Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Febrero de 2021

PonenteCecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución 8 de Febrero de 2021
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme

Fecha: 08 de febrero de 2021

Materia: Casación laboral

Casación laboral

Expediente: 658-19

VISTOS:

La firma MDL MUÑOZ & DE LEÓN, actuando en nombre y representación de G.A.G., interpuso Recurso de Casación Laboral contra la Sentencia de ocho (08) de agosto de 2019, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral G.A. GUERRA VS SUCESIÓN DE ARMAGEDON HARTMANN (Q.E.P.D.)

  1. ANTECEDENTES DEL CASO:

    La firma forense MDL MUÑOZ & DE LEÓN, presentó una demanda ante la jurisdicción especial de trabajo en contra del fallecido Sr. A.H.T. (Q.E.P.D.), debido al accidente ocurrido el día 22 de agosto de 2014, dentro de la finca del prenombrado difunto, en donde el trabajador G.A. GUERRA sufrió fractura de fémur derecho y de la columna vertebral L3 secundariamente paraplejia incompleta por debajo de L3, vejiga e intestino neurogenico, con lo cual el trabajador quedó en silla de ruedas, por lo cual la sucesión demandada estaba obligada a pagar las prestaciones generadas por el riesgo profesional ocurrido en perjuicio de G.A.G., que equivalen al 100% de incapacidad total y permanente por un monto de B/.240.00 de renta mensual de por vida, a partir del 22 de octubre de 2016.

    Que igualmente está obligada a pagar las vacaciones y el décimo tercer mes durante el periodo que ha estado incapacitado por riesgo profesional que va desde el 22 de agosto de 2014 hasta el presente.

    A través del Auto Nº 119 EXP. 3/17 COMÚN de veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado Tercero de Trabajo de la Tercera Sección Puerto Armuelles decidió ORDENAR EL ARCHIVO de la demanda laboral por riesgos profesionales instaurada por G.A. GUERRA contra la SUCESIÓN DE ARMAGEDON HARTMANN TROESCH, debido a que dicha materia es competencia exclusiva de la Caja de Seguro Social y a la misma le correspondía ejercer el cobro coactivo sobre las sumas de dineros que el empleador le adeudaba al trabajador en concepto de Riesgos Profesionales. Si bien es cierto, a través del fallo de inconstitucionalidad del 25 de marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia señaló que en materia de reclamos por Riesgos Profesionales dicha competencia regresaba nuevamente a los Juzgados Seccionales de Trabajo para ventilar los reclamos por Riesgos Profesionales, a través de la Ley Nº 72 de 13 de febrero de 2019, se modificó el Decreto de Gabinete No. 68 de 1970, sobre la centralización de la cobertura de los riesgos profesionales, en donde la Caja De Seguro Social será quien determinará el monto de las prestaciones que le corresponden al trabajador o a sus deudos, resultantes de riesgos profesionales acaecidos. Dicha ley estableció que era de carácter retroactivo hasta el 15 de marzo de 2015 y que empezaría a regir el día siguiente a su promulgación. En consecuencia, el Juzgado de Trabajo no tenía competencia para conocer de la reclamación por riesgos profesionales.

    Frente a la decisión adoptada, la firma forense MDL MUÑOS & DE LEÓN, ABOGADOS, presentó formal recurso de apelación, el cual fue conocido por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial y resuelto a través de la Sentencia de fecha ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se procedió a MODIFICAR el Auto Nº 119 de veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019), proferido por el Juzgado Tercero de Trabajo de la Tercera Sección, en el sentido de inhibirse del conocimiento del proceso y se ORDENA al Juzgado Tercero de Trabajo de la Tercera Sección poner a disposición del demandante copias debidamente autenticadas del expediente para que continué con su reclamo ante la Caja de Seguro Social y se CONFIRMA en todo lo demás, ya que la Ley 72 de 2019, devuelve el conocimiento de los reclamos por riesgos profesionales a la Caja de Seguro Social, ya que dicha institución cuenta con normas especiales y más favorecedoras para los trabajadores. Además el monto del riesgo lo determinará la Caja de Seguro Social y si no paga en cinco (5) días, la resolución respectiva constituye un título ejecutivo que sirve para demandar la ejecución ante la justicia laboral.

    Señala además el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial que cuando curre el accidente por riesgo profesional (22 de agosto de 2014), estaba vigente la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, la cual también le daba competencia a la Caja de Seguro Social para determinar dichos reclamos, por lo cual se debe aplicar la ley a los hechos ocurridos antes de marzo de 2015, ya que la inconstitucionalidad fue a partir de 2015, siendo de conocimiento de la Caja de Seguro Social. La sentencia de inconstitucionalidad no es retroactiva y la nueva Ley es retroactiva hasta marzo de 2015 (para unir la vigencia de la Ley actual con la anterior de tal manera que no quede ninguna duda, que la intención es que sea la Caja de Seguro Social la única autoridad competente para determinar el monto de la indemnización por riesgo profesional).

    Así las cosas, el apoderado judicial del trabajador G.A.G., ha presentado recurso de casación laboral, a fin de que se revoque y case la decisión adoptada a través de la Sentencia de fecha ocho (8) de agosto de 2019, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial.

    La Sala, por razones de economía procesal, procede en primer término a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, para determinar si el recurso ensayado se ajusta o no a dichas formalidades.

    El artículo 926 del Código de Trabajo dispone que el Recurso de Casación Laboral no está sujeto a formalidades técnicas especiales, sin embargo, el mismo deberá de contener lo siguiente:

    Articulo 926. El recurso de casación no está sujeto a formalidades técnicas especiales, pero deberá contener:

    1. Indicación de la clase de proceso, de los nombres y apellidos de las partes, fecha de la resolución recurrida y la naturaleza de ésta;

    2. Declaración del fin perseguido con el recurso, que puede ser la revocación de la totalidad de la resolución, o solo de determinados puntos de ella; y

    3. Cita de las disposiciones infringidas, con expresión del concepto en que lo han sido.

    Sólo producirán la inadmisibilidad los defectos u omisiones que hagan totalmente imposible el conocimiento de la cuestión controvertida.

    También el artículo 928 del Código de Trabajo, dispone una serie de condiciones bajo las cuales no procede el recurso de Casación Laboral, al indicar lo siguiente:

    Articulo 928. Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando en el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales.

    Aclarado lo anterior, este Despacho procede a revisar el Recurso de Casación interpuesto, en donde se observa que el casacionista alega como violados los artículos 524, 525, 526 del Código de Trabajo y el artículo 3 de la Ley 72/2019 del 13 de febrero. Las primeras normas antes indicadas se refieren a las reglas generales del procedimiento laboral, y el artículo 3 de la Ley 72 de 2019, que establece que dicha ley modifica el artículo 42 del Decreto de Gabinete 68 de 31 de marzo de 1970 (relativo a la centralización en la Caja de Seguro Social la cobertura obligatoria de los riesgos profesionales para todos los trabajadores del Estado y de las Empresas particulares que operan en la República de Panamá).

    La Jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el ámbito laboral, ha señalado de forma reiterativa y en sede de casación, que no se pueden entrar a debatir aspectos meramente procesales o de carácter probatorio, debido a que dichas materias son propias de las correspondientes instancias ordinarias.

    En ese orden de ideas, se aprecia que cuando el recurrente alegó la presunta vulneración de las normas del Código de Trabajo y la forma como lo fueron, utiliza fundamentos dirigidos a señalar que el juez ha ordenado el archivo del proceso en perjuicio del trabajador; que se ha modificado la decisión del tribunal a quo, para que se otorguen copias, se ha producido la violación al principio de economía procesal, lo cual se traduce en un intento para que este Tribunal haga una revisión de la Sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, como si se tratase de una tercera instancia, situación tal que como ya se indicó está vedada el poderse realizar a través del Recurso de Casación.

    Al sustentar la parte actora el recurso en normas que no son sustanciales, las mismas no resultan ser susceptibles de analizar por la vía del Recurso de Casación Laboral. Además las disposiciones invocadas tienen carácter de normas de procedimiento, que no consagran derecho sustantivo alguno, por ser normas de naturaleza adjetivas.

    La Sala no puede entrar a valorar el recurso de casación laboral interpuesto, ya que el Recurso Extraordinario en cuestión requiere del cumplimiento de exigencias mínimas que no pueden ser desatendidas por el Tribunal, sin el riesgo de convertir esta instancia extraordinaria en una instancia ordinaria, donde se termine discutiendo aspectos ajenos a la finalidad del recurso de casación, como vendría a ser el examen del procedimiento llevado a cabo por los Tribunales Especiales de Trabajo o la valoración de las pruebas que se efectuaron. Sólo en ocasiones excepcionales puede entrarse a debatir en esta instancia, como por ejemplo, en los casos en que el Tribunal Ad-quem haya incurrido en un error manifiesto, un error que salte a la vista sin mayor dificultad o haya infringido la regla de la sana crítica, basado en un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o al contrario, que no es el caso que nos ocupa.

    En otro orden de ideas, el artículo 925 del Código de Trabajo en relación a la competencia que tiene la Sala Tercera para conocer del Recurso de Casación, dispone lo siguiente:

    Articulo 925. El recurso de casación puede interponerse contra las sentencias y los autos que pongan fin al proceso o imposibiliten su continuación, dictados por los Tribunales Superiores de Trabajo en cualquiera de los siguientes casos:

    1. Cuando hubieren sido pronunciados en conflictos individuales o colectivos con una cuantía mayor de mil Balboas;

    2. Cuando se relacionen con la violación del fuero sindical, gravidez, riesgo profesional o declaratoria de imputabilidad de la huelga con independencia de la cuantía;

    3. Cuando se decrete la disolución de una organización social.

    Dentro del presente proceso es oportuno indicar, que tanto el Tribunal de Primera Instancia al igual que el de alzada, al entrar a resolver la controversia de fondo dentro del negocio jurídico en estudio, arribaron a la misma conclusión, en el sentido que este caso no es competencia de la Jurisdicción Especial del Trabajo el conocer sobre las demandas por riesgos profesionales que ante ella se presenten, toda vez que dichos reclamos son competencia exclusiva de la CAJA DE SEGURO SOCIAL (CSS), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 72 de 13 de febrero de 2019, mediante la cual se procedió a modificar el Decreto de Gabinete No. 68 de 1970, sobre la centralización de la cobertura de los riesgos profesionales, y además la norma vigente que se aplicaba al momento en que se suscitaron los hechos que ocasionaron el riesgo profesional del Sr. G.A. GUERRA era la Ley de la Caja de Seguro Social (Ley 51 de 27 de diciembre de 2005), la cual también le daba competencia a dicha institución de Seguridad Social para determinar dichos reclamos por riesgos profesionales.

    Frente al escenario jurídico planteado, no se puede seguir con el curso de admisión requerido para conocer el fondo del presente caso, de allí que lo que procede es rechazar el mismo, en atención a lo dispuesto en los artículos 925 y 926 del Código de Trabajo.

  2. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA:

    En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO, el Recurso de Casación Laboral, interpuesto por la firma forense MDL MUÑOZ & DE LEÓN ABOGADOS, actuando en nombre y representación de G.A. GUERRA.

    N.,

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    KATIA ROSAS (Secretaria)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR