plenamente, que entre las partes existió una primera relación de trabajo desde el año 1973, y si bien la misma culminó el 16 de junio de 1993, cuando la parte actora renuncia para acogerse a su jubilación anticipada, con posterioridad a esa fecha la demandante, continuó brindando servicios médicos a la clínica, sin que conste que haya variado las condiciones de trabajo en aspectos puntuales como horarios de trabajo, atención de pacientes, días de atención, etc., pues la clínica mantiene un horario de atención dentro del cual debía prestar sus servicios la actora; es decir, más allá de examinar la simple conversión de la relación laboral inicial, que mutó hacia una supuesta prestación de servicios profesionales, la S. observa que la trabajadora continuó realizando el mismo tipo de función dentro de la empresa, en este caso, como O., lo cual sin dudas es parte esencial del giro normal de actividades de la clínica. Vale señalar que en materia laboral es inaceptable mantener contratos por servicios profesionales respecto a funciones o actividades que guarden directa relación con la actividad a que se dedica la empresa o negocio. En este caso, sin dudas, la Clínica se dedicaba a ofrecer servicios oftalmológicos y una de las profesionales que colaboraba en dicha tarea lo era precisamente la parte demandante. Por lo que bajo esas circunstancias no puede esta S. avalar la posición que asumió el Tribunal Ad-quem respecto a la aceptación de una relación distinta a la relación laboral entre las partes durante el período posterior al 16 de junio de 1993. Por ende, en primer lugar, han de reconocerse las prestaciones a las que tiene derecho luego de haberse dado la culminación de la segunda relación laboral que inició el 17 de junio de 1993 y finalizó el 1 de julio de 2010, también por renuncia de la trabajadora. De lo anterior, se puede deducir, que si bien parece transformarse la naturaleza de la relación laboral, las pruebas revelan que la realidad no fue alterada más que en la forma de pago a la trabajadora, a quien se le ocasionó una desmejora en su ingreso mensual, pues dejó de percibir un salario fijo para recibir tan sólo ingresos por productividad, ante una simulación de servicios profesionales que intentan encubrir la verdadera naturaleza de la relación que emanaba de sus funciones como O. dentro de la Clínica. Insistimos en el hecho que la empresa tiene como principal actividad precisamente brindar servicios de oftalmología a los pacientes que acuden al local, lo que lleva a concluir que mal podría mantener por un espacio prolongado de tiempo (1993-2010) una relación por servicios profesionales con la planta de doctores que se ocupaban de la actividad principal del negocio. Si bien el artículo 66 de nuestra normativa laboral dispone que acreditada la prestación personal de un servicio, se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo, entre quien presta el servicio o ejecuta la obra y quién los recibe, se trata de una presunción juris tantum; es decir, una ficción legal a través de la cual se establece que un hecho se entiende probado, dicha presunción admite prueba en contrario, que no admita duda razonable y, en el caso bajo estudio, no hay constancia de la aportación del suficiente material probatorio por parte de la demandada, que desvirtúe tal presunción. Con ello queremos dejar sentado que no basta con que la empresa se ampare en el supuesto de una relación civil o comercial presentando comprobantes de pago en ese sentido, para dar por sentado que así ocurrió, pues la ley laboral permite que el juzgador pueda ir más allá del simple papel y desmenuzar lo que ocurre en el plano real, que en este caso evidencia elementos propios de una relación laboral que, para efectos legales la debemos dividir en dos momentos: la primera, que inició en el año 1973 y terminó el 16 de junio de 1993, y la que inició en 1993 y terminó en el año 2010. En este caso, es importante traer a colación el contenido de un principio del derecho laboral, que enmarca y permite explicar la situación que ocurrió en el presente caso; se trata del principio de primacía de la realidad, que sugiere que en la relación laboral no se puede conformar con la formalidad, sino que su determinación depende de la realidad y de la verdad material sobre la naturaleza de dicha relación, que va de la mano al principio de descubrimiento de la verdad material en el proceso. La primacía de la realidad en el proceso laboral supone que en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Este principio junto con el de búsqueda de la verdad que, de acuerdo a C.C.R., citando a L.L.P., en los siguientes términos, establece que: "... Frente al juez las partes están en una confrontación permanente para demostrarle la verdad material; para hacer que ésta coincida con la verdad procesal; el juez es un intermediario entre los hechos y la Ley". De acuerdo con A.P.R. "El principio de la primacía de la realidad significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos". Agrega el autor: "La existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado y es que como dice S., la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento. De donde resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, ya que, si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, carecerán de todo valor".(P.R., A.. Los Principios del Derecho del Trabajo Ediciones Depalma Buenos Aires 1978. págs. 243-244) De lo señalado por la doctrina, podemos señalar que es la realidad de la prestación del servicio y no lo que refleja el acuerdo de voluntades, lo que debe prevalecer. Por lo tanto, se puede señalar que la relación laboral en el caso en comento, requería de los servicios de la doctora M. de forma permanente, y debió computarse la relación desde el momento que se inicia en el año 1993 y a partir de allí ver el salario devengado para el cálculo de sus prestaciones como oftalmóloga del servicio particular que se rige por el Código de Trabajo. De allí que, si bien estamos de acuerdo respecto a que se dio el fenómeno de prescripción respecto a los derechos que datan de la primera relación finalizada por voluntad de la actora en el año 1993, subsiste el derecho a percibir el importe de las prestaciones laborales que surgen de la segunda relación laboral que culmina el 1 de julio de 2010, pues la demanda para tales efectos se presentó dentro del término oportuno para reconocer tales derechos. Bajo este panorama, la S. considera que existen suficientes constancias para dar por probada la infracción del artículo 12, numeral 1 y 5, así como de los artículos 62 y 66 del Código de Trabajo, los cuales son suficientes para variar la posición esgrimida por la segunda instancia y proceder a casar la sentencia en este caso, bajo la presunción a favor del trabajador, que contempla los artículos 62 y 66 del Código de Trabajo, de la existencia de la relación de trabajo en los períodos que pudo probar la prestación del servicio. Esta valoración, sustentada en los elementos probatorios que constan en el dossier, coincide con las reglas mínimas que establece el Código de Trabajo en el artículo 732: objetividad, sensatez, y lógica razonable, para otorgarle su justo valor a las pruebas que integran el proceso. La S. en fallo reciente de 21 de diciembre de 2012, se ha manifestado sobre los requisitos necesarios para acreditar la relación de trabajo: "En este sentido, resulta oportuno reiterar lo dicho por algunos juristas en cuanto a que la subordinación jurídica, "implica la existencia de un poder de dirección por parte del empleador al cual ha sujetarse el trabajador. Ese poder puede ser actual o potencial, lo ejerce el empleador personalmente o por medio de sus representantes y está encaminado a la prestación del servicio o la ejecución de la obra. El poder de dirección se traduce en el derecho de organización, el derecho de mando, de supervisión o vigilancia y el derecho de sanción por parte del empleador. Igualmente es el deber de obediencia por parte del trabajador......" (V.V., O.. Derecho de Trabajo. Relaciones Individuales. Editorial Varem, Panamá, 1998, Págs.34 a37). De lo expuesto, se infiere que la subordinación jurídica es un acto de disponibilidad total en cuanto al empleo se refiere, por lo que frente a los requerimientos del empleador, el trabajador debe responder de manera inmediata. Consecuentemente, colegimos que la actividad que desempeñó la señora CHU a favor de Ferriby International Panamá, S.A., y Aja Registrars, S.A. no revestía los caracteres de la denominada subordinación jurídica. En cuanto a la dependencia económica, debemos señalar que este concepto se utiliza en forma subsidiaria para identificar la relación de trabajo