Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 11 de Julio de 2003

Ponente:Arturo Hoyos
Fecha de Resolución:11 de Julio de 2003
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El licenciado J.J., apoderado especial de los señores CYNTHIA JO CODY y P.E.C.; y el licenciado N.C., en representación de GRANVILL DIXON, han interpuesto sendos recursos de casación laboral, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo de 21 de abril de 2003, dentro del proceso laboral promovido por GRANVILL DIXON SMITH -VS- CYNTHIA CODY y P.E.C..

Posteriormente el Magistrado Sustanciador, mediante auto de 2 de junio de 2003, ordenó la acumulación de los recursos interpuestos, toda vez que se fundamentan sobre unos mismos hechos y el objeto de los mismos es idéntico.

Se trata de un proceso común por riesgos profesionales, en donde el demandante señor G.D.S., solicita se condene, solidariamente, a los demandados, señores C.C. y P.E.C., a pagarle la suma de B/.9,576.70, en concepto de indemnización por la incapacidad temporal que padece, como consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido el 12 de noviembre de 1998, más los gastos, costas e intereses que se generen en dicho proceso.

El Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección, Changuinola, en sentencia de 21 de junio de 2001, condenó a los señores CODY al pago de B/.9,576.70, en concepto de indemnización por la incapacidad parcial permanente del señor D.. Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, modificó la sentencia en el sentido de condenar a los demandados al pago de B/.5,990.04, en concepto de una incapacidad parcial permanente, más la suma de B/.576.70 por los gastos incurridos por el demandante.

Por un lado, la finalidad de los demandados consiste, en que se revoque la sentencia recurrida, y en su lugar, se absuelva a los señores CODY de pagar la suma de dinero a que han sido condenados por el Tribunal Superior de Trabajo, a favor del señor D..

Por el otro lado, el demandante presenta el recurso de casación, con el objeto de que se case parcialmente la resolución impugnada, y en su lugar, se condene a la parte demandada a pagar la suma de B/.9,576.70, en concepto de indemnización por la "Incapacidad Temporal" del trabajador D., como consecuencia de accidente de trabajo, más los gastos, costas, e intereses contemplados en el artículo 169 del Código de Trabajo.

Por la parte demandada, se alegan violaciones a los artículos 62, 67 y 68 del Código de Trabajo, y por la parte demandante, se señalan como infringidos los artículos , 69, 306, 307, 535, 732, 753, 754, 813 y 921 del Código de Trabajo.

El licenciado C., apoderado especial del trabajador D., presentó escrito oponiéndose al recurso de casación presentado por la parte contraria, el cual reposa de fojas 10 a 14.

Dentro de este contexto, el Tribunal de Casación procede a examinar las mencionadas infracciones.

La Sala procederá a estudiar, en primera instancia, los cargos endilgados por parte de los demandados a los artículos 62, 67 y 68, de forma conjunta, toda vez que tratan sobre la existencia de la relación de trabajo.

En ese sentido, el apoderado de los demandados fundamenta su inconformidad en que el Tribunal Superior de Trabajo interpretó erróneamente la ley substantiva, al aplicar el artículo 62 a la presente controversia, pues, a su juicio, esta norma constituye un texto oscuro, el cual fue interpretado en sentido inconforme a su verdadero espíritu, toda vez que la norma habla de la existencia de la relación laboral cuando prevalecen condiciones de subordinación jurídica o de dependencia económica, situación que no se presenta en el presente caso. Sostiene además, que el trabajo que el señor G.D. ejecutaba es el conocido como "camarón".

Afirma por otro lado, que el juzgador secundario no aplicó el artículo 67, pues, la labor que realizaba el señor D. se enmarca en lo que dicha norma define como trabajo accidental u ocasional, que se asimila al llamado "camarón", porque en nuestro medio es una costumbre o hecho el requerir la labor de una persona para que ejecute un trabajo ocasional, que no constituye una relación de trabajo, ni mucho menos el consecuente pago de prestaciones laborales.

En lo atinente a la infracción del artículo 68, argumenta el apoderado que el Tribunal Superior da a entender que los demandados incumplieron el precepto, pero como hemos analizado anteriormente, los mismos no tenían tal obligación y menos aún ante un trabajador que ejecutaba un "camarón". Sostiene además, que el señor D. "portaba su propia motosierra, ... que el demandante tenía permiso de ANAM para tal actividad, basta recordar que en este país es un delito cortar maderas sin el debido permiso de ANAM y ésta entidad le otorga tal tipo de facilidad TAN SOLO A LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN A ELLO Y QUE ES UN MEDIO DE VIDA".

