Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 10 de Febrero de 2020

PonenteCecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución10 de Febrero de 2020
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme

Fecha: 10 de febrero de 2020

Materia: Casación laboral

Casación laboral

Expediente: 226-19

VISTOS:

El Sr. J.A.M. JURADO interpuso ante la jurisdicción del trabajo reclamo laboral en contra de la empresa ESCARFULLERY & ASOCIADOS, S.A., S.M.E.M. Y CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC., solicitando que se le cancelara la suma de CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON 03/100 (B/.160,496.03), correspondientes a salarios no pagados (B/.136,388.44), décimo tercer mes (B/19,583.33), prima de antigüedad (B/.4,519.26), más intereses y recargos legales y las costas judiciales.

A través de la Sentencia No. 23 del Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección, de fecha once (11) de mayo de dos mil dieciocho (2018), el juzgado a quo, terminó indicando lo siguiente:

Importa destacar que a foja 88 y 89 del dossier reposa la prueba T-1 identificado como Convenio de Colaboración que en el hecho quinto señala se trata de honorarios profesionales; de allí que en virtud del numeral 3 del artículo 765 del Código de Trabajo el mismo se presume auténtico y de su contenido se concluye con meridiana claridad que la relación entre el reclamante y ESCARFULLERY & ASOCIADOS, S.A., S.M.S.M. Y CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC., era de naturaleza distinta a la laboral, es decir no regido por las normas del Código de Trabajo; no hay en la redacción de las cláusulas de dicho convenio ninguna mención a elementos propios o distintos de una relación de trabajo, por ejemplo no hay horarios de labores, la designación del pago de una remuneración a favor de un trabajador, y tampoco surge la subordinación jurídica entre las partes del contrato.

Se repite, todas estas circunstancias constituyen prueba inequívoca de la inexistencia de la vinculación alegada por el actor con los demandados.

Sobre la dependencia económica como elemento distintivo de la relación laboral entre las partes, tampoco es visible en autos, pues a fojas 120 y 121 identificada como prueba T-2, así como la E-1 (foja 443 y 444) y de foja 698 y 699 del expediente reposa el informe del perito de la diligencia de acción exhibitoria practicada por el Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección, en el mismo se detallan catorce cheques, de los cuales examinaremos el recuadro de los pagos del año 2013, allí no hay secuencia de meses, es decir no aparecen pagos del mes de febrero, abril, junio, julio, septiembre y octubre; por lo que concluimos que no corresponde a ningún pago de tipo salarial por los servicios prestados por el actor J.A.M. JURADO como trabajador de ESCARFULLERY & ASOCIADOS, S.A., S.M.E.M. Y CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC.

(...)

RESUELVE

DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción invocada por el demandado S.M.E.M. por no ajustarse a derecho.

DECLARAR PROBADA la excepción de inexistencia de la relación de trabajo entre J.A.M. JURADO con ESCARFULLERY & ASOCIADOS, S.A., S.M.E.M. Y CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC., al no haber probado aquél los hechos en los cuales descansó su pretensión dentro del proceso instaurado contra dichos demandados, por tanto ABSUELVE a los demandados del reclamo del pago de CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 03/100 (B/.160,496.03) correspondientes a salarios no pagados (136,388.44), décimo tercer mes (19,583.33) y prima de antigüedad (4,519.26).

(Cfr. fs. 934-935 del expediente de antecedentes)

Contra la referida sentencia emitida por el Sentencia No. 23 del Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección, de fecha once (11) de mayo de dos mil dieciocho (2018), el Licdo. M.F.L. en su condición de apoderado judicial del Sr. J.A.M. procedió a interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.

Por medio de la sentencia de fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal Superior de Trabajo procede a confirmar la sentencia No. 23 de once (11) de mayo de dos mil dieciocho (2018) emitida por del Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección dentro del proceso promovido por el Sr. J.A.M. JURADO, contra ESCARFULLERY & ASOCIADOS, S.A., S.M.E.M., y CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC.

No conforme con la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, el Licdo. M.F.L. en su condición de apoderado judicial del Sr. J.A.M. JURADO, procedió a interponer ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia formal recurso de casación, con la finalidad que se case la sentencia de 20 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, a través de la cual se CONFIRMA la decisión emitida por la Sentencia No. 23 del Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección, de fecha once (11) de mayo de dos mil dieciocho (2018), dentro del Proceso promovido por el Sr. J.A.M. JURADO contra ESCARFULLERY & ASOCIADOS, S.A., S.M.E.M. y CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC.