y tiene cabida sólo en la medida que no sea posible comprobar la subordinación jurídica. En este sentido, O.V. nos dice que se aplica cuando "se trata de casos dudosos o ubicados en una zona gris, en lo que no se aprecia claramente la sujeción del trabajador a las órdenes o las instrucciones del empleador . A ello apunta la parte final del artículo 65, cuando señala que "en caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo, la prueba de la dependencia económica determina que se califique como tal la relación existente" (Ibídem.Pág.37). Expresado lo anterior, advertimos que para que se configure la dependencia económica que enmarca una relación de trabajo se requiere que el dinero que perciba el trabajador o trabajadora constituya su única o principal fuente de ingreso". (Sentencia de 3 de mayo de 2007). "Cabe hacer la aclaración que la dependencia económica no es un elemento esencial en la relación de trabajo, ya que puede existir una relación de trabajo sin dependencia económica y de la misma forma existir dependencia económica sin existir relación de trabajo. La prueba de la dependencia económica puede llevar a determinar la existencia o no de la relación de trabajo, en caso de duda de la existencia de la subordinación jurídica. De las pruebas aportadas por la empresa demandada se observa una serie de pagos primero al ingeniero R. y luego a la empresa Consultores y Asesores Panameños S.A. (COPASA), a solicitud del propio ingeniero R. y luego a la empresa Consultores y Asesores Panameños S.A. (COPASA), a solicitud del propio I.R., son detallados, estos pagos, como honorario, primero y luego, detallados como cancelación a servicios de Asesoría Técnica y Supervisión de Proyectos, algunos atendiendo las facturas presentadas por el ingeniero R. y por la empresa COPASA. La mayoría de los pagos son realizados por la empresa Bosco International Group, Inc, misma que fue retirada de entre las empresas demandadas. Aunado a esto se encuentran las declaraciones tomadas en el acto de audiencia que dejan ver que el I.R. no estaba sujeto a un horario o jornada de trabajo y su presencia en los proyectos era esporádica, según lo requería el servicio que prestaba. Lo anterior evidencia que el servicio prestado se da como resultado de la labor de un profesional de Ingeniería, es decir en ejercicio de una profesión liberal, a cambio de una remuneración mensual como honorarios profesionales". (Sentencia de 18 de julio de 2007) De igual forma, esta Superioridad se ha manifestado respecto al tema controvertido de la siguiente manera: Sentencia de 4 de octubre de 2006. H. hecho referencia a la calidad de accionista de la señora M. en la empresa ORIENTAL TRADING CORPORATION, esta Superioridad debe acotar que el status de trabajador no es incompatible con el de accionista. Esto es así, porque se debe tomar en cuenta la cantidad de acciones que le pertenecen al trabajador para establecer su posición dentro de la empresa; en la medida que sea socio minoritario, el trabajador puede estar sometido a subordinación jurídica, por parte de los órganos de la sociedad, no así si se trata de un accionista mayoritario. Sobre el particular, la S. ha dicho lo siguiente: "... se deberá tomar en cuenta la cantidad de acciones de que es dueño el trabajador, como un elemento más para establecer su posición dentro de la empresa; pero no sería un factor determinante si se aduce como argumento aislado. En este caso, ni siquiera la cantidad de acciones en poder del trabajador MONTERREY, llegar al 1% de la totalidad de acciones (0.09%). Con este porcentaje de acciones nadie pudiera ser dueño de una empresa, sólo estaría en calidad de socio, y minoritario, que no es incompatible con la calidad de trabajador" (Sentencia de 28 de enero de 1998. R.M. vs.T. de Panamá, S. A.). No obstante lo anterior, en el caso en estudio no se probó el porcentaje de acciones que posee la señora M. en la empresa ORIENTAL TRADING CORPORATION, a fin de considerarla dueña y socia no sometida a la influencia dominante de la Junta Directiva o Asamblea de Accionistas regente a la fecha de terminación de la relación de trabajo y, por ende, no sujeta a subordinación jurídica. La realidad planteada, nos lleva a colegir que la posición adoptada por el Tribunal Superior de Trabajo, al señalar que las pruebas documentales aportadas al proceso laboral