El Tribunal de Casación no comparte los argumentos esgrimidos por la parte demandada, por las siguientes consideraciones.

En primer lugar, estima la Sala que el artículo 62, no constituye una norma "oscura" como la califica la parte demandada, pues su redacción es muy clara y no da margen a una libre interpretación, pues, se refiere al contrato de trabajo y a los requisitos de la relación de trabajo, y sobre este tema, la doctrina y la jurisprudencia se ha pronunciado ampliamente.

En ese sentido, en el caso bajo estudio, reposan testimonios (obrantes de fojas 54 a 65 y de 67 a 70) que acreditan que el señor D. acudía de lunes a sábado a laborar a la finca en Bee Creek, propiedad de los señores C., con un horario de entrada a las 8:00 A.M. y de salida a las 4:00 P.M.. Su trabajo no era eventual, pues estaba sujeto a horario, además, concurren los elementos de subordinación jurídica y dependencia económica, configurando la relación de trabajo.

Según las declaraciones de testigos, las labores que realizaba el señor D. consistían en cortar madera, ramas, troncos y en la limpieza de la finca, trabajo que era supervisado por los señores C..

De un examen al expediente contentivo de la demanda no se encuentra prueba alguna que demuestre o se refiera al hecho que, durante el periodo de tiempo que el señor D. laboró para los esposos C., éste gozara de otros ingresos o generara ingresos de otra fuente que no sea la que aquí se discute.

En lo atinente a la subordinación jurídica, consideramos que estamos en presencia de una relación de trabajo subordinada, toda vez que se ha acreditado que el trabajador mantenía un horario de trabajo, y que para realizar su trabajo seguía las instrucciones de los esposos C. desarrollando una actividad en beneficio de éstos.

Frente a este escenario jurídico, estima el Tribunal de Casación que no han sido infringidas las citadas normas, razón por la cual se desestiman todos los cargos.

En esta segunda fase, procede la Sala a analizar los cargos endilgados por la parte demandante a los artículos 69, 306, 307, 535, 732, 753, 754, 813 y 921 del Código de Trabajo.

Sostiene la parte demandante, que el artículo 69 ordena que los hechos o circunstancias que alegue el trabajador y que deban constar en el contrato de trabajo se presumen ciertos, y que en ese sentido, el trabajador alegó que devengaba un salario de B/.25.00 por semana y de B/.0.15 por pie de madera que extraía de la finca de los demandados, representando la suma de B/.9,576.79, en concepto de indemnización por la incapacidad temporal. Sin embargo, agrega que la sentencia recurrida no reconoció el salario alegado por el trabajador, a pesar de la ausencia de contrato escrito, razón por la cual, a su juicio, infringió dicha norma por violación directa por omisión.

El Tribunal Superior de Trabajo expresó que "... en cuanto al salario, elemento de suma importancia para reconocer el monto de la prestación, según el demandante recibía B/.25.00 los días en que realizaba limpieza de terreno y un promedio de B/.60.00 los días en que sacaba madera. Por lo que no se entiende si era los B/.60.00, incluyendo la limpieza o eran dos salarios distintos en diferentes días de la semana. Por otra parte, los testigos afirman que el salario era de B/.250.00 semanales, lo que contradice lo afirmado en la demanda. Sumado a lo anterior, tenemos el monto de B/.9,000.00 de los 248 días de incapacidad temporal calculados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral el 16 de septiembre de 1999 (foja 17). Si esta institución calculó este monto en base a una incapacidad temporal, debió hacerlo con la fórmula matemática del primer párrafo del artículo 306. Si esto fue así, esta institución está calculando el salario del demandante como de B/.1,800.00 mensuales. Así las cosas, en vista que es imposible el reconocimiento del salario real del demandante, debemos reconocer como salario el mínimo de la región de B/.0.80 por hora lo que arroja un salario de B/.166.40 por mes". (Cfr. foja 144).

El Tribunal de Casación considera que no le asiste el derecho al demandante, por las siguientes consideraciones.

