Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Mayo de 2006

Ponente:Adán Arnulfo Arjona L.
Fecha de Resolución:30 de Mayo de 2006
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El licenciado R.R.R., actuando en representación de la señora V.M. DE DUQUE, ha interpuesto Recurso de Casación contra la Sentencia del 23 de septiembre de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso laboral que promovió contra la empresa Cervecería Nacional S.A.

  1. ANTECEDENTES DEL CASO

    El asunto bajo examen se origina en la demanda ordinaria interpuesta por la señora V.M. de Duque contra la empresa Cervecería Nacional, S.A. ante el Juzgado Segundo de la Primera Sección, para el reclamo de B/.82,321.85 en prestaciones laborales y derechos adquiridos. Esta primera instancia mediante Sentencia No. 26 del 4 de mayo de 2005, absolvió a la empresa de la demanda instaurada, por considerar que la demandante no demostró la existencia de la relación de trabajo, con la sociedad demandada.

    La referida decisión fue confirmada por el tribunal de segunda instancia, mediante la sentencia recurrida en casación, tras el recurso de apelación promovido y sustentado por la señora M. de D., a través de su apoderado judicial.

  2. CARGOS DEL CASACIONISTA

    Quien acude a esta instancia afirma que la sentencia de segundo grado es violatoria de los artículos 69, 64, 65, 812, 62, 66, 732 y 737 del Código de Trabajo.

    Con respecto a la presunción establecida en el artículo 69 del Código de Trabajo, que toma como ciertos los hechos y circunstancias alegados por el trabajador a falta de contrato escrito, salvo prueba en contrario, considera el casacionista que la violación a este artículo, en forma directa por omisión, se constituye al no ser aplicada la norma por el Tribunal Superior, quien debió mantener la presunción que sólo pude destruirse mediante prueba que no admita duda razonable, ya que a pesar que la empresa demandada alegó la existencia de un contrato por servicios profesionales, las pruebas que presentó en ningún momento señala o acreditan dicha condición.

    Considera infringido el artículo 64 del Código Trabajo que conceptúa la subordinación jurídica, con fundamento en que el Tribunal Superior le da otra connotación y naturaleza a esa norma, porque en el proceso quedó demostrado claramente que señora D. laboraba bajo la subordinación jurídica de la empresa Cervecería Nacional S.A., donde prestaba sus servicios, hecho acreditado con testigos que indicaron que la veían todos los días en el horario regular de los trabajadores.

    El artículo 65 del Código de Trabajo, que enumera los casos en que existe dependencia económica, ha sido alegado como violado por la sentencia en comento, de forma directa por comisión, argumentando el apoderado de la trabajadora que el Tribunal Superior aplicó esta norma en desconocimiento del derecho claramente consagrado en ella, ya que la señora M. dependía económicamente sólo de esa empresa, tal como quedó acreditado en el expediente, por medio de los pagos quincenales.

    También se esgrime vulnerado por la sentencia del ad-quem el artículo 812 del cuerpo legal en comento, según el cual, un testigo no puede formar por sí solo plena prueba, pero sí gran presunción cuando es hábil, teniéndose como prueba suficiente cuando a juicio del juzgador declare con absoluta sinceridad y pleno conocimiento de los hechos.

    Estima la parte actora que la norma en cuestión ha sido vulnerada en forma directa por omisión, ante el testimonio de la señora A.M.S. de A., quien fungía como Secretaria del Gerente General de la empresa, con gran aceptación y solvencia moral, quien afirmó que la señora M. ejercía funciones de trabajadora y por tanto existía una relación de trabajo. Situación de una u otra forma corroborada por el testimonio de la señora E.E.G. de S..

    La infracción del artículo 62, que establece lo que se entiende por contrato individual de trabajo, se da al aplicarse en desconocimiento de un derecho en ella consagrado, ya que no se reconoció que existía una relación de trabajo.

    El artículo 66, que establece la presunción de la existencia de un contrato de trabajo y de la relación de trabajo, ha sido señalado por el casacionista como vulnerado por omisión, ya que en la sentencia recurrida no fue aplicada esta presunción al no existir en el proceso ninguna prueba presentada por la parte demandada que desvirtúe la existencia de la relación de trabajo.