demostraron la existencia de la relación de trabajo entre M. y Oriental Trading Corporation y la falta de pago de los derechos adquiridos demandados; mas no desvirtuaron que esta fuese en condiciones distintas a los elementos que la caracterizan -subordinación jurídica y dependencia económica-, se ajusta a derecho. Consecuentemente, se desestiman los cargos de violación endilgados a los artículos 52, 128 (numeral 2), 224, 730, 732, 921 y 923 del Código de Trabajo. Sentencia del 18 de noviembre de 2004. "Los documentos que constan de fojas 105 a 113 del proceso laboral, comprueban que la casacionista es accionista de la empresa ISAE DEL BARÚ, S.A., ya que posee un 50% de su capital social. En este sentido, es oportuno señalar que el status de trabajador no es incompatible con el de accionista, pues el primero puede recibir como remuneración por la prestación de sus servicios, acciones de la empresa en la cual labora. Esta figura es denominada en la doctrina accionariado obrero, y la misma no modifica el contrato laboral suscrito entre las partes. No obstante lo anterior, se debe tomar en cuenta la cantidad de acciones que le pertenecen al trabajador para establecer su posición dentro de la empresa. En la medida que sea socio minoritario, el trabajador puede estar sometido a subordinación jurídica, por parte de los órganos de la sociedad, no así si se trata de un accionista mayoritario. Sobre el particular, la S. ha dicho lo siguiente: "... se deberá tomar en cuenta la cantidad de acciones de que es dueño el trabajador, como un elemento más para establecer su posición dentro de la empresa; pero no sería un factor determinante si se aduce como argumento aislado. En este caso, ni siquiera la cantidad de acciones en poder del trabajador MONTERREY, llega al 1% de la totalidad de acciones (0.09%). Con este porcentaje de acciones nadie pudiera ser dueño de una empresa, sólo estaría en calidad de socio, y minoritario, que no es incompatible con la calidad de trabajador" (Sentencia de 28 de enero de 1998. R.M. vs.T. de Panamá, S.A.). Luego de lo expuesto, concluye esta Superioridad que en el caso en estudio, no estamos frente a una trabajadora que ha adquirido el 50% de las acciones de la empresa ISAE DEL BARÚ, S.A., como pago para satisfacer un crédito laboral adeudado y; que este porcentaje le permite a ADA CISNEROS DE PELLA una ingerencia activa y el control de la mitad de las acciones de dicha empresa, por lo que ha de ser considerada como una socia y dueña que estaba en condiciones de ejercer una influencia dominante sobre la Junta Directiva o Asamblea de Accionistas de dicha sociedad, ante la propiedad de la mitad de su capital, más no como una trabajadora sujeta a subordinación jurídica. Asimismo, esta Superioridad estima procedente reiterar que las pruebas documentales aportadas al proceso laboral, no lograron demostrar que la señora DE PELLA prestara sus servicios a ISAE UNIVERSIDAD ni que laboraba para ISAE DEL BARÚ, S.A., en condiciones de subordinación jurídica y dependencia económica. Siendo esto así, se desestiman los cargos de violación contra los artículos 31, 40, 52, 62 y 224 del Código de Trabajo y, 1 del Decreto de Gabinete Nº221 de 18 de noviembre de 1971. Por consiguiente, la Corte Suprema, S. Tercera de lo Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 23 de diciembre de 2003, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral promovido por ADA ESTELA CISNEROS DE PELLA contra Isae del Barú, S.A. e Isae Universidad. N.." Con relación a la excepción manifiesta de que la demandante era accionista de la Clínica, poseedora de un 37.5% de las acciones de la misma, y por ende no podía ser catalogada como trabajadora de la empresa; esa condición de accionista no es óbice para que se le reconozcan sus derechos o prestaciones laborales, pues el hecho de ser parte de la Junta Directiva o accionista de la empresa no le impide, por esa sola circunstancia, prestar servicios para la misma y recibir un salario por dicha labor. El cuarto cargo de infracción planteado, es el artículo 197 del Código de Trabajo: "Artículo 197. Las condiciones del contrato de trabajo solamente podrán ser modificadas: 1. Por la convención colectiva de trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo en los casos y con las limitaciones previstas en este Código; y 2. Por el mutuo consentimiento. 