I.P. de quien formula el Recurso de Casación - Trabajador:

El Licdo. M.F.L. en su condición de apoderado judicial del Sr. J.A.M. JURADO, fundamenta su recurso de casación justificado básicamente en lo siguiente.

Que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo de fecha 20 de marzo de 2019, mediante la cual se confirmó la Sentencia No. 23 del once (11) de mayo de dos mil dieciocho (2018), emitida por Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección ha violado las disposiciones que a continuación se indicarán.

A.- El artículo 730 del Código de Trabajo que señala lo siguiente:

Articulo 730. Sirven como pruebas los documentos, la confesión, la declaración de parte, el testimonio de terceros, la inspección judicial, los dictámenes periciales; los informes, los indicios, los medios científicos, y cualquier otro elemento racional que sirva a la formación de la convicción del Juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni sean contrarios a la moral o al orden público.

Puede asimismo disponerse calcos, reproducciones o fotografías de documentos, objetos, lugares o personas.

Es permitido, para establecer si un hecho puede o no realizarse de determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo.

La norma citada ha sido infringida en concepto de error de hecho en la valoración de la prueba, toda vez que no tomó en consideración los dos testimonios aportados por la parte actora, o sea las declaraciones de R.L. (Cfr. fs. 336-341) y de G.E. (Cfr. fs. 342 a 344), en donde se relataba que el demandante prestaba servicios personales a ESCARFULLEY & ASOCIADOS dentro del proyecto de remodelación del Hotel Central en el Casco Viejo de la Ciudad.

Con la valoración de dichas pruebas, se podía apreciar que el demandante prestaba servicios como encargado de la gestión y supervisión del proceso constructivo del proyecto de remodelación de lunes a sábado, en un horario de 7:30 A.M. a 5:00 P.M. Dichos servicios se prestaban desde una oficina que estaba dentro del proyecto de remodelación, utilizando los equipos e implementos de trabajo que le proporcionaba ESCARFULLERY & ASOCIADOS.

B.- La sentencia impugnada ha violado el artículo 64 del Código de Trabajo, que señala lo siguiente:

Artículo 64. La subordinación jurídica consiste en la dirección ejercida o susceptible de ejercerse, por el empleador o sus representantes, en lo que se refiere a la ejecución del trabajo.

Debido al error en la valoración de la prueba, expuesto en el párrafo A de las normas impugnadas (artículo 730 del código de trabajo), la sentencia de 20 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, incurrió en una violación directa por omisión del artículo 64 del Código de Trabajo. Y es que en las declaraciones de los testigos R.L. y G.E. se relataron varios hechos y aspectos de la relación que dibujaban con claridad la presencia de subordinación jurídica en la relación existente entre JOSÉ MELÉNDEZ y la empresa ESCARFULLERY & ASOCIADOS.

C.- La resolución impugnada y emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, ha violado lo consagrado en el artículo 66 del Código de Trabajo, que reza lo siguiente:

Artículo 66. Se presume existencia del contrato y de la relación de trabajo entre quien presta personalmente un servicio o ejecuta una obra, y la persona que recibe aquél o éstas.

Debido al error en la valoración de la prueba, expuesto en el párrafo A de las normas impugnadas (artículo 730 del código de trabajo), la sentencia de 20 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, incurrió en una violación directa por omisión del artículo 66 del Código de Trabajo.

Probada la prestación personal del servicio, el trabajador no tiene que demostrar la existencia ni la subordinación jurídica, ni la dependencia económica, ya que existe una presunta existencia de la relación laboral. En consecuencia, al negar las demandadas la existencia de la relación laboral, es a ellas, y no al trabajador, a quienes les corresponde la carga de la prueba, lo cual implica que debían presentar elementos probatorios con suficiente peso para destruir la presunción, lo que nunca ocurrió en el presente proceso.

No se aportaron elementos probatorios que demostraran que no había subordinación jurídica, ni dependencia económica. En consecuencia, si la sentencia hubiera aplicado la presunción prevista dentro del artículo 66, habría concluido que en el presente proceso quedó establecida la existencia de una relación laboral, de allí que la sentencia debió negar la excepción de inexistencia de la relación laboral, y acceder a lo pedido por la parte actora.

