Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 27 de Junio de 2008

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución:27 de Junio de 2008
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: I. ANTECEDENTES DEL RECURSO. El presente proceso bajo estudio, se inicia con la demanda laboral que interpusieran los señores E.Z., A.A.D., GLORIELA CASTILLO DE LEÓN, V.O. DE CRUZ, R.P.B., M.G. DE RUBIO, C.H.G. y J.H.M. ante la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, reclamando el pago de B/.647,784.68 en concepto de diferencia de los salarios dejados de pagar por las funciones adicionales que le prestaban los trabajadores a Banque Sudameris, sucursal de Grand Cayman. La autoridad administrativa, luego de examinar el reclamo de los trabajadores, resuelve declinar el conocimiento ante los Juzgados Seccionales de Trabajo, al no ser competentes para conocer del mismo; quedando radicado en el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección. El juzgador primario, mediante Sentencia No.26 del 13 de abril de 2007, decidió absolver a la empresa demandada de la reclamación interpuesta en su contra; pues, consideró que no le asiste la razón a los demandantes, por cuanto no consta en el expediente que el Banque Sudameris hubiera aceptado que, además del salario pactado a los trabajadores, le pagaría adicional un tercio del mismo, por ejecutar otra labor durante sus jornadas de trabajo. Esta decisión fue apelada por el apoderado de la parte actora. El Tribunal de la alzada, decide confirmar en todas sus partes la sentencia de primer grado, pues es del criterio que la prueba debe obrar en el expediente y aportarla quien hace el petitorio, mediante los medios establecidos por ley; aunado al hecho, que los trabajadores firmaron un mutuo acuerdo con la empresa demandada donde se le cancelaron sus derechos adquiridos, más un 50% de recargo sobre la indemnización, por lo que las partes no pueden contradecir en un proceso sus propios actos. II. CARGOS DEL CASACIONISTA. El recurrente manifiesta, que la resolución impugnada viola los artículos 62 y 69 del Código de Trabajo, por lo que solicita se reforme en su totalidad la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial y se proceda a reconocer el pago de las diferencias salariales, vacaciones, decimotercer mes y prima de antigüedad. Sostiene en primer lugar, que la sentencia ha infringido, de manera directa por omisión, el artículo 62 del Código de Trabajo, toda vez que el juzgador Ad-quem, señaló que no se ha probado que Banque Sudameris haya acordado el pago adicional a sus trabajadores por atender asuntos fuera de la jurisdicción de la República de Panamá, específicamente a Banque Sudameris Grand Cayman. Indica el recurrente, que el artículo citado permite que los contratos de trabajo puedan ser tanto escritos, como verbales; y a falta de contrato escrito, todos los hechos que alegan los trabajadores de una empresa, se presumirán como ciertos, salvo prueba en contrario. Pruebas que no han sido presentadas por los apoderados de la demandada. Continua señalando el impugnante, que la Sentencia de segundo grado vulnera también, de manera directa por omisión, el artículo 69 del Código de Trabajo, por las mismas razones antes expuestas. III. OPOSICIÓN DE LA APELACIÓN. Los procuradores judiciales de los intereses de la empresa demandada presentaron, oportunamente, su oposición a las pretensiones del recurrente. Sostienen, que en ningún momento se ha negado la existencia de la relación laboral entre los trabajadores demandantes y la empresa Banque Sudameris. Que la relación laboral inició y terminó de manera legal, según lo estipulado en las normas legales vigentes; y que, en ningún momento su representada realizó con los ex trabajadores, acuerdo verbal que implicaran nuevas condiciones, ni mucho menos un aumento salarial equivalente a un tercio del salario; y que, en un contrato entre empresas o bancos, no constituye prueba para acreditar un hecho de tal naturaleza. Por lo anterior, solicitan a los Honorables Magistrados de la Sala Tercera, no case la sentencia de fecha 5 de junio del 2007. IV. DECISIÓN DE LA SALA. Una vez estudiados los argumentos estructurados por el proponente del recurso, la Sala de Casación Laboral procede a decidir la litis sometida a consideración, previo a las siguientes observaciones. Es importante señalar, en primer lugar, que tal y como ha sostenido esta corporación de justicia en otras ocasiones, el recurso de casación laboral es un medio extraordinario de impugnación de determinadas resoluciones proferidas por Tribunales de Trabajo de segunda instancia y constituye un medio de control jurisdiccional que procura la exacta observancia de la leyes, unifica la jurisprudencia nacional y como fin primordial pretende la reparación de los agravios inferidos a las partes en las resoluciones emitidas por los Tribunales de Trabajo, que hacen tránsito a cosa juzgada. Adicionalmente, se le recuerda a la proponente que el recurso de casación laboral no constituye una tercera instancia con el objeto de revisar el valor que el Tribunal Superior de Trabajo le ha dado a las pruebas, ni mucho menos en la que se pretenda someter a una revisión total del proceso como ocurre en otros medios de impugnación ordinarios, sino más bien tiene el objeto de revisar los errores in judicando en que haya incurrido el juzgador de segundo grado, entrando excepcionalmente, a juzgar la valoración que el juez le de a las pruebas en los casos en que dicho tribunal haya incurrido en un error manifiesto. Lo anterior, obedece a que el casacionista en el transcurso del escrito, específicamente en los conceptos de infracción, entra a discernir el criterio del Tribunal Superior, con respecto a la valoración de las pruebas. Veamos. Del libelo presentado se desprende, que el casacionista fundamenta su recurso en la forma, supuestamente indebida, en que se procedió a la valoración