3. En estos casos se permitirá la alteración siempre que no conlleve directa o indirectamente una disminución, renuncia, dejación o adulteración de cualquier derecho reconocido a favor del trabajador. 4. La alteración de las condiciones de trabajo que infrinja esta norma será ineficaz y el trabajador podrá pedir, a su opción, el cumplimiento de las condiciones contractuales originales o dar por terminado el contrato, por causa imputable al empleador." Señala la casacionista que la sentencia del Tribunal Superior viola directamente por omisión el contenido del artículo 197 del Código de Trabajo por que no tuvo en consideración que la alteración de las condiciones de trabajo sólo es posible por la Convención Colectiva de Trabajo o por el mutuo consentimiento, pero que en ningún caso tendrá validez si conlleva disminución, renuncia, dejación o adulteración de cualquier derecho a favor del trabajador. El quinto cargo de infracción planteado, es el artículo 159 del Código de Trabajo. "Artículo 159. El salario pactado no podrá ser reducido por ninguna circunstancia, ni aún mediante el consentimiento del trabajador. En los casos en que por razones de crisis económica grave de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por la autoridad administrativas de trabajo, se ponga en peligro la existencia de la fuente de trabajo, se podrá, de manera temporal, modificar o reducir los horarios o la semana de trabajo correspondiente, con el consentimiento de la organización sindical, o de los trabajadores donde no exista ésta, siempre que se acuerden los métodos para lograr la recuperación gradual de la jornada de trabajo a los niveles existentes antes de la crisis. En tales circunstancias el Estado aunará esfuerzos con los trabajadores y empleadores, a fin de disminuir los efectos de la crisis." La sexta disposición considerada como vulnerada es el artículo 54 del Código de Trabajo que dice: "La duración y la remuneración de las vacaciones se regirá por las siguientes normas: 1. Treinta días por cada once días al servicio de su empleador: 2. Pago de un mes de salario cuando la remuneración se hubiere convenido por mes, y de cuatro semanas. En estos casos, si el salario incluye primas, comisiones u otras sumas variables, o el trabajador hubiere recibido aumento de salario, se pagará el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante los últimos once meses, o el último salario base, según resulte más favorable para el trabajador; 3. Cuando se trate de trabajadores pagados por hora o por día se dividirá el total de la remuneración ordinaria y extraordinaria que hubiera recibido el trabajador en los últimos once meses de servicios por el número de jornadas ordinarias servidas, o tiempo menor servido si se trata de vacaciones proporcionales y este cociente se multiplicará por el número de días de descanso anual que le correspondan. Si el salario base devengado durante el último mes fuere superior al promedio, las vacaciones se pagarán conforme a aquél; 4. Para los efectos del cómputo del tiempo servido que da derechos a vacaciones, se contará la duración de los descansos semanales, días de fiesta o duelo nacional, licencia por enfermedad dentro de los límites señalados en el artículo 200, los casos descritos en el artículo 208 u otras interrupciones expresamente autorizadas por el empleador; 5. Las sumas que deba recibir el trabajador le serán liquidadas y pagadas con tres días de anticipación respecto de la fecha en que comience a disfrutar el descanso anual; 6. Al trabajador C. relación termina antes de tener derecho al período completo de descanso de que trata este artículo, se le pagarán en efectivo los días de vacaciones proporcionales a que tenga derecho a razón de un día por cada once días de trabajo; y 7. Cumplido el período de vacaciones el trabajador tiene derecho a que se le reincorpore en su puesto." La séptima disposición legal considerada como infringida es el artículo 224 del Código de Trabajo, que indica: "Artículo 224. A la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado, desde el inicio de la relación de trabajo. En el evento de que algún año de servicio no se cumpliera entero desde el inicio de la relación o en los años subsiguientes, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente. PARÁGRAFO. Al trabajador que se encuentre laborando al momento en