D.- La otra disposición que ha sido violada como consecuencia de la emisión de la Sentencia de 20 de marzo de 2019, ha sido el artículo 54 del Código de Trabajo, que establece lo siguiente:

Articulo 54. La duración y la remuneración de las vacaciones se regirá por las siguientes normas:

Treinta días por cada once meses continuos de trabajo, a razón de un día por cada once días al servicio de su empleador;

Pago de un mes de salario cuando la remuneración se hubiere convenido por mes, y de cuatro semanas y un tercio, cuando se hubiere pactado por semana. En estos casos, si el salario incluye primas, comisiones u otras sumas variables, o el trabajador hubiere recibido aumento de salario, se pagará el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante los últimos once meses, o el último salario base, según resulte más favorable para el trabajador;

Cuando se trate de trabajadores pagados por hora o por día se dividirá el total de la remuneración ordinaria y extraordinaria que hubiera recibido el trabajador en los últimos once meses de servicios por el número de jornadas ordinarias servidas, o tiempo menor servido si se trata de vacaciones proporcionales, y este cuociente se multiplicará por el número de días de descanso anual que le correspondan. Si el salario base devengado durante el último mes fuere superior al promedio, las vacaciones se pagarán conforme a aquél;

Para los efectos del cómputo del tiempo servido que da derechos a vacaciones, se contará la duración de los descansos semanales, días de fiesta o duelo nacional, licencia por enfermedad dentro de los limites señalados en el artículo 200, los casos descritos en el artículo 208 u otras interrupciones expresamente autorizadas por el empleador;

Las sumas que deba recibir el trabajador le serán liquidadas y pagadas con tres días de anticipación respecto de la fecha en que comience a disfrutar del descanso anual;

Al trabajador cuya relación termina antes de tener derecho al periodo completo de descanso de que trata este artículo, se le pagarán en efectivo los días de vacaciones proporcionales a que tenga derecho a razón de un día por cada once días de trabajo; y,

Cumplido el período de vacaciones el trabajador tiene derecho a que se le reincorpore en su puesto.

Debido al error en la valoración de la prueba, expuesto en el párrafo A de las normas impugnadas (artículo 730 del código de trabajo), la sentencia de 20 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, incurrió en una violación directa por omisión del artículo 54 del Código de Trabajo.

La violación ocurre porque la sentencia se abstiene de reconocer el derecho de todo trabajador de gozar de vacaciones, quienes tienen un componente de descanso y remuneración. De igual manera, el numeral 6 de dicha norma establece la obligación del empleador de pagar las vacaciones que el trabajador no haya disfrutado al terminar la relación de trabajo.

E.- Otra de las normas que ha sido vulnerada de conformidad con emisión de la Sentencia de 20 de marzo de 2019 por parte del Tribunal Superior de Trabajo, ha sido el artículo 140 del Código de Trabajo, que establece:

Artículo 140: Salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador con motivo de la relación de trabajo, y comprende no sólo lo pagado en dinero y especie, sino también las gratificaciones, percepciones, bonificaciones, primas, comisiones, participación en las utilidades y todo ingreso o beneficio que el trabajador reciba por razón del trabajo como consecuencia de éste.

Debido al error en la valoración de la prueba, expuesto en el párrafo A de las normas impugnadas (artículo 730 del código de trabajo), la sentencia de 20 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, incurrió en una violación directa por omisión del artículo 140 del Código de Trabajo.

La prenombrada sentencia dejó de reconocer el pago del salario que es una obligación del empleador, por medio de la cual se retribuye la prestación del servicio personal por parte del trabajador.

La sentencia del 20 de marzo de 2019, se inclinó por acoger el carácter de contrato de servicios profesionales, pasando por alto que en el proceso se había acreditado la subordinación jurídica y dependencia económica dentro de la relación, con lo cual se acreditaba el carácter laboral de la misma. Al existir una relación de trabajo, existía la obligación de pagar el salario, obligación que, según el Código de Trabajo establece, es de orden público.

F.- La decisión del Tribunal Superior de Trabajo que es objeto de impugnación a través del presente recurso, ha violado lo establecido en el artículo 148 del Código de Trabajo, que dispone:

Articulo 148. El salario debe pagarse completo en cada período de pago. Para este efecto se entiende por salario completo el percibido durante las jornadas ordinarias y extraordinarias. Cualquiera que sea la forma de pagarse el salario, no podrá pagarse en plazos que excedan de una quincena.

Cuando el salario fuere integrado en parte con primas de producción o rendimiento, o comisiones, éstas se liquidarán completamente en cada período de pago, salvo que las partes convengan, por la naturaleza o modalidades de la prestación, liquidar el importe de las primas o comisiones al final de cada mes, caso en el cual deben pagarse a más tardar en el período de pago siguiente. Tratándose de primas por rendimiento colectivo o participación en las utilidades, podrán pagarse por períodos que no excedan de un año.

Cuando se trate de trabajadores cuyo salario esté integrado en parte con comisiones o primas, los recargos legales por razón de servicios prestados en horas o días sujetos a recargo, se determinarán mediante el cómputo del salario, promedio obtenido durante el período respectivo de pago.

Debido al error en la valoración de la prueba, expuesto en el párrafo A de las normas impugnadas (artículo 730 del código de trabajo), la sentencia de 20 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, incurrió en una violación directa por omisión del artículo 148 del Código de Trabajo.

La norma antes citada ha sido violada por la sentencia impugnada, ya que esta última dejó de aplicar la norma en la parte que señala que el período de pago en ningún caso puede exceder de una quincena. Que la sentencia acoge lo dispuesto en el Convenio de Colaboración suscrito entre ESCARFULLERY & ASOCIADOS, al señalar que el pago de la remuneración de J.A.M. estará condicionado al hecho de que ESCARFULLERY & ASOCIADOS recibiese, el pago de su contratante CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC.

En el Convenio de Colaboración, el pago de la retribución del trabajador quedaba sujeto a una condición suspensiva, lo cual no es permitido en la ley laboral, ya que se estipula que los pagos del salario no pueden exceder períodos de una quincena. Al haberse demostrado en el proceso que la prestación del servicio personal se desarrollaba en condiciones de subordinación jurídica y dependencia económica, surgía de manera inevitable una relación de trabajo, por lo cual era obligación del empleador ESCARFULLERY & ASOCIADOS, la obligación de pagar el salario en periodos que no excedieran una quincena.

G.- Otra de las disposiciones que se estiman infringidas es el artículo 169 del Código de Trabajo, que reza lo siguiente:

En todo caso de mora o falta de pago de salarios, vacaciones, prestaciones e indemnizaciones establecidas en este Código a favor del trabajador, causarán intereses a la tasa de diez por ciento anual, desde el momento en que sea exigible la obligación.

Debido al error en la valoración de la prueba, expuesto en el párrafo A de las normas impugnadas (artículo 730 del código de trabajo), la sentencia de 20 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, incurrió en una violación directa por omisión del artículo 169 del Código de Trabajo.

La aludida sentencia impugnada, se abstuvo de reconocer y ordenar el pago de los salarios que tenía derecho el trabajador, además no reconoció el interés legal que la norma establece, ya que el trabajador se vio privado del pago de su salario y demás prestaciones básicas. Si la sentencia hubiera aplicado la norma infringida, hubiera accedido al reconocimiento del interés legal que la misma establece, tal y como se pidió en la demanda.

H.- También la resolución impugnada ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 224 del Código de Trabajo, que reza lo siguiente:

Articulo 224. A la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado, desde el inicio de la relación de trabajo. En el evento de que algún año de servicio no se cumpliera entero desde el inicio de la relación o en los años subsiguientes, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente.

PARÁGRAFO: Al trabajador que se encuentre laborando al momento en que empieza a regir el fondo de cesantía, se le computará este derecho desde tal fecha. El periodo laborado con anterioridad le será pagado igualmente a la terminación de la relación de trabajo, siempre que hubiese prestado servicios al empleador de manera continua durante diez años o más.

Debido al error en la valoración de la prueba, expuesto en el párrafo A de las normas impugnadas (artículo 730 del código de trabajo), la sentencia de 20 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, incurrió en una violación directa por omisión del artículo 224 del Código de Trabajo.

La vulneración se produce ya que la sentencia recurrida se abstuvo de reconocer y ordenar el pago de la prima de antigüedad a la que el trabajador tenía derecho.

I.- La resolución emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, ha vulnerado lo consagrado en el artículo 1 del Decreto de Gabinete No. 221 de 18 de noviembre de 1971, que establece lo siguiente:

"Artículo 1. Todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores, una bonificación especial como un derecho adicional a lo dispuesto por las normas laborales vigentes. Esta se denominará "DECIMO TERCER MES".