    Con respecto al artículo 732, que trata sobre la facultad del juez de apreciar las pruebas según las reglas de la sana crítica, se alegan como vulneradas por el Tribunal Superior, al desconocer los elementos probatorios existentes en el proceso, como las declaraciones de testigos y las pruebas documentales, que demuestran la existencia de la relación de trabajo.

    Por último, se esgrime la transgresión del artículo 737 que enumera una serie de presunciones, aduciendo que la infracción se da cuando el juzgador desconoce las presunciones aquí previstas, ya que demostrada la prestación del servicio se presume la relación de trabajo y la empresa no aportó prueba alguna que destrúyese esta presunción. Tampoco se pudo desvirtuar que se estableció que era un contrato de duración entre 20 a 41 años, por lo tanto era por tiempo indefinido, y que se ofreció una suma de dinero para que dejara de asistir o terminar la relación de trabajo, por lo cual se presume el despido sin causa justificada.

  3. EXAMEN DEL TRIBUNAL

    Vencido los términos correspondientes sin que la empresa demandante haya presentado escrito de oposición, la Sala entra a examinar los cargos violación que se endilgan a la Sentencia de 23 de septiembre de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.

    Los cargos de la infracción formulados contra la sentencia recurrida han sido apuntan al desconocimiento de una serie de presunciones legales que a favor del trabajador contempla el Código de Trabajo y a una falta de aplicación o aplicación indebida de normas laborales, situación ésta que lleva a desestimar la existencia de relación de trabajo alegada por la casacionista.

    Toda vez que la violación alegadas versan sobre el desconocimiento de la presunta acreditación y presunción de la existencia de una relación de trabajo entre la señora M. de D. y la empresa Cervecería Nacional, examinaremos su violación en conjunto.

    El Tribunal Superior de Trabajo al determinar que inexistencia de la relación de trabajo, expresa que "No existe constancia alguna en el expediente de pruebas que demuestren que la demandante estuviera sujeta a órdenes o instrucciones, a un horario de trabajo, a controles de asistencia, a fiscalización alguna, como ocurre en los casos donde existe subordinación jurídica en el periodo correspondiente". También hace referencia a las contradicciones entre los testimonios de las dos testigos aportados por la parte demandante, que hacen concluir al tribunal que "lleva razón el a quo, en la valoración de las declaraciones de los testigos".

    Agrega el Tribunal Superior que "En el presente proceso, no se ha podido determinar que existiera entre las partes subordinación jurídica o dependencia económica, tal como lo exige el artículo 64 y 65 del Código de Trabajo, es decir que la demandante estuviera en alguna forma bajo la dirección o mando de la empleadora en ejecución de trabajo." "Ello es así, si se tiene en cuenta que dichos pagos, algunos del año 2002 y otros de 2001, no especifican con claridad el concepto de los mismos, con la particularidad de que en ninguno de ellos se hacen las deducciones legales propias de todo salario, a saber,...mientras que el carnet de la Cervecería Nacional, que figura a fojas 38 y que carece de firma responsable en ningún lugar especifica el cargo propio de una Secretaria u otro cargo sino todo lo contrario, simplemente señala Vicepresidencia Ejecutiva".

    Tal como se regula en el artículo 62 del Código de Trabajo, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica.

    Le corresponde al trabajador acreditar el contrato de trabajo o la relación de trabajo, es decir pesa sobre él la carga de la prueba, que se invierte a la empresa cuando este ha logrado comprobar la prestación del servicio o la ejecución de la obra, teniendo que desvirtuar lo alegado por el trabajador o acreditar que esa relación no es laboral.

    En cuanto a las presunciones establecidas por la ley y que aquí se alegan como vulneradas, hay que recalcar que no son medios de prueba, y que sólo son admisibles cuando el o los hechos en que se funden estén debidamente acreditados, tal como lo expresa el artículo 736 del Código de Trabajo.