que empieza a regir el fondo de cesantía se le computará este derecho desde tal fecha. El período laborado con anterioridad le será pagado igualmente a la terminación de la relación de trabajo, siempre que hubiese prestado servicios al empleador de manera continúa durante diez años o más." La octava norma legal señalada como infringida es el artículo 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 18 de noviembre de 1971. Artículo 2. La bonificación a la que se refiere el artículo anterior, se calculará en la siguiente forma: Un día de salario por cada once (11) días, o fracción de trabajo efectivo, continuos o descontinúo. PARÁGRAFO: Para los efectos de esta remuneración, se considerarán como días trabajador, aquellos en que el trabajador haya estado imposibilitado de prestar servicios por razón de enfermedad profesional, enfermedad no profesional, accidente de trabajo, maternidad, licencia y vacaciones, debidamente comprobados." Procedemos a revisar la posible infracción denunciada por el recurrente. En cuanto a las violaciones alegadas por la casacionista, referentes al artículo 197, sobre las modificaciones del contrato de trabajo, como al artículo 159 ambos del Código de Trabajo, que trata sobre salario pactado, es indudable que estamos ante un supuesto de una relación laboral que reinicia en el año 1993, con un sistema de remuneración que ocasionó perjuicio a la parte actora, por no ser declarado como ingreso salarial, sino como servicios profesionales; sin embargo, no se puede hablar de alteración de condiciones laborales propiamente, tomando como base el salario anterior, pues estamos ante dos relaciones laborales distintas, con realidades que podrían variar a voluntad de las partes, y que bien podrían contener condiciones laborales diferentes, sin que se traten de alteraciones, como sugiere el casacionista. Respecto al artículo 54 del Código de Trabajo sobre la duración y la remuneración de las vacaciones, el artículo 224 de la misma excerta legal, referente a la terminación de contrato por tiempo indefinido y el artículo 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 18 de noviembre de 1971, sobre las bonificaciones laborales, la S. se abstiene de efectuar su análisis, toda vez que al haber sido acreditada la relación de trabajo con los elementos intrínsecos que la misma requiere, como subordinación jurídica y dependencia económica, debe reconocerse consecuentemente prima de antigüedad, bonificaciones, vacaciones y demás prestaciones inherentes a una relación laboral. En ese orden, se tiene que para calcular los derechos que le corresponde a la parte actora se toma como salario la suma de B/.6,655.00, lo cual da como resultado que se le deba pagar a la trabajadora la suma total de B/.117,750.82, desglosada de la siguiente manera: VACACIONES NO PAGADAS SALARIO 6,655.00 X 17 = 113,135.00 VACACIONES PROPORCIONALES (1 DÍA) 221.83 DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 2,218.33 PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1993-2010) (SEGÚN ART.224 CT) B/.6,655.00 / 52 = 2,175.66 En mérito de lo expuesto, la S. Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia de 4 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: Delys M. -vs- Clínica Boyd, S.A., y en su lugar CONDENA a la demandada al pago total de CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 82/100 (B/.117,750.82), en concepto de vacaciones no pagadas, XIII tercer mes proporcional y prima de antigüedad. SE FIJAN LAS COSTAS EN 15%. NOTIFÍQUESE, ABEL AUGUSTO ZAMORANO VICTOR L. BENAVIDES P. -(con Salvamento de Voto)- EFRÉN C. TELLO C. KATIA ROSAS (Secretaria) SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VÍCTOR L. BENAVIDES P. Muy respetuosamente manifiesto que disiento de la decisión que ha tomado la mayoría de los Honorables Magistrados que integran la S. en este caso, pues, a mi juicio, no concurren los elementos esenciales para acreditar la existencia de una relación laboral. En el expediente laboral, motivo del recurso que nos ocupa, consta que la señora DELYS MORENO alegó en su demanda que inició labores en la empresa CLINICA BOYD, S.A. el 1 de noviembre de 1973, cuando fue contratada como médico oftalmólogo con un salario de B/.1,436.00. Que desde 1988 hasta el 18 de noviembre de 2002, la Dra. MORENO además de laborar como médico de la Clínica Boyd, se mantuvo a cargo de la administración de la misma, siendo su salario la única fuente de ingreso. Asimismo, adujo que el 16 de junio de 1993, se acogió a la jubilación adelantada y que la empresa, por razones económicas, no le canceló sus derechos laborales, en cambio se acordó que la misma seguiría prestando sus servicios en la clínica bajo los mismos parámetros y con el mismo horario de trabajo. Agrega que el 18 de noviembre de 2002, deja la administración de la clínica para laborar solamente como oftalmóloga, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Que la nueva administración, de manera arbitraria, decidió que los médicos regulares que se había acogido a su jubilación, ya no devengarían salario regular, sino que se les pagaría en concepto de 40% de su productividad, por lo que dicha decisión conllevó una disminución en los ingresos de su salario regular. Por último, señala que renunció el 1 de julio de 2010, como médico oftalmóloga de la Clínica Boyd, sin que se le hayan cancelado sus prestaciones que, según indica, ascienden a B/.288,556.26 en concepto de vacaciones, XIII mes, prima de antigüedad y la diferencia de salarios desde el 2003 al 2010. Por su parte, la empresa demandada al contestar la demanda reconoce que la Dra. D.M. prestó servicios para la Clínica el 1 de noviembre de 1973 hasta el 16 de junio de 1993, cuando presentó su renuncia y no volvió a prestar servicios en condiciones de subordinación jurídica y dependencia económica, pero se mantuvo como accionista individual mayoritaria de la Clínica, hasta el mes de junio de 2010, fecha en la que vendió sus acciones a un costo de B/.275,000.00. Por lo que adujeron excepción de prescripción sobre cualquier suma que reclama la demandante hasta la fecha de su renuncia (16 de junio de 1993) y excepción de inexistencia de la relación de trabajo después del 16 de junio de 1993, pues no prestó servicios en condiciones de subordinación jurídica ni dependencia económica. El Juez Tercero de Trabajo de la Primera Sección mediante sentencia No.78de 23 de junio de 2011, decidió declarar probada las excepciones alegadas por los apoderados judiciales de la demandada. En su sentencia el juez primario concluyó lo siguiente De las pruebas que reposan en el expediente y de las cuales hemos analizados debemos concluir que la demandante la Doctora DELYS H. MORENO prestó sus servicios como oftalmóloga en dos periodos distintos el primero que se extiende de 1 de noviembre de 1973 al 16 de junio de 1993, estado donde está claramente definida la relación de trabajo de la demandante con la CLINICA BOYD, S.A. y donde no hay constancia del pago de liquidación de las prestaciones laborales, pero que a la fecha de presentación de la demanda la acción para reclamar dichos derechos prescribió; y el segundo periodo se inicia en 1993 y finaliza en julio de 2010, cuando vende sus respectivas acciones y en este lapso es criterio de este Juzgador, la demandante era socia mayoritaria de CLINICA BOYD, S.A. y no está inmersa en una relación laboral, sino como accionista de dicha empresa. Asimismo, el Tribunal Ad quem al conocer del recurso de apelación propuesto por el entonces apoderado judicial de la demandante, decide confirmar en todas sus partes la sentencia del juez. Así lo expuso el juzgador secundario: Ahora bien, teniendo en cuenta el caudal probatorio existente en el expediente, esta Superioridad comparte el criterio externado por el Juez A quo habida cuenta de que como ya se ha dicho, lo esencial para determinar la relación laboral, es que se compruebe la existencia de los requisitos que exige la Ley, a saber, la prestación personal de un servicio en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica. Muy por el contrario, la demandante no ha presentado prueba alguna que demuestre un servicio de carácter laboral par al parte demandada, ya que ni siquiera existe constancia alguna de pago de salario, horario de trabajo, órdenes, instrucciones, tarjetas de asistencia, planilla, etc. que son signos visibles de la prestación de un servicio laboral, por parte de un trabajador. En ese sentido, la decisión de la mayoría de esta S. reconoce (y así fue expuesto en las instancias inferiores) que el reclamo de la demandante se dio el fenómeno de la prescripción respecto a los derechos que datan de la primera relación finalizada por voluntad de la