Resulta que en la demanda presentada ante los juzgados de trabajo la parte demandante afirmó que el señor D. recibía de la empleadora en concepto de salario la suma de B/.25.00 "los días" en que realizaba la limpieza del terreno, y un promedio de B/.60.00 "los días" en que sacaba madera, la cual era cancelada a B/.0.15 el pie. La pregunta obligada a continuación es: Cuáles días o cuántos días a la semana el trabajador D. limpiaba el terreno, e igualmente, cuántos días a la semana sacaba madera de la finca de los señores C., y qué cantidad de madera sacaba? Según las constancias procesales, observa la Sala, que estas interrogantes no han sido despejadas por el demandante, siendo este punto imprescindible despejar para determinar el salario real que devengaba el trabajador, y así proceder a determinar la indemnización, y como el demandante no ha sustentado este punto, pues sus señalamientos son imprecisos, estima la Sala que fue conforme a derecho basándose en la sana crítica, que el juzgador de segundo grado determinó el salario, según el mínimo de la región, a B/.0.80 por hora, lo que suma al mes un salario de B/.166.40, dada la dificultad de su real determinación. Evidentemente, para ponderar la indemnización que le corresponde al señor D. es preciso determinar, en primera instancia, cuál es su salario real, pues aquélla dependerá de este último, toda vez que no hay constancia del contrato de trabajo.

En cuanto a la trasgresión de los artículos 306 y 307, afirma el demandante que se produjo, porque la norma consagra el derecho del trabajador a recibir una indemnización por incapacidad temporal, y considera que la sentencia fue incongruente al conceder indemnización por una incapacidad que no se había pretendido, impidiéndole al trabajador obtener una indemnización por incapacidad temporal a la cual tenía derecho.

En esa misma línea de pensamiento, afirma el demandante que la sentencia expuso que al referirse el término "mutilación" tuvo que aplicar la norma transcrita lo cual hizo de manera indirecta al considerar equiparados los efectos de la indemnización a una incapacidad parcial permanente, no tomando en cuenta que dicha norma (art. 307) requiere, para su aplicación, de tres requisitos que son: a) Que a consecuencia del accidente se hayan producido lesiones, b) que las lesiones no produzcan incapacidad y c) que la lesión acarree una grave mutilación o desfiguración de la víctima. Así las cosas, de los tres requisitos el b no se cumple, toda vez que las lesiones sufridas por el trabajador D. sí le causaron incapacidad.

En cuanto a este punto, estima el Tribunal de Casación que le asiste la razón al demandante, toda vez que está acreditado que las lesiones recibidas por el trabajador D. le produjeron incapacidad por varios meses, razón por la cual no se puede aplicar lo que establece el artículo 307 del Código de Trabajo. En su defecto, lo procedente es aplicar el numeral 1 del artículo 306, el cual hace referencia a la incapacidad temporal, en donde el trabajador tiene derecho a una indemnización diaria igual a su salario durante los dos (2) primeros meses de incapacidad y equivalente al 50% del mismo durante los diez meses siguientes si del accidente permaneciese incapacitado por todo ese tiempo, de conformidad con el dictamen médico que al efecto se expida.

No obstante, este Tribunal al hacer el cálculo en base al salario antes descrito, y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 306, la suma que arroja es muy inferior a la calculada por el juzgador secundario, lo cual desmejoraría la condición del demandante, tomando en cuenta además, que la parte demandada ni siquiera recurrió en casación sobre este punto.

En esos términos, estima la Sala, pues, que es procedente mantener la cuantía de la indemnización establecida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.

Arguye el demandante, además, que ha sido conculcado el artículo 535, en virtud de que la sentencia condenó a la demandada por una incapacidad parcial permanente que no se había pedido en la demanda, violando la norma al condenar por pretensión distinta a la pedida, sin que el ordenamiento jurídico vigente autorizara para ello, incurriendo en violación al principio de congruencia.

En cuanto al principio de congruencia, invocado por el demandante, el Dr. J.F.P. en su obra Derecho Procesal de Trabajo (Individual y Colectivo) expresa lo siguiente:

"Entiéndase por congruencia "la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión y pretensiones que constituye objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto". (Guasp)... Mientras que en el proceso civil el principio de congruencia es virtualmente absoluto, en materia laboral tiene tres excepciones importantes:

1-.El Juez puede condenar por pretensiones distintas de las pedidas, cuando se trate de salario mínimo, salario básico, vacaciones, declaraciones o condenas sustitutivas que según la ley corresponda por las expresamente pedidas en la demanda, siempre que el hecho o declaraciones que la originen hayan sido debidamente discutidos y estén probados. (Extra petita Art. 535 del Código de Trabajo).

2-.El Juez puede, igualmente, condenar al pago de sumas mayores que las pedidas por las prestaciones reclamadas en la demanda, cuando en el proceso se establezcan que éstas son inferiores a las que corresponda al demandante de conformidad con la ley ( Ultra petita. Art. 535, Código de Trabajo)

3-.El Tribunal de Casación puede enmendar o revocar la resolución en cualquiera de sus puntos, y expedirá la condena o absolución correspondiente, aunque ellas no hayan sido pedidas en el recurso de casación o en la propia demanda (Ultra y Extra petita , Art. 931, Código de Trabajo)" (Litho Impresora Panamá, 1982, pág. 486).