    En este orden de ideas, el artículo 66 del Código de Trabajo señala claramente que se presume la existencia del contrato o relación de trabajo entre quien presta un servicio o ejecuta una obra y la persona que recibe aquél o éstas, presunción que se mantiene salvo prueba en contrario (Cfr. Artículo 737 del Código de Trabajo). Para que dicha presunción se aplique es necesario que se demuestre efectivamente la prestación personal del servicio en condiciones de subordinación o dependencia económica. Los conceptos de subordinación jurídica y dependencia económica se encuentran descritos en los artículos 64 y 65 del Código de trabajo, respectivamente.

    Se observa que la demandante alega en su demanda (Cfr. fojas 2 y 3 de expediente laboral) la existencia de una relación de trabajo con la empresa en cuestión, desde el 1 de marzo de 1961, que inicia mediante un contrato de trabajo verbal, y que concluye el 1 de marzo de 2002, por despido injustificado.

    Dentro del caudal probatorio hay constancia de la prestación del servicio por parte de la señora V.M. de Duque desde noviembre de 1961 a abril de 1970 y desde enero de 1998 hasta 1 de marzo de 2002. Esto podría implicar que la señora M. prestó servicios a la empresa en dos oportunidades distintas o que sólo pudo acreditar la prestación del servicio en estos dos periodos.

    Entre los elementos probatorios que respalda esta situación se aprecian:

    1. Certificado de sueldo de la Caja del Seguro Social, que hace constar que la señora M. de D. percibió un salario por parte de la empresa Cervecería Nacional, S.A., desde noviembre de 1961 hasta abril de 1970 (Cfr. foja 147 a147 del expediente laboral), lo que implica la prestación de un servicio a esta empresa en ese periodo.

    2. Comprobantes de pagos (fojas 23-37 del expediente laboral) a favor de V. de D., corroborado por documento que reposa de foja 87 a 91 del expediente laboral, que contempla el desglose de los pagos realizados a la señora M. desde el primera quincena de enero de 1998 hasta la segunda quincena de diciembre de 2001. La cantidad pagada desde enero a abril de 1998 fue de B/250.00 quincenal y desde mayo de 1998 hasta diciembre de 200 el pago mensual fue de B/450.00 quincenal. Los pagos aparecen identificado como servicios especiales, lo que implica prestación de servicios.

    3. Aceptación por parte de la empresa, en el hecho noveno de la contestación de la demanda (cfr. foja 14 del expediente laboral) de que la trabajadora recibió un pago por servicios especiales a partir de mayo de 1998.

    4. Testimonio de la señora E.E.G.S., que refirió que la señora de D. trabajaba en la Cervecería Nacional hasta febrero de 2002. (Cfr. foja 130 del expediente laboral).

    De lo anterior, queda acreditada la prestación del servicio, resta verificar esta prestación se haya realizado bajo subordinación jurídica o dependencia económica, para que opere la presunción de la relación de trabajo, a falta de contrato escrito.

    En las declaraciones vertidas por A.M.S. de A., enuncia una serie de funciones que ejerce la señora V.M. de D., mismas que desempeña en el despacho del Gerente, y además menciona que "ella recibía esas ordenes a través del gerente y otras veces a través de mí (sic) persona, me consta porque yo era la Secretaria Ejecutiva de la Gerencia y de la Junta Directiva." ... "El gerente le indicaba con que prioridad necesitaba las actas para su firma, cuando hacer las citas y cuando citar a los directores y en ocasiones que le recordará (sic) las citas a las cuales él tenía que asistir." ... "Estas indicaciones de hacían regularmente, a la medida de la necesidad de trabajo"... "V. de D. trabajaba el mismo horario que yo, me parece recordar de siete y media a doce y de una y media a cuatro y media" ... "No me acuerdo que trabajara en otro lugar..."(fojas 27 a 29 del expediente laboral).

    E.E.G.S., (foja 129 a 133 del exp. laboral) por su parte, cuando rinde testimonio, manifiesta "... recibía instrucciones del gerente." ... "...yo la veía en las mañanas y en las tardes, no se (sic) que horario, porque yo no trabajaba directamente allá, nada más cuando llevaba los cheques."