actora en el año 1993, por lo que concluyó que "no existe bajo estos parámetros mayor reparo que hacerle a la sentencia en relación con el contenido del artículo 12, numerales 1 y 5 del Código de Trabajo" (ver tercer párrafo de la foja 7 de la sentencia de mayoría) Sin embargo, más adelante concluye que "existen suficientes constancias para dar por probada la infracción del artículo 12, numeral 1 y 5..." (f. 15, tercer párrafo) Lo que resulta contradictorio. Y es que recordemos que la prescripción se declaró solamente para el primer periodo que finalizó en 1993. Con relación al periodo comprendido de 1993 al año 2010, estima el fallo de mayoría que la Sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, infringe lo dispuesto en los artículos 62 y 66, con sustento en que se pudo comprobar la prestación del servicio, con lo que cobran vida dichas presunciones legales. Y, que si bien las mismas admiten prueba en contrario, que no admitan duda razonable, en el caso en estudio, no hay constancia de la aportación del suficiente material probatorio por parte de la demandada, que desvirtúe tal presunción. No obstante, considero que, contrario a ello, existe el suficiente material probatorio que desvirtúa aquella presunción que establece que la sola prestación del servicio acredita la existencia de la relación de trabajo. Así las cosas, en primer lugar, consta en el expediente que la demandante era accionista de la sociedad demandada CLINICA BOYD, S.A. con un 37.5% de las acciones. Es decir, si bien es cierto el ser accionista no es óbice para que exista una relación de carácter laboral, en el caso que nos ocupa el escenario jurídico varía, puesto que la demandante era accionista mayoritaria (el otro 37.5% Á.M.R. y Cristela Ferrari de A. el otro 25%) Sobre el particular, esta S. se ha pronunciado en los siguientes términos: Luego de lo expuesto, concluye esta Superioridad que en el caso en estudio, no estamos frente a una trabajadora que ha adquirido el 50% de las acciones de la empresa ISAE DEL BARÚ, S.A., como pago para satisfacer un crédito laboral adeudado y; que este porcentaje le permite a ADA CISNEROS DE PELLA una ingerencia activa y el control de la mitad de las acciones de dicha empresa, por lo que ha de ser considerada como una socia y dueña que estaba en condiciones de ejercer una influencia dominante sobre la Junta Directiva o Asamblea de Accionistas de dicha sociedad, ante la propiedad de la mitad de su capital, más no como una trabajadora sujeta a subordinación jurídica. De igual forma, se comprobó que los pagos realizados a la demandante en concepto de honorarios profesionales variaba, lo que es demostrativo que no existía un salario fijo como alega la parte actora. Del mismo modo, se acreditó que la Dra. DELYS MORENO era accionista y devengaba ingresos de las sociedades Servicios Sadec, S.A. Center For Advanced Studies in Ophtalmology Inc., Clínica Santa Lucía, Optidac, S.A., así como representante legal de Deacmas Corp Delmore, S.A. Además, se aportaron declaraciones de renta de la demandante ante el Ministerio de Economía y Finanzas Por consiguiente, coincido con la definición y alcance del principio de primacía de la realidad, sin embargo estimo que éste no resulta aplicable al caso en estudio, pues la realidad fáctica no revela el más mínimo indicio para que se pueda confrontar con aquella información contenida en el material probatorio allegado al proceso. Al contrario, no existe constancia alguna en el expediente de pruebas que demuestren que la demandante estuviera sujeta a órdenes o instrucciones por parte de algún otro directivo, a un horario de trabajo, a controles de asistencia, a fiscalización alguna, como ocurre en los casos donde existe subordinación jurídica en el periodo correspondiente. Ante este escenario jurídico, estimo que no se han producido las violaciones de la normativa invocada por la recurrente, toda vez que el juzgador de segundo grado falló conforme a derecho, razón por la cual, se debieron desestimar los cargos endilgados. En virtud de las consideraciones expuestas, soy del criterio que debió mantenerse la decisión proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial y no accederse a las pretensiones de la casacionista, razón por lo cual, y con todo respeto, SALVO MI VOTO. Fecha ut supra. VÍCTOR L. BENAVIDES P. KATIA ROSAS (Secretaria)