Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Marzo de 2007

Ponente:Adán Arnulfo Arjona L.
Fecha de Resolución:29 de Marzo de 2007
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROLANDO MURGAS TORRAZA EN REPRESENTACIÓN DEL SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES (SUNTRACS), CONTRA LA SENTENCIA DE 19 DE ABRIL DE 2005, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DE PRIMER DISTRITO JUDICIAL

 
CONTENIDO

VISTOS:

El licenciado R.M.T. en representación del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), ha interpuesto Recurso de Casación contra la Sentencia de 19 de abril de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo de Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral instaurado por este sindicato en contra de la empresa Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S. A.

I.ANTECEDENTE DEL RECURSO

El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), demandó a la empresa Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A. (ICA), con la finalidad de que el juzgador declarara que dicha empresa, al calcular el pago de las horas extraordinarias de los trabajadores que han laborado, laboran o laborarán en las obras que han realizado y realiza en la República de Panamá, deben incluir dentro del límite de nueve horas extraordinarias semanales, a las horas extraordinarias laboradas en los días de descanso semanal obligatorio, en los días de fiesta o duelo nacional, los días compensatorios, adicionando al recargo correspondiente por laborara esos días, el recargo del 75% que la ley establece cuando se exceden los límites establecidos para el trabajo en jornadas extraordinarias.

Como resultado de la anterior declaración, solicita el sindicato que a la diferencia que resulte de incluir en el salario extraordinario se condene al pago de vacaciones, vacaciones proporcionales, 6% de cesantía, licencias remuneradas, decimotercer mes, preaviso e indemnización por despido, más los intereses legales al 10% anual sobre las sumas adeudadas.

A consecuencia de hacerse esas declaraciones, solicita el sindicato que en el proceso se condene a la empresa demandada al pago de las costas y gastos de la acción y fija la cuantía en la suma de quinientos mil balboas (B/.500,000.00)(fojas 2 a 5 del expediente del proceso laboral)

Esta reclamación fue acumulada con un proceso presentado posteriormente, en el cual el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) demanda a la empresa Ingenieros Civiles y Asociados Panamá, S.A. al pago de doscientos cincuenta mil quinientos setenta balboas con noventa centésimos (B/.253,570.92) por diferencia en el pago del trabajo en días domingos, días de fiesta o duelo nacional, en otras horas extraordinarias, el pago de vacaciones y vacaciones proporcionales, decimotercer mes, prima de antigüedad, 6% de cesantía e indemnización por despido a un grupo de trabajadores afiliados al sindicato; así como el 10% de recargo de intereses anuales, costas y gastos del proceso. Estas reclamaciones se basan en las declaraciones solicitadas en el primer proceso expuesto.

Cumplidos los trámites procesales de la primera instancia, el Juzgado Cuarto de Trabajo, resuelve absolver a la empresa Ingenieros Civiles Asociados de Panamá, S.A de la obligación de pagar las prestaciones laborales reclamadas por el Sindicato, por no asistirles el derecho. (fs. 880-884).

Al ser apelado el fallo por el demandante, a través de su apoderado judicial, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, en Sentencia de 19 de abril de 2005, confirmó en toda sus partes la sentencia proferida por la primera instancia. (fs.900- 907).

Seguidamente el demandante recurre ante esta Corte de Casación Laboral, solicitando que se case la sentencia de segunda instancia.

  1. CARGOS DEL CASACIONISTA

    El apoderado judicial del casacionista considera que la sentencia recurrida ha infringido, en concepto de violación directa por omisión, los artículos 36, 50, 54, 169, 170, 527 y 956, numeral 1, del Código de Trabajo; el artículo 1 de la Ley 13 de 30 de abril de 1982; y los artículos primero y segundo del Decreto de Gabinete 221 de 1971.

    En lo medular, las argumentaciones presentadas por el apoderado legal del casacionista son las siguientes:

    Con respecto a los cargos de violación del Artículo 36 que establecen las limitaciones al trabajo en jornadas extraordinarias y establece un recargo del 75% cuando estos límites se exceden, el apoderado legal del sindicato sostiene que la infracción de produce cuando el tribunal no condenó al pago de 75% de recargo adicional solicitado y omite, sin ninguna explicación, hacer las declaraciones solicitadas en la demanda.