de las pruebas que se allegaron al proceso laboral, en vías de comprobar la obligación que existía por parte de la empresa Banque Sudameris, de reconocer el pago adicional de un tercio del salario pactado, en concepto de las funciones que los trabajadores realizaban a favor de la sucursal de Banque Sudameris Grand Cayman, en virtud del contrato suscrito por estas empresas a partir del 31 de agosto de 1988. La primera norma que alegan como infringida es el artículo 62 del Código de Trabajo. Esta norma recoge el concepto de contrato individual de trabajo y la relación de trabajo, además establece los elementos constitutivos que lo identifican como tal -subordinación jurídica y dependencia económica-, consagra además que la existencia de la relación de trabajo, determina la obligación de pagar el salario. El casacionista centra su disconformidad con la sentencia recurrida, en el sentido que el Tribunal Ad-quem señaló que en el presente negocio, no se ha probado el acuerdo entre las partes para que la empresa a Banque Sudameris, reconociera el pago adicional a sus trabajadores por atender asuntos de la sucursal de Banque Sudameris Grand Cayman, cuando consta en el expediente el contrato de servicios de fecha 31 de agosto de 1988, donde aquella se compromete a prestar a esta última; recibiendo a cambio, un octavo en el porcentaje calculado sobre la media anual de la cartera administrada, pudiendo ser variada en un futuro, según el desarrollo efectivo de las operaciones. Aspira indebidamente el recurrente, que la Sala haga un estudio de las consideraciones que llevaron al juzgador de segundo grado, a determinar que ni en los contratos de trabajo, ni en los mutuos acuerdos suscritos entre los demandantes y la empresa, existiera el compromiso o el acuerdo del pago de un adicional, por atender asuntos fuera de la jurisdicción de la República de Panamá. Por su parte, el artículo 69 consagra una presunción juris tantum, por cuanto, a falta de contrato escrito de trabajo, se presumirán ciertos los hechos y las circunstancias alegadas por el trabajador y que debieron constar en dicho contrato. De igual forma, esta censura se dirige a la manera como el juzgador evaluó los hechos traídos al proceso en función a las pruebas allegadas al mismo. Esta posición no es dable a los sujetos procesales, porque en materia laboral, no procede la casación en la evaluación probatoria que adelanta el juzgador. Este evento jurídico, sólo procede en casos excepcionales, tales como cuando exista error de hecho en su apreciación, es decir, cuando el tribunal tenga por probado un hecho en base a pruebas inexistentes, o bien se haya dejado de valorar un elemento probatorio que exista en el proceso. Le corresponde al proponente del recurso esbozar de manera clara y razonada, de modo que le sirva de guía al Tribunal para su estudio; y esta circunstancia, no ha sucedido en el presente asunto bajo análisis. Bajo esta misma línea, en fallo de 27 de septiembre de 1999, la Sala Tercera señaló lo siguiente: "En este sentido se hace necesario reiterar, que la jurisprudencia de esta Máxima Corporación de Justicia ha sido constante y uniforme al señalar que la actividad de apreciación de pruebas que adelanta el juzgador laboral con base al sistema de la sana crítica, no es susceptible de reparo por el Tribunal de Casación, excepto que se haya incurrido en un error de hecho en la valoración de la prueba" En ese orden es preciso señalar, que del examen del expediente laboral se desprende que tanto el Tribunal de primera instancia, como el de alzada, al resolver la controversia de fondo dentro del presente negocio, arribaron a la misma conclusión, es decir, la ausencia de elementos de convicción que sustentaran la pretensión y cargos de la parte demandante. El Tribunal Superior al proferir su sentencia adujó lo siguiente: "En el caso que se decide, los trabajadores firmaron un mutuo consentimiento; en ese mutuo consentimiento BANQUE SUDAMERIS pagó el recargo de un 50% sobre la indemnización y los trabajadores recibieron sus derechos adquiridos, cobrando la suma acordada en el mutuo. No se evidencia ni en el contrato de trabajo, ni en los mutuos acuerdos, que BANQUE SUDAMERIS acordara con los trabajadores el pago de un adicional, por atender asuntos fuera de la jurisdicción de la República de Panamá."(f.215) Ante lo expuesto, cabe agregar que el apoderado de la parte actora, si bien alega en el libelo del recurso ensayado, el acuerdo verbal entre los trabajadores y Banque Sudameris, llama la atención a la Sala que el mismo no haga mención siquiera del nombre de la persona que, en representación del empleador, haya adquirido el compromiso de pagar un tercio adicional al salario de los trabajadores por los servicios prestados a Banque Sudameris Grand Cayman. A juicio de los suscritos Magistrados, son acertados los argumentos esbozados por el juzgador Ad-quem, en la medida que el actor no logró su cometido, pues los elementos de juicio se ajustan a las reglas de la sana crítica que regula el artículo 732 del Código de Trabajo, esto es objetividad, sensatez y lógica razonable a fin de otorgarle su justo valor al material probatorio. No puede este Tribunal Colegiado entrar a debatir, aspectos de evaluación de los elementos probatorios, en función del principio de la sana crítica. Después de examinar las constancias procesales, esta Superioridad considera que en autos no hay elementos de mérito para variar la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Trabajo; pues, y por ende, desestima los cargos de violación endilgados a los artículos 62 y 69 del Código de Trabajo. En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 5 de junio de 2007, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso laboral E.Z. Y OTROS contra BANQUE SUDAMERIS. N., VICTOR L. BENAVIDES P. WINSTON SPADAFORA FRANCO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L. JANINA SMALL (Secretaria)