En virtud de lo antes señalado, estima la Sala que el Tribunal Superior de Trabajo conculcó el citado precepto legal, pues el demandante solicitó una indemnización por incapacidad temporal y el Tribunal Superior de Trabajo determinó que era una incapacidad parcial temporal, interpretando, erradamente, lo establecido en el artículo 307, en el sentido de que, como hubo grave mutilación o desfiguración de la víctima, se equiparaba a una indemnización por incapacidad parcial permanente.

No obstante, el juzgador secundario no se percató que, en el presente caso, no se cumple con uno de los requisitos que establece el artículo 307, consistente en que las lesiones "no deben producir incapacidad". En el caso bajo estudio, resulta que el señor D. sí ha estado incapacitado, pues, en el proceso están acreditadas las incapacidades a través de dictámenes médicos.

Dado lo anterior, pues, prospera el cargo endilgado.

En cuanto a la violación de los artículos 732, 753, 754 y 813, la Sala las estudiará de forma conjunta, toda vez que son normas de procedimiento y mantienen un sustento común, consistente en que el juez no valoró en debida forma el caudal probatorio obrante en el expediente.

Entre otras cosas, arguye el demandante, que el documento que reposa a foja 17, consistente en una certificación emitida por el Departamento de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la sentencia no le atribuyó fe a dicho documento público, en relación a la cuantía de la indemnización.

En cuanto a este tema, el Tribunal de Casación procede a efectuar las siguientes consideraciones.

En primer lugar, es preciso tener presente que en todo proceso laboral, en cuanto a la apreciación de la prueba, rige la regla de la "sana crítica", también conocida como "apreciación razonada".

El Dr. J.F. P. al respecto nos ilustra y manifiesta que: "Este sistema, como se sabe, es intermedio entre el de la tarifa legal o tasada y la libre convicción. Equivale a los principios de la lógica y máximas de la experiencia. C. escribe: "Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen, de igual manera, a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que es lisa y llana), con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento" (op. cit, págs. 165 y 166).

En esa misma línea de pensamiento, tenemos entonces que, la certificación emitida por el Departamento de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente de Trabajo, no fue tachada de falsa, entonces, se presume auténtico, de eso no hay duda alguna. Sin embargo, éste no es vinculante, pues, constituye uno de los componentes del caudal probatorio que debe ser ponderado por el juzgador, junto con las otras pruebas, bajo el prisma de la sana crítica.

En cuanto a la valoración de pruebas efectuada por el ad-quem, la Sala de forma reiterada ha expresado sobre este tema que "las violaciones a normas que conciernen a la valoración de pruebas no deben ser error de hecho en la valoración (se da por establecido un hecho sin respaldo probatorio o se omite la valoración de alguno que se encontraba debidamente probado), es viable que esta Corporación se pronuncie al respecto" (Cfr. sentencias de 14 de junio de 2000 y 3 de abril de 1999).

Dentro de ese orden de ideas, resulta que en el caso in examine esta circunstancia no se configura, pues el Tribunal Superior de Trabajo ha examinado las pruebas de manera racional, con apego a la ley, la lógica y la experiencia, tomando en consideración la fuente de las pruebas, los datos que sirven a la prueba y lo verosímil del contenido.

Tenemos entonces que la ponderación probatoria es idónea, y no tiene por qué ser cuestionada por este Tribunal, pues coincide con las reglas mínimas que establece el Código de Trabajo en el artículo 732: objetividad, sensatez y lógica razonable, a fin de otorgarle su justo valor al material probatorio.

De conformidad con lo antes expresado, no prosperan los cargos endilgados.

Como último cargo, afirma el demandante que ha sido conculcado el artículo 921, en vista de que "... dicha norma contiene dos excepciones al principio de congruencia de las sentencias y al principio de la reformatio in pejus. Dichas excepciones se refieren exclusivamente a los casos en que 1. Se haya omitido hacer una declaración que la ley ordene y 2. Que no se haya pronunciado sobre una pretensión o excepción. Como no nos encontramos frente a ninguno de estos casos no cabía reformar la sentencia para desmejorar la posición en que se encontraba el trabajador, por lo que al hacerlo la sentencia infringió el artículo transcrito..... La sentencia contrarió la norma condenando a la parte demandada a pagar al trabajador una indemnización por una suma menor a la pedida, al reconocer un salario menor al de la sentencia de primera instancia. Si la sentencia hubiera aplicado esta norma, hubiera tenido que reconocer el mismo salario que reconoció la sentencia de primera instancia, ya que este punto no fue objeto de apelación, y por tanto hubiera tenido que reconocer la totalidad de la suma pedida y probada" (Cfr. fojas 19 y 20).