    A su juicio, muy por el contrario, el tribunal enuncia la tesis novedosa de que los peritos que actúan en una diligencia presidida por el Juez, deben aportar documentos probatorios, olvidando que no se trata de un peritaje sino de una acción exhibitoria practicada por un juzgado de trabajo, con asistencia de un perito designado por el tribunal y con el examen de documentos que fueron entregados por la empresa al perito en presencia del tribunal. Esta acción exhibitoria fue practicada con examen de los documentos de los cuales el perito extrajo la información que se refleja en su dictamen, por lo que concluye que lo que vio el perito se entiende visto por el tribunal.

    Por otro lado, menciona que al Tribunal le resulta muy cómodo sostener que el demandante no aportó las pruebas necesarias, en circunstancias en que el juzgador de primera instancia, con un proceder avalado por el Tribunal Superior, se abstuvo de practicar la inspección judicial a los archivos escritos y computarizados de la empresa, solicitadas por la demandante, que de haberse practicado habría abundado, con reiteración probatoria, en la demostración de los hechos en que sustentan la petición de condena.

    Aclara que no está solicitando la reposición del trámite no realizado, ya que son suficientes los resultados de la acción exhibitoria practicada por un tribunal de trabajo, con la asistencia de perito por él designado.

    Concluye en los cargos de violación a este artículo, argumentando que el fondo del asunto es una discusión en derecho, en donde se discute sobre qué constituye horas extraordinarias.

    En referencia a los cargos de violación del artículo 50, que regula la forma en que se realizará el cálculo de los recargos adicionales cuando las horas extraordinarias en exceso de los límites legales se laboraran en los días domingo, de fiesta o de duelo nacional, el apoderado del actor argumenta que la infracción se constituye al no aplicarse el recargo adicional del 75%.

    En cuanto al artículo 54, que establece las normas que regirán la duración y la remuneración de las vacaciones, sostiene el casacionista que se ha violado al no reconocer el 75% de recargo adicional por las horas extraordinarias laboradas en exceso de nueve horas extraordinarias a la semana, laboradas en los domingos, días de fiesta o duelo nacional ni la diferencia en el cálculo de las vacaciones, las cuales deben pagarse según los salarios ordinarios y extraordinarios devengados.

    Con los mismos argumentos, estima infringido el artículo 169 del Código de Trabajo que establece la tasa del 10% anual que causa la mora o falta de pago de salarios, vacaciones, prestaciones e indemnizaciones que este Código establece a favor del trabajador, ya que al no reconocer el 75% de recargo adicional tampoco condenó al pago del 10% de interés anual.

    Al no reconocerse tampoco el recargo por diferencia salarios, del 10 %, establecido en el artículo 170, que debe imponerse al dictar sentencia que condena al pago de salarios, el apoderado judicial del actor alega que fue vulnerado este artículo del texto legal in comento.

    El artículo 527 del Código de Trabajo, que reconoce el derecho a requerir judicialmente la declaratoria de existencia de un derecho, a juicio del casacionista también se encuentra conculcado. Según sus alegaciones pareciera que el Tribunal Superior de Trabajo actúo bajo la idea de que sólo debía resolver las peticiones de una de las demandas presentadas, o sea, la que contenía la petición de condena, omitiendo pronunciase sobre las cinco declaraciones pedidas en la demanda declarativa.

    También considera que la sentencia viola de manera directa por omisión el numeral 1 del artículo 956 del Código de Trabajo, que establece que cualquier persona podrá solicitar a los tribunales, de conformidad con las normas establecidas en esta Código, el reconocimiento de algún derecho, declaración de existencia o no de uno adverso a sus intereses, o la existencia o no de una situación jurídica. Ya que esta situación de declaratoria de existencia de un derecho fue solicitada en una de las dos demandas que fueron acumuladas, sin embargo la sentencia omite todo pronunciamiento en cuanto a las cinco declaraciones

    Por otro lado, sostiene que el artículo 1 de la ley 13 de 1982, que establece la obligación al empleador al pago de un aporte del 6% de la totalidad de los salarios percibidos durante la relación de trabajo, a los trabajadores contratados por obra determinada, fase correspondiente, tiempo definido u obras y actividades de construcción definidas en el artículo 279 del Código de Trabajo, fue infringido por porque en la sentencia recurrida no reconoce la obligación de pagar el 75% de recargo adicional por el trabajo en horas extraordinarias en exceso de nueve horas extraordinarias semanales, como tampoco reconoció las diferencias en el pago del 6% previsto en esta norma, correspondientes al fondo de cesantía.

    El artículo primero del Decreto de Gabinete 221 de 1971, que instituye el pago del Décimo Tercer mes, se estima infringido por la sentencia recurrida bajo el concepto de violación directa por omisión, ya que al no reconocer el recargo de 75% adicional por laborar las horas extraordinarias ya mencionadas, tampoco se reconoció la obligación de pagar la diferencia en el pago del décimo tercer mes, que esta norma establece.