Debido al error en la valoración de la prueba, expuesto en el párrafo A de las normas impugnadas (artículo 730 del código de trabajo), la sentencia de 20 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, incurrió en una violación directa por omisión del artículo 1 del Decreto de Gabinete No. 221 de 18 de noviembre de 1971.

La vulneración de la norma se produce ya que la sentencia impugnada se abstuvo de reconocer y ordenar el pago del décimo tercer mes al que el trabajador tiene derecho. Si la sentencia hubiera aplicado la norma infringida, hubiera accedido al reconocimiento del décimo tercer mes.

J.- La sentencia de 20 de marzo de 2019 emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial ha violado el artículo 90 del Código de Trabajo, que señala lo siguiente:

Tratándose de empresas que ejecuten trabajos de manera exclusiva o principal para el beneficio de otra empresa, ésta y no aquélla será reputada como empleador de todos los trabajadores que presten sus servicios a la primera, pero ambas serán solidariamente responsables por todas las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores.

Debido al error en la valoración de la prueba, expuesto en el párrafo A de las normas impugnadas (artículo 730 del código de trabajo), la sentencia de 20 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, incurrió en una violación directa por omisión del artículo 90 del Código de Trabajo.

Que la empresa ESCARFULLERY & ASOCIADOS fue contratada por CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC., para remodelar el Hotel Central, por lo cual se prestaba dicho servicio de forma exclusiva. Este hecho fue aceptado por el apoderado de CENTRAL HOTEL INVESTMENT. Además con el aviso de operación se evidenció que la oficina de ESCARFULLERY & ASOCIADOS quedaba dentro del Hotel Central, de forma tal que la actividad exclusiva de ESCARFULLERY & ASOCIADOS era prestarle servicios a CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC., en el proyecto de remodelación del hotel.

Al haberse probado en el juicio que ESCARFULLERY & ASOCIADOS prestaba servicios de manera exclusiva o principal a CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC., se configuraba el supuesto previsto en el artículo 90, de allí que correspondía declarar que CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC., era el verdadero empleador del señor J.A.M., pero tanto CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC., como ESCARFULLERY & ASOCIADOS quedaban solidariamente obligados al pago de las prestaciones e indemnizaciones del trabajador.

K.- Otra de las normativas alegadas como infringidas a raíz de la emisión de la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, ha sido el artículo 92 del Código de Trabajo que establece lo siguiente:

Artículo 92. Cuando por actos simulados o fraudulentos y a través de la creación u operación de la persona jurídica se elude el cumplimiento de las obligaciones laborales de una persona jurídica, el trabajador de dicha persona jurídica podrá, además, reclamar sus créditos laborales a los accionistas, socios o miembros.

Debido al error en la valoración de la prueba, expuesto en el párrafo A de las normas impugnadas (artículo 730 del código de trabajo), la sentencia de 20 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, incurrió en una violación directa por omisión del artículo 92 del Código de Trabajo.

La sentencia impugnada dejó de aplicar el régimen de protección establecido en el artículo 92, que señala que si una persona jurídica ha sido utilizada para defraudar al trabajador, éste podrá reclamar sus derechos contra los accionistas.

En el proceso está acreditado que el demandado SERGIO ESCARFULLERY era accionista de ESCARFULLERY & ASOCIADOS, lo cual quedó probado en la contestación de la demanda, y que es reconocido en la sentencia impugnada. La persona jurídica ESCARFULLERY & ASOCIADOS ha sido utilizada para defraudar a la parte trabajadora, al no pagar el derecho al salario de conformidad con lo reconocido en el artículo 92 del Código de Trabajo, de allí que se debe conceder al trabajador la posibilidad de dirigir su reclamación contra los accionistas.

Si la sentencia impugnada hubiese aplicado la disposición infringida, hubiera determinado que SERGIO ESCARFULLERY tiene una responsabilidad personal por el pago de las prestaciones reclamadas.

L.- La sentencia impugnada ha vulnerado el artículo 62 del Código de Trabajo, que señala lo siguiente:

"Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de ésta.

Se entiende por relación de trabajo, cualquiera sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o de dependencia económica.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

La existencia de la relación de trabajo determina la obligación de pagar el salario."

La sentencia impugnada incurrió en violación directa por comisión del artículo 62 del Código de Trabajo, ya que se abstuvo de reconocer el derecho que dispone el segundo párrafo de dicha normativa, donde se establece la existencia de una relación de trabajo, cuando se presta un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica y dependencia económica.

Que la sentencia impugnada se fundamentó en un contrato denominado "Convenio de Colaboración", suscrito el 17 de diciembre de 2012 entre J.A.M. y ESCARFULLERY & ASOCIADOS, para arribar que entre las partes no había una relación laboral. El convenio anteriormente indicado es un contrato de servicios profesionales.

La sentencia impugnada se enfoca en una cláusula del convenio donde se señala que el pago de los honorarios al señor M. solamente se efectuará una vez que la sociedad CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC., realice sus pagos correspondientes a la sociedad ESCARFULLERY & ASOCIADOS, no pudiéndose esgrimir la falta de pago si la mencionada sociedad ESCARFULLERY & ASOCIADOS no haya recibido el correspondiente ingreso.

La sentencia impugnada ha infringido el artículo 62 del Código de Trabajo, al no reconocer que, para determinar la existencia de una relación de trabajo, debe examinarse si hay una prestación de servicio personal en condiciones de subordinación jurídica y dependencia económica. La norma le indica al juzgador que no debe centrar su atención en el acto que le dio origen a la prestación de servicios profesionales, sino que, por el contrario, debe dirigir su atención a determinar si hay una prestación del servicio personal en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica.

Que la sentencia impugnada, desconoció el derecho que consagra el artículo 62 del Código de Trabajo que establece que a raíz de la existencia de la relación de trabajo surge la obligación de pagar el salario. De hecho, este es el principal reclamo en el presente proceso laboral, o sea el pago de salario por un monto de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON 44/100 (B/.136,388.44).

M.- La sentencia del Tribunal Superior de Trabajo ha violado el artículo 65 del Código de Trabajo, que establece lo siguiente:

Articulo 65. Existe dependencia económica en cualquiera de los siguientes casos:

Cuando las sumas que percibe la persona natural que preste el servicio o ejecute la obra constituyen la única o principal fuente de sus ingresos;

Cuando las sumas a que se refiere el ordinal anterior provienen directa o indirectamente de una persona o empresa, o como consecuencia de su actividad;

Cuando la persona natural que presta el servicio o ejecuta la obra no goza de autonomía económica, y se encuentra vinculada económicamente al giro de actividad que desarrolla la persona o empresa que puede considerarse como empleador.

En caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo, la prueba de la dependencia económica determina que se califique como tal la relación existente.

La sentencia de 20 de marzo de 2019, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, incurrió en una violación directa por omisión del artículo 65 del Código de Trabajo. Así las cosas, dicha resolución se abstuvo de aplicar la figura de la dependencia económica como factor determinante, en los casos en que surge duda sobre la existencia de una relación laboral.

La parte actora acreditó a través de una serie de cheques emitidos por ESCARFULLERY & ASOCIADOS a favor de J.A.M. (fojas 104-156 del expediente administrativo), probó que éste recibió sumas de dinero que configuraban su única o principal fuente de ingresos. Esta prueba se enmarca dentro del supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 65 del Código de Trabajo, demostrando la dependencia económica entre JOSÉ MELÉNDEZ y ESCARFULLERY & ASOCIADOS.

Que los demandados no presentaron ni un solo documento que demostrara que el demandante percibía otros ingresos, que pudiera desvirtuar la dependencia económica por la parte actora. Que generalmente la parte demandada presenta elementos probatorios que demuestran que el supuesto trabajador en realidad percibía ingresos de otras fuentes, que le otorgan independencia económica.

Que no hubo la más mínima actividad probatoria concreta por parte de las demandadas que desvirtuase la clara prueba que aportó el demandante, demostrando la dependencia económica.

N.- La resolución impugnada ha violado lo consagrado en el artículo 63 del Código de Trabajo que establece lo siguiente:

Articulo 63. Para la determinación de la relación de trabajo, o de los sujetos de la misma, se prescindirá de los actos y contratos simulados, de la participación de interpuestas personas como supuestos empleadores, y de la constitución u operación simulada de una persona jurídica en calidad de empleador.

La sentencia de 20 de marzo de 2019, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, ha incurrido en una violación directa por omisión, respecto del artículo 63 del Código de Trabajo.

La infracción se produce porque la sentencia impugnada agota su análisis en la valoración de la prueba consistente en el Convenio de Colaboración, sin tomar en consideración que estamos en presencia de un acto simulado, ya que se esconde una prestación de servicios profesionales en condiciones de subordinación jurídica y dependencia económica. El Convenio de Colaboración era un disfraz por medio del cual el empleador buscaba esconder la relación laboral.

Si la sentencia impugnada hubiera aplicado el artículo 63, hubiera descartado el Convenio de Colaboración, para arribar a la conclusión que el mismo era un acto simulado, ya que otras pruebas en el proceso, como lo son los testimonios de R.L. y G.E., no fueron apreciados en la sentencia, con lo que se acreditaba la existencia de la relación de trabajo.

Finalmente, el apoderado judicial de la parte actora solicita que se CASE en su totalidad la sentencia impugnada, y que se concedan las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda.

II.- Oposición de la Contraparte - Empleador:

Este Despacho debe hacer la salvedad que dentro del expediente judicial que contiene el proceso de casación laboral presentado ante la Sala Tercera, que no figura ningún escrito de oposición de la contraparte, que en este caso vendrían a ser las partes demandadas ESCARFULLERY & ASOCIADOS, S.A., S.M.E.M., CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC., quienes no ha presentado su correspondiente oposición al recurso de casación laboral formulado o aducido por el trabajador extranjero J.A.M. JURADO.

III.- Decisión de la Sala Tercera:

Expuesta la posición de la parte recurrente, le corresponde a este Despacho entrar a determinar si en efecto resulta pertinente o no, casar la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, de fecha veinte (20) de marzo de 2019, dentro del proceso laboral: J.A.M. JURADO, contra ESCARFULLERY & ASOCIADOS, S.A., S.M.E.M., y CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC.

El artículo 925 del Código de Trabajo establece los motivos, razones o circunstancias por medio de las cuales es viable la interposición del recurso de casación, señalando expresamente lo siguiente:

El recurso de casación se puede interponer contra las sentencias y los autos que pongan fin al proceso o imposibiliten su continuación, dictados por los Tribunales Superiores de Trabajo en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Cuando hubieren sido pronunciados en conflictos individuales o colectivos con una cuantía mayor de mil Balboas;

2.- Cuando se relacionen con la violación del fuero sindical, gravidez, riesgo profesional o declaratoria de imputabilidad de la huelga con independencia de la cuantía;

3.- Cuando se declare la disolución de una organización social.

Por otro lado, hay que tener claro que el artículo 926 del Código de Trabajo señala que el recurso de casación no está sujeto a formalidades técnicas especiales, pero deberá contener:

1. Indicación de la clase del proceso, de los nombres y apellidos de las partes, fecha de la resolución recurrida y la naturaleza de ésta;

2. Declaración del fin perseguido con el recurso, que puede ser la revocación de la totalidad de la resolución, o sólo de determinados puntos de ella; y

3. Cita de las disposiciones infringidas, con expresión del concepto en que lo han sido.

De igual forma, el artículo 928 del Código de Trabajo, establece ciertas condiciones bajo las cuales no procede este recurso extraordinario:

"Artículo 928.- Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando en el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales."

Así las cosas, se observa que lo que busca lograr o pretender el apoderado judicial del señor J.A.M. JURADO a través del presente escrito de Casación Laboral, es que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y Laboral proceda a casar la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, de fecha veinte (20) de marzo de 2019, mediante la cual se CONFIRMÓ la sentencia No. 23 del once (11) de mayo de dos mil dieciocho (2018), proferida por el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección, a través de la cual resolvió declarar NO PROBADA la excepción de prescripción invocada por el demandado S.M.E.M.; y DECLARAR PROBADA la excepción de inexistencia de la relación de trabajo entre J.A.M. JURADO con ESCARFULLERY & ASOCIADOS, S.A., S.M.E.M. y CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC., y en consecuencia ABSOLVER a los demandados del reclamo del pago de CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON 03/100 (B/.160,496.03), correspondientes a salarios no pagados (136,388.44), décimo tercer mes (19,583.33) y prima de antigüedad (4,519.26).