En cuanto a la reformatio in pejus es preciso señalar que, cuando por cualquiera razón la sentencia dictada en primera instancia es apelada por una sola de las partes en el litigio, entra en juego el principio procesal de la "reformatio in pejus". Es decir que el poder decisorio del Tribunal ante el cual se apela queda restringido y sólo puede modificar la sentencia recurrida en aquello que desfavorezca al apelante.

"Por otro lado, el Dr. F.P. al abordar la figura procesal in comento, afirma que: "se ha dicho que este instituto es un rezago del antiguo concepto del proceso civil como contienda privada y de interés particular. En el Código de Trabajo se permite que se agrave la situación del apelante (con ciertas limitaciones) y del recurrente en casación". Sin embargo, el jurista panameño anota por lo menos dos excepciones al principio, cuales son, al momento del juzgador velar por el cumplimiento de los presupuestos, ya que son preceptos de orden público, y la contenida en el artículo 1134 del Código Judicial que permite, al igual que el artículo 921 del Código de Trabajo, desmejorar la condición del apelante bajo ciertas limitaciones (Cfr. Estudios Procesales, T.I, E.J.P., Panamá, 1989, pp. 778 y 779)" (Cfr. Sentencia del Pleno de 18 de septiembre de 1995).

Observa el Tribunal de Casación, que en lo que atañe a la citada disposición del Código de Trabajo que la misma permite la atenuación del principio comentado, en las siguientes situaciones:

1-.Que se haya producido una omisión, ya sea porque no se hizo una declaración que la Ley ordena se haga, o porque no se haya resuelto una pretensión o excepción, y por tanto, la resolución apelada debe ser adicionada.

2-.Que la parte interesada al sustentar el recurso haya solicitado la adición.

Resulta que el demandado apeló y sustentó dicha apelación (Cfr. fojas 118 a 121), contra la sentencia del juzgador Ad-quo, manifestando su disconformidad con la decisión adoptada, y circunscribiendo sus objeciones sobre las deposiciones de los testigos de la parte demandante, atinentes al salario que, supuestamente, devengaba el señor D., calificándolo de ilógico y de falta de equidad, considerando que el realizaba un trabajo de jornalero en un sector casi selvático.

Dentro de este contexto, la parte demandada solicitó al juzgador secundario que revocara la resolución apelada, y que, como consecuencia, absolviera a los demandados.

Estima la Sala, pues, que no se ha conculcado dicha norma, toda vez que el demandado apeló, manifestando su disconformidad con el salario que había determinado el juzgador de primer grado, quien se basó, a su juicio, en las deposiciones de los testigos de la parte demandante. Otra situación muy distinta sería, si el demandado no hubiera apelado, caso en el cual el Tribunal Superior de Trabajo de ninguna manera podía variar la resolución del ad-quem en lo que lo favorecía al demandante, supuesto que no se dio en el caso bajo estudio.

En otro orden de ideas, y dentro de este contexto, es preciso advertir lo establecido en el artículo 931 del Código de Trabajo, en donde manifiesta que el Tribunal de Casación Laboral puede enmendar o revocar la resolución en cualquiera de sus puntos, y expedirá la condena o absolución correspondiente, aunque ellas no hayan sido pedidas en el recurso de casación o en la propia demanda.

Tenemos entonces que tanto el artículo 921, como el 931 del Código de Trabajo, atenúan, evidentemente, el principio de la prohibición de la "reformatio in pejus", razón por la cual no prospera el cargo endilgado, pues aquél no ha sido conculcado.

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (Laboral) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 21 de abril de 2003, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral promovido por GRANVILL DIXON SMITH -VS- CYNTHIA JO CODY y P.E.C., en el sentido de condenar a los demandados al pago de B/.5,990.04 en concepto de una indemnización por incapacidad temporal, y la CONFIRMA en todo lo demás.

Las costas de casación se fijan en un 15% de la condena, más los intereses establecidos en el artículo 169.

N. y cúmplase,

ARTURO HOYOS

WINSTON SPADAFORA FRANCO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L.

JANINA SMALL (Secretaria)