    Por último, señala que también se ha vulnerado el artículo segundo de este Decreto, que fija la forma de calcular el decimotercer mes, porque al omitir el reconocimiento del pago del recargo del 75% en cuestión, tampoco se reconoció la obligación de pagar la diferencia en el pago del decimotercer mes.

  2. OPOSICION AL RECURSO

    Por su parte la licenciada M.F., en representación de la sociedad INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS PANAMA, S.A., se opone al recurso presentado señalando que la pretensión principal del casacionista gira en torno al supuesto de 75% de recargo por horas extras laboradas, que no han sido debidamente acreditadas, porque en efecto no fueron laboradas. Agrega que todas las otras pretensiones serían consecuencia directa de la supuesta falta de pago del 75% de recargo, mencionado, razón por la cual al no haber tales cargos, mucho menos proceden estas peticiones.

    Expone que en los resultados de la acción exhibitoria sólo se hacen conjeturas sobre los montos que se deberían pagar en situaciones hipotéticas, ya que no aporta ni hace referencia de ninguna prueba que respalde las horas que se alegan trabajadas.

    Por medio de una auditoría del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, señala la apoderada del opositor, se determinó, basándose en los documentos examinados, que a los trabajadores se les había compensado de forma debida por todos los trabajos efectivamente laborados, no habiendo prestaciones pendientes.

    Concluye manifestando que el artículo 735 del Código de Trabajo es claro en señalar que la carga de la prueba corresponde a quien afirma la existencia de hechos como fundamento de su acción, por tanto, al no haber probado el demandante las supuestas horas extraordinarias no hay base para el reclamo. Para que proceda esta petición debe probarse de forma fehaciente que el trabajador laboró dichas horas extraordinarias ya que no es suficiente reclamarlas sin respaldo alguno, lo que no se deduce de las pruebas del expediente.

  3. DECISIÓN DE LA SALA

    Luego de un análisis exhaustivo del recurso de casación presentado, la Sala entrará a examinar las violaciones que se endilgan a la Sentencia de 19 de abril de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.

    Acerca de los artículos 50, 54, 169 y 170 del Código de Trabajo, del artículo 1 de la ley 13 de 1982 y los artículos primero y segundo del Decreto de Gabinete 221 de 1971, se advierte que, como son prestaciones que se derivan del reconocimiento del pago del recargo del 75% de horas extras solicitado, la existencia de la infracción depende que se haya producido o no, la violación aducida en este recurso contra el artículo 36 del citado cuerpo legal, que establece el referido recargo del 75% mencionado.

    Las consideraciones expresadas por el recurrente en cuanto a la violación del artículo 36 del Código de Trabajo, que establece un recargo del 75% adicional cuando se excedan los límites establecidos para el trabajo extraordinario, se centran en la disconformidad con el tribunal de que no se aportaron las pruebas necesarias de las reclamaciones impetradas, en primer lugar porque el informe pericial es consecuencia de una acción exhibitoria practicada por un juzgador de trabajo y no de un peritaje, lo que implica que no se requiere la aportación de los documentos que sustentan el informe, como establece el juzgador, ya que los documentos fueron entregados por la empresa al perito en presencia del tribunal de lo cual se concluye que los visto por el perito se entiende visto por el tribunal.

    En segundo lugar, sostiene que el juzgador de primera instancia se abstuvo de practicar la inspección judicial a los archivos escritos y computarizados de la empresa, prueba solicitada por el demandante, que de haberse practicado habría abundado con reiteración probatoria la demostración de los hechos, situación esta que fue avalada por el tribunal de segunda instancia. Con respecto a este punto se observa de fojas 839 y 840, que el tribunal de primera instancia ordenó la prueba de esta inspección judicial y comisionó a un auditor del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para que la llevara a cabo, mismo que tomó posesión como perito, según consta a foja 845 del expediente principal, y que presentó informe de fojas 848 en adelante, donde dejó constancia de los inconvenientes que tuvo.

    De fojas 250 a 257 del expediente se observa el informe presentado por el señor A. C.C.O., en donde presenta a consideración del Juez el resultado del "Peritaje" realizado a los archivos computarizados de la empresa demandada, donde se transcribe el cuestionario que el J. que a quien se le solicita la acción exhibitoria le hace al perito. Sin embargo, a pesar de que la presencia del perito en la acción exhibitoria, de conformidad con el artículo 721 del Código de Trabajo se producen por la necesidad de que la inspección requiera de conocimientos especiales y reemplazando al testigo, para que el juzgador pueda apoyarse en sus conocimientos especiales, el contenido del peritaje hace alusión a otras situaciones que no contempla el cuestionario, como lo son: la revisión de que fue objeto la empresa por una comisión tripartita, compuesta por representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, de la empresa y del sindicato; informes de una comisión verificadora, Actas de instalación de la comisión; acuerdo suscritos entre la empresa y el sindicato; desacuerdo de los auditores del Ministerio de Trabajo en uno de los puntos del informe, entre otras, que en apariencia escapan de la acción realizada por el tribunal.

    Al examinar la sentencia recurrida y contrastarla con el cargo de violación impetrado y lo apreciado en el expediente, se observa que el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, indica claramente, que "No escapa a la atención del Tribunal que la única prueba presentada por la parte actora fue la Acción Exhibitoria practicada en el Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección que contiene el informe del perito C.C.O. quien al firmar el informe lo hace como Auditor del SUNTRACS, es decir la parte actora. Además como dice el a quo, dicho informe no tiene respaldo en documentación alguna que demuestre o acredite lo que afirma el Sindicato a favor de los trabajadores que menciona."

    Igualmente, alude el tribunal al criterio jurisprudencial que estima que para "...reconocer las horas extraordinarias que se dicen laboradas y no pagadas, es menester que las mismas sean debidamente acreditadas en número cierto, mediante pruebas fehacientes que no arrojen duda alguna con respecto al hecho de que las mismas fueron efectivamente laboradas por el trabajador, ya que no es mediante deducciones, cálculos aritméticos e inferencias como puede el trabajador demandante comprobar las mismas."

    De lo anterior se colige la validez del informe del contador al cual el tribunal le asigno un valor con base al sistema de la sana crítica, establecido para los procesos laborales, en el Artículo 732 del Código de Trabajo, que dice:

    Artículo 732. Las pruebas se apreciarán por el Juez según las reglas de la sanan crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos.

    El J. expondrá razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponda.

    Así las cosas, no se observa que el tribunal haya incurrido en un error de derecho en la apreciación de la prueba, a la cual no se le dio el carácter de plena prueba, como lo pretende el casacionista.

    Esta Sala reitera que el recurso de casación, no constituye una tercera instancia con el objeto de revisar el valor que el Tribunal Superior de Trabajo le ha dado a las pruebas, sino más bien tiene el objeto de revisar los errores in judicando en que haya incurrido el juzgador de segundo grado, entrando excepcionalmente a juzgar la valoración que el juez le de a las pruebas en los casos en que dicho tribunal haya incurrido en un error manifiesto, error que salte a la vista sin mayor dificultad, o haya infringido la regla de la sana crítica basado en un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que conducen a dar por establecido un hecho sin estarlo o al contrario, situación que no es la del caso que nos ocupa.

    Frente a este escenario jurídico, estima la Sala que los cargos de violación al artículo 36 del Código de Trabajo son insuficientes, en cuanto a que no alcanzan a probar la ilegalidad de la decisión recurrida, y por ello no están llamados a prosperar.

    Consecuentemente, los cargos de violación de los artículos 50, 54, 169 y 170 del Código de Trabajo, el artículo 1 de la Ley 30 de 1982 y los artículos primero y segundo del Decreto Nº 221 de 1971, al depender del reconocimiento de la violación del artículo 36, por ser prestaciones derivadas de ésta, no prosperan en el presente proceso.

    En atención a los cargos de violación de los artículos 527 y 956, numeral 1, del Código de Trabajo, que son de carácter procesal ya que integran el libro IV de este Código, si bien las normas procesales son de gran importancia en nuestro sistema procesal de trabajo, las alegaciones del casacionista hacen referencia a un error in procedendo, que no es posible revisar mediante este medio impugnatorio extraordinario previsto en la legislación laboral, según lo estipulado en el artículo 928 del mismo cuerpo legal, máxime cuando no se logró probar los cargos contra las normas sustantivas que se alegaron y que eran sustento de las declaraciones solicitadas. Por tanto, esta S. se abstiene de revisar los cargos de violación referentes a estos artículos.

    Por tanto, la Sala Tercera de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia de 19 de abril de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral promovido por el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES en contra de la empresa INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS PANAMÁ, S.A.

    Notifíquese,

    ADÁN ARNULFO ARJONA L.

    VICTOR L. BENAVIDES P. -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

    JANINA SMALL (Secretaria)