    Lo antes expuesto contradice lo señalado por el Tribunal Superior, de que no hay constancia alguna que demuestre que la demandante estuviera sujeta a órdenes o instrucción o a un horario de trabajo. Así las cosas, se desprende de los elementos probatorios que la señora M. de D., prestaba el servicio en condiciones de subordinación jurídica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 64 del Código de Trabajo, porque ambas testigos son coincidentes en el hecho de que recibía instrucciones por parte del gerente, en lo referente a la ejecución del trabajo que desempeñaba. Y aunque una sola de las testigos refiere el horario de trabajo, la otra testigo manifiesta verla dentro de ese horario, cuando iba a entregar los cheques.

    Estas circunstancias permiten que opere, en este caso, la presunción a favor del trabajador, que contempla el artículo 66 del Código de Trabajo, de la existencia de la relación de trabajo, sólo en los periodos que pudo probar la prestación del servicio.

    Ahora bien, la empresa, que le correspondía a partir de este momento la carga de la prueba, no pudo desvirtuar esta relación de trabajo, ya que no probó fehacientemente que el servicio que prestaba la señora V. de D. era un servicio de carácter profesional o especial, al no aportaron el contrato suscrito entre la empresa y la señora M. de Duque con dichas características, agregando a esto que el memorandum interno aportado, que hace mención de esta situación, no aparece con la firma de la señora M. de D., la cual representaría su manifestación de voluntad aceptando esta situación, por lo que no es prueba suficiente para desvirtuar el hecho de que la relación era de tipo laboral.

    Las constancias de pago, si bien las mismas no especifican el concepto en que fueron pagados, tampoco acreditan que los mismos obedecen a una relación de servicio especial o profesional, simplemente confirman que la señora M. de D. prestaba un servicio a la empresa, y ante estas circunstancias sigue privando lo alegado por el trabajador. De la misma forma la omisión de las deducciones en los pagos realizados, tampoco desvirtúa la existencia de la relación de trabajo.

    En relación con el hecho alegado de que los pagos eran realizados por trabajos realizados a varias empresas, lo que se observa en el expediente laboral, es que quien realizaba los pagos era la empresa Cervecería Nacional S.A., y si había un desglose interno que esta empresa le cobraba a las otras, era porque pertenecían al mismo grupo económico, de lo que se puede deducir.

    Por último, la empresa no acreditó que la trabajadora tuviera otra fuente de ingreso, por lo que , ante tales circunstancias, se presume que hay dependencia económica.

    Del análisis realizado, queda evidenciado que los cargos contra la sentencia recurrida han sido demostrados, en cuanto a los periodos que se demostró la prestación del servicio, lo procedente es acceder al pago de vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad, solicitadas por el demandante.

    En lo que respecta al periodo laborado de 1961 a 1970, hay que advertir que la parte demanda alegó excepción de prescripción, al contestar la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Trabajo, y toda vez que no se ha demostrado continuidad en la relación de trabajo entre un periodo y otro, lo que procede es decretar la prescripción, ya que han transcurrido más del tiempo establecido en el Código, desde el día en que terminó la relación de trabajo en este periodo, 1970 y la fecha en que se interpuso las reclamaciones laborales.

    En lo que respecta al por el periodo laborado desde enero de 1998 hasta el 1 de marzo de 2002 el cálculo de las prestaciones a pagar por la parte demandada, considerando que los cuatro primeros meses percibió un salario de B/.500.00 mensual, y el resto del periodo, un salario de B/.900.00 mensual, sería la siguiente:

    Vacaciones: B/.3,763.64

    Décimo Tercer mes: B/.3,946.96

    Prima de antigüedad: B/.865.45

    TOTAL: B/.8,576.05

  4. DECISIÓN DE LA SALA

    Por tanto, la Sala Tercera de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la Sentencia de 23 de septiembre de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral V.M. de Duque contra la Cervecería Nacional, S.A.,; DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN alegada por la empresa de las reclamaciones por el periodo laborado por la señora de Duque desde 1961 a 1970; y CONDENA a la empresa CERVECERÍA NACIONAL, S.A., a pagar a la señora V.M. de D. la suma de B/.8,576.05, en concepto de vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad, más los intereses y recargos establecidos en los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo, por el periodo laborado de enero de 1998 hasta el 1 de marzo de 2002.

    Las costas de casación se fijan en el 10%.

    N.,

    ADÁN ARNULFO ARJONA L.

    VICTOR L. BENAVIDES P. -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

    JANINA SMALL (Secretaria)