Revisado el recurso de casación presentado por accionante, se aprecia que el casacionista alega como vulnerados los artículos 730, 64, 66, 54, 140, 148, 169, 224, 90, 92, 62, 65, 63 del Código de Trabajo y el artículo 1 del Decreto de Gabinete No. 221 de 18 de noviembre de 1971, como consecuencia de la decisión proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, a través de la sentencia de veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Al observar la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el escrito de casación formulado por el apoderado judicial de trabajador, se evidencia que si bien es cierto, dentro del conjunto de normas aducidas como violadas sólo se ha invocado específicamente en materia probatoria como vulnerado en artículo 730 del Código de Trabajo; sin embargo, y no menos cierto debe advertir que el apoderado judicial del trabajador J.A.M.J., ha fundamentado su escrito de impugnación al momento de explicar la forma como se han violado las disposiciones alegadas como infringidas, sobre la base que la sentencia veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, no valoró correctamente las pruebas testimoniales aportadas por la parte actora dentro del proceso como eran las declaraciones de R.L. y G.E..

De igual manera, el apoderado judicial de la parte actora ha indicado que la sentencia de 20 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial valoró indebidamente el no reconocimiento de la subordinación jurídica y de la dependencia económica que tenía el trabajador J.A.M. JURADO respecto de los demandados ESCARFULLERY & ASOCIADOS, S.A., S.M.E.M., CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC., toda vez que el aludido dictamen se fundamentó o tomó en consideración como prueba un contrato denominado "CONVENIO DE COLABORACIÓN", suscrito el 17 de diciembre de 2012 entre J.A.M. y ESCARFULLERY & ASOCIADOS, para arribar al hecho que entre las partes no existía una relación laboral, sino que se trataba de un contrato de servicios profesionales.

Así las cosas, observa este Despacho que los argumentos expuestos por el apoderado legal del accionante al momento de explicar las normas violadas dentro del recurso de casación, se sustentan sobre la base de la existencia de una mala valoración probatoria, en las que han incurrido el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección y también el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en sede de Casación Laboral, ha dicho reiteradamente que, la valoración de los elementos probatorios que adelanta el juzgador, afincados en el sistema de sana crítica, no es susceptible del recurso de casación, porque en materia laboral no procede la casación sobre la valoración probatoria, fundada en la sana crítica que realiza el juzgador. Deben plantearse problemas de carácter sustantivos, es decir, errores in iudicando confrontando la resolución con la Ley, revisando la juridicidad de la resolución impugnada, sin entrar en consideraciones procesales.

Todo ello impide que la Sala pueda entrar a valorar el recurso presentado, tomando en cuenta que el recurso de casación laboral requiere del cumplimiento de exigencias mínimas que no pueden ser desatendidas por el Tribunal, sin el riesgo de convertir esta instancia extraordinaria en una instancia ordinaria, donde se termine discutiendo temas ajenos a la finalidad del recurso, como lo son el examen de la valoración de pruebas que hiciera el tribunal Ad-quem.

Por tanto, si la parte casacionista, en su escrito pretende indebidamente que esta Corporación de Justicia, someta al escrutinio jurídico, el valor que el Tribunal Superior de Trabajo le concedió al material probatorio, su pretensión procesal no podrá ser satisfecha por esta vía del recurso de casación, aun cuando haya invocado normas atendibles en esta vía impugnativa, pues al final terminan siendo superadas por argumentos meramente procesales.

Reiteramos, solamente en ocasiones excepcionales la Sala puede entrar a juzgar la valoración que el juez les dé a las pruebas y es en los casos en que dicho Tribunal haya incurrido en un error manifiesto, un error que salte a la vista sin mayor dificultad, o haya infringido la regla de la sana crítica basado en un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo, o, al contrario.

Sobre este punto, el jurista nacional J.F.P., al respecto señala que:

"El Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. (COUTURE, EDUARDO. Citado por F.P., J. (1988). Estudios Procesales. Tomo I. Panamá: Editora Jurídica Panameña).

Ante lo expresado, esta Superioridad procede a negar el curso legal al recurso de casación presentado, conforme lo dispuesto en el artículo 928 del Código de Trabajo.

IV.- Parte Resolutiva:

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación laboral, interpuesto por el licenciado MARIO L.F.L., actuando en nombre y representación de J.A.M. JURADO, contra la sentencia de veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019), que emitiera el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral J.A.M. JURADO -VS- ESCARFULLERY & ASOCIADOS, S.A., S.M.E.M., CENTRAL HOTEL INVESTMENT, INC.

N.,

CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

KATIA ROSAS